Con la nueva ley de reforma pensional avanza el cambio

Por: Germán Navas Talero y Pablo Ceballos Navas 

Editor: Francisco Cristancho R. 

Esta victoria en el Legislativo con amplia mayoría entre los votantes, 86 a 32, marca un hito en la gestión del primer gobierno de izquierda, y augura tiempos mejores para las demás reformas sociales, tan necesarias como esta.   

Como todos los fines de semana nos correspondió revisar las últimas ediciones de la prensa y pasear por las redes sociales para escoger un tema de interés del que pudiéramos hablar largo y tendido. Con beneplácito recibimos la aprobación en último debate del proyecto de ley de reforma pensional, el cual –salvo que ocurra un verdadero cataclismo– ya es ley de la República, pues la sanción presidencial se da por descontada. Esta victoria en el Legislativo con amplia mayoría entre los votantes, 86 a 32, marca un hito en la gestión del primer gobierno de izquierda, y augura tiempos mejores para las demás reformas sociales, tan necesarias como esta. 

Por iniciativa del Presidente de la República y con el concurso de la bancada del Pacto Histórico, el gobierno tramitó con éxito un proyecto que pretende sustituir el sistema fallido de pensiones –que dejaba a siete de cada diez cotizantes sin jubilación y que mantenía en el desamparo a la vejez empobrecida– por un modelo vanguardista, a tono con las principales legislaciones del mundo, el cual garantiza una pensión universal de subsistencia; provee mecanismos para facilitar la obtención de la mesada; robustece el fondo público con un margen obligatorio de afiliación; asegura la pensión de los cotizantes hasta por dos salarios mínimos y corrige desigualdades que perjudicaban la posibilidad de las mujeres de acceder a la pensión. Todo esto al tiempo que custodia el ahorro pensional a buen recaudo y con independencia del gobierno y de los voraces fondos privados, a quienes les preserva el régimen de libre concurrencia en el pilar de ahorro voluntario. 

Desde esta tribuna felicitamos al señor Presidente, a la ministra de Trabajo que demostró su sagacidad e infatigable liderazgo –cualidades que Germán le conoce desde sus años en el Congreso y por las que puede dar crédito– y a los ponentes del proyecto, en particular a la representante Martha Alfonso, quien no solo instruyó a sus colegas y a la opinión pública en los tejemanejes de la reforma, sino que también hubo de tomar la difícil y necesaria decisión de priorizar el texto aprobado en el Senado y dejar atrás su encomiable trabajo con la ponencia de la Cámara. Confiamos y esperamos que el gobierno respalde la iniciativa de la representante Alfonso para presentar, en la siguiente legislatura, un proyecto que corrija algunas deficiencias del texto aprobado con miras a tener la mejor reforma posible. 

–Pasando a otro tema– Nos resultaron en todo preocupantes, aunque elocuentes respecto de la maldad perenne en nuestro país, algunos comentarios de descrédito, reproche e incluso celebración por el atentado contra el padre de la vicepresidente de la República. Un grupúsculo de ciudadanos azuzados por ‘líderes’ de oposición ultraderechistas, oportunamente justificados por un medio de comunicación que destaca más por sus yerros que por sus primicias, cuestionó la veracidad del ataque, su lesividad e incluso la intención de los atacantes. Esto último llamó poderosamente nuestra atención, ¿cómo pueden afirmar el “real” propósito de un atentado? O, mejor dicho, ¿quién podría saber cuál era su “verdadero” objetivo? Un lector desconfiado bien podría concluir que no hay persona que conozca mejor las respuestas a estos interrogantes que aquel que determinó o ejecutó el ataque. 

Adenda: inaceptables las críticas a Cielo Rusinque por la contratación de un esquema de seguridad cuya necesidad ha quedado demostrada más allá de duda, tras las amenazas y los seguimientos de los que ha sido objeto. No solo está en su derecho, es del interés de todos los colombianos –sin distinción ideológica– que la doctora Rusinque pueda ejercer sus funciones como superintendente y continuar con su liderazgo político, libre de preocupación por su integridad y la de su familia, así como lo hacen vocales opositores del gobierno. 

Las opiniones de los columnistas son de su exclusiva responsabilidad.  Les invitamos a leer, comentar, compartir y a debatir con respeto. 

Esta nota fue publicada originalmente en SoNoticias y compartida a la comunidad de La Conversa de Fin de Semana, gracias a la generosidad de su director, el periodista Hernán Riaño. 

TransMilenio vence el temor a una condena por falsedad y fraude procesal*

 

Por: Germán Navas Talero y Pablo Ceballos Navas

Editor: Francisco Cristancho R.

La mejor dieta no es la parlamentaria sino la de la mesura.

Estuvimos preguntando a algunos conocidos boyacenses qué saben de los Ramírez: nos dijeron que son conservadores, lo cual es problema de ellos; que siempre han hecho plata con la política y que el papá se alió con alias “Mi Sangre” y “El Doctor” –connotados delincuentes, el uno paramilitar y el otro narco– y puso a disposición de estos su curul y su tiempo, como quedó acreditado con las horas de conversaciones que interceptó la Fiscalía entre el congresista y sus patrones

La obsesión de los alcaldes de Bogotá por el TransMilenio es rayana en un trastorno clínico: incluso antes de posesionarse, el alcalde electo ocupa sus primeras reuniones en garantizar la pervivencia del modelo económico del sistema, cuyo fracaso se ha probado y demostrado. Una de las primeras decisiones que deberá tomar Carlos Fernando Galán a su llegada al Palacio Liévano es si incrementa o no la tarifa del sistema de transporte. Los enterados especulan sobre un aumento entre el diez y el veinte por ciento, llevando el valor del boleto a alrededor de 3.200 pesos. Al margen de la discusión sobre su conveniencia y oportunidad, es preciso recordar que el ciudadano no paga la tarifa completa de su viaje pues este es subsidiado en porción importante con recursos públicos del orden de los 2.7 billones de pesos en la última vigencia fiscal. Y, aun así, prácticamente sostenido con el dinero de los contribuyentes, el modelo concesionado no logra llegar a números verdes. Los bogotanos recordarán que tan solo hace unos meses los operadores y su gerente (también pagado con recursos públicos) amenazaron con el cese de operaciones si el gobierno nacional no entregaba aún más plata para cubrir el que ellos llaman “déficit” y que, aunque semánticamente parecidos, realmente se debe a un defecto muy conveniente para ellos en la estructuración del negocio.

Hemos sabido que ante un juzgado municipal de Bogotá se adelanta una actuación penal en contra de funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano y de Catastro Distrital con ocasión de una acusación promovida por la Fiscalía por los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, cometidos durante la fiebre de la alcaldesa por la expropiación de bienes privados para la construcción de troncales de TransMilenio. Vemos con satisfacción que las protestas ciudadanas y los reclamos por las constantes intimidaciones y abusos de la administración distrital han sido atendidas por el ente acusador y están siendo dirimidas en una corte de derecho. Sin desmedro de lo anterior, hemos de advertir que incluso con causa penal a bordo los que siempre ganan siguen ganando: si se expropia y se derrumba lo suficiente antes de perder el poder, quien ha de sucederlo(a) no tiene alternativa distinta a seguir el curso de su predecesor(a) o de lo contrario se expone al detrimento patrimonial del Estado. Lo cierto es que cualquier bogotano debe preocuparse cuando vea a un funcionario distrital siquiera avistando su domicilio a la distancia, pues si tienen en mente pasar buses por encima de su casa o edificio no habrá tuitiva que valga. Dicho de otra forma, puesto el ojo, ordenada la expropiación.

–Pasando a otro tema– Estos son buenos días para la administración de justicia: la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia no se deja entretener en novenas ni baja la marcha en la víspera de la vacancia y por ello actuó sin demora ante la presencia de indicios graves de ideación, organización y dirección de un “entramado criminal” por cuenta del senador del Centro Democrático, Ciro Alejandro Ramírez. Si Ciro leyera esto hoy, lo haría desde una celda de la cárcel La Picota, establecimiento en el que estará recluido por un buen tiempo durante el cual el país se tendrá que privar de sus excelsos análisis económicos por los que algunos lo tenían como uno de los ‘buenos’ de la bancada uribista. Por lo visto Ciro Alejandro no solo lleva el apellido de su papá sino también su inri en materia penal. Estuvimos preguntando a algunos conocidos boyacenses qué saben de los Ramírez: nos dijeron que son conservadores, lo cual es problema de ellos; que siempre han hecho plata con la política y que el papá se alió con alias “Mi Sangre” y “El Doctor” –connotados delincuentes, el uno paramilitar y el otro narco– y puso a disposición de estos su curul y su tiempo, como quedó acreditado con las horas de conversaciones que interceptó la Fiscalía entre el congresista y sus patrones, a quienes habría convencido de ser “la puerta de entrada al Congreso”.

Los que han estado pendientes de la reforma laboral están contentos de que el recargo nocturno vuelve al comienzo de la noche mientras avanza el trámite de los demás artículos en el Congreso. Aunque haya asalariados que denostan del proyecto, que no es otra cosa que restituir los derechos globalmente reconocidos a los trabajadores y que en Colombia fueron cesados bajo la promesa de más y mejor empleo que jamás se hizo realidad, no son pocos los ciudadanos que celebraron este triunfo en el debate sobre la reforma.

En otra oportuna decisión de la justicia, esta semana un juez de la República condenó a cuarenta años de prisión al policía que torturó y asesinó a Javier Ordóñez en un grotesco caso de abuso policial que encendió las calles por haber quedado registrado en video. Esperamos que con la misma eficacia y seriedad sean decididas las causas abiertas con ocasión de los excesos en el uso de la fuerza que siguieron a la publicación del video de la tortura a Ordóñez y que concluyeron en al menos once homicidios extrajudiciales.

Adenda: los que están de plácemes con la llegada del nuevo año son los gastroenterólogos y los nutricionistas que atenderán los excesos de diciembre. A todos nuestros lectores les deseamos una feliz Navidad.

Adenda dos: un internauta nos recuerda este titular del 25 de febrero de 2023 publicado en Infobae: “Claudia López sería investigada por gastar un billón de pesos en publicidad”. ¿Qué será de eso? Averiguaremos.

Texto publicado originalmente en https://sonoticias0.wordpress.com/ y compartido con la comunidad de La Conversa de Fin de Semana gracias a la generosidad de nuestro aliado, el periodista Hernán Riaño, director de Sonoticias

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