Editor: Francisco Cristancho R.
El fenómeno de las criptomonedas, como ocurrió en Argentina, puede tener consecuencias graves y rápidas para la población. Se espera que los ciudadanos sean cautelosos ante la desregulación promovida por una candidata presidencial con un pasado controvertido.
Cada día que vivimos confirmamos que las cosas están al revés. Leyendo una información reciente sobre el tesoro del Galeón San José –que como todo lo nuestro lleva años de retraso e incontables pleitos– el redactor de turno especuló sobre el valor de lo que allí se encontraría, si es que algún día bajamos a buscarlo. Miles de millones, dijo, cientos de miles, dicen allá, una esperanza que parece espejismo, pero que sí existe a la hora de crear problemas. Mientras Colombia reclama la propiedad sobre los bienes, dado que se encuentran en sus aguas territoriales, otros países sostienen que lo allí escondido es suyo y les fue expoliado durante la colonia, por lo que exigen su restitución. Los más desvergonzados son los españoles, quienes, honrando su tradición en el trato con América, demandan la entrega del contenido como quiera que la nave era suya y ejercía una actividad, en su concepto, lícita.
Germán recuerda que en su primer año de derecho aprendió que los delitos cometidos contra bienes de propiedad no sanean el título para el poseedor de los mismos, es decir, que si uno se apropia de algo mediante hurto por violencia –por ejemplo– el paso del tiempo no variará el hecho de que es producto de un ilícito. Los españoles pretenden desconocer que a bordo de ese galeón llevaban minerales hurtados a poblaciones originarias u obtenidos mediante el trabajo forzoso de estas o prevalidos de la dominación propia de un régimen colonial. A buena hora tenemos la historia, misma que las más de las veces deja mal parados a los colonizadores, aunque haya quienes pretendan, sin sustento y con intenciones abiertamente supremacistas, proponer una versión caritativa y bondadosa de la invasión y ocupación de América.
Aunque hoy no queremos destinar estas líneas a las últimas genialidades del matón del norte, debemos advertir a nuestros estimados lectores que supimos de la existencia de un sucedáneo suyo que vive en el sur y muy cerca de Colombia. Nos referimos al presidente de Ecuador y aspirante a la reelección, Daniel Noboa, un joven que tiene todo resuelto y que detenta el poder porque su padre siempre lo quiso para él y hoy vive a través del hijo el sueño que pagó.
Resulta que el señor Noboa, ansioso de mojar prensa, decidió sin mayores consideraciones imponer aranceles a los productos que Ecuador importa de México, en una evidente calca de las órdenes ejecutivas de Trump y, seguramente, para congraciarse con él. Cuando se supo de la decisión en México, un economista entrevistado por la prensa solo supo reírse, pues el impacto que ello causaría en la economía mexicana no afectaría “ni a la tienda de una esquina”, y sugirió que el costo de imprimir la medida para su publicación bien podría exceder los ingresos que de esta reciba el tesoro ecuatoriano.
Con estos hechos Germán halló verdad en un dicho que de joven escuchó y que, si la memoria cumple con su tarea, iba por las líneas de que “Ecuador es un enano en zancos”. Lo cierto es que debemos estar atentos a los arrebatos del nuevo matón del sur, porque en uno de esos puede que nos haga lo mismo a nosotros, lo cual sí causaría un perjuicio real para ambas naciones, o que se invente –como lo ha hecho antes– una crisis de seguridad que restrinja a su antojo la movilidad entre los dos países.
Adenda: con ocasión de la investigación de La Nueva Prensa sobre las empresas de seguridad privada –que reseñamos en columna pasada– leímos varios interrogantes que se referían a la cantidad inmensurable de información que el personal de seguridad privada obtiene, bien directamente o a través de medios tecnológicos, y que transmite en el curso ordinario de su operación. Nos sumamos a las preguntas, ¿hay alguien vigilando el monitoreo por medio de cámaras que recaudan video y audio en el espacio público? ¿Existe algún control sobre la transmisión de dicha información a “centrales de monitoreo”? ¿Qué tan cierto es que las empresas de seguridad privada “comparten” los datos recaudados con autoridades públicas? ¿Cuán avanzadas están las tecnologías de vigilancia en Colombia y sabe el Estado quiénes están adquiriéndolas?
Adenda dos: ya que andamos de preguntones, ¿reconocen las autoridades nacionales el alcance, gravedad y capacidad lesiva de las criptomonedas? No es sino mirar hacia el sur para darse cuenta de que el tema no es menor y puede afectar mucho y a muchos en cuestión de segundos. Confiamos en que los ciudadanos sabrán advertir el riesgo de la desregulación que aboga, desde temprano en la carrera a la presidencia de la República, una candidata experiodista de ingrata recordación.
Hasta la próxima semana.
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Esta columna fue publicada originalmente en SoNoticias y es compartida con la comunidad de La Conversa de Fin de Semana, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño.