Cali: el terremoto que disputa el relato del orden y revela la autonomía popular (1 parte)

 

Quizquiz

Agosto/ 2026, Puerto Resistencia, Cali.

El cuerpo enterrado no pregunta qué tarjeta de crédito tiene su dueño. La mano que rescata no distingue entre vecino y desconocido. Lo que emerge es una igualdad práctica, no declarada, que se experimenta en el gesto concreto de sostener a otro

Cuando la tierra revela lo que ya existía.

Los terremotos no solo derrumban edificios; también ponen a prueba los relatos, las instituciones y las certezas sobre las que se sostiene una sociedad. Cuando la tierra se mueve, se revela quién organiza, quién cuida, quién llega primero y quién llega tarde. La catástrofe rompe la normalidad y deja al descubierto la verdadera infraestructura de un pueblo.

Esa infraestructura no está hecha de cemento ni de protocolos institucionales. Está hecha de relaciones. De confianzas acumuladas. De saberes que no aparecen en los manuales de emergencia pero que se activan con una velocidad que ninguna burocracia puede igualar. La pregunta que un terremoto deja no es cuántos edificios resistieron, sino qué tipo de tejido social estaba allí antes del derrumbe. Lo que ocurre después de la catástrofe no es improvisación: es la aparición visible de una trama que ya existía.

El 10 de agosto de 2026, a las 7:34 de la mañana, un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el occidente de Colombia. En cuestión de segundos, Cali se convirtió en el epicentro del dolor: muertos, heridos, desaparecidos, edificios colapsados. Pero también en algo que ningún sismógrafo puede medir: la velocidad con la que un pueblo que ya sabía organizarse se puso en pie. Mientras las instituciones activaban protocolos, decretos y dispositivos de control, miles de personas ya estaban cocinando, rescatando, clasificando donaciones y organizando redes de ayuda. La ciudad reaccionó con una velocidad que no puede explicarse solo por la solidaridad espontánea.

Cali respondió así porque ya había aprendido a organizarse. El estallido social de 2021 no dejó únicamente memoria política; dejó una memoria organizativa. Dejó capacidades colectivas, redes de confianza, infraestructuras populares y formas de coordinación territorial que permanecieron latentes y que el terremoto volvió a activar. Lo que vimos no fue el nacimiento de la solidaridad, sino la aparición visible de una autonomía que ya existía.

I. La memoria organizativa: el estallido que quedó bajo los escombros

La primera imagen que deja el terremoto no es la del derrumbe, sino la de la organización. En cuestión de horas comenzaron a funcionar ollas comunitarias, comedores barriales, brigadas de rescate, puntos de acopio, puestos de salud improvisados, cadenas de distribución de alimentos, herramientas, combustible, plantas eléctricas y medicamentos.

Toda sociedad posee dos infraestructuras: la visible, hecha de cemento, presupuesto y jerarquías; y la invisible, hecha de confianza, memoria y cooperación. Los terremotos destruyen la primera y revelan la segunda.

Lo extraordinario no fue solo la ayuda, sino la coordinación. Los antiguos puntos de resistencia se transformaron en puntos críticos de atención. Las cocinas colectivas que alimentaron la protesta alimentaron ahora a los damnificados y voluntarios. Los barrios que durante el estallido aprendieron a abastecerse, comunicarse y protegerse mutuamente reprodujeron esas mismas lógicas en medio de la emergencia.

Aquí aparece una idea decisiva: las comunidades no improvisan desde cero. Recuerdan corporalmente cómo organizar una olla, cómo clasificar una donación, cómo distribuir recursos escasos, cómo confiar en el vecino, cómo actuar sin esperar autorización. Esa memoria práctica constituye una infraestructura invisible que solo se hace evidente cuando todo lo demás colapsa.

Esa infraestructura no se parece a las infraestructuras del Estado. No tiene planos, no tiene presupuesto, no tiene jerarquías definidas. Pero tiene algo que el Estado no tiene: capilaridad. Está pegada al territorio, anclada en los barrios, encarnada en personas que se conocen entre sí. Cuando la emergencia llega, esa capilaridad se convierte en velocidad. Mientras las instituciones deliberan, las redes ya están operando. Mientras los protocolos se activan, las ollas ya están hirviendo. Lo que desde fuera parece caos, desde dentro es la lógica de una organización que no necesita permiso para funcionar.

El estallido social produjo instituciones populares informales. Produjo competencias colectivas. Produjo una tecnología del cuidado. El terremoto simplemente retiró el velo y mostró que esa infraestructura seguía allí, disponible, lista para activarse.

Más aún: esa forma de organización comenzó a irradiarse hacia otras ciudades y otros sectores sociales. Lo que nació como experiencia localizada de resistencia empezó a convertirse en un lenguaje nacional de solidaridad. No se contagió únicamente una emoción; se contagió una manera de organizar la vida.

La solidaridad no se explica por la conmoción emocional. Se explica porque existe un saber previo. Un saber que no es teórico sino práctico: saber distribuir recursos escasos, saber coordinar sin jefe, saber decidir colectivamente en medio de la urgencia. Ese saber no nació del terremoto. El terremoto solo lo hizo visible. Y al hacerlo visible, lo convirtió en un modelo que otros territorios pueden replicar. No porque lo imiten emocionalmente, sino porque reconocen que allí hay una tecnología social que funciona.

La racionalidad del orden no es ilegítima en sí misma; toda sociedad necesita coordinación, normas y capacidad institucional. Lo que el terremoto pone en cuestión es su pretensión de suficiencia. El orden descubre que no puede sostener la vida por sí solo. Necesita aquello que no produce: la confianza, la vecindad, la reciprocidad y el cuidado.

II. La disputa por el sentido: el relato de las élites y el relato del pueblo

Toda catástrofe es también una batalla narrativa. Mientras unos describen un desastre natural, otros reconocen un acontecimiento político. Mientras unos hablan de orden público, otros hablan de cuidado colectivo.

Las élites suelen presentar la solidaridad como un impulso moral, una virtud privada, un gesto humanitario. En ese relato, las ollas comunitarias son caridad, los centros de acopio son filantropía y el voluntariado es simple buena voluntad.

Pero la experiencia popular dice otra cosa. Allí donde una comunidad organiza alimentación, salud, logística, distribución y protección, aparece una forma de poder social. No se trata únicamente de ayudar; se trata de demostrar que existen capacidades colectivas capaces de sostener la vida sin esperar permanentemente la autorización del Estado.

Por eso la disputa no es solo administrativa; es simbólica. De un lado aparece el uniforme, el decreto, el toque de queda, el control territorial, la jerarquía. Del otro aparecen el delantal de cocina, la pala, el abrazo, la brigada barrial, la cooperación y la confianza.

El conflicto no enfrenta simplemente a un alcalde con unos ciudadanos. Enfrenta dos racionalidades distintas: la racionalidad del orden y la racionalidad del cuidado.

La racionalidad del orden cree que el control es la condición de la seguridad. La racionalidad del cuidado cree que la relación es la condición de la vida. La primera funciona mediante la jerarquía y la coerción. La segunda funciona mediante la confianza y la reciprocidad. El terremoto no inventó esta oposición; la hizo explícita. Por eso la respuesta del Estado fue el toque de queda y el despliegue militar. Por eso la respuesta del pueblo fue la olla comunitaria y el abrazo. No son estrategias diferentes para el mismo fin. Son concepciones diferentes de lo que significa proteger la vida.

El alcalde Alejandro Eder no falla por sus decisiones particulares. Falla porque encarna una racionalidad que la ciudad ya ha dejado atrás. Su gobierno opera con la brújula del administrador: concibe el territorio como un problema a optimizar, la ciudadanía como un conjunto de conductas a regular y la autoridad como una distancia técnica. Pero la ciudad ya se mueve con otra sensibilidad: la del cuidado, forjada en el dolor compartido del estallido social y en la memoria de una autonomía que aprendió a organizarse sin pedir permiso.

Eder ha intentado mostrarse cercano, ensayar gestos de sensibilidad y ocupar el lugar del cuidador. Sin embargo, la apuesta está tan mediatizada, tan calculada, que se siente actuada. Y esa es su verdadera derrota: no un error de gestión, sino una pérdida de sintonía histórica. Su gramática política ya no coincide con el clima cultural de la ciudad que gobierna. Cali ya no espera gerentes que administren el orden; espera gobernantes capaces de acompañar la vida. Cali, después de 2021 y después del terremoto, ya no responde a esa frecuencia. Aprendió otra cosa: que la legitimidad nace del vínculo, no del protocolo; de la presencia, no del dispositivo; de la capacidad de cuidar, no solo de la capacidad de controlar.

El terremoto también transformó la sensibilidad colectiva. En medio de los escombros emergió una convicción profunda: toda vida importa. El anciano, el niño, el migrante, el vecino desconocido, el rescatista voluntario, la mujer que cocina, el joven que carga agua. También la mascota que quedó atrapada entre los escombros y cuya búsqueda, para muchas familias, fue tan urgente como la de un familiar. El terremoto no distinguió entre especies; la solidaridad tampoco.

La solidaridad amplía el círculo de quienes merecen cuidado. Esa ampliación es un cambio cultural de enorme profundidad, porque rompe la vieja costumbre de aceptar que algunas vidas son sacrificables y otras no.

La catástrofe tiene esa virtud: desordena las jerarquías de valor. En la normalidad, las vidas se ordenan según criterios que damos por naturales: clase, origen, edad, estatus. En la emergencia, esa jerarquía se disuelve. El cuerpo enterrado no pregunta qué tarjeta de crédito tiene su dueño. La mano que rescata no distingue entre vecino y desconocido. Lo que emerge es una igualdad práctica, no declarada, que se experimenta en el gesto concreto de sostener a otro. Esa igualdad no dura más que la emergencia. Pero deja una huella. Y esa huella es política: una memoria del mundo que podría existir.

Espere la parte 2 ... 

La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

¿Las derechas unidas, jamás serán vencidas?

Por Hernán Riaño

La esperanza está en los jóvenes comprometidos que defienden causas justas, apoyan al gobierno y denuncian la corrupción. A pesar de carecer de recursos, se esfuerzan por difundir la verdad y están motivados por el amor a su país. Gracias a su labor, se ha revelado información que los medios corporativos intentan ocultar. 

El mundo ha conocido una consigna que gritan los manifestantes en contra de la derecha para reivindicar sus derechos: ¡El pueblo unido jamás será vencido! En nuestro país, la verdadera unión se ha visto en la ultraderecha mafiosa que quiere perpetuar sus privilegios en contra de los colombianos. Ellos que, dependiendo de la época, sus necesidades y sus intereses, se “pelean” unos con otros, luego se amistan, los que ayer fueron enemigos, hoy son inseparables. Recordemos episodios como la denuncia que le hizo Andrés Pastrana al periodista de Univisión, Jorge Ramos, cuando este le preguntó si Uribe era narcotraficante; Pastrana le contesta: “es que yo lo he denunciado…” (1), o cuando, en medio de un ataque de histeria, César Gaviria gritaba en televisión, refiriéndose a Uribe: “¡Uribe mentiroso, Uribe mentiroso, Uribe mentiroso!” (2), en el lanzamiento de la campaña de reelección presidencial de Santos; hoy los vemos cogidos de la mano atacando a Gustavo Petro desde todos los flancos y usando todas las armas innobles que siempre han utilizado. 

En el congreso era igual (¿Aún lo es?), los representantes y senadores “cazaban” peleas insulsas, se gritaban, y hasta se decían groserías en las sesiones o plenarias para embobar al pueblo y, luego, después del espectáculo, los veía uno en las páginas sociales de los periódicos, compartiendo unos “amarillos”, como los mejores amigos, como si nada hubiera pasado, en cualquier evento social de la alta aristocracia criolla. Se burlaban del pueblo en su cara. A todos ellos, los unen los intereses en los dineros del Estado para usarlos en su beneficio, dejando, de paso, en la miseria a los ciudadanos; así ha sido desde que Colombia se convirtió en una “democracia”.

Hoy vemos un fenómeno no antes visto en nuestro país, es la unión total de las derechas, porque todos son eso, para “recuperar” a nuestro país, según ellos dicen. Todos los sectores, gremios, grandes empresarios, con algunas contadas excepciones, partidos políticos de los llamados tradicionales y sus divisiones y hasta partidos o movimientos llamados de centro, de centro izquierda (¿?), ambientales, grupos delincuenciales de todo tipo, “guerrilleros” y otros muy dignos, se han unido en contra del primer gobierno democrático para no dejarlo actuar y con la consigna de que todo vuelva a ser como antes, o sea dominado por ellos, a partir del año 2.026. Que mescolanza de ideologías, diría uno, pero lo que se ve, decantando todas las arandelas, es que todos son lo mismo, unos siendo los del poder y otros sirviéndoles de “idiotas útiles” o de cómplices conscientes, para que la ultraderecha vuelva al gobierno, todos enemigos reales del pueblo y al servicio del uribismo.

Tienen unos grandes difusores de sus consignas, mentiras, calumnias y amenazas, que son sus medios de comunicación, los llamados tradicionales, que hoy más que nunca y vísperas de un año electoral, han agudizado los ataques con todo tipo de armas para desestabilizar y desacreditar a Gustavo Petro, quien en este momento es el blanco de casi todos los embates con los que a diario se ensaña esta, mal llamada; “prensa” colombiana. Lo que estamos viviendo nunca lo había visto el país, por lo menos tan descaradamente; ya no disimulan, no se ocultan bajo premisas engañosas, ya alzan la voz y muestran su derechismo y posibles delitos, abiertamente, sin pena, están demostrando que la verdad les importa “un comino” y que su indudable razón de existir es la defensa de los empresarios que los tienen en esos puestos comunicativos. Lo grave es que muchos de ellos salieron con peores instintos destructores que sus patrones, no les importa atacar a mujeres, niños, minorías y últimamente a las madres de las víctimas de los mal llamados falsos positivos, de desapariciones, de operaciones de “seguridad democrática, o de masacres, revictimizándolas sin ninguna consideración y por encima de cualquier sentido de humanidad. 

Unos y otros, se dedicaron a tapar, minimizar o desviar la atención de todos los actos de corrupción, desfalcos, robos y quién sabe qué otros delitos cometidos por gobiernos anteriores y que dejaron al país con unas deudas inmensas que le ha tocado afrontar al gobierno actual. Son tan cínicos que ahora resulta que la situación que encontró Petro es culpa de Petro. Tamaño despropósito que aún creen los estúpidos que aún los siguen a ojo cerrado. Presentan cualquier incoherencia seguros de que su audiencia de idiotas les cree y que como “loros” salen a repetir, orgullosos de su uribismo e ignorancia.

Están unidos férreamente, como un solo hombre para atacar al progresismo, para evitar que siga en el poder, para impedir que se siga conociendo todo lo que ellos han hecho para enriquecerse con el erario o con los negocios ilícitos a los que han estado acostumbrados por tantos años. Sí, descaradamente unidos, ya no disimulan, son una sola cosa, un solo interés, con un desprecio total por el ciudadano, que hace recordar las cortes de nobles europeas antes de la revolución francesa, cuando el pueblo era mantenido en la miseria absoluta, mientras los señores feudales eran dueños de todas las tierras y se quedaban con todas las riquezas. Lo más grave es que lo hacen sin argumentos, ni inteligencia, ni conocimiento, ellos actúan con violencia, solo por amor al poder y al dinero. Hoy no les importa la opinión de la ciudadanía, solo lo que ellos digan y quieran hacerle al país. Lo hacen porque están seguros que el pueblo no reaccionará, saben que los tienen amaestrados, domesticados, esclavizados, avasallados para que les diga que sí a todo lo que quieran. 

Es preocupante que, ante la gran cantidad de denuncias de corrupción y desfalco, los colombianos no actúen, no protesten, es como si todo lo que han hacho hubiera pasado en otro país, en otra dimensión o en otra galaxia, es como si no fuera con ellos, como si el dinero que se embolsillan no saliera de los impuestos que ellos pagan, no les importa quedarse sin salud, educación vivienda o cualquier otro derecho. No, no les afecta, quieren seguir viviendo así. Es muy alarmante lo que vemos a diario. Tampoco actúan, ni les exigen cuentas a congresistas, diputados, concejales y ediles por los que depositaron su voto y ya estando en los cuerpos legislativos, los traicionaron, les mintieron o los engañaron. Muchos de estos “padres de la patria o aspirantes a serlo, hacen todo lo contrario a lo que prometieron abiertamente, sin tapujos y ningún elector les dice “ni mu”. 

Mientras todo esto está sucediendo, muchos sectores de la izquierda o el progresismo no han resuelto aún el dilema si primero fue el huevo o la gallina. No actúan, se la pasan sentados en una cafetería, en las redes sociales, o en charlas eternas, viendo a ver en qué se equivocó Petro, qué incumplió, según ellos, para “darle duro”, porque se creen con la verdad revelada. Están seguros de ser los únicos que sí saben cómo se resuelven los problemas nacionales, pero solo hablan, no hacen nada y su activismo se reduce solo criticar, mientras que la ultraderecha está unida y actuando en contra de la democracia. 

La esperanza, repito lo escrito en otras columnas, está en los jóvenes que sí saben lo que quieren y conocen como hacerlo o por lo menos lo intentan, esos que apoyan al gobierno, que defienden a las madres de las víctimas, que denuncian la corrupción, los robos y los desfalcos, que, a pesar de no tener medios, se los inventan sin esperar nada a cambio, sin ponerle condiciones al gobierno, están comprometidos en difundir la verdad y solo por amor al país. A ellos les debemos mucho de lo que se ha sabido, la difusión de las noticias que tratan de tapar los medios corporativos y que cuando hay que salir a apoyar lo hacen conscientes de lo que le espera al país si regresa la barbarie, los asesinatos, los mal llamados falsos positivos, las desapariciones y todo lo que el país ha conocido, pero se resiste a aceptar.

https://www.facebook.com/share/v/15pRZxcjUQ/

https://youtu.be/9j6g0rdwhtQ?si=SB2p_eS3vmj1Nrzq

Las opiniones de los columnistas son de su exclusiva responsabilidad.  Les invitamos a leer, comentar, compartir y a debatir con respeto.

Esta nota fue publicada originalmente en SoNoticias y es compartida con la comunidad de La Conversa de Fin de Semana, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño

LA EXCARCELACION DE LOS JOVENES DEL ESTALLIDO SOCIAL. 1ª PARTE

Teniendo en cuenta la controversia que han suscitado los medios de comunicación afines a la derecha colombiana, en torno a la propuesta de excarcelación y juicio justo a los jóvenes que participaron en las jornadas de protesta nacional y contando con la anuencia del Representante a la Cámara del Pacto Histórico por el departamento del Valle del Cauca, JOSE ALBERTO TEJADA; La Conversa de Fin de Semana comparte con sus lectores, la PRIMERA PARTE de la recopilación de  trinos (hilo) del representante Tejada, en las que explica a la comunidad las razones para esta propuesta.

En la imagen: José Alberto Tejada haciendo cubrimiento jornada de protestas en Cali. Tomada de Las2orillas.co

Por: JOSE ALBERTO TEJADA. (Representante a la Cámara del Pacto Histórico del Valle del Cauca) 

“Les comparto la PRIMERA PARTE de 2 hilos que realizaré sobre la necesidad de EXCARCELAR a los JOVENES DETENIDOS por participar del ESTALLIDO SOCIAL.

¡Atentos! Cada vez que la ley invade y vulnera injustamente los derechos humanos, los ciudadanos tienen el derecho de exigirlos, y se justifica la DESOBEDIENCIA CIVIL, al ampararse en el ejercicio de tres derechos fundamentales reconocidos en la generalidad de constituciones: libertad de conciencia, libertad de expresión y participación política.

El ciudadano que practica la desobediencia civil ejerce su libertad de expresión al buscar transmitir un mensaje de denuncia contra la ley injusta. Ejerce su libertad de conciencia, pues la ley choca contra sus principios éticos más elementales y siente la necesidad moral de combatirla, ya que permanecer quieto ante la injusticia es incompatible con su conciencia.

La desobediencia civil se ampara en la participación política, pues al ejercerla se busca participar en los asuntos públicos mejorando la realidad social.

Con estos apartes introductorios insisto en la importancia de generar las condiciones jurídicas, políticas y sociales que permitan la excarcelación de la mayoría de jóvenes apresados a consecuencia del estallido social del 2021.

La muchachada rebelde, mayoritariamente, hizo una protesta beligerante, sí, pero no criminal. Desafiante, sí, pero no agresora. No desconozco que seguramente alguna minoría de entre los protestantes, pudieron extralimitar su protesta social y su desobediencia civil, pero, no por ello, esta tesis le da derecho al acusador -la Fiscalía- y al juzgador -el Juez- a presumir que todas las personas participantes en el estallido son criminales a condenar.

Estoy en condiciones de dar testimonio excepcional de las muchas, muchísimas agresiones abusivas y extralimitadas, por parte de la fuerza pública contra los manifestantes. No lo cuento de oídas, lo tengo documentado en primera persona. Solo en Cali fueron asesinados 48 muchachos y muchachas por atreverse a ser los comuneros del siglo 21.

En el Valle fueron 63 los asesinados. Sin contar los desaparecidos y los mutilados. ¿Quiénes los asesinaron? ¿¡Quiénes los desaparecieron y los mutilaron? La Fuerza pública y particulares que se mostraron con todas sus ínfulas como los nuevos paramilitares urbanos. Ninguno murió de infarto o de cansancio.

¿Cuántos policiales fueron asesinados? Si fuera cierto que el estallido social fue una toma guerrillera como muchos "buenos ciudadanos" lo afirman, ¿Por qué no hubo muertos en combate de parte de la fuerza pública? En Cali solo se tiene el caso de un policía y no se ha podido probar hasta hoy, 18 meses después, que fue la muchachada.

¿Cuál es el argumento jurídico para que la Fiscalía, 

que no ha podido probar nada, 

con total desfachatez, pida en reiteradas audiencias, 

prórrogas de un año más? 

En cambio, sí, casi desde el primer día que se conoció el hecho, están encarcelados 13 jóvenes de uno de los puntos de resistencia, sin fórmula de juicio. Sin respeto al debido proceso. Sin el más mínimo respeto a sus garantías constitucionales.

¿Qué tipo de combate tuvimos entonces? ¿El de Picapiedra contra Terminator? Ese fue el que presenciamos, además con sevicia y cinismo de parte de los policiales.

Resultó entonces que la toma guerrillera fue de guerrilleros torpes, sin extremidades, sin capacidad de defensa, pues 48 contra 1, no parece resultado de un combate. Es el resultado de una masacre, hasta hoy impune.

Así como en Cali, ocurrieron hechos graves en varias ciudades del país y hoy tenemos más de 300 jóvenes encarcelados sin fórmula de juicio, jóvenes que bien pudieron haber sido asesinados y hoy pretendemos invisibilizarlos.

Dura es la ley, pero es la ley, invocan los acusadores de oficio. A ellos les pregunto ¿La ley aplica para policiales convertidos en asesinos o, no? Si de lo que se trata es de justicia, parece que la balanza tiene piedras en un lado, y en el otro, balas invisibles y sin peso.

Si hablamos del respeto a la ley y a la ortodoxia jurídica, ¿Por qué un civil armado como Andrés Escobar, quien, si tiene llamado a imputación de cargos, sigue libre y alardeando de su poder intimidatorio? ¿Cuál ley le aplicamos al personaje?

Si tan criminales son, muchos de los muchachos y muchachas sobrevivientes de la masacre del 2021, ¿Por qué razón apenas en junio del 2022, 14 meses después del estallido, la Fiscalía encontró méritos para capturar a los, según ellos, "combatientes de la toma guerrillera" de Puerto Resistencia en Cali y, aún hoy, no ha podido demostrar la validez de sus acusaciones?

¿Cuál es el argumento jurídico para que la Fiscalía, que no ha podido probar nada, con total desfachatez, pida en reiteradas audiencias, prórrogas de un año más? … ¿Para seguir acopiando pruebas de sus acusaciones a muchos jóvenes presos, las que no ha encontrado hasta ahora y, que no encontrará, si actúa en derecho?"

Les invitamos a estar atentos a la publicación de la 2a parte del hilo del Representante tejada en el que reitera sus denuncias...