CNE: El Aparato de Guerra Política de la derecha

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

Sociedad colombiana debe vigilar con lupa al CNE, Colombia decente no puede permitir que unas elecciones se ganen o se pierdan en un organismo desprestigiado

Toda democracia está sustentada un pacto de confianza básico: la certeza de que las reglas del juego electoral son claras, imparciales y administradas por un árbitro independiente. En Colombia, esa confianza ha sido dinamitada por la entidad designada para custodiar precisamente ese pacto: el Consejo Nacional Electoral -CNE; un organismo que debería ser el pilar institucional de la legitimidad democrática se ha convertido, debido a su composición y sus recientes actuaciones, en un instrumento de guerra política que amenaza con desestabilizar el proceso electoral y, con él, la ya frágil paz social del país.

El problema del CNE es estructural y comienza con su mecanismo de integración, ya que sus magistrados no son seleccionados por su excelencia académica, su trayectoria intachable en derecho electoral o su probidad reconocida, sino que son elegidos en negociaciones en las que prima el peso electoral y la cuota política de los partidos que los postulan. El resultado es una composición que, en la práctica, refleja los intereses de las maquinarias tradicionales y, sobre todo, el talante de los partidos que han dominado y dominan esta entidad.

Los casos más visibles que demuestran la perversidad estructural del CNE son elocuentes y públicos: Álvaro Hernán Prada (avalado por el Centro Democrático) enfrenta un juicio penal en la Corte Suprema por la presunta manipulación de testigos en el proceso contra Álvaro Uribe Vélez. César Lorduy (Cambio Radical), quien renunció en 2025, cargaba con el estigma de un homicidio culposo en su pasado. Su reemplazo[1], Álvaro Echeverry, llegó tras una votación en el Congreso más afín a la lógica del reparto que a la del mérito. Ante este panorama, … ¿Cómo puede la ciudadanía confiar en la imparcialidad de un organismo integrado por figuras con tan graves cuestionamientos éticos y jurídicos?

Esta crisis de legitimidad se materializa en decisiones concretas que afectan el curso electoral, tal como lo demuestran dos actuaciones recientes del CNE que han encendido las alarmas sobre su sesgo político y arbitrariedad. Por un lado, el CNE designó como conjuez, para decidir sobre la participación del candidato presidencial Iván Cepeda en una consulta, a un abogado que había integrado el equipo de defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez[2], declarado adversario político e incluso enemigo personal de Cepeda en el ámbito judicial, en lo que se constituye como el nombramiento de un conjuez con un conflicto de interés flagrante. Resulta claro que esta designación no constituye un simple error procedimental, sino una burla al debido proceso y a la apariencia de imparcialidad, principios cardinales de cualquier justicia. Basta con recordar que un estudiante de primer año de derecho comprende que un juez no puede conocer de un caso donde fue abogado de una de las partes; el CNE, al parecer, no.

De igual manera, la revocatoria de la inscripción de listas del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes en el departamento del Valle del Cauca [3] raya en lo caprichoso y contradictorio, pues el mismo organismo que otorgó la personería jurídica al Pacto Histórico como partido político procedió a invalidar sus listas. Esta incoherencia en su propio proceder carece de un sustento técnico visible y se interpreta, más bien, como un acto de obstrucción política contra la principal fuerza de gobierno, mediante una maniobra que se denuncia como una guerra jurídica (Lawfare), en la que se usan conveniente y amañadamente, las formas legales para alcanzar fines políticos de exclusión.

Estas acciones de la derecha a través del CNE, su aparato de guerra política, envían un mensaje pavoroso: que las reglas pueden torcerse para beneficiar a unos y perjudicar a otros. Este caldo de cultivo es explosivo. Una ciudadanía que percibe que el árbitro está comprado, que el juego está amañado, pierde la fe en la vía institucional. La historia colombiana y latinoamericana demuestra que la deslegitimación electoral es el preludio del estallido social. La derecha colombiana, electoralmente debilitada pero aún enquistada en instituciones como el CNE, podría verse tentada a orquestar un escenario de caos y desorden a partir de este descontento, para luego ofrecer, una vez más, “soluciones de mano dura” y salidas extrainstitucionales que defenestren el proyecto de cambio en curso.

No se trata de una crítica a decisiones técnicas particulares, sino de una advertencia urgente sobre la captura partidista y el claro sesgo político de un organismo que decide el destino de la contienda democrática. La sociedad colombiana, la prensa independiente, las universidades y las organizaciones internacionales de observación electoral deben rodear y vigilar con lupa cada decisión del CNE.

Colombia decente no puede permitir que una elección se gane o se pierda en las salas de un organismo desprestigiado, antes que en las urnas. Se requiere una reforma estructural profunda que transforme el CNE, pero mientras tanto, la defensa de la democracia pasa por la movilización cívica y la denuncia pública de cada irregularidad.

 

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[1] Polémica por elección de Lorduy y Prada para el CNE

[2] https://x.com/estoescambio Conjuez del CNE en el caso de Iván Cepeda fue parte de la defensa del expresidente Álvaro Uribe

[3] CNE revocó la lista del Pacto Histórico para la Cámara del Valle del Cauca

La Guerra mediática para sabotear el Cambio en Colombia

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com- 

La reciente y agresiva elevación de las tasas de interés por parte del Emisor, ante una inflación en claro descenso, es un acto de sabotaje económico con fines políticos

En Colombia se libra una guerra silenciosa pero decisiva para mantener el relato económico de la derecha. Mientras el gobierno del presidente Gustavo Petro implementa una política fiscal y social que, según cifras del DANE y el análisis de economistas de talla global de la línea académica de los premios Nobel de Economía, Paul Krugman y David Card;  ha mostrado resultados mesurados y prometedores, sustentados en un eficiente control de inflación, un crecimiento estable y la reducción de la pobreza monetaria; una poderosa maquinaria narrativa, amplificada por la llamada Gran Prensa Colombiana y sus “bots” (humanos y digitales) en redes sociales, se esfuerza por pintar un panorama apocalíptico. 

La maquinaria de desinformación y manipulación de la opinión pública no es espontánea; es orquestada por los grandes grupos económicos colombianos y sus aliados internacionales, quienes utilizan su influencia mediática para sostener un modelo neoliberal agotado y desacreditar cualquier alternativa que favorezca los intereses de las mayorías aún empobrecidas de Colombia y el mundo.

El mecanismo de manipulación informativa es sofisticado y transnacional. Mientras que la prensa hegemónica local, cuyos dueños son los mismos conglomerados con intereses en sectores financieros, extractivos y de servicios, por un lado amplifica y falsea la realidad  del actual contexto colombiano, por el otro lado, reproducen y amplifican el ruido generado por los editoriales y análisis del Financial Times, The Washington Post o The Economist, unas publicaciones que  no son neutrales, toda vez que, por ejemplo,  The Economist es controlado mayoritariamente por las familias Rotschild (Sector financiero internacional) y  Agnelli a través de su holding Exor, con vastos intereses en el capitalismo global. 

No es de extrañar que la línea editorial de este afamado medio de comunicación privilegie la ortodoxia financiera y la desregulación, en concordancia con el proyecto geopolítico y económico que apoya y promueve, que ve con recelo cualquier experimento progresista en el Sur Global. Así, se crea un eco mediático global que presenta la disciplina fiscal ortodoxa y la primacía del mercado como únicas verdades científicas, ignorando deliberadamente los avances en la ciencia económica que cuestionan esos dogmas y validan políticas de estímulo e inversión social en contextos como el colombiano.

Este asedio narrativo sería menos efectivo sin la complicidad de actores institucionales clave dentro de Colombia, los cuales, no obstante, el triunfo electoral de la izquierda a la cabeza del Pacto Histórico, siguen controlados por la derecha tradicional en enclaves de poder como el Banco de la República, ciertas salas de las altas cortes y un bloque significativo en el Congreso. 

La reciente y agresiva elevación de las tasas de interés por parte del Emisor, más allá de cualquier justificación técnica ante una inflación en claro descenso, es el ejemplo claro de un acto de sabotaje económico con fines políticos, cuyos objetivos son: el estrangulamiento del crédito, enfriar la economía, generar descontento por un menor crecimiento y, sobre todo, desfinanciar los programas sociales que son el corazón del programa del Pacto Histórico y su principal gancho electoral. Esta decisión de las mayorías en la Junta Directiva del Banco de la República es una jugada maquiavélica que prioriza el interés de las élites económicas y políticas de centro y centro derecha sobre el bienestar del pueblo colombiano.

Ahora, en plena coyuntura electoral, esta alianza entre el poder económico, los medios hegemónicos e instituciones capturadas entra en su fase más agresiva. Los tanques de pensamiento financiados por los gremios y los especialistas pagados por la mal llamada Gran Prensa Colombiana lanzarán, día tras día, relatos catastróficos sobre el futuro del país, dentro de una campaña de terror financiero diseñada para asustar a la clase media, desmovilizar a los sectores populares y, en última instancia, inflar las pálidas cifras de intención de voto de una derecha sin proyecto ni legitimidad. 

Frente a este poderío, la ciudadanía, pero, sobre todo, los opinadores y comunicadores independientes, tenemos una tarea crucial: Cuestionar la fuente de cada pronóstico nefasto, recordándole, de manera insistente a la sociedad colombiana, que quienes hoy claman por el "riesgo país" son los mismos que se beneficiaron de décadas de un modelo que nos dejó desigualdad y violencia. De igual manera, debemos replicar y amplificar información sustentada en los datos duros y proveniente de los académicos independientes por encima de los editoriales interesados de la prensa nacional e internacional. 

La defensa de la transformación social en Colombia pasa no solo por las urnas, sino por ganar la batalla cultural contra el discurso único, ese que se viste de técnica económica pero que solo vela por la perpetuación de los privilegios de unos pocos. El futuro del país depende de nuestra capacidad de ver más allá del relato del poder.

Davos: el lugar donde el poder decide y el mundo obedece sin mirar *

 

Protestas en Davos - Suiza. Imagen tomada de Yahoo-Finanzas

Por: Jhon Flórez

El problema no es Davos. El problema es un mundo que aprendió a mirar hacia otro lado mientras le escriben el futuro… y que, en un gesto final de obediencia agradece no haber sido invitado a decidirlo.

Cada enero, mientras la mayor parte de la humanidad sobrevive atrapada en deudas que se reproducen con más eficacia que cualquier política pública, bajo salarios licuados, trabajos fragmentados y angustias cuidadosamente privatizadas, las pantallas cumplen su función histórica: seducen, distraen y anestesian. Fútbol, farándula, guerras convertidas en espectáculo y crisis reducidas a titulares fugaces componen la vieja estrategia del pan y circo, ahora relanzada en 4K, interactiva y con patrocinio financiero. En ese paisaje de distracción administrada, un pequeño pueblo alpino se consagra como el auténtico kilómetro cero del poder global. Davos no es una postal suiza ni un foro más: es el retiro invernal donde las élites, envueltas en lana cara, cafés orgánicos y jerga tecnocrática, ensayan el rediseño del mundo con la serenidad de quien jamás pagará el precio de sus decisiones.

Lo que allí se acuerda no desciende como política, sino como destino. No llega como debate, sino como “realidad”. Se filtra luego sobre sociedades que apenas perciben el evento como ruido blanco, sin tiempo ni margen para preguntarse qué se decide, quién decide y —detalle sistemáticamente omitido— quién cargará, una vez más, con las consecuencias. Davos no convoca pueblos: administra daños. No gobierna Estados: calibra el perímetro de lo posible. Su éxito no reside en la visibilidad, sino en la opacidad funcional con la que convierte decisiones políticas en fatalidades técnicas.

El Foro Económico Mundial nació en 1971 como un discreto encuentro de ejecutivos europeos interesados en aprender las “buenas prácticas” del management estadounidense. Con el tiempo, mutó en una liturgia anual del poder global: jefes de Estado, altos ejecutivos, banqueros, burócratas transnacionales, gurús tecnológicos y fabricantes de opinión reunidos bajo un mismo techo, hablando de diálogo, cooperación, sostenibilidad e innovación, mientras el mundo real se fragmenta, se empobrece, se endeuda y se militariza sin invitación. Davos no representa a la humanidad: la gestiona simbólicamente. No expresa intereses universales: los sustituye por narrativas de consenso.

Su verdadero poder no radica tanto en decidir (que también se hace), sino en hacerlo sin votar, sin actas, sin control democrático y sin responsabilidad política directa. Allí no se gobierna, pero se orienta; no se legisla, pero se condiciona; no se despliegan ejércitos, pero se diseña el terreno donde estos se vuelven necesarios. El poder contemporáneo ya no necesita imponerse por la fuerza: le basta con hacer pasar lo decidido como inevitable. La ideología triunfa cuando se disfraza de sentido común.

En 2026, Davos llega atravesado por una tensión internacional extrema. La llamada “era de la competencia” dejó de ser una categoría académica para convertirse en experiencia cotidiana: guerras abiertas, disputas territoriales, chantajes energéticos, colapso climático y un orden internacional que se deshilacha a plena vista. El retorno de Donald Trump ya no aparece como anomalía histórica, sino como síntoma estructural: la amenaza sobre Groenlandia, el reciclaje explícito de la doctrina Monroe —ahora con branding renovado— y la confirmación tácita de que el derecho internacional es un adorno prescindible cuando incomoda a Washington. La legalidad global se tolera solo mientras no interfiera con la acumulación.

Gaza, Groenlandia, Ucrania, Taiwán, Venezuela y el Ártico no son episodios aislados, sino piezas de un mismo tablero. En Davos, incluso el despojo se formula con lenguaje técnico: la rapiña se presenta como “negociación racional”; la guerra se vuelve “ajuste geopolítico”; el saqueo, “optimización de recursos”. Tucídides sigue vigente: los fuertes hacen lo que pueden; los débiles sufren lo que deben. La diferencia es que ahora el cinismo se pronuncia en inglés corporativo y se aplaude en paneles patrocinados.

Klaus Schwab comprendió algo esencial: el capitalismo no sobrevive solo con ganancias; necesita relato. De ahí emergen fórmulas como “capitalismo participativo”, “economía social de mercado”, “desarrollo sostenible” o “Gran Reinicio”: oximorones cuidadosamente pulidos para maquillar una concentración de poder cada vez más obscena. La Cuarta Revolución Industrial avanza expulsando trabajadores, normalizando la vigilancia, privatizando datos y delegando decisiones humanas a algoritmos que nadie eligió y nadie controla. La promesa de eficiencia encubre una transferencia silenciosa —pero brutal— de poder.

El paso de Elon Musk por Davos fue una caricatura perfecta del momento histórico: bromas cínicas, confusión entre paz y pedazo, promesas de robots cuidadores y la fantasía de un mundo donde los vínculos humanos son un estorbo. La sátira se vuelve tragedia cuando se constata que el sistema ya ha producido sujetos suficientemente domesticados como para aceptar ese horizonte sin resistencia. El futuro ya no se discute: se consume como demo tecnológica.

Si Davos funciona como el laboratorio del nuevo orden global, América Latina comparece allí no como sujeto histórico, sino como objeto de administración. No delibera: es deliberada. No propone: es procesada. Su lugar no es el de la decisión, sino el de la ejecución. Y lo más grave es que esta condición no obedece únicamente a presiones externas, sino a una elección consciente de amplios sectores de las élites políticas y económicas regionales, que han convertido la subordinación en estrategia, la obediencia en virtud y la renuncia a la soberanía en proyecto político. La dependencia ya no se impone solo por la fuerza: se internaliza como racionalidad de gobierno.

En ese esquema, la regla es simple y brutal: los gobiernos dóciles son premiados; cualquier atisbo —incluso tímido— de autonomía es castigado. Argentina, Ecuador, El Salvador y el giro reciente de Chile encarnan la obediencia convertida en política de Estado. México, Cuba, Colombia y Brasil son periódicamente disciplinados cuando ensayan márgenes propios de decisión. La presión mediática, financiera, diplomática y jurídica opera como una pedagogía del sometimiento finamente calibrada. No persuade: adiestra.

Venezuela, sin embargo, no encaja del todo en ese libreto. No ha sido convertida en epicentro de disputa por la naturaleza de su régimen político, ni por la retórica selectiva de los derechos humanos, ni siquiera por el sufrimiento real de su población bajo un bloqueo económico prolongado. Su singularidad es más elemental y peligrosa: posee las mayores reservas probadas de petróleo del planeta. En el orden global contemporáneo, esa riqueza no es un derecho soberano, sino una provocación geopolítica. Venezuela no es castigada por lo que hace, sino por lo que es. Su tragedia no es solo política ni moral: es material. Y revela una verdad incómoda del sistema internacional: la soberanía es tolerable hasta que se ejerce sobre recursos vitales; a partir de ahí, se convierte en amenaza.

Colombia, enclave histórico de Washington, enfrenta hoy con particular crudeza su dilema más persistente: profundizar su proyecto progresista que conciba la autonomía —política, económica y geopolítica— como condición material del desarrollo, o replegarse, una vez más, sobre la senda conocida de la dependencia administrada, presentada cínicamente como estabilidad. Cualquier intento de avanzar hacia la paz, la justicia social, la integración regional o una política exterior mínimamente no subordinada activa de inmediato los dispositivos del cerco político, mediático y financiero, verdaderos aparatos de corrección ideológica del orden hemisférico. No se trata de una anomalía coyuntural, sino de la reiteración mecánica de un libreto disciplinario largamente ensayado. En Colombia, como en buena parte del sur global, la autonomía nunca ha sido un problema técnico: es una falta moral imperdonable.

Si Davos es el laboratorio del orden global, sus réplicas regionales funcionan como salas de ensayo. No deciden el guion, pero aprenden a recitarlo. Bajo esa lógica debe leerse el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por la CAF en Ciudad de Panamá: una versión tropicalizada del ritual, con más calor humano, menos nieve y el mismo léxico cuidadosamente higienizado. Se habla de inclusión sin tocar acumulación; de crisis climática sin incomodar al capital fósil; de soberanía sin rozar el control real de los recursos. El foro no engaña: administra expectativas.

En ese escenario, la intervención de Gustavo Petro introduce una fisura incómoda. No rompe el dispositivo, pero lo tensiona. Petro no habla el idioma de la resignación tecnocrática: nombra la desigualdad como producto histórico, la crisis climática como consecuencia directa del capitalismo fósil y la deuda como mecanismo estructural de dominación. No ofrece recetas de manual ni promesas de “estabilidad macroeconómica” vaciadas de contenido social. Recuerda —con una obviedad casi subversiva— que la riqueza no nace del mercado, sino de la tierra y del trabajo vivo; que no hay transición energética sin justicia social; que no existe democracia viable bajo desigualdad extrema.

Por eso incomoda. Porque introduce política donde se esperaba gestión, conflicto donde se buscaba consenso, historia donde se exigía olvido. La reacción del foro es elocuente: escucha atenta, aplauso medido, archivo inmediato. La crítica es absorbida, neutralizada, convertida en “voz interesante”. Así opera el poder contemporáneo: no censura, encuadra; no reprime, diluye; no silencia, administra. Davos no es un lugar. Es un método. Un dispositivo que produce realidad mientras simula discutirla. Y su mayor triunfo no es concentrar poder, sino lograr que la mayoría no entienda cómo opera, ni dónde, ni para quién.

América Latina sigue entrando allí como proveedor, experimento o súbdita. El verdadero riesgo no es quedar fuera de Davos ni de sus sucursales tropicales. El verdadero riesgo es seguir entrando de rodillas, aceptar el guion como destino y llamar a esa renuncia “pragmatismo”.

Porque cuando la dominación ya no necesita esconderse, cuando el poder se presenta como consenso y la desigualdad como orden natural, el problema no es Davos. El problema es un mundo que aprendió a mirar hacia otro lado mientras le escriben el futuro… y que, en un gesto final de obediencia perfecta, incluso agradece no haber sido invitado a decidirlo.

* La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

La arquitectura constitucional de 1991 y la crisis de la Justicia

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@Gmail.com-

La suspensión del decreto declaratorio del estado de emergencia impide al gobierno expedir nuevos decretos legislativos basados en esa figura. Sin embargo, los decretos legislativos ya dictados mantienen su validez y continúan produciendo efectos jurídicos. José G. Hernández – Ex magistrado de la C. Constitucional

Han transcurrido más de tres décadas desde que la Carta Política de 1991 ilusionó a una nación con un nuevo pacto social, fundado en la promesa de un Estado Social de Derecho, pluralista y con mecanismos robustos para proteger la democracia y los derechos fundamentales. Hoy, sin embargo, ese edificio constitucional muestra grietas estructurales profundas, evidenciando no solo inconveniencias, sino fallas sistémicas que comprometen su legitimidad y eficacia. El diagnóstico es claro: Colombia requiere, con urgencia, un profundo rediseño de la arquitectura de su Estado. Si bien, una Asamblea Nacional Constituyente es y debe ser objeto de un debate nacional serio y no exento de cautelas, la necesidad de una reforma estructural es cada día más ineludible.

El núcleo de la crisis actual reside en la perversión del esquema de pesos y contrapesos, específicamente en la cooptación política de las altas cortes y los órganos de control. El diseño de elección de magistrados para la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, basado en un sistema de listas y postulaciones en las que el Congreso colombiano tiene la última palabra, ha degenerado en la práctica nociva del “tú me eliges, yo te elijo”, una práctica política que, lejos de garantizar independencia, ha sembrado el clientelismo en el corazón del poder judicial. El resultado no es la selección de los más idóneos por su excelencia técnica o trayectoria intachable, sino la composición de cortes cuyos integrantes reflejan, con demasiada frecuencia, los pulsos y cuotas de poder de las coaliciones políticas dominantes en el legislativo.

Esta cooptación ha tenido un efecto corrosivo debido a que las decisiones de las altas cortes, que deberían ser faros de imparcialidad y rigor jurídico, están siendo observadas por la ciudadanía con una suspicacia creciente, al percibirse en ellas excesivos sesgos ideológicos, partidistas y clasistas. En este reiterado escenario, se ha diluido la línea entre la interpretación jurídica y la defensa de intereses políticos o económicos particulares. La independencia judicial, pilar fundamental de cualquier democracia, se ve así socavada desde su base, transformando a los máximos tribunales en arenas de disputa política por otros medios, desnaturalizando su función esencial en un Estado Social de Derecho.

Un ejemplo reciente y aleccionador de esta crisis es el manejo dado por la actual Corte Constitucional a los Decretos de Emergencia Económica, expedidos por el actual gobierno nacional de Gustavo Petro. Al abandonar una línea jurisprudencial de casi 30 años, que privilegiaba el examen de fondo sobre la constitucionalidad de las normas sometidas a su control, para enredarse en discusiones no tan indispensables, para ampliar, de manera cuestionable, la discusión exclusivamente constitucional de fondo; la Corte apareció ante la opinión pública no como el guardián abstracto de la Carta, sino como un actor político más. Esta actuación, interpretada por muchos como alineada con los intereses de la oposición política al gobierno nacional, erosiona la credibilidad de la institución.

A esta crítica funcional se suma una de carácter ético y moral relacionada con la sombra de desconfianza en la probidad de algunos magistrados. Casos como los de magistrados cuyos pasados están marcados por señalamientos de manejo clientelista, o aquellos envueltos en escándalos personales que comprometen su imagen de integridad [1], son una herida autoinfligida a una institución como la Corte Constitucional que debe estar compuesta por personas cuya vida pública y privada resista el escrutinio más severo.

Este panorama se agrava por las peculiaridades del modelo de justicia colombiano, que combina tradiciones del derecho continental con una enorme preponderancia de la jurisprudencia. Esta combinación puede generar inseguridad jurídica al favorecer interpretaciones volubles, debidas a que, el cambio de composición de una sala, a su vez, puede significar un giro abrupto en la jurisprudencia, generando escenarios más ligados a la correlación de fuerzas ideológicas al interior del tribunal que a una evolución doctrinal sólida y previsible.

La suma de estos factores (cooptación, sesgo, desconfianza en la probidad e inseguridad jurídica) configura una crisis de legitimidad de las altas cortes. Cuando estas dejan de ser vistas como instancias técnicas y se las percibe como apéndices del juego político, el sistema en su conjunto se resiente. El riesgo es que, ante esta debilidad, las cortes queden expuestas a nuevos y más graves ataques en el futuro, como los que ya padecieron en los periodos de gobierno uribista, en los que su independencia fue acosada y puesta en jaque.

Por todo lo anterior, el llamado a un rediseño profundo de la arquitectura estatal no es un capricho académico ni una maniobra política coyuntural. Es una necesidad imperiosa para salvar a las instituciones de sí mismas. Se requiere repensar, entre otros, los mecanismos de elección de magistrados para blindarlos de la cooptación partidista, fortalecer los criterios de mérito e idoneidad, establecer períodos que impidan la búsqueda de reelecciones politizadas y revisar el modelo de justicia para dotarlo de mayor coherencia y predictibilidad.

La Carta política de 1991 abrió puertas fundamentales en materia de derechos, pero falló en construir los diques suficientes para proteger la independencia judicial de la vorágine política. El momento es ahora, antes de que la erosión de la confianza en la justicia sea irreversible. Colombia merece unas instituciones que funcionen con armonía, independencia y, sobre todo, con una legitimidad inquebrantable. Lograrlo exige el coraje de reformar lo que, evidentemente, ya no funciona.

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[1] Carlos Camargo, el cuestionado por clientelismo, llega a la Corte Constitucional - Cuestión Pública /

Magistrado Jorge E. Ibáñez acatará fallo que le ordena retractarse por afirmaciones sobre la madre de su hijo

El Atraso Académico de la Derecha colombiana.

Poder, violencia y silencio: La realidad global que padecen las mujeres *

 

Por: Andrea B. Romero

La mujer asesinada a tiros por un agente federal de inmigración en la ciudad estadounidense de Minneapolis ha sido identificada como Renee Nicole Good, una madre de tres hijos de 37 años que acababa de mudarse a la ciudad. https://www.bbc.com/news/articles/c1jepdjy256o 

La comunidad educativa del norte del Cauca está de luto tras el fallecimiento de Lucely Villegas Ipia, reconocida profesora indígena, quien murió luego de resultar gravemente herida en un hecho de fleteo ocurrido en Santander de Quilichao. https://proclamadelpacifico.com/tristeza-por-muerte-de-docente-tras-fleteo-en-quilichao/ 

El dolor es inmenso y la indignación desborda el cuerpo, pero los escribo con nombre de mujeres: Lucely y Renee. Y me niego a que se disuelvan en el anonimato de las estadísticas. 

Soy una mujer que escribe con las manos temblorosas, no de miedo, sino de una rabia fría y lúcida. Una rabia que nace de leer, en un mismo día, dos historias sepultadas en la inmensa cantidad de información de dos países distintos, dos mundos que se creen distantes. En Minneapolis, Renee Good, una activista que documentaba los excesos del ICE, es hallada muerta. En el norte del Cauca, Lucely Villegas Ipia, una maestra que sembraba conocimiento en tierra fértil es arrancada de la vida por asaltantes. Dos mujeres. Dos luchadoras. Dos muertes que, lejos de ser casualidades aisladas, son las puntas de un mismo iceberg de horror que está hundiendo a nuestra humanidad.

Renee y Lucely no se conocieron, pero compartieron una enemiga común: la naturalización de la violencia como herramienta. La violencia del estado que, a través de agencias como el ICE ejerce un poder brutal y deshumanizante y que ahora parece ensañarse con quienes alzan la voz para denunciarlo. La violencia del crimen común, que en territorios como el Cauca ve en una profesora, no a un pilar de la comunidad, sino a un “blanco fácil”, en un cálculo macabro de poder territorial. Ambas violencias, la legal y la ilegal, beben de la misma fuente envenenada: la creencia de que el cuerpo del otro, especialmente si es mujer, si es pobre, si es indígena, si es migrante; es un territorio conquistable, desechable o silenciable.

Al conectar estos puntos en el mapa global, el patrón es aterrador. No es coincidencia, por el contrario; es el síntoma de un mundo donde el machismo no es solo un problema de relaciones interpersonales, sino la columna vertebral de un sistema de poder. El mismo desprecio por la vida que permite a un agente del ICE abusar de su autoridad o a un ejército lanzar bombas sobre escuelas en Gaza, es el que alimenta la decisión de un hombre de asesinar a su pareja, de reclutar a una niña para la guerra o de silenciar a una líder social. Es la lógica perversa que convierte la fuerza física, económica y militar, en el argumento supremo y la empatía en una debilidad.

Señalo con el dedo, consciente de que me acusarán de politizar el dolor; pero no puedo callar el hecho de que esta epidemia de violencia encuentra un caldo de cultivo fértil en aquellas ideologías que priorizan la riqueza individual, la acumulación desmedida y la libertad sin responsabilidad social. En ese espectro político que llamamos derecha, en donde el mercado se erige como dios único; la vida humana y, sobre todo, la vida de las mujeres, suelen reducirse a una ecuación de costo-beneficio. Allí, la defensa a ultranza de la propiedad y el orden suele justificar la violencia para mantenerlos, cerrando los ojos ante los abusos que esa “defensa” genera.

Y sí, en ese lado del espectro ideológico hay mujeres. Mujeres que han ascendido en estructuras pensadas por y para el poder patriarcal. Mujeres que, en su búsqueda de éxito, riqueza o prestigio, aprenden a guardar un silencio cómodo. Un silencio que es también una forma de violencia. Miran para otro lado cuando se denuncian tropelías, porque el precio de romper filas es muy alto en un mundo que premia la lealtad al sistema por encima de la lealtad al género. Son víctimas que a veces se convierten, por inercia y miedo, en cómplices de un fascismo que, aunque las use como bandera ornamental, nunca las verá como verdaderas iguales.

Renee y Lucely nos gritan desde su silencio forzado. Su sangre, pero, sobre todo, sus vidas se rebelan contra la normalización del horror. Nos recuerdan que cada vez que aceptamos un abuso menor, cada vez que justificamos el exceso en nombre de la seguridad o el progreso, cada vez que una mujer en una posición de poder calla ante la injusticia que no la toca directamente, estamos nutriendo la misma sombra que las mató.

El desafío no es solo llorarlas, el verdadero reto es reconocer que la batalla contra la violencia que las segó es la misma batalla contra un sistema económico que depreda, una política que oprime y una cultura que desprecia lo femenino. Es entender que nuestra liberación como mujeres está atada a la liberación de todos aquellos cuerpos considerados desechables por la maquinaria del poder. Hasta que no desmantelemos colectivamente la idea de que la fuerza es poder y que la vida es negociable, seguiremos escribiendo columnas sobre mujeres asesinadas cuyo único pecado fue existir, resistir o enseñar en un mundo que ha olvidado cómo ser humano.

El dolor es inmenso y la indignación desborda el cuerpo, pero los escribo con nombre de mujeres: Lucely y Renee. Y me niego a que se disuelvan en el anonimato de las estadísticas. Su memoria es ahora nuestra brújula en esta oscuridad que nos cobija a todas.

El mundial de futbol y la geopolítica un caramelo para la guerra. *

 

Por: Carlos Julio Medina Triana

¿Debería premiarse con la sede del mundial de fútbol a un gobierno con políticas hostiles hacia sus vecinos y aliados?

Vivimos en una era marcada por conflictos derivados de la disputa por recursos finitos y mercados globales. Lo que vemos hoy: el enfrentamiento entre Occidente y Oriente en suelo ucraniano es solo la antesala de tensiones mayores, tales como el control de Taiwán o el dominio del Medio Oriente a través de la alianza estratégica entre Estados Unidos e Israel. A esto se suma la persistente presión sobre los recursos de América Latina y la insólita aspiración expansionista sobre territorios como Groenlandia.

Este panorama ha deteriorado las relaciones exteriores de Washington, generando fricciones no solo con potencias europeas como Francia y Dinamarca, sino también con aliados históricos y naciones de África y Asia. En nuestra región, las provocaciones hacia países como México, Canadá, Brasil, Cuba y las amenazas directas contra Venezuela y Colombia subrayan una diplomacia de confrontación.

Bajo este clima de inestabilidad nos encontramos a las puertas de una Copa del Mundo con sede compartida entre Canadá, México y un Estados Unidos fracturado internamente. El país anfitrión enfrenta una lucha interna contra políticas xenófobas, racistas y una visión imperialista que parece priorizar el poder y el dinero por encima de la estabilidad global.

Para poder intentar alguna respuesta, primero debemos considerar que, por ejemplo, EE. UU. es una nación pluriétnica que alberga ciudadanos de todo el mundo; un conflicto externo podría trasladarse a las gradas. En ese orden de ideas ¿Debería premiarse con la sede a un gobierno con políticas hostiles hacia sus vecinos y aliados?

De acuerdo con las anteriores consideraciones y dada la volatilidad actual, ¿podría el panorama mejorar de aquí al 11 de junio o estamos ante un riesgo inminente?

Personalmente, considero que lo más sensato sería aplazar el evento o buscar sedes alternativas. De las actuales potencias globales y de liderazgos marcados por la ambición, poco podemos esperar que beneficie al espíritu de hermandad que supuestamente promueve el fútbol.

Antes de hablar de resultados deportivos o apuestas, es imperativo cuestionarnos: ¿Es prudente celebrar un Mundial en condiciones tan alteradas?

* La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

TEMPORADA 2026 DE LA CONVERSA DE FIN DE SEMANA

La Izquierda como antídoto contra la estupidización del capitalismo

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

La izquierda colombiana debe entender que no caben alianzas con operadores políticos oportunistas y camaleónicos, el avance electoral debe ser hacia una sociedad ética. Lo contrario; es más de lo mismo, con los mismos

Vivimos en una época de paradojas letales. Mientras la humanidad alcanza niveles de conocimiento tecnológico sin precedentes, asistimos a un proceso acelerado y paulatino de estupidización social, donde la banalidad, el pensamiento inmediatista y la renuncia al sentido crítico se normalizan como nueva cotidianidad. Como lo plantea Inger Enkvist (2006); el estúpido (tristemente en mayorías) actúa como un agresor social, al usar palabras sin atender su sentido, rechazar las razones ajenas, ignorar la realidad e imponer un “terrorismo intelectual” basado en lo irrelevante, la auto celebración constante y el elogio de la vulgaridad.

Esta patología social no es accidental; es el caldo de cultivo perfecto para un capitalismo mutante que ha transitado de la explotación industrial clásica a una nueva y más peligrosa fase: el Tecno Feudalismo (Yanis Varoufakis, 2024). Un modelo en el que una oligarquía minúscula, no solo acumula riqueza material, sino que, mediante plataformas digitales, algoritmos y financiarización extrema, secuestra la capacidad laboral, intelectual y creativa de la humanidad, al tiempo que depreda los bienes comunes naturales, mientras impone un modelo de sociedad en el que se naturaliza la violencia estructural, económica y simbólica como único lenguaje posible para resolver conflictos y además se promueven, como únicos objetivos vitales; el consumo compulsivo, la satisfacción de instintos primarios y un individualismo feroz que rompe todo lazo solidario.

Frente a esta crisis civilizatoria, las respuestas políticas disponibles parecen insuficientes o cómplices. El Progresismo, tal como lo observa Pablo Heller (2023), ha mostrado entre muchos de sus impulsadores y militantes, una tendencia profunda a la adaptación al régimen capitalista, evidenciando una orientación predominantemente electoralista y “democratera”, que solo busca, mediante el ejercicio electoral caudillista, acomodarse dentro del orden vigente para medrar y conseguir escaños, a menudo mediante alianzas con las mismas fuerzas de derecha que dice combatir.

Esta izquierda diluida, autodenominada como Progresista ha aprendido las formas y objetivos de sus adversarios de derecha, vaciándose de todo horizonte transformador, echando mano, para aparentar diferencia, de los discursos, e incluso, de las plataformas de movimientos político-culturales al margen de los partidos, que han logrado politizar cruciales agendas sociales (étnicas, ecológicas, de género, decoloniales, etc.) al introducir nuevos significados de ciudadanía en contextos como el colombiano; sobre todo el de las grandes ciudades en donde los avances emancipatorios en el imaginario social son escasos. A este respecto, Lilian Celiberti (2016) constata con amargura que la reproducción de lógicas corruptas, incluso en gobiernos progresistas, demuestran que la bandera de la democracia liberal, hoy, es con frecuencia un acto de hipocresía que oculta un vacío de proyecto.

Por ello, es urgente abandonar los eufemismos y la llamada corrección política que solo sirven para ocultar lo que debe ser reivindicado con claridad y orgullo: el socialismo como la única alternativa política, económica y ética integral capaz de enfrentar esta decadencia. No un socialismo de caricatura o de estado burocrático, sino uno releído desde la urgencia del siglo XXI. Un socialismo que entienda que la estupidización social no es un defecto intelectual, sino un fracaso moral que surge cuando el poder corrompe, liberando al individuo de la necesidad de pensar críticamente, tal como lo sugiere la teoría de la estupidez de Dietrich Bonhoeffer. Esta izquierda, salida del closet, debe asumir que contra el mal no basta la inteligencia discursiva, sino una acción ética decidida que enfrente la irracionalidad organizada del sistema, precisamente allí, en lo que el capitalismo tecno feudal busca erosionar.

El desafío, entonces, no es ganar elecciones para “administrar lo existente”, si no la disputa por la creación de nuevas institucionalidades desde abajo, desde la raíz y, como plantea Isabel Rauber (2024); reformular el Estado y la comunidad. Se trata de un proyecto de nueva civilización cuyo eje sea la defensa de la vida en todas sus dimensiones: en la relación sociedad-naturaleza, en los modos de producción, en las relaciones sociales despatriarcalizadas y descolonizadas, en la salud integral y en una educación basada en valores éticos solidarios. Esto implica recuperar y radicalizar la lucha estratégica por una transformación social profunda, una revolución social que, en términos de Heller; ponga fin a la dictadura del capital.

El socialismo, por tanto, debe dejar de ser un fantasma que se esconde tras el término “Progresista”. Debe emerger como una opción real de poder: un proyecto que ofrezca un horizonte político, económico, administrativo y cultural en el que se prioricen la ética y la coherencia entre el discurso y la acción, una propuesta en la que se sustituya el individualismo depredador por la organización comunitaria y que defienda la propiedad social de los recursos, la tecnología y los medios de producción. Debe avanzar en su consolidación como única alternativa política que plantea, de raíz, la superación de la lógica del beneficio privado como motor de la historia a costa de la miseria y la muerte de millones de seres humanos.

La izquierda colombiana tiene la tarea de construir ese camino, sin complejos, con la claridad de que, en esta disyuntiva histórica, no hay neutralidad ni acomodo posible, tampoco caben las alianzas de conveniencia con operadores políticos oportunistas y camaleónicos, el avance electoral, debe ser el avance hacia una sociedad ética y humanista. Lo contrario; es más de lo mismo, con los mismos.

Fuentes consultadas para la elaboración de estas reflexiones:

Inger Enkvist. (2006). Sobre la estupidez y los estúpidos. En: https://www.nuevarevista.net/sobre-la-estupidez-y-los-estupidos/

Isabel Rauber (2024). Izquierda Teoría y praxis. En: https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2024/06/V1_Izquierda-teoria-y-praxis_N8.pdf

Lilian Celiberti. (2016). Rescatar la esperanza. Más allá del neoliberalismo y el progresismo. En: https://www.ocmal.org/wp-content/uploads/2017/05/RescatarEsperanza_web.pdf

Pablo Heller. (2023). La lucha por el socialismo en el siglo XXI. En: https://revistaedm.com/edm/60/la-lucha-por-el-socialismo-en-el-siglo-xxi/ 

Yanis Varoufakis. (2024). Tecnofeudalismo. El sigiloso sucesor del Capitalismo. Editorial Deusto.

La economía de la culpa: salario mínimo, poder y domesticación social *

 

Imagen tomada de: negociacion salarial - Buscar con Google

Por: Jhon Jaiver Flórez G. 

El asalariado que apenas sobrevive con el mínimo ha sido entrenado para temer su propio aumento, para sospechar de cualquier mejora material, para aceptar que su derecho a vivir con dignidad constituye una amenaza para la economía.

Durante más de tres décadas, Colombia escuchó la misma consigna repetida con solemnidad técnica y tono de verdad revelada: contener el salario mínimo es la vía más segura para crear empleo. Se dijo en consejos gremiales donde la palabra “equilibrio” siempre pesó más que la palabra “vida”; se escribió en editoriales económicas que confundieron estabilidad con resignación; se estampó en documentos del Banco de la República como si se tratara de una ley natural y no de una opción política; y se repitió, año tras año, en mesas de concertación salarial donde la correlación de fuerzas rara vez fue justa. El salario debía ser prudente, moderado, responsable. El trabajador, paciente. La pobreza, un daño colateral transitorio.

Han pasado más de treinta años. El empleo prometido no llegó. Lo que sí llegó —y se quedó— fue la precariedad. El mito fundacional del modelo tuvo lema y escenografía. Con el eslogan “Bienvenidos al futuro”, el gobierno de César Gaviria lanzó una modernidad de vitrina: privatizaciones rápidas, apertura económica sin red y reformas que entregaron salud, pensiones y servicios públicos al gran capital, todo bajo el optimismo tecnocrático de la eficiencia. Mientras la Constitución de 1991 prometía un Estado Social de Derecho, el trabajo dejó de ser derecho y pasó a ser costo, y la modernización comenzó a medirse no por el bienestar creado, sino por los derechos recortados en silencio.

El salario, antes concebido como mecanismo de integración social, fue rebautizado como “costo laboral” y sometido a la lógica de la reducción constante, en nombre de la inversión extranjera y la disciplina macroeconómica. El futuro llegó, sí, pero llegó cobrando peaje: derechos sociales en liquidación, trabajadores a precio mínimo y un Estado que aprendió a llamar modernización a la renuncia sistemática de sus obligaciones.

Desde entonces, cada aumento del salario mínimo se negoció bajo amenaza. Si sube demasiado —advierten— se destruye empleo. Si acompaña la inflación, se disparará la informalidad. Si se atreve a crecer por encima de la productividad, vendrán las catástrofes anunciadas con tono apocalíptico y gráficos alarmantes. El resultado fue un salario mínimo que, año tras año, alcanzó apenas para sobrevivir, últimamente ni siquiera para eso, mientras el costo de vida sube con paso firme. La teoría justificadora es clara y persistente: primero crecer, luego distribuir. Pero ese “luego” nunca llega.

Las cifras no respaldan el dogma neoliberal; lo desnudan. Durante las últimas tres décadas, Colombia mantuvo uno de los salarios mínimos más bajos de América Latina en relación con el costo real de la canasta básica, al tiempo que exhibió tasas de informalidad estructural superiores al 45%, desempleo crónico y una de las desigualdades más altas del continente. El salario precarizado no generó empleo masivo. Generó trabajadores empobrecidos.

Desde una perspectiva teórica, esta política se inscribe en lo que Karl Polanyi denominó la mercantilización del trabajo: tratar la fuerza laboral como una mercancía más, separada de las condiciones materiales de existencia. Cuando el salario deja de cumplir su función social —reproducir la vida— se transforma en frontera moral: señala hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado en su compromiso con la dignidad humana.

El empleo generado fue, en gran medida, informal, inestable y mal remunerado. El crecimiento económico, cuando ocurrió, no se tradujo en bienestar generalizado. La riqueza se concentró. La productividad no despegó. El modelo descansó más en la flexibilización laboral que en la innovación, más en el abaratamiento del trabajo que en la sofisticación productiva. La economía creció. La vida no.

En este contexto, el auxilio de transporte reveló su verdadera función: más que un derecho, un parche estructural. Concebido para cubrir la movilidad básica, terminó siendo la admisión silenciosa de que el salario mínimo no alcanza para vivir. Su incremento anual no amplía bienestar; administra carencias. No integra al trabajador a la ciudad ni a la vida digna: lo mantiene operativo, facilita llegar al trabajo, pero no sostenerse con él. Es un auxilio que garantiza presencia, no dignidad.

Durante décadas, los incrementos del salario mínimo fueron incipientes, casi siempre apenas por encima de la inflación. El argumento fue fiel al libreto heredado: proteger la competitividad, evitar presiones inflacionarias, preservar el empleo formal. En términos nominales, hubo aumentos. En términos reales, hubo retrocesos.

Salario mínimo más auxilio de transporte, medidos en dólares, el efecto es aún más revelador: la devaluación del peso diluyó buena parte de los incrementos. El ingreso mínimo colombiano perdió peso relativo en comparación internacional, reflejando no solo una política salarial incipiente, sino la fragilidad de una economía estructuralmente dependiente y vulnerable.

Los gobiernos antecesores al actual no rompieron nada: administraron la inercia. Ninguno cuestionó el modelo salarial heredado ni corrigió la estructura de desigualdad. El salario siguió siendo un instrumento de contención social, no de redistribución. El orden funcionó sin sobresaltos. La precariedad también.

El gobierno Petro no creo el conflicto salarial. Lo hizo visible. Al impulsar aumentos del salario mínimo de dos dígitos —especialmente en 2023, 2024 y 2025— rompió un consenso tácito que había operado como dogma durante décadas. El escándalo no provino solo del monto del aumento, sino del desplazamiento del eje moral del debate: ya no se discutía cuánto podía soportar la empresa, sino cuánto resistía la vida. Desde una lectura keynesiana y redistributiva, estos incrementos buscan recuperar poder adquisitivo, dinamizar la demanda interna y corregir, aunque de manera parcial, una injusticia histórica. 

Los detractores reaccionan con reflejos conocidos. Anuncian desempleo, inflación, fuga de capitales. Repiten un libreto que la historia ya ha puesto en evidencia. Porque si algo demuestran los últimos treinta años es que salarios sistemáticamente bajos no construyen economías fuertes, sino sociedades frágiles.

Desde la teoría del desarrollo humano —Amartya Sen— el ingreso no es solo un medio económico, sino una capacidad básica: permite elegir, participar y vivir con autonomía. Elevar el salario mínimo no garantiza por sí solo bienestar. Negarlo, en cambio, garantiza precariedad. 

El debate sobre el salario vital no es una extravagancia ideológica. Es la irrupción de una memoria histórica negada. Llamar vital al salario mínimo es cuestionar el corazón del modelo neoliberal colombiano: la idea de que la dignidad puede aplazarse indefinidamente en nombre de una competitividad que nunca llega a la mayoría. Las sociedades que pagan mal el trabajo pagan caro en otros frentes: violencia, inseguridad, deterioro institucional. Cada peso ahorrado en salarios reaparece como sobrecosto en salud pública, en seguridad, en fractura del tejido social. El salario precario no fue solo una política económica; fue una forma de administrar la exclusión.

Desde Marx hasta Polanyi, desde Sen hasta Piketty, la evidencia converge: la desigualdad no es un accidente del sistema, sino uno de sus productos cuando el trabajo se subvalora. Quizá el triunfo más profundo —y menos visible— de este modelo no haya sido económico, sino pedagógico. Durante décadas, el sistema no solo contuvo los salarios: educó la conciencia social. Enseñó que el trabajador debía sentirse culpable por existir y responsable, por anticipado, de cualquier fractura del orden económico. Si una empresa quiebra, no es por mala gestión o concentración del mercado, sino porque “el salario subió demasiado”. Si hay desempleo, no es por un modelo extractivo y desigual, sino porque alguien “pidió más de lo que merecía”.

Esta pedagogía de la culpa ha calado con especial crudeza en los sectores empobrecidos. El asalariado que apenas sobrevive con el mínimo ha sido entrenado para temer su propio aumento, para sospechar de cualquier mejora material, para aceptar que su derecho a vivir con dignidad constituye una amenaza para la economía. Se le ha convencido de que su salario no es una retribución justa, sino una concesión precaria; no un derecho social, sino un riesgo sistémico.

Desde la sociología crítica, esto no es accidental. Es lo que Pierre Bourdieu denominó violencia simbólica: una forma de dominación que no necesita imponerse por la fuerza porque logra que los dominados adopten como naturales las categorías del dominador. El trabajador internaliza el lenguaje de la escasez y la culpa, mientras los verdaderos centros de decisión —financieros, corporativos, rentistas— permanecen blindados frente al juicio moral y político.

Humanísticamente, el daño es aún más profundo. Cuando una sociedad consigue que quienes menos tienen se sientan responsables de la quiebra ajena, se rompe un principio elemental de justicia compartida. El salario deja de ser reconocimiento al trabajo y se convierte en carga moral. La dignidad se vuelve sospechosa. La vida, negociable.

Por eso, el debate sobre el salario mínimo no es una discusión técnica ni un pulso coyuntural entre gobiernos. Es una disputa por el sentido común, por la forma en que una sociedad decide quién merece qué, quién carga con las culpas y quién queda exento de responsabilidad. Mientras el asalariado pobre siga creyendo que su derecho a vivir mejor pone en riesgo al país, el sistema habrá ganado incluso cuando conceda aumentos.

Romper esta lógica exige algo más difícil que subir cifras: desaprender la culpa, recuperar la idea de que la economía existe para sostener la vida y no al revés, y comprender que ninguna sociedad es viable cuando pide a los más frágiles cargar con el peso de un modelo que nunca diseñaron ni se han beneficiado de él.

Treinta años después, la promesa neoliberal queda expuesta. No fue un error técnico: fue una elección política sostenida en el tiempo. La pregunta ya no es cuánto cuesta subir el salario, sino cuánto ha costado no hacerlo. Porque cuando la economía funciona sin dignidad, no produce desarrollo: produce supervivencia organizada. Y ninguna sociedad puede llamarse justa cuando condena a quienes la sostienen a vivir eternamente al borde de la vida.

* La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

Negociaciones laborales en Emquilichao: El Futuro del patrimonio público y el agua en Santander de Quilichao

 

Imagen tomada de: La negociación colectiva y el papel de los sindicatos • Trabajadores

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com- 

El verdadero objetivo de la negociación laboral en Emquilichao debe ser la construcción de un Pacto Social por el Agua para modernizar la empresa, ordenar el territorio y asegurar que el agua de Quilichao sea un bien público, no una mercancía

El inicio, aunque aún informal, de las negociaciones laborales entre las organizaciones sindicales y la administración de la Empresa de Saneamiento Básico de Santander de Quilichao (Emquilichao) representa mucho más que un diálogo laboral rutinario; es un evento crucial de definición extrema para una empresa pública que, como el agua que gestiona, es vital para la ciudad y se encuentra en un estado de vulnerabilidad alarmante. Este proceso de negociación debe trascender la discusión salarial para convertirse en una reflexión estratégica, comunitaria y urgente sobre la supervivencia misma de Emquilichao como patrimonio público y la garantía futura de un derecho fundamental.

La importancia de este diálogo se entiende solo al dimensionar la difícil situación operativa y financiera que presenta la empresa. Esta crisis no es coyuntural; es el resultado acumulado de una histórica apatía en la planeación municipal, donde administraciones sucesivas (incluidas las dos del actual alcalde) han carecido de la voluntad o la visión para trazar una estrategia clara de corto, mediano y largo plazo. Emquilichao opera hoy como una entidad reactiva, atendiendo emergencias y cubriendo una demanda de crecimiento urbano caótico, pero sin los instrumentos técnicos básicos para hacerlo de manera sostenible. La ausencia de un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) acorde a la realidad geofísica y la falta de un verdadero Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado son dos vacíos que condenan a la empresa a la improvisación.

Este desorden no es casual puesto que se alimenta de una dinámica de urbanización irresponsable, permitida y promovida desde la Secretaría de Planeación Territorial y Vivienda, que ha venido otorgando licencias de construcción y urbanismo, al parecer; atendiendo más a intereses particulares que a las capacidades reales de Santander de Quilichao, tales como su escasa disponibilidad hídrica y la ausencia de una dirigencia político-administrativa con una visión integral de sostenibilidad. 

A la expansión urbanística desbocada se le suma la crisis de la disposición final de residuos sólidos, formando una mezcla que presiona de manera insostenible la infraestructura sanitaria, forzando un escenario de servicio desmejorado para los usuarios y de incremento de tarifas. Resulta evidente que, en este particular escenario, cualquier negociación laboral que ignore este contexto de quiebre estructural sería un ejercicio de miopía colectiva.

Frente al panorama recién descrito, la responsabilidad comunitaria de ambos actores (administración y sindicatos) adquiere una dimensión crítica. Existe un pasado local reciente de coqueteos con lógicas privatizadoras, cercanas al manual ya conocido en Colombia [1], en el que se debilita a la empresa pública mediante la desinversión y la mala gestión, se estigmatiza a sus trabajadores presentando sus legítimos derechos salariales y prestacionales como la causa principal de los males y se crea un clima de opinión pública favorable para una “intervención” que termine en liquidación o venta. Frente a este guion, la histórica postura de compromiso de los trabajadores de Emquilichao con la empresa y la comunidad es un capital social invaluable. Su lucha no puede reducirse a la defensa legítima de su Convención; debe ampliarse a la defensa estratégica de la empresa como bien público.

Por todo lo anterior, estas negociaciones son una encrucijada, ya que, de las decisiones que se tomen, particularmente en materia de estabilidad, formación y condiciones laborales, dependerá la capacidad de Emquilichao para retener talento, mejorar su eficiencia y proyectarse. 

La dirigencia sindical tiene el desafío de ejercer su histórico buen juicio con visión de futuro, comprendiendo que la salud financiera de la empresa es el sustento de sus puestos de trabajo a largo plazo y de esta forma no darle oportunidad a funcionarios como el mismo Eduardo Grijalba, quien, en recientes declaraciones públicas, ya había mencionado su preocupación por los, según su opinión, “exagerados sueldos” de los trabajadores de Emquilichao. En este mismo orden de ideas, la administración municipal y la nueva gerencia de la empresa están llamadas a abandonar cualquier tentación cortoplacista o de sometimiento a presiones privatizadoras. Su deber es pensar en el fortalecimiento institucional del patrimonio de las y los quilichagüeños y no en su marchitamiento.

Santander de Quilichao tiene en sus manos una de las pocas empresas públicas de saneamiento básico que mantiene viabilidad en el país. Este es un patrimonio colectivo que no se puede malbaratar. La solución a los problemas históricos de des- planeación, cobertura y calidad del servicio no está en ceder Emquilichao a intereses privados, que priorizarán la rentabilidad sobre el acceso universal. La solución está, precisamente, en lo que este diálogo laboral podría germinar: Un Pacto Social Por El Agua, en el que los trabajadores y la administración, con el acompañamiento veedor de la comunidad, definan una hoja de ruta conjunta para modernizar la empresa, exigir y co-crear una planeación territorial seria y garantizar que el agua de Santander de Quilichao siga siendo un bien común, gestionado con eficiencia pública y sentido de pertenencia. 

[1] La privatización desbordada ... 

Tres Curules para dos millones de indígenas: Una deuda democrática

 

Imagen tomada del portal de DeJusticia

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

Un millón de voces, si se articulan, no pueden seguir contentándose con solo tres escaños. La deuda no es solo con los pueblos indígenas, sino con la calidad misma de nuestra democracia

La Constitución de 1991 reconoció el carácter pluriétnico y multicultural de la Nación colombiana. En tal sentido, un pilar fundamental de ese reconocimiento fue la creación de circunscripciones electorales especiales, un mecanismo de acción afirmativa que permitió, por primera vez, que voces indígenas llegaran al Congreso de la República con sus propias banderas. Sin embargo, más de treinta años después, es imperativo señalar que este instrumento de inclusión étnica ha quedado estructuralmente obsoleto y es insuficiente para representar la realidad demográfica y política de los pueblos originarios colombianos.

El núcleo del problema es aritmético y demográfico, puesto que, mientras la población indígena en Colombia supera, según estimaciones conservadoras, los dos millones de personas (con un crecimiento más dinámico que el promedio nacional), su representación en el Capitolio Nacional se ha mantenido estática y minúscula: solamente Tres Curules (dos en el Senado, una en la Cámara). Esto significa que, demográficamente, cerca del 4% de la población nacional lucha por una representación que no llega ni al 1% de las sillas del legislativo.

Sumada a esta realidad demográfica-electoral, se tiene que la proyección del DANE y el subregistro reconocido por las organizaciones indígenas pintan una realidad en la que el potencial electoral indígena ronda el millón de votantes, un contingente que, de estar unificado, sería decisivo en cualquier contienda. No obstante, el actual sistema electoral colombiano los confina a disputarse migajas de representación.

Esta distorsión se traduce en vulnerabilidad política y manipulación ya que, por ejemplo, la misma arquitectura del sistema incentiva la fragmentación, tal y como puede advertirse para las elecciones de 2026, donde 14 organizaciones diferentes avalan listas para apenas tres curules, la dispersión es enorme: 24 candidatos para 2 senadores, 22 para un solo representante a la Cámara. En este orden de ideas, esta multiplicación de esfuerzos, lejos de reflejar una riqueza plural, diluye la fuerza electoral, debilita los programas unitarios y expone a las comunidades a las maquinarias políticas tradicionales. La pugna electoral entre AICO, MAIS, el CRIC, el Pueblo Zenú y otros, aunque legítima, termina jugando en favor de quienes ven en la división indígena una oportunidad para el clientelismo, el "trasteo" de votos y la cooptación de líderes. [1]

A esta fragilidad política se suma una desidia administrativa crónica, en la que la Registraduría Nacional, responsable de garantizar el derecho al voto, ha esgrimido históricamente el orden público como justificación para una presencia débil y una logística precaria en los territorios indígenas. Esta excusa se desmorona ante el hecho irrefutable de que son las guardias y autoridades indígenas quienes, con mayor frecuencia y eficacia, garantizan la seguridad y transparencia en sus propios territorios durante los comicios. La cifra oficial de la misma Registraduría de 974,563 votantes habilitados en circunscripciones especiales no es solo un número; es un síntoma de un Estado que no ha hecho lo suficiente para documentar, incluir y facilitar el ejercicio político de una parte vital de su ciudadanía. [2]

Esta falla del Estado y la sociedad colombiana ha sido advertida por la Corte Constitucional, al señalar, reiteradamente, el "Estado de Cosas Inconstitucional" que afecta a los pueblos indígenas. Parte de esa inconstitucionalidad radica, precisamente, en una participación política limitada, desproporcionada y llena de obstáculos. Los gobiernos posteriores a la entrada en vigor de la Constitución del año 1991 han sido miopes ante el dinamismo poblacional indígena y han carecido de la voluntad política para actualizar la representación.

Se requiere, por tanto, un gran acuerdo nacional, que tenga claro que no se trata de un regalo, sino de un ajuste democrático pendiente que posibilite el tránsito urgente y eficiente de dos caminos no excluyentes: primero, una reforma política que revise y amplíe el número de curules especiales con base en criterios demográficos reales y no en una fotografía de 1991. Segundo, un esfuerzo mayúsculo y autónomo al interior del pueblo indígena colombiano para construir una plataforma política unificada y estratégica.

Un millón de voces, si se articulan, no pueden seguir contentándose con solo tres escaños. La deuda no es solo con los pueblos indígenas, sino con la calidad misma de nuestra democracia, que no podrá llamarse plena mientras su representación en el Congreso siga siendo simbólica y no sustantiva. El avance normativo fue solo el primer paso; ahora toca la justicia electoral, pero, sobre todo; la unidad política del pueblo indígena colombiano.

 

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[1] Ver información detallada en: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11thNGn7jtxKYiTQ8kAiU2dK9PlyR2Gbe/edit?usp=sharing&ouid=111874168460248519252&rtpof=true&sd=true  y   https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R4DjnEGwFipBMkJylJP-Lh_5wl1VPLSU/edit?usp=sharing&ouid=111874168460248519252&rtpof=true&sd=true

[2] Ver: Así ganó el voto indígena emberá en las pasadas elecciones - Dejusticia