LA
CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA EN COLOMBIA
Por: Omar Orlando Tovar Troches – ottroz69@gmail.com –
Entre el 22 y el 26 de
Noviembre recién pasado, los pueblos indígenas del Cauca emprendieron rumbo a
la capital de Colombia, para encontrarse con otros pueblos indígenas del País ,
además de otros sectores sociales, con el fin de llevar a cabo la “MINGA SOCIAL
EN CONTRA DE LA CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA SOCIAL Y EL RESPETO POR LA
JURISDICCION ESPECIAL INDIGENA”, de igual manera se acompañó la jornada mundial
de; LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
La realización de esta
jornada tuvo como objetivo llamar la atención del pueblo colombiano, sobre el
abuso de poder del Estado colombiano sobre las organizaciones sociales que han
ejercido y aún pretenden ejercer el constitucional derecho a no estar de
acuerdo con la manera como se manejan las políticas económicas y sociales en
nuestra Matria, además de exigir a los representantes de las tres ramas del
poder público; el puntual cumplimiento de las leyes que Ellos emanan,
administran y aplican, así de sencillo y así de complicado.
A pesar que en la
Constitución de 1991, se proclama un
Estado Social y de Derecho, que
este contrato social garantizaba que se habían abandonado los famosos Estados
de Sitio, las políticas de Seguridad Nacional, no obstante haber sido
sustituidas por la Seguridad Democrática y que; ahora sí, nuestro Estado sería
garantista de todos los derechos humanos; pareciera ser que durante estos dos
últimos gobiernos, nuevamente afloraron, con fuerza y de manera grosera;
prácticas tales como la eufemística “judicialización”
de la protesta social.
Son cientos los PRESOS
POLITICOS en Colombia y me refiero a los verdaderos líderes sociales y no a los
que la ultraderecha camufla hábilmente, bajo esta misma figura (presos políticos)
y que no pasan de ser vulgares ladrones y auspiciadores del desplazamiento y
las masacres. A los verdaderos luchadores de la democracia, se les encarcela
apelando a las mil y una maniobras del leguleyismo más rampante de algunos
operadores judiciales que maquinan en contubernio con las Fuerzas Oscuras de
las que hablara el actual presidente, en plena campaña electoral.
El Gobierno de Santos
persiste en seguir con su falta de
coherencia entre lo que establece la Constitución y su justa aplicación,
persiste en continuar en su contradicción interna, ya que está preso entre la
aplicación justa de la ley y los intereses de algunos sectores económicos y
políticos, anteriormente llamados por Juan Manuel, como “fuerzas Oscuras” y
ahora como “Aliados en el posconflicto”.
La condena proferida por El
Tribunal Superior Del Cauca, en contra la reconocida figura nacional; Feliciano
Valencia, ha sido el broche de oro, el moño que engalana el adefesio de la
contradicción del gobierno nacional, mientras muestra toda su disposición por
generar confianzas en la mesa de negociación con la insurgencia, por el otro
lado continua avanzando con la
sistemática criminalización de la protesta social en Colombia, y peor aún,
cuando la aplica en contra de los sectores que en el reciente pasado, brindaron
su apoyo al empeño por la paz, se cumple la sabiduría popular: “Así paga el
diablo a quien bien le sirve”.
Por lo que se percibe; el
camino del posconflicto estará lleno de infinidad de conflictos sociales aún no
resueltos al momento de escribir estas líneas, se esperaría, aunque con cierta
dosis de ingenuidad, que el actual gobierno salga de sus contradicciones para posibilitar
el camino del dialogo entre el gobierno y
toda la sociedad civil, pero, por lo que se vé y se oye, este gobierno
de locomotoras, ni quiere y mucho menos puede, allanar el camino de la paz; luego
de la Habana.
