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| Imagen tomada de: periodicovirtual.com |
Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-
El acceso a la energía no puede seguir siendo visto como un negocio más, sujeto a las leyes del mercado y al afán de lucro de unos pocos. Se trata de un derecho fundamental, y como tal, debe ser garantizado por el Estado
En el departamento del Cauca, la paciencia de las comunidades parece estar llegando a su límite y la Compañía Energética de Occidente (CEO) se ha encargado de llevarla a ese peligroso escenario. Esta empresa, que hace parte del gigantesco conglomerado económico de Luis Carlos Sarmiento Angulo (el banquero más poderoso de Colombia y uno de los hombres más ricos de Latinoamérica) opera en la región bajo una lógica empresarial que privilegia exclusivamente la ganancia económica, sin importarle vulnerar derechos fundamentales y la dignidad de los usuarios.
La histórica actuación de la CEO en el Cauca es la constatación de lo nocivo que puede ser un modelo de negocio que encaja perfectamente en la crítica más elemental al capitalismo salvaje: maximizar utilidades a cualquier costo, incluso a costa de la calidad del servicio, el trato digno al cliente y el mandato constitucional que define los servicios públicos como inherentes a la finalidad social del Estado. Desde que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez le entregó a Sarmiento Angulo la concesión para la distribución de energía en amplias zonas del Cauca, los habitantes de este territorio han soportado el viacrucis de tarifas abusivas, cortes injustificados, facturación arbitraria y una atención al usuario que oscila entre la indolencia y la humillación.
El poder de mercado que ostenta la CEO, al operar en condiciones de monopolio de facto, le ha permitido imponer no solo su pésima calidad en la prestación del servicio, sino también cláusulas contractuales leoninas y cobros que lesionan gravemente el bolsillo de familias que, en muchos casos, apenas logran sobrevivir con economías de subsistencia. Lo más grave de todo es que esta actuación cuenta con la complicidad silenciosa de entidades que deberían velar por los derechos de los ciudadanos. La Superintendencia de Servicios Públicos, lejos de ejercer su rol de garante, ha sido un actor recurrente en esta cadena de injusticias, parcializando sistemáticamente sus decisiones en favor de los intereses corporativos de la CEO y desestimando, una y otra vez, los reclamos de comunidades enteras que han visto vulnerados sus derechos.
Pero lo que resulta más indignante, y quizá más peligroso para la estabilidad social de la región, es la casi patética inacción de quienes tienen la responsabilidad política y administrativa de liderar la defensa de los caucanos. Gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y representantes a la Cámara han sido, durante años, espectadores de lujo de este saqueo silencioso. Las comunidades no entienden cómo es posible que aquellos que en época electoral recorren las plazas y veredas pidiendo el voto, no hayan sido capaces de articular una estrategia seria, unificada y contundente para enfrentar a esta empresa. Mientras la CEO sigue llenando las arcas del conglomerado de Sarmiento Angulo con el dinero producto de las altas tarifas que pagan familias caucanas, la dirigencia política local se ha dedicado, en el mejor de los casos, a emitir tímidos comunicados de prensa, o en el peor, a guardar un silencio cómplice que ya resulta insostenible.
Esta acumulación de descontento popular, alimentada por años de abusos y por la indiferencia de los poderes públicos, ya han mostrado algunas señales de alarma, materializadas en tímidas acciones de hecho en distintos puntos del departamento, con comunidades que han salido a decir "basta ya". Estas primeras movilizaciones no son otra cosa que la manifestación desesperada de un pueblo que ya ha agotado todas las instancias administrativas y judiciales, que ha visto cómo la Superintendencia les da la espalda, cómo sus alcaldes se lavan las manos y cómo el Congreso de la República (en gran parte dominado por las mismas fuerzas políticas que beneficiaron a Sarmiento Angulo) se hace el de la vista gorda.
Lo que está ocurriendo en el Cauca con la CEO demuestra, una vez más, el rotundo fracaso del modelo de privatización de los servicios públicos esenciales, impulsado con entusiasmo por los gobiernos del uribismo y defendido a capa y espada por los sectores más conservadores de este país. Le entregaron a un banquero, uno de los hombres más ricos de Latinoamérica, la concesión de un servicio público en una de las regiones más empobrecidas y golpeadas por la violencia y el resultado no podía ser otro: extracción de utilidades, desmejoramiento del servicio y abandono estatal.
Si algo nos enseña esta triste historia es que el acceso a la energía no puede seguir siendo visto como un negocio más, sujeto a las leyes del mercado y al afán de lucro de unos pocos. Se trata de un derecho fundamental, y como tal, debe ser garantizado por el Estado con calidad, equidad y dignidad. Mientras tanto, en el Cauca, la paciencia se agota y la indignación crece. Los líderes políticos harían bien en escuchar este clamor antes de que sea demasiado tarde, porque el descontento acumulado, cuando no encuentra cauces institucionales para expresarse, termina por estallar. Y cuando eso ocurra, no habrá comunicado de prensa ni foto electoral que alcance para contener la furia de un pueblo que solo pide lo que la Constitución promete: un trato digno y un servicio público a la altura de sus necesidades.
