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| Imagen tomada del portal de DeJusticia |
Un millón de voces, si se articulan, no pueden seguir contentándose con solo tres escaños. La deuda no es solo con los pueblos indígenas, sino con la calidad misma de nuestra democracia
La Constitución de 1991 reconoció el carácter pluriétnico y multicultural de la Nación colombiana. En tal sentido, un pilar fundamental de ese reconocimiento fue la creación de circunscripciones electorales especiales, un mecanismo de acción afirmativa que permitió, por primera vez, que voces indígenas llegaran al Congreso de la República con sus propias banderas. Sin embargo, más de treinta años después, es imperativo señalar que este instrumento de inclusión étnica ha quedado estructuralmente obsoleto y es insuficiente para representar la realidad demográfica y política de los pueblos originarios colombianos.
El núcleo del problema es aritmético y demográfico, puesto
que, mientras la población indígena en Colombia supera, según estimaciones
conservadoras, los dos millones de personas (con un
crecimiento más dinámico que el promedio nacional), su representación en el
Capitolio Nacional se ha mantenido estática y minúscula: solamente Tres
Curules (dos en el Senado, una en la Cámara). Esto significa que,
demográficamente, cerca del 4% de la población nacional lucha por una
representación que no llega ni al 1% de las sillas del legislativo.
Sumada a esta realidad demográfica-electoral, se tiene que la
proyección del DANE y el subregistro reconocido por las organizaciones
indígenas pintan una realidad en la que el potencial electoral indígena
ronda el millón de votantes, un contingente que, de estar
unificado, sería decisivo en cualquier contienda. No obstante, el actual sistema
electoral colombiano los confina a disputarse migajas de representación.
Esta distorsión se traduce en vulnerabilidad política y
manipulación ya que, por ejemplo, la misma arquitectura del sistema incentiva
la fragmentación, tal y como puede advertirse para las elecciones de 2026,
donde 14 organizaciones diferentes avalan listas para apenas
tres curules, la dispersión es enorme: 24 candidatos para 2 senadores, 22 para
un solo representante a la Cámara. En este orden de ideas, esta multiplicación
de esfuerzos, lejos de reflejar una riqueza plural, diluye la fuerza electoral,
debilita los programas unitarios y expone a las comunidades a las maquinarias
políticas tradicionales. La pugna electoral entre AICO, MAIS, el CRIC, el
Pueblo Zenú y otros, aunque legítima, termina jugando en favor de quienes ven
en la división indígena una oportunidad para el clientelismo, el
"trasteo" de votos y la cooptación de líderes. [1]
A esta fragilidad política se suma una desidia
administrativa crónica, en la que la Registraduría Nacional, responsable
de garantizar el derecho al voto, ha esgrimido históricamente el orden
público como justificación para una presencia débil y una logística
precaria en los territorios indígenas. Esta excusa se desmorona ante el hecho
irrefutable de que son las guardias y autoridades indígenas quienes,
con mayor frecuencia y eficacia, garantizan la seguridad y transparencia en sus
propios territorios durante los comicios. La cifra oficial de la misma
Registraduría de 974,563 votantes habilitados en circunscripciones
especiales no es solo un número; es un síntoma de un Estado que no ha hecho lo
suficiente para documentar, incluir y facilitar el ejercicio político de una
parte vital de su ciudadanía. [2]
Esta falla del Estado y la sociedad colombiana ha sido
advertida por la Corte Constitucional, al señalar, reiteradamente, el
"Estado de Cosas Inconstitucional" que afecta a los pueblos
indígenas. Parte de esa inconstitucionalidad radica, precisamente, en una
participación política limitada, desproporcionada y llena de obstáculos. Los
gobiernos posteriores a la entrada en vigor de la Constitución del año 1991 han
sido miopes ante el dinamismo poblacional indígena y han carecido de la
voluntad política para actualizar la representación.
Se requiere, por tanto, un gran acuerdo nacional, que tenga
claro que no se trata de un regalo, sino de un ajuste democrático pendiente que
posibilite el tránsito urgente y eficiente de dos caminos no excluyentes:
primero, una reforma política que revise y amplíe el número de curules
especiales con base en criterios demográficos reales y no en una
fotografía de 1991. Segundo, un esfuerzo mayúsculo y autónomo al interior
del pueblo indígena colombiano para construir una plataforma política unificada
y estratégica.
Un millón de voces, si se articulan, no pueden seguir
contentándose con solo tres escaños. La deuda no es solo con los pueblos
indígenas, sino con la calidad misma de nuestra democracia, que no podrá
llamarse plena mientras su representación en el Congreso siga siendo simbólica
y no sustantiva. El avance normativo fue solo el primer paso; ahora toca la
justicia electoral, pero, sobre todo; la unidad política del pueblo indígena
colombiano.
[1] Ver
información detallada en: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11thNGn7jtxKYiTQ8kAiU2dK9PlyR2Gbe/edit?usp=sharing&ouid=111874168460248519252&rtpof=true&sd=true y https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R4DjnEGwFipBMkJylJP-Lh_5wl1VPLSU/edit?usp=sharing&ouid=111874168460248519252&rtpof=true&sd=true
