PECOS TRUMP Y NO PECOS BILL

 

En la imagen el jurisconsulto y excongresista Germán Navas T.

Por: Germán Navas Talero

Editor: Francisco Cristancho R.

Y mientras Trump insiste en que los Estados Unidos está mejor que nunca, el resto del planeta reconoce que ese país jamás había estado tan mal como ahora

Cuando uno escucha a alguien que se adjudica todo y dice ser el héroe de la historia, se acuerda de Pecos Bill; y luego lo compara uno con aquel demente que hoy es presidente de los Estados Unidos, y se dice: definitivamente quien compuso Pecos Bill no conocía aún a Donald Trump.

Esto, porque el señor Trump -según sus propias versiones-, evitó ocho guerras; cambió el nombre al golfo de México; mejoró la economía de los Estados Unidos “como nunca en la historia”; puso fin a la violencia en su país; y todo lo ‘bueno’ que ha pasado en este siglo ha sido gracias a él.

Por eso, si uno escucha la versión de Pecos Bill, cantada por Luis Aguilé, encuentra que Pecos Bill hizo de todo: Pecos Bill hizo el Río Bravo; formó el golfo de México; evitó sequías; eludió ciclones, y hasta acabó con los indios… Todo eso lo hizo Pecos Bill, y cuando ustedes escuchan la biografía que de sí mismo hace el tunante de Donald Trump, encuentra que el que compuso a Pecos Bill ha debido componerle más bien a Pecos Trump… ¡Porque es igualito!

Y mientras Trump insiste en que los Estados Unidos está mejor que nunca, el resto del planeta reconoce que ese país jamás había estado tan mal como ahora. La economía de los Estados Unidos es -como diría el cachaco- una birria. Está absolutamente por el suelo. Pero, como no faltan los mentirosos, le vamos a dedicar a Donald Trump esta canción de Pecos Bill, reiterando que su título deberías ser: Pecos Trump

https://youtu.be/OsXIhit3kbg?si=w7GHT9d79w0wyhOq

Letra de Pecos Bill…

Arre caballo

Pecos Bill fue un súper hombre en todo Texas

Y por más que se hable de él no es presumir

Era el vaquero más temible, más terrible y más valiente

Ese era el famoso Pecos Bill

Ay ay ay ay lo digo yo

Fue el vaquero más auténtico que existió

...

Unos indios merodeaban Texas City

Y eso a Pecos para nada le gustó

Con su revólver desde un árbol

Mientras se está afeitando

A 2,500 de ellos liquidó

Ay ay ay ay lo digo yo

Fue el vaquero más auténtico que existió

Retrotrayéndonos a nuestra propia realidad, podemos decir que Colombia no ha cambiado nada en este siglo, ni en el pasado tampoco, porque el desbarajuste que había en 1.900, después de la Guerra de los Mil Días, es el mismo desbarajuste que hay hoy en día con diversos actores. En aquella época estaban de moda unas personas como Marco Fidel Suárez o Rafael Reyes, a todos esos no es sino cambiarles el nombre y apellido y nos los encontramos hoy, a través de personajillos como el señor Pastrana, como al presidente de la Cámara de Representantes, o al del Senado; como a los que se roban el presupuesto… ¡son los mismos! Los mismos personajes con distintos nombres; todos igualmente irresponsables y fantoches, a quienes lo único que les importa son los votos.

Ahorita, que se están preparando para las elecciones, comienza uno a ver las vallas. Miren ustedes esas vallas, en ellas aparecen los mismos sujetos con quienes tuve la mala suerte de trabajar hace algunos años en el Congreso de la República. Son los mismos con las mismas mentiras. Sin vergüenza alguna afirman “es que yo sí les voy a cumplir”, y yo me digo: este sujeto era el que se sentaba hace un tiempo junto a mí allá en el Congreso, ¡y no hacía un carajo!; y ahora, con la misma cara, la misma ropa, pero con afiche de otro color, dice que va a cambiar.

Esos piscos, por lo menos los que yo conocí en el Congreso -con unas cuatro o cinco excepciones-, no van a hacer un carajo. Van a hacer lo que hacen personajes como el tal Polo Polo. Quizá algunos se cambien de afiche e incluso cambian de partido, pero siguen siendo los mismos de siempre… Y ni qué decir de las damas. Nunca la mujer colombiana ha estado tan mal representada en el Congreso como en los últimos años. Creo que -con dos o tres excepciones- las demás son iguales a las que ya conocemos: la Cabal, la misma Claudia López…

Y ya que menciono a Claudia López ¿se la imaginan haciendo campaña para la presidencia de la República? Esa señora que fue absolutamente inepta cuando estuvo en la alcaldía de Bogotá, cuando fuera de tirarse a Bogotá no hizo nada más, y ahora dice que va a ser la presidente de este país. ¡Colombia no puede ser tan de malas!

Señores… ¡Piensen antes de votar!

Cuando uno ve una candidata como Claudia López se debe cuestionar bastante; entre otras cosas porque sería bueno que en su campaña la señora López dijera qué pasó con las investigaciones que hay en su contra por despilfarro de dinero en el Distrito. Sería bueno que nos contara cómo se repartió la tajada del Transmilenio entre ella y su socia-esposa. ¿Qué pasó realmente? Alguien que tenga poder jurisdiccional que investigue. A nosotros no nos queda más que chillar por ser tan de malas. La tuvimos como alcaldesa y ahora dizque como aspirante a la presidencia. ¡Qué tal esa señora como presidente de la República! Sería la vergüenza más grande para este pobre país.

Piénsenlo antes votar. Miren bien quién va a ser su candidato. Hay personas muy claras y con buena trayectoria.

Y qué me dicen de aquel otro tunante que también aspira a ser presidente de la República de Colombia: el señor Enrique Peñalosa. ¡El padrino de Claudia! Ese sujeto fue alcalde de Bogotá dos veces. Fue el tipo que arruinó a Bogotá, que la destruyó. Comenzó a desbaratarla con el cuento de Transmilenio en 1999 y no ha acabado de tirársela. Bogotá está deshecha desde esa época. Hay obras que comenzaron en el 99 y aún no terminan. Vayan ustedes a la calle 100 y díganme cuánto hace que esa calle está vuelta nada en aras de las obras que dizque dejó planificadas el individuo ese.

¡Se imaginan ustedes! Si ese sujeto hizo las barbaridades que hizo siendo alcalde, ¿qué haría como presidente de la República? Porque para ser alcalde de Bogotá dijo que era doctorado en urbanismo de París. Pues, según averiguaciones, allá en París pasó junto a la Torre Eiffel y tomó café en una tiendita. Eso fue todo lo que hizo. En algún momento se sacó una fotografía en una universidad por la cual él pasó, pero por el frente, porque nunca estudió ahí. Nosotros averiguamos y allí no aparece ninguna constancia de estudios de ese mentiroso, y sin embargo en su hoja de vida pone que es doctorado de la capital francesa. ¡Mentiroso! Quién sabe qué mentira nos va a traer esta vez que aspira a ser presidente de la república.

Pero hay otras joyitas con la misma aspiración: como el señor De La Espriella, de quien se dice mucho, y cuando el río suena… piedras lleva. No puedo afirmar si lo que se dice de él es cierto o no, pero, ante la duda, abstente. -Y no de opinar, sino de acompañar-. Yo tengo mis dudas sobre el señor De La Espriella y no me las han disipado nunca. Entonces, me abstengo de votar por esos sujetos sobre quienes le caen tamañas dudas.

Hace poco, en uno de esos debates que organiza la ‘gran prensa’ de este país, les preguntaron a algunos candidatos sobre el genocidio a los palestinos en Gaza, y respondieron, a excepción de uno de ellos, que allá no hubo genocidio. Yo creo que no les explicaron qué es un genocidio. Ellos, seguramente, confunden genocidio con un piquete.

Uno de los que afirmó que allí no hubo genocidio fue el señor Juan Manuel Galán, el mayor de los buenos puesteros, el hermano de la corbata que está de alcalde en Bogotá. Para ellos, los miles de palestinos asesinados cobardemente en Gaza seguramente fueron producto del destino o el azar. Genocidio no es una palabra que esté en su léxico.

Recientemente dije en un programa al que me invita Urías Velásquez que seguramente a ellos no les dijeron qué era un genocidio antes de hacerles la pregunta. Para ellos eso debe ser griego. ¿Será que Galán ha estudiado alguna vez qué es eso? ¿O cómo nos justifica los miles de muertos que hay en Gaza? ¿Será que eso fue una pandemia que solo atacó a los palestinos, y principalmente a sus niños? Afirmaron que no ha habido genocidio cuando ya la Corte Penal Internacional tiene procesado a Benjamín Netanyahu. Lo tiene emplazado por genocida, y estos sujetos que aspiran a la presidencia de la República dicen que allá no ha habido ningún genocidio.

Por favor, colombianos, antes de votar para presidente de la República miren quiénes son los candidatos y qué han hecho esos individuos. Qué cosas positivas han hecho, y cuántas mentiras han tenido que aceptarles. Y por favor, lean. La lectura es una de las cosas que más les facilita entender por qué el comportamiento de ciertos políticos en Colombia es así. La respuesta es algo obvia: los políticos en Colombia son así, porque los colombianos siguen votando por ellos.

Coletilla por Deisdre Constanza. La figura de Iván Cepeda incomoda porque desarma los pactos silenciosos. Su mayor virtud no es solo la coherencia ética, sino la persistencia. Cepeda ha sostenido durante décadas una defensa inquebrantable de los derechos humanos, la verdad histórica y la justicia, incluso cuando eso le ha significado persecución política, estigmatización y amenazas. No es un candidato de coyuntura, es el resultado de una trayectoria que no se acomoda al vaivén electoral. Precisamente por eso, presenta un bloqueo político sistemático. Sus contradictores no discuten sus ideas de fondo, prefieren enredarlo en laberintos jurídicos, interpretaciones forzadas de la ley y maniobras procedimentales que buscan excluirlo sin derrotarlo políticamente y en las urnas. Es el viejo truco, cuando no pueden vencerlo en el debate público, intentan sacarlo del tablero. Cepeda representa una izquierda incómoda porque ha demostrado independencia real. El intento de bloquear su participación no es una discusión técnica ni jurídica, es una disputa netamente política, Iván molesta porque recuerda que la ética también es una forma de poder, valor innegable que a muchos políticos se les ha olvidado lo que sígnica.

Hasta la próxima semana.

* La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

CNE: El Aparato de Guerra Política de la derecha

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

Sociedad colombiana debe vigilar con lupa al CNE, Colombia decente no puede permitir que unas elecciones se ganen o se pierdan en un organismo desprestigiado

Toda democracia está sustentada un pacto de confianza básico: la certeza de que las reglas del juego electoral son claras, imparciales y administradas por un árbitro independiente. En Colombia, esa confianza ha sido dinamitada por la entidad designada para custodiar precisamente ese pacto: el Consejo Nacional Electoral -CNE; un organismo que debería ser el pilar institucional de la legitimidad democrática se ha convertido, debido a su composición y sus recientes actuaciones, en un instrumento de guerra política que amenaza con desestabilizar el proceso electoral y, con él, la ya frágil paz social del país.

El problema del CNE es estructural y comienza con su mecanismo de integración, ya que sus magistrados no son seleccionados por su excelencia académica, su trayectoria intachable en derecho electoral o su probidad reconocida, sino que son elegidos en negociaciones en las que prima el peso electoral y la cuota política de los partidos que los postulan. El resultado es una composición que, en la práctica, refleja los intereses de las maquinarias tradicionales y, sobre todo, el talante de los partidos que han dominado y dominan esta entidad.

Los casos más visibles que demuestran la perversidad estructural del CNE son elocuentes y públicos: Álvaro Hernán Prada (avalado por el Centro Democrático) enfrenta un juicio penal en la Corte Suprema por la presunta manipulación de testigos en el proceso contra Álvaro Uribe Vélez. César Lorduy (Cambio Radical), quien renunció en 2025, cargaba con el estigma de un homicidio culposo en su pasado. Su reemplazo[1], Álvaro Echeverry, llegó tras una votación en el Congreso más afín a la lógica del reparto que a la del mérito. Ante este panorama, … ¿Cómo puede la ciudadanía confiar en la imparcialidad de un organismo integrado por figuras con tan graves cuestionamientos éticos y jurídicos?

Esta crisis de legitimidad se materializa en decisiones concretas que afectan el curso electoral, tal como lo demuestran dos actuaciones recientes del CNE que han encendido las alarmas sobre su sesgo político y arbitrariedad. Por un lado, el CNE designó como conjuez, para decidir sobre la participación del candidato presidencial Iván Cepeda en una consulta, a un abogado que había integrado el equipo de defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez[2], declarado adversario político e incluso enemigo personal de Cepeda en el ámbito judicial, en lo que se constituye como el nombramiento de un conjuez con un conflicto de interés flagrante. Resulta claro que esta designación no constituye un simple error procedimental, sino una burla al debido proceso y a la apariencia de imparcialidad, principios cardinales de cualquier justicia. Basta con recordar que un estudiante de primer año de derecho comprende que un juez no puede conocer de un caso donde fue abogado de una de las partes; el CNE, al parecer, no.

De igual manera, la revocatoria de la inscripción de listas del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes en el departamento del Valle del Cauca [3] raya en lo caprichoso y contradictorio, pues el mismo organismo que otorgó la personería jurídica al Pacto Histórico como partido político procedió a invalidar sus listas. Esta incoherencia en su propio proceder carece de un sustento técnico visible y se interpreta, más bien, como un acto de obstrucción política contra la principal fuerza de gobierno, mediante una maniobra que se denuncia como una guerra jurídica (Lawfare), en la que se usan conveniente y amañadamente, las formas legales para alcanzar fines políticos de exclusión.

Estas acciones de la derecha a través del CNE, su aparato de guerra política, envían un mensaje pavoroso: que las reglas pueden torcerse para beneficiar a unos y perjudicar a otros. Este caldo de cultivo es explosivo. Una ciudadanía que percibe que el árbitro está comprado, que el juego está amañado, pierde la fe en la vía institucional. La historia colombiana y latinoamericana demuestra que la deslegitimación electoral es el preludio del estallido social. La derecha colombiana, electoralmente debilitada pero aún enquistada en instituciones como el CNE, podría verse tentada a orquestar un escenario de caos y desorden a partir de este descontento, para luego ofrecer, una vez más, “soluciones de mano dura” y salidas extrainstitucionales que defenestren el proyecto de cambio en curso.

No se trata de una crítica a decisiones técnicas particulares, sino de una advertencia urgente sobre la captura partidista y el claro sesgo político de un organismo que decide el destino de la contienda democrática. La sociedad colombiana, la prensa independiente, las universidades y las organizaciones internacionales de observación electoral deben rodear y vigilar con lupa cada decisión del CNE.

Colombia decente no puede permitir que una elección se gane o se pierda en las salas de un organismo desprestigiado, antes que en las urnas. Se requiere una reforma estructural profunda que transforme el CNE, pero mientras tanto, la defensa de la democracia pasa por la movilización cívica y la denuncia pública de cada irregularidad.

 

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[1] Polémica por elección de Lorduy y Prada para el CNE

[2] https://x.com/estoescambio Conjuez del CNE en el caso de Iván Cepeda fue parte de la defensa del expresidente Álvaro Uribe

[3] CNE revocó la lista del Pacto Histórico para la Cámara del Valle del Cauca

La Guerra mediática para sabotear el Cambio en Colombia

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com- 

La reciente y agresiva elevación de las tasas de interés por parte del Emisor, ante una inflación en claro descenso, es un acto de sabotaje económico con fines políticos

En Colombia se libra una guerra silenciosa pero decisiva para mantener el relato económico de la derecha. Mientras el gobierno del presidente Gustavo Petro implementa una política fiscal y social que, según cifras del DANE y el análisis de economistas de talla global de la línea académica de los premios Nobel de Economía, Paul Krugman y David Card;  ha mostrado resultados mesurados y prometedores, sustentados en un eficiente control de inflación, un crecimiento estable y la reducción de la pobreza monetaria; una poderosa maquinaria narrativa, amplificada por la llamada Gran Prensa Colombiana y sus “bots” (humanos y digitales) en redes sociales, se esfuerza por pintar un panorama apocalíptico. 

La maquinaria de desinformación y manipulación de la opinión pública no es espontánea; es orquestada por los grandes grupos económicos colombianos y sus aliados internacionales, quienes utilizan su influencia mediática para sostener un modelo neoliberal agotado y desacreditar cualquier alternativa que favorezca los intereses de las mayorías aún empobrecidas de Colombia y el mundo.

El mecanismo de manipulación informativa es sofisticado y transnacional. Mientras que la prensa hegemónica local, cuyos dueños son los mismos conglomerados con intereses en sectores financieros, extractivos y de servicios, por un lado amplifica y falsea la realidad  del actual contexto colombiano, por el otro lado, reproducen y amplifican el ruido generado por los editoriales y análisis del Financial Times, The Washington Post o The Economist, unas publicaciones que  no son neutrales, toda vez que, por ejemplo,  The Economist es controlado mayoritariamente por las familias Rotschild (Sector financiero internacional) y  Agnelli a través de su holding Exor, con vastos intereses en el capitalismo global. 

No es de extrañar que la línea editorial de este afamado medio de comunicación privilegie la ortodoxia financiera y la desregulación, en concordancia con el proyecto geopolítico y económico que apoya y promueve, que ve con recelo cualquier experimento progresista en el Sur Global. Así, se crea un eco mediático global que presenta la disciplina fiscal ortodoxa y la primacía del mercado como únicas verdades científicas, ignorando deliberadamente los avances en la ciencia económica que cuestionan esos dogmas y validan políticas de estímulo e inversión social en contextos como el colombiano.

Este asedio narrativo sería menos efectivo sin la complicidad de actores institucionales clave dentro de Colombia, los cuales, no obstante, el triunfo electoral de la izquierda a la cabeza del Pacto Histórico, siguen controlados por la derecha tradicional en enclaves de poder como el Banco de la República, ciertas salas de las altas cortes y un bloque significativo en el Congreso. 

La reciente y agresiva elevación de las tasas de interés por parte del Emisor, más allá de cualquier justificación técnica ante una inflación en claro descenso, es el ejemplo claro de un acto de sabotaje económico con fines políticos, cuyos objetivos son: el estrangulamiento del crédito, enfriar la economía, generar descontento por un menor crecimiento y, sobre todo, desfinanciar los programas sociales que son el corazón del programa del Pacto Histórico y su principal gancho electoral. Esta decisión de las mayorías en la Junta Directiva del Banco de la República es una jugada maquiavélica que prioriza el interés de las élites económicas y políticas de centro y centro derecha sobre el bienestar del pueblo colombiano.

Ahora, en plena coyuntura electoral, esta alianza entre el poder económico, los medios hegemónicos e instituciones capturadas entra en su fase más agresiva. Los tanques de pensamiento financiados por los gremios y los especialistas pagados por la mal llamada Gran Prensa Colombiana lanzarán, día tras día, relatos catastróficos sobre el futuro del país, dentro de una campaña de terror financiero diseñada para asustar a la clase media, desmovilizar a los sectores populares y, en última instancia, inflar las pálidas cifras de intención de voto de una derecha sin proyecto ni legitimidad. 

Frente a este poderío, la ciudadanía, pero, sobre todo, los opinadores y comunicadores independientes, tenemos una tarea crucial: Cuestionar la fuente de cada pronóstico nefasto, recordándole, de manera insistente a la sociedad colombiana, que quienes hoy claman por el "riesgo país" son los mismos que se beneficiaron de décadas de un modelo que nos dejó desigualdad y violencia. De igual manera, debemos replicar y amplificar información sustentada en los datos duros y proveniente de los académicos independientes por encima de los editoriales interesados de la prensa nacional e internacional. 

La defensa de la transformación social en Colombia pasa no solo por las urnas, sino por ganar la batalla cultural contra el discurso único, ese que se viste de técnica económica pero que solo vela por la perpetuación de los privilegios de unos pocos. El futuro del país depende de nuestra capacidad de ver más allá del relato del poder.

Davos: el lugar donde el poder decide y el mundo obedece sin mirar *

 

Protestas en Davos - Suiza. Imagen tomada de Yahoo-Finanzas

Por: Jhon Flórez

El problema no es Davos. El problema es un mundo que aprendió a mirar hacia otro lado mientras le escriben el futuro… y que, en un gesto final de obediencia agradece no haber sido invitado a decidirlo.

Cada enero, mientras la mayor parte de la humanidad sobrevive atrapada en deudas que se reproducen con más eficacia que cualquier política pública, bajo salarios licuados, trabajos fragmentados y angustias cuidadosamente privatizadas, las pantallas cumplen su función histórica: seducen, distraen y anestesian. Fútbol, farándula, guerras convertidas en espectáculo y crisis reducidas a titulares fugaces componen la vieja estrategia del pan y circo, ahora relanzada en 4K, interactiva y con patrocinio financiero. En ese paisaje de distracción administrada, un pequeño pueblo alpino se consagra como el auténtico kilómetro cero del poder global. Davos no es una postal suiza ni un foro más: es el retiro invernal donde las élites, envueltas en lana cara, cafés orgánicos y jerga tecnocrática, ensayan el rediseño del mundo con la serenidad de quien jamás pagará el precio de sus decisiones.

Lo que allí se acuerda no desciende como política, sino como destino. No llega como debate, sino como “realidad”. Se filtra luego sobre sociedades que apenas perciben el evento como ruido blanco, sin tiempo ni margen para preguntarse qué se decide, quién decide y —detalle sistemáticamente omitido— quién cargará, una vez más, con las consecuencias. Davos no convoca pueblos: administra daños. No gobierna Estados: calibra el perímetro de lo posible. Su éxito no reside en la visibilidad, sino en la opacidad funcional con la que convierte decisiones políticas en fatalidades técnicas.

El Foro Económico Mundial nació en 1971 como un discreto encuentro de ejecutivos europeos interesados en aprender las “buenas prácticas” del management estadounidense. Con el tiempo, mutó en una liturgia anual del poder global: jefes de Estado, altos ejecutivos, banqueros, burócratas transnacionales, gurús tecnológicos y fabricantes de opinión reunidos bajo un mismo techo, hablando de diálogo, cooperación, sostenibilidad e innovación, mientras el mundo real se fragmenta, se empobrece, se endeuda y se militariza sin invitación. Davos no representa a la humanidad: la gestiona simbólicamente. No expresa intereses universales: los sustituye por narrativas de consenso.

Su verdadero poder no radica tanto en decidir (que también se hace), sino en hacerlo sin votar, sin actas, sin control democrático y sin responsabilidad política directa. Allí no se gobierna, pero se orienta; no se legisla, pero se condiciona; no se despliegan ejércitos, pero se diseña el terreno donde estos se vuelven necesarios. El poder contemporáneo ya no necesita imponerse por la fuerza: le basta con hacer pasar lo decidido como inevitable. La ideología triunfa cuando se disfraza de sentido común.

En 2026, Davos llega atravesado por una tensión internacional extrema. La llamada “era de la competencia” dejó de ser una categoría académica para convertirse en experiencia cotidiana: guerras abiertas, disputas territoriales, chantajes energéticos, colapso climático y un orden internacional que se deshilacha a plena vista. El retorno de Donald Trump ya no aparece como anomalía histórica, sino como síntoma estructural: la amenaza sobre Groenlandia, el reciclaje explícito de la doctrina Monroe —ahora con branding renovado— y la confirmación tácita de que el derecho internacional es un adorno prescindible cuando incomoda a Washington. La legalidad global se tolera solo mientras no interfiera con la acumulación.

Gaza, Groenlandia, Ucrania, Taiwán, Venezuela y el Ártico no son episodios aislados, sino piezas de un mismo tablero. En Davos, incluso el despojo se formula con lenguaje técnico: la rapiña se presenta como “negociación racional”; la guerra se vuelve “ajuste geopolítico”; el saqueo, “optimización de recursos”. Tucídides sigue vigente: los fuertes hacen lo que pueden; los débiles sufren lo que deben. La diferencia es que ahora el cinismo se pronuncia en inglés corporativo y se aplaude en paneles patrocinados.

Klaus Schwab comprendió algo esencial: el capitalismo no sobrevive solo con ganancias; necesita relato. De ahí emergen fórmulas como “capitalismo participativo”, “economía social de mercado”, “desarrollo sostenible” o “Gran Reinicio”: oximorones cuidadosamente pulidos para maquillar una concentración de poder cada vez más obscena. La Cuarta Revolución Industrial avanza expulsando trabajadores, normalizando la vigilancia, privatizando datos y delegando decisiones humanas a algoritmos que nadie eligió y nadie controla. La promesa de eficiencia encubre una transferencia silenciosa —pero brutal— de poder.

El paso de Elon Musk por Davos fue una caricatura perfecta del momento histórico: bromas cínicas, confusión entre paz y pedazo, promesas de robots cuidadores y la fantasía de un mundo donde los vínculos humanos son un estorbo. La sátira se vuelve tragedia cuando se constata que el sistema ya ha producido sujetos suficientemente domesticados como para aceptar ese horizonte sin resistencia. El futuro ya no se discute: se consume como demo tecnológica.

Si Davos funciona como el laboratorio del nuevo orden global, América Latina comparece allí no como sujeto histórico, sino como objeto de administración. No delibera: es deliberada. No propone: es procesada. Su lugar no es el de la decisión, sino el de la ejecución. Y lo más grave es que esta condición no obedece únicamente a presiones externas, sino a una elección consciente de amplios sectores de las élites políticas y económicas regionales, que han convertido la subordinación en estrategia, la obediencia en virtud y la renuncia a la soberanía en proyecto político. La dependencia ya no se impone solo por la fuerza: se internaliza como racionalidad de gobierno.

En ese esquema, la regla es simple y brutal: los gobiernos dóciles son premiados; cualquier atisbo —incluso tímido— de autonomía es castigado. Argentina, Ecuador, El Salvador y el giro reciente de Chile encarnan la obediencia convertida en política de Estado. México, Cuba, Colombia y Brasil son periódicamente disciplinados cuando ensayan márgenes propios de decisión. La presión mediática, financiera, diplomática y jurídica opera como una pedagogía del sometimiento finamente calibrada. No persuade: adiestra.

Venezuela, sin embargo, no encaja del todo en ese libreto. No ha sido convertida en epicentro de disputa por la naturaleza de su régimen político, ni por la retórica selectiva de los derechos humanos, ni siquiera por el sufrimiento real de su población bajo un bloqueo económico prolongado. Su singularidad es más elemental y peligrosa: posee las mayores reservas probadas de petróleo del planeta. En el orden global contemporáneo, esa riqueza no es un derecho soberano, sino una provocación geopolítica. Venezuela no es castigada por lo que hace, sino por lo que es. Su tragedia no es solo política ni moral: es material. Y revela una verdad incómoda del sistema internacional: la soberanía es tolerable hasta que se ejerce sobre recursos vitales; a partir de ahí, se convierte en amenaza.

Colombia, enclave histórico de Washington, enfrenta hoy con particular crudeza su dilema más persistente: profundizar su proyecto progresista que conciba la autonomía —política, económica y geopolítica— como condición material del desarrollo, o replegarse, una vez más, sobre la senda conocida de la dependencia administrada, presentada cínicamente como estabilidad. Cualquier intento de avanzar hacia la paz, la justicia social, la integración regional o una política exterior mínimamente no subordinada activa de inmediato los dispositivos del cerco político, mediático y financiero, verdaderos aparatos de corrección ideológica del orden hemisférico. No se trata de una anomalía coyuntural, sino de la reiteración mecánica de un libreto disciplinario largamente ensayado. En Colombia, como en buena parte del sur global, la autonomía nunca ha sido un problema técnico: es una falta moral imperdonable.

Si Davos es el laboratorio del orden global, sus réplicas regionales funcionan como salas de ensayo. No deciden el guion, pero aprenden a recitarlo. Bajo esa lógica debe leerse el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por la CAF en Ciudad de Panamá: una versión tropicalizada del ritual, con más calor humano, menos nieve y el mismo léxico cuidadosamente higienizado. Se habla de inclusión sin tocar acumulación; de crisis climática sin incomodar al capital fósil; de soberanía sin rozar el control real de los recursos. El foro no engaña: administra expectativas.

En ese escenario, la intervención de Gustavo Petro introduce una fisura incómoda. No rompe el dispositivo, pero lo tensiona. Petro no habla el idioma de la resignación tecnocrática: nombra la desigualdad como producto histórico, la crisis climática como consecuencia directa del capitalismo fósil y la deuda como mecanismo estructural de dominación. No ofrece recetas de manual ni promesas de “estabilidad macroeconómica” vaciadas de contenido social. Recuerda —con una obviedad casi subversiva— que la riqueza no nace del mercado, sino de la tierra y del trabajo vivo; que no hay transición energética sin justicia social; que no existe democracia viable bajo desigualdad extrema.

Por eso incomoda. Porque introduce política donde se esperaba gestión, conflicto donde se buscaba consenso, historia donde se exigía olvido. La reacción del foro es elocuente: escucha atenta, aplauso medido, archivo inmediato. La crítica es absorbida, neutralizada, convertida en “voz interesante”. Así opera el poder contemporáneo: no censura, encuadra; no reprime, diluye; no silencia, administra. Davos no es un lugar. Es un método. Un dispositivo que produce realidad mientras simula discutirla. Y su mayor triunfo no es concentrar poder, sino lograr que la mayoría no entienda cómo opera, ni dónde, ni para quién.

América Latina sigue entrando allí como proveedor, experimento o súbdita. El verdadero riesgo no es quedar fuera de Davos ni de sus sucursales tropicales. El verdadero riesgo es seguir entrando de rodillas, aceptar el guion como destino y llamar a esa renuncia “pragmatismo”.

Porque cuando la dominación ya no necesita esconderse, cuando el poder se presenta como consenso y la desigualdad como orden natural, el problema no es Davos. El problema es un mundo que aprendió a mirar hacia otro lado mientras le escriben el futuro… y que, en un gesto final de obediencia perfecta, incluso agradece no haber sido invitado a decidirlo.

* La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

La Izquierda como antídoto contra la estupidización del capitalismo

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

La izquierda colombiana debe entender que no caben alianzas con operadores políticos oportunistas y camaleónicos, el avance electoral debe ser hacia una sociedad ética. Lo contrario; es más de lo mismo, con los mismos

Vivimos en una época de paradojas letales. Mientras la humanidad alcanza niveles de conocimiento tecnológico sin precedentes, asistimos a un proceso acelerado y paulatino de estupidización social, donde la banalidad, el pensamiento inmediatista y la renuncia al sentido crítico se normalizan como nueva cotidianidad. Como lo plantea Inger Enkvist (2006); el estúpido (tristemente en mayorías) actúa como un agresor social, al usar palabras sin atender su sentido, rechazar las razones ajenas, ignorar la realidad e imponer un “terrorismo intelectual” basado en lo irrelevante, la auto celebración constante y el elogio de la vulgaridad.

Esta patología social no es accidental; es el caldo de cultivo perfecto para un capitalismo mutante que ha transitado de la explotación industrial clásica a una nueva y más peligrosa fase: el Tecno Feudalismo (Yanis Varoufakis, 2024). Un modelo en el que una oligarquía minúscula, no solo acumula riqueza material, sino que, mediante plataformas digitales, algoritmos y financiarización extrema, secuestra la capacidad laboral, intelectual y creativa de la humanidad, al tiempo que depreda los bienes comunes naturales, mientras impone un modelo de sociedad en el que se naturaliza la violencia estructural, económica y simbólica como único lenguaje posible para resolver conflictos y además se promueven, como únicos objetivos vitales; el consumo compulsivo, la satisfacción de instintos primarios y un individualismo feroz que rompe todo lazo solidario.

Frente a esta crisis civilizatoria, las respuestas políticas disponibles parecen insuficientes o cómplices. El Progresismo, tal como lo observa Pablo Heller (2023), ha mostrado entre muchos de sus impulsadores y militantes, una tendencia profunda a la adaptación al régimen capitalista, evidenciando una orientación predominantemente electoralista y “democratera”, que solo busca, mediante el ejercicio electoral caudillista, acomodarse dentro del orden vigente para medrar y conseguir escaños, a menudo mediante alianzas con las mismas fuerzas de derecha que dice combatir.

Esta izquierda diluida, autodenominada como Progresista ha aprendido las formas y objetivos de sus adversarios de derecha, vaciándose de todo horizonte transformador, echando mano, para aparentar diferencia, de los discursos, e incluso, de las plataformas de movimientos político-culturales al margen de los partidos, que han logrado politizar cruciales agendas sociales (étnicas, ecológicas, de género, decoloniales, etc.) al introducir nuevos significados de ciudadanía en contextos como el colombiano; sobre todo el de las grandes ciudades en donde los avances emancipatorios en el imaginario social son escasos. A este respecto, Lilian Celiberti (2016) constata con amargura que la reproducción de lógicas corruptas, incluso en gobiernos progresistas, demuestran que la bandera de la democracia liberal, hoy, es con frecuencia un acto de hipocresía que oculta un vacío de proyecto.

Por ello, es urgente abandonar los eufemismos y la llamada corrección política que solo sirven para ocultar lo que debe ser reivindicado con claridad y orgullo: el socialismo como la única alternativa política, económica y ética integral capaz de enfrentar esta decadencia. No un socialismo de caricatura o de estado burocrático, sino uno releído desde la urgencia del siglo XXI. Un socialismo que entienda que la estupidización social no es un defecto intelectual, sino un fracaso moral que surge cuando el poder corrompe, liberando al individuo de la necesidad de pensar críticamente, tal como lo sugiere la teoría de la estupidez de Dietrich Bonhoeffer. Esta izquierda, salida del closet, debe asumir que contra el mal no basta la inteligencia discursiva, sino una acción ética decidida que enfrente la irracionalidad organizada del sistema, precisamente allí, en lo que el capitalismo tecno feudal busca erosionar.

El desafío, entonces, no es ganar elecciones para “administrar lo existente”, si no la disputa por la creación de nuevas institucionalidades desde abajo, desde la raíz y, como plantea Isabel Rauber (2024); reformular el Estado y la comunidad. Se trata de un proyecto de nueva civilización cuyo eje sea la defensa de la vida en todas sus dimensiones: en la relación sociedad-naturaleza, en los modos de producción, en las relaciones sociales despatriarcalizadas y descolonizadas, en la salud integral y en una educación basada en valores éticos solidarios. Esto implica recuperar y radicalizar la lucha estratégica por una transformación social profunda, una revolución social que, en términos de Heller; ponga fin a la dictadura del capital.

El socialismo, por tanto, debe dejar de ser un fantasma que se esconde tras el término “Progresista”. Debe emerger como una opción real de poder: un proyecto que ofrezca un horizonte político, económico, administrativo y cultural en el que se prioricen la ética y la coherencia entre el discurso y la acción, una propuesta en la que se sustituya el individualismo depredador por la organización comunitaria y que defienda la propiedad social de los recursos, la tecnología y los medios de producción. Debe avanzar en su consolidación como única alternativa política que plantea, de raíz, la superación de la lógica del beneficio privado como motor de la historia a costa de la miseria y la muerte de millones de seres humanos.

La izquierda colombiana tiene la tarea de construir ese camino, sin complejos, con la claridad de que, en esta disyuntiva histórica, no hay neutralidad ni acomodo posible, tampoco caben las alianzas de conveniencia con operadores políticos oportunistas y camaleónicos, el avance electoral, debe ser el avance hacia una sociedad ética y humanista. Lo contrario; es más de lo mismo, con los mismos.

Fuentes consultadas para la elaboración de estas reflexiones:

Inger Enkvist. (2006). Sobre la estupidez y los estúpidos. En: https://www.nuevarevista.net/sobre-la-estupidez-y-los-estupidos/

Isabel Rauber (2024). Izquierda Teoría y praxis. En: https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2024/06/V1_Izquierda-teoria-y-praxis_N8.pdf

Lilian Celiberti. (2016). Rescatar la esperanza. Más allá del neoliberalismo y el progresismo. En: https://www.ocmal.org/wp-content/uploads/2017/05/RescatarEsperanza_web.pdf

Pablo Heller. (2023). La lucha por el socialismo en el siglo XXI. En: https://revistaedm.com/edm/60/la-lucha-por-el-socialismo-en-el-siglo-xxi/ 

Yanis Varoufakis. (2024). Tecnofeudalismo. El sigiloso sucesor del Capitalismo. Editorial Deusto.

Tres Curules para dos millones de indígenas: Una deuda democrática

 

Imagen tomada del portal de DeJusticia

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

Un millón de voces, si se articulan, no pueden seguir contentándose con solo tres escaños. La deuda no es solo con los pueblos indígenas, sino con la calidad misma de nuestra democracia

La Constitución de 1991 reconoció el carácter pluriétnico y multicultural de la Nación colombiana. En tal sentido, un pilar fundamental de ese reconocimiento fue la creación de circunscripciones electorales especiales, un mecanismo de acción afirmativa que permitió, por primera vez, que voces indígenas llegaran al Congreso de la República con sus propias banderas. Sin embargo, más de treinta años después, es imperativo señalar que este instrumento de inclusión étnica ha quedado estructuralmente obsoleto y es insuficiente para representar la realidad demográfica y política de los pueblos originarios colombianos.

El núcleo del problema es aritmético y demográfico, puesto que, mientras la población indígena en Colombia supera, según estimaciones conservadoras, los dos millones de personas (con un crecimiento más dinámico que el promedio nacional), su representación en el Capitolio Nacional se ha mantenido estática y minúscula: solamente Tres Curules (dos en el Senado, una en la Cámara). Esto significa que, demográficamente, cerca del 4% de la población nacional lucha por una representación que no llega ni al 1% de las sillas del legislativo.

Sumada a esta realidad demográfica-electoral, se tiene que la proyección del DANE y el subregistro reconocido por las organizaciones indígenas pintan una realidad en la que el potencial electoral indígena ronda el millón de votantes, un contingente que, de estar unificado, sería decisivo en cualquier contienda. No obstante, el actual sistema electoral colombiano los confina a disputarse migajas de representación.

Esta distorsión se traduce en vulnerabilidad política y manipulación ya que, por ejemplo, la misma arquitectura del sistema incentiva la fragmentación, tal y como puede advertirse para las elecciones de 2026, donde 14 organizaciones diferentes avalan listas para apenas tres curules, la dispersión es enorme: 24 candidatos para 2 senadores, 22 para un solo representante a la Cámara. En este orden de ideas, esta multiplicación de esfuerzos, lejos de reflejar una riqueza plural, diluye la fuerza electoral, debilita los programas unitarios y expone a las comunidades a las maquinarias políticas tradicionales. La pugna electoral entre AICO, MAIS, el CRIC, el Pueblo Zenú y otros, aunque legítima, termina jugando en favor de quienes ven en la división indígena una oportunidad para el clientelismo, el "trasteo" de votos y la cooptación de líderes. [1]

A esta fragilidad política se suma una desidia administrativa crónica, en la que la Registraduría Nacional, responsable de garantizar el derecho al voto, ha esgrimido históricamente el orden público como justificación para una presencia débil y una logística precaria en los territorios indígenas. Esta excusa se desmorona ante el hecho irrefutable de que son las guardias y autoridades indígenas quienes, con mayor frecuencia y eficacia, garantizan la seguridad y transparencia en sus propios territorios durante los comicios. La cifra oficial de la misma Registraduría de 974,563 votantes habilitados en circunscripciones especiales no es solo un número; es un síntoma de un Estado que no ha hecho lo suficiente para documentar, incluir y facilitar el ejercicio político de una parte vital de su ciudadanía. [2]

Esta falla del Estado y la sociedad colombiana ha sido advertida por la Corte Constitucional, al señalar, reiteradamente, el "Estado de Cosas Inconstitucional" que afecta a los pueblos indígenas. Parte de esa inconstitucionalidad radica, precisamente, en una participación política limitada, desproporcionada y llena de obstáculos. Los gobiernos posteriores a la entrada en vigor de la Constitución del año 1991 han sido miopes ante el dinamismo poblacional indígena y han carecido de la voluntad política para actualizar la representación.

Se requiere, por tanto, un gran acuerdo nacional, que tenga claro que no se trata de un regalo, sino de un ajuste democrático pendiente que posibilite el tránsito urgente y eficiente de dos caminos no excluyentes: primero, una reforma política que revise y amplíe el número de curules especiales con base en criterios demográficos reales y no en una fotografía de 1991. Segundo, un esfuerzo mayúsculo y autónomo al interior del pueblo indígena colombiano para construir una plataforma política unificada y estratégica.

Un millón de voces, si se articulan, no pueden seguir contentándose con solo tres escaños. La deuda no es solo con los pueblos indígenas, sino con la calidad misma de nuestra democracia, que no podrá llamarse plena mientras su representación en el Congreso siga siendo simbólica y no sustantiva. El avance normativo fue solo el primer paso; ahora toca la justicia electoral, pero, sobre todo; la unidad política del pueblo indígena colombiano.

 

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[1] Ver información detallada en: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11thNGn7jtxKYiTQ8kAiU2dK9PlyR2Gbe/edit?usp=sharing&ouid=111874168460248519252&rtpof=true&sd=true  y   https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R4DjnEGwFipBMkJylJP-Lh_5wl1VPLSU/edit?usp=sharing&ouid=111874168460248519252&rtpof=true&sd=true

[2] Ver: Así ganó el voto indígena emberá en las pasadas elecciones - Dejusticia

 

La normalización del engaño: artimañas jurídicas, crimen y política del ruido *

 

Imagen tomada de: Tertulias Defensor | Podcast on Spotify

Por: Jhon Jaiver Flórez G.

Abelardo De la Espriella no es una anomalía, sino un producto lógico del sistema de poder colombiano. Su ascenso refleja la normalización social del engaño y la desfachatez política. Su candidatura es la confesión de un régimen que, sin pudor, exige ser aplaudido y votado.

En Colombia, la política no corrige: recicla. No depura los residuos del poder, los reintroduce con nuevo empaque. Los procesos judiciales no expulsan a los protagonistas: los preparan. Los prontuarios no cierran carreras: las inauguran. Aquí el pasado no pesa como culpa, sino como experiencia; no funciona como límite moral, sino como capital simbólico. En ese ecosistema —donde la memoria estorba y la indignación se agota rápido— prospera Abelardo De la Espriella, figura que no irrumpe en la escena política como accidente ni como anomalía, sino como consecuencia lógica de un sistema que aprendió hace tiempo a gobernar desde el subsuelo.

De la Espriella no es simplemente un abogado cuestionado que decidió “dar el salto” a la política. Es un producto acabado de la gobernabilidad informal colombiana, ese régimen paralelo donde el derecho no regula el poder, sino que lo blinda; donde la ley no opera como límite ético, sino como lenguaje técnico de la impunidad; donde el expediente no busca verdad, sino desgaste; y donde el proceso judicial se convierte en una sofisticada administración del tiempo: tiempo para prescribir, negociar, fugarse o reciclarse. Su figura no nace en la plaza pública ni en el debate democrático, sino en el subsuelo: en los pasillos judiciales, las intermediaciones oscuras, los acuerdos invisibles y las defensas que no persiguen justicia, sino control del daño.

Por eso su entrada en la política electoral no constituye una ruptura, sino una continuidad natural. Cambia el estrado por la tarima, el alegato por la vociferación mediática, pero conserva intacto el método. Intimidar, saturar, confundir. Desplazar el conflicto desde el terreno de los hechos hacia la emocionalidad primaria. Convertir el grito en argumento y el enemigo en programa. Presentarse como encarnación del orden frente a un caos cuidadosamente exagerado. No es un outsider: es el insider perfecto de un sistema que siempre ha gobernado desde abajo, desde las cloacas que la institucionalidad se empeña en negar mientras se alimenta de ellas.

El caso de Diego Cadena no es, en este relato, un capítulo cerrado, sino una linterna. Su condena no clausura una historia: ilumina un ecosistema. Cadena fue el operador visible, el mensajero fanfarrón que visitaba cárceles y negociaba testimonios con la torpeza de quien actúa a plena luz. De la Espriella pertenece a otro nivel: el de los traductores, los legitimadores, los alquimistas que convierten el mundo criminal en lenguaje respetable, que hacen del delito un asunto técnico y del poder una cuestión de estilo. Cadena exhibe el método; De la Espriella encarna el modelo. No se trata de complicidades episódicas, sino de una identidad de campo, de trayectorias paralelas y clientelas compartidas, de una misma concepción del derecho como herramienta de administración de la impunidad.

Durante la desmovilización de las AUC, De la Espriella no fue un espectador ingenuo ni un asesor técnico marginal. Fue parte del engranaje simbólico que permitió al paramilitarismo reconvertirse discursivamente: lavar su historia con retórica jurídica, traducir crímenes masivos en causas defendibles y ensayar una respetabilidad de posguerra. La fundación FINPAZ no fue una anécdota juvenil ni un error de cálculo, sino una señal temprana de una constante: la moral como escenografía, intercambiable según la audiencia y la coyuntura. En ese teatro, la ética no es principio, sino utilería.

En Colombia, la biografía incómoda no estorba: habilita. No se asciende pese al pasado, sino gracias a él, cuando es lo bastante turbio para garantizar obediencia futura. El Espectador lo recordó el 6 de julio de 2009 al revelar que, durante el juicio contra David Murcia Guzmán, la Fiscalía presentó pruebas que vinculaban a Abelardo De La Espriella con la recepción de 760 millones de pesos para presunto lobby en el Congreso a favor de DMG. Las interceptaciones fueron directas: dinero urgente para “pisar a la gente”, con destino a la “oficina de Abelardo”, acompañadas de seguimiento oficial y registro fotográfico. El abogado admitió el ingreso, aunque lo rebautizó como honorarios. En el subsuelo del poder, cambian los nombres; las funciones, no.

Ese acceso no se exhibe: se ejerce. Colombia está llena de abogados ricos; pocos necesitan un jet privado para recordar quién manda. El Falcon 50 matriculado en Delaware —ese paraíso fiscal con modales jurídicos— no es un medio de transporte: es una declaración de jerarquía. El reloj Rolex, el maletín exclusivo, la pose calculada frente a la turbina no son extravagancias personales, sino una pedagogía brutal del privilegio. Cuando De la Espriella afirma que “no tiene que dar explicaciones”, no evade una pregunta: afirma una doctrina. Es la impunidad hablándose a sí misma, convertida en identidad política y ofrecida como modelo de éxito.

La licitación de El Dorado funciona como escena inaugural del mito. Una firma desconocida, honorarios obscenos, 800 mil dólares para un abogado joven con vestimenta y sin recorrido. Nadie pudo entonces —ni puede ahora— justificar ese pago desde la técnica jurídica. Pero en la república del subsuelo existen servicios que no figuran en los contratos: se pagan por lo que abren, por lo que conectan o por lo que silencian. Hay experticias que no se enseñan en las facultades, pero que se aprenden rápido allí donde la legalidad y la ilegalidad se separan por un hilo casi imperceptible. Es en ese territorio donde se aprende, con precisión cínica, cómo funciona realmente el poder.

La relación con Álex Saab termina de cerrar el círculo. Mientras hoy declama contra la dictadura venezolana con fervor impostado, los hechos muestran que asumió su defensa cuando ya era públicamente señalado como testaferro central del régimen de Maduro. No llegó tarde ni engañado: llegó sabiendo. Saab no fue un cliente incómodo descubierto a destiempo; fue un cliente estratégico. Defenderlo no fue un error, sino una toma de posición. Y cuando la estafa de los CLAP ya estaba documentada, De la Espriella eligió atacar periodistas antes que responder preguntas.

Su estrategia contemporánea es elemental y eficaz: saturar el espacio público. No refutar, sino ahogar. No explicar, sino intimidar. Convertir el ruido en cortina, el algoritmo en coartada y la indignación performativa en blindaje. Allí donde no hay argumentos, hay enemigos; donde no hay programa, hay venganza; donde no hay ideas, hay espectáculo.

Su candidatura no es solo un episodio electoral: es un síntoma histórico. La mutación final del abogado del subsuelo en caudillo lenguaraz de micrófono, alguien que convierte su pasado oscuro en promesa de ferocidad política y su falta de escrúpulos en oferta de orden. En un país atravesado por genocidios políticos, falsos positivos y violencias normalizadas, esa ligereza discursiva no es retórica: es advertencia.

Desde una mirada sociológica, Abelardo De la Espriella no es un desviado, sino un nodo funcional del campo de poder colombiano. Desde una mirada humanística, el verdadero drama no reside únicamente en su ascenso inflado, sino en la normalización del engaño social que lo hace posible y hasta deseable. Y desde una lectura política, su candidatura es la confesión involuntaria de un sistema que ya no disimula ni pide perdón: ahora exige aplausos y solicita el voto sin rubor.

El talante de De la Espriella no se presume ni se caricaturiza: se prueba. Basta escucharlo cuando, sin pudor ni rodeos, decide teorizar su propia ética en una entrevista radial, confiesa, con una franqueza que roza el cinismo: “Yo soy ateo, pero en Colombia hay muchos votantes creyentes, y si uno quiere esos votos, tiene que mentir. Nada más”. No fue un lapsus ni una torpeza verbal: fue la tesis de su política. La mentira erigida en herramienta electoral, la fe convertida en mercancía y el engaño asumido como método legítimo de poder. No un error moral, sino una estrategia explícita.

Su cercanía con el inframundo tampoco admite el refugio de la “invención periodística”. En un cara a cara radial con el narcotraficante conocido como el Mono Abello, ante la pregunta directa de Julio Sánchez Cristo sobre si alguno de sus bienes estaba en manos de políticos, la respuesta fue tan reveladora como impune: “Los bienes míos los maneja… detrás de bambalinas el señor Efraín Cepeda, el abogado Aniano Iglesias y el abogado orquesta Abelardo De la Espriella”. En la república del subsuelo los nombres no se esconden: se pronuncian. Lo escandaloso no es la red, sino la naturalidad con que se la administra.

Daniel Coronell terminó de afinar el bisturí. Contó cómo De la Espriella intentó perseguirlo judicialmente en Estados Unidos por una columna titulada El avión. El ímpetu judicial duró lo que tarda la justicia en hacer una pregunta incómoda: qué explicara el origen de su fortuna y nombrara a sus clientes. Ahí, el paladín del litigio descubrió los límites de su coraje procesal y se retiró en silencio. La justicia, cuando deja de servir para intimidar y empieza a exigir respuestas, suele volverse intolerable para quienes más la invocan.

Y entonces emerge su versión más reciente, tan simple como perturbadora: un gatico domesticado, enfundado en bandanas patrióticas, criado entre alfombras mullidas, aplausos comprados y sombras obedientes, se mira en un espejo deformado y se cree tigre. Eriza el lomo, ruge para las cámaras y promete selva donde apenas hay patio. No caza, no protege, no gobierna: imita.

El verdadero peligro no reside en quien ensaya rugidos sin haber salido del patio, sino en una sociedad que normaliza la impostura, tolera candidaturas sostenidas en artificios mediáticos y legitimaciones precarias, y que, entre encuestas funcionalmente arregladas y firmas infladas y dudosas, termina entregando el poder real, confundiendo la representación con liderazgo y la farsa con destino.

* Desde La Conversa de Fin de Semana, agradecemos las contribuciones de nuestros colaboradores. Cada opinión, que respetamos profundamente, es responsabilidad de su autor.

El falso dilema de la polarización*

 

Imagen tomada de: Polarización política y economía

Por: Hernán Riaño

“Que el país esta polarizado”, “que no hay que polarizar más”, “que hay que evitar la polarización”, son las frases que dicen las derechas por estos días, para sacarle el cuerpo al verdadero debate, que es la situación en que ellos dejaron el país

Desde hace algún tiempo, y sobre todo con este gobierno, la ultraderecha y los medios de comunicación empezaron a usar esta palabreja como si fuera la única en el diccionario y que definiera el estado real de nuestro país. 

Pero veamos la definición de polarización de varias fuentes: 

La RAE. 

f. Acción y efecto de polarizar o polarizarse.

1. Acción de polarizar o polarizarse. 

2. Efecto de polarizar o polarizarse.

El concepto en Wikipedia dice:

La polarización es un proceso por el cual en un conjunto se establecen características que determinan la aparición en él de dos o más zonas, los polos, que se consideran opuestos respecto a una cierta propiedad, quedando el conjunto en un estado llamado estado polarizado.

Lo amplía a la política:

En política, polarización es el fenómeno por el cual la opinión pública se divide en dos extremos opuestos. También se refiere a las facciones extremas de un partido político que ganan espacio o apoyo dentro del mismo. En cualquiera de los casos, como consecuencia de la polarización, las voces moderadas pierden poder e influencia.

La polarización, por lo tanto, puede ser estudiada tanto como un estado, como un proceso. La polarización como estado se refiere a la medida en que las opiniones sobre un tema se oponen en relación con una máxima teórica. La polarización como proceso se refiere al aumento de dicha oposición a lo largo del tiempo.

En la red hay muchas definiciones muy parecidas a la desacreditada Wikipedia, pero es un concepto unánime. 

Analicemos la situación de Colombia; desde hace más de 200 años la mayoría del pueblo había “pensado y actuado” con los conceptos que habían impuesto las derechas, esto quiere decir que solo se había tenido un punto de vista, salvo algunas excepciones muy valiosas que a lo largo de esos lustros no habían podido masificar los del pueblo, por culpa de la violencia que callaba a sangre y fuego a quien pensara diferente. La oligarquía con su ideología feudal con sus intereses explotadores y ladronas del erario no había dejado pensar por su cuenta al pueblo colombiano, con el apoyo de sus medios de comunicación, llegaron a falsear la realidad de tal forma que los ciudadanos (as) estaban convencidos que ser esclavos (as) por siempre, que nunca podrían llegar a pertenecer a la casta dominante, por más que trabajaran honradamente. Eso era una ley “de a puño”. Ellos, solo ellos y por un designio no sé de quién, podían tener negocios prósperos, legales o ilegales, ser los dueños de las tierras y de las vidas de sus vasallos (as), de los hijos (as) de estos a perpetuidad y que podían hacer lo que quisieran con ellos.

En la segunda mitad del siglo XX, en nuestro país, empezó un avance industrial, ciudades como Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, entre otras, empezaron a llenarse de factorías, que necesitaban trabajadores, que obviamente llegaron del campo, expulsados por la violencia generada por el partido conservador, para apoderarse de sus tierras.  Los trabajadores, gracias a sus luchas, lograron derechos como la jornada laboral de 8 horas, los recargos nocturnos y festivos, la salud, tener una cesantía, una pensión, así como el voto de las mujeres, y muchas otros que existieron en Colombia y aún persisten en otros países, aunque resistiendo los embates del neoliberalismo mundial. 

Con la llegada del trío diabólico, Pastrana, Gaviria y Uribe, empezaron los recortes de los pocos derechos conquistados, la “miserabilización” de los colombianos y el auge del narcotráfico, con el que muchos políticos llenaron sus bolsillos y algunos pobres del país, también, vieron una oportunidad de lograr alguna riqueza con ese negocio ilegal, así fuera a costa de su propia vida o la de sus familiares. 

Aquí hubo un quiebre histórico porque, primero Gaviria con Álvaro Uribe Vélez privatizaron la salud, los riesgos profesionales y las pensiones de los trabajadores para beneficiar a sus amigotes cómplices. Luego, en sus presidencias, este nefasto señor eliminó los otros pocos derechos laborales que quedaban, como los recargos nocturnos, las horas extras y disminuyó el pago de los dominicales y festivos a su mínima expresión. También vendieron, en esos tres gobiernos, una cantidad de empresas de los colombianos y eliminaron otras tantas entidades que les servían a la ciudadanía. No contentos con eso, regresaron a nuestra sociedad al siglo XIX, en la que imperó, como dije antes la esclavitud y el vasallaje, sin ningún derecho laboral o ciudadano. Hasta Duque (Uribe III), el país vivió humillado, esclavizado y subyugado a los deseos, planes, programas para solo satisfacer las necesidades de los ricos en detrimento de la calidad de vida de la mayoría de los colombianos y del saqueo de los recursos públicos.

Pero, con lo que no contó la ultraderecha fue que llegara un gobierno diferente, el del cambio, para que, por fin, le abriera los ojos a la mayoría de los colombianos, y darnos cuenta de las dos posiciones antagónicas que han existido desde siempre, pero que, por cuenta de la oligarquía y sus medios, volvieron “normal”, que solo se aceptara la posición oligarca como una verdad irrefutable caída del cielo.

Estos son los dos polos de la realidad del país. Uno, el de siempre, que defiende los intereses de la narco-parapolítica derechista y el otro que propende por los derechos de todos los colombianos que nunca los han tenido, esa es le verdadera polarización. Pero la oligarquía no quiere hacer este debate, le tiene miedo a que Colombia y el mundo sepan su actuar, cuál es su verdadera cara, que nos enteremos de todos los asesinatos, desapariciones, masacres, robos y saqueos del erario al que han tenido sometido al país. 

Por eso han planteado un falso debate sobre esta palabreja y sus implicaciones, para distraer la verdadera situación de Colombia. 

Decidieron que polarizar era:

Decir la verdad.

Hacer denuncias de corrupción.

Defender los derechos.

Permitir las opiniones de los que nunca habían hablado.

Exigir resultados a los funcionarios.

Hacer debates serios.

Contradecir una mentira.

Destapar una trampa.

Denunciar las amenazas.

Evitar que sigan saqueando las instituciones.

Entre otras muchas cosas.

“No polarice” es la frase que se oye por estos días, que eso es generar odio, dicen los politiqueros, parlamentarios traidores y corruptos, para evitar que se sepa cómo han manejado el país por más de 200 años, que nos enteremos de los verdaderos negociados con los que se han enriquecido algunos y cómo quieren seguir haciéndolo.

Hemos visto cómo parlamentarios  y magistrados han hundido las reformas que necesita el pueblo para mejorar su calidad de vida, la salud, las pensiones, la ley de financiamiento, la circunscripción especial agraria, los decretos de emergencia para la Guajira y Catatumbo, solo para mencionar algunos y que solo benefician a los más pobres, eso sí es polarizar, porque defiende los intereses de los más ricos y poderosos en detrimento del resto de la ciudadanía, se ponen al servicio de los que siempre han tenido el poder y lo han manejado a su arbitrio.  Además, anuncian que, de volver al gobierno, eliminarán de un tajo y sin anestesia, todas las reformas que ha impulsado el señor presidente Gustavo Petro Urrego.

Polarizar es insistir en gobiernos uribistas, que lo que han hecho es acabar con el estado social y de derecho, eliminar las libertades y la democracia con el pretexto de una falsa seguridad que hoy vemos juzgada en la JEP, polarizar es crear ejércitos privados para ejercerla, es volver a los miembros de la fuerza pública asesinos y salteadores, lo mismo que los miembros de comunidades milenarias, que antaño fueron creadores de música, filigranas de oro y formas de sembrar muy productivas entre otras formas de desarrollo. Polarizar es quitarle la salud a la mayoría de los colombianos, darle las pensiones de los fondos para que los hijitos del expresidente pudieran hacer sus centros comerciales o al hombre más rico de Colombia para que hiciera carreteras con los peajes más caros. En síntesis, polarizar es estar en contra del pueblo colombiano y querer seguir manteniendo el país como ellos lo tenían hasta el gobierno Duque. 

“Que el país esta polarizado”, “que no hay que polarizar más”, “que hay que evitar la polarización”, son las frases que dicen las derechas por estos días, para sacarle el cuerpo al verdadero debate, que es la situación en que ellos dejaron el país, que está haciendo el progresismo para corregirla y que nos espera si ellos vuelven a gobernar. Por otro lado, veo con extrañeza que algunos progresistas cayeron en la trampa de repetir ese discurso engañabobos de la derecha haciéndole el juego a lo que ellos quieren que sea la discusión. A los progresistas y demócratas nos queda centrarnos en defender lo conseguido y no permitir que vuelvan aquellos que nos quitaron todo en el pasado y que, de volver, lo harían nuevamente y esta vez, a sangre y fuego, como lo han anunciado públicamente, ¡bala es lo que hay!

*Esta nota fue publicada originalmente en SoNoticias y es compartida con la comunidad de La Conversa de fin de Semana, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño.

Las opiniones de los columnistas son de su exclusiva responsabilidad.  Les invitamos a leer, comentar, compartir y a debatir con respeto.