LA EXCARCELACION DE LOS JOVENES DEL ESTALLIDO SOCIAL. 1ª PARTE

Teniendo en cuenta la controversia que han suscitado los medios de comunicación afines a la derecha colombiana, en torno a la propuesta de excarcelación y juicio justo a los jóvenes que participaron en las jornadas de protesta nacional y contando con la anuencia del Representante a la Cámara del Pacto Histórico por el departamento del Valle del Cauca, JOSE ALBERTO TEJADA; La Conversa de Fin de Semana comparte con sus lectores, la PRIMERA PARTE de la recopilación de  trinos (hilo) del representante Tejada, en las que explica a la comunidad las razones para esta propuesta.

En la imagen: José Alberto Tejada haciendo cubrimiento jornada de protestas en Cali. Tomada de Las2orillas.co

Por: JOSE ALBERTO TEJADA. (Representante a la Cámara del Pacto Histórico del Valle del Cauca) 

“Les comparto la PRIMERA PARTE de 2 hilos que realizaré sobre la necesidad de EXCARCELAR a los JOVENES DETENIDOS por participar del ESTALLIDO SOCIAL.

¡Atentos! Cada vez que la ley invade y vulnera injustamente los derechos humanos, los ciudadanos tienen el derecho de exigirlos, y se justifica la DESOBEDIENCIA CIVIL, al ampararse en el ejercicio de tres derechos fundamentales reconocidos en la generalidad de constituciones: libertad de conciencia, libertad de expresión y participación política.

El ciudadano que practica la desobediencia civil ejerce su libertad de expresión al buscar transmitir un mensaje de denuncia contra la ley injusta. Ejerce su libertad de conciencia, pues la ley choca contra sus principios éticos más elementales y siente la necesidad moral de combatirla, ya que permanecer quieto ante la injusticia es incompatible con su conciencia.

La desobediencia civil se ampara en la participación política, pues al ejercerla se busca participar en los asuntos públicos mejorando la realidad social.

Con estos apartes introductorios insisto en la importancia de generar las condiciones jurídicas, políticas y sociales que permitan la excarcelación de la mayoría de jóvenes apresados a consecuencia del estallido social del 2021.

La muchachada rebelde, mayoritariamente, hizo una protesta beligerante, sí, pero no criminal. Desafiante, sí, pero no agresora. No desconozco que seguramente alguna minoría de entre los protestantes, pudieron extralimitar su protesta social y su desobediencia civil, pero, no por ello, esta tesis le da derecho al acusador -la Fiscalía- y al juzgador -el Juez- a presumir que todas las personas participantes en el estallido son criminales a condenar.

Estoy en condiciones de dar testimonio excepcional de las muchas, muchísimas agresiones abusivas y extralimitadas, por parte de la fuerza pública contra los manifestantes. No lo cuento de oídas, lo tengo documentado en primera persona. Solo en Cali fueron asesinados 48 muchachos y muchachas por atreverse a ser los comuneros del siglo 21.

En el Valle fueron 63 los asesinados. Sin contar los desaparecidos y los mutilados. ¿Quiénes los asesinaron? ¿¡Quiénes los desaparecieron y los mutilaron? La Fuerza pública y particulares que se mostraron con todas sus ínfulas como los nuevos paramilitares urbanos. Ninguno murió de infarto o de cansancio.

¿Cuántos policiales fueron asesinados? Si fuera cierto que el estallido social fue una toma guerrillera como muchos "buenos ciudadanos" lo afirman, ¿Por qué no hubo muertos en combate de parte de la fuerza pública? En Cali solo se tiene el caso de un policía y no se ha podido probar hasta hoy, 18 meses después, que fue la muchachada.

¿Cuál es el argumento jurídico para que la Fiscalía, 

que no ha podido probar nada, 

con total desfachatez, pida en reiteradas audiencias, 

prórrogas de un año más? 

En cambio, sí, casi desde el primer día que se conoció el hecho, están encarcelados 13 jóvenes de uno de los puntos de resistencia, sin fórmula de juicio. Sin respeto al debido proceso. Sin el más mínimo respeto a sus garantías constitucionales.

¿Qué tipo de combate tuvimos entonces? ¿El de Picapiedra contra Terminator? Ese fue el que presenciamos, además con sevicia y cinismo de parte de los policiales.

Resultó entonces que la toma guerrillera fue de guerrilleros torpes, sin extremidades, sin capacidad de defensa, pues 48 contra 1, no parece resultado de un combate. Es el resultado de una masacre, hasta hoy impune.

Así como en Cali, ocurrieron hechos graves en varias ciudades del país y hoy tenemos más de 300 jóvenes encarcelados sin fórmula de juicio, jóvenes que bien pudieron haber sido asesinados y hoy pretendemos invisibilizarlos.

Dura es la ley, pero es la ley, invocan los acusadores de oficio. A ellos les pregunto ¿La ley aplica para policiales convertidos en asesinos o, no? Si de lo que se trata es de justicia, parece que la balanza tiene piedras en un lado, y en el otro, balas invisibles y sin peso.

Si hablamos del respeto a la ley y a la ortodoxia jurídica, ¿Por qué un civil armado como Andrés Escobar, quien, si tiene llamado a imputación de cargos, sigue libre y alardeando de su poder intimidatorio? ¿Cuál ley le aplicamos al personaje?

Si tan criminales son, muchos de los muchachos y muchachas sobrevivientes de la masacre del 2021, ¿Por qué razón apenas en junio del 2022, 14 meses después del estallido, la Fiscalía encontró méritos para capturar a los, según ellos, "combatientes de la toma guerrillera" de Puerto Resistencia en Cali y, aún hoy, no ha podido demostrar la validez de sus acusaciones?

¿Cuál es el argumento jurídico para que la Fiscalía, que no ha podido probar nada, con total desfachatez, pida en reiteradas audiencias, prórrogas de un año más? … ¿Para seguir acopiando pruebas de sus acusaciones a muchos jóvenes presos, las que no ha encontrado hasta ahora y, que no encontrará, si actúa en derecho?"

Les invitamos a estar atentos a la publicación de la 2a parte del hilo del Representante tejada en el que reitera sus denuncias...