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| Imagen tomada de: tributi.com |
Por: Carlos Julio Medina Triana
Pensionado de Telecom - Miembro de Nuestra Memoria Colectiva
En primer lugar, quiero que comprendamos, ante todo, el
espacio en el que nos estamos moviendo los pensionados.
Por un lado, de acuerdo a la información disponible,
actualmente hay reportados como pensionados, alrededor de 2.350.808 de
colombianos, mientras que los adultos mayores, es decir, personas de 60 años o
más en el país, estarían por el orden de 6.808.641.
De otro lado, según los resultados de las encuestas de
opinión, publicadas durante la campaña presidencial, está población, es decir
las personas de 60 años o más, incluidos los mismos pensionados; en su mayoría
no apostaban por el triunfo de Gustavo Petro.
Ahora bien, luego del triunfo electoral del actual
presidente de Colombia, es necesario que empecemos a observar con detalle, lo
afirmado por el actual gobierno; que propone que pagarán impuesto todos aquellos
que tengan ingresos brutos mayores a 10 millones de pesos. En el escenario así
planteado, para la discusión debemos considerar dos aspectos fundamentales.
Desde hace mucho tiempo hemos librado una fuerte lucha para
obtener un equilibrio social, basados en que, durante la existencia de nuestra
República, más de doscientos años, la oligarquía, de la mano de los
gobernantes, han construido un marco socio-jurídico, en todos los órdenes, que
los cubre de privilegios y que alimenta las diferencias sociales. Estos
privilegios han sido convertidos, artificialmente, en parte nuestra cultura, pero,
sobre todo, en una parte fundamental de las leyes que nos rigen.
Estos beneficios, elevados a la categoría de leyes de la
República, han permitido que estos funcionarios, todos con altos salarios, que incluso
sobrepasan la ley, obtengan mesadas pensiónales altas, beneficio que comparten
con gerentes y funcionarios de alto rango de la empresa privada, la banca y la
industria; mientras que la tabla salarial de los demás trabajadores colombianos,
sean estos profesionales o no, difícilmente superan los 10 SMLV (Salarios Mínimos
Legales Vigentes).
Estas situaciones nos han llevado a proponer el desmonte de
todo este tipo de privilegios, entre los que se encuentran, los exuberantes
beneficios para los congresistas y los altos funcionarios del estado, así como
el vacío legal y jurídico existente en las normas laborales y asistenciales,
que permite estas anomalías contrarias a la obligación del estado, de proteger
a los ciudadanos más vulnerables.
Ir en contra de la propuesta del gobierno de gravar las pensiones superiores a los 10 millones de pesos, es hacer defensa de la injusticia laboral y pensional que queremos acabar.
Así las cosas, al ir en contra de la propuesta del gobierno
de gravar las pensiones superiores a los 10 millones de pesos; como se planteó
en pasadas oportunidades, entramos en una enorme contradicción con nuestros
principios de equidad y, paradójicamente, entramos a hacer la defensa de la
injusticia laboral y pensional que queremos acabar.
Regresando a las cifras disponibles; si sacáramos la
diferencia entre las personas mayores de 65 años, que ya deberían tener pensión
en Colombia y quienes si la tenemos, suponiendo que todos somos mayores de 60
años, veríamos qué hay 4.457.833 colombianos adultos mayores que deberían tener
pensión y hoy no la tienen. Esta diferencia, seguramente, corresponde a los 5
millones de adultos mayores a quienes el actual gobierno propone pensionar con
medio salario mínimo. Nuestra discusión debe enfocarse en obtener la pensión digna
para todo el que tenga derecho a ella, fijando un valor tope a cargo del estado,
que podría ser del orden de los 10 SMLV y lo que pase de allí debería ser con
cargo al sector privado.
En este orden de ideas, no podemos limitar la función
legislativa del actual gobierno, pretendiendo sustentar la existencia de
normas, distintas a las constitucionales, pues esto limitaría la autonomía de
los legisladores y la discusión planteada frente a la defensa del privilegio de
exonerar las pensiones de gravamen fiscal, terminaría dándole la razón a algunos
congresistas para no reducir sus privilegios.
Al desenfocar la discusión de la histórica lucha por un
sistema pensional realmente equitativo, pero sobre todo digno, lo que se
terminaría planteando sería: quitar los privilegios de ellos, pero mantener los
de algunos pensionados, exactamente del 0,31% de los 6.808.641 colombianos que
deberían tener pensión, o del 0,89% de los 2.350.808 actuales pensionados.
Esta particular postura de oposición a la propuesta de
gravar las pensiones más elevadas, con el propósito de brindar la posibilidad
de acceso a este derecho a un gran número de colombianos que no la tienen, revela
otra cara de la misma contradicción, de la que seguro saldrán ganadores
aquellos que no apoyaron el triunfo del pacto histórico.
Por tal motivo propongo que los pensionados debemos aceptar
el gravamen propuesto por el actual gobierno, sobre la base de ingresos brutos
mayores a los 10 SMLV.
