Poder, silencio e impunidad en el Quindío *

Paisaje del Quindío. Tomado del portal Gobierno del Quindío

Por: Jhon Jaiver Flórez G.

Bajo distintas banderas de partidos tradicionales se articulan redes familiares que ejercen tutela sobre alcaldías, concejos, gobernación y asamblea, como si el voto fuera herencia y la administración pública, patrimonio privado.

 

Este 8 de marzo habrá elecciones para el Congreso. Otra vez. La democracia colombiana, incansable en su vocación ceremonial, nos convoca a una nueva fiesta cívica donde el menú ya está definido, los invitados principales repiten traje y el pueblo aporta la vajilla, el aplauso y —como siempre— la paciencia.

En el Quindío —ese corazón geográfico que late en la mitad del mapa y se promociona con aroma a café recién molido— la jornada adquiere algo de liturgia dominical y de comedia de enredos representada hasta el cansancio. Porque el Quindío es, ante todo, una paradoja con paisaje. Paso estratégico entre el sur —incluido Buenaventura, principal puerto del país sobre el Pacífico— y el centro de Colombia, dotado de tierras fértiles y diversidad climática, debería ser potencia agroalimentaria y laboratorio de desarrollo regional.

El verbo “debería” se volvió el himno extraoficial del departamento: se entona cada cuatro años, con la mano en el pecho y el presupuesto en trámite. Armenia, su capital, no es solo la postal del Paisaje Cultural Cafetero, sino la evidencia de un estancamiento que ya no puede llamarse “coyuntural”. Calles congestionadas y deterioradas, arreglos precarios y semáforos inservibles revelan una movilidad colapsada y un deterioro social visible: proliferación de personas en situación de calle, desempleo persistente y rebusque diario. Carretas, ventas ambulantes y mendicidad ocupan el espacio público con vocación de permanencia. La pobreza dejó de ser cifra, para volverse atmósfera: no solo se mide, se respira.

En ese vacío institucional prosperan el microtráfico, la drogadicción, la explotación sexual y diversas formas de delincuencia, engranajes de una economía paralela que florece donde el Estado —capturado por redes clientelares corruptas— no gobierna, sino que administra ausencias con sello y membrete.

Las vías terciarias del departamento —esas arterias prometidas para conectar al campesino con el mercado— lucen impecables en el papel, casi europeas: figuran como intervenidas, financiadas y ejecutadas en informes oficiales acompañados de actas, rendiciones de cuentas y soportes presupuestales. Sin embargo, en el terreno apenas subsisten arreglos fragmentarios, maquillajes por tramos suficientes para la fotografía inaugural, el corte de cinta y la legalización del gasto. Cuando alguna carretera se conserva en condiciones óptimas, suele coincidir —con llamativa precisión geográfica— con la ruta que conduce a la finca de algún dirigente político o aliado. El resto se diluye entre una trazabilidad impecable en hojas de cálculo y una precariedad evidente en el barro. El asfalto, como la esperanza, se distribuye por cuotas: un parche en temporada electoral, polvo en verano y lodazal con las lluvias. Más que descuido, parece un patrón deliberado de administración de la precariedad.

Cada ciclo electoral trae su procesión de contratistas —muchos atrapados en la urgencia de subsistir— convertidos en promotores circunstanciales de candidatos: chalecos estampados, altavoces que saturan el aire y volantes que terminan rodando por las calles como hojarasca cívica. La contaminación no es solo auditiva y visual; también es discursiva. Con solemnidad reciclada se promete, otra vez, que ahora sí. La liturgia se ejecuta con precisión mecánica —discurso difuso, aplauso estratégico, selfie obligada— como si el libreto estuviera blindado contra cualquier rendición de cuentas.

Pero el problema no es únicamente económico; es estructural. En el Quindío —como en el país— la corrupción dejó de escandalizar para integrarse al paisaje moral. Al corrupto no siempre se le condena: se le admira como “un duro” o “un avispado”. Se le absuelve con una ética transaccional: “si robó, pero hizo”; “si saqueó el erario, pero pavimentó la cuadra”; “si se enriqueció, pero da empleo temporal”. La pregunta dejó de ser cuánto se pierde colectivamente para convertirse en cuánto alcanza a tocarle a cada quien.

En este teatro nauseabundo, los clanes políticos —o mejor, politiqueros— son protagonistas. Simulan antagonismo, pero comparten métodos y lógicas. Se disputan espacios de poder, no precisamente por ideas programáticas. Bajo distintas banderas de partidos tradicionales se articulan redes familiares que ejercen tutela sobre alcaldías, concejos, gobernación y asamblea, como si el voto fuera herencia y la administración pública, patrimonio privado. La ideología funciona como utilería; lo sustantivo es la sucesión.

A ello se suman señalamientos de extrema gravedad que, aunque rara vez se formulan de manera abierta, proyectan una sombra persistente sobre la vida pública del departamento: durante más de una década se han registrado episodios violentos —asesinatos— que comparten coincidencias inquietantes y cuyo esclarecimiento integral aún está pendiente. Las investigaciones, cuando avanzan, lo hacen de forma parcial y fragmentada, sin disipar la percepción de que la verdad permanece oculta mientras la impunidad parece normalizarse.

En este contexto, el departamento continúa atrapado en estructuras clientelares que erosionan la confianza ciudadana, lo que hace indispensable la intervención decidida de las más altas instancias de la justicia nacional para garantizar la verdad y restablecer la autoridad moral del Estado.

La Alcaldía y la Gobernación terminan funcionando como engranajes de una misma maquinaria atravesada por la improvisación, la hipertrofia burocrática, el clientelismo y la corrupción. Más que instituciones orientadas por proyectos de largo plazo, operan como plataformas de lealtades cruzadas. Hay concejales que se declaran opositores en el ámbito municipal mientras sellan alianzas en la Gobernación; diputados que ejercen crítica severa en el departamento, pero mantienen cercanía estratégica con la Alcaldía: oposición aquí y cohonestación allá. No se trata de un debate ideológico, sino de una aritmética de conveniencias. En ese juego, el control político se desdibuja y la frontera entre fiscalización legítima y complicidad interesada se vuelve peligrosamente tenue. La alternancia, entonces, es apenas un cambio de apellido en la puerta.

Durante décadas, el departamento ha transitado un letargo que ya no puede atribuirse solo al centralismo bogotano, sino a la captura sistemática de lo público por intereses privados. La academia lo llama patrimonialismo; el ciudadano lo resume mejor: los mismos con las mismas. El campo quindiano, que podría ser despensa nacional, sobrevive entre infraestructura deficiente y crédito escaso. Se apuesta al turismo —porque el paisaje vende—, pero ningún territorio se sostiene únicamente de postales, cafés especiales y fines de semana largos. La economía del aplauso no reemplaza la producción diversificada y sostenible.

Armenia compite en rankings menos turísticos: indigencia persistente, informalidad como forma de supervivencia, juventudes atrapadas entre desempleo y dinero ilegal. Y, sin embargo, en cada campaña reaparece el render del megaproyecto y la promesa de despegue inminente. El progreso siempre parece estar a una elección de distancia.

Este 8 de marzo no es solo una fecha electoral; es un espejo. La pregunta no es únicamente quién ocupará una curul, sino qué ciudadanía seguirá legitimando —con su voto, su abstención o su indiferencia— un modelo eficaz para perpetuarse e insuficiente para transformar. Los clanes no se reproducen solos: necesitan una cultura política que confunda estabilidad con estancamiento y corrupción con fatalidad.

El Quindío, con su riqueza natural y su ubicación estratégica, podría ser ejemplo. Ha sido administrado, en cambio, como finca con escritura privada: un corazón geográfico con arritmia ética.

Este domingo se abrirán las urnas, se contarán los votos y se celebrará la democracia con cifras oficiales y declaraciones optimistas. Al día siguiente, el paisaje seguirá siendo hermoso, las montañas continuarán verdes y el letargo —disciplinado, resiliente, casi profesional— aguardará, paciente, su próxima reelección.

*La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

Y llegaron las elecciones, casi nada de propuestas y mucha corrupción *

Hernán Riaño / Periodista - Dir. SoNoticias

 Por: Hernán Riaño

Alcaldes, gobernadores y candidatos de la derecha han sido denunciados por el uso indebido de los auxilios que está dando el gobierno nacional para decir que son ellos quienes los dan y conquistar así a los electores.

La jornada electoral de 2.026 se inició en 2.025 con la consulta del Pacto Histórico en el que eligieron a Iván Cepeda como candidato a la presidencia y a Carolina Corcho como cabeza de lista al senado de la república. El tercero en discordia, Daniel quintero, renunció a esa competencia, anunciando que era una trampa del CNE, como en realidad sucedió y que participaría en la interpartidista del próximo 8 de marzo (1). 

Después de esa campaña, los seleccionados por el voto popular a las listas de congreso se sumieron en una modorra, en una resaca postelectoral en la que todos, pareciera, se hubieran ganado el cielo y que iban a ser, muy seguramente, según ellos, senadores o representantes solo con el capital electoral de nuestro señor presidente Gustavo Petro. Valga aclarar que es tan grande la popularidad de nuestro mandatario que según las últimas encuestas y después de tres años y medio de gobierno, con todas las trabas y trampas puestas por la derecha, supera el 50% de favorabilidad, y eso que las firmas encuestadoras no van a preguntarle a los campesinos, indígenas y negros directamente a sus regiones; de hacerlo, la sorpresa sería mayúscula.

Ellos volvieron a “trabajar” el 12 de enero, habiéndose perdido un tiempo precioso, que sí aprovechó la derecha para hacer sus trampas acostumbradas y tratar de bloquear las candidaturas de Iván Cepeda a la presidencia y las listas al senado y a la cámara. Algunos de esos obstáculos los pudo superar el partido, pero en otros casos aún a muy pocos días de realizarse las elecciones, la espada de Damocles pende sobre la lista al senado (aún no pude encontrar decisión definitiva) y por observaciones de personas estudiosas y acuciosas, se podría estar cocinado un impedimento a Cepeda para que fuera el candidato del Pacto histórico. Siguen “craneando” formas ilegales de sacar del camino al partido mayoritario de Colombia.

Entremos directo a lo que ha sido la campaña en sí. Por el lado del progresismo hay dos sectores, el del Pacto Histórico y el del Frente por la Vida. El primero tiene listas cerradas cremallera y el segundo, abierta preferente. Infortunadamente en Colombia, los sectores que se dicen cercanos al pueblo no han entendido lo de la lista cerrada cremallera. El fundamento de tener una lista de este tipo, además de lograr el máximo de curules posibles, es que tanto los candidatos como los votantes entiendan que lo importante no son tanto las personas como sí, el programa del partido, que en este caso es el programa de Gustavo Petro, como base. Las condiciones especiales de estos comicios han hecho que esos candidatos no hayan hecho campaña difundiendo y haciendo conocer el programa de gobierno y ni siquiera se hayan mostrado ante el electorado colombiano. Además, las luchas intestinas por querer ser el más popular o quedar en el mejor puesto estuvieron a la orden del día. En el sector del frente por la vida, cada candidato está haciendo su campaña, muchos sin experiencia por ser la primera vez que abordan estas luchas, pero haciendo propuestas de seguir implementado el programa del primer gobierno de izquierda. En ambos sectores, la falta de capital para la financiación de sus campañas ha sido evidente, contrastando con los miles de millones que ha gastado la ultraderecha.

Como es costumbre centenaria, las derechas de este país, hacían sus quehaceres electorales con mentiras, calumnias, falsedades y otras malas artes, también han usado la corrupción al elector, como la compra de votos, el clientelismo o las promesas que no cumplen. Ese ha sido su modus operandi y hasta las elecciones regionales les dio resultado, de hecho, los alcaldes de casi todas las ciudades de Colombia están gobernadas por personas que representan este nauseabundo sector político, así como la mayoría de los gobernadores. Como a estos ultraderechistas solo les interesa seguir depredando los recursos del Estado, no tienen propuestas, que hoy, gracias a lo que se ha conocido y al gobierno del cambio, el pueblo ya no les copia, solo algunos cómplices ignorantes aún son el soporte para llegar a las altas corporaciones. 

Están utilizando todas sus armas, con su mayor potencial, para tratar de llegar y de paso desacreditar a Gustavo Petro y a Iván Cepeda. Han desplegado una campaña de compra de votos como nunca antes se había visto, con unas cotizaciones del sufragio, que, según rumores e informaciones no oficiales, en algunos casos podría llegar al medio millón de pesos. Pero eso no es todo, lo más ruin es aprovecharse de las desgracias de los pobres para tratar de conseguir votos; es así como en los municipios donde el río Sinú afectó a los ciudadanos y la escasez se ha hecho latente, hacen proselitismo electoral con las ayudas estatales (2). O si no, se roban el agua de los hidrantes de los acueductos y se las llevan a los ciudadanos que carecen del líquido, también para exigirles el voto a cambio (3), pero lo más descarado es que están usando las políticas y auxilios que está dando el gobierno para decir que son ellos quienes las dan y conquistar así a los electores.  Alcaldes, gobernadores y candidatos de la ultraderecha han sido denunciados por el uso indebido de estas prácticas, hasta el señor presidente lo ha hecho. 

El “todo vale” parece ser la estrategia de estos personajes que tanto mal le han hecho al país y sus gentes, en esta contienda electoral para derrotar al progresismo y evitar que continúe el proyecto. En los últimos días las incautaciones de dinero para, supuestamente, usarlos en la compra de votos suman más de mil millones de pesos y esta cifra puede subir, ya que el día de las elecciones es cuando más se ve este fenómeno con muchos involucrados en todo el país. 

Han hecho un despliegue de mentiras y falacias en las que quieren imponer una narrativa de que todos los problemas del país nacieron con Petro, pero “prometen” que ellos los van a soluciona.  Tamaña mentira, llevan más de 200 años de espoliación del pueblo y ahora, estos descarados, quieren que el pueblo crea que la ultraderecha son un grupo de ángeles caídos del cielo que vienen a reparar los mismos problemas que causaron. 

La campaña de la oposición, tanto para consultas como para congreso se ha basado solo en hablar mal del presidente y del candidato Iván Cepeda, no pierden adjetivos denigrantes de todo tipo para referirse a ambos, al presidente que deja el cargo y al candidato que muy seguramente, según las encuestas y las manifestaciones, será el segundo presidente progresista de Colombia. Contra Cepeda están usando el mismo libreto que utilizaron en los años 2.018 y 2.022, calificándolo de guerrillero, castrochavista, candidato de la guerrilla comunista o socialista, demostrando una falta de creatividad, inteligencia y su verdadera estupidez. Mientras que las propuestas brillan por su ausencia, ¿alguien sabe que proponen realmente, aparte de apropiarse las realizaciones de Petro y copiar su programa, que han hecho? Valga decir que solo hablan de reivindicaciones sociales en época electoral, pero el verdadero propósito de estos personajes en querer recuperar el gobierno para seguir desangrándolo de todas las formas posibles. Su lenguaje en esta campaña es más compra de votos, más clientelismo, más amenazas, más atentados más violencia y ninguna propuesta en favor del pueblo. Muchos corruptos condenados o investigados están haciendo campaña para si o para sus protegidos sin ruborizarse, haciendo correrías, engañando parroquianos con el mismo discurso de siempre.

Aterra ver como los medios le ponen a su disposición los micrófonos para que digan todo tipo de sandeces que después esos mismos periodistas disfrazan como una verdad inobjetable, no importa que la realidad sea otra, solo quieren venderlos como lo que no son, como si fueran los salvadores del país. Es lo mismo que publicitar un producto como no dañino para la salud, pero que tiene componentes que afectan al ser humano de forma ostensible. Esos mal llamados medios de comunicación, que lo que les han hecho a los colombianos es sumirlos en una ignorancia y embrutecimiento tal, que han logrado el cometido de que los colombianos elijan a los causantes de sus males una y otra vez por varias décadas.

Los ciudadanos, este 8 de marzo, tienen en sus manos y conciencia el destino del país. Hay que salir a votar, lograr las mayorías absolutas en el congreso para que se puedan aprobar las reformas, citar a una constituyente, se pueda elegir buen fiscal, contralor, procurador y magistrados de las altas cortes, que se reforme la justicia que, en este momento, es la madre de todos nuestros males.

¡colombiano, usted tiene la palabra, de usted depende el futuro del país! 

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

https://caracol.com.co/2025/10/15/cne-y-la-registraduria-mataron-la-consulta-del-pacto-historico-por-eso-renuncio-daniel-quintero/ 

https://www.infobae.com/colombia/2026/02/10/petro-denuncia-uso-politico-de-ayudas-estatales-y-compra-de-votos-en-cordoba-eso-es-sinverguenzura-electoral/

https://www.facebook.com/GiroProgresista/posts/pol%C3%ADticos-usando-agua-potable-para-campa%C3%B1as-electorales-petro-ordena-investigaci/929559709595374/https://www.facebook.com/61566450327066/posts/atención-presidente-advierte-acciones-contra-uso-político-del-agua-en-aguachica-/122214470876548344/

https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2026-03-03/la-policia-captura-a-un-escolta-del-secretario-de-la-camara-con-145-millones-de-pesos-en-efectivo-y-propaganda-electoral.html

https://www.infobae.com/colombia/2026/03/04/quedo-en-libertad-el-escolta-del-secretario-general-de-la-camara-que-habia-sido-detenido-con-145-millones-y-publicidad-politica/

La exclusión de Iván Cepeda y la prueba ética del progresismo *

Por: Jhon Jaiver Flórez G.

El progresismo no debe olvidar que el poder no se ejerce únicamente desde el Ejecutivo; también se manifiesta en los reglamentos, en los órganos de control y en aquellas instancias que definen quién compite y bajo qué condiciones.

En esta república donde el árbitro pita y juega, el Consejo Nacional Electoral perfecciona jugaditas estratégicas: inclina la cancha sin despeinarse. Nada de escándalos, nada de portazos. Aquí la exclusión no se grita; se notifica. Con voto estrecho y tecnicismo pulcro, dejó por fuera de la consulta del 8 de marzo a Iván Cepeda. Un trámite. Un concepto. Una firma. Y listo.

El argumento fue minimalista —quien participó en una consulta no puede participar en otra—, fórmula aséptica que cabe en un párrafo y desplaza a un candidato que, según la más reciente encuesta de Invamer, marca 43% de intención de voto, lo que lo ubica a siete puntos de ganar la Presidencia en primera vuelta. La norma, aplicada como bisturí, no hizo ruido; hizo efecto. Cuando el procedimiento decide quién compite, deja de ser forma y se convierte en poder. Y cuando el poder se ejerce con guantes blancos, el expediente reemplaza al debate.

Por si la cirugía necesitara puntos de sutura, apareció la jugada complementaria: a días de la elección, el magistrado Álvaro Hernán Prada activó una maniobra contra la lista al Senado del Pacto Histórico y concedió 12 horas para responder en un proceso de revocatoria. Doce horas: la democracia medida en cronómetro. El reloj como doctrina jurídica. Nada espectacular; apenas la exactitud del calendario administrado.

El impacto no es anecdótico, es estructural. Sin Cepeda en la consulta, el progresismo queda ante el dilema clásico: fragmentarse con elegancia o improvisar unidad con premura. Sus competidores celebran la pulcritud del reglamento; sus bases mastican la sospecha. No es un accidente aislado: es una secuencia que condiciona la reorganización del bloque. No es un error administrativo; es arquitectura institucional con vocación de incidencia.

En el Frente por la Vida permanecen, entre otros, Roy Barreras y Daniel Quintero, con registros que apenas rozan el margen de error. Persistir en la consulta puede ser jurídicamente impecable; políticamente, resulta incómodo. Y aquí la crítica no admite maquillaje.

Roy Barreras no es un extraviado ideológico ni un recién llegado al progresismo: es un político tradicional con olfato afinado para sobrevivir. Su trayectoria multicolor —transitando partidos y gobiernos de distinto tono— habla menos de una épica doctrinaria que de una destreza adaptativa. No encarnó el giro progresista; lo leyó con precisión. Cuando el liderazgo de Gustavo Petro abrió una ventana histórica, Barreras entró con habilidad milimétrica y cumplió un papel clave en la consolidación parlamentaria del proyecto. No diseñó el cambio, pero entendió que el cambio cotizaba al alza.

Su gramática pertenece a una escuela anterior: oratoria solemne, retórica amplia, apelaciones de tono épico que privilegian el gesto sobre la ruptura. Más que desmantelar estructuras, administra equilibrios; más que incomodar al poder, negocia con él. Es el operador eficaz que domina los pasillos, los tiempos, las transacciones. Su discurso presume profundidad; rara vez se aventura en la crítica estructural que deja cicatriz.

En ese contexto, mantenerse en la consulta tras la exclusión de Cepeda no es un acto neutro. En política, los gestos pesan más que las aclaraciones. Cuando el órgano electoral altera el tablero y deja fuera al aspirante con mayor respaldo dentro del bloque, la reacción esperable de quien se asume parte del proyecto no es ocupar el vacío, sino cuestionar el mecanismo. Aprovechar la ventana no es ilegal; es revelador.

Barreras y Quintero se comportan más como competidores que olfatean una oportunidad que como miembros de una colectividad dispuestos a resguardar la cohesión interna. La diferencia no es retórica, es estratégica. La solidaridad política no es un gesto sentimental sino un cálculo racional orientado a preservar el proyecto común y su viabilidad en el tiempo. Persistir en una contienda debilitada, bajo reglas que amplios sectores perciben como alteradas, se interpreta menos como la defensa legítima de un derecho individual y más como una apuesta personal en terreno inestable, donde el riesgo no solo es propio sino colectivo.

Esa actitud tiene nombre: mezquindad política. Coloca la aspiración individual por encima de la viabilidad colectiva. En un país que intenta consolidar un proceso de cambio, insistir en candidaturas testimoniales no fortalece la democracia interna; fragmenta la fuerza externa. Y en primera vuelta, la fragmentación suele ser el atajo más corto hacia la restauración que se dice combatir.

Barreras no es anomalía; es síntoma sofisticado de una tradición que convirtió el Estado en espacio de transacción antes que de transformación. Su virtud ha sido el instinto; su límite, la falta de ruptura. Pero el clima cultural mutó: la ciudadanía pasó de aplaudir la elocuencia a exigir resultados verificables. En esa atmósfera, la retórica sin riesgo pierde brillo. La maniobra ya no deslumbra; se audita.

La irrupción de Petro no creó el desgaste de la vieja política, pero sí lo volvió visible. Frente a esa mutación, Barreras aparece como figura bisagra: imprescindible para la mecánica del poder, distante del impulso ético que reclama coherencia. Su capital ha sido la maniobra; su déficit, la definición. Y cuando la época exige claridad antes que destreza, la supervivencia deja de ser mérito suficiente.

Mientras tanto, la derecha —y en particular el Centro Democrático— entendió una lección que el progresismo no puede seguir subestimando: la política no se gana solo en plazas y redes; también se disputa en reglamentos, órganos de control y calendarios. El poder no se ejerce únicamente desde el Ejecutivo; se administra desde las instancias que deciden quién compite y bajo qué condiciones.

Las consultas interpartidistas nacieron para ordenar coaliciones en un sistema fragmentado. Pero cuando la norma opera de modo que desordena a un bloque y deja intacto al otro, el puente se convierte en peaje. Y el peaje, como todo peaje, selecciona quién pasa y quién espera. En ese escenario no basta la indignación digital: si el proyecto de cambio aspira a continuidad, necesita cohesión real. Excluir a Cepeda —con su trayectoria en la defensa de derechos humanos y su protagonismo en debates judiciales de alto calibre— no es un ajuste técnico; es un golpe a la posibilidad de competir articulados.

Petro anunció que no pedirá el tarjetón de la consulta. Cepeda llamó a sus votantes a hacer lo mismo. Es un gesto político para deslegitimar un procedimiento percibido como sesgado. Se podrá discutir la táctica; el síntoma es más profundo: cuando sectores amplios sienten que las reglas están inclinadas, la democracia no estalla; se encoge desde el reglamento.

Este tarjetón incompleto no se resolverá en un estrado ni en un trino. Se resolverá en una decisión colectiva. Si la exclusión se convierte en fractura, el bisturí habrá sido eficaz. Si se transforma en cohesión estratégica, el progresismo habrá demostrado que incluso cuando el árbitro juega para el otro equipo, el partido puede disputarse y ganarse.

La pregunta de fondo ya no es si la norma fue correctamente interpretada, sino si quienes aseguran encarnar el cambio están dispuestos a subordinar la ambición personal al proyecto colectivo. En política, como en el teatro, el protagonista puede aparecer después de levantado el telón; lo decisivo no es el momento de entrada, sino la coherencia del reparto. Pero si el elenco se fractura antes del acto final, no habrá ovación capaz de salvar la obra.

*La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

La mentira, patrimonio nacional de los periodistas *

En la imagen; Germán Navas Talero - Jurisconsulto y excongresista colombiano

Por: Germán Navas Talero

Editor: Francisco Cristancho R.

El periodista promedio en Colombia se sujeta a la línea editorial del medio en que trabaja, lo que le impide publicar libremente la información, debiendo adaptar o silenciar su contenido según las órdenes de sus patronos

Queda uno aterrado de todo lo que es capaz de inventar un periodista sin escrúpulos, especialmente en los grandes medios de comunicación colombianos. Estuve mirando los resultados de la investigación contra Nicolás Maduro, a quien los periodistas colombianos aún denominan dictador -cuando dictador sería el señor Donald Trump-, y resulta que encuentro que no hay una sola prueba en los Estados Unidos de que Maduro haya sido dictador o narco.

Todo eso fue un invento de la prensa gringa, acolitada por la de acá. Y cuando los colombianos se refieren al señor Maduro le dicen dizque dictador, ¿pero, cuál dictador? Me puse a mirar el récord y no tiene ningún proceso en contra. Estados Unidos no tiene nada contra él, y su abogado hace poco tuvo que salir a decir que realmente no existe nada, y que todo fue montado por los medios de comunicación al servicio del trumpismo.

Aquí en Colombia, cualquier currinche -como llamaban anteriormente a los periodistas malos o principiantes- dice cualquier cosa e inmediatamente la gente lo cree. Aquí los colombianos se tragaron el cuento -y se lo tragaron completito- de que Maduro es un dictador. Si hacen un análisis completo tendrían que reconocer que más dictadura fue la que tuvimos acá con el gran colombiano. Eso sí fue una dictadura que produjo más de 6.400 falsos positivos. Aquí mataron a un jurgo de gente durante ese gobierno, allá no.

A Nicolás Maduro se lo tiraron porque los gringos se lo querían tirar; porque Maduro no se les arrodilló, y como no se les arrodilló, se lo tiraron. Ya, en este momento, salieron a decir que no hay ninguna prueba de que Maduro haya sido un narcotraficante. No hay ninguna prueba de que haya cometido genocidio; no hay ninguna prueba de nada. Todo eso se lo inventaron los de allá, y los de aquí simplemente copiaron, porque el periodista colombiano es feliz copiando lo que el gringo diga. Si el gringo se inventa una palabreja, ahí tiene que haber algún colombiano listo a copiarla.

Yo recuerdo que antes se hablaba de versión: La versión que dio fulano de tal fue esta y esta, y así se empleaba; ahora, como los gringos improvisaron el término narrativa entonces ya no hablan de versión sino de narrativa. ¿Han visto cómo la usan hoy para todo? Porque el periodista colombiano tiene que copiar lo que el gringo haga, si no, no está bien dicho.

Algo similar les pasa con las personas de Rusia. ¿Se han fijado? Para los periodistas colombianos todos los rusos son malos. Y uno se pone a mirar a través de la historia y mucho más malos han sido los gringos. Y cuidado uno va a Rusia, porque si usted va a Rusia, peca; porque según estos bárbaros todos los rusos son ateos, y resulta que ellos son bien rezanderos. La mayoría son cristianos ortodoxos, respetan sus creencias, pero no son ateos, como dice acá nuestra ‘gran prensa’. Es cierto que el comunismo raizal es ateo, pero esa no es una imposición del Estado. Con razón prefieren a los gringos, esos sí que son rezanderos, ellos todo lo consultan con el párroco, con el cura, con su pastor, absolutamente todo, y es en la iglesia donde se maquinan toda clase de cosas. Los golpes de Estado se maquinan justo allí: en las iglesias de los Estados Unidos.

Antes de escribir, señores periodistas, documéntense, lean, no copien. La copialina se permitía en los colegios y en las universidades, pero la mayoría de ustedes ya está muy grandecito para que siga copiando todo. Y díganle a su editor en jefe que ustedes escriben lo que vieron, no lo que él quiere que ustedes vean. Porque eso es muchas veces lo que pasa: currinche o cuasi-periodista colombiano ve una información, pero no puede publicar lo que ha visto. Esa es la realidad. Si el jefe quiere que diga tal cosa, el periodista lo dice, o le da un ángulo distinto para que lo que se debía decir finalmente no se diga.

Así está el periodismo en este país. Quisieron desacreditar como fuese a Nicolás Maduro, y así lo hicieron. No lo bajaban de dictador, y ahora, cuando comienza a verse qué había en esa mazorca, resulta que no tenía granos, que era solo una tusa.

Yo les doy un consejo: no crean absolutamente nada de lo que publica nuestra ‘gran prensa’. Por principio, no crea nada de lo que dicen nuestros medios grandes. Todo es mentira. Todo es un cumplimiento de órdenes, o de los Estados Unidos o de la derecha. La realidad colombiana nunca se la mostrarán los medios porque son medios financiados por los dueños del capital.

Y para finalizar…

Todo indica que ahora la política la quieren hacer las bestias, porque antes uno entraba a la plenaria del congreso -ya fuese de Cámara o de Senado- y se preguntaba: “¿esto es un zoológico o una corporación de seres humanos?”; pero ahora sí que es peor, porque uno escucha en las calles: ¡Yo soy el tigre!, dice uno; ¡Yo sí soy el león!, dice el otro. ¡Y yo soy el perro!, dice uno más. Y el tal tigre creo que es uno que aspira a la presidencia…

Colombia debería entonces cambiarse el nombre por Animalandia, porque sus políticos son exactamente eso… ¡unos animales! 

Coletilla por Deisdre Constanza. Resulta preocupante que muchos periodistas y comunicadores, que por ignorancia sigan llamando “americanos” únicamente a los ciudadanos de Estado Unidos. No es un simple error de diccionario, es la evidencia de una formación deficiente y de una repetición de versiones impuestas. América no es un país, es un continente diverso y plural que va desde el sur de la Patagonia hasta el norte de Canadá. Sin embargo, se insiste en reducir su nombre a una sola nación, como si el resto fuéramos invisibles. El lenguaje no es inocente, este construye imaginarios, consolida poderes y normaliza jerarquías. Cuando un comunicador desconoce algo tan básico como la geografía política del continente, no solo desinforma, legitima una apropiación simbólica que invisibiliza a millones de latinoamericanos, centroamericanos y caribeños que también somos americanos. Llamar americanos exclusivamente a los ciudadanos de Estado Unidos no es precisión periodística, es concesión repetida que se convirtió en costumbre, a su vez en subordinación y sometimiento. Nombrar correctamente no es un capricho ideológico, es un acto mínimo de rigor y de dignidad continental. Y no podemos seguir sometidos a una potencia ni siquiera desde las palabras. La soberanía también empieza como nos identificamos y nombramos geopolíticamente.

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

El extraño mutismo de la MOE, la veeduría que ya poco ve

 

En la imagen: Alejandra Barrios - Misión de Observación Electoral de Colombia

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com- 

Frente a las suspicacias en el manejo de los E-14 la MOE guarda una posición anodina que no se compadece con su historial beligerante

Durante años, la Misión de Observación Electoral (MOE) se erigió como la conciencia crítica de la democracia colombiana. Desde el año 2007, en torno a los escándalos de la parapolítica, esta plataforma de organizaciones civiles como la Corporación Nuevo Arco Iris, Viva la Ciudadanía y Transparencia por Colombia construyó su prestigio sobre los escombros de un sistema electoral permeado por el fraude, la coerción armada y la financiación ilegal, con una presencia mediática casi siempre en tono de denuncia, que se convirtió en referencia obligada para entender las anomalías de las elecciones colombianas.

Luego de revisar el origen y las pasadas posiciones de la MOE resulta desconcertante el giro discursivo de su vocera y "perenne" directora, Alejandra Barrios Cabrera, quien, en declaraciones recientes, ha optado por exaltar la "probidad, excelencia y eficiencia" del sistema electoral colombiano, justo en momentos en que las dudas ciudadanas sobre la transparencia del proceso alcanzan niveles de termómetro político. ¿Qué explicación cabe para este repentino viraje? ¿Acaso la MOE ha decidido trocar su tradicional lente de aumento por unas gafas color de rosa?

La extrañeza crece cuando se contrasta esta posición con el origen mismo de una organización que surgió, precisamente, para combatir la opacidad de un sistema que, hoy por hoy, sigue presentando las mismas grietas estructurales de siempre, como los cuestionados formatos E-14, piezas clave del escrutinio, que siguen siendo motivo de queja, frente a los cuales, la MOE guarda una posición anodina, pasiva, que no se compadece con su historial beligerante.

Resulta particularmente llamativa la reacción de Barrios ante la exigencia del presidente Gustavo Petro a la Registraduría para que presente públicamente el software electoral a cargo de la firma Thomas Gregg and Sons. En lugar de respaldar la petición presidencial como un ejercicio legítimo de transparencia, la directora de la MOE optó por recriminar al mandatario, alineándose de facto con las posiciones de un registrador nacional cuyas orientaciones han sido ampliamente controversiales, reforzando las suspicacias y dejando en la opinión pública interrogantes como; ¿Desde cuándo exigir auditoría pública al software electoral es un acto de intromisión indebida? ¿No era esa, precisamente, la clase de batallas que la sociedad civil organizada debería aplaudir?

Pero el asunto no es solo de posiciones públicas. La inquietud de fondo apunta a la naturaleza misma de una organización que se presenta como "representante de la sociedad civil" sin someter a escrutinio público sus propios mecanismos de integración y designación. ¿Quién elige a los directivos de la MOE? ¿Cómo opera realmente ese Consejo Directivo conformado por un puñado de instituciones académicas y ONG? Resulta paradójico que una entidad dedicada a exigir transparencia electoral funcione bajo criterios tan cerrados, sin dar cuenta clara de sus procesos internos de toma de decisiones.

Tampoco ayuda a disipar las dudas el capítulo de la financiación. La MOE se sostiene fundamentalmente con recursos de cooperación internacional, destacándose entre sus principales donantes la agencia estadounidense USAID, que hoy enfrenta señalamientos, incluso desde el propio gobierno de Estados Unidos, sobre injerencia política en América Latina. No se trata, por supuesto, de satanizar la cooperación internacional, pero sí de preguntarse legítimamente hasta qué punto esa dependencia financiera puede llegar a modular las posiciones de una organización que alardea de independencia y rigor técnico. ¿Puede una entidad financiada por actores externos con agendas geopolíticas declaradas considerarse plenamente autónoma?

La inquietud se extiende en el campo nacional. Fuentes consultadas de regiones como el Cauca han denunciado la renuencia de la MOE a acompañar procesos electorales en territorios en donde las sombras del fraude han sido históricas. Precisamente en aquellos espacios puntuales donde más se necesita una veeduría rigurosa, la organización brilla por su ausencia. ¿A qué obedece esta selectividad geográfica? ¿Por qué desertar precisamente de los escenarios más complejos?

El contraste no podría ser más evidente: una MOE nacida para denunciar las artimañas del establecimiento electoral se ha convertido, con el paso de los años, en una defensora acérrima de dicho establecimiento. Sus posiciones recientes no solo distan diametralmente de la rigurosidad que pregona, sino que alimentan la sospecha de que la independencia puede ser, en el fondo, un lujo que no todos los financiadores están dispuestos a tolerar.

Mientras tanto, los colombianos seguimos esperando que alguien, con la autoridad moral que da la coherencia, vuelva a poner el dedo en la llaga de un sistema electoral que sigue produciendo más dudas que certezas. La pregunta incómoda queda flotando: ¿a quién le habla realmente hoy la Misión de Observación Electoral? Porque a la sociedad civil, francamente, hace rato que dejó de representarla.

El país que sabe votar, pero no auditar *

 

Por: Jhon Jaiver Flórez G. 

Ninguna democracia sobrevive cuando sus accionistas renuncian a escrutar a quienes administran su destino.

Cada cuatro años, Colombia convoca a sus ciudadanos como si celebrara una asamblea general de accionistas. La puntualidad es impecable, la logística envidiable y la escenografía digna de auditoría internacional. Se instalan mesas que parecen estaciones contables, se acreditan jurados con aire de notarios y se activa la liturgia democrática: la tinta indeleble oficia como sacramento laico, los formularios se diligencian con devoción técnica y los boletines oficiales descienden entrada la noche con cifras precisas y tono aséptico. No hay tanques en las plazas ni interrupciones abruptas del orden constitucional. Hay filas disciplinadas, selfies patrióticas, cámaras vigilantes, declaraciones prudentes y una consigna que repetimos con orgullo casi ceremonial: Colombia vota. Colombia, invariablemente, vota. Y todo indica —al menos en la superficie— que el procedimiento funciona.

Y es verdad. Vota desde el siglo XIX, aunque no siempre hayan votado todos ni en igualdad de condiciones. Primero fueron los propietarios ilustrados; luego los partidos excluyentes; después la arquitectura jerárquica de 1886 consolidó un sistema que confundía estabilidad con concentración. El Frente Nacional perfeccionó la aritmética: alternancia pactada para conjurar la violencia, competencia dosificada para evitar sobresaltos. La guerra disminuyó en intensidad institucional, pero el pluralismo quedó cuidadosamente administrado. Más tarde, la Constitución de 1991 prometió una refundación ética y jurídica: derechos fundamentales robustos, tutela expedita, participación ciudadana, pluralismo político. El texto fue ambicioso; la estructura del poder, paciente. Se modernizó la fachada sin desmontar del todo la maquinaria clientelar que aprendió a sobrevivir a cada reforma como si fuera parte del mobiliario institucional.

Si adoptamos la definición mínima de democracia —elecciones periódicas, competencia formal y resultados reconocidos— el país aprueba. Ha habido alternancia; incluso rupturas simbólicas que décadas atrás parecían improbables. Las actas cuadran, las instituciones no colapsan y la transición se realiza con una serenidad que tranquiliza a observadores extranjeros. Pero la democracia no es solo un método para contar votos; es un sistema para producir consecuencias justas. Y ahí comienza la incomodidad.

Porque esta empresa colectiva llamada Estado colombiano encierra una paradoja persistente: sus accionistas —los ciudadanos— acuden disciplinadamente a la asamblea electoral, pero rara vez revisan con rigor los balances antes de elegir a quienes administrarán el patrimonio común. Se dejan seducir por el carisma del aspirante, por la retórica muchas veces lenguaraz, por el eslogan que promete dividendos morales inmediatos o por el jingle que reduce problemas estructurales a consignas fáciles de corear. Desde lejos, el engranaje luce ordenado; de cerca, la contabilidad revela pasivos heredados, intereses cruzados y utilidades distribuidas con criterios selectivos.

Si el Estado fuera una gran sociedad anónima, cada voto sería una acción depositada para decidir quién gestionará activos gigantescos: presupuesto público, recursos naturales, infraestructura, políticas sociales, justicia. Cada cuatro años se convoca esa asamblea, se instalan mesas, se activan sistemas de conteo y el acta siempre coincide. La Empresa exhibe estabilidad formal. Lo que no siempre exhibe es la misma transparencia en la gestión que presume en su ritual democrático.

La libertad del voto no florece en el vacío; se forja en un ecosistema de presiones visibles e invisibles. Generalmente en los territorios, sufragar no es solo un acto de conciencia sino un cálculo de supervivencia. La coacción rara vez aparece con uniforme o fusil; suele adoptar la forma de un contrato precario, de un subsidio condicionado, de una recomendación que recuerda favores pendientes o, más crudamente, de la necesidad elemental de comer envuelta en promesas que casi siempre caducan al día siguiente. La compra de votos no es una anécdota pintoresca; es una microeconomía electoral que funciona con la lógica del mercado: hay oferta, hay demanda y un precio ajustado a la urgencia. En contextos de precariedad, la dignidad compite con la necesidad. Y la necesidad, con demasiada frecuencia, gana.

A este escenario se suma la desinformación estratégica: relatos fabricados, cifras descontextualizadas, temores amplificados y adversarios convertidos en caricaturas útiles. Los medios y, con mayor intensidad, las redes sociales no solo informan; segmentan emociones, administran indignaciones a la medida y convierten la política en espectáculo permanente. Cada ciudadano termina habitando una versión distinta del país, diseñada por algoritmos que confirman prejuicios y refuerzan lealtades. Mientras discutimos en burbujas digitales, las decisiones estructurales se negocian en mesas discretas. El ruido ocupa el espacio público; la estrategia se cocina en silencio.

Decimos que elegimos con libertad; con demasiada frecuencia, sin embargo, nos limitamos a refrendar acuerdos tejidos de antemano.

Lo más delicado no ocurre el día de la votación, sino después. Las tres ramas del poder han sido, en distintos momentos, permeadas por grupos políticos y económicos que entienden la institucionalidad como activo estratégico. No se trata solo de sobornos individuales o escándalos episódicos; se trata de captura estructural. El Legislativo responde a compromisos adquiridos en campaña; el Ejecutivo negocia gobernabilidad mediante cuotas burocráticas; el Judicial, llamado a ser contrapeso, no siempre escapa a influencias que erosionan su independencia. La ley no se deroga frontalmente: se interpreta con creatividad interesada. La Constitución no se suspende: se administra.

No hay dictadura con uniforme ni clausura de elecciones. Hay algo más sofisticado: una legalidad moldeada con filigrana precisa. Reglamentos técnicos que parecen neutros, pero inclinan la balanza; decisiones administrativas que consolidan redes; nombramientos que aseguran lealtades y blindajes. Es un autoritarismo elegante, una dictadura institucional que conserva la forma democrática mientras desgasta su sustancia.

En muchas regiones, además, el apellido pesa más que el programa. Los clanes políticos han convertido la permanencia en arte. No siempre hay delito comprobable; hay estructuras maliciosas eficientes. Redes de favores, contratos que lubrican fidelidades, empleo público distribuido con precisión quirúrgica. La democracia compite en el papel; el clan administra en la práctica. La alternancia se transforma en rotación dentro del mismo círculo ampliado. Cambian los rostros; se heredan las maquinarias.

Entretanto, el debate nacional se concentra casi obsesivamente en la figura presidencial, examinando al jefe del Estado como si fuera el único responsable —o culpable— del rumbo institucional. Se dramatiza la elección del presidente, mientras se relega a un segundo plano la incidencia cotidiana del Congreso y de las autoridades territoriales, donde realmente se diseña la arquitectura normativa, se modulan las normas, se archivan reformas incómodas y se distribuyen los recursos públicos. Así, la discusión pública magnifica el símbolo del liderazgo y minimiza los engranajes que determinan, en los hechos, la orientación del Estado. Es como si los accionistas disputaran con vehemencia quién pronunciará el discurso anual, pero desatendieran quién redacta las cláusulas y administra los contratos que rigen la organización.

Sería cómodo atribuir toda la responsabilidad a la dirigencia. Y es cierto que durante décadas muchos políticos han tratado al ciudadano como insumo electoral: imprescindible en campaña, ornamental en la posesión y prescindible en el ejercicio del poder. Pero la renuncia ciudadana tampoco es inocente. Si el Estado es una empresa que nos pertenece a todos, ¿qué clase de socio vota sin revisar antecedentes, sin examinar votaciones previas, sin exigir rendición de cuentas? ¿Qué accionista delega la administración de su patrimonio colectivo a gestores con historial dudoso y luego se sorprende ante los resultados?

En el ámbito empresarial eso se llama negligencia. En política, solemos llamarlo tradición, lealtad o resignación.

La abstención, persistente y estructural, no es simple apatía; es el sedimento de un escepticismo prolongado. Muchos ciudadanos están convencidos de que, gane quien gane, su cotidianidad poco variará. Sin embargo, cuando quienes podrían ejercer un voto crítico se ausentan, la decisión se adopta sin contrapeso. No votar puede parecer un gesto de protesta; también puede convertirse en el mecanismo que consolida aquello que se cuestiona. Se olvida que decisiones trascendentales como: las tarifas, las garantías laborales, el acceso a salud, vivienda digna, educación o servicios básicos dependen, en última instancia, de quienes ocupan el poder.

Colombia no es una dictadura abierta ni una democracia idílica. Es un sistema que ha perfeccionado el ritual electoral, pero que aún lucha por traducir esa competencia en justicia tangible. El procedimiento es sólido; la distribución del poder, menos equitativa. La alternancia existe; la transformación estructural se posterga. La democracia funciona como ceremonia impecable mientras la administración pública exhibe síntomas crónicos de captura y desigualdad.

La pregunta de fondo no es si el país vota. Vota. La pregunta es si ese voto se ejerce como acto de soberanía consciente o como trámite periódico. Si se asume como delegación responsable de poder o como descarga momentánea de frustración. Porque votar no es un favor concedido al candidato; es una decisión sobre presupuestos multimillonarios y políticas que determinarán acceso a salud, educación, empleo, vivienda y justicia. Es un acto de corresponsabilidad histórica.

Ningún Estado puede ser mejor que la exigencia de sus ciudadanos. Ninguna democracia sobrevive cuando sus accionistas renuncian a escrutar a quienes administran su destino. La corrupción persistente, la desigualdad obstinada y la captura institucional no son fatalidades metafísicas; son consecuencias de decisiones políticas y de omisiones ciudadanas.

Tal vez el desafío no sea perfeccionar el ritual —que ya funciona con precisión admirable— sino dotarlo de contenido real. Convertir la jornada electoral en algo más que una ceremonia ordenada. Entender que cada sufragio es una auditoría moral y un compromiso con el futuro común. Asumir que el Estado no es una abstracción manejada por otros, sino la empresa colectiva cuya gestión determina nuestra dignidad cotidiana.

Colombia sabe ir a las urnas. Lo ha demostrado durante décadas. Lo que está en disputa es si aprenderá, finalmente, a gobernarse con la misma seriedad con la que organiza su jornada electoral. El día en que el ciudadano actúe como propietario vigilante y no como espectador ocasional, la elección dejará de ser un ritual impecable y se convertirá en el ejercicio pleno de una soberanía que no solo cuenta votos, sino que exige cuentas.

*La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

Política y gobierno: el espejo roto del Cauca *

 

Por: Paula B. Romero

El Cauca necesita mujeres que no tengan miedo de ser oposición a lo establecido. Mujeres que entiendan que el progreso no es un favor que se negocia en las oficinas de los clanes políticos. 

Hay momentos en la historia de una región en los que la esperanza se convierte en un espejo que, al primer golpe de realidad, se estrella contra el piso. Para las mujeres del Cauca, y en especial para aquellas que hemos creído que otro modelo de gobierno es posible, el actual mandato del gobernador Octavio Guzmán ha terminado por confirmar una de las sospechas más dolorosas: que el poder en este departamento sigue teniendo nombre propio, apellido de clanes y un innegable sesgo patriarcal.

Cuando el nombre de Guzmán sonó con fuerza apadrinado por la vicepresidenta Francia Márquez, muchas pensamos que, por fin, alguien que venía rodeado por algunas figuras del movimiento social podría romper el cerco de la política tradicional. Se suponía que su llegada representaría la voz de los territorios olvidados, de esas veredas del norte del Cauca donde la ausencia del Estado se suple con mingas y resistencia. Sin embargo, el espejismo duró poco. El gobernador no tardó en sucumbir a la presión de los mismos sectores que por décadas han administrado la pobreza y la violencia como un negocio rentable.

Hoy, la evidencia es tozuda. Detrás de las escasas decisiones (o de la permanente falta de ellas) se asoma la larga sombra de Temístocles Ortega y su grupo, esos que, disfrazados de progresismo, han sido fichas clave de Cambio Radical en el occidente colombiano. Junto al representante Óscar Campo, han demostrado que, en el Cauca, las estructuras políticas no se rompen con alianzas electorales; se maquillan.

¿El resultado? Una gestión que ha postergado una vez más las aspiraciones de bienestar y paz de los caucanos. El ejemplo más indignante es la negativa a cumplir el compromiso con las comunidades indígenas para la incorporación formal de docentes al magisterio. El SEIP (Sistema Educativo Indígena Propio) sigue con un déficit de profesores que afecta directamente a los niños y niñas de los resguardos, a pesar de que el gobierno nacional ya había dado su aval. Pero, al parecer, los acuerdos con los pueblos ancestrales pesan menos que los compromisos burocráticos con los caciques políticos de turno y mucho más, cuando uno de ellos es el precandidato Roy Barreras.

Y qué decir del abandono de obras que son cuestión de vida o muerte. El hospital regional del norte del Cauca, una promesa que llevamos arrastrando como una cruz, sigue en el limbo. La ampliación de la vía de la calle 5.ª en Santander de Quilichao, un proyecto que debió aliviar el caos vehicular y dignificar el espacio público, se ha convertido en otro elefante blanco. En cada rincón del departamento, los programas sociales y las obras de infraestructura han quedado relegados al más puro ejercicio clientelar, esa vieja escuela de los exgobernadores que Guzmán prometió combatir y terminó abrazando.

Sin embargo, la frustración no es solo con él. Es, quizás con mayor profundidad, una decepción de género. Duele ver a Francia Márquez, una mujer que ha padecido en carne propia el racismo, la exclusión de una clase política patriarcal y los ataques de la ultraderecha, convertida en la principal escudera de una de las expresiones más nefastas de esa misma política en los últimos veinte años.

¿Cómo es posible que quien alzó la voz contra el olvido termine arropando a quienes han mantenido al Cauca en el atraso? La vicepresidenta, con su silencio o con su respaldo, ha tolerado que el gobierno departamental y algunas alcaldías siguieran siendo extensiones de las mismas prácticas que denunciaba. Su investidura, que para muchas de nosotras simbolizaba la posibilidad de un cambio profundo, se ha visto empañada por esta contradicción. Y en un territorio donde las mujeres han sido el pilar de la resistencia, ver a una de las nuestras avalar estas alianzas duele como una herida que no cierra.

Lo más preocupante, al mirar el horizonte, es la escasa figuración de lideresas que representen una verdadera alternativa para el Cauca. Salvo contadas excepciones en el sector social, el espectro progresista femenino parece diluirse entre la ambición personal y la comodidad de los cargos. Vemos exmandatarias que aspiran al Congreso avaladas y muy cómodas con la derecha, y a la propia vicepresidenta congraciándose con estructuras políticas que han saqueado la moral del departamento.

El Cauca necesita mujeres que no tengan miedo de ser oposición a lo establecido. Mujeres que entiendan que el progreso no es un favor que se negocia en las oficinas de los clanes políticos, sino un derecho que se defiende desde las calles, desde las aulas y desde los territorios. Mientras sigamos aplaudiendo a quienes se sientan en la misma mesa de quienes nos han excluido, el espejo del progreso seguirá roto.

La historia del Cauca no se escribe sola; la escriben quienes deciden quedarse en la comodidad del poder o quienes arriesgan todo por transformarlo. Hoy, por acción y por omisión, nos han vuelto a aplazar. La pregunta que queda flotando, con voz de mujer, es: ¿hasta cuándo?

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Frente amplio y derrota del sectarismo *

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Consuelo Ahumada - PhD en Ciencias Políticas con énfasis en estudios latinoamericanos

Por: Consuelo Ahumada

El resultado de las próximas elecciones al Congreso y de la consulta presidencial será determinante en la continuidad del proyecto progresista en Colombia

Empecemos por el contexto. El corolario Trump a la doctrina Monroe, anunciado en diciembre pasado, vuelve a poner el objetivo central en el control del continente. “América para los americanos”, sentenciaba la vieja doctrina. Es en estos territorios donde pretende recuperar la hegemonía global frente al avance de China.

Es un proceso basado en el poderío militar inalcanzable de Washington en el mundo entero, el complejo industrial militar, como lo llamó Eisenhower en su tiempo. Ahora es cada vez más determinante. La guerra y sus negocios. El desarrollo tecnológico al servicio de la muerte. Todo acompañado de un poder mediático impresionante.

Washington decide quiénes son los enemigos y dónde se hacen las guerras. Es el fascismo, en manos de la ultraderecha, liderada hoy por Trump. Ya no se invoca la democracia sino el petróleo y las tierras raras.

Esta tendencia dificulta todavía más la tarea del progresismo en el continente. No se trata de la famosa “teoría del péndulo” con la que académicos asépticos, despistados o de mala fe, insisten en la “alternancia” en el poder como legitimación de la democracia.

Con Trump ha habido un retroceso significativo de la izquierda en la región. Intensificó sus amenazas a toda la región Caribe, invadió a Venezuela y secuestró a su presidente y amenaza con acabar con Cuba.

Intervino en las elecciones de Ecuador, Chile, Argentina, Honduras, entre otras. Amenazó y llamó a votar por sus amigos. Además, legitimó el robo. No es una práctica nueva, pero ahora la despliega con renovados bríos.

En reciente informe, la Revista Raya denunció que la empresa colombiana del Grupo ASD propició el fraude en las presidenciales hondureñas. Es la misma empresa que desapareció 400.000 votos de la izquierda en las elecciones de congreso en Colombia en 2022. La misma que hará el conteo en las próximas elecciones. Una alerta adicional que no puede desatenderse. https://revistaraya.com/empresa-colombiana-senalada-de-fraude-en-honduras-sera-decisiva-en-las-elecciones-colombianas-en-2026.html

Pero hay mucho más para agregar. Desde su primer mandato, Trump se esforzó por organizar y consolidar la ultraderecha latinoamericana, comprometida a fondo con su proyecto imperial.

En el caso de Colombia, su abyección ha sido notoria. Los intentos de las viejas elites de impedir que el proyecto del Cambio continúe se han incrementado. Le apostaron al fracaso de la reunión entre Petro y Trump y pidieron la invasión del país.

Esta es la situación, a escasas tres semanas del inicio del proceso electoral. No son datos aislados, son tendencias, intereses, hechos reales, que no se pueden desconocer ni minimizar.

En el frente interno, ya no solo el Congreso sino las cortes redoblaron esfuerzos por sabotear al gobierno e impedir sus logros sociales, llevando a un verdadero bloqueo institucional. El lawfare en toda su expresión.

La oligarquía colombiana, los gremios económicos, los consorcios mediáticos están dispuestos a valerse de todos los recursos para recuperar el poder perdido.

En este marco, sobrevino la decisión arbitraria del Consejo Nacional Electoral de impedir la participación de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida en las elecciones del próximo 8 de marzo.   

Es una clara afrenta al Estado de derecho y al progresismo. Sin embargo, el sectarismo y la cacería de brujas desatados entre importantes sectores del Pacto Histórico frente a otras figuras a las que convirtieron en enemigos centrales es absolutamente peligroso para el proyecto del cambio, al menos por tres motivos.

Primero. La continuidad del progresismo requiere del mayor esfuerzo por unir a los más amplios sectores políticos y sociales del país, incluido el centro, con el fin de derrotar a la ultraderecha fascista. Tal fue la experiencia del triunfo electoral de Gustavo Petro.

No fue solo la izquierda. Se integraron amplios sectores independientes, liberales, conservadores y de otras toldas. Algunas de estas figuras fueron definitivas en el triunfo electoral, como Roy Barreras y Armando Benedetti, para mencionar solo algunos.

En medio de muchas dificultades, su apoyo permitió la aprobación de algunos de los proyectos del gobierno del cambio y, lo más importante, la ampliación de la base de apoyo al mismo.

De hecho, con todas estas alianzas y en medio de una situación política más favorable para el cambio que la actual, el triunfo de Petro no se definió en primera vuelta. Tampoco arrasó en segunda vuelta.

Por eso, no basta con soñar con el triunfo en primera vuelta y agitarlo como consigna. La política no se hace con buenos deseos ni mucho menos con la descalificación de aliados potenciales, como han hecho figuras reconocidas del Pacto, convertidos en nuevos catones frente a cualquiera que se acerque.

Segundo. El gobierno de Petro está a escasos seis meses de terminar. Ha tenido logros importantes y cuenta con apoyo popular significativo, pero no es suficiente. Tiene un desgaste explicable: debió enfrentar la mayor oposición y saboteo en la historia del país y sus reformas apenas arrancaron.  

Además, la situación de orden público frente al ambicioso proyecto de la Paz total es bastante complicada. Las disidencias de las Farc y el ELN decidieron tomar partido por los negocios ilícitos y desataron una guerra contra la población más pobre y vulnerable.

Tercero. Durante los últimos años las consultas en Colombia han sido un importante mecanismo aglutinador de las tendencias políticas. El triunfo de Petro arrancó con la consulta de la izquierda en el 2022.

Por eso, el saboteo y desconocimiento a la consulta del Frente por la vida, es un disparate. Tal como están planteadas las cosas, se producirá un triunfo de la consulta de la derecha y de la candidata del uribismo y eso será un golpe simbólico importante de la derecha.

Por todo lo anterior, es imprescindible vencer el sectarismo y aglutinar la mayoría de las fuerzas. Construir las mayorías, no imponerlas. Reducir el blanco de ataque. Miremos el ejemplo del desastre de la experiencia boliviana reciente.

Hay que examinar la experiencia del país y la región y proceder acorde. De lo contrario, habrá un riesgo real de perder en segunda vuelta.   

Si nos aislamos perdemos, dijo Petro en alguna ocasión. Ojalá hoy lo volviera a recordar y llamara al Pacto a liderar el proceso unitario.

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

Colombia, país de enfermos mentales *

 

En la imagen: Germán Navas Talero, jurisconsulto y excongresista

Por: Germán Navas Talero

Editor: Francisco Cristancho R.

Colombia es un país que tiene un gran problema de salud mental, porque si en este país se contempla votar por Uribe Vélez otra vez, es un país que tiene que estar enfermo

Algo divertido, y que parece una página cómica, es mirar los procesos que se adelantan en Estados Unidos contra servidores del dictador Donald Trump. Cuando uno oye a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi -ficha de bolsillo del presidente- responder que no tiene ni idea de dónde se encuentra la alcahueta de Epstein, es incomprensible, más cuando se supone que ella maneja toda la administración de justicia en ese país. Pero resulta que allá la justicia no es independiente, así nos digan mentiras. En un país donde el presidente de la República puede hacer cambiar un fiscal, puede hacer cambiar un juez, y cambia la ley como se le antoja, no es un país democrático. Lo más mentiroso en el mundo -después de Pinocho- es afirmar que los Estados Unidos es una democracia. Ellos fueron democracia hace mucho tiempo, pero ya no lo son.

Sobre este tema, me puse a escuchar algunas declaraciones por parte de unos funcionarios a raíz de la muerte de una ciudadana a manos de uno de los grupos paramilitares de Trump: los del ICE. Los cuales afirmaron que la mataron porque se presumía que podía agredirlos; porque no les gustó cómo los miraba. Esos del ICE son unos ‘genios’. Y la mataron, y nadie está en la cárcel. Y el payaso ese, el mal-pintado vicepresidente de la República, JD Vance, sostuvo que eso había sido “legítima defensa”. Eso afirmó ese individuo, ese analfabeto. Que era que los muchachos del ICE se estaban defendiendo, ¡Ah!

Y uno se pone a ver y resulta que el tal Vance es un analfabeto que llegó a donde llegó por pura chepa, por pura lagartería con Trump. Cuando uno mira a Vance y luego mira al Guasón -el enemigo de Batman-, ve que son igualitos: payasos mal-pintados. Fíjense ustedes, siempre se coloca en forma tal que gane en cámara y salga detrás de Trump, y siempre con la misma cara de Guasón. Siempre tratando de reírse, pero eso es una risa artificial, mentirosa.

Si hay un tipo en el cual no se puede confiar es en el tal Vance; pónganle cuidado a las barbaridades que dice, a los análisis que hace, y díganme si estoy equivocado. En lo que a mí respecta, a ese señor no le serviría ni de fiador de la tienda de la esquina. No me genera ni la menor confianza. Ese tipo lo único que espera es que se Trump se inhabilite, o a ver cómo lo saca del cargo para encaramarse ahí.

Hace unos días, conversando con algunos gringos sobre la carrera política del vicepresidente Vence, me decían que es un hombre que se ha hecho al lado de Trump con el fin de acolitarle todas las cosas oscuras que hace el presidente de la República; y con esa cara de idiota mal-pintada, con esa movedera de cabeza diciendo “sí” siempre a todo aquello que se le ocurre al señor Trump.

Pónganles cuidado a las declaraciones de ese pisco. Y lo grave del caso es que, si Trump es peligroso, este Vance lo es mucho más. Pobre de Estados Unidos si este tipo llegara a la presidencia de los Estados Unidos. ¡Pobres gringos! Pobres, porque ya tendrían el segundo peor presidente en la historia de ese país. Porque, sin duda, el primero es el señor Tramp-as, y si digo ‘trampas’, es porque cuando Trump se pronuncia en inglés, suena Tramp, o sea… ¡Trampas!

Ahora, que no me vayan a salir con que estoy calumniándolo u ofendiéndolo, ustedes son testigos de que ese señor fue condenado por 34 delitos, pero como es el presidente, no han hecho efectivas las sanciones. Y fuera de eso, cuando se posesionó como presidente, tenía varias investigaciones. Pero el colmo de la vagabundería es lo que acaban de descubrir: que el tal presidente de los Estados Unidos, aquel hombre honrado, tenía un negocio para contarle a un país de medio oriente algunos datos que necesitan sobre satélites, pero no lo hacía gratis; él le contaba todo eso a cambio de que le autorizaran una urbanización hotelera allá en ese país, que me parece que es Catar.

Entonces, yo les ofrezco información privilegiada que ustedes quieren, y ustedes me dan esa aprobación. ¿Que cómo se descubrió eso? Porque Ivanka, la hija de ese tipo, cuando hicieron un allanamiento en una de sus propiedades, soltó la lengua, y entregó los casetes que contenían las pruebas de que su padre, el señor presidente de la República, había negociado con un extranjero que les daba la información sobre secretos de estado a cambio de que ellos le permitirán montar otro negocio, de los que le gustan a él: urbanizaciones piratas, canchas de golf, etcétera, etcétera.

Miren con cuidado esto, para que, si ustedes piensan que la justicia en Colombia está mal, la de los gringos está peor. Y son tan cínicos estos gringos que ahora el señor Trump vendrá a Venezuela, a visitar a la señora Delcy Rodríguez, y seguramente a dar órdenes de cómo tiene que manejar ese pedazo de tierra que se llamaba Venezuela, y que ahora más parece Yanquilandia II; porque los gringos hacen lo que se les dé la gana con ese país. Ya secuestraron a Maduro y pusieron a esa señora.

Pero aquí los colombianos despotricaron de Maduro todo lo que quisieron. Pero resulta que, mirando y estudiando con cuidado las manifestaciones de apoyo a Maduro, han sido impresionantes, verdaderamente impresionantes. Pero ‘la gran prensa’ de acá, esos periodistas nuestros, como estaban en campaña contra Venezuela por supuestamente ser de izquierda. Esos ya no son periódicos, son cámaras de chismes. A mi casa llegaban suscripciones de revistas y periódicos hasta hace un tiempo, pero ya las suspendimos. Preferible que cada cual coja el celular y que mire a ver qué consulta, porque las investigaciones que hacen estos señores de los ‘grandes medios’ son la cosa más mentirosa del mundo.

Pero, eso sí, ellos se facultan para ser sensores de los medios de comunicación digitales, ellos afirman que esos medios son falsos y que todo lo que salga en internet es fake-news; y lo que ellos dicen sí es verdad. Ellos tienen la verdad revelada. ¡Dejen de leer esos pasquines! Tomen la información que quieran, y saquen sus propias conclusiones. Se supone que ustedes saben leer y escribir, ¿no?

Por nuestra parte, creo que Colombia es un país que tiene un gran problema de salud mental, porque si en este país se contempla votar por Uribe Vélez otra vez, es un país que tiene que estar enfermo. Mentalmente enfermo. Y si siguen votando por los políticos de la costa, tienen que estar enfermos. Los políticos de la costa son siempre los mismos; y en la costa, si usted no da propina, no le dan nada. En la costa no venden votos, los ferian. Por eso digo que estamos muy mal de la cabecita.

Coletilla por Deisdre Constanza. Resulta casi paradójico que el Consejo de Estado invite a reconsiderar el incremento del salario mínimo, como si el verdadero riesgo económico del país estuviera en los bolsillos de miles de trabajadores que a duras penas pueden cubrir un arriendo y un poco de mercado; donde comer carne, pollo o pescado se volvió un verdadero privilegio, escasamente toca comer pollo en su mínima expresión, o sea, ‘un huevito’. Tal vez el mensaje del Gobierno sea que el problema no es la desigualdad, sino que los de abajo aspiren a estar un poco mejor. Porque en este país, ajustar el salario mínimo se convierte en un debate técnico. Curiosamente cuando se trata de proteger utilidades del empresariado. Se nos dice que subir el salario genera desempleo, pero no se habla con la misma contundencia de los márgenes de ganancia, de los beneficios tributarios o de la concentración de la riqueza. El debate no debería centrarse únicamente en cifras macroeconómicas, sino también en la coherencia institucional y el principio de equidad. La legitimidad de las decisiones públicas no solo depende de su legalidad, sino de la percepción de justicia que se genera. si de verdad se quiere hablar de “reconsideración” que se empiece por quienes tienen margen para ceder, no para quienes apenas tienen margen para vivir.

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

Democracia o simulacro: la cita decisiva del 8 de marzo *

 

Por: Jhon Flórez

Intento de elites colombianas de sacar a Cepeda y al Pacto Histórico del camino fue un error de cálculo que terminará empujando a ciudadanía a respaldar campaña del Pacto y su candidato presidencial

En Colombia, desafiar al poder no es una extravagancia intelectual ni un exceso retórico: es, muchas veces, una condena anticipada. Gustavo Petro lo aprendió desde joven y lo ha pagado con una carrera marcada por amenazas, procesos políticos y una campaña sostenida para deslegitimarlo. Su supuesto “pecado” no es simplemente “gobernar mal” —esa acusación se fue construyendo después, alimentada por columnas, encuestas y operaciones mediáticas—: su verdadero agravio fue atreverse a levantar la alfombra. Y bajo ella no halló sólo polvo, sino un entramado histórico de prácticas que, naturalizadas, configuran el funcionamiento real del Estado: corrupción sistemática, nexos con el narcotráfico, parapolítica que permeó instituciones, élites económicas con ética instrumental y una clase política experta en administrar impunidad simbólica. Petro no creo ese inventario: lo leyó en voz alta. Y en Colombia, nombrar lo prohibido suele ser una transgresión que no se perdona.

De esa transgresión brota un odio que no se explica sólo por el disenso democrático. Es un rechazo visceral de quien se siente desnudo ante el espejo. La historia registra que Petro fue señalado como enemigo mucho antes de ocupar la Casa de Nariño. Hay testimonios y hechos que dan cuenta de amenazas que trascendieron el rumor, y la manera en que la violencia política se ha presentado como método en nuestro pasado reciente hace que determinadas confesiones políticas tengan consecuencias fatales. Cuando supo que su vida estaba en riesgo, Petro tomó una decisión inesperada dentro de la lógica del miedo: no se escondió. Fue al campamento paramilitar, no a negociar su silencio sino a encararlo, armado únicamente de argumentos políticos y de la convicción de que la palabra puede enfrentar al fusil. Ese gesto —en un país donde el terror ha sido instrumento de gobierno— quedó inscrito como una anomalía intolerable para quienes necesitan que el miedo funcione como disciplina social.

La experiencia de Petro como alcalde de Bogotá refinó otra lección: el adversario se incrusta en las mismas estructuras del Estado. Órganos de control convertidos en trincheras partidistas, medios de comunicación actuando como tribunales permanentes, y opositores que vieron en la administración pública un terreno para la obstrucción sistemática. Cuando no pudieron derrotarlo en las urnas, intentaron destituirlo; cuando eso fracasó, aprendieron la lección para una escala mayor. Ese patrón de reacción —bloqueo, litigio político, desacreditación pública— no es casualidad, sino una estrategia que ha probado su eficacia para desactivar agendas de cambio.

La Presidencia, lejos de apaciguar el conflicto, lo hizo visible y más agudo. Llegar al poder por mandato popular desactivó la narrativa del triunfo anecdótico y transformó a Petro en una amenaza tangible para los intereses enquistados. Desde el primer día se activaron mecanismos que, en conjunto, configuran lo que analistas llaman un “golpe blando”: señalamientos sin pruebas concretas (narcotraficante, terrorista, autócrata), bloqueo legislativo sistemático, persecución judicial selectiva, infiltración administrativa, suspensión arbitraria de funcionarios, manipulación informativa y pánico económico inducido. Gobernar dejó de ser gestión para convertirse en una resistencia cotidiana frente a una maquinaria con capacidad de desacreditar y paralizar.

Dos episodios retratan con nitidez ese pulso. La suspensión de la consulta popular y el trámite de las reformas sociales dejaron al descubierto cómo las reglas del juego pueden ser forzadas mediante maniobras reglamentarias y mayorías estratégicas. Impedir que la ciudadanía se pronuncie sobre asuntos de fondo no fue una disfunción del sistema, sino una maniobra calculada para restringir la participación. Tumbar la consulta no fue fortuito: fue el resultado de procedimientos orquestados por fuerzas políticas que optaron por la exclusión antes que por la deliberación pública. A su vez, la reaparición de la reforma laboral, luego de haber sido hundida y bajo un nuevo diseño, no buscó ampliar derechos sino neutralizar el impulso ciudadano, confirmando el cálculo de fondo: adaptar la ley no para democratizarla, sino para vaciarla de su potencial transformador.

El atentado contra un senador opositor fue otro hito que reveló cómo la política violenta y la instrumentalización del dolor pueden converger. El país rechazó el crimen; sin embargo, sectores de la oposición aprovecharon el hecho para convertir la tragedia en proyectil político contra el presidente, buscando asignar culpas morales antes que pedir rigor investigativo. En medio de la conmoción, emergieron maniobras de poder: el desconocimiento explícito de la autoridad presidencial por parte del presidente del senado Efraín Cepeda, negándose a participar en reuniones oficiales de seguridad, para erigirse como cabeza de un poder paralelo. No se trató de un gesto aislado, sino de una estrategia con efectos concretos: despojar al jefe de Estado de su condición de comandante en jefe, degradar su autoridad y normalizar la desobediencia institucional.

La reacción no quedó ahí. Marchas con destinatario único, llamados a militares retirados, solicitudes a organismos internacionales sin pruebas contundentes, y un coro mediático que entonó una misma letanía —Petro divide, Petro provoca, Petro debe dejar de ser Petro— configuraron una ofensiva que buscaba erosionar legitimidad. Cuando las altas Cortes invocan la autonomía en formas selectivas, o cuando decisiones judiciales parecen responder más a la geopolítica interna que a la letra del derecho, la sensación de captura institucional se intensifica. La autonomía judicial es un principio vital; su invocación parcializada y coincidente con intereses políticos es, por el contrario, una forma de usura democrática.

No es improvisación ni simple crisis episódica: tiene nombre y método. “Golpe blando en cámara lenta” describe un proceso de erosión constante diseñado para bloquear transformaciones y preparar el retorno del orden anterior. La violencia de antaño —balas y muertos— ha sido en buena medida complementada por procedimientos, titulares y conspiraciones maquilladas. El resultado es el mismo: cerrar el acceso ciudadano a reformas que cuestionan privilegios. La historia colombiana ofrece ejemplos de intentos de apertura neutralizados —antes por la represión directa, hoy por procedimientos administrativos y mediáticos—. No es azar, es estrategia.

El viaje de Petro a Washington condensó la expectativa opositora. Se apostó a la humillación internacional, a la mueca del anfitrión que confirmara la narrativa local de incompetencia o ilegitimidad. Hubo esfuerzos para denunciar y desacreditar al presidente en el exterior, pero la diplomacia, por su naturaleza pragmática, terminó por neutralizar el guion opositor. Lo que se esperaba que fuese espectáculo fue, en términos básicos, conversación: reconocimiento de canales, discusión de asuntos bilaterales y una agenda donde la soberanía y la interlocución jugaron un papel central. La estrategia de denunciar al propio presidente en foros ajenos quedó expuesta como capítulo de una campaña más amplia: llevar la controversia interna al plano internacional con la esperanza de clausurar espacios políticos locales.

En este escenario, uno de los actores más incómodos para el cambio es Álvaro Uribe. Más allá de animosidades personales, lo que inquieta a sectores vinculados al uribismo es la posibilidad de que investigaciones y testimonios acumulados sobre parapolítica, nexos con estructuras ilegales (narcotráfico) y violaciones al Estado de Derecho cobren relevancia en la arena internacional. Cuando el relato que construyó una hegemonía política se ve acosado por la evidencia, la reacción no es solo política, sino defensiva: emplear todas las herramientas disponibles para desacreditar adversarios y preservar la narrativa de legitimidad.

Ese patrón aparece también en episodios como la intervención del Consejo Nacional Electoral respecto a la participación de Iván Cepeda en la consulta interpartidista. La exclusión, disfrazada de tecnicismo jurídico, actúa como mecanismo político para limitar la competencia. Un órgano que debe garantizar derechos actúa en sintonía con la vieja política cuando decide quién puede competir según la conveniencia. El mensaje es dañino: cuando tribunales electorales se convierten en filtros de conveniencia, la democracia deja de ser un derecho y pasa a ser una concesión. La erosión institucional, entonces, no es sólo teórica: produce efectos concretos sobre representación y opciones políticas.

 Pero la dinámica tiene límites. Cada intento por cerrar el juego ha encontrado, una respuesta social: la ciudadanía. Cuando el sistema falla o se muestra servil a intereses particulares, la sociedad civil se mueve. Hoy, el respaldo popular a figuras que desafían el statu quo no es ingenuidad: es reacción. La política colombiana registra momentos en que, frente a un cerrojo institucional, el pueblo decide abrir el camino por su cuenta. Ese impulso es la razón por la que la élite, desesperada, recurre a atajos: deslegitimación, judicialización selectiva, manipulación mediática. El error clamoroso de quienes buscan excluir a Cepeda y a otros aspirantes no es sólo de táctica: es de cálculo político. Al intentar atajarlos, los impulsan.

Petro y Cepeda comparten, en esencia, un rasgo que incomoda a los poderosos: no doblegarse. Ambos apelan a la ciudadanía como juez último. En países donde la justicia y la institucionalidad han sido capturadas, la legitimidad se desplaza hacia la arena pública: urnas, movilización y conciencia colectiva. Cuando la Constitución se administra como privilegio y la ley se contorsiona según apellidos, el veredicto deja de escribirse en fallos y comienza a pronunciarse en la plaza pública y en las urnas.

 El 8 de marzo se presenta, así como una cita con la historia. No es una jornada puramente táctica ni un plebiscito sobre nombres: es la ocasión para decidir si se acepta que el futuro continúe siendo arrebatado mediante fraudes maquillados, maniobras reglamentarias y silencios cómplices, o si se pone fin al miedo y a la simulación democrática. Votar no es un acto ritual: es un ejercicio de juicio colectivo. Que nadie vote desde el odio hereditario ni desde consignas prestadas; que se vote con memoria, libertad y responsabilidad social. Porque votar sin pensar es obedecer, y la obediencia ha sido desde siempre el negocio del poder.

 Reconocer que la democracia está en riesgo no es proclamar el apocalipsis: es una llamada a la responsabilidad. Cuando las instituciones abdican, cuando la ley se convierte en instrumento de ventaja, la ciudadanía tiene el derecho y el deber de recuperar el juicio. Y si la historia enseña algo es que los intentos por clausurar la participación terminan, en última instancia, abriendo espacios. El desafío, ahora, es sostener esa apertura con propuestas claras, con pedagogía cívica y con la convicción de que la democracia no se mendiga: se ejerce. En marzo la gente tendrá la palabra; que la use para dictar un veredicto que no quede sólo en actas manipulables, sino en la historia viva de un país que decide no regresar a los caminos de la desgracia.

* La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).