Cali: el terremoto que disputa el relato del orden y revela la autonomía popular (1 parte)

 

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Agosto/ 2026, Puerto Resistencia, Cali.

El cuerpo enterrado no pregunta qué tarjeta de crédito tiene su dueño. La mano que rescata no distingue entre vecino y desconocido. Lo que emerge es una igualdad práctica, no declarada, que se experimenta en el gesto concreto de sostener a otro

Cuando la tierra revela lo que ya existía.

Los terremotos no solo derrumban edificios; también ponen a prueba los relatos, las instituciones y las certezas sobre las que se sostiene una sociedad. Cuando la tierra se mueve, se revela quién organiza, quién cuida, quién llega primero y quién llega tarde. La catástrofe rompe la normalidad y deja al descubierto la verdadera infraestructura de un pueblo.

Esa infraestructura no está hecha de cemento ni de protocolos institucionales. Está hecha de relaciones. De confianzas acumuladas. De saberes que no aparecen en los manuales de emergencia pero que se activan con una velocidad que ninguna burocracia puede igualar. La pregunta que un terremoto deja no es cuántos edificios resistieron, sino qué tipo de tejido social estaba allí antes del derrumbe. Lo que ocurre después de la catástrofe no es improvisación: es la aparición visible de una trama que ya existía.

El 10 de agosto de 2026, a las 7:34 de la mañana, un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el occidente de Colombia. En cuestión de segundos, Cali se convirtió en el epicentro del dolor: muertos, heridos, desaparecidos, edificios colapsados. Pero también en algo que ningún sismógrafo puede medir: la velocidad con la que un pueblo que ya sabía organizarse se puso en pie. Mientras las instituciones activaban protocolos, decretos y dispositivos de control, miles de personas ya estaban cocinando, rescatando, clasificando donaciones y organizando redes de ayuda. La ciudad reaccionó con una velocidad que no puede explicarse solo por la solidaridad espontánea.

Cali respondió así porque ya había aprendido a organizarse. El estallido social de 2021 no dejó únicamente memoria política; dejó una memoria organizativa. Dejó capacidades colectivas, redes de confianza, infraestructuras populares y formas de coordinación territorial que permanecieron latentes y que el terremoto volvió a activar. Lo que vimos no fue el nacimiento de la solidaridad, sino la aparición visible de una autonomía que ya existía.

I. La memoria organizativa: el estallido que quedó bajo los escombros

La primera imagen que deja el terremoto no es la del derrumbe, sino la de la organización. En cuestión de horas comenzaron a funcionar ollas comunitarias, comedores barriales, brigadas de rescate, puntos de acopio, puestos de salud improvisados, cadenas de distribución de alimentos, herramientas, combustible, plantas eléctricas y medicamentos.

Toda sociedad posee dos infraestructuras: la visible, hecha de cemento, presupuesto y jerarquías; y la invisible, hecha de confianza, memoria y cooperación. Los terremotos destruyen la primera y revelan la segunda.

Lo extraordinario no fue solo la ayuda, sino la coordinación. Los antiguos puntos de resistencia se transformaron en puntos críticos de atención. Las cocinas colectivas que alimentaron la protesta alimentaron ahora a los damnificados y voluntarios. Los barrios que durante el estallido aprendieron a abastecerse, comunicarse y protegerse mutuamente reprodujeron esas mismas lógicas en medio de la emergencia.

Aquí aparece una idea decisiva: las comunidades no improvisan desde cero. Recuerdan corporalmente cómo organizar una olla, cómo clasificar una donación, cómo distribuir recursos escasos, cómo confiar en el vecino, cómo actuar sin esperar autorización. Esa memoria práctica constituye una infraestructura invisible que solo se hace evidente cuando todo lo demás colapsa.

Esa infraestructura no se parece a las infraestructuras del Estado. No tiene planos, no tiene presupuesto, no tiene jerarquías definidas. Pero tiene algo que el Estado no tiene: capilaridad. Está pegada al territorio, anclada en los barrios, encarnada en personas que se conocen entre sí. Cuando la emergencia llega, esa capilaridad se convierte en velocidad. Mientras las instituciones deliberan, las redes ya están operando. Mientras los protocolos se activan, las ollas ya están hirviendo. Lo que desde fuera parece caos, desde dentro es la lógica de una organización que no necesita permiso para funcionar.

El estallido social produjo instituciones populares informales. Produjo competencias colectivas. Produjo una tecnología del cuidado. El terremoto simplemente retiró el velo y mostró que esa infraestructura seguía allí, disponible, lista para activarse.

Más aún: esa forma de organización comenzó a irradiarse hacia otras ciudades y otros sectores sociales. Lo que nació como experiencia localizada de resistencia empezó a convertirse en un lenguaje nacional de solidaridad. No se contagió únicamente una emoción; se contagió una manera de organizar la vida.

La solidaridad no se explica por la conmoción emocional. Se explica porque existe un saber previo. Un saber que no es teórico sino práctico: saber distribuir recursos escasos, saber coordinar sin jefe, saber decidir colectivamente en medio de la urgencia. Ese saber no nació del terremoto. El terremoto solo lo hizo visible. Y al hacerlo visible, lo convirtió en un modelo que otros territorios pueden replicar. No porque lo imiten emocionalmente, sino porque reconocen que allí hay una tecnología social que funciona.

La racionalidad del orden no es ilegítima en sí misma; toda sociedad necesita coordinación, normas y capacidad institucional. Lo que el terremoto pone en cuestión es su pretensión de suficiencia. El orden descubre que no puede sostener la vida por sí solo. Necesita aquello que no produce: la confianza, la vecindad, la reciprocidad y el cuidado.

II. La disputa por el sentido: el relato de las élites y el relato del pueblo

Toda catástrofe es también una batalla narrativa. Mientras unos describen un desastre natural, otros reconocen un acontecimiento político. Mientras unos hablan de orden público, otros hablan de cuidado colectivo.

Las élites suelen presentar la solidaridad como un impulso moral, una virtud privada, un gesto humanitario. En ese relato, las ollas comunitarias son caridad, los centros de acopio son filantropía y el voluntariado es simple buena voluntad.

Pero la experiencia popular dice otra cosa. Allí donde una comunidad organiza alimentación, salud, logística, distribución y protección, aparece una forma de poder social. No se trata únicamente de ayudar; se trata de demostrar que existen capacidades colectivas capaces de sostener la vida sin esperar permanentemente la autorización del Estado.

Por eso la disputa no es solo administrativa; es simbólica. De un lado aparece el uniforme, el decreto, el toque de queda, el control territorial, la jerarquía. Del otro aparecen el delantal de cocina, la pala, el abrazo, la brigada barrial, la cooperación y la confianza.

El conflicto no enfrenta simplemente a un alcalde con unos ciudadanos. Enfrenta dos racionalidades distintas: la racionalidad del orden y la racionalidad del cuidado.

La racionalidad del orden cree que el control es la condición de la seguridad. La racionalidad del cuidado cree que la relación es la condición de la vida. La primera funciona mediante la jerarquía y la coerción. La segunda funciona mediante la confianza y la reciprocidad. El terremoto no inventó esta oposición; la hizo explícita. Por eso la respuesta del Estado fue el toque de queda y el despliegue militar. Por eso la respuesta del pueblo fue la olla comunitaria y el abrazo. No son estrategias diferentes para el mismo fin. Son concepciones diferentes de lo que significa proteger la vida.

El alcalde Alejandro Eder no falla por sus decisiones particulares. Falla porque encarna una racionalidad que la ciudad ya ha dejado atrás. Su gobierno opera con la brújula del administrador: concibe el territorio como un problema a optimizar, la ciudadanía como un conjunto de conductas a regular y la autoridad como una distancia técnica. Pero la ciudad ya se mueve con otra sensibilidad: la del cuidado, forjada en el dolor compartido del estallido social y en la memoria de una autonomía que aprendió a organizarse sin pedir permiso.

Eder ha intentado mostrarse cercano, ensayar gestos de sensibilidad y ocupar el lugar del cuidador. Sin embargo, la apuesta está tan mediatizada, tan calculada, que se siente actuada. Y esa es su verdadera derrota: no un error de gestión, sino una pérdida de sintonía histórica. Su gramática política ya no coincide con el clima cultural de la ciudad que gobierna. Cali ya no espera gerentes que administren el orden; espera gobernantes capaces de acompañar la vida. Cali, después de 2021 y después del terremoto, ya no responde a esa frecuencia. Aprendió otra cosa: que la legitimidad nace del vínculo, no del protocolo; de la presencia, no del dispositivo; de la capacidad de cuidar, no solo de la capacidad de controlar.

El terremoto también transformó la sensibilidad colectiva. En medio de los escombros emergió una convicción profunda: toda vida importa. El anciano, el niño, el migrante, el vecino desconocido, el rescatista voluntario, la mujer que cocina, el joven que carga agua. También la mascota que quedó atrapada entre los escombros y cuya búsqueda, para muchas familias, fue tan urgente como la de un familiar. El terremoto no distinguió entre especies; la solidaridad tampoco.

La solidaridad amplía el círculo de quienes merecen cuidado. Esa ampliación es un cambio cultural de enorme profundidad, porque rompe la vieja costumbre de aceptar que algunas vidas son sacrificables y otras no.

La catástrofe tiene esa virtud: desordena las jerarquías de valor. En la normalidad, las vidas se ordenan según criterios que damos por naturales: clase, origen, edad, estatus. En la emergencia, esa jerarquía se disuelve. El cuerpo enterrado no pregunta qué tarjeta de crédito tiene su dueño. La mano que rescata no distingue entre vecino y desconocido. Lo que emerge es una igualdad práctica, no declarada, que se experimenta en el gesto concreto de sostener a otro. Esa igualdad no dura más que la emergencia. Pero deja una huella. Y esa huella es política: una memoria del mundo que podría existir.

Espere la parte 2 ... 

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El cierre de Propal y el ingenio La Cabaña *

 

En la imagen: Felipe Solarte / Escritor - periodista

Por: Leandro Felipe Solarte Nates

La violencia en el norte del Cauca, con raíces en el paramilitarismo es una herida real, pero nunca fue el detonante del colapso, sino el pretexto que algunos medios venden para no cuestionar el modelo económico.

El cierre de Propal obedece a la suma de varios factores internos y externos que mermaron la demanda y rentabilidad del negocio de la fabricación de papel bond.

La compañía primero cerró la planta de Yumbo y a pesar de ajustes administrativos y técnicos en la planta de Guachené que usaba el bagazo de caña como materia prima, factores como la oferta a menos precios de papel importado, la valorización del peso y el desplome de la demanda al digitalizar la mayoría de los documentos y reducirse la publicación de periódicos, folletos, revistas y libros, impidieron frenar las pérdidas.

En algunos medios locales, comentaristas favorables al nuevo gobierno le achacan el retiro de la empresa a continuos bloqueos en las vías y problemas de orden público.

Pero. aunque estos factores pueden pesar si no son superados, la realidad es otra. También el ingenio La Cabaña con casi 60 años de arraigo en Puerto Tejada, anunció su cierre definitivo después de no poder cumplir con sus cuantiosas deudas.

Es cierto que en los municipios del norte del Cauca y en las carreteras hay inseguridad, por parte de grupos indígenas que reclaman tierras en la parte plana, por grupos armados cuyo proceso de paz no cuajó con él gobierno del presidente saliente Gustavo Petro y pandillas juveniles que en Puerto Tejada aprendieron de los paramilitares de las AUC que en el año 2000 los reclutaron, al igual que lo hicieron en Buenaventura, y cuyos alumnos 26 años después copan numerosos sectores de esta población plagada de fronteras invisibles que al cruzarse generan cruentos enfrentamientos entre ellos, y para financiarse, además de la extorsión, sus jóvenes miembros acechan especialmente a los motociclistas y transportadores para dispararles y asaltarlos en los caminos entre cañaduzales; pero esta causa no fue la que determinó el cierre de Propal, ni del ingenio La Cabaña, dejando entre ambos cerca de 2500 desempleados, entre obreros de las plantas y funcionarios de administración, más los numerosos contratistas, proveedores y comercios que les vendían servicios y sus ingresos dependían de estas empresas y sus empleados y trabajadores.

Lo cierto es que la economía mundial, nacional y regional está sufriendo muchos cambios, no sólo por la robotización de los procesos productivos en el campo y en las factorías, acelerado este proceso con el acelerado desarrollo de la Inteligencia Artificial, AI, que sustituye a muchos empleados y profesionales.

También por la transición energética encaminada a sustituir energías contaminantes derivadas del petróleo y carbón por energía solar, eólica, nuclear y de los volcanes.

Si bien este proceso de transición energética no es tan inmediato y más cuando el gobierno del presidente Trump, a favor de sus amigos petroleros lo frenó en los Estados Unidos y en países cuyos mandatarios le siguen ciegamente, la tendencia a la sustitución de los combustibles fósiles es inevitable y mientras tanto los chinos son los que sacan ventaja por el retroceso de los gringos que en el gobierno de Trump frenaron la instalación y construcción de fuentes de energía no contaminantes y cedieron a los chinos el liderazgo en la producción de autos, motos y trenes eléctricos, que en Colombia cada vez son comprados en mayor cantidad.

En un futuro no muy lejano muchos ingenios, tendrán problemas como el del Cauca y otros con sus plantas asentadas en el Valle geográfico del río Cauca, que además de producir azúcar invirtieron en la instalación de gigantescas destilerías de etanol para adicionarlo a la gasolina y el cual recibe billonarios subsidios del presupuesto nacional.

Cuando sea mayor la demanda de vehículos eléctricos la disminución del consumo de gasolina afectará los volúmenes de alcohol para adicionarle y los ingenios que hoy producen miles de millones de litros no tendrán a quien vendérselos.

Tendrán que hacer una reconversión, tanto del uso de suelos como del monocultivo de la caña de azúcar que gracias al uso intensivo de maquinaria pesada y agro-químicos en la adecuación de las tierras, durante décadas han sido colmatadas y empobrecidas en sus nutrientes y los propietarios de las tierras arrendadas a los ingenios, con ayuda del gobierno, de cooperativas agropecuarias e inversionistas privados, tendrán que dedicarlas a otros cultivos que ayuden a recuperarlas naturalmente, dejando franjas boscosas sobrevivientes como refugios de flora, fauna nativa, insectos y microorganismos que a los largo de milenios evolucionaron en el Valle geográfico del Cauca y están a punto de desaparecer por la invasión del monocultivo de la caña de azúcar.

Puede ser una de varias alternativas, por ejemplo, la variedad de frutas tropicales, que brindarán otra actividad productiva y de generación de empleos, tanto en su cultivo como en el procesamiento para abastecer el mercado del país y el exterior, buscando además brindarles posibilidades de estudio, recreación y empleo a niños y jóvenes de los municipios del norte del Cauca que hoy son reclutados por las pandillas urbanas y guerrillas y que deberían vincularse a la práctica de varios deportes en los que se han destacado numerosos jóvenes de la región, en la música, danza, artesanías, creación literaria y plástica y aprovechar los diversos programas abiertos por el SENA y universidades como las del Cauca, Valle y otras públicas y privadas que han abierto sedes en la región.

*La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

De la banalización a la negación, la estrategia exitosa de la extrema derecha *

 

En la imagen: Hernán Riaño / Periodista - Director SoNoticias

Por: Hernán Riaño

La responsabilidad inicial es crear una red de información popular para contrarrestar el aparato comunicativo de los medios corporativos de derecha

La ultraderecha colombiana, desde siempre, ha fabricado una realidad a su acomodo, y de paso la hace creer e imponerla a todos los colombianos; una “verdad”, en la que sus valores son los únicos que han importado, asegurándole a la sociedad colombiana que también deben ser los suyos, a pesar de la pobreza y miseria que puedan tener los hogares colombianos. Para imponer esos falsos dogmas ha utilizado la violencia, el asesinato, las desapariciones, la muerte, los mal llamados falsos positivos, los desplazamientos y todos los crímenes posibles apelando a una crueldad tal que haría sonrojar a cualquier líder nazi o fascista de la segunda guerra mundial.

Se ha caracterizado por usar todos los medios a su alcance, desde el uso de las agencias de seguridad para espiar y “fabricar” situaciones en contra de quienes reclaman derechos o mejores condiciones de vida hasta la creación y uso de medios de comunicación para imponer “realidades” a su acomodo. Cuando no existían los medios que hoy conocemos, y sobre todo en los municipios, el medio de comunicación por excelencia fueron los púlpitos de la iglesia católica, desde los que se “informaba”, se daban órdenes de los gobiernos nacional, departamental y local, de la jerarquía eclesiástica y se impartían tareas a cumplir, como el “sapeo de personas peligrosas” para el gobierno, la muerte de liberales o cualquiera que no pensara como los conservadores,  la contribución con dinero tanto para la iglesia como para los partidos o para el régimen imperante y en general los curas eran quienes daban forma a las verdades que querían impulsar desde Bogotá y su cumplimiento a rajatablas. 

Luego apareció la prensa escrita, los dos partidos políticos dominantes, ni cortos ni perezosos, fueron montando sendos periódicos, los liberales El Tiempo y El Espectador y los conservadores El Siglo y la República, obedeciendo a los intereses particulares de los llamados “lideres naturales” y sus colectividades. 

A medida que la tecnología de la información se fue desarrollando, fueron apareciendo la radio, la televisión hasta llegar a lo que hoy conocemos con las redes sociales, las plataformas, las páginas web, los portales y un sinnúmero de oportunidades que encontramos en la llamada virtualidad, para poder comunicarnos entre los seres humanos. Pero igualmente su dominio también ha sido abordado por la ultraderecha mundial y nacional.  

Así hayan sido los curas o las redes sociales, el resultado es el mismo, la desinformación, las calumnias, las mentiras, los entrampamientos y las falsedades con la que han oprimido a los ciudadanos, los han explotado y esclavizado para quitarles su vida y sus ingresos de todas las formas posibles. La estrategia siempre es la misma; primero el ocultamiento de los hechos, cuando ya no pueden hacerlo porque las evidencias son notables, pasan a los siguientes pasos: la banalización de lo sucedido, o sea quitarle la importancia que tiene hasta considerarlo algo sin transcendencia. Luego la normalización, como si lo ocurrido debiera considerarse común y corriente, hasta llegar a lo más grave, la negación, decir: “eso nunca sucedió”. El orden de esta estrategia puede variar de acuerdo a los protagonistas, las regiones, los intereses y las víctimas.

Para dar un ejemplo: La masacre de las bananeras a principios del siglo XX, cuando por protestar por unos abusos de la United Fruit Company, norteamericana, en contra de los trabajadores en la zona norte del país, en el departamento del Magdalena, el gobierno, defendiendo los intereses de la multinacional, arremetió y asesinó a los miembros del sindicato que habían declarado una huelga. El gobierno de turno ocultó los hechos hasta que Jorge Eliecer Gaitán lo denunció ante el Congreso de la República tiempo después (1). Luego, la prensa y los políticos volvieron a taparla hasta mediados de los 60, cuando Gabriel García Márquez lo plasmó en su galardonada novela “Cien años de soledad” y los movimientos de izquierda completaron la denuncia pública, masivamente. Hoy, los políticos de la extrema derecha minimizan la matanza diciendo que nunca ocurrió o que no fueron sino unos cuantos muertos y no se que más cuentos; una senadora uribista se atrevió a decir que era un mito de García Márquez y de la izquierda (2). A propósito de esta “metida de patas”, todos los medios se unieron para lavarle la cara a la senadora y tratar de minimizar lo expresado dando “explicaciones” y planteando teorías (3), aunque muchos historiadores la refutaron (4). Así opera la ultraderecha.

Lo mismo sucedió con las masacres de los paramilitares, los desplazamientos de campesinos colombianos, los hornos crematorios, el robo de tierras, los mal llamados falsos positivos, el exterminio de la UP, el asesinato de líderes sociales y candidatos presidenciales, siempre ocultando, minimizando, ignorando, negando y en últimas echándole la culpa a otros.

Con Gustavo Petro y su gobierno, el proceder de la ultraderecha y sus medios ha quedado en evidencia hasta la saciedad, y si no es por la franqueza y el actuar siempre frentero y sin dudas del señor presidente, muchas de esas intenciones de ocultar o cambiar los hechos habrían tenido éxito. A él lo han tratado de mentiroso, a pesar de que las afirmaciones que dice, tarde o temprano, se comprueban. Le han tergiversado declaraciones, lo han tratado de interpretar para desautorizarlo, han acudido a “técnicos”, “tecnócratas” y hasta funcionarios del mismo gobierno para cambiar la realidad.  

Pero lo más grave es lo sucedido con el fraude electoral. Este se empezó a conocer desde hacía varios meses, por lo sucedido en Chile, en Perú y en Bolivia con un modus operandi impuesto desde los Estados Unidos, queriendo reconfigurar sus relaciones con su patio trasero, como ellos mismos nos han llamado (muy despectivo y humillante término, por cierto) a los países situados al sur del Rio Bravo. Trump no ha ocultado sus intenciones encomendadas a Marco Rubio para concretarlas y de paso aliándose con un narcotraficante confeso como es Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, indultado por Trump, previo pago de Netanyahu, para crear una empresa de tecnología con el fin de influir en los gobiernos de México y Colombia, específicamente, incidiendo en sus procesos electorales o con otras acciones ruines en contra de estos y los demás gobiernos progresistas de América latina (5).

Con Colombia ya se vio el éxito obtenido por la ultraderecha con el fraude, comprobado con las evidencias aportadas por el señor presidente, con el proyecto Júpiter destapado hace unos meses, en los que se propusieron, y lo lograron, que la gente saliera a votar con odio y desconfianza en contra de Iván Cepeda, con la masiva compra de votos por parte de la campaña “ganadora”, con el aporte muy significativo de los hermanos Bautista y sus empresas de manejo electoral y con el concurso del gobierno sionista israelí y sus compañías dedicadas a variar los resultados electorales en vatios países. 

Todo inicia con la presentación de más de tres millones de firmas falsas ante el CNE para inscribir la candidatura de Abelardo De la Espriella, ese mismo órgano, la registraduría, los políticos de derecha, los órganos de control no le “pararon bolas”, lo minimizaron, dijeron que era un error, a pesar de que el precandidato, en su momento, había dicho que él personalmente había verificado el total de esas firmas, aún así, lo dejaron como un simple hecho anecdótico.    

La táctica de la ultraderecha fue negarlo, ocultarlo, ridiculizarlo, normalizarlo, dependiendo de lo que se iba descubriendo, hasta tal punto que muchos líderes progresistas lo aceptaron, aprobando el preconteo inicial, y, aún ahora, muchos dicen que nunca ocurrió el fraude. Tratan a Petro de loco, enajenado, mentiroso y muchos otros calificativos, minimizan las pruebas, ocultan a los perpetradores y legalizan un timo tan grande como una catedral. Repito lo expresado en otra columna, lo quieren callar, que no diga nada más sobre el engaño electoral, que no aporte más pruebas y los abelardo-uribistas le dicen que no sea “llorón”, que acepte los resultados porque ya no hay nada que hacer.

La realidad es que las evidencias demuestran la injerencia de  los Estados Unidos, confesada por el mismo Trump, en por lo menos tres intervenciones, lo anunciado por Marco Rubio para América Latina, con las actuaciones de varios cónsules, con las acciones del registrador nacional, de los comisionados del Consejo Nacional Electoral, de los jurados de mesa en muchas regiones del país conocidas y a la vista del público.

Pero la ultraderecha y sus medios lo siguen ocultando, minimizando o ridiculizando. Esto se conocía desde el año pasado, el vicepresidente “electo” confesó que ellos estaban haciendo un empalme hacía 8 meses con 1.300 “técnicos” (6), ¿Por qué ocho meses antes de las votaciones? Pues porque ya tenían el plan para retomar el gobierno. Lo que sorprende es lo expresado por muchos líderes progresistas y colombianos del común: “ellos, la oligarquía, no son capaces de hacer eso”.  He oído tantas veces esa y otras frases similares que no puedo entender como hay pobres de barrio que aún creen en la “honestidad y buenas intenciones” de las derechas, pero lo más tiste es que muchos que se dicen progresistas, también les creen y con esa actitud terminan poniéndose del lado de ellos y en contra del pueblo colombiano.  

Lo que se viene es muy duro para los colombianos y solo el dejar de creerles a las derechas y organizarse como constituyentes primarios, participantes, deliberantes y capaces de decidir podrá parar la aplanadora ultraderechista en cabeza del ilegítimo. La responsabilidad inicial es crear una red de información popular para contrarrestar todo el aparato comunicativo de los medios corporativos y no sigan incidiendo en el pueblo, para que este siga apoyando a sus verdugos.

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

1. https://centrodememoriahistorica.gov.co/cuatro-dias-de-verdad-el-debate-historico-de-gaitan-sobre-la-masacre-de-las-bananeras-1929/ https://archivo-obrero.com/jorge-eliecer-gaitan-el-debate-sobre-las-bananeras/ https://elcolectivocomunicacion.com/2019/09/24/jorge-eliecer-gaitan-y-el-debate-de-bananeras-1929/
2. https://www.semana.com/nacion/articulo/maria-fernanda-cabal-niega-masacre-de-las-bananeras/549271/
3. https://www.pulzo.com/nacion/version-maria-fernanda-cabal-sobre-masacre-bananeras-PP397210https://www.elespectador.com/actualidad/maria-f-cabal-explica-su-tesis-la-masacre-de-las-bananeras-fue-un-mito-historico-article-725665/ https://www.elcolombiano.com/colombia/la-senadora-maria-fernanda-cabal-explica-por-que-dijo-lo-de-las-bananeras-KL7782815
4. https://www.semana.com/nacion/articulo/masacre-de-las-bananeras-historiadora-le-contesta-a-maria-fernanda-cabal/548923/ https://www.eltiempo.com/politica/congreso/historiadores-responden-a-maria-fernanda-cabal-tras-decir-que-masacre-de-las-bananeras-es-un-mito-156666
5. https://hondurasgate.ch/audios
6. https://x.com/Horadelaverdad/status/2071986070929956965

LA IMPROVISACIÓN Y LAS REVELACIONES DE LA PRENSA INTERNACIONAL *

Por: Pedro Santana Rodríguez / Director Revista Sur / 27 julio, 2026

Abelardo de la Espriella se codeaba con los abogados del "polvo blanco" para negociar libertad de narcotraficantes a cambio de convertirlos en informantes del gobierno de Estados Unidos.

En medio de denuncias por la opacidad de las autoridades electorales que se apresuraron a entregar la credencial de elegido a Abelardo de la Espriella, ahora a diario se ve la impreparación y la improvisación con que el electo presidente incurre a diario por no hablar de las contradicciones que también aparecen a diario en las alocuciones que realiza o las decisiones que transmite.

Y es que esto se veía venir por la inexperiencia de De la Espriella en el manejo de los asuntos públicos y en el manejo del Estado. Solo por el silencio cómplice de la gran prensa corporativa se viene a ver ahora esa inexperiencia y tuvo que ser el periódico The New York Times el que desnudara de cuerpo entero al presidente electo de Colombia en sus turbias relaciones con personajes del mundo del narcotráfico a quiénes ha defendido desde su bufete de abogados.

Vamos por partes. Sobre la opacidad del sistema electoral advertimos y apoyamos en su momento la solicitud pública de corregir errores protuberantes como el desconocimiento del fallo del Consejo de Estado de 2017, que declaro el fraude contra el partido Mira en las elecciones de Congreso del año 2014 y que ordenó que el software electoral debería ser propiedad del Estado y la Registraduría nueve años después sigue sin cumplir el fallo y sigue contratando el software de los hermanos Bautista sin ninguna explicación y sin ninguna justificación.

En el reciente proceso electoral el registrador Hernán Penagos se negó a suministrar los códigos fuentes del software utilizado en las elecciones recientes a los partidos políticos con argumentación sin sentido, el principal argumento fue el que se pondría en riesgo la seguridad del proceso electoral, en otros países estos códigos se entregan a los auditores de los partidos sin ningún problema. En vez de aumentar los mecanismos de seguridad y transparencia Penagos elimino algunos sin ninguna justificación.

Hoy se sabe, como lo afirmó la Misión de Observación Electoral, MOE, que no hubo escrutinios físicos de las votaciones en el exterior y hubo muchas quejas y denuncias sobre las votaciones en Estados Unidos, sobre todo. Con una diferencia tan estrecha de 250 mil votos a favor de De la Espriella las autoridades electorales debieron de actuar con diligencia y transparencia, pero tanto el registrador Penagos como el Consejo Nacional Electoral, CNE, actuaron con opacidad y generaron serias dudas con sus decisiones y sus declaraciones.

Por eso hay un sin número de demandas ante el Consejo de Estado que tendrá que resolver, solo que este organismo se ha caracterizado por la lentitud en la toma de decisiones.

Sus fallos vienen a ser prácticamente inocuos. La demanda que falló en 2005 sobre fraude en las elecciones a Congreso de 2002 lo hizo a pocos meses de terminar la legislatura; lo propio ocurrió en el fallo que reconoció el fraude contra el partido Mira proferido también a pocos meses de terminar la legislatura o el fallo que anuló la reelección de Alejandro Ordoñez como procurador General de la Nación a cuatro meses de terminar su segundo período.

Esa es la lentitud de este organismo que no ha sido así con el gobierno de Gustavo Petro donde se han suspendido decretos en tiempo récord.

Es por desgracia la politización de las altas Cortes, por lo cual se requiere una profunda reforma a la justicia comenzando por reformar los mecanismos existentes para la elección de los magistrados de las Altas Cortes de Justicia.

Sobre la improvisación en las actuaciones de De la Espriella la perla la constituye su capricho de posesionarse fuera de las instalaciones del Congreso que es el Capitolio Nacional en Bogotá.

Primero decidió que se posesionaría en Popayán, pero ante los reparos de sus invitados norteamericanos que le manifestaron que no acudirían a dicha ciudad decidió trasladar su posesión a Cali a la sede de la Universidad Santiago de Cali, porque Petro ordenó a los comandantes militares que no prestaran guarniciones militares para la posesión. Este pulso lo ganó Petro porque él es el comandante de las Fuerzas Armadas hasta que de la Espriella tome posesión.

Entre tanto el Senado de la República tuvo que votar dos veces la primera para autorizar la posesión en Popayán sin sitio definido porque en ese momento de la Espriella persistía en posesionarse en una guarnición militar, pero ante la negativa de Petro y sobre todo de sus invitados gringos decidió trasladar la posesión a Cali.

Queda en evidencia las decisiones caprichosas e improvisadas de De la Espriella y un Congreso genuflexo pues no existe ninguna realidad que obligue a dar traslado de la posesión fuera del Congreso de la República.

La otra perla de las actuaciones y declaraciones de De la Espriella la dio este 20 de julio en discurso en Medellín donde contrariando lo que había dicho hace un par de meses sobre el narcotráfico y Medellín y Antioquia en relación con el origen de este fenómeno en Colombia para condenar unas declaraciones que había hecho el entonces candidato Iván Cepeda. En aquella ocasión de la Espriella condenó las declaraciones de Cepeda que ubicaba parte del origen de las mafias y el narcotráfico en esta región del país lo que históricamente está probado y es un hecho.

Pues bien, delante de Federico Gutiérrez alcalde de Medellín y Andrés Julián Rendón gobernador de Antioquia dijo que ubicaría la sede del Escudo de las Americas en Medellín porque desde allí se imparten las órdenes y Medellín y Antioquia son la cabeza de la serpiente del narcotráfico.

Allí además anunció que reasumiría las fumigaciones contra los cultivos de coca que no se sabe cómo hará pues existe una sentencia de la Corte Constitucional, Sentencia T-236 de 2017 que los prohíbe mientras no se garantice la seguridad de esas fumigaciones para que no afecten ni el medio ambiente ni la salud de las personas. Allí establece exigentes condiciones para que el gobierno reanude las aspersiones.

La Corte ordena tener en cuenta el principio de precaución demostrando con evidencia científica rigurosa que el herbicida y sus componentes (mezclas con aditivos) no representan un grave riesgo para las personas ni los ecosistemas. Ordena así mismo la realización de Consulta previa con las comunidades étnicas y campesinas cuando estas puedan resultar afectadas por estas aspersiones así mismo exige una licencia ambiental y un plan de manejo específico para cada zona de intervención y mecanismos de control y monitoreo de las autoridades de salud para mitigar cualquier afectación a fuentes de agua o cultivos de pan coger.

¿Intentara de la Esperilla pasar por encima de las órdenes de la Corte Constitucional?

Finalmente como ya indiqué tuvo que ser un periódico internacional en esta ocasión The New York Times el que indagara y publicara los negocios turbios de Abelardo de la Espriella desde su bufete de abogados en la defensa de narcotraficantes en Estados Unidos, el título del informe que cubrió seis páginas es muy certero “De defender narcotraficantes colombianos, a declararles la guerra” y revela que mientras vivió en Miami de la Espriella fue investigado por las autoridades, aunque nunca fue imputado.

Y a renglón seguido el artículo señala “en Miami, Abelardo de la Espriella se movía en el turbio mundo de los abogados del “polvo blanco”: el de los defensores de alto costo que asisten a narcotraficantes latinoamericanos acusados, con el objeto de evitar sentencias severas, a cambio de convertirlos en informantes o testigos del gobierno de Estados Unidos”. Y ahí aparece lo que Gerardo Reyes y Daniel Coronell han venido rastreando desde hace meses y son las relaciones de Abelardo con un narcotraficante de Valledupar, Jorge Luis Hernández, alias Boliche que dice el artículo se presentaba como asistente del bufete de De la Espriella.

Yo concuerdo con Cecilia Orozco que reseñando el artículo del periódico concluye que “Yo estoy segura de que el gobierno de Trump conocía muy bien esta historia antes de la elección, pero era más rentable ignorarla para mantener bajo su yugo tenaz al sucesor de Petro”. (El Espectador. 29.07.2026).

El que un narciso como Abelardo de la Espriella haya logrado llegar a la presidencia sin ninguna experiencia ni merito no solo nos muestra a unas clases dominantes sin reales alternativas de liderazgo sino lo que muestra es la decadencia de estas clases dominantes y de sus pérfidos medios de comunicación.

Corresponde ahora a la oposición pensar en serio cómo va a organizar sus medios de comunicación alternativos ahora que se viene la toma y el marchitamiento de los medios de comunicación públicos tardíamente utilizados por el gobierno de Petro. Esta es una tarea inaplazable.

 *Nota compartida a La Conversa de Fin de Semana por Jairo Osorio, uno de sus principales colaboradores, a quien agradecemos enormemente su ayuda.

La DESOBEDIENCIA CIVIL como DEFENSA de la SOBERANÍA y del ESTADO CONSTITUCIONAL *

En la imagen: Carlos Medina / Historiador - Analista Político

Por: CARLOS MEDINA GALLEGO

La exigencia de Cepeda no es un gesto caprichoso ni una reacción partidista, es una advertencia democrática: Colombia no puede aceptar que la Casa Blanca, a través de Donald Trump y Marco Rubio, pretenda definir el destino de la sociedad colombiana.

El reciente llamado formulado por el candidato presidencial Iván Cepeda Castro a considerar la desobediencia civil si el presidente electo no renuncia oportunamente a la ciudadanía estadounidense incompatible con el ejercicio de la Presidencia de la República —en caso de que esa incompatibilidad llegara a verificarse conforme al ordenamiento jurídico colombiano— y si persistiera una injerencia indebida de autoridades extranjeras en los asuntos internos del país, ha abierto un debate de enorme trascendencia para la democracia colombiana.

El llamado de Iván Cepeda Castro a la desobediencia civil pacífica no puede entenderse únicamente como una controversia sobre la doble ciudadanía del presidente electo Abelardo de la Espriella. Su sentido político más profundo está en la defensa de la soberanía nacional frente a una injerencia extranjera abierta, indebida y peligrosa, atribuida al presidente Donald Trump y a su secretario de Estado, Marco Rubio, en los asuntos internos de Colombia.

Cuando un mandatario extranjero interviene en una contienda política nacional, respalda públicamente a un candidato, condiciona relaciones diplomáticas o pretende orientar el rumbo institucional de otro país, deja de actuar como simple observador internacional y se convierte en factor de presión sobre la autodeterminación democrática de un pueblo.

Esa intromisión resulta aún más grave cuando proviene de Estados Unidos, país con una larga historia de intervenciones políticas, económicas, militares y judiciales en América Latina.

En este contexto, la exigencia de Cepeda no es un gesto caprichoso ni una reacción meramente partidista. Es una advertencia democrática: Colombia no puede aceptar que su Presidencia quede subordinada a intereses extranjeros, ni que la Casa Blanca, a través de Donald Trump y Marco Rubio, pretenda definir el curso de la política colombiana. La soberanía popular no puede ser reemplazada por tutelajes imperiales, ni la voluntad ciudadana puede quedar capturada por agendas externas.

La eventual ciudadanía estadounidense del presidente electo agrava ese debate, porque abre una pregunta de fondo sobre lealtades políticas, compromisos jurídicos y subordinación estratégica. Un jefe de Estado colombiano debe estar sometido exclusivamente a la Constitución de Colombia, a la soberanía del pueblo colombiano y al interés nacional. No puede existir sombra de dependencia frente a otra potencia, mucho menos en una coyuntura marcada por presiones diplomáticas, judiciales y geopolíticas.

Por eso, la desobediencia civil planteada por Cepeda debe leerse como una forma de resistencia pacífica frente a dos riesgos simultáneos: la posible ilegitimidad constitucional derivada de una doble ciudadanía no resuelta y la injerencia directa de Trump y Rubio en la vida política interna del país. No se trata de promover el caos, sino de defender un principio elemental: Colombia no es un protectorado, no es una colonia, no es una pieza subordinada del ajedrez geopolítico estadounidense.

La democracia colombiana se debilitaría gravemente si normaliza que actores extranjeros intervengan en sus elecciones, presionen a sus instituciones o condicionen la acción de sus gobernantes. Frente a ello, la ciudadanía tiene derecho a organizarse, deliberar, movilizarse y resistir pacíficamente. La desobediencia civil, en este caso, aparece como un recurso ético para exigir respeto por la Constitución, por la soberanía nacional y por la dignidad política del país.

En consecuencia, el llamado de Iván Cepeda Castro debe ser entendido como una defensa del Estado constitucional, de la independencia nacional y del principio democrático según el cual Colombia debe ser gobernada por decisiones soberanas de su pueblo, no por imposiciones de Donald Trump, Marco Rubio ni de ningún poder extranjero.

Más allá de las posiciones políticas que puedan existir frente a este pronunciamiento, la discusión invita a reflexionar sobre un concepto fundamental de las democracias constitucionales: la desobediencia civil.

Se trata de una institución ética y política que no busca destruir el orden democrático, sino defenderlo cuando sectores de la ciudadanía consideran que sus principios esenciales están siendo comprometidos.

La desobediencia civil pertenece a la tradición democrática. No surge en los regímenes autoritarios, donde toda oposición suele ser reprimida, sino precisamente en sociedades donde los ciudadanos conservan la convicción de que la soberanía reside en el pueblo y de que el poder público está sometido a límites constitucionales.

Desde las reflexiones de Henry David Thoreau hasta las luchas no violentas de Mahatma Gandhi y Martin Luther King Jr., la historia demuestra que la resistencia pacífica ha sido un instrumento para ampliar libertades y fortalecer los derechos fundamentales.

La Constitución Política de Colombia establece que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo y que las autoridades ejercen funciones públicas dentro de los límites fijados por la Constitución y la ley. Ningún gobernante recibe un mandato ilimitado ni puede situarse por encima del orden constitucional. La legitimidad democrática no proviene únicamente del resultado electoral; también depende del respeto permanente por la Constitución, la separación de poderes, los derechos fundamentales y la soberanía y la independencia nacional.

En ese contexto, toda controversia relacionada con los requisitos constitucionales para ejercer la Presidencia debe ser resuelta mediante los mecanismos institucionales previstos por el ordenamiento jurídico. Corresponde a las autoridades competentes verificar los hechos, interpretar las normas aplicables y adoptar las decisiones que en derecho correspondan. La defensa del Estado constitucional exige que las controversias se tramiten con pruebas, debido proceso y respeto por las instituciones.

Del mismo modo, la soberanía nacional constituye uno de los pilares del Estado colombiano. Ningún Estado extranjero debería intervenir indebidamente en las decisiones políticas internas de Colombia. Si existieran actuaciones que pudieran constituir presiones o injerencias incompatibles con el principio de autodeterminación de los pueblos, estas deberían ser examinadas y enfrentadas mediante los instrumentos del derecho internacional, la diplomacia y las instituciones nacionales.

Es precisamente cuando amplios sectores de la ciudadanía perciben que esos principios fundamentales pueden verse comprometidos cuando reaparece el debate sobre la desobediencia civil. No como una invitación al caos ni como un desconocimiento generalizado de la ley, sino como una forma pública, consciente, pacífica y responsable de expresar desacuerdo frente a decisiones consideradas incompatibles con los valores superiores del orden constitucional.

La desobediencia civil exige un profundo compromiso ético. Rechaza toda forma de violencia, actúa de manera transparente y asume las consecuencias jurídicas de sus actos. Su propósito no consiste en sustituir las instituciones democráticas, sino recordarles cuál es su razón de ser: garantizar la dignidad humana, proteger las libertades públicas y servir al interés general.

Las grandes conquistas democráticas de la humanidad fueron posibles porque millones de ciudadanos decidieron cuestionar pacíficamente órdenes consideradas injustas. Los derechos laborales, la igualdad jurídica, la ampliación del sufragio, la protección de las minorías y numerosas libertades civiles surgieron gracias a procesos de movilización democrática que combinaron participación ciudadana, deliberación pública y resistencia no violenta.

Por ello, ninguna democracia sólida puede exigir obediencia absoluta. La fortaleza institucional se construye aceptando el control ciudadano, la crítica pública y el derecho de la sociedad a organizarse pacíficamente cuando considera que determinados principios constitucionales están siendo vulnerados. La democracia no se debilita por el disenso; se debilita cuando el disenso deja de ser posible.

En Colombia, el Estado Social de Derecho fue concebido precisamente para impedir la concentración arbitraria del poder. Los mecanismos de participación, la libertad de expresión, el derecho de reunión y la protesta pacífica constituyen herramientas legítimas mediante las cuales la ciudadanía puede expresar su inconformidad dentro del marco constitucional.

La desobediencia civil forma parte de esa tradición democrática cuando conserva su carácter público, pacífico, proporcional y orientado a la protección de valores superiores.

El debate suscitado por las declaraciones de Iván Cepeda Castro trasciende coyunturas electorales. Plantea preguntas de fondo sobre la defensa de la soberanía, la autonomía institucional, la supremacía de la Constitución y el papel de la ciudadanía en la preservación del Estado democrático.

Independientemente de las posiciones políticas, toda democracia madura debe ser capaz de discutir estas cuestiones con serenidad, argumentos y apego al derecho.

La democracia no consiste únicamente en votar cada cierto número de años. También exige una ciudadanía vigilante, crítica y comprometida con la defensa permanente del orden constitucional. Cuando las instituciones funcionan correctamente, son ellas las llamadas a resolver las controversias. Cuando la ciudadanía considera que existen riesgos para los principios fundamentales del Estado, la movilización pacífica y la deliberación pública continúan siendo expresiones legítimas de la participación democrática.

En definitiva, la desobediencia civil constituye uno de los últimos recursos éticos de una sociedad libre. No pretende reemplazar la Constitución, sino reivindicar su vigencia; no busca destruir la democracia, sino impedir que se aparte de los principios que le dan legitimidad. En esa medida, cualquier convocatoria a la desobediencia civil solo encuentra justificación dentro de los parámetros de la no violencia, el respeto por la dignidad humana y la defensa del Estado constitucional de derecho.

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

NO ES HORA DE BUSCAR CULPABLES, ES HORA DE LA UNIDAD Y LA LUCHA INTELIGENTE *

 

En la imagen: Carlos Gallego / Historiador - Analista político

Por: CARLOS MEDINA GALLEGO 

El futuro no se construye alimentando resentimientos ni buscando culpables. Se construye preservando la dignidad, fortaleciendo la unidad y manteniendo la coherencia ética incluso en los momentos más difíciles

Las derrotas electorales suelen revelar tanto el carácter de los adversarios como el de los propios. Mientras unos celebran con euforia, otros caen en la tentación de buscar culpables internos, señalar responsables individuales y convertir la frustración en una disputa fratricida.

Esa reacción, comprensible desde la emoción, resulta profundamente equivocada cuando sustituye el análisis político por la descalificación personal. Hoy, más que nunca, el progresismo colombiano necesita inteligencia estratégica antes que impulsos vengativos.

En los días posteriores a la segunda vuelta presidencial han aparecido voces empeñadas en responsabilizar al candidato Iván Cepeda Castro por el resultado electoral. Como ocurre casi siempre después de una contienda difícil, algunos consideran más sencillo construir un chivo expiatorio que realizar una evaluación seria de las condiciones objetivas y subjetivas en las que se desarrolló la campaña. Se trata de una respuesta que, lejos de fortalecer al movimiento, amenaza con fragmentarlo precisamente cuando más necesita cohesión.

Quienes hoy buscan responsables parecen olvidar la magnitud del desafío que enfrentó la candidatura progresista. No se trató de una competencia desarrollada en condiciones de equilibrio político, económico y mediático. Fue una campaña atravesada por enormes asimetrías de recursos, por una intensa polarización ideológica, por poderosos intereses económicos comprometidos con el resultado y por un ambiente de confrontación que redujo los espacios para un debate sereno sobre los programas de gobierno.

En ese contexto, reducir el resultado electoral a las supuestas limitaciones de un candidato constituye una simplificación que desconoce la complejidad propia de toda competencia democrática. Ninguna elección presidencial depende exclusivamente de una persona. Intervienen factores estructurales, dinámicas territoriales, comportamientos históricos del electorado, campañas de comunicación, recursos financieros, alianzas políticas, agendas mediáticas y múltiples circunstancias imposibles de condensar en una sola explicación.

Los números, además, ofrecen una lectura muy distinta de la que proponen quienes hablan de un supuesto fracaso. Entre la primera y la segunda vuelta, el proyecto progresista logró incorporar cerca de tres millones de nuevos votos. Se trata de un crecimiento extraordinario en apenas unas semanas, alcanzado sin renunciar a los principios fundamentales que han caracterizado a este proyecto político: la defensa de la vida, la justicia social, la paz, la inclusión, la protección de los derechos fundamentales y la consolidación de un Estado comprometido con el interés general.

¿Puede calificarse como un fracaso un movimiento político capaz de convocar a millones de ciudadanos adicionales en tan corto tiempo? Difícilmente. Las derrotas existen, por supuesto, pero una derrota electoral no equivale necesariamente a un fracaso político. Hay campañas que pierden elecciones mientras consolidan proyectos históricos, amplían su base social y construyen las condiciones para futuras victorias. También existen triunfos electorales que terminan siendo derrotas políticas cuando quienes llegan al poder carecen de un horizonte ético o de una propuesta capaz de transformar la sociedad.

La historia política demuestra que las grandes transformaciones raramente avanzan en línea recta. Son procesos acumulativos, llenos de avances, retrocesos, aprendizajes y reorganizaciones. Quienes pretenden convertir cada elección en un juicio definitivo desconocen la naturaleza misma de la construcción democrática.

Resulta igualmente preocupante el tono de algunas críticas internas. En lugar de preguntarse qué enseñanzas deja el proceso electoral, ciertos sectores parecen más interesados en identificar responsables, ajustar cuentas personales o disputar espacios de liderazgo. Esa lógica del canibalismo político ha debilitado históricamente a numerosas fuerzas progresistas en América Latina. Muchas veces el adversario externo no consigue destruir aquello que finalmente termina erosionándose desde dentro.

La política democrática exige debate, autocrítica y evaluación permanente. Pero existe una diferencia sustancial entre la autocrítica y la búsqueda obsesiva de culpables. La primera fortalece porque identifica errores para corregirlos. La segunda destruye porque transforma las diferencias en enemistades y reemplaza la reflexión por la condena.

Responsabilizar exclusivamente a Iván Cepeda Castro desconoce, además, la forma como asumió la campaña. Su discurso nunca apeló al odio, la estigmatización ni la eliminación simbólica del adversario. Defendió una visión del país basada en la convivencia democrática, la ampliación de derechos, la reconciliación nacional y el respeto por la diversidad política. En una época marcada por la radicalización del lenguaje público, esa actitud constituye un activo democrático y no una debilidad.

Es posible discutir decisiones tácticas, mensajes específicos o estrategias de campaña. Toda campaña es perfectible. Pero convertir esas discusiones legítimas en un juicio político contra quien encabezó el proyecto solo beneficia a quienes desean un progresismo dividido, enfrentado y debilitado.

El verdadero desafío consiste en comprender qué expresó la ciudadanía mediante su voto. Colombia continúa siendo un país profundamente polarizado, atravesado por visiones distintas sobre el papel del Estado, la economía, la seguridad, la justicia social y los derechos ciudadanos. Ningún sector puede pretender representar por sí solo la totalidad del país. Precisamente por eso resulta indispensable construir mayorías sociales más amplias, capaces de dialogar con sectores que todavía observan con desconfianza al progresismo.

Esa tarea exige generosidad política. Exige abandonar los círculos cerrados, escuchar con atención a quienes piensan distinto y ampliar las capacidades de interlocución con nuevos actores sociales, empresariales, académicos, culturales y territoriales. No se construyen mayorías mediante la exclusión de quienes ya hacen parte del proyecto, ni mucho menos mediante la descalificación pública de sus dirigentes.

La unidad nunca ha significado uniformidad. Todo proyecto democrático saludable convive con diferencias internas. Sin embargo, esas diferencias deben tramitarse mediante mecanismos de deliberación respetuosa, no mediante campañas de desprestigio o acusaciones simplistas que terminan debilitando la confianza colectiva.

Más que preguntarse quién perdió la elección, el progresismo debería preguntarse qué país logró construir durante estos años y cuáles son las bases sociales que hoy sostienen su proyecto histórico. Millones de colombianos continúan identificándose con una agenda que prioriza la defensa de la vida, la protección del medio ambiente, la inclusión social, la igualdad de oportunidades, la educación pública, la salud como derecho y la construcción de paz. Ese capital político no desaparece por un resultado electoral. Al contrario, constituye el punto de partida para una nueva etapa de acumulación democrática.

Las sociedades cambian lentamente. Las culturas políticas se transforman mediante procesos prolongados de organización, pedagogía y participación ciudadana. La impaciencia nunca ha sido una buena consejera en política.
Por eso resulta indispensable rechazar los falsos triunfalismos, pero también las narrativas derrotistas que presentan el resultado electoral como una catástrofe irreversible.

Ni unos ni otros ayudan a comprender el momento histórico. Lo que corresponde ahora es fortalecer la organización, ampliar las alianzas, renovar los liderazgos sin destruir los existentes y consolidar una propuesta nacional todavía más incluyente.

El progresismo colombiano no necesita tribunales internos para condenar a quienes dieron la batalla democrática. Necesita inteligencia colectiva para interpretar las lecciones de esta elección y convertirlas en oportunidades de crecimiento.

El futuro no se construye alimentando resentimientos ni buscando culpables. Se construye preservando la dignidad, fortaleciendo la unidad y manteniendo la coherencia ética incluso en los momentos más difíciles. Porque, al final, las victorias más profundas no siempre coinciden con los resultados inmediatos de las urnas. Algunas comienzan precisamente cuando una fuerza política es capaz de aprender sin destruirse, de corregir sin dividirse y de seguir caminando con la convicción de que la defensa de la vida, la esperanza, la inclusión y la reconciliación continúa siendo una causa que vale la pena sostener.

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

La democracia frente al espejo *

 

Por: Jhon Jaiver Flórez G.

Este 21 de junio, cuando el ruido se apague, aparecerá Colombia. No la del carnaval, de los transformistas Therian; sino la real: la del agua, la tierra, los jóvenes sin oportunidad y las víctimas sin justicia. Esa Colombia silenciosa y decente será la que decida 

Las dos vueltas de la elección presidencial en Colombia se disputan en universos distintos. Son, en esencia, dos países que votan movidos por emociones diferentes, motivaciones opuestas y concepciones morales que apenas llegan a encontrarse. Comprender esta diferencia no es un detalle técnico ni una curiosidad electoral: es la clave para entender lo que verdaderamente está en juego el 21 de junio. Porque hay momentos en la vida democrática de una nación en los que la segunda vuelta deja de ser una simple etapa del calendario electoral y se convierte en el escenario donde se define el rumbo histórico del país.

La primera vuelta es un carnaval a la colombiana: exuberante, caótico y profundamente revelador. Desfilan candidatos de todos los colores, carrozas cargadas de promesas y comparsas repletas de consignas. En medio del ruido suelen emerger propuestas serias, ideas capaces de dialogar con los problemas reales del país. En esta ocasión, las más elaboradas provinieron de la izquierda y del centro: programas con diagnóstico, con vocación de futuro. Del otro lado —donde la extrema derecha insiste en conversar con los fantasmas del pasado— el desgaste pareció haber agotado incluso la capacidad de imaginar algo nuevo. No llegaron con ideas; llegaron con reflejos. Y con los reflejos, como advertía Erich Fromm, rara vez se construye algo distinto al miedo.

Paloma Valencia gritaba con fervor casi religioso: «¡Uribe es mi papá!», como si la filiación política hubiera ascendido a la categoría de sacramento y el uribismo fuera una iglesia secular cuyo dogma consiste en añorar un pasado donde el orden justifica abastardar la democracia. En otro extremo surgió el candidato del «balín», que condensó en una sola palabra toda su concepción del Estado. Incluso él experimentó un destello de lucidez cuando afirmó que «Abelardo es una persona demasiado oculta y oscura». Pocas veces una crítica resulta tan demoledora precisamente porque proviene de quienes mejor conocen los corredores y los silencios de la misma casa.

Lejos de los límites del decoro —allá donde la prudencia fue despedida y la vergüenza abandonó su puesto sin dejar reemplazo— se levantaba el gran pabellón ambulante, el circo de Abelardo De la Espriella. Ni siquiera pareció una candidatura: fue una atracción de feria. Un maniquí de político ensamblado con piezas incompatibles: un extremista que promete destripar la oposición, un predicador apocalíptico, un gladiador de utilería y un vendedor de soluciones instantáneas. Como si la política hubiera sido absorbida por un programa de entretenimiento producido por los algoritmos de la indignación.

Cada aparición pública pareció diseñada por un comité integrado por la ira y las métricas de interacción en redes. Nada se orientó a convencer; todo apuntó a impactar. No ofreció argumentos: disparó proyectiles verbales. No construyó propuestas: fabricó enemigos. Simplificó la realidad hasta convertirla en una historieta donde todos los problemas nacionales se resuelven mediante castigos ejemplares y demostraciones de fuerza reaccionaria. Sus discursos fueron subastas de estridencias donde siempre ganó la exageración. La política dejó de ser deliberación para convertirse en una disciplina de alto riesgo emocional.

Pero el verdadero problema nunca ha sido el personaje. La historia está llena de fanfarrones, caudillos de opereta y profetas del resentimiento. Lo verdaderamente inquietante es la multitud que los sigue. Ningún charlatán de feria se fabrica solo: necesita una sociedad seducida por respuestas simples, dispuesta a confundir la grosería con autenticidad y el grito con la verdad. Por eso la pregunta decisiva no es quién es Abelardo De la Espriella. Es qué devela sobre nosotros el hecho de que un vulgar mata gatos haya llegado tan lejos.

Pero detrás del espectáculo, el carnaval ocultaba algo más grave. Algo que Colombia ya ha visto antes, y que pagó con sangre y con décadas de violencia.

A pocos días de la segunda vuelta, Iván Cepeda anunció que presentó ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Penal Internacional una denuncia penal contra De la Espriella por tres delitos asociados con crímenes de lesa humanidad: concierto para delinquir, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito, en el marco de presuntos vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia. La denuncia señala que la Fundación Iniciativas para la Paz —FIPAS—, dirigida por De la Espriella, habría sido simultáneamente financiada por las AUC y financiadora de las mismas. Salvatore Mancuso declaró ante la Jurisdicción Especial para la Paz sobre esa relación. El propio De la Espriella, lejos de desmentir el vínculo, ha expresado públicamente su admiración por Mancuso, afirmando que el jefe paramilitar emprendió "una lucha que muchos cordobeses tenían que haber hecho." La denuncia vincula además a De la Espriella con los alias Ernesto Báez, Juancho Dique, Comandante Barbie y El Tuso Sierra.

El patrón no es nuevo. En los años ochenta, los narcotraficantes autodenominados Los Extraditables creyeron que la política podía ser un escudo. Pablo Escobar llegó al Congreso; Carlos Lehder fundó un movimiento político. Calcularon que la legitimidad institucional los blindaría de la justicia. Se equivocaron: al buscar tribunas, se expusieron al escrutinio que sus crímenes no resistían, polarizaron a la sociedad y aceleraron su propia destrucción. La lección es precisa: el crimen organizado que aspira al poder político no fortalece su posición, la fragiliza. Porque el poder democrático requiere transparencia, rendición de cuentas y soportar el escrutinio de la prensa y la ciudadanía. La política, cuando funciona, es el peor refugio para quienes tienen un inframundo que ocultar. La campaña de Abelardo no ha podido refutar los señalamientos con evidencia, solo con la fórmula habitual: el grito, la descalificación y la invocación de persecución política. El mismo argumento que utilizaron Los Extraditables cuando la justicia comenzó a cercarlos.

El 31 de mayo, Cepeda y De la Espriella pasaron a segunda vuelta. Colombia se encontró, una vez más, ante una encrucijada que no admite indiferencia. El triunfo de Abelardo demostró que su estrategia fue eficaz: el outsider furioso, el hombre que promete romperlo todo. Pero aquella misma noche el éxito comenzó a convertirse en su propio verdugo. La embriaguez del triunfo emergió sin filtros en la diatriba pronunciada sobre el río Magdalena: una sucesión de insultos y amenazas que no fue un discurso sino una radiografía de su carácter violento. Incluso muchos de sus simpatizantes sintieron vergüenza ajena. Porque De la Espriella encarna un fenómeno bien conocido en la sociología electoral: el candidato del voto vergonzante, aquel que se apoya en privado, pero pocos exhiben con orgullo en público.

Aquí aparece la lección más importante de toda elección de dos vueltas. En la primera, los ciudadanos votan por: por una esperanza, una propuesta, una visión de futuro. En la segunda, votan contra. Contra aquello que consideran una amenaza. Contra aquello que juzgan incompatible con el país que desean construir. Es una transformación política, filosófica y emocional: el elector deja de preguntarse quién lo representa mejor y comienza a preguntarse qué escenario considera más peligroso para la sociedad. Por eso las segundas vueltas suelen ser menos románticas y más racionales. Hannah Arendt advirtió que las amenazas para las democracias no siempre llegan con apariencia monstruosa; a veces se presentan como fenómenos perfectamente ordinarios. Su peligro radica precisamente en la normalización.

En estos días previos al 21 de junio continuarán las investigaciones, las denuncias, los prontuarios y los debates. El carnaval intentará prolongarse. Pero llegará el momento en que el ruido se apague. Y entonces aparecerá Colombia.

La Colombia real: la de los páramos que abastecen de agua a millones, la de las selvas que regulan el clima, la de los campesinos que producen alimentos, la de los jóvenes que buscan oportunidades, la de las víctimas que aún esperan justicia, la de las generaciones futuras que heredarán las consecuencias de lo que se decida ahora.

El problema de fondo nunca ha sido una candidatura: es una cultura política. Vivimos una época en que demasiadas sociedades confunden el espectáculo con el liderazgo, la provocación con el carácter y la capacidad de viralizar emociones con la capacidad de gobernar. Colombia no es ajena a esa enfermedad global. Por eso el 21 de junio trasciende a dos candidatos: ese día cada ciudadano responderá una pregunta más profunda que cualquier consigna de campaña. Las naciones no se definen solo por quienes las gobiernan, sino también por aquello que sus ciudadanos están dispuestos a admitir, tolerar o rechazar.

El carnaval termina. Las carrozas desaparecen. Las comparsas se silencian. Los vendedores de milagros desmontan sus tarimas. Los prestidigitadores del miedo recogen sus artefactos. Y entonces queda lo único que importa: Colombia. Frente a ella no estará Abelardo, ni Cepeda, ni los partidos, ni los estrategas. Estará cada ciudadano frente a su conciencia.

Porque las democracias no mueren cuando aparecen los demagogos —los demagogos han existido siempre—. Las democracias comienzan a morir cuando una sociedad deja de identificarlos. Y esta es mucho más que una elección presidencial: es la verdadera prueba que Colombia deberá superar.

* La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).