LA VITRINA DE LA CONVERSA

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miércoles, agosto 07, 2024

El clan Ramírez de vuelta en los titulares

Por: Germán Navas Talero y Pablo Ceballos Navas

Editor: Francisco Cristancho R.

Petro ha sentado un ejemplo de buena práctica en materia diplomática con su tratamiento de la controversia electoral en Venezuela y creemos que, en unos años, con la sabiduría que provee el tiempo, será materia de estudio en las facultades de relaciones internacionales del país.

Como en los cuentos infantiles, hubo una vez en que corruptos de orígenes variopintos resolvieron sus diferencias ideológicas con el objetivo de robarse una entidad a manos llenas. Resulta difícil de creer, aunque probablemente sea cierto, que tres de los contratistas presuntamente favorecidos por el señor Ciro Ramírez –exsenador del Centro Democrático e imputado por múltiples delitos contra la administración pública– también habrían sido consentidos de los confesos delincuentes Olmedo López y Sneyder Pinilla, como lo informó El Espectador en su edición dominical.

Incluso después de la captura del exsenador Ciro, según nos cuentan, las invitaciones a reuniones sociales de la familia Ramírez son codiciadas y poseer una de ellas remoza hasta al más desconocido politiquero. Nos preguntamos: si Ciro termina vinculado a los procesos judiciales en curso por el saqueo a la UNGRD, ¿seguirán ‘echando codo’ a la entrada del domicilio familiar en época de fiestas? Nada raro tendría que la respuesta sea afirmativa, pues conocido es que la pertenencia a un clan es motivo de orgullo para algunos y más si hay sub júdices ascendentes y descendientes, como es el caso del clan Ramírez (Pinzón, el papá, condenado por concertar para delinquir con los paramilitares, y Cortés, el hijo, imputado por organizar una trama criminal para robarse los recursos destinados a la atención de la pobreza extrema y cobrar coimas a contratistas por ello).

Tras hablar de los Ciro, de Olmedo o de Sneyder, uno puede quedar con la impresión de que no hay político serio u honesto en Colombia. Esta observación, aunque justificable, se prueba equivocada al considerar los nombres de dos hombres que con sus actos ejemplifican el tesón, la persistencia y la prudencia necesaria para servir al pueblo y representar sus intereses en el Congreso: son estos el representante a la Cámara y reconocido defensor de derechos humanos, Alirio Uribe, y el experimentado e infatigable senador y negociador de paz, Iván Cepeda. También destacamos por su valor y por su entrega a las causas sociales al joven representante a la Cámara por Valle del Cauca, Alejandro Ocampo, un hombre “frentero” y dispuesto al debate. Recordar sus nombres y saber de su trabajo nos reconforta y nos mantiene con esperanza, y sabemos que no estamos solos en estas consideraciones.

En Colombia abundan los lambones, pero la cosa se agrava cuando pretenden que se gobierne a punta de condenas y regaños. El presidente Petro ha sido objeto de críticas con ocasión de su postura respecto de las elecciones en Venezuela, aun cuando esta ha sido el resultado de una valoración prudente y mesurada de la situación con el concurso de diplomáticos y líderes regionales. Mucho le han reprochado al presidente en el pasado por su “emotividad” y ahora que adopta una posición institucional la cuestionan por “insensible”, pues algunos insensatos creen que una crisis política de estos contornos se resuelve gritándole a Maduro que está maduro y próximo a caer.

Olvidan estos ciudadanos, entregados a la afectación, que Colombia comparte miles de kilómetros de frontera con Venezuela; que hay millones de venezolanos acá y de colombianos allá, quienes requieren de los servicios de ambas naciones y se benefician de las buenas relaciones entre ellas; que Venezuela es bien garante o anfitrión de buena parte de las negociaciones de paz en curso; que hace tan solo dos años inició un proceso de restablecimiento de relaciones que ha aliviado la migración irregular y mejorado las condiciones de vida en la zona de frontera; y, ante todo, ignoran que si Colombia pretende desempeñar un papel relevante en la resolución de la crisis debe mantener una celosa imparcialidad.

Es nuestra opinión -contrariando el buenismo imperante- el gobierno del presidente Petro ha sentado un ejemplo de buena práctica en materia diplomática con su tratamiento de la controversia electoral en Venezuela y creemos que, en unos años, con la sabiduría que provee el tiempo, será materia de estudio en las facultades de relaciones internacionales del país.

Hasta la próxima

Las opiniones de los columnistas son de su exclusiva responsabilidad.  Les invitamos a leer, comentar, compartir y a debatir con respeto.

Esta nota fue publicada originalmente en SoNoticias y compartida a la comunidad de La Conversa de Fin de Semana, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño

martes, julio 09, 2024

¿La justicia, la madre de todos nuestros males?

Imagen tomada de: 
Colombia - Más autonomía e independencia del poder judicial (diariojuridico.com)
Por: Hernán Riaño

La democracia se caracteriza por las tres ramas del poder público: El ejecutivo, en nuestro caso, la presidencia de la república; el legislativo, para nosotros el congreso bicameral encargado del control político y la producción de las leyes que nos rigen y el poder judicial, encabezado por las altas cortes, tribunales superiores y los juzgados, básicamente, su misión básica y vital es la de ejercer la justicia para todo tipo de conflictos entre los colombianos.  

El poder ejecutivo, ha sido ejercido por las familias que históricamente han gobernado, como si el país fuera de ellos únicamente, al legislativo, un congreso que siempre ha trabajado en contubernio con las clases dirigentes produciendo leyes que favorecen exclusivamente a los poderes económicos, y al poder judicial que a través del tiempo y, en la mayoría de los casos, se ha plegado al poder político y económico del país; no en vano en Colombia ha hecho carrera el dicho: “la justicia es para los de ruana”, dando a entender que solo las leyes se las aplican a los pobres y muchas veces sin pruebas y solo obedeciendo a los intereses de los poderosos.

El actual panorama judicial de Colombia no da esperanzas de un avance democrático, ya que se nota toda una confabulación contra el pueblo colombiano; solo para defender y favorecer a los de siempre.

Así ha sido en nuestro país en este remedo de democracia que tenemos, que solo hasta la llegada de Gustavo Petro al gobierno ha tenido visos, no porque él no quiera sino porque no lo dejan los poderes feudales, de querer avanzar hacia una democracia real y participativa.

Pero, para poder dar ese paso, es básico un poder judicial justo y fuerte para garantizar que todas las decisiones beneficien a todo el pueblo colombiano y no a unos pocos como hasta ahora ha sucedido. Si la justicia no ejerce su papel, eficiente y honestamente no hay posibilidad de lograr una sociedad igualitaria, democrática y, valga la redundancia, justa. 

Pero, paradójicamente, es en este gobierno en el que el poder judicial, se ha ensañado en contra de esas decisiones que tanto añoran los colombianos, siendo muy rápida en tomarlas y perjudicando el accionar al primer gobierno que no tiene intereses personales ni de ayudar a los sectores más poderosos. Lo hemos visto en los decretos de emergencia social para la guajira, con las investiduras de los congresistas del Pacto Histórico, con la intervención en las tarifas de servicios públicos impagables por los colombianos, la posibilidad de hacer obras terciarias por la Juntas de acción comunal, entre otras.

Pero un país realmente democrático basa su poder en una justicia imparcial y fuerte, de hecho, de no existir un sistema con esas características, la democracia es inviable. La historia de Colombia está repleta de fallas de la justicia, por no calificarlos de otra cosa, en los que se ha sentenciado, cuando se llega a esa instancia, más por intereses económicos, políticos, conveniencia o de poder que ajustándose debidamente a las leyes y a los códigos. Al igual, nuestro país está lleno de leyes para todo, pero como no se cumplen ni por los agentes de la justicia, ni por los ciudadanos, ni por quien las debe hacer cumplir, se convierten en un saludo a la bandera. El congreso en gran cantidad de ocasiones produce leyes que son inocuas para nuestra sociedad, o solo satisfacen la vanidad de los mismos congresistas o sus jefes políticos o económicos, son consideradas gran trabajo por los que siempre han gobernado. 

Si bien es cierto, la justicia casi siempre ha tenido muy mal concepto de los colombianos por su actuar, empezó su deterioro máximo con la llegada del narcotráfico al país y el posterior ascenso de Álvaro Uribe Vélez al poder. Empezó a verse, lo que era impensable, que magistrados de las altas cortes se corrompieran (2), a tal punto que el caso más sonado fue el llamado como “cartel de la toga” en la que se juntaron la parapolítica y el sistema judicial para vender fallos y en últimas para ponerle precio a la justicia (3), fue una alianza en la que confluyeron la Corte Suprema de Justicia y la fiscalía (4).

La Corte Constitucional no ha sido ajena a los escándalos de corrupción, como es el caso del presidente de ese tribunal Jorge Pretelt y un supuesto soborno (5), y otra en el que un funcionario de la secretaría general exigía grandes sumas de dinero a abogados (6). El Consejo de Estado tampoco se escapó a estos hechos de corrupción en el país, allí funcionarios también cobraban millones por “arreglar” fallos de tutela (7). 

Si esto ocurría dentro de los más altos tribunales de Colombia, ¿qué podemos esperar de los demás que componen el sisma judicial? Es de conocimiento público que para que un proceso avance en muchos juzgados del país hay que “repartir” desde el mensajero, pasando por sustanciador, la secretaría y en muchos casos hasta el juez. A diario se ve en diferentes medios de comunicación las quejas de ciudadanos, de esos hechos (8).

Todo lo anterior se une a una consecuencia directa que es la  ineficiencia en la aplicación de la justicia que golpea fuertemente a los ciudadanos; en el año 2.019 el Indice Global de Impunidad (IGI) fue del 57%, según estudios de la Corporación Excelencia de la Justicia “estableció que para el año 2.019, había cerca de 1’800.000 que no avanzaban en los despachos judiciales”,  según el Consejo Superior de la Judicatura “para diciembre del 2017 había 2.280 procesos contra funcionarios judiciales” y para diciembre de 2.017, según encuesta de Gallup Poll, la Rama Judicial tenía una imagen negativa que llegaba al 79% (9). Lo grave es que en los años subsiguientes la situación no ha cambiado y por el contrario se ha agravado según quejas de los colombianos. Por este concepto negativo los ciudadanos cada vez denuncian menos pues consideran que es una pérdida de tiempo y en muchos casos se vuelven blanco de todo tipo de delincuentes.

Como si esto fuera poco, pareciera que la rama judicial se hubiera ensañado contra el presente gobierno, con sus fallos en contra de decisiones fundamentales o de la investidura de congresistas y con una persecución como la de la procuradora actual que se está abrogando funciones judiciales sin tener competencia y contrariando lo establecido por la CIDH (10), solo para perseguir a funcionarios elegidos por votación popular, dar conceptos en contra de miembros del Pacto Histórico y a favor de la ultraderecha colombiana, para defender los intereses del “ex” y sus aliados. 

Este panorama judicial no da esperanzas de un avance democrático, ya que se nota toda una confabulación como nunca antes, contra el pueblo colombiano y solo para defender y favorecer a los de siempre. 

Es tal la situación que en Colombia nadie respeta sus leyes, todo el mundo “hace lo que se le da la gana” e impone su “ley”, generalmente a sangre y fuego. Lo vemos desde una disputa familiar, que terminan en muertos y heridos porque alguien quiso imponer su criterio, hasta en conflictos a nivel nacional donde todo lo solucionan con sus ejércitos privados ocasionando desplazados, muertes, desaparecidos, falsos positivos entre otras cosas.

Queda la inquietud: ¿Es la justicia la responsable de todos nuestros males? Ya que sin justicia no hay una sociedad viable. 

Esta nota fue publicada originalmente en SoNoticias y compartida a la comunidad de La Conversa de Fin de Semana, gracias a la generosidad de su director; Hernán Riaño.

Las opiniones de los columnistas son de su exclusiva responsabilidad.

(1) https://www.elcolombiano.com/colombia/politica/corrupcion-en-las-cortes-expresidentes-del-consejo-de-estado-se-pronuncian-jk7518478

(2) https://www.comisiondelaverdad.co/el-cartel-de-la-toga

(3) https://insightcrime.org/es/noticias/cartel-toga-revela-corrupcion-colombia/https://www.elpais.com.co/politica/cartel-de-la-toga-camilo-tarquino-exmagistrado-es-condenado-como-protagonista-del-escandalo-de-corrupcion.html https://www.procuraduria.gov.co/Pages/cartel-toga-procuraduria-cargos-alejandro-lyons.aspx

(4) https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15321875

(5) https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/la-corrupcion-vuelve-a-llegar-en-la-corte-constitucional-esta-vez-con-favores-para-tutelas-219710

(6) https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/balance-de-los-peores-escandalos-de-corrupcion-en-la-politica-y-la-justicia-en-colombia-162344

(7) https://www.elespectador.com/judicial/carrusel-de-corrupcion-en-consejo-de-estado-cobraba-millones-por-tutelas-article-222058/

(8) https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/capturas-por-casos-de-corrupcion-judicial-en-colombia-hasta-agosto-122096 https://cej.org.co/publicaciones/corrupcion-judicial/la-corrupcion-judicial-en-colombia-una-aproximacion-al-mapa-de-riesgos/  https://bdigital.uexternado.edu.co/entities/publication/f6e98909-5532-4dcf-8a49-9c8bb3a13656 https://www.redalyc.org/journal/876/87663301007/html/

(9) https://razonpublica.com/los-retos-del-sistema-judicial-colombia/

(10) https://www.facebook.com/share/p/skRURedf4V8Wr5Ae/