La Paz Territorial Indígena: Un mandato aún incumplido

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

La nación Nasa y todos los pueblos indígenas en resistencia, no son un tema antropológico; son sujetos políticos de derechos, comunidades dignas y valientes que han defendido su territorio y su cultura con un costo humano inmenso

El reciente y trascendental comunicado, suscrito por 209 autoridades tradicionales de la nación Nasa [1], no es solo un pronunciamiento más en el panorama de la conflictividad social y armada en Colombia; es el llamado colectivo de una resistencia milenaria que celebra, con cautelosa esperanza, un avance jurídico crucial: la tipificación formal como delitos de lesa humanidad de los crímenes cometidos por grupos armados contra las comunidades, sus sabedores y el propio territorio. Este hito legal, sin embargo, resuena sobre un suelo aún ensangrentado. Mientras la justicia ordinaria empieza a nombrar con la gravedad que merecen estos hechos, en los resguardos del Cauca la guerra sigue escribiendo su capítulo más cruel con tinta de presente continuo.

Es importante tener en cuenta que el comunicado no es un ejercicio de memoria histórica sobre un pasado superado, es una radiografía urgente del hoy. A pesar de los acuerdos de paz pactados y de la actual propuesta de “Paz Total”, las comunidades Nasa siguen reportando amenazas, confinamientos, desplazamientos forzados y, de manera particularmente atroz, el reclutamiento de sus niños, niñas y jóvenes por parte de actores armados ilegales, que no debe entenderse, ni mucho menos normalizarse como un daño colateral; sino como un etnocidio en cámara lenta, una herida profunda al corazón mismo de la continuidad cultural.

El comunicado, claramente reconoce que la justicia colombiana ha dado pasos significativos, ya que menciona el hecho de que las Altas Cortes colombianas han emitido sentencias emblemáticas que reconocen el abandono estatal histórico y ordenan su remediación. Sin embargo, estos mandatos judiciales, en su mayoría, yacen en el limbo de la implementación, toda vez que, la causa raíz de este “estado de cosas inconstitucional” (la ausencia crónica del Estado social de derecho y la perpetuación de las condiciones que alimentan el conflicto) sigue intacta. Los intentos de paz de los gobiernos de Santos y Petro, aunque distintos en su narrativa, han demostrado, hasta el momento, una ineficacia palpable en los territorios indígenas, en donde la lógica del fusil aún prevalece sobre la del diálogo.

En este contexto de promesas incumplidas y violencia renovada, cobra una importancia capital la Propuesta de Paz Territorial construida y presentada por las organizaciones indígenas del Cauca, como la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la que, tristemente desnuda una gran contradicción del actual gobierno del Pacto Histórico: mientras proclama una “Paz Total” que pretende ser incluyente, parece no otorgar el acompañamiento político decisivo que esta iniciativa originaria requiere y merece.

La propuesta de paz indígena no es un anexo; plantea un cambio de paradigma. Como señalan las autoridades Nasa en su comunicado, esta visión descentra las negociaciones del ámbito exclusivo de los actores armados y sitúa en el centro a las comunidades víctimas. Plantea un modelo de construcción de paz desde lo territorial, fundamentado en las particularidades geográficas, sociales, políticas y, sobre todo, espirituales de los pueblos. Se distancia así de los modelos tecnocráticos diseñados desde escritorios en Bogotá, que suelen operar con un centralismo urbano ajeno, tanto a la realidad territorial y a la cosmovisión de sus habitantes, como a la lógica meramente utilitarista y violenta de los ilegales.

El llamado final del comunicado es un testamento de dignidad y una hoja de ruta ignorada. Es imperativo que el gobierno de Gustavo Petro y toda la institucionalidad local y regional del Cauca, no solo “escuchen”, sino que arropen y materialicen esta propuesta. Se debe pasar de la retórica del reconocimiento multicultural, que a menudo reduce a los pueblos indígenas a un componente folclórico y pintoresco; a la acción concreta que respete su autonomía y, lo que es más revolucionario, permitir que su cosmovisión y sus formas propias de organización realmente primen en el diseño e implementación de cualquier política, plan o programa que les concierna.

La nación Nasa y todos los pueblos indígenas en resistencia, no son un tema antropológico; son sujetos políticos de derechos, comunidades dignas y valientes que han defendido su territorio y su cultura con un costo humano inmenso. Su propuesta de paz territorial no es una alternativa más; es, quizás, la única que puede sanar las raíces de la guerra en esos territorios. Ignorarla, una vez más, no sería solo un error político; sería una traición histórica a la posibilidad de una paz verdadera y con justicia social para Colombia.

El tiempo de los discursos ha pasado. La tierra, a través de sus autoridades, ha hablado. Ahora es el turno del Estado colombiano de actuar, antes de que la oportunidad se pierda en el mismo fuego cruzado que hoy consume a las semillas de vida del Cauca.

 

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[1] Ver documento completo en: https://drive.google.com/file/d/1YX3mTSYyudpa7wiL9JG6lZ5UhXOMYslt/view?usp=sharing

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En el Cauca: Desencanto con el gobierno nacional vs respaldo a Petro*

 

Por: Andrea B. Romero

Clanes políticos tradicionales del Cauca, como los de Temístocles Ortega y Óscar Campo, el liberalismo gavirista y otros han consolidado alianzas que les permiten sobrevivir y obstruir las iniciativas del gobierno central. Su principal objetivo no es el desarrollo regional, sino preservar sus redes de influencia y clientelismo

El departamento del Cauca, bastión electoral del Pacto Histórico y símbolo de las luchas históricas por la tierra, la autonomía y la paz, vive una paradoja profunda y potencialmente explosiva, ya que, mientras aún se mantiene un apoyo mayoritario a la figura del presidente Gustavo Petro y a su proyecto de cambio; en sus territorios más golpeados por la violencia y el abandono (como la zona norte, cuna de la vicepresidenta Francia Márquez), crece un sentimiento tangible de frustración y desencanto. 

Este descontento, que comienza a articularse desde las organizaciones sociales de base: indígenas, afrodescendientes y campesinas; no es un rechazo al ideario del “vivir sabroso” o a la necesidad de una paz total (política en la que la organización Indígena ha presentado propuestas propias), sino un cuestionamiento agudo a la incapacidad del gobierno nacional para materializar sus promesas en el territorio y de erradicar la incompetencia activa de las viejas estructuras políticas locales y la inercia de una burocracia estatal mediocre.

Esta contradicción se evidencia en el hecho de que, a pesar de las numerosas visitas de ministros, de las expresiones de solidaridad y de contar con la segunda mandataria del país, oriunda de Suárez, el Cauca no experimenta la transformación prometida. La percepción entre las comunidades es que el gobierno nacional ha delegado su implementación en una capa de funcionarios de nivel medio, tanto en las carteras ministeriales como en las entidades descentralizadas, que actúan con lentitud, descoordinación y, en muchos casos, con una desobligación que raya en el sabotaje pasivo. El presidente Petro, concentrado en grandes batallas nacionales e internacionales, no ha priorizado la tarea de “poner en cintura” a este aparato administrativo, dejando que proyectos clave se pierdan en la maraña de los trámites, las licitaciones fallidas y la falta de voluntad política operativa. El resultado es un catálogo de promesas incumplidas y obras estancadas que alimentan el escepticismo.

Este fracaso en la implementación no ocurre en un vacío político, sino que se potencia por una situación electoral y de poder local profundamente contradictoria. Mientras el Cauca votó masivamente por Petro y eligió un significativo número de congresistas del Pacto Histórico, en el ámbito territorial el poder sigue estando capturado por los históricos cacicazgos de los partidos tradicionales de derecha. Clanes electorales como los del exgobernador y congresista Temístocles Ortega (Cambio Radical), el liberalismo de César Gaviria y Fernando Velasco, lo mismo que la maquinaria política del congresista y exgobernador Óscar Campo (también de Cambio Radical) han demostrado una habilidad magistral para la cooptación y la supervivencia. Estas nuevas alianzas electorales han logrado neutralizar, desviar o empantanar las iniciativas del gobierno central. Su objetivo no es el desarrollo del Cauca, sino mantener sus redes de influencia y clientela, actuando como un dique de contención contra el cambio.

En este escenario, el silencio y la ambigüedad de la vicepresidenta Francia Márquez resultan desconcertantes y son fuente de creciente malestar. Su imagen, esencial para la legitimidad étnica y popular del gobierno, parece diluirse en fotos protocolarias con la misma clase política tradicional que bloquea las transformaciones. Las comunidades perciben una figura distante, cuya capacidad para torcerle el brazo a los operadores políticos locales y a la burocracia ministerial parece ser nula. El “vivir sabroso” se convirtió en un eslogan vacío, mientras la violencia del ELN, las disidencias y los grupos narcotraficantes sigue diezmando a los líderes sociales y envenenando la vida comunitaria.

Un caso emblemático de este fracaso es el Hospital Regional del Norte del Cauca, una obra demandada por décadas y prometida de manera reiterada. El proyecto fue sistemáticamente empantanado por maniobras burocráticas locales, incluyendo las muy sospechosas dilaciones del actual alcalde de Santander de Quilichao con la complicidad de grupos políticos que hoy siguen ejerciendo poder. Este patrón se repite en otros proyectos de infraestructura y desarrollo social que, ante la falta de vehemencia en su gestión por parte del gobierno nacional y la obstrucción local, avanzan hacia un estatus de “elefantes blancos”. Paralelamente, los gobiernos locales (alcaldías y gobernación) muestran una notoria ausencia de gestión y solidaridad, puesto que hasta ahora no atinan en la articulación de proyectos propios, de real impacto que alivien la crisis social.

Ante esta situación, no sería extraño que se produjera una reactivación de la protesta social pacífica y masiva en el Cauca. Las organizaciones indígenas, afros y campesinas tienen un histórico acumulado de movilización y podrían dirigir su demanda, no ya contra un gobierno hostil de derecha, sino contra un gobierno propio al que consideran en deuda. La exigencia sería clara: que el presidente Petro ejerza su autoridad para desbloquear la implementación, que remueva los obstáculos burocráticos internos y que enfrente políticamente a los cacicazgos locales que traban el desarrollo. Entienden las limitaciones que imponen los gobiernos locales opositores, pero no perdonan la falta de fuerza y de estrategia territorial de su propio gobierno nacional.

La paz y el “vivir sabroso” no se construyen solo con discursos en Bogotá; exigen una presencia transformadora, obstinada y efectiva en el territorio. Allí, por ahora, la fuerza de Gustavo Petro brilla por su ausencia.

* Las opiniones expresadas en las columnas son responsabilidad de sus autores. La Conversa de Fin de Semana agradece los valiosos aportes de sus colaboradores e invita a opinar, criticar, sugerir y/o contestar con respeto.

CEO en el Cauca: El apagón anunciado de la privatización

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com- 

La lucha por un servicio de energía digno en el Cauca es más que una reivindicación por un bien básico; es una batalla por la dignidad de sus habitantes 

Durante décadas, los caucanos hemos sido víctimas de un servicio de energía eléctrica deficiente, intermitente y de baja calidad, prestado por la Compañía Energética de Occidente (CEO). Esta situación, que no corresponde a eventos aislados y, por lo tanto, no debe llamar a sorpresa; es el resultado previsible de un modelo económico y político impuesto en el país, que prioriza el lucro privado sobre el bienestar colectivo y los derechos fundamentales.

Las continuas fallas de la CEO, empresa controlada por el grupo financiero de Luis Carlos Sarmiento Angulo (ejemplo claro de la concentración de la riqueza en Colombia), son la manifestación concreta de un proyecto de despojo que comenzó con la apertura económica de los años 90 y fue profundizado con celo durante la hegemonía uribista.

La raíz del problema se remonta a la ola privatizadora implementada a raíz de los resquicios dejados en la Constitución de 1991 y acelerada bajo el gobierno de César Gaviria. Bajo el dogma neoliberal de que la empresa privada es más eficiente, se promovió la entrega en concesión de los servicios públicos domiciliarios a capitales privados. Este modelo, llevado al extremo durante los casi 20 años de influencia uribista, transformó derechos fundamentales, como la energía, el agua, las comunicaciones, la educación y la salud en simples mercancías sujetas a la lógica del mercado.

Desde un principio, las voces de la dirigencia social y, de manera destacada, la sindical (que no cayó en la tentación de los contratos sindicales ni la tercerización vía cooperativas), advirtieron sobre el peligro inminente. Se alertó que un sector privado, cuyo norte único es la maximización de ganancias para sus accionistas, no tendría interés real en garantizar una cobertura universal, una prestación eficiente o en invertir en el mantenimiento de la infraestructura en regiones complejas y con altos índices de pobreza como el Cauca. El objetivo no era servir, sino exprimir hasta el último peso de los bolsillos de una población ya de por sí empobrecida.

La historia les ha dado la razón. 30 años después de la "apertura Gavirista" y más de 20 de la "privatización Uribista", la evidencia es abrumadora. La CEO, como tantas otras empresas de servicios públicos privatizadas, ha demostrado que su prioridad es la rentabilidad financiera. En esa obsesión, la inversión en redes, la modernización tecnológica y la calidad del servicio pasan a un segundo plano. Los reiterados apagones, las fluctuaciones de voltaje y la lentitud en la respuesta a reclamos y a las emergencias no son "fallas" del sistema; son características estructurales de un modelo que concibe a los usuarios no como ciudadanos con derechos, sino como fuentes de ingreso. La privatización nunca fue la solución para el bienestar de la comunidad; fue la garantía de su postergación.

Ante este escenario de abandono, la ciudadanía caucana ha mirado tradicionalmente hacia su clase política regional en busca de soluciones y representación. No obstante, esta espera ha sido en vano. La clase política tradicional del Cauca, muchas veces disfrazada de un progresismo de conveniencia, ha demostrado una incapacidad e indolencia crónicas. Su labor no se ha orientado a la defensa férrea de los intereses de las comunidades, sino a perpetuar una red de favores y clientelismo que beneficia a quienes financian sus campañas.

La eternización de contratos de asesoría, la designación de funcionarios ineptos por compromisos políticos y la falta de una veeduría y control efectivos sobre la CEO han sido la constante. Esta complicidad, activa o pasiva, con el statu quo ha dejado a las comunidades urbanas y rurales en total desamparo. Confiar en que esta estructura política tradicional resolverá el problema es como pedirle al lobo que cuide las ovejas. Su silencio cómplice o sus acciones tibias e ineficaces son parte del mismo problema.

Es imperativo que las juntas de acción comunal, las organizaciones sociales, los sindicatos que resistieron, las comunidades indígenas, los consejos comunitarios afrodescendientes y la ciudadanía en general construyan un gran movimiento unitario que alce su voz de protesta de manera contundente. Se deben emprender acciones legales, como tutelas colectivas por la vulneración del derecho fundamental al mínimo vital; acciones de incidencia ante la Superintendencia de Servicios Públicos y la Comisión de Regulación de Energía y dado el caso, medidas de hecho pacíficas y organizadas que evidencien la magnitud del descontento.

Este movimiento debe dirigir sus reclamos de forma clara al Gobierno Nacional. El Cauca no puede seguir siendo la eterna olvidada de la agenda nacional. Se exige una intervención inmediata que obligue a la CEO a realizar las inversiones necesarias, a reparar la infraestructura y a compensar a los usuarios por los perjuicios causados. Se debe evaluar, incluso, la revocatoria de la concesión y la búsqueda de modelos alternativos de gestión comunitaria o pública que prioricen el servicio sobre el lucro.

La lucha por un servicio de energía digno en el Cauca es más que una reivindicación por un bien básico; es una batalla por la dignidad de sus habitantes y contra un modelo económico depredador. Ahora toca a la comunidad, unida y organizada, escribir el capítulo de su propia liberación.

La Conversa de fin de semana está de vuelta

La guerrilla le carga ladrillo a la extrema derecha

 

En la imagen: Un miembro del frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc patrulla Cañón de Micay, bastión del EMC en el Cauca, el 24 de marzo de 2024. Foto de Raúl Arboleda en:https://www.france24.com/

Por: Hernán Riaño

Estas "guerrillas" que aún no quieren hacer la paz, no les interesa, o prefieren seguir delinquiendo con negocios ilícitos como el narcotráfico y secuestro ¿están aliadas con la extrema derecha?, ¿Siguen sus indicaciones? ¿Mantienen el nombre de insurgentes solo para tapar sus negocios ilegales? ¿Quiénes se benefician con estas acciones?

No es desconocido para ningún colombiano, que toda la política hecha en Colombia por Álvaro Uribe Vélez, desde que incursionó, se ha basado y lo sigue haciendo en una "pelea" contra las guerrillas colombianas y todo lo que a él le parezca a desarrollo social y democracia. No en vano ha tildado cualquier posibilidad de avance democrático con epítetos inventados por él, como “castrochavista”, que no se sabe qué quieren decir, pero que ha calado en sus estúpidos seguidores y que repiten como loros mojados en cualquier reunión pública o privada. 

Pero Uribe fue muy eficiente en la construcción de un enemigo interno: la guerrilla, y además intentó mostrarla como enemigo personal, al acusarlos de la muerte de su padre Alberto Uribe; hoy ya hay dudas al respecto, y las investigaciones han dado para conocer otros aspectos de esa muerte y de la vida del señor padre del “ex”. A partir de ese momento, y justificándolo con la muerte de su papá, declaró una guerra sin cuartel a la guerrilla. 

Con esta consigna llegó a la gobernación de Antioquia, al Congreso de la República, dos veces a la presidencia y hoy por hoy es un líder indiscutible de esa ultraderecha neoliberal corrupta. En su gobierno departamental creó la génesis de las autodefensas, las Convivir, para enfrentar a ese enemigo que, según él, era el causante de todos los males de Colombia. Es conocido hoy, gracias a la Comisión de la Verdad y a la JEP, para qué fue lo que sirvieron realmente esas autodefensas. 

Retrocediendo un poco en el tiempo, hay que recordar que la guerrilla decepcionó a los colombianos con el fracaso del proceso del Caguán y que esto fue aprovechado por la ultraderecha nacional para desacreditarlos completamente.

Pero volvamos, las guerrillas de todos los pelambres, que llevan más de 50 años como insurgentes, se quedaron en eso, solo en eso, sus propuestas se fueron diluyendo en el tiempo, y a los otros los fue consumiendo el narcotráfico y cambiando sus objetivos, y hoy más parecen bandas criminales dedicadas exclusivamente a ese negocio ilícito.

Ellos pregonaban los cambios del país, unos queriendo un gobierno democrático y otros un gobierno socialista, estos últimos no aceptan medias tintas. Con esos argumentos unos firmaron el proceso de paz de la Habana y las alas más radicales se quedaron en el monte. Hoy, esos que no lo hicieron antes, iniciaron un nuevo proceso con otras condiciones. 

Con este panorama, estas guerrillas que aún persisten en mantener la guerra, contrario a lo que se podría pensar, se dedicaron a hacerle la vida imposible a Gustavo Petro con acciones terroristas, paros armados y cuanta cosa se puedan imaginar para torpedear al gobierno y “sacarle” ventajas inesperadas y en muchos casos desleales. 

Uno no puede entender qué están pensando los líderes y militantes de esta extrema izquierda, que, en vez de pensar en el país, de analizar la situación tan delicada en la que lo dejaron los gobiernos derechistas, se comporten como ellos y se suman, en la práctica, a su “oposición inteligente”. Con sus acciones, lo único que hacen es sumársele a su símil, la extrema derecha, en el torpedeo que le hacen al gobierno y en últimas frenar las reformas sociales que tanto necesita el pueblo colombiano. 

Nunca habíamos tenido un presidente democrático, hoy reconocido líder mundial y que nos envidian en muchos países y en contraposición la extrema izquierda se porta como si fueran otra fase de la oposición al gobierno.

El dicho popular que dice que “las extremas se juntan”  se está viendo claramente, en vivo y en directo en nuestra nación. Dos facciones de la política colombiana que uno supondría enemigos, hoy abrazados en el objetivo de “tumbar” a Gustavo Petro de la presidencia.

Es necesario, oportuno y obligatorio recordar que el líder de esta guerrilla autodenominada EMC, Iván Mordisco fue declarado muerto por los señores Iván Duque y Diego Molano, presidente y ministro de defensa respectivamente, y que por su “muerte” pagaron ¡3 mil millones de pesos de recompensa! (1), ninguno de los dos ha aclarado a quien le pagaron ese dinero ni por qué lo hicieron, sabiendo hoy que está vivo pactando contra el gobierno Petro. A otro que habían declarado muerto fue a Iván Márquez que en los últimos días también apareció dando declaraciones.  

De lo que se concluye con este episodio, es que este EMC que aún está haciendo la guerra en Colombia es de la extrema derecha y actúa en concordancia con las otras derechas del país, la pregunta obligada (y no es afirmación) es: ¿La muerte de Iván Mordisco, el pago de esa cuantiosa recompensa, su reaparición y accionar contra el gobierno democrático, a qué obedecieron? Mutis por el foro, dicen los entendidos, pero sí es muy sospechoso. Con esas acciones también les colaboran a los corruptos para desviar la atención sobre las gravísimas denuncias en los últimos días sobre desfalcos y robos en muchas entidades en los gobiernos anteriores o realizados por funcionarios que vienen de esos gobiernos.

¿Estas guerrillas que aún no quieren hacer la paz, no les interesa o prefieren seguir delinquiendo con negocios ilícitos como el narcotráfico y secuestro ¿están aliadas con la extrema derecha?, ¿Siguen sus indicaciones? ¿Mantienen el nombre de insurgentes solo para tapar sus negocios ilegales? ¿Quiénes se benefician con estas acciones? O ¿Los autodenominados guerrilleros son idiotas útiles de la extrema derecha y el uribismo? Preguntas que no tienen respuesta después de muchos años de conflicto en Colombia y que, ojalá, más temprano que tarde las respondan al país.

Otro aspecto a analizar es, como se lo han preguntado en las redes sociales, ¿estos ataques terroristas de todos los sectores violentos, ¿Obedecen al llamado a juicio y posterior acusación por tres delitos a Álvaro Uribe Vélez? Si fuera cierto, sería muy grave que los autoproclamados guerrilleros, estuvieran defendiendo con sus acciones al “ex”.

Esas guerrillas serán las responsables si hay un golpe de Estado blando o duro contra el primer gobierno democrático, porque ellos con su accionar solo alimentan y justifican los deseos desestabilizadores de los empresarios y políticos neoliberales, además de las consecuencias sociales que tienen las regiones con estas acciones de bloqueos, paros, bombas y secuestros, ya que los únicos perjudicados son, en primera instancia los habitantes de esas zonas y en segunda la sociedad colombiana que ellos pregonan defender.

Es que la guerra es un negocio en los que unos actores, los que la impulsan y alimentan, ganan mucho dinero, casi que por todos los rubros que tienen que ver con los conflictos y no olvidemos que uno de los personajes a los que más le gusta es a Álvaro Uribe Vélez, por eso le gusta tanto.

Nota publicada originalmente en SoNoticias – Periodismo verídico para proporcionar elementos para la creación de conceptos propios (wordpress.com) y compartida con la comunidad de La Conversa de Fin de Semana, gracias a la generosidad de su director, el periodista HERNAN RIAÑO.

• https://www.kienyke.com/politica/que-paso-con-la-recompensa-que-pago-duque-por-la-muerte-de-ivan-mordisco 

Las opiniones de los columnistas son de su exclusiva responsabilidad.  Les invitamos a leer, comentar, compartir y a debatir con respeto. 

 

CARTA ABIERTA A LAS DISIDENCIAS DE LAS FARC-EP (BLOQUE SUROCCIDENTE)

"En realidad, cualquier ataque a la población civil está prohibido, haya cese al fuego o no, porque el DIH es muy claro, en la guerra solo hay dos categorías básicas: las hostilidades entre las partes armadas -que están permitidas- y los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Nosotros, los indígenas y toda la gente desarmada, no somos parte armada de la guerra; cualquier cosa que ustedes hagan y que nos afecte la vida o la integridad es un crimen." 

Autoridades Indígenas del norte del Cauca

En un escenario, como el del departamento del Cauca, en el que el Conflicto Armado Interno de Colombia pareciera degradarse a diario, a punto tal, que ya no son distinguibles los intereses de los actores armados en contienda; La Conversa de Fin de Semana comparte con sus amigos, seguidores y suscriptores, la CARTA ABIERTA que han dirigido las Autoridades Ancestrales Indígenas del norte del Cauca a los mandos de las disidencias de las antiguas FARC-EP, en la que ponen de manifiesto sus preocupaciones, sus denuncias y sus reclamos por el accionar de estos grupos armados ilegales en contra, no solo, de las comunidades étnicas, sino de toda la comunidad caucana. 

 

Puede descargar LA CARTA ABIERTA haciendo clic AQUI

ASMETSALUD: Una historia de horror

¿Qué está pasando con el Pacto Histórico en el Valle y en el Cauca?

El Cauca, una continua tragedia

 

Imagen derrumbe en Rosas- Cauca. Foto de Eltiempo.com

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

A riesgo de caer en lo ya escrito, en el cliché o lo repetitivo; estas líneas, una vez más, estarán dedicadas a compartir las reflexiones alrededor de la cotidiana tragedia en que permanece el departamento del Cauca y que tristemente es lo que se conoce de esta tierra y lo que han soportado sus buenas gentes, casi que desde siempre.

Gobernadores del Cauca han pasado, todos ellos, con la bendición de los partidos tradicionales de derecha, no obstante que se hayan hecho elegir, incluso, con avales de organizaciones sociales y todos ellos han fallado a la hora de hacer eso que prometieron a sus electores y que les demanda la misma ley

La privilegiada posición geográfica del Cauca, por estar en la ruta que conecta el sur del continente con el centro y norte de Colombia, lo mismo que sus inmensas riquezas naturales, renovables y no renovables y la calidad de sus moradores, no han servido para brindarle a sus comunidades los mínimos necesarios para garantizarles una vida digna. Esta estratégica ubicación, por el contrario, sólo le ha servido a los actores armados y civiles del conflicto, para incrementar sus ganancias y su poder militar, político y, obviamente, económico.

Tal y como ya lo han señalado notables científicos sociales, (Molano, Gaviria, Fals Borda, entre otros muchos más) el Cauca ha sido y sigue siendo manejado por las elites sociales y económicas de siempre, herederas de uno que otro apellido y fortunas, frutos del modelo precapitalista o casi que semi feudal, con la que se han administrado los destinos de este departamento desde hace más de 200 años, por intermedio de los mandaderos de estas élites; los integrantes de la clase política tradicional.

Resulta claro que, mantener la incomunicación física de muchas comunidades, eso sí, asegurando acceso y seguridad para fincas, haciendas, empresas, minas y/o cultivos, propiedad de terratenientes y prósperos inversionistas de la agroindustria o de lo ilícito; ha resultado una herramienta eficaz para mantener el control social y político de las inmensas mayorías de comunidades campesinas (afro e indígenas), lo mismo que, de un creciente ejército de personas en la informalidad laboral.

Este eficiente esquema de pobreza, falta de acceso a todo y violencia, en el que viven un buen número caucanos, le ha garantizado a un reducido número de sus paisanos, pero, sobre todo, de inversionistas foráneos; un continuo y creciente flujo de riquezas, en un modelo de economía regional, ya analizado por el actual ministro de educación de Colombia, Alejandro Gaviria, junto con otros autores, en un interesante texto sobre la relación entre el crimen y la economía en Colombia [1].

No es de extrañar entonces, que en este tristísimo contexto, la encopetada dirigencia Caucana, no haya querido o sido capaz de gestionar y hacer realidad las proyecciones de infraestructura vial, que por más de cinco décadas, se sabe que requiere el Cauca, para poder avanzar en su ruta a la modernidad y que, por el contrario, ahora, durante la más reciente tragedia, la de Rosas, salgan a lavarse las manos y a endilgarle su incompetencia a los gobiernos nacionales, de los que también han sido y son parte.

Efectivamente, de nada le ha servido al Cauca, tener presidentes, designados, ministros y recientemente, director de la unidad de gestión de riesgos y desastres, todos ellos provenientes o en representación de la tradicional clase dirigente caucana; si cada cierto tiempo, la conflictividad armada y/o social, pero sobre todo, la madre naturaleza, se encargan de hacer evidente, la incapacidad de esta clase dirigente de la derecha caucana, para hacer lo que manda la ley, como por ejemplo, gestionar la prevención de estas terribles eventualidades.

Gobernadores del Cauca han pasado, todos ellos, con la bendición de los partidos tradicionales de derecha, no obstante que se hayan hecho elegir, incluso, con avales de organizaciones sociales y todos ellos han fallado a la hora de hacer eso que prometieron a sus electores y que les demanda la misma ley: Velar por la vida, honra y bienes de sus electores y en general de todos los caucanos. Incluso, quienes han tenido largos periodos, así sea en cuerpo ajeno, como don Temístocles, ahora devenido a alternativo, han demostrado su carácter pusilánime a la hora de representar al Cauca frente al agobiante centralismo colombiano. Lo de ellos ha sido quedar bien con todos, para lograr seguir acomodados o reelectos, en lo que sea. ¿Cierto exgobernador Campo? ¿cierto don Tito?

Quienes, desde el Cauca, apoyamos decididamente las propuestas del Pacto Histórico, confiamos en que durante este gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, el Cauca y el sur occidente colombiano, por fin puedan empezar a ver materializadas las obras de infraestructura vial, sanitaria e industrial que requiere esta zona, en continua tragedia, para poder avanzar en la Paz Total y el Buen Vivir, al que también tenemos derecho.

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[1] Ver: Martínez, A. (2001). Economía, crimen y conflicto. Universidad Nacional de Colombia, facultad de Economía. Ediciones Antropos, Bogotá, Colombia

Video columna LAS TRAMPAS DEL SEPARATISMO

LAS TRAMPAS DEL SEPARATISMO

Imagen: La Conversa/Getty Images/iStock photos 

Un nuevo departamento del NORTE DEL CAUCA se ha convertido en el comodín electoral, utilizado por la clase política tradicional del Cauca, cada que se aproximan las elecciones regionales y locales o cada que sufren algún revés electoral que los deja por fuera del poder ejecutivo y de la torta presupuestal y burocrática en Popayán y Bogotá. 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com- 

Nadar contra la corriente, ir en contra vía, llevar la contraria o defender una postura opuesta a la de la inmensa mayoría, es en ocasiones, el difícil papel de los opinadores. No obstante, correr el riesgo de la impopularidad a veces es necesario, con tal de poder presentar un punto de vista distinto, diferente y/o en contra de los deseos mayoritarios, que permita enriquecer el debate y así, lograr una mejor aproximación a lo correcto, lo justo o a la verdad.

En torno a esta vieja aspiración separatista, de un buen número de lideres y lideresas de la zona norte del Cauca, de conformar una nueva entidad territorial, compuesta por los municipios del norte del departamento; se han venido acumulando una importante cantidad de consideraciones a favor (la mayoría) y también en contra. Esta posibilidad de crear un nuevo departamento, ha sido una idea que ha venido calando paulatinamente en el inconsciente colectivo de las comunidades de esta zona del departamento, ya en el pasado, se han presentado propuestas y hasta proyectos de ley en este sentido. (ver: Tanto va el cántaro al agua… hasta que al fin se hace departamento – Proclama del Cauca) 

Al revisar las cifras socioeconómicas del departamento del Cauca, es claro que los niveles de pobreza, atraso, exclusión, violencia y muerte han sido un triste acumulado histórico de la dirigencia político-administrativa de los gobernantes departamentales y locales que han desfilado por la gobernación y las alcaldías de esta zona del suroccidente colombiano. De nada le ha servido al Cauca ser uno de los departamentos con un buen número de expresidentes, Vices, designados y presidenciables, como tampoco le ha servido el hecho de que su capital se ufane de tener una noble prosapia, apenas comparable con la de las gentes de bien cartageneras y bogotanas, en el supuesto de que el abolengo le pudiera servir a la mayoría pobre de indios, negros y mestizos. 

Ante este acumulado histórico de fracasos sociales y económicos del Cauca, resulta apenas natural que, un buen número de voces (mayoritariamente de la clase política), se hayan dado a la tarea de hacer notar la necesidad de buscar una salida urgente y “práctica” al actual estado de cosas que padecen los caucanos, el cual, según estas mismas voces, se debe al exagerado centralismo de la clase política payanesa y bogotana, que ha desconocido a lo largo del tiempo, los inmensos aportes económicos y sociales que ha ofrecido el norte del Cauca, para el mantenimiento de las arcas departamentales y nacionales. 

En este mismo sentido, la proximidad geográfica y hasta administrativa con la ciudad de Santiago de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, territorio con el que se comparten geografía y costumbres, también son elementos señalados como razones para la creación del nuevo departamento, según reclaman los voceros independentistas. 

Así las cosas, parecería apenas obvio, que el paso a seguir, por parte de la “dirigencia” Norte caucana, sería el de avanzar en la estructuración de un proyecto de ley que, soportado en las necesidades, el contexto, la historia y el actual marco jurídico colombiano, pudiera dar vida a una nueva entidad territorial. Sin embargo, antes de lanzarse a la aventura separatista, valdría la pena reflexionar sobre algunas cuestiones históricas y sociales, dejadas de lado por los entusiastas promotores del nuevo departamento y que se presentan a manera de preguntas a continuación. 

¿Cuál ha sido el peso específico del potencial electoral norte caucano, a la hora de haber elegido los gobernadores y congresistas del Cauca, a lo largo de su historia? ¿A caso los votos decisivos para las gobernaciones y para el congreso no salieron del norte del Cauca? ¿Cuál ha sido el papel de los congresistas y diputados elegidos por el norte del Cauca, a la hora de hacer valer las potencialidades, aportes y derechos de esta zona, durante la distribución de los presupuestos departamental y nacional? ¿Hasta qué punto la institucionalidad empresarial del norte del Cauca estaría más cómoda con un nuevo ente territorial proclive a más exenciones fiscales provistas por las Zonas Económicas Especiales obtenidas y ofrecidas por los voceros independentistas? ¿Serían suficientes las rentas para mantener la nueva burocracia? ¿Qué tipo de mejores experiencias administrativas, sociales, fiscales y de bienestar han alcanzado las nuevas entidades territoriales creadas en el norte del Cauca? ¿Se han mejorado los niveles de prosperidad, seguridad y de vida de las comunidades con estas experiencias de independencia regional? ¿Quiénes han estado y están detrás de esta nueva intentona independentista? ¿Ya se hizo la consulta a las comunidades? ¿Cuál ha sido el gran aporte de Amunorca? ¿A caso sirve Amunorca? 

Los mecanismos jurídicos para la integración regional, que permiten presentar proyectos regionales en infraestructura vial, ambiental, sanitaria y hasta económica han estado a la mano desde hace tiempo, de hecho, la solución al problema de la disposición final de los residuos de Santander de Quilichao, pasa por la estructuración de una propuesta regional, así que, la mencionada integración regional del norte, no se ha dado, a pesar de la creación de Amunorca, entidad supuestamente diseñada para tal fin, por la llamada falta de voluntad política o la ineficiencia de los actores político-administrativos. 

Si bien es cierto que la Constitución de 1991, posibilita la materialización del sueño del Doctor Carlos Gaviria (Q.E.P.D) alrededor de un nuevo ordenamiento territorial y cultural de Colombia, también lo es, el hecho de que esta propuesta, se ha convertido en una especie de comodín electoral, utilizado convenientemente, por la clase política tradicional del Cauca, cada que se aproximan las elecciones regionales y locales o cada que sufren algún revés electoral que los deja por fuera del poder ejecutivo y/o legislativo, así como de la torta presupuestal y burocrática en Popayán y Bogotá. 

Aunque las razones y las ventajas de constituir una nueva entidad territorial del norte del Cauca, se muestran como contundentes, todavía habría que evaluar y re evaluar aspectos coyunturales como el problema de la posesión, propiedad y uso de la tierra, el conflicto armado interno, pero, sobre todo, el asunto político – electoral, para poder determinar la conveniencia en el tiempo, de optar por la vía separatista, como salida al estado de atraso y exclusión percibido por un buen número de norte caucanos; no vaya y sea que, una vez más, caigamos redonditos a causa de las trampas del separatismo.

En ocasiones el remedio puede resultar peor que la enfermedad. Amanecerá y ojalá podamos ver.

CAUCA EN GUERRA

 No queremos seguir sembrando más indios

Por: Nuestra Memoria Colectiva

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LA CONVERSA DE FIN DE SEMANA 09 OCTUBRE 2021

LA CONVERSA DE FIN DE SEMANA 02/10/21

LA CONVERSA DE FIN DE SEMANA SEPTIEMBRE 25 / 2021

 El Cauca y la regulación de la coca

Por: Omar Orlando Tovar Troches – ottroz69@gmail.com-

A pesar de que la llamada clase dirigente del Cauca ha tenido una prolongada presencia en el escenario de la política nacional, casi que desde el nacimiento mismo de Colombia como República independiente del imperio español y de que la existencia del atraso y la pobreza de esta región, coinciden con esta larga e inútil figuración; sólo hasta después de doscientos años, un representante de esta comarca, salido de las históricamente relegadas y discriminadas comunidades indígenas, ha tenido la sensatez de plantear una alternativa para sacar de la pobreza y de la guerra a todas sus comunidades.

Imagen: Feliciano Valencia - Senador del Cauca 

El senador caucano Feliciano Valencia (Movimiento Alternativo Indígena y Social –MAIS–) junto con el senador Iván Marulanda (Partido Alianza Verde), presentaron y han sacado adelante, al menos en su primer debate; un proyecto de ley que plantea un cambio de paradigma de la política de drogas en Colombia: el Proyecto de Ley “Por medio del cual se establece el marco regulatorio de la hoja de coca y sus derivados y se dictan otras disposiciones.”

Si bien es cierto que esta proyecto ha tenido un histórico avance, todavía tiene un largo y azaroso camino para su consolidación, dadas las circunstancias de correlación de fuerzas en el congreso colombiano, puesto que las derechistas mayorías oficialistas, ya han planteado su férrea oposición a esta audaz propuesta de cumplimiento del Acuerdo de Paz Estable y Duradera, que busca ponerle freno a los graves problemas que el cultivo, transformación y comercio ilegal de los derivados de la hoja de coca, le han ocasionado al país y que han agravado los casi que tradicionales problemas de inequidad, exclusión, pobreza, violencia guerra y atraso de regiones como el departamento del Cauca.

La propuesta de regulación de la producción de la hoja de coca y de sus derivados, liderada por el senador indígena Feliciano Valencia y el  senador de la Alianza Verde Iván Marulanda, recoge, no sólo la visión de los saberes ancestrales de las comunidades indígenas del cauca, víctimas del actual esquema de guerra anti drogas, sino que también recoge los resultados de estudios y análisis de sectores científicos, académicos y políticos de Colombia y del mundo entero, que desde hace mucho tiempo atrás, han venido señalando el fracaso del actual esquema de lucha antidrogas, dados los pobres resultados en erradicación de sembradíos, disminución de producción de cocaína exportada, control del blanqueo de capitales, frente a los inmensos gastos de recursos económicos en armamento y logística para fumigaciones y erradicación forzosa, así como el grave daño ambiental, la nula disminución del consumo y la invaluable pérdida de vidas humanas.

Ahora que los sectores más acomodados de las sociedades del mundo, hablan de un sospechoso regreso a la normalidad, bien vale la pena evaluar con detenimiento, propuestas de cambio de algunos paradigmas  económicos, ambientales y sociales, como las que están planteadas en el proyecto de ley de los senadores del MAIS y la Alianza Verde, para empezar a transitar el camino del no regreso a esa normalidad de pobreza, exclusión, desplazamiento, guerra y muerte que quedó desnudada durante la actual crisis sanitaria y económica ocasionada por la peste del COVID19.

Teniendo en cuenta que, a la hora de escribir esta nota, aún se ven y se oyen las miles de voces inconformes con el pésimo manejo que tanto a la peste, pero sobre todo, a la economía y a la sociedad en general, le han dado los partidos de derecha que han gobernado a Colombia, durante estos últimos doscientos años y de los que han hecho parte nobilísimos representantes de la clase política caucana, es fácil caer en un razonable pesimismo, frente al futuro de esta iniciativa de regulación de producción de la hoja de coca y sus derivados, dado que; el uribismo, dueño de casi todos los entes del Estado colombiano, así como un, todavía, amplio sector de la opinión pública internacional, miran con un recelo doble moralista, proyectos de formalización del cultivo y transformación de productos como la coca, la marihuana e incluso la amapola, que antes de ser vistos como el origen del mal, deberían ser vistos como oportunidades de redención.

No obstante, el arduo camino que todavía tienen que transitar propuestas de control de los cultivos y procesamiento de la coca y la marihuana, hay que felicitar a los senadores Feliciano Valencia e Iván Marulanda, así como los demás congresistas que acompañan esta iniciativa, por su empecinamiento en avanzar en la búsqueda de la solución de los graves problemas que padecen el Cauca y otras regiones de Colombia. Es una lástima el poco tiempo que queda de este periodo legislativo y que les tocó luchar con la inutilidad, la torpeza y la doble moral de una derecha recalcitrante, dueña del poder económico y político en Colombia.

Amanecerá y veremos, que dicen los próximos elegidos frente al Cauca y la regulación de la coca.

Adenda: Para más y mejor información acerca del Proyecto de Ley “Por medio del cual se establece el marco regulatorio de la hoja de coca y sus derivados y se dictan otras disposiciones.”; dirigirse a:

·         Acción Técnica Social | Proyecto de Ley para la Regulación de la COCA-ína en Colombia. (acciontecnicasocial.com)

·         ¿Qué ganaría Colombia si legaliza las drogas ilícitas? | Revista Pesquisa Javeriana

·         Coca y paz: el mito de Sísifo en el Cauca – Proclama del Cauca y Valle

 

ELÍAS, ELÍAS… ¿POR QUE NOS HAS HABANDONADO?

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

En días recientes, el Gobernador del Cauca, Elías Larrahondo, publicitó con bombos y platillos la firma del llamado Pacto por la vida, los Derechos Humanos, el Territorio y la Paz, documento en el que, por enésima vez, se repite el compromiso de la institucionalidad de cumplir los principios básicos establecidos en la Constitución Política de Colombia y demás normas nacionales e internacionales, respecto al cuidado de la vida, honra y bienes de todos y todas.

Gobernador del Cauca-Elias Larrahondo
durante la firma del Pacto por la vida, los Derechos Humanos, el Territorio y la Paz 

Entendiendo la intencionalidad de llamar la atención de la opinión pública caucana, pero sobre todo la del gobierno nacional, sobre la, ya endémica, situación de crisis humanitaria que ha vivido y vive el departamento del Cauca, no se puede dejar de lado la poca eficiencia que respecto a esa misma crisis ha demostrado, al menos públicamente, la actual administración departamental del Cauca, en cabeza de Elías Larrahondo.

Llama mucho la atención, que solo hasta estos días, cuando ríos  de sangre han corrido por todo el territorio del Cauca, cuando los señores de la guerra nuevamente se pasean por caminos y veredas caucanas, al señor gobernador, Don Elías, se le haya escuchado, de manera apenas audible, algún tipo de pronunciamiento dirigido hacia la institucionalidad nacional, para reclamar su acción en este rico territorio, saqueado, excluido y olvidado por los políticos tradicionales del Cauca y de Colombia, finalmente emparentados, en esa endogamia de la incompetencia y la corrupción.

Causa curiosidad, que solo hasta después de completar la horrorosa cuota de víctimas del conflicto que registra el Cauca, en el que casi todas corresponden a firmantes del Acuerdo de Paz Estable y Duradero, pertenecientes a la desmovilizada guerrilla FARC-EP, defensores de derechos humanos, ambientalistas, lideres de comunidades étnicas y campesinos, el flamante representante del norte del Cauca, territorio sobre el que confluyen todas las formas de exclusión y violencia sobre las comunidades étnicas y campesinas, se haya decidido, ahora sí, a llamar a esos mismos sectores, que él mismo desdeño durante su campaña electoral, cuando decidió ir a engrosar las filas de los políticos de siempre, causantes muchos de ellos de esta situación, para hacerse elegir gobernador; a  que acudan a su auxilio.

Claro que el acto político de la firma del Pacto por la vida, los Derechos Humanos, el Territorio y la Paz, debe ser ese primer paso para lograr movilizar a toda la sociedad caucana, en defensa de la vida y del territorio, pero, para que tal convocatoria pueda surtir el efecto deseado, se hace necesario que el accionar de Don Elías, sea más contundente. Se necesita, en primer lugar, que se decida, de una vez por todas, a sacudirse de la odiosa burocracia clientelista heredada de tiempos de sus antecesores en la gobernación, el uno, flamante senador de Cambio Radical y el otro, precandidato a lo que sea, para que pueda empezar a gobernar, como esperaban sus electores y el resto de la sociedad caucana.

Afiche de campaña electoral del Gobernador Elías Larrahondo

También se espera que el llamado a los sectores sociales, que el abandonó en campaña para ir a engrosar las filas del senador Ortega, no sólo corresponda a una acción publicitaria en tiempos previos a elecciones de congreso, en las que su nueva casa política tiene intereses de renovar la curul de uno de sus antecesores y asegurar una nueva para el otro, sino que corresponda a un nuevo estilo de gobierno, en el que el mandatario departamental del Cauca, lidere con decisión, y sobre todo con dignidad, el urgente y justo reclamo de real inversión social, así como de cumplimiento de los múltiples acuerdos firmados con esos sectores que está llamando a la unidad, por parte del gobierno central, hoy en manos de la extrema derecha colombiana.

Si. Muy bueno el simbolismo político de la firma del Pacto por la vida, los Derechos Humanos, el Territorio y la Paz, encabezado por el Gobernador, Don Elías Larrahondo, pero lo que realmente esperan los sectores sociales ajenos a su nueva casa política y a la institucionalidad, son muestras reales de ese compromiso por la defensa de la vida y los derechos humanos. Las mayorías caucanas, ya se están cansando de los discursos demagógicos de paz, acostumbrados por el Titismo, las promesas de interlocución con el gobierno nacional del liberalismo oficial o del partido de la U. Este Cauca, lo que necesita es que el primer gobernador negro que ha tenido el norte del Cauca, se apropie de su papel de representante de los eternos excluidos y abusados del Cauca y que no sólo se acuerde de ellos para frustradas coaliciones electorales o para reconocimientos fatuos, por una representatividad que al parecer sólo es de papel, ya que en realidad muchos de ellos a esta hora, parecieran estar viviendo el viacrucis eterno de los olvidados, y reclamando del gobernador: ¡Elías, Elías, ¿por qué nos has abandonado?!

P.S. Por si alguno de los escasos lectores de estas líneas tiene acceso al Gobernador del Cauca: Por favor recomiéndele que hable con el Pollo López y le recuerde que es muy difícil publicitar un pacto por la vida y por los derechos humanos, si se manda al odioso ESMAD a golpear jóvenes caucanos, frente a la gobernación y la alcaldía de Popayán, en el lustrosísimo Parque Caldas, de la Blanca y Señorial Popayán.

 

2016 Año Bisiesto

Por: Omar Orlando Tovar Troches – ottroz69@gmail.com-

Creían las personas mayores, aferrándose a ese determinismo trágico impuesto por la invasión europea a lo que hoy se conoce como América (latina), que los años bisiestos guardan en sus entrañas, malos presagios y peores acontecimientos.

Parece ser que los desbarajustes en eso de contar nuestros días terrestres y mortales y que fueron observados por un monje con el nombre del dios de la borrachera (Dionisio, que no Juan Carlos Vélez, el del C.D.), dejaron en nuestro inocente colectivo la desazón por los años bisiestos, a los que les adjudicamos extraordinarios augurios, mucho más acá en el País del Sagrado Corazón en el que, siguiendo con lo de la beodez, la mayoría de nuestros males ocurre por excesos en la celebración, la improvisación o porque corre por nuestras venas un desbarajuste más grave  que ni Dionisio el pequeño ha podido enmendar.

Luego de más de doscientos años de vida republicana violenta, la nación colombiana está cerca de dar los primeros pasos en un nuevo intento de reconciliación, a pesar del terror que produce lo novedoso en una sociedad liderada por hombres y mujeres aferrados a un atavismo conservador que causa desconcierto, reproche e hilaridad en el exterior, en donde no se entiende por qué la gente en Colombia votó en contra de su anhelada paz y matan o dejan morir a sus niños y niñas.

Pasamos de las justas épicas de nuestros jóvenes deportistas, a lo cantinflesco de la cotidianidad de nuestra dirigencia política. De manera increíblemente reiterativa, la sociedad colombiana viaja de un extremo al otro del espectro de la sensibilidad, eso lo saben las élites de nuestro querido País del sagrado corazón, por eso  lo fomentan, lo amplifican y lo usan para que a pesar de todo lo que pase, no pase nada.

Uno que otro asalariado de las noticias, en su afán de entregar la materia prima de esa carroñera industria del sensacionalismo, del espectáculo, del morbo por la violencia o amarillismo que llaman algunos, nos sorprendieron durante este año, luchando desesperadamente por  ser los primeros en el sitio de los siniestros aéreos, en cubrir las muertes de los niños de la Guajira, el abuso diario de mujeres y niños, en conseguir los videos de vigilancia de los ya múltiples linchamientos de atracadores de casas, bolsos y celulares de alta gama, todo debidamente contrastado con el glamour del futbol internacional y los programas de “realities” que quedan en medio de las series televisivas dedicados a nuestra narco-cultura.

Tal como las pirañas o los tiburones, nos dejamos hipnotizar y  entramos sin reacción alguna en el frenesí que causa la sangre de la primicia, la exclusiva, la chiva. Conocedores de las mil y una argucias para provocar esa sensiblería que nos define a un buen número de colombianos y colombianas, los dueños y algunos directores de medios no escatimaron y, aún hoy, no escatiman artificios para seguir sacándole jugo a la tragedia. A fe que lo lograron durante este extraño año bisiesto de medallas olímpicas, de Nobel de Paz,  de los asesinatos de Yulianna, Dora Lilia y cientos y cientos de víctimas del miedo recurrente que le tenemos al cambio.

EL MAL EJEMPLO

Por: Omar Orlando Tovar Troches  -ottroz69@gmail.com-

Pedagogos, sicologos, sociólogos y demás estudiosos de esa cosa, que en este país del Sagrado Corazón está venida a menos llamada educación, han prescrito  que para formar, enseñar o educar; lo más efectivo es dar buen ejemplo. Tristemente, la dirigencia Colombiana, ha hecho y hace caso omiso de tan sabia recomendación.

En una sociedad convulsionada por la contra cultura “traqueta” del todo vale, el atajo, la mentira, la manipulación y la violencia como formas de imponer ideas, coaccionar decisiones o adquirir ascenso social o riqueza, es lamentable que las personas encargadas de dar ejemplo a la comunidad de tolerancia, inclusión, generosidad, solidaridad, humildad, respeto por la dignidad y la vida, debido a su condición de haber sido elegidos popularmente unos y unas, ser reconocidos y reconocidas otros y otras o autoproclamados unos y unas pocas más, se hayan dedicado a dar mal ejemplo con sus actitudes, posiciones, opiniones, acciones u omisiones.

Por un lado quienes se auto designaron como voceros de las personas que  votaron NO en el pasado plebiscito del 2 de Octubre, no han sabido responder con altura, esa tarea que se auto impusieron. A pesar de haber logrado la renegociación de los fallidos acuerdos de la Habana entre las F.A.R.C. y el Gobierno Nacional, no han sabido asumir con grandeza su logro, que no es de ellos aunque se lo abroguen, de mejorar dichos acuerdos, vía inclusión de sus apuntes, correcciones o adiciones en un mamotreto más grande que los mencionados acuerdos y ahora dan mal ejemplo con su egoísmo y su tacañería conceptual y política para con la sociedad colombiana, insisten en su NO por el NO.

En la otra orilla, quienes en nombre del Estado Colombiano estaban y están  encargados de proteger la dignidad y la vida de un buen número de ciudadanos, dedicados a promover la reconciliación y  la participación ciudadana como formas de transitar hacia la Paz en Colombia, fallaron terriblemente en su misión. El pasado fin de semana fuimos testigos de una especie de retorno a las épocas del terror de los años 50, 80 y 90 del siglo pasado. Los organismos de seguridad del Estado colombiano dan mal ejemplo con su irresponsabilidad, al no prever lo que ya se había advertido con las denuncias sobre amenazas a los líderes sociales,  siguen dando mal ejemplo con su falta de eficacia, no sólo con su deber de proteger la vida de todos los colombianos y colombianas, sino con la falta de resultados en la búsqueda y judicialización de los responsables materiales e intelectuales de esta nueva oleada de terror.

Finalmente, como colofón de esta mezcla de intolerancia, fanatismo y falta de responsabilidad social, el tristemente célebre Alcalde de Bogotá, dio el más grande mal ejemplo institucional y social de intolerancia e irrespeto por los derechos ciudadanos, al ordenar el desalojo de los colombianos y colombianas del Campamento de Paz establecidos en la emblemática Plaza de Bolívar de la Capital colombiana, so pretexto de realizar un festival de música conocido como Salsa al Parque.

Ahora hasta la Personera Distrital, encargada de defender los Derechos Humanos en Bogotá, como poniéndole el moño final al despropósito del Alcalde Mayor, salió dizque a justificar a Peñalosa, su patanería y falta de respeto por los derechos a reunirse, a protestar y a la paz de los “campamentarios”,  con el prurito inverosímil, según el cual, la Paz es un derecho como cualquier otro, incluido como no, el de improvisar la cultura capitalina.

La sociedad colombiana ha venido demostrando en los últimos días, su descontento hacia estos nefastos personajes de la vida nacional, tanto los institucionales como quienes se proclaman de oposición situados a la extrema de la derecha, así lo constatan las miles de voces que claman por una inmediata implementación de los acuerdos de Paz con las F.A.R.C., los mensajes de respaldo hacia el proceso por parte de numerosas congregaciones religiosas y miembros de diferentes gremios económicos de Colombia. En pocas palabras, los colombianos y colombianas de bien ya estamos cansados de la intolerancia, el egoísmo, la irresponsabilidad, la omisión, el irrespeto y la violencia, lo único que queremos es que por una vez en sus vidas, estos miembros de la mal llamada dirigencia nacional nos den un buen ejemplo; dejando que cese nuestra muy larga y horrible noche, para que en los surcos de tanto dolor; el bien germine ya.

LA CONEXIÓN TRUMP - CAUCA.

Por: Omar Orlando Tovar Troches – ottroz69@gmail.com -

Diera la impresión que el efecto Trump está empezando a sentirse en todos los rincones del mundo, y aunque obvio, no sobra decir que el Cauca está incluido. El desprevenido lector o lectora se preguntará: ¿y a todas estas… qué tiene que ver el recientemente elegido Donald, que no el pato, con lo que pasa acá en este históricamente olvidado y pobre departamento del sur de Colombia? Desafortunadamente mucho. Y eso es lo triste.

De todos los habitantes de esta gran pelota azul en la que vivimos, son conocidas las políticamente incorrectas posiciones y actuaciones del nuevo huésped de la Casa Blanca, allá en la tierra del ratón Miguelito. Aunque censurados por una inmensa mayoría que no votó por él (Don Donald), parece ser que algunos émulos suyos alrededor del mundo han empezado a poner en práctica, lo que para ellos ahora es oficial es decir; el abuso, la grosería, el matoneo y la violencia.

Don Donald, que no el pato, aunque trate de lavar sus manos, cara y copete, negando que su mal ejemplo se haya popularizado, ha puesto de moda el mal comportamiento social. De todos los closets del mundo están saliendo los atarbanes y rufianes hasta ahora medianamente escondidos, aunque siempre activos, para reclamar para sí y en nombre del doctor Trump, la patente de corso para imponer a la brava, sus más primitivos deseos,  modos de ver y hacer el mundo.

Pero… ¿y el Cauca que tiene que ver con eso? Serenidad y paciencia.

En estos últimos días, la comunidad Quilichagüeña ha asistido al aterrador espectáculo protagonizado por algunos simpatizantes de Don Trump. Primero un “devengador” de salarios del muy dudoso sistema acusatorio colombiano, casi que deja en la impunidad al autor de un feminicido, al calificar la actuación del asesino como un simple homicidio, tras pactar con el imputado. La víctima de esta bestialidad, para más señas y mayor vergüenza, era una joven mujer de ascendencia afro. Aunque impactado por este premio a la brutalidad, en días más próximos, quien les escribe tuvo noticia, por parte de algunos y algunas estudiantes de la Universidad del Cauca, de las salvajadas, por decir muy poco, que en contra de las estudiantes afro descendientes de esa universidad, practica un docente de la facultad de derecho, a quien a pesar de haber denunciado por acoso sexual y racismo  ante las autoridades de la universidad y las judiciales, no parece pasarle nada, como tampoco les paso a Clinton Bill y Trump Donald.

Da piedra, en términos coloquiales, enterarse y/o ser testigos del avance de la barbarie en la institucionalidad de este rincón de Colombia. Causa inmensa indignación saber que las personas encargadas de poner en cintura a los delincuentes o al menos de impedir que el salvajismo siga avanzando, trancen con los agresores o simplemente no hagan nada, permitiendo de paso que la cultura del más fuerte, el más macho, el mejor relacionado o el más vivo siga campeando por nuestra sociedad, en concordancia con el mal ejemplo del doctor Trump.

Para el caso particular de acoso y racismo en la Universidad del Cauca, da mucha más piedra con su organismo de dirección, máxime cuando la conducción de esta Institución Educativa, se encuentra, al momento de escribir estas líneas, a cargo de un hombre que se paseó y bebió de las fuentes de las luchas por las reivindicaciones sociales (inclusión, equidad y respeto por la dignidad humana) convertido ahora en un simple y autista burócrata del establecimiento que él crítico y combatió cuando se ufanaba de ser de izquierda.

Espero haber podido establecer la triste conexión Trump-Cauca.

NOTA APARTE: Hablando de Unicauca. Ni el Gobernador del Cauca, ni la dirección de la Universidad y tampoco  la Asamblea Departamental, le contestan a los norte caucanos la pregunta: ¿Por qué los y las estudiantes del tristemente célebre programa de regionalización de Unicauca del norte del departamento, pagan el doble del valor de la matricula que pagan los estudiantes en Popayán por los mismos programas? Sin querer ser insidioso, en otras partes y en otros tiempos, a eso se le ha llamado discriminación. ¿Y si la Institucionalidad da mal ejemplo, qué se les puede pedir a sus docentes, estudiantes y egresados? Y de la bancada congresista del Cauca tampoco se ve ni se oye nada.