Encerrona de la derecha para retomar el gobierno *

 

En la imagen: Hernán Riaño / Periodista - Director de SoNoticias

Por: Hernán Riaño

El verdadero peligro para Colombia es esa unión de hecho —aunque no formalizada— entre la oligarquía y unos líderes políticos y sociales que, por réditos de poder, siempre se acomodan “al sol que más calienta"

Con los resultados electorales de unas consultas prefabricadas, solo para favorecer a la derecha, en las que, como lo había advertido un candidato, iban a inflar a Paloma Valencia, quedó demostrado, aparentemente, uno de los fraudes más descarados de los últimos años en tiempo real, pues la cantidad de votos que aparecieron, unos depositados por la extrema derecha uribista y la mayoría por arte de magia, no expresan la realidad electoral del país. 

La candidata, en las semanas anteriores había programado manifestaciones, todas acompañadas por su gran jefe Uribe, para garantizar plazas repletas de gente, lo que nunca ocurrió, pero si se destapó una realidad de a puño: que no llenan ni la sala de un apartamento de 36 metros cuadrados, de los que venden ahora. Sin embargo, en la consulta del 8 de marzo ¡“consiguieron” más de tres millones de votos! y nos quieren convencer de que ella tiene más favorabilidad que Cepeda. Esto destapa el engaño que tienen programado para un triunfo, pregonando una falsa preferencia electoral y así sustentar el próximo fraude.

Algo similar ocurrió con el otro candidato derechista, Oviedo, que quiso presentarse como un “hijo natural” del progresismo, para conseguir la votación con la que finalizó la consulta. En este caso tampoco sabemos de donde salieron los más de 600 mil votos que “consiguió”; muchos dicen que militantes o simpatizantes progresistas le votaron porque se presentó con un aire petrista, de ser cierto, demostraría una ignorancia política crasa de esos colombianos, muy peligrosa para la primera vuelta, ya que dejaría ver lo fácil que es engañar a esos ciudadanos, muy grave.

Todo esto hace parte de una encerrona tipo Chile a la que quieren someternos. En ese país, la derecha se preparó durante los 4 años de Boric, con ayuda de los gringos, para diseñar el plan perfecto para no permitir que el proyecto progresista tuviera un nuevo presidente. Claro que hay que decir que ese mandatario, más que progresista, era uno de los que aquí llamamos tibio y sus realizaciones nunca satisficieron al pueblo chileno. Lo que hizo, más bien, fue darle un impulso al pinochetismo ultraderechista, que no es nuestro caso, porque aquí lo realizado por Petro demuestra que él está jugado con el pueblo y sus reivindicaciones. Siguiendo con lo que pasó en el país austral, la candidata, esa sí de izquierda, sin el apoyo efectivo de los progresistas y sus copartidarios, ganó la primera vuelta, pero el resto de los candidatos de la derecha, sumados todos ellos, tenían lo suficiente para ganar en la segunda, lo que efectivamente sucedió. Leyendo las autocríticas y los análisis de quienes pretendían que la izquierda se impusiera, la conclusión casi que unánime, fue que se confiaron y no trabajaron para lograr el triunfo en segunda vuelta, contrario a las derechas que concentraron todo su esfuerzo y conquistaron el voto de los chilenos. Algo parecido sucedió en Bolivia, en países centroamericanos, del caribe y previamente en Argentina.

En Colombia, y analizando lo que ha sucedido en estos primeros meses del presente año, estamos ad-portas de que el progresismo repita los errores de nuestros vecinos. Salvo algunas excepciones entre las que se destacan favorablemente Carolina Corcho, senadora recién electa y algunos otros, los demás están como en un sopor, pareciera que no saben qué hacer, o, ¿no quieren?, ¿están confiados como en Chile?, ¿siguen embriagados con el triunfo? o ¿todas las anteriores?

Con lo que está pasando, se ratifica la realidad de que el pueblo es superior a sus dirigentes. El colombiano raso ha comprendido de qué se trata el proyecto, qué quiere hacer Petro en nuestra nación, ya es consciente que es un ser humano, tiene derechos, que no debe dejarse humillar ni explotar más por la ultraderecha y, en síntesis, que es un ser que tiene dignidad y que los demás lo deben respetar. Imagínense el trabajo tan eficiente y efectivo del señor presidente que en tres años pudo lograr que entendiéramos esos conceptos, los adoptáramos y los defendiéramos después de 200 años de esclavitud, vasallaje, humillación, irrespeto y explotación por aquellos que se creen elegidos por una divinidad para que eternamente nos gobiernen. Ese pueblo es el llamado a defender el gobierno en las urnas. Ese trabajo de hacer entender la dignidad es único del presidente porque muchos de sus colaboradores y amigos todavía creen y practican conceptos feudales de la colonia, que perviven en nuestros tiempos y los practican con lujo de detalles.

Ese es el real peligro, esa unión de hecho, y puede que no formalizada, de la oligarquía y los líderes que no saben su verdadero papel en ente momento de la historia colombiana, sino que, como siempre ha ocurrido, se acomodan “al sol que más calienta” para sacar unos réditos de poder, económicos o políticos. Claro que hay que decir que no son todos, afortunadamente, son algunos enquistados en los círculos más altos de la dirigencia progresista que se han atraviesan como “burros muertos” o “palos en la rueda” del verdadero desarrollo de la nación. Desde que incursioné en la política y en el periodismo he sabido de la existencia de estos personajes que son más dañinos que la misma derecha, ya que actúan amparándose en la oscuridad del engaño, de las apariencias, de la palabrería, del desvío de propósitos, terminan traicionando al pueblo y llevándolo al redil de las políticas de la ultraderecha tradicional. Estos casos son innumerables a través de nuestra historia, desde Santander que traicionó a Bolívar, para volver a instaurar el feudalismo en Colombia, hasta los denunciados por nuestro presidente, de personas que a voz en cuello pregonan su progresismo, gritan “Petro te amo”, pero que en realidad trabajan para los poderes de siempre, todos ellos denunciados por Petro en los consejos de ministros y las alocuciones presidenciales que todavía le permiten hacer. 

La conjunción de todas estas fuerzas oscuras y los planes que están llevando a cabo para impedir que Iván Cepeda llegue al gobierno están a la orden del día. Unos con planes de todo tipo para el fraude que, probablemente, quieren hacer en las presidenciales, usando todas las armas posibles, legales o no, pero además están haciendo todo lo imposible para enlodar a Petro con denuncias de países extranjeros afines a Trump, vinculándolo al narcotráfico o a las supuestas denuncias sobre el financiamiento de su campaña del 2.022 o a Iván Cepeda tachándolo de ser de las extintas FARC, incluyendo a su papá asesinado por la ultraderecha, el abogado Manuel Cepeda Vargas, con la mentira que era militante de esa guerrilla, entre otras calumnias y mentiras. Esto está sucediendo ante nuestros ojos, sin esconderse, lo que demuestra la intención real de querer lograr sus planes. El señor presidente ha denunciado posibles planes de asesinato contra Iván Cepeda o contra él, muy posible que lleguen hasta esas instancias con tal de evitar el triunfo progresista.  

Muchos líderes progresistas, están en otro mundo, en la nube del poder que obnubila, que no los deja ver más allá de sus narices, que no hacen caso a las bases y que se han granjeado la animadversión y la desconfianza de muchos militantes que en varios escenarios exigen cambios radicales en el accionar del Pacto Histórico. Lo grave no es que haya discrepancias, sino que ellos, los que se abrogaron esos puestos de dirigencia, no oigan a la militancia, no los reciben, no les contestan llamadas ni mensajes y mucho menos les hacen caso a sus inquietudes y peticiones, se están convirtiendo, sin proponérselo, en colaboradores silenciosos de los planes de la oligarquía para impedir que el proyecto tenga un segundo periodo.

Estamos en un momento muy peligroso, muy parecido al de Chile, unas derechas que vienen con todo para recuperar el gobierno y una inercia cómplice de muchos líderes del progresismo que no atinan tomar las decisiones que la historia y Colombia hoy les exigen. 

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

Elecciones Colombia 2026 / 1er asalto. Reflexiones de un Grinch zurdo

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com- 

El principal obstáculo para el cambio en Colombia es ganar la batalla cultural por la descolonización de la mente del ciudadano, aún atrapada en imaginarios conservaduristas y mafiosos que benefician las élites y naturalizan la exclusión.

El reciente primer asalto electoral deja una lectura agridulce para algunes sectores alternativos (o de izquierda como sabiamente se les llamaba antes). Si bien es innegable y celebrable el incremento en la votación de las fuerzas del “progresismo”, este crecimiento numérico no debe ocultar una realidad sociológica profunda y preocupante, en la que se evidencia cómo, un amplio sector de la sociedad colombiana, sigue atrapado en una narrativa de dominación impuesta hace más de dos siglos, que ha creado un poderoso imaginario colectivo en el que se asume como "natural", "debido" y "conveniente" que el destino del país continúe en manos de un reducido grupo de apellidos y familias tradicionales.

Se trata de una élite cuya riqueza, de origen muchas veces discutible y sustentada en el despojo colonial, la apropiación de lo público, el clientelismo y la explotación laboral, pretende equipararse moralmente al esfuerzo de quienes nada tienen. A pesar de que su caudal se ha forjado con el sudor de los más pobres, persiste la creencia inculcada de que son los únicos capacitados para dirigir los rumbos de la nación, perpetuando un statu quo que beneficia a unos pocos en detrimento de las mayorías.

Este avance electoral de una izquierda aún en proceso de maduración institucional y programática es, sin duda, un síntoma de cambio. Sin embargo, esta propuesta política enfrenta la titánica tarea de consolidarse como un verdadero partido que haga tránsito definitivo hacia una plataforma transformadora, capaz de disputarle el poder a los actuales engendros de la derecha. Estos, disfrazados hábilmente de "centro", no proponen otra cosa que mantener intacto un modelo de capitalismo rancio, excluyente y moralmente cuestionado a nivel global, a través del regreso a la violencia institucional como única vía para solucionar la inequidad y los problemas de Colombia.

La gran deuda, y quizá la tarea más urgente y de más largo aliento que tienen por hacer las fuerzas políticas alternativas (o de izquierda como se llamaban hace años), no está únicamente en las urnas, sino en los territorios. Se trata de la lucha cotidiana por descolonizar la mente del ciudadano del común. Una mentalidad que aún permanece enjaulada en esquemas conservaduristas, reforzados por múltiples actores: la manipulación religiosa (tanto católica como evangélica), que dicta conductas y estigmatiza la disidencia; una academia frecuentemente aferrada al modelo cuadriculado y fordista de educación, que forma para la obediencia y no para el pensamiento crítico; y la promoción de falacias como el "emprendimiento autónomo" salvador, encarnado en sistemas multinivel (Herbalife, Yanbal, DMG) o en la ilusión de riqueza fácil a través de internet.

Este coctel de adoctrinamiento ha calado hondo, inculcando la máxima de que el fin (tener plata y darse lujos) justifica los medios, sin importar su procedencia. Se refuerza así, día a día, los estragos de la contracultura narco, que encuentra su máxima expresión política en candidaturas como la de Abelardo de la Espriella o en el culto irracional a un uribismo latifundista y pendenciero, personificado en figuras como Paloma Valencia.

Finalmente, pero no menos importante; mientras la ciudadanía siga eligiendo alcaldes, gobernadores, concejales y diputados que operan en las esferas del clientelismo, la corrupción descarada y la manipulación del hambre y el desempleo, será materialmente imposible construir un modelo alternativo de sociedad. La democracia, en estos contextos, se reduce a un ritual que legitima la exclusión.

Adenda. La sombra del fraude: Resulta imperativo señalar que todo este panorama se ve agravado por el papel de la prensa tradicional de derecha, que sigue empeñada en imponer el relato de la transparencia absoluta del sistema electoral y de la gestión del actual registrador, estos medios intentan blanquear un proceso que, en los territorios, sigue mostrando grietas profundas. A lo largo y ancho del país, ciudadanos y testigos electorales continúan denunciando y aportando pruebas de un posible fraude electoral que habría beneficiado, una vez más, a sectores de la derecha tradicional y a figuras como Paloma Valencia. Tal como lo han venido advirtiendo múltiples movimientos sociales y el propio presidente de Colombia. La distancia entre el relato mediático (Blu, Caracol, RCN, Semana, El Colombiano, etc.) de limpieza electoral y las irregularidades detectadas en las mesas de votación sigue siendo un abismo que alimenta la desconfianza y la ilegitimidad del sistema.

Poder, silencio e impunidad en el Quindío *

Paisaje del Quindío. Tomado del portal Gobierno del Quindío

Por: Jhon Jaiver Flórez G.

Bajo distintas banderas de partidos tradicionales se articulan redes familiares que ejercen tutela sobre alcaldías, concejos, gobernación y asamblea, como si el voto fuera herencia y la administración pública, patrimonio privado.

 

Este 8 de marzo habrá elecciones para el Congreso. Otra vez. La democracia colombiana, incansable en su vocación ceremonial, nos convoca a una nueva fiesta cívica donde el menú ya está definido, los invitados principales repiten traje y el pueblo aporta la vajilla, el aplauso y —como siempre— la paciencia.

En el Quindío —ese corazón geográfico que late en la mitad del mapa y se promociona con aroma a café recién molido— la jornada adquiere algo de liturgia dominical y de comedia de enredos representada hasta el cansancio. Porque el Quindío es, ante todo, una paradoja con paisaje. Paso estratégico entre el sur —incluido Buenaventura, principal puerto del país sobre el Pacífico— y el centro de Colombia, dotado de tierras fértiles y diversidad climática, debería ser potencia agroalimentaria y laboratorio de desarrollo regional.

El verbo “debería” se volvió el himno extraoficial del departamento: se entona cada cuatro años, con la mano en el pecho y el presupuesto en trámite. Armenia, su capital, no es solo la postal del Paisaje Cultural Cafetero, sino la evidencia de un estancamiento que ya no puede llamarse “coyuntural”. Calles congestionadas y deterioradas, arreglos precarios y semáforos inservibles revelan una movilidad colapsada y un deterioro social visible: proliferación de personas en situación de calle, desempleo persistente y rebusque diario. Carretas, ventas ambulantes y mendicidad ocupan el espacio público con vocación de permanencia. La pobreza dejó de ser cifra, para volverse atmósfera: no solo se mide, se respira.

En ese vacío institucional prosperan el microtráfico, la drogadicción, la explotación sexual y diversas formas de delincuencia, engranajes de una economía paralela que florece donde el Estado —capturado por redes clientelares corruptas— no gobierna, sino que administra ausencias con sello y membrete.

Las vías terciarias del departamento —esas arterias prometidas para conectar al campesino con el mercado— lucen impecables en el papel, casi europeas: figuran como intervenidas, financiadas y ejecutadas en informes oficiales acompañados de actas, rendiciones de cuentas y soportes presupuestales. Sin embargo, en el terreno apenas subsisten arreglos fragmentarios, maquillajes por tramos suficientes para la fotografía inaugural, el corte de cinta y la legalización del gasto. Cuando alguna carretera se conserva en condiciones óptimas, suele coincidir —con llamativa precisión geográfica— con la ruta que conduce a la finca de algún dirigente político o aliado. El resto se diluye entre una trazabilidad impecable en hojas de cálculo y una precariedad evidente en el barro. El asfalto, como la esperanza, se distribuye por cuotas: un parche en temporada electoral, polvo en verano y lodazal con las lluvias. Más que descuido, parece un patrón deliberado de administración de la precariedad.

Cada ciclo electoral trae su procesión de contratistas —muchos atrapados en la urgencia de subsistir— convertidos en promotores circunstanciales de candidatos: chalecos estampados, altavoces que saturan el aire y volantes que terminan rodando por las calles como hojarasca cívica. La contaminación no es solo auditiva y visual; también es discursiva. Con solemnidad reciclada se promete, otra vez, que ahora sí. La liturgia se ejecuta con precisión mecánica —discurso difuso, aplauso estratégico, selfie obligada— como si el libreto estuviera blindado contra cualquier rendición de cuentas.

Pero el problema no es únicamente económico; es estructural. En el Quindío —como en el país— la corrupción dejó de escandalizar para integrarse al paisaje moral. Al corrupto no siempre se le condena: se le admira como “un duro” o “un avispado”. Se le absuelve con una ética transaccional: “si robó, pero hizo”; “si saqueó el erario, pero pavimentó la cuadra”; “si se enriqueció, pero da empleo temporal”. La pregunta dejó de ser cuánto se pierde colectivamente para convertirse en cuánto alcanza a tocarle a cada quien.

En este teatro nauseabundo, los clanes políticos —o mejor, politiqueros— son protagonistas. Simulan antagonismo, pero comparten métodos y lógicas. Se disputan espacios de poder, no precisamente por ideas programáticas. Bajo distintas banderas de partidos tradicionales se articulan redes familiares que ejercen tutela sobre alcaldías, concejos, gobernación y asamblea, como si el voto fuera herencia y la administración pública, patrimonio privado. La ideología funciona como utilería; lo sustantivo es la sucesión.

A ello se suman señalamientos de extrema gravedad que, aunque rara vez se formulan de manera abierta, proyectan una sombra persistente sobre la vida pública del departamento: durante más de una década se han registrado episodios violentos —asesinatos— que comparten coincidencias inquietantes y cuyo esclarecimiento integral aún está pendiente. Las investigaciones, cuando avanzan, lo hacen de forma parcial y fragmentada, sin disipar la percepción de que la verdad permanece oculta mientras la impunidad parece normalizarse.

En este contexto, el departamento continúa atrapado en estructuras clientelares que erosionan la confianza ciudadana, lo que hace indispensable la intervención decidida de las más altas instancias de la justicia nacional para garantizar la verdad y restablecer la autoridad moral del Estado.

La Alcaldía y la Gobernación terminan funcionando como engranajes de una misma maquinaria atravesada por la improvisación, la hipertrofia burocrática, el clientelismo y la corrupción. Más que instituciones orientadas por proyectos de largo plazo, operan como plataformas de lealtades cruzadas. Hay concejales que se declaran opositores en el ámbito municipal mientras sellan alianzas en la Gobernación; diputados que ejercen crítica severa en el departamento, pero mantienen cercanía estratégica con la Alcaldía: oposición aquí y cohonestación allá. No se trata de un debate ideológico, sino de una aritmética de conveniencias. En ese juego, el control político se desdibuja y la frontera entre fiscalización legítima y complicidad interesada se vuelve peligrosamente tenue. La alternancia, entonces, es apenas un cambio de apellido en la puerta.

Durante décadas, el departamento ha transitado un letargo que ya no puede atribuirse solo al centralismo bogotano, sino a la captura sistemática de lo público por intereses privados. La academia lo llama patrimonialismo; el ciudadano lo resume mejor: los mismos con las mismas. El campo quindiano, que podría ser despensa nacional, sobrevive entre infraestructura deficiente y crédito escaso. Se apuesta al turismo —porque el paisaje vende—, pero ningún territorio se sostiene únicamente de postales, cafés especiales y fines de semana largos. La economía del aplauso no reemplaza la producción diversificada y sostenible.

Armenia compite en rankings menos turísticos: indigencia persistente, informalidad como forma de supervivencia, juventudes atrapadas entre desempleo y dinero ilegal. Y, sin embargo, en cada campaña reaparece el render del megaproyecto y la promesa de despegue inminente. El progreso siempre parece estar a una elección de distancia.

Este 8 de marzo no es solo una fecha electoral; es un espejo. La pregunta no es únicamente quién ocupará una curul, sino qué ciudadanía seguirá legitimando —con su voto, su abstención o su indiferencia— un modelo eficaz para perpetuarse e insuficiente para transformar. Los clanes no se reproducen solos: necesitan una cultura política que confunda estabilidad con estancamiento y corrupción con fatalidad.

El Quindío, con su riqueza natural y su ubicación estratégica, podría ser ejemplo. Ha sido administrado, en cambio, como finca con escritura privada: un corazón geográfico con arritmia ética.

Este domingo se abrirán las urnas, se contarán los votos y se celebrará la democracia con cifras oficiales y declaraciones optimistas. Al día siguiente, el paisaje seguirá siendo hermoso, las montañas continuarán verdes y el letargo —disciplinado, resiliente, casi profesional— aguardará, paciente, su próxima reelección.

*La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

Y llegaron las elecciones, casi nada de propuestas y mucha corrupción *

Hernán Riaño / Periodista - Dir. SoNoticias

 Por: Hernán Riaño

Alcaldes, gobernadores y candidatos de la derecha han sido denunciados por el uso indebido de los auxilios que está dando el gobierno nacional para decir que son ellos quienes los dan y conquistar así a los electores.

La jornada electoral de 2.026 se inició en 2.025 con la consulta del Pacto Histórico en el que eligieron a Iván Cepeda como candidato a la presidencia y a Carolina Corcho como cabeza de lista al senado de la república. El tercero en discordia, Daniel quintero, renunció a esa competencia, anunciando que era una trampa del CNE, como en realidad sucedió y que participaría en la interpartidista del próximo 8 de marzo (1). 

Después de esa campaña, los seleccionados por el voto popular a las listas de congreso se sumieron en una modorra, en una resaca postelectoral en la que todos, pareciera, se hubieran ganado el cielo y que iban a ser, muy seguramente, según ellos, senadores o representantes solo con el capital electoral de nuestro señor presidente Gustavo Petro. Valga aclarar que es tan grande la popularidad de nuestro mandatario que según las últimas encuestas y después de tres años y medio de gobierno, con todas las trabas y trampas puestas por la derecha, supera el 50% de favorabilidad, y eso que las firmas encuestadoras no van a preguntarle a los campesinos, indígenas y negros directamente a sus regiones; de hacerlo, la sorpresa sería mayúscula.

Ellos volvieron a “trabajar” el 12 de enero, habiéndose perdido un tiempo precioso, que sí aprovechó la derecha para hacer sus trampas acostumbradas y tratar de bloquear las candidaturas de Iván Cepeda a la presidencia y las listas al senado y a la cámara. Algunos de esos obstáculos los pudo superar el partido, pero en otros casos aún a muy pocos días de realizarse las elecciones, la espada de Damocles pende sobre la lista al senado (aún no pude encontrar decisión definitiva) y por observaciones de personas estudiosas y acuciosas, se podría estar cocinado un impedimento a Cepeda para que fuera el candidato del Pacto histórico. Siguen “craneando” formas ilegales de sacar del camino al partido mayoritario de Colombia.

Entremos directo a lo que ha sido la campaña en sí. Por el lado del progresismo hay dos sectores, el del Pacto Histórico y el del Frente por la Vida. El primero tiene listas cerradas cremallera y el segundo, abierta preferente. Infortunadamente en Colombia, los sectores que se dicen cercanos al pueblo no han entendido lo de la lista cerrada cremallera. El fundamento de tener una lista de este tipo, además de lograr el máximo de curules posibles, es que tanto los candidatos como los votantes entiendan que lo importante no son tanto las personas como sí, el programa del partido, que en este caso es el programa de Gustavo Petro, como base. Las condiciones especiales de estos comicios han hecho que esos candidatos no hayan hecho campaña difundiendo y haciendo conocer el programa de gobierno y ni siquiera se hayan mostrado ante el electorado colombiano. Además, las luchas intestinas por querer ser el más popular o quedar en el mejor puesto estuvieron a la orden del día. En el sector del frente por la vida, cada candidato está haciendo su campaña, muchos sin experiencia por ser la primera vez que abordan estas luchas, pero haciendo propuestas de seguir implementado el programa del primer gobierno de izquierda. En ambos sectores, la falta de capital para la financiación de sus campañas ha sido evidente, contrastando con los miles de millones que ha gastado la ultraderecha.

Como es costumbre centenaria, las derechas de este país, hacían sus quehaceres electorales con mentiras, calumnias, falsedades y otras malas artes, también han usado la corrupción al elector, como la compra de votos, el clientelismo o las promesas que no cumplen. Ese ha sido su modus operandi y hasta las elecciones regionales les dio resultado, de hecho, los alcaldes de casi todas las ciudades de Colombia están gobernadas por personas que representan este nauseabundo sector político, así como la mayoría de los gobernadores. Como a estos ultraderechistas solo les interesa seguir depredando los recursos del Estado, no tienen propuestas, que hoy, gracias a lo que se ha conocido y al gobierno del cambio, el pueblo ya no les copia, solo algunos cómplices ignorantes aún son el soporte para llegar a las altas corporaciones. 

Están utilizando todas sus armas, con su mayor potencial, para tratar de llegar y de paso desacreditar a Gustavo Petro y a Iván Cepeda. Han desplegado una campaña de compra de votos como nunca antes se había visto, con unas cotizaciones del sufragio, que, según rumores e informaciones no oficiales, en algunos casos podría llegar al medio millón de pesos. Pero eso no es todo, lo más ruin es aprovecharse de las desgracias de los pobres para tratar de conseguir votos; es así como en los municipios donde el río Sinú afectó a los ciudadanos y la escasez se ha hecho latente, hacen proselitismo electoral con las ayudas estatales (2). O si no, se roban el agua de los hidrantes de los acueductos y se las llevan a los ciudadanos que carecen del líquido, también para exigirles el voto a cambio (3), pero lo más descarado es que están usando las políticas y auxilios que está dando el gobierno para decir que son ellos quienes las dan y conquistar así a los electores.  Alcaldes, gobernadores y candidatos de la ultraderecha han sido denunciados por el uso indebido de estas prácticas, hasta el señor presidente lo ha hecho. 

El “todo vale” parece ser la estrategia de estos personajes que tanto mal le han hecho al país y sus gentes, en esta contienda electoral para derrotar al progresismo y evitar que continúe el proyecto. En los últimos días las incautaciones de dinero para, supuestamente, usarlos en la compra de votos suman más de mil millones de pesos y esta cifra puede subir, ya que el día de las elecciones es cuando más se ve este fenómeno con muchos involucrados en todo el país. 

Han hecho un despliegue de mentiras y falacias en las que quieren imponer una narrativa de que todos los problemas del país nacieron con Petro, pero “prometen” que ellos los van a soluciona.  Tamaña mentira, llevan más de 200 años de espoliación del pueblo y ahora, estos descarados, quieren que el pueblo crea que la ultraderecha son un grupo de ángeles caídos del cielo que vienen a reparar los mismos problemas que causaron. 

La campaña de la oposición, tanto para consultas como para congreso se ha basado solo en hablar mal del presidente y del candidato Iván Cepeda, no pierden adjetivos denigrantes de todo tipo para referirse a ambos, al presidente que deja el cargo y al candidato que muy seguramente, según las encuestas y las manifestaciones, será el segundo presidente progresista de Colombia. Contra Cepeda están usando el mismo libreto que utilizaron en los años 2.018 y 2.022, calificándolo de guerrillero, castrochavista, candidato de la guerrilla comunista o socialista, demostrando una falta de creatividad, inteligencia y su verdadera estupidez. Mientras que las propuestas brillan por su ausencia, ¿alguien sabe que proponen realmente, aparte de apropiarse las realizaciones de Petro y copiar su programa, que han hecho? Valga decir que solo hablan de reivindicaciones sociales en época electoral, pero el verdadero propósito de estos personajes en querer recuperar el gobierno para seguir desangrándolo de todas las formas posibles. Su lenguaje en esta campaña es más compra de votos, más clientelismo, más amenazas, más atentados más violencia y ninguna propuesta en favor del pueblo. Muchos corruptos condenados o investigados están haciendo campaña para si o para sus protegidos sin ruborizarse, haciendo correrías, engañando parroquianos con el mismo discurso de siempre.

Aterra ver como los medios le ponen a su disposición los micrófonos para que digan todo tipo de sandeces que después esos mismos periodistas disfrazan como una verdad inobjetable, no importa que la realidad sea otra, solo quieren venderlos como lo que no son, como si fueran los salvadores del país. Es lo mismo que publicitar un producto como no dañino para la salud, pero que tiene componentes que afectan al ser humano de forma ostensible. Esos mal llamados medios de comunicación, que lo que les han hecho a los colombianos es sumirlos en una ignorancia y embrutecimiento tal, que han logrado el cometido de que los colombianos elijan a los causantes de sus males una y otra vez por varias décadas.

Los ciudadanos, este 8 de marzo, tienen en sus manos y conciencia el destino del país. Hay que salir a votar, lograr las mayorías absolutas en el congreso para que se puedan aprobar las reformas, citar a una constituyente, se pueda elegir buen fiscal, contralor, procurador y magistrados de las altas cortes, que se reforme la justicia que, en este momento, es la madre de todos nuestros males.

¡colombiano, usted tiene la palabra, de usted depende el futuro del país! 

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

https://caracol.com.co/2025/10/15/cne-y-la-registraduria-mataron-la-consulta-del-pacto-historico-por-eso-renuncio-daniel-quintero/ 

https://www.infobae.com/colombia/2026/02/10/petro-denuncia-uso-politico-de-ayudas-estatales-y-compra-de-votos-en-cordoba-eso-es-sinverguenzura-electoral/

https://www.facebook.com/GiroProgresista/posts/pol%C3%ADticos-usando-agua-potable-para-campa%C3%B1as-electorales-petro-ordena-investigaci/929559709595374/https://www.facebook.com/61566450327066/posts/atención-presidente-advierte-acciones-contra-uso-político-del-agua-en-aguachica-/122214470876548344/

https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2026-03-03/la-policia-captura-a-un-escolta-del-secretario-de-la-camara-con-145-millones-de-pesos-en-efectivo-y-propaganda-electoral.html

https://www.infobae.com/colombia/2026/03/04/quedo-en-libertad-el-escolta-del-secretario-general-de-la-camara-que-habia-sido-detenido-con-145-millones-y-publicidad-politica/

El HUMANISMO, DEMOCRÁTICO y POPULAR *

 

En la imagen: Carlos Medina / Historiador y analista político

Por: CARLOS MEDINA GALLEGO

La democracia real se vive en la participación cotidiana, en las decisiones colectivas, en el control social, en la capacidad del pueblo para incidir directamente en su destino. Una estrategia política para volver a mirarnos como pueblo.

Vivimos un tiempo extraño. Un tiempo en el que las identidades políticas se diluyen, las utopías se fragmentan y buena parte de la izquierda camina sin brújula, atrapada en un laberinto de dogmas heredados, prácticas burocráticas y una peligrosa incapacidad para leer el momento histórico. No es solo una crisis de proyectos: es una crisis de sentido.

Durante décadas, la izquierda habló en nombre del pueblo. Hoy, con frecuencia, habla desde periódicos que nadie lee, oficinas que nadie conoce, micrófonos o redes sociales que le hablan a nadie, hablan lejos del dolor real de las mayorías. Se volvió experta en diagnósticos abstractos, pero torpe para escuchar. Se acostumbró a administrar discursos mientras el hambre, la exclusión y la precariedad avanzaban. En muchos casos, sustituyó la ética por el cálculo, la organización popular por el clientelismo, y la estrategia por la improvisación.

No se trata de una acusación ligera. Una parte significativa de la izquierda tradicional terminó reproduciendo los mismos vicios que decía combatir: prácticas corruptas, lógicas de favores, disputas mezquinas por cuotas de poder, sectarismo ideológico y una arrogancia que la alejó de la gente común. Se volvió intolerante con la diferencia, incapaz de construir unidad amplia y profundamente desconectada de las necesidades concretas del presente.

Esta izquierda dogmática confunde radicalidad con rigidez, coherencia con pureza, y compromiso con obediencia ciega. Su lenguaje se volvió hermético. Sus debates, circulares. Sus liderazgos, personalistas. Perdió la capacidad de convocar porque dejó de conmover. Y cuando una fuerza política deja de tocar el corazón del pueblo, empieza lentamente a desaparecer de su horizonte.

Frente a ese agotamiento emerge una pregunta urgente: ¿cómo reconstruir una política que vuelva a poner la vida en el centro?

Aquí es donde el humanismo, democrático y popular, aparece no como una etiqueta, sino como una práctica. No nace para administrar ruinas ni para reciclar viejas jerarquías con nuevos nombres. Nace de una intuición sencilla y profunda: la política solo tiene sentido si sirve para dignificar la existencia humana.

Este humanismo no es neutral. Toma partido por quienes cargan sobre sus espaldas el peso del sistema: trabajadores precarizados, campesinos despojados, mujeres populares, juventudes sin futuro asegurado, comunidades excluidas. No se construye desde arriba ni desde la comodidad de los privilegios. Se construye desde el territorio, desde la escucha, desde la experiencia viva de las mayorías.

Su centro no es el poder como fin, sino la dignidad como horizonte.

Hablar de un humanismo democrático es afirmar que la democracia no puede reducirse al ritual electoral. La democracia real se vive en la participación cotidiana, en las decisiones colectivas, en el control social, en la capacidad del pueblo para incidir directamente en su destino. Es comunitaria, territorial, organizada. Es asamblea, es cabildo, es encuentro barrial. Es pedagogía política permanente. Y es popular porque no delega su esperanza en élites ilustradas ni en salvadores providenciales. Reconoce que los cambios profundos solo nacen de pueblos organizados.

Este enfoque humanista rompe tanto con la derecha tradicional como con una izquierda acomodada. Rompe con la tecnocracia sin alma, con la ética de salón y con la falsa moderación que solo sirve para conservar privilegios.

Rechaza la corrupción como práctica estructural del modelo económico que convierte derechos en mercancías y ciudadanos en consumidores. Entiende que la lucha ética es inseparable de la lucha política. Pero también rompe con el dogmatismo que convierte la teoría en catecismo y la militancia en obediencia.

Rechaza el sectarismo que fragmenta las fuerzas populares. Rechaza el patriarcado, el racismo estructural, el colonialismo mental y toda forma de dominación simbólica. No necesita jerarquías sagradas ni autoridades incuestionables. Convoca conciencias críticas.

Este humanismo es profundamente democrático porque cree en la diversidad, en el diálogo y en la construcción colectiva. No pretende uniformar al pueblo ni imponer verdades únicas. Busca unidad desde la diferencia, articulación desde el respeto, convergencia desde la escucha.

Es también un humanismo militante: no observa la historia desde la tribuna, camina junto a ella. Aprende de las luchas obreras, campesinas, estudiantiles, feministas populares, indígenas y barriales. Defiende la vida en todas sus formas y reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos. Entiende que sin justicia social no hay dignidad posible.

Pero el humanismo democrático y popular no puede quedarse en declaración ética ni en horizonte simbólico. Su verdad se mide en la práctica. Si aspira a ser fuerza histórica, debe encarnarse en tareas concretas, en procesos organizativos reales y en una pedagogía política permanente.

Por eso, este camino exige compromisos claros:

1. La transformación comienza en el territorio. Es necesario promover asambleas barriales, encuentros comunitarios, cabildos abiertos y espacios populares de deliberación, no como eventos ocasionales, sino como ejercicio cotidiano de democracia directa. Allí donde la gente vive, trabaja y resiste debe nacer el poder popular.

2. Es urgente articular las luchas dispersas. Movimientos obreros, campesinos, estudiantiles, feministas populares, indígenas y comunitarios no pueden seguir caminando en paralelo. La fragmentación debilita. La tarea es construir plataformas unitarias, agendas comunes y vocerías colectivas, respetando la diversidad, pero avanzando hacia propósitos compartidos de justicia social.

3. Se requieren escuelas populares de pensamiento crítico, espacios de estudio colectivo y círculos pedagógicos donde el saber académico dialogue con el saber del pueblo. La formación debe emancipar, no disciplinar. El conocimiento tiene que volver a ser herramienta de organización y conciencia.

4. La ética pública radical es condición irrenunciable. Toda práctica clientelista, corrupta o nepotista debe ser combatida desde dentro. Transparencia, rendición de cuentas y control social permanente son pilares para recuperar la confianza popular. Sin coherencia, no hay proyecto transformador posible.

5. Participar en escenarios institucionales solo tiene sentido si fortalece la organización social y amplía derechos.

Ningún cargo puede estar por encima del proyecto colectivo. La representación debe entenderse como mandato popular revocable, no como privilegio personal.

6. Defender la vida debe ser el eje de toda política: paz con justicia social, redistribución real de la riqueza, protección de los territorios y reconocimiento efectivo de la naturaleza como sujeto de derechos. No hay democracia posible en medio del hambre ni libertad donde reina la exclusión.

7. La unidad amplia es indispensable. El adversario principal es el modelo que produce desigualdad y exclusión, no quienes luchan desde distintas orillas populares. La convergencia debe construirse desde el respeto por la diferencia y la conciencia estratégica del momento histórico.

8. Es necesario organizar la esperanza. La indignación aislada se agota; la esperanza organizada transforma. Convertir el malestar social en proyecto político requiere método, paciencia, escucha y trabajo sostenido. No basta con denunciar: hay que proponer, acompañar y permanecer.

El humanismo democrático y popular no promete comodidad. Promete coherencia. No ofrece cargos. Ofrece compromiso. No garantiza seguridad. Garantiza dignidad.

La democracia no se hereda: se construye. La justicia social no se promete: se conquista. La dignidad no se negocia: se ejerce.

Desde estos enunciados simples comienza la tarea de transformación, democracia real, justicia social y construcción de una paz duradera con el pueblo, desde el territorio, con una ética pública a toda prueba y con pensamiento crítico, hasta que la dignidad humana y social se haga costumbre.

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

La exclusión de Iván Cepeda y la prueba ética del progresismo *

Por: Jhon Jaiver Flórez G.

El progresismo no debe olvidar que el poder no se ejerce únicamente desde el Ejecutivo; también se manifiesta en los reglamentos, en los órganos de control y en aquellas instancias que definen quién compite y bajo qué condiciones.

En esta república donde el árbitro pita y juega, el Consejo Nacional Electoral perfecciona jugaditas estratégicas: inclina la cancha sin despeinarse. Nada de escándalos, nada de portazos. Aquí la exclusión no se grita; se notifica. Con voto estrecho y tecnicismo pulcro, dejó por fuera de la consulta del 8 de marzo a Iván Cepeda. Un trámite. Un concepto. Una firma. Y listo.

El argumento fue minimalista —quien participó en una consulta no puede participar en otra—, fórmula aséptica que cabe en un párrafo y desplaza a un candidato que, según la más reciente encuesta de Invamer, marca 43% de intención de voto, lo que lo ubica a siete puntos de ganar la Presidencia en primera vuelta. La norma, aplicada como bisturí, no hizo ruido; hizo efecto. Cuando el procedimiento decide quién compite, deja de ser forma y se convierte en poder. Y cuando el poder se ejerce con guantes blancos, el expediente reemplaza al debate.

Por si la cirugía necesitara puntos de sutura, apareció la jugada complementaria: a días de la elección, el magistrado Álvaro Hernán Prada activó una maniobra contra la lista al Senado del Pacto Histórico y concedió 12 horas para responder en un proceso de revocatoria. Doce horas: la democracia medida en cronómetro. El reloj como doctrina jurídica. Nada espectacular; apenas la exactitud del calendario administrado.

El impacto no es anecdótico, es estructural. Sin Cepeda en la consulta, el progresismo queda ante el dilema clásico: fragmentarse con elegancia o improvisar unidad con premura. Sus competidores celebran la pulcritud del reglamento; sus bases mastican la sospecha. No es un accidente aislado: es una secuencia que condiciona la reorganización del bloque. No es un error administrativo; es arquitectura institucional con vocación de incidencia.

En el Frente por la Vida permanecen, entre otros, Roy Barreras y Daniel Quintero, con registros que apenas rozan el margen de error. Persistir en la consulta puede ser jurídicamente impecable; políticamente, resulta incómodo. Y aquí la crítica no admite maquillaje.

Roy Barreras no es un extraviado ideológico ni un recién llegado al progresismo: es un político tradicional con olfato afinado para sobrevivir. Su trayectoria multicolor —transitando partidos y gobiernos de distinto tono— habla menos de una épica doctrinaria que de una destreza adaptativa. No encarnó el giro progresista; lo leyó con precisión. Cuando el liderazgo de Gustavo Petro abrió una ventana histórica, Barreras entró con habilidad milimétrica y cumplió un papel clave en la consolidación parlamentaria del proyecto. No diseñó el cambio, pero entendió que el cambio cotizaba al alza.

Su gramática pertenece a una escuela anterior: oratoria solemne, retórica amplia, apelaciones de tono épico que privilegian el gesto sobre la ruptura. Más que desmantelar estructuras, administra equilibrios; más que incomodar al poder, negocia con él. Es el operador eficaz que domina los pasillos, los tiempos, las transacciones. Su discurso presume profundidad; rara vez se aventura en la crítica estructural que deja cicatriz.

En ese contexto, mantenerse en la consulta tras la exclusión de Cepeda no es un acto neutro. En política, los gestos pesan más que las aclaraciones. Cuando el órgano electoral altera el tablero y deja fuera al aspirante con mayor respaldo dentro del bloque, la reacción esperable de quien se asume parte del proyecto no es ocupar el vacío, sino cuestionar el mecanismo. Aprovechar la ventana no es ilegal; es revelador.

Barreras y Quintero se comportan más como competidores que olfatean una oportunidad que como miembros de una colectividad dispuestos a resguardar la cohesión interna. La diferencia no es retórica, es estratégica. La solidaridad política no es un gesto sentimental sino un cálculo racional orientado a preservar el proyecto común y su viabilidad en el tiempo. Persistir en una contienda debilitada, bajo reglas que amplios sectores perciben como alteradas, se interpreta menos como la defensa legítima de un derecho individual y más como una apuesta personal en terreno inestable, donde el riesgo no solo es propio sino colectivo.

Esa actitud tiene nombre: mezquindad política. Coloca la aspiración individual por encima de la viabilidad colectiva. En un país que intenta consolidar un proceso de cambio, insistir en candidaturas testimoniales no fortalece la democracia interna; fragmenta la fuerza externa. Y en primera vuelta, la fragmentación suele ser el atajo más corto hacia la restauración que se dice combatir.

Barreras no es anomalía; es síntoma sofisticado de una tradición que convirtió el Estado en espacio de transacción antes que de transformación. Su virtud ha sido el instinto; su límite, la falta de ruptura. Pero el clima cultural mutó: la ciudadanía pasó de aplaudir la elocuencia a exigir resultados verificables. En esa atmósfera, la retórica sin riesgo pierde brillo. La maniobra ya no deslumbra; se audita.

La irrupción de Petro no creó el desgaste de la vieja política, pero sí lo volvió visible. Frente a esa mutación, Barreras aparece como figura bisagra: imprescindible para la mecánica del poder, distante del impulso ético que reclama coherencia. Su capital ha sido la maniobra; su déficit, la definición. Y cuando la época exige claridad antes que destreza, la supervivencia deja de ser mérito suficiente.

Mientras tanto, la derecha —y en particular el Centro Democrático— entendió una lección que el progresismo no puede seguir subestimando: la política no se gana solo en plazas y redes; también se disputa en reglamentos, órganos de control y calendarios. El poder no se ejerce únicamente desde el Ejecutivo; se administra desde las instancias que deciden quién compite y bajo qué condiciones.

Las consultas interpartidistas nacieron para ordenar coaliciones en un sistema fragmentado. Pero cuando la norma opera de modo que desordena a un bloque y deja intacto al otro, el puente se convierte en peaje. Y el peaje, como todo peaje, selecciona quién pasa y quién espera. En ese escenario no basta la indignación digital: si el proyecto de cambio aspira a continuidad, necesita cohesión real. Excluir a Cepeda —con su trayectoria en la defensa de derechos humanos y su protagonismo en debates judiciales de alto calibre— no es un ajuste técnico; es un golpe a la posibilidad de competir articulados.

Petro anunció que no pedirá el tarjetón de la consulta. Cepeda llamó a sus votantes a hacer lo mismo. Es un gesto político para deslegitimar un procedimiento percibido como sesgado. Se podrá discutir la táctica; el síntoma es más profundo: cuando sectores amplios sienten que las reglas están inclinadas, la democracia no estalla; se encoge desde el reglamento.

Este tarjetón incompleto no se resolverá en un estrado ni en un trino. Se resolverá en una decisión colectiva. Si la exclusión se convierte en fractura, el bisturí habrá sido eficaz. Si se transforma en cohesión estratégica, el progresismo habrá demostrado que incluso cuando el árbitro juega para el otro equipo, el partido puede disputarse y ganarse.

La pregunta de fondo ya no es si la norma fue correctamente interpretada, sino si quienes aseguran encarnar el cambio están dispuestos a subordinar la ambición personal al proyecto colectivo. En política, como en el teatro, el protagonista puede aparecer después de levantado el telón; lo decisivo no es el momento de entrada, sino la coherencia del reparto. Pero si el elenco se fractura antes del acto final, no habrá ovación capaz de salvar la obra.

*La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

El extraño mutismo de la MOE, la veeduría que ya poco ve

 

En la imagen: Alejandra Barrios - Misión de Observación Electoral de Colombia

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com- 

Frente a las suspicacias en el manejo de los E-14 la MOE guarda una posición anodina que no se compadece con su historial beligerante

Durante años, la Misión de Observación Electoral (MOE) se erigió como la conciencia crítica de la democracia colombiana. Desde el año 2007, en torno a los escándalos de la parapolítica, esta plataforma de organizaciones civiles como la Corporación Nuevo Arco Iris, Viva la Ciudadanía y Transparencia por Colombia construyó su prestigio sobre los escombros de un sistema electoral permeado por el fraude, la coerción armada y la financiación ilegal, con una presencia mediática casi siempre en tono de denuncia, que se convirtió en referencia obligada para entender las anomalías de las elecciones colombianas.

Luego de revisar el origen y las pasadas posiciones de la MOE resulta desconcertante el giro discursivo de su vocera y "perenne" directora, Alejandra Barrios Cabrera, quien, en declaraciones recientes, ha optado por exaltar la "probidad, excelencia y eficiencia" del sistema electoral colombiano, justo en momentos en que las dudas ciudadanas sobre la transparencia del proceso alcanzan niveles de termómetro político. ¿Qué explicación cabe para este repentino viraje? ¿Acaso la MOE ha decidido trocar su tradicional lente de aumento por unas gafas color de rosa?

La extrañeza crece cuando se contrasta esta posición con el origen mismo de una organización que surgió, precisamente, para combatir la opacidad de un sistema que, hoy por hoy, sigue presentando las mismas grietas estructurales de siempre, como los cuestionados formatos E-14, piezas clave del escrutinio, que siguen siendo motivo de queja, frente a los cuales, la MOE guarda una posición anodina, pasiva, que no se compadece con su historial beligerante.

Resulta particularmente llamativa la reacción de Barrios ante la exigencia del presidente Gustavo Petro a la Registraduría para que presente públicamente el software electoral a cargo de la firma Thomas Gregg and Sons. En lugar de respaldar la petición presidencial como un ejercicio legítimo de transparencia, la directora de la MOE optó por recriminar al mandatario, alineándose de facto con las posiciones de un registrador nacional cuyas orientaciones han sido ampliamente controversiales, reforzando las suspicacias y dejando en la opinión pública interrogantes como; ¿Desde cuándo exigir auditoría pública al software electoral es un acto de intromisión indebida? ¿No era esa, precisamente, la clase de batallas que la sociedad civil organizada debería aplaudir?

Pero el asunto no es solo de posiciones públicas. La inquietud de fondo apunta a la naturaleza misma de una organización que se presenta como "representante de la sociedad civil" sin someter a escrutinio público sus propios mecanismos de integración y designación. ¿Quién elige a los directivos de la MOE? ¿Cómo opera realmente ese Consejo Directivo conformado por un puñado de instituciones académicas y ONG? Resulta paradójico que una entidad dedicada a exigir transparencia electoral funcione bajo criterios tan cerrados, sin dar cuenta clara de sus procesos internos de toma de decisiones.

Tampoco ayuda a disipar las dudas el capítulo de la financiación. La MOE se sostiene fundamentalmente con recursos de cooperación internacional, destacándose entre sus principales donantes la agencia estadounidense USAID, que hoy enfrenta señalamientos, incluso desde el propio gobierno de Estados Unidos, sobre injerencia política en América Latina. No se trata, por supuesto, de satanizar la cooperación internacional, pero sí de preguntarse legítimamente hasta qué punto esa dependencia financiera puede llegar a modular las posiciones de una organización que alardea de independencia y rigor técnico. ¿Puede una entidad financiada por actores externos con agendas geopolíticas declaradas considerarse plenamente autónoma?

La inquietud se extiende en el campo nacional. Fuentes consultadas de regiones como el Cauca han denunciado la renuencia de la MOE a acompañar procesos electorales en territorios en donde las sombras del fraude han sido históricas. Precisamente en aquellos espacios puntuales donde más se necesita una veeduría rigurosa, la organización brilla por su ausencia. ¿A qué obedece esta selectividad geográfica? ¿Por qué desertar precisamente de los escenarios más complejos?

El contraste no podría ser más evidente: una MOE nacida para denunciar las artimañas del establecimiento electoral se ha convertido, con el paso de los años, en una defensora acérrima de dicho establecimiento. Sus posiciones recientes no solo distan diametralmente de la rigurosidad que pregona, sino que alimentan la sospecha de que la independencia puede ser, en el fondo, un lujo que no todos los financiadores están dispuestos a tolerar.

Mientras tanto, los colombianos seguimos esperando que alguien, con la autoridad moral que da la coherencia, vuelva a poner el dedo en la llaga de un sistema electoral que sigue produciendo más dudas que certezas. La pregunta incómoda queda flotando: ¿a quién le habla realmente hoy la Misión de Observación Electoral? Porque a la sociedad civil, francamente, hace rato que dejó de representarla.

El país que sabe votar, pero no auditar *

 

Por: Jhon Jaiver Flórez G. 

Ninguna democracia sobrevive cuando sus accionistas renuncian a escrutar a quienes administran su destino.

Cada cuatro años, Colombia convoca a sus ciudadanos como si celebrara una asamblea general de accionistas. La puntualidad es impecable, la logística envidiable y la escenografía digna de auditoría internacional. Se instalan mesas que parecen estaciones contables, se acreditan jurados con aire de notarios y se activa la liturgia democrática: la tinta indeleble oficia como sacramento laico, los formularios se diligencian con devoción técnica y los boletines oficiales descienden entrada la noche con cifras precisas y tono aséptico. No hay tanques en las plazas ni interrupciones abruptas del orden constitucional. Hay filas disciplinadas, selfies patrióticas, cámaras vigilantes, declaraciones prudentes y una consigna que repetimos con orgullo casi ceremonial: Colombia vota. Colombia, invariablemente, vota. Y todo indica —al menos en la superficie— que el procedimiento funciona.

Y es verdad. Vota desde el siglo XIX, aunque no siempre hayan votado todos ni en igualdad de condiciones. Primero fueron los propietarios ilustrados; luego los partidos excluyentes; después la arquitectura jerárquica de 1886 consolidó un sistema que confundía estabilidad con concentración. El Frente Nacional perfeccionó la aritmética: alternancia pactada para conjurar la violencia, competencia dosificada para evitar sobresaltos. La guerra disminuyó en intensidad institucional, pero el pluralismo quedó cuidadosamente administrado. Más tarde, la Constitución de 1991 prometió una refundación ética y jurídica: derechos fundamentales robustos, tutela expedita, participación ciudadana, pluralismo político. El texto fue ambicioso; la estructura del poder, paciente. Se modernizó la fachada sin desmontar del todo la maquinaria clientelar que aprendió a sobrevivir a cada reforma como si fuera parte del mobiliario institucional.

Si adoptamos la definición mínima de democracia —elecciones periódicas, competencia formal y resultados reconocidos— el país aprueba. Ha habido alternancia; incluso rupturas simbólicas que décadas atrás parecían improbables. Las actas cuadran, las instituciones no colapsan y la transición se realiza con una serenidad que tranquiliza a observadores extranjeros. Pero la democracia no es solo un método para contar votos; es un sistema para producir consecuencias justas. Y ahí comienza la incomodidad.

Porque esta empresa colectiva llamada Estado colombiano encierra una paradoja persistente: sus accionistas —los ciudadanos— acuden disciplinadamente a la asamblea electoral, pero rara vez revisan con rigor los balances antes de elegir a quienes administrarán el patrimonio común. Se dejan seducir por el carisma del aspirante, por la retórica muchas veces lenguaraz, por el eslogan que promete dividendos morales inmediatos o por el jingle que reduce problemas estructurales a consignas fáciles de corear. Desde lejos, el engranaje luce ordenado; de cerca, la contabilidad revela pasivos heredados, intereses cruzados y utilidades distribuidas con criterios selectivos.

Si el Estado fuera una gran sociedad anónima, cada voto sería una acción depositada para decidir quién gestionará activos gigantescos: presupuesto público, recursos naturales, infraestructura, políticas sociales, justicia. Cada cuatro años se convoca esa asamblea, se instalan mesas, se activan sistemas de conteo y el acta siempre coincide. La Empresa exhibe estabilidad formal. Lo que no siempre exhibe es la misma transparencia en la gestión que presume en su ritual democrático.

La libertad del voto no florece en el vacío; se forja en un ecosistema de presiones visibles e invisibles. Generalmente en los territorios, sufragar no es solo un acto de conciencia sino un cálculo de supervivencia. La coacción rara vez aparece con uniforme o fusil; suele adoptar la forma de un contrato precario, de un subsidio condicionado, de una recomendación que recuerda favores pendientes o, más crudamente, de la necesidad elemental de comer envuelta en promesas que casi siempre caducan al día siguiente. La compra de votos no es una anécdota pintoresca; es una microeconomía electoral que funciona con la lógica del mercado: hay oferta, hay demanda y un precio ajustado a la urgencia. En contextos de precariedad, la dignidad compite con la necesidad. Y la necesidad, con demasiada frecuencia, gana.

A este escenario se suma la desinformación estratégica: relatos fabricados, cifras descontextualizadas, temores amplificados y adversarios convertidos en caricaturas útiles. Los medios y, con mayor intensidad, las redes sociales no solo informan; segmentan emociones, administran indignaciones a la medida y convierten la política en espectáculo permanente. Cada ciudadano termina habitando una versión distinta del país, diseñada por algoritmos que confirman prejuicios y refuerzan lealtades. Mientras discutimos en burbujas digitales, las decisiones estructurales se negocian en mesas discretas. El ruido ocupa el espacio público; la estrategia se cocina en silencio.

Decimos que elegimos con libertad; con demasiada frecuencia, sin embargo, nos limitamos a refrendar acuerdos tejidos de antemano.

Lo más delicado no ocurre el día de la votación, sino después. Las tres ramas del poder han sido, en distintos momentos, permeadas por grupos políticos y económicos que entienden la institucionalidad como activo estratégico. No se trata solo de sobornos individuales o escándalos episódicos; se trata de captura estructural. El Legislativo responde a compromisos adquiridos en campaña; el Ejecutivo negocia gobernabilidad mediante cuotas burocráticas; el Judicial, llamado a ser contrapeso, no siempre escapa a influencias que erosionan su independencia. La ley no se deroga frontalmente: se interpreta con creatividad interesada. La Constitución no se suspende: se administra.

No hay dictadura con uniforme ni clausura de elecciones. Hay algo más sofisticado: una legalidad moldeada con filigrana precisa. Reglamentos técnicos que parecen neutros, pero inclinan la balanza; decisiones administrativas que consolidan redes; nombramientos que aseguran lealtades y blindajes. Es un autoritarismo elegante, una dictadura institucional que conserva la forma democrática mientras desgasta su sustancia.

En muchas regiones, además, el apellido pesa más que el programa. Los clanes políticos han convertido la permanencia en arte. No siempre hay delito comprobable; hay estructuras maliciosas eficientes. Redes de favores, contratos que lubrican fidelidades, empleo público distribuido con precisión quirúrgica. La democracia compite en el papel; el clan administra en la práctica. La alternancia se transforma en rotación dentro del mismo círculo ampliado. Cambian los rostros; se heredan las maquinarias.

Entretanto, el debate nacional se concentra casi obsesivamente en la figura presidencial, examinando al jefe del Estado como si fuera el único responsable —o culpable— del rumbo institucional. Se dramatiza la elección del presidente, mientras se relega a un segundo plano la incidencia cotidiana del Congreso y de las autoridades territoriales, donde realmente se diseña la arquitectura normativa, se modulan las normas, se archivan reformas incómodas y se distribuyen los recursos públicos. Así, la discusión pública magnifica el símbolo del liderazgo y minimiza los engranajes que determinan, en los hechos, la orientación del Estado. Es como si los accionistas disputaran con vehemencia quién pronunciará el discurso anual, pero desatendieran quién redacta las cláusulas y administra los contratos que rigen la organización.

Sería cómodo atribuir toda la responsabilidad a la dirigencia. Y es cierto que durante décadas muchos políticos han tratado al ciudadano como insumo electoral: imprescindible en campaña, ornamental en la posesión y prescindible en el ejercicio del poder. Pero la renuncia ciudadana tampoco es inocente. Si el Estado es una empresa que nos pertenece a todos, ¿qué clase de socio vota sin revisar antecedentes, sin examinar votaciones previas, sin exigir rendición de cuentas? ¿Qué accionista delega la administración de su patrimonio colectivo a gestores con historial dudoso y luego se sorprende ante los resultados?

En el ámbito empresarial eso se llama negligencia. En política, solemos llamarlo tradición, lealtad o resignación.

La abstención, persistente y estructural, no es simple apatía; es el sedimento de un escepticismo prolongado. Muchos ciudadanos están convencidos de que, gane quien gane, su cotidianidad poco variará. Sin embargo, cuando quienes podrían ejercer un voto crítico se ausentan, la decisión se adopta sin contrapeso. No votar puede parecer un gesto de protesta; también puede convertirse en el mecanismo que consolida aquello que se cuestiona. Se olvida que decisiones trascendentales como: las tarifas, las garantías laborales, el acceso a salud, vivienda digna, educación o servicios básicos dependen, en última instancia, de quienes ocupan el poder.

Colombia no es una dictadura abierta ni una democracia idílica. Es un sistema que ha perfeccionado el ritual electoral, pero que aún lucha por traducir esa competencia en justicia tangible. El procedimiento es sólido; la distribución del poder, menos equitativa. La alternancia existe; la transformación estructural se posterga. La democracia funciona como ceremonia impecable mientras la administración pública exhibe síntomas crónicos de captura y desigualdad.

La pregunta de fondo no es si el país vota. Vota. La pregunta es si ese voto se ejerce como acto de soberanía consciente o como trámite periódico. Si se asume como delegación responsable de poder o como descarga momentánea de frustración. Porque votar no es un favor concedido al candidato; es una decisión sobre presupuestos multimillonarios y políticas que determinarán acceso a salud, educación, empleo, vivienda y justicia. Es un acto de corresponsabilidad histórica.

Ningún Estado puede ser mejor que la exigencia de sus ciudadanos. Ninguna democracia sobrevive cuando sus accionistas renuncian a escrutar a quienes administran su destino. La corrupción persistente, la desigualdad obstinada y la captura institucional no son fatalidades metafísicas; son consecuencias de decisiones políticas y de omisiones ciudadanas.

Tal vez el desafío no sea perfeccionar el ritual —que ya funciona con precisión admirable— sino dotarlo de contenido real. Convertir la jornada electoral en algo más que una ceremonia ordenada. Entender que cada sufragio es una auditoría moral y un compromiso con el futuro común. Asumir que el Estado no es una abstracción manejada por otros, sino la empresa colectiva cuya gestión determina nuestra dignidad cotidiana.

Colombia sabe ir a las urnas. Lo ha demostrado durante décadas. Lo que está en disputa es si aprenderá, finalmente, a gobernarse con la misma seriedad con la que organiza su jornada electoral. El día en que el ciudadano actúe como propietario vigilante y no como espectador ocasional, la elección dejará de ser un ritual impecable y se convertirá en el ejercicio pleno de una soberanía que no solo cuenta votos, sino que exige cuentas.

*La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

Frente amplio y derrota del sectarismo *

En la imagen:
Consuelo Ahumada - PhD en Ciencias Políticas con énfasis en estudios latinoamericanos

Por: Consuelo Ahumada

El resultado de las próximas elecciones al Congreso y de la consulta presidencial será determinante en la continuidad del proyecto progresista en Colombia

Empecemos por el contexto. El corolario Trump a la doctrina Monroe, anunciado en diciembre pasado, vuelve a poner el objetivo central en el control del continente. “América para los americanos”, sentenciaba la vieja doctrina. Es en estos territorios donde pretende recuperar la hegemonía global frente al avance de China.

Es un proceso basado en el poderío militar inalcanzable de Washington en el mundo entero, el complejo industrial militar, como lo llamó Eisenhower en su tiempo. Ahora es cada vez más determinante. La guerra y sus negocios. El desarrollo tecnológico al servicio de la muerte. Todo acompañado de un poder mediático impresionante.

Washington decide quiénes son los enemigos y dónde se hacen las guerras. Es el fascismo, en manos de la ultraderecha, liderada hoy por Trump. Ya no se invoca la democracia sino el petróleo y las tierras raras.

Esta tendencia dificulta todavía más la tarea del progresismo en el continente. No se trata de la famosa “teoría del péndulo” con la que académicos asépticos, despistados o de mala fe, insisten en la “alternancia” en el poder como legitimación de la democracia.

Con Trump ha habido un retroceso significativo de la izquierda en la región. Intensificó sus amenazas a toda la región Caribe, invadió a Venezuela y secuestró a su presidente y amenaza con acabar con Cuba.

Intervino en las elecciones de Ecuador, Chile, Argentina, Honduras, entre otras. Amenazó y llamó a votar por sus amigos. Además, legitimó el robo. No es una práctica nueva, pero ahora la despliega con renovados bríos.

En reciente informe, la Revista Raya denunció que la empresa colombiana del Grupo ASD propició el fraude en las presidenciales hondureñas. Es la misma empresa que desapareció 400.000 votos de la izquierda en las elecciones de congreso en Colombia en 2022. La misma que hará el conteo en las próximas elecciones. Una alerta adicional que no puede desatenderse. https://revistaraya.com/empresa-colombiana-senalada-de-fraude-en-honduras-sera-decisiva-en-las-elecciones-colombianas-en-2026.html

Pero hay mucho más para agregar. Desde su primer mandato, Trump se esforzó por organizar y consolidar la ultraderecha latinoamericana, comprometida a fondo con su proyecto imperial.

En el caso de Colombia, su abyección ha sido notoria. Los intentos de las viejas elites de impedir que el proyecto del Cambio continúe se han incrementado. Le apostaron al fracaso de la reunión entre Petro y Trump y pidieron la invasión del país.

Esta es la situación, a escasas tres semanas del inicio del proceso electoral. No son datos aislados, son tendencias, intereses, hechos reales, que no se pueden desconocer ni minimizar.

En el frente interno, ya no solo el Congreso sino las cortes redoblaron esfuerzos por sabotear al gobierno e impedir sus logros sociales, llevando a un verdadero bloqueo institucional. El lawfare en toda su expresión.

La oligarquía colombiana, los gremios económicos, los consorcios mediáticos están dispuestos a valerse de todos los recursos para recuperar el poder perdido.

En este marco, sobrevino la decisión arbitraria del Consejo Nacional Electoral de impedir la participación de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida en las elecciones del próximo 8 de marzo.   

Es una clara afrenta al Estado de derecho y al progresismo. Sin embargo, el sectarismo y la cacería de brujas desatados entre importantes sectores del Pacto Histórico frente a otras figuras a las que convirtieron en enemigos centrales es absolutamente peligroso para el proyecto del cambio, al menos por tres motivos.

Primero. La continuidad del progresismo requiere del mayor esfuerzo por unir a los más amplios sectores políticos y sociales del país, incluido el centro, con el fin de derrotar a la ultraderecha fascista. Tal fue la experiencia del triunfo electoral de Gustavo Petro.

No fue solo la izquierda. Se integraron amplios sectores independientes, liberales, conservadores y de otras toldas. Algunas de estas figuras fueron definitivas en el triunfo electoral, como Roy Barreras y Armando Benedetti, para mencionar solo algunos.

En medio de muchas dificultades, su apoyo permitió la aprobación de algunos de los proyectos del gobierno del cambio y, lo más importante, la ampliación de la base de apoyo al mismo.

De hecho, con todas estas alianzas y en medio de una situación política más favorable para el cambio que la actual, el triunfo de Petro no se definió en primera vuelta. Tampoco arrasó en segunda vuelta.

Por eso, no basta con soñar con el triunfo en primera vuelta y agitarlo como consigna. La política no se hace con buenos deseos ni mucho menos con la descalificación de aliados potenciales, como han hecho figuras reconocidas del Pacto, convertidos en nuevos catones frente a cualquiera que se acerque.

Segundo. El gobierno de Petro está a escasos seis meses de terminar. Ha tenido logros importantes y cuenta con apoyo popular significativo, pero no es suficiente. Tiene un desgaste explicable: debió enfrentar la mayor oposición y saboteo en la historia del país y sus reformas apenas arrancaron.  

Además, la situación de orden público frente al ambicioso proyecto de la Paz total es bastante complicada. Las disidencias de las Farc y el ELN decidieron tomar partido por los negocios ilícitos y desataron una guerra contra la población más pobre y vulnerable.

Tercero. Durante los últimos años las consultas en Colombia han sido un importante mecanismo aglutinador de las tendencias políticas. El triunfo de Petro arrancó con la consulta de la izquierda en el 2022.

Por eso, el saboteo y desconocimiento a la consulta del Frente por la vida, es un disparate. Tal como están planteadas las cosas, se producirá un triunfo de la consulta de la derecha y de la candidata del uribismo y eso será un golpe simbólico importante de la derecha.

Por todo lo anterior, es imprescindible vencer el sectarismo y aglutinar la mayoría de las fuerzas. Construir las mayorías, no imponerlas. Reducir el blanco de ataque. Miremos el ejemplo del desastre de la experiencia boliviana reciente.

Hay que examinar la experiencia del país y la región y proceder acorde. De lo contrario, habrá un riesgo real de perder en segunda vuelta.   

Si nos aislamos perdemos, dijo Petro en alguna ocasión. Ojalá hoy lo volviera a recordar y llamara al Pacto a liderar el proceso unitario.

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

Colombia, país de enfermos mentales *

 

En la imagen: Germán Navas Talero, jurisconsulto y excongresista

Por: Germán Navas Talero

Editor: Francisco Cristancho R.

Colombia es un país que tiene un gran problema de salud mental, porque si en este país se contempla votar por Uribe Vélez otra vez, es un país que tiene que estar enfermo

Algo divertido, y que parece una página cómica, es mirar los procesos que se adelantan en Estados Unidos contra servidores del dictador Donald Trump. Cuando uno oye a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi -ficha de bolsillo del presidente- responder que no tiene ni idea de dónde se encuentra la alcahueta de Epstein, es incomprensible, más cuando se supone que ella maneja toda la administración de justicia en ese país. Pero resulta que allá la justicia no es independiente, así nos digan mentiras. En un país donde el presidente de la República puede hacer cambiar un fiscal, puede hacer cambiar un juez, y cambia la ley como se le antoja, no es un país democrático. Lo más mentiroso en el mundo -después de Pinocho- es afirmar que los Estados Unidos es una democracia. Ellos fueron democracia hace mucho tiempo, pero ya no lo son.

Sobre este tema, me puse a escuchar algunas declaraciones por parte de unos funcionarios a raíz de la muerte de una ciudadana a manos de uno de los grupos paramilitares de Trump: los del ICE. Los cuales afirmaron que la mataron porque se presumía que podía agredirlos; porque no les gustó cómo los miraba. Esos del ICE son unos ‘genios’. Y la mataron, y nadie está en la cárcel. Y el payaso ese, el mal-pintado vicepresidente de la República, JD Vance, sostuvo que eso había sido “legítima defensa”. Eso afirmó ese individuo, ese analfabeto. Que era que los muchachos del ICE se estaban defendiendo, ¡Ah!

Y uno se pone a ver y resulta que el tal Vance es un analfabeto que llegó a donde llegó por pura chepa, por pura lagartería con Trump. Cuando uno mira a Vance y luego mira al Guasón -el enemigo de Batman-, ve que son igualitos: payasos mal-pintados. Fíjense ustedes, siempre se coloca en forma tal que gane en cámara y salga detrás de Trump, y siempre con la misma cara de Guasón. Siempre tratando de reírse, pero eso es una risa artificial, mentirosa.

Si hay un tipo en el cual no se puede confiar es en el tal Vance; pónganle cuidado a las barbaridades que dice, a los análisis que hace, y díganme si estoy equivocado. En lo que a mí respecta, a ese señor no le serviría ni de fiador de la tienda de la esquina. No me genera ni la menor confianza. Ese tipo lo único que espera es que se Trump se inhabilite, o a ver cómo lo saca del cargo para encaramarse ahí.

Hace unos días, conversando con algunos gringos sobre la carrera política del vicepresidente Vence, me decían que es un hombre que se ha hecho al lado de Trump con el fin de acolitarle todas las cosas oscuras que hace el presidente de la República; y con esa cara de idiota mal-pintada, con esa movedera de cabeza diciendo “sí” siempre a todo aquello que se le ocurre al señor Trump.

Pónganles cuidado a las declaraciones de ese pisco. Y lo grave del caso es que, si Trump es peligroso, este Vance lo es mucho más. Pobre de Estados Unidos si este tipo llegara a la presidencia de los Estados Unidos. ¡Pobres gringos! Pobres, porque ya tendrían el segundo peor presidente en la historia de ese país. Porque, sin duda, el primero es el señor Tramp-as, y si digo ‘trampas’, es porque cuando Trump se pronuncia en inglés, suena Tramp, o sea… ¡Trampas!

Ahora, que no me vayan a salir con que estoy calumniándolo u ofendiéndolo, ustedes son testigos de que ese señor fue condenado por 34 delitos, pero como es el presidente, no han hecho efectivas las sanciones. Y fuera de eso, cuando se posesionó como presidente, tenía varias investigaciones. Pero el colmo de la vagabundería es lo que acaban de descubrir: que el tal presidente de los Estados Unidos, aquel hombre honrado, tenía un negocio para contarle a un país de medio oriente algunos datos que necesitan sobre satélites, pero no lo hacía gratis; él le contaba todo eso a cambio de que le autorizaran una urbanización hotelera allá en ese país, que me parece que es Catar.

Entonces, yo les ofrezco información privilegiada que ustedes quieren, y ustedes me dan esa aprobación. ¿Que cómo se descubrió eso? Porque Ivanka, la hija de ese tipo, cuando hicieron un allanamiento en una de sus propiedades, soltó la lengua, y entregó los casetes que contenían las pruebas de que su padre, el señor presidente de la República, había negociado con un extranjero que les daba la información sobre secretos de estado a cambio de que ellos le permitirán montar otro negocio, de los que le gustan a él: urbanizaciones piratas, canchas de golf, etcétera, etcétera.

Miren con cuidado esto, para que, si ustedes piensan que la justicia en Colombia está mal, la de los gringos está peor. Y son tan cínicos estos gringos que ahora el señor Trump vendrá a Venezuela, a visitar a la señora Delcy Rodríguez, y seguramente a dar órdenes de cómo tiene que manejar ese pedazo de tierra que se llamaba Venezuela, y que ahora más parece Yanquilandia II; porque los gringos hacen lo que se les dé la gana con ese país. Ya secuestraron a Maduro y pusieron a esa señora.

Pero aquí los colombianos despotricaron de Maduro todo lo que quisieron. Pero resulta que, mirando y estudiando con cuidado las manifestaciones de apoyo a Maduro, han sido impresionantes, verdaderamente impresionantes. Pero ‘la gran prensa’ de acá, esos periodistas nuestros, como estaban en campaña contra Venezuela por supuestamente ser de izquierda. Esos ya no son periódicos, son cámaras de chismes. A mi casa llegaban suscripciones de revistas y periódicos hasta hace un tiempo, pero ya las suspendimos. Preferible que cada cual coja el celular y que mire a ver qué consulta, porque las investigaciones que hacen estos señores de los ‘grandes medios’ son la cosa más mentirosa del mundo.

Pero, eso sí, ellos se facultan para ser sensores de los medios de comunicación digitales, ellos afirman que esos medios son falsos y que todo lo que salga en internet es fake-news; y lo que ellos dicen sí es verdad. Ellos tienen la verdad revelada. ¡Dejen de leer esos pasquines! Tomen la información que quieran, y saquen sus propias conclusiones. Se supone que ustedes saben leer y escribir, ¿no?

Por nuestra parte, creo que Colombia es un país que tiene un gran problema de salud mental, porque si en este país se contempla votar por Uribe Vélez otra vez, es un país que tiene que estar enfermo. Mentalmente enfermo. Y si siguen votando por los políticos de la costa, tienen que estar enfermos. Los políticos de la costa son siempre los mismos; y en la costa, si usted no da propina, no le dan nada. En la costa no venden votos, los ferian. Por eso digo que estamos muy mal de la cabecita.

Coletilla por Deisdre Constanza. Resulta casi paradójico que el Consejo de Estado invite a reconsiderar el incremento del salario mínimo, como si el verdadero riesgo económico del país estuviera en los bolsillos de miles de trabajadores que a duras penas pueden cubrir un arriendo y un poco de mercado; donde comer carne, pollo o pescado se volvió un verdadero privilegio, escasamente toca comer pollo en su mínima expresión, o sea, ‘un huevito’. Tal vez el mensaje del Gobierno sea que el problema no es la desigualdad, sino que los de abajo aspiren a estar un poco mejor. Porque en este país, ajustar el salario mínimo se convierte en un debate técnico. Curiosamente cuando se trata de proteger utilidades del empresariado. Se nos dice que subir el salario genera desempleo, pero no se habla con la misma contundencia de los márgenes de ganancia, de los beneficios tributarios o de la concentración de la riqueza. El debate no debería centrarse únicamente en cifras macroeconómicas, sino también en la coherencia institucional y el principio de equidad. La legitimidad de las decisiones públicas no solo depende de su legalidad, sino de la percepción de justicia que se genera. si de verdad se quiere hablar de “reconsideración” que se empiece por quienes tienen margen para ceder, no para quienes apenas tienen margen para vivir.

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).