La CEO de Sarmiento Angulo: un calvario para el Cauca

Imagen tomada de: periodicovirtual.com

 Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

El acceso a la energía no puede seguir siendo visto como un negocio más, sujeto a las leyes del mercado y al afán de lucro de unos pocos. Se trata de un derecho fundamental, y como tal, debe ser garantizado por el Estado

En el departamento del Cauca, la paciencia de las comunidades parece estar llegando a su límite y la Compañía Energética de Occidente (CEO) se ha encargado de llevarla a ese peligroso escenario. Esta empresa, que hace parte del gigantesco conglomerado económico de Luis Carlos Sarmiento Angulo (el banquero más poderoso de Colombia y uno de los hombres más ricos de Latinoamérica) opera en la región bajo una lógica empresarial que privilegia exclusivamente la ganancia económica, sin importarle vulnerar derechos fundamentales y la dignidad de los usuarios.

La histórica actuación de la CEO en el Cauca es la constatación de lo nocivo que puede ser un modelo de negocio que encaja perfectamente en la crítica más elemental al capitalismo salvaje: maximizar utilidades a cualquier costo, incluso a costa de la calidad del servicio, el trato digno al cliente y el mandato constitucional que define los servicios públicos como inherentes a la finalidad social del Estado. Desde que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez le entregó a Sarmiento Angulo la concesión para la distribución de energía en amplias zonas del Cauca, los habitantes de este territorio han soportado el viacrucis de tarifas abusivas, cortes injustificados, facturación arbitraria y una atención al usuario que oscila entre la indolencia y la humillación.

El poder de mercado que ostenta la CEO, al operar en condiciones de monopolio de facto, le ha permitido imponer no solo su pésima calidad en la prestación del servicio, sino también cláusulas contractuales leoninas y cobros que lesionan gravemente el bolsillo de familias que, en muchos casos, apenas logran sobrevivir con economías de subsistencia. Lo más grave de todo es que esta actuación cuenta con la complicidad silenciosa de entidades que deberían velar por los derechos de los ciudadanos. La Superintendencia de Servicios Públicos, lejos de ejercer su rol de garante, ha sido un actor recurrente en esta cadena de injusticias, parcializando sistemáticamente sus decisiones en favor de los intereses corporativos de la CEO y desestimando, una y otra vez, los reclamos de comunidades enteras que han visto vulnerados sus derechos.

Pero lo que resulta más indignante, y quizá más peligroso para la estabilidad social de la región, es la casi patética inacción de quienes tienen la responsabilidad política y administrativa de liderar la defensa de los caucanos. Gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y representantes a la Cámara han sido, durante años, espectadores de lujo de este saqueo silencioso. Las comunidades no entienden cómo es posible que aquellos que en época electoral recorren las plazas y veredas pidiendo el voto, no hayan sido capaces de articular una estrategia seria, unificada y contundente para enfrentar a esta empresa. Mientras la CEO sigue llenando las arcas del conglomerado de Sarmiento Angulo con el dinero producto de las altas tarifas que pagan familias caucanas, la dirigencia política local se ha dedicado, en el mejor de los casos, a emitir tímidos comunicados de prensa, o en el peor, a guardar un silencio cómplice que ya resulta insostenible.

Esta acumulación de descontento popular, alimentada por años de abusos y por la indiferencia de los poderes públicos, ya han mostrado algunas señales de alarma, materializadas en tímidas acciones de hecho en distintos puntos del departamento, con comunidades que han salido a decir "basta ya". Estas primeras movilizaciones no son otra cosa que la manifestación desesperada de un pueblo que ya ha agotado todas las instancias administrativas y judiciales, que ha visto cómo la Superintendencia les da la espalda, cómo sus alcaldes se lavan las manos y cómo el Congreso de la República (en gran parte dominado por las mismas fuerzas políticas que beneficiaron a Sarmiento Angulo) se hace el de la vista gorda.

Lo que está ocurriendo en el Cauca con la CEO demuestra, una vez más, el rotundo fracaso del modelo de privatización de los servicios públicos esenciales, impulsado con entusiasmo por los gobiernos del uribismo y defendido a capa y espada por los sectores más conservadores de este país. Le entregaron a un banquero, uno de los hombres más ricos de Latinoamérica, la concesión de un servicio público en una de las regiones más empobrecidas y golpeadas por la violencia y el resultado no podía ser otro: extracción de utilidades, desmejoramiento del servicio y abandono estatal.

Si algo nos enseña esta triste historia es que el acceso a la energía no puede seguir siendo visto como un negocio más, sujeto a las leyes del mercado y al afán de lucro de unos pocos. Se trata de un derecho fundamental, y como tal, debe ser garantizado por el Estado con calidad, equidad y dignidad. Mientras tanto, en el Cauca, la paciencia se agota y la indignación crece. Los líderes políticos harían bien en escuchar este clamor antes de que sea demasiado tarde, porque el descontento acumulado, cuando no encuentra cauces institucionales para expresarse, termina por estallar. Y cuando eso ocurra, no habrá comunicado de prensa ni foto electoral que alcance para contener la furia de un pueblo que solo pide lo que la Constitución promete: un trato digno y un servicio público a la altura de sus necesidades.

Votos de Petro, fraude y desidia del progresismo

En la imagen: Hernán Riaño / Periodista - Director de SoNoticias

 Por Hernán Riaño

“Es cierto que en la costa se compran votos. Qué vamos a hacer, es un hecho. Si el elector no recibe un aliño, no vota. Eso es tradicional en todos los departamentos de la costa y se ha extendido ese mecanismo electoral a todo el país” (Roberto Gerlein-exsenador/ exministro Conservador)

Después de transcurridos unos días de haberse realizado las elecciones parlamentarias junto con las consultas presidenciales, lo que se sospechaba a gritos se convirtió en una tragedia para la democracia colombiana.  La ultraderecha dejó claro que, como siempre, utilizó la combinación de todas las formas (de lucha) de fraude electoral para intentar evitar el avance del progresismo. Desde la «clásica y tradicional» compra vulgar de votos, pasando por la venta de paquetes de “sufragantes” por parte de un (¿o varios?) registrador(es), la presión al elector, las amenazas, el uso de un software programado, supuestamente, para alterar resultados, hasta la sofisticada empresa electoral que consiste en instalar jurados falsos (supuestamente vinculados a la registraduría), que ya tienen ganadores premeditados en las mesas de las que se apropian. 

Todo esto en un complot en el que concurren, supuestamente (siempre hay que decirlo), funcionarios o calanchines del CNE, la Registraduría, empresas privadas dedicadas a estas oscuras actividades y que han alterado los resultados electorales por años sin que la justicia haya investigado y condenado, uno de los delitos más graves; bien lo decía Roberto Gerlein con un cinismo descarado, refiriéndose a la compra d votos en Barranquilla: “Es cierto que en la costa se compran votos. Qué vamos a hacer, es un hecho. Si el elector no recibe un aliño, no vota. Eso es tradicional en todos los departamentos de la costa y se ha extendido ese mecanismo electoral a todo el país” (1), para tratar de demostrar que  ese delito era algo «normal» y no había nada que hacer y mucho menos debería perseguirse y castigarse. De hecho, su hermano Julio fue mencionado en este tipo de actividades junto con el clan Char y la utilización de Aida Merlano para lograr el triunfo de sus candidatos desde una sede conocida como la “casa blanca”. ¡Gerlein fue absuelto y Merlano condenada! (2) 

Bien lo había advertido el señor presidente desde el año 2.018, refiriéndose a los diferentes tipos de engaño para lograr unos delictuosos resultados en favor de la ultraderecha, pero con más fuerza con respecto al software de cómputo de votos, que es de una empresa privada, violando la sentencia del Consejo de Estado, que

obligaba a la entidad a adquirir uno propio para impedir el fraude y el manejo inadecuado de los datos de los colombianos por parte de extraños. El fallo demostró un fraude descarado en contra del partido MIRA en el 2.014 (3). 

El artículo décimo tercero del referido laudo dice: 

DÉCIMO TERCERO. - Conminar a la Organización Electoral para que adquiera el software requerido de escrutinios desde y para el Estado, es decir, que sea propio de dicha organización, y que permita una completa trazabilidad del escrutinio de mesa hasta la declaratoria de la elección, además realice los trámites para designar el personal idóneo para la prestación del servicio de soporte técnico especializado que se requiera, para la vigilancia y control del aplicativo a utilizar. 

Hoy estamos ante una realidad que nos quieren imponer los partidos de la ultraderecha junto con los medios de comunicación de propiedad de los grandes empresarios muy comprometidos en impedir que el cambio continúe con un segundo gobierno progresista. Una realidad que ha hecho que el señor presidente denuncie un fraude desde su única tribuna, la red social X, y que por una demanda del señor Ramiro Bejarano, le quiere poner una mordaza y censurarlo para que no siga con las acusaciones de fraude a la registraduría y los partidos políticos que la manejan (4). Aquí hay que aclarar que todos los medios televisivos, radiales (comerciales y comunitarios con licencia, ¿habrá alguna excepción?), periódicos y revistas y medios digitales creados por la ultraderecha, desde tempranas horas de la mañana hasta casi la media noche, atacan inmisericordemente al señor presidente y su gobierno, con mentiras, calumnia y falsedades, el único medio realmente imparcial es RTVC, al que también quieren censurar. 

En este complot también se han unido la procuraduría diciendo que todo es legal, empresarios de firmas encuestadoras, el registrador, y en general todo el poder que tiene secuestrado al Estado, todos afirmando al unísono que el fraude «no existe» negando la cantidad de pruebas que demuestran lo contrario.

Cabe destacar el papel casi nulo que hasta el momento ha mostrado la fiscalía, con un silencio tal que inquieta; por lo menos es la impresión de muchos ciudadanos que, ante las denuncias, ven como muy preocupante, la aparente inactividad del ente investigador que debiera, y es mi opinión de ciudadano, estar volcada en los puestos de escrutinio para evitar el fraude cantado y mostrado por los testigos electorales y los abogados que están allí. ¿Por qué ante tantas evidencias no actúa? Son centenares de denuncias en redes sociales, con videos, fotografías, audios y varios tipos de manifestaciones en la que muestran la verdadera dimensión de lo ocurrido, muchos de estos hechos ocurridos en flagrancia, pero perece que eso no le importa a la fiscal general de la nación que se ha caracterizado por su falta de comunicación con el país y su silencio permanente ante los graves hechos de violencia, corrupción y ahora de fraude que sacuden al país.

Es tan grave la cosa que en las últimas horas se filtró un audio en las redes en la que el senador, jefe de la banda antirreformas, como él mismo se denominó, Efraín Cepeda, supuestamente. “da órdenes a una persona, para quitarle 25 mil votos al Pacto Histórico y distribuirlos en los candidatos conservadores en la costa atlántica” (5). A eso han llegado, al descaro total. El interlocutor dice que va a hablar con los “registradores de confianza” y Efraín Cepeda que le enviará recursos “importantes” y dictamina la estrategia. ¿A quién le da la orden? ¿Qué tipo de funcionario o calanchín es? ¿Por qué tiene tanto poder? ¿Esto prueba la existencia de una registraduría paralela que vende resultados? ¿Cuáles son los registradores de confianza? (6). Estas son preguntas que deben resolver el registrador, el procurador y la fiscal. Obviamente el senador de marras negó todo, pero al parecer, este audio ya fue enviado a las autoridades para que confirmen su veracidad y las acciones a seguir. 

Como podemos darnos cuenta, el plan lo tenían muy bien estructurado y con las personas “clave” en cada sitio que ellos requerían. Sin embargo, fue el señor presidente que, con sus anuncios de fraude, su solicitud de testigos electorales y de abogados para que defendieran los resultados, como se ha logrado demostrar esta situación aberrante muy grave para la democracia. Todo el país se ha dado cuenta de la calaña de funcionarios que tienen nuestras instituciones, y que además ganan sueldos inmensos, pagados con nuestros impuestos, pero que solo les sirven a sus patrones.

Contrasta este accionar ruin y atrabiliario de la oligarquía, con el de una mayoría del pueblo colombiano que ha madurado tanto, que ya no reacciona violentamente, sino que lo hace por los canales democráticos; en este caso, ese pueblo consciente, se volcó a las urnas, en primera instancia, para intentar lograr un congreso de mayorías absolutas que permita al nuevo presidente tener gobernabilidad, y luego ante el evidente fraude, sin reparos se fue a proteger el voto y a colaborar con nuestra democracia, ante el atentado de las derechas y las mafias. 

Mientras el pueblo hace lo que le corresponde, apoyar al gobierno del cambio, muchos dirigentes progresistas se dedicaron a celebrar un triunfo “arrollador” con los datos del preconteo ilegal, como lo ha calificado Gustavo Petro, y que, para esos primeros días, resultaban 25 senadores y 39 representantes, lo que hacía que el progresismo quedara en las mismas condiciones que en el cuatrenio que termina. En el año 2.022 se eligieron 20 senadores más los 5 de comunes que generalmente votaban con el Pacto y 27 representantes, lo que hizo muy difícil y en la mayoría de los casos imposible aprobar las reformas propuestas por Petro. La meta era y sigue siendo, 52 senadores y 87 representantes para evitar los sabotajes de la derecha. Con el número que muy posiblemente se llegue a lograr, siendo optimista, de pronto 30 senadores y estar mas cerca de los 50 representantes, la labor legislativa podría ser un poquito más fácil, contando con parlamentarios de partidos que pudieran comulgar con las ideas progresistas y apoyar los cambios que requiere la sociedad colombiana, pero muy lejos de ser un “triunfo arrollador”. La realidad es tozuda, con estas elecciones se confirmó que los votos son de Petro, el fraude es una realidad, lo mismo que la desidia de muchos líderes, candidatos electos y de muchos parlamentarios que terminan su periodo todos ellos del progresismo, porque por esa falta de entrega no se pudo lograr la tan anhelada mayoría decisoria.  

¿De qué sirve ser la primera fuerza política en el país si no es la decisoria? ¿O es que los lideres del progresismo no aprendieron nada de nada en estos 4 años? 

El mensaje de las derechas con estos intentos y muy posibles fraudes que logren “coronar” es claro: “pueblo: ustedes no pueden gobernar, no pueden administrar a Colombia, ustedes no son nada ni nadie, son la “indiamenta” y por eso haremos hasta lo imposible, con las armas que sean necesarias para que no vuelvan”.

¿O es que no lo hemos entendido? 

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

https://x.com/wilsonariasc/status/2033188169810694340?s=20

https://www.lasillavacia.com/en-vivo/julio-gerlein-fue-absuelto-en-caso-de-compra-de-votos-para-aida-merlano/  

https://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/PDF/11001-03-28-000-2014-00117-00%20(1).pdf

https://www.facebook.com/RadioNacionalDeColombia/posts/%EF%B8%8Fla-primera-demanda-ante-el-tribunal-administrativo-de-cundinamarca-fue-instaura/1368423168659629/

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https://www.facebook.com/josea59/posts/pfbid02WRA3B6EQ4b2dXXsCBZ3gNyYhWET28S68XYJVoiEKKKn6MUgRmUHkbdA3jPhrmL4Glhttps

Colombia decide su futuro voto a voto

 Por: Jhon Jaiver Flórez G. 

La primera vuelta presidencial del 31 de mayo no será solo una contienda entre candidatos: será un plebiscito sobre el rumbo del país. La pregunta de fondo es clara: ¿continuará Colombia el proceso de reformas para reducir la pobreza y la exclusión, o regresará a las lógicas de concentración de poder y miedo?

El pasado domingo Colombia despertó bajo cielos grises y lluvias dispersas, como si el clima también quisiera participar en la jornada electoral. En ciudades, pueblos y veredas, los votantes se refugiaban bajo paraguas improvisados mientras jurados, estudiantes y observadores organizaban la votación en colegios y salones comunales convertidos, por un día, en templos de la democracia.

La escena era familiar: filas, tarjetones laberínticos, ciudadanos preguntando dónde marcar y testigos electorales discutiendo con solemnidad. En Colombia cada elección es a la vez ritual democrático y prueba de resistencia institucional: se vota, se cuentan los votos, se discuten los resultados y el país sigue adelante, a veces con entusiasmo, otras con resignación.

Las elecciones legislativas y las consultas dejaron una sensación ambivalente. Se eligió un nuevo Congreso y el país avanza hacia la primera vuelta presidencial del 31 de mayo. Pero el mensaje de fondo es otro: el sistema político colombiano, después de décadas de cambios, ya no es el que era.

Para entenderlo hay que mirar atrás. Durante gran parte del siglo XX, Colombia estuvo dominada por el bipartidismo liberal-conservador. Estos partidos no solo competían por el poder: organizaban la vida política y social del país. En muchas regiones se nacía liberal o conservador con la misma naturalidad con que se nace hincha de un equipo de fútbol.

Tras la violencia partidista de mediados del siglo pasado, las élites optaron por una solución muy colombiana: compartir el poder. Así nació el Frente Nacional (1958–1974), que alternó la presidencia entre liberales y conservadores para evitar nuevas guerras civiles. El acuerdo trajo estabilidad, pero también consolidó un sistema excluyente: durante décadas la democracia funcionó como un club de dos partidos, donde quienes estaban fuera tenían escaso acceso al poder.

Ese modelo empezó a resquebrajarse con la Constitución de 1991. La nueva carta abrió el sistema a otras fuerzas y transformó formalmente el bipartidismo en un escenario pluralista. Surgieron partidos y coaliciones nuevas, pero las prácticas siguieron intactas: clientelismo, poder regional y alianzas entre élites. Cambiaron los nombres; la lógica del poder, nunca.

Mientras tanto, otra historia política avanzaba con enormes dificultades: la de la izquierda democrática. Durante décadas su presencia institucional fue marginal, no tanto por debilidad electoral como por la violencia sistemática contra sus dirigentes. En 1985 surgió la Unión Patriótica, un intento de abrir espacios de representación para sectores populares dentro de la democracia. La respuesta fue brutal: miles de militantes y dirigentes —concejales, alcaldes, diputados, congresistas e incluso candidatos presidenciales— fueron asesinados, lo que hoy se reconoce como uno de los genocidios políticos más horrendos de América Latina. No fueron crímenes aislados, sino la convergencia de múltiples poderes —actores armados ilegales, sectores políticos tradicionales, organismos del Estado, estructuras paramilitares, redes del narcotráfico y algunos intereses empresariales— que coincidieron en eliminar a una fuerza política que comenzaba a cuestionar el orden establecido.

El mensaje fue contundente: hacer política desde la izquierda costaba la vida. Durante años ese miedo debilitó a la izquierda. Sin embargo, el siglo XXI trajo cambios graduales. Nuevos movimientos alternativos empezaron a ganar espacios en la política regional; alcaldías y gobernaciones comenzaron a ser ocupados por liderazgos distintos al tradicionalismo. Fue un proceso lento pero constante, que permitió a la izquierda ampliar su base social y disputar apoyo en sectores históricamente marginados.

El punto de inflexión llegó en 2022, cuando la coalición progresista alcanzó la presidencia con Gustavo Petro. Por primera vez, la izquierda logró el poder por vía electoral. El hecho fue histórico y profundamente incómodo para quienes durante generaciones habían administrado el país a su antojo.

Las elecciones del domingo marcaron una transición en la política colombiana, con más de veinte millones de votantes (49,6 % del censo electoral), una participación dentro de los promedios históricos. Sin embargo, lo más significativo es la reconfiguración del mapa político. La derecha y el centro están cada vez más fragmentados, con múltiples candidaturas en competencia, mientras que la izquierda muestra mayor cohesión y un crecimiento sostenido. El antiguo bipartidismo ha desaparecido, dando paso a un sistema plural y polarizado, donde la dispersión predomina en la derecha y el centro, y la izquierda avanza en consolidación.

En la ultraderecha persiste un electorado significativo, como lo evidencia la Gran Consulta por Colombia, que obtuvo más de cinco millones de votos. Sin embargo, este electorado está dividido: por un lado, la derecha radical y populista, representada por Abelardo de la Espriella, con un discurso confrontacional, nacionalista y promesas de mano dura frente a las reformas progresistas; por otro, la derecha institucional vinculada a Álvaro Uribe, que busca reconstruir un liderazgo competitivo con Paloma Valencia, proyectando una moderación calculada para atraer al centro político. La derecha se debate entre intensificar o suavizar su mensaje. 

En el centro, la situación es aún más incierta. Históricamente espacio de moderación y consenso hoy funciona más como puente entre polos que como fuerza propia. Las consultas recientes evidenciaron su fragilidad: liderazgos urbanos conservan presencia, pero no logran consolidar poder decisivo.

La izquierda progresista llega a este nuevo ciclo con su base social y parlamentaria más sólida que en cualquier momento reciente, aunque aún insuficiente para asegurar las mayorías necesarias para impulsar reformas de gran alcance. El desafío es considerable: ampliar apoyos de sectores moderados sin diluir el proyecto político, en medio de un debate público atravesado por temores y manipulación mediática. 

En varias regiones se observó un fenómeno llamativo: incluso donde los candidatos progresistas eran poco conocidos o generaban reservas, las listas obtuvieron un respaldo significativo. Fue el caso del Quindío —históricamente dominado por una clase política tradicional, clientelista y corrupta—, aquí el Pacto Histórico sorprendió con una votación considerable. Algunos analistas hablan de una “ola política”: la convergencia entre el impulso del liderazgo de Gustavo Petro y la creciente visibilidad de la aspiración presidencial de Iván Cepeda. Si esa ola se convierte en una corriente nacional o se diluye en las turbulencias de la campaña presidencial, será finalmente, una decisión ciudadana. Entre lluvias, tarjetones y murmullos en los puestos de votación, la democracia colombiana sigue haciendo lo que ha aprendido a lo largo de su historia: intentar decidir su futuro… voto a voto.

La primera vuelta presidencial del 31 de mayo no será solo una contienda entre candidatos: será un plebiscito sobre el rumbo del país. La pregunta de fondo es clara: ¿continuará Colombia el proceso de reformas que busca reducir desigualdad, pobreza y exclusión, o regresará a las lógicas tradicionales de concentración de poder y miedo?

El Congreso recién elegido define el escenario de esa disputa. La base política del progresismo sugiere una posibilidad real de triunfo, pero alcanzarlo exige más que entusiasmo: demanda trabajo sostenido, presencia en todas las regiones y una ciudadanía consciente del momento histórico que enfrenta.

Porque la democracia no es un regalo; es una responsabilidad. Y en Colombia, tras décadas de violencia, exclusión y manipulación, cada voto cuenta no solo para elegir un gobernante, sino para decidir si el país seguirá avanzando hacia una sociedad más justa o volverá a repetir los errores y horrores del pasado. La historia no espera, y el futuro de Colombia depende de la decisión colectiva de quienes hoy se paran frente a una urna.

* La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

Elecciones Colombia 2026 / 1er asalto. Reflexiones de un Grinch zurdo

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com- 

El principal obstáculo para el cambio en Colombia es ganar la batalla cultural por la descolonización de la mente del ciudadano, aún atrapada en imaginarios conservaduristas y mafiosos que benefician las élites y naturalizan la exclusión.

El reciente primer asalto electoral deja una lectura agridulce para algunes sectores alternativos (o de izquierda como sabiamente se les llamaba antes). Si bien es innegable y celebrable el incremento en la votación de las fuerzas del “progresismo”, este crecimiento numérico no debe ocultar una realidad sociológica profunda y preocupante, en la que se evidencia cómo, un amplio sector de la sociedad colombiana, sigue atrapado en una narrativa de dominación impuesta hace más de dos siglos, que ha creado un poderoso imaginario colectivo en el que se asume como "natural", "debido" y "conveniente" que el destino del país continúe en manos de un reducido grupo de apellidos y familias tradicionales.

Se trata de una élite cuya riqueza, de origen muchas veces discutible y sustentada en el despojo colonial, la apropiación de lo público, el clientelismo y la explotación laboral, pretende equipararse moralmente al esfuerzo de quienes nada tienen. A pesar de que su caudal se ha forjado con el sudor de los más pobres, persiste la creencia inculcada de que son los únicos capacitados para dirigir los rumbos de la nación, perpetuando un statu quo que beneficia a unos pocos en detrimento de las mayorías.

Este avance electoral de una izquierda aún en proceso de maduración institucional y programática es, sin duda, un síntoma de cambio. Sin embargo, esta propuesta política enfrenta la titánica tarea de consolidarse como un verdadero partido que haga tránsito definitivo hacia una plataforma transformadora, capaz de disputarle el poder a los actuales engendros de la derecha. Estos, disfrazados hábilmente de "centro", no proponen otra cosa que mantener intacto un modelo de capitalismo rancio, excluyente y moralmente cuestionado a nivel global, a través del regreso a la violencia institucional como única vía para solucionar la inequidad y los problemas de Colombia.

La gran deuda, y quizá la tarea más urgente y de más largo aliento que tienen por hacer las fuerzas políticas alternativas (o de izquierda como se llamaban hace años), no está únicamente en las urnas, sino en los territorios. Se trata de la lucha cotidiana por descolonizar la mente del ciudadano del común. Una mentalidad que aún permanece enjaulada en esquemas conservaduristas, reforzados por múltiples actores: la manipulación religiosa (tanto católica como evangélica), que dicta conductas y estigmatiza la disidencia; una academia frecuentemente aferrada al modelo cuadriculado y fordista de educación, que forma para la obediencia y no para el pensamiento crítico; y la promoción de falacias como el "emprendimiento autónomo" salvador, encarnado en sistemas multinivel (Herbalife, Yanbal, DMG) o en la ilusión de riqueza fácil a través de internet.

Este coctel de adoctrinamiento ha calado hondo, inculcando la máxima de que el fin (tener plata y darse lujos) justifica los medios, sin importar su procedencia. Se refuerza así, día a día, los estragos de la contracultura narco, que encuentra su máxima expresión política en candidaturas como la de Abelardo de la Espriella o en el culto irracional a un uribismo latifundista y pendenciero, personificado en figuras como Paloma Valencia.

Finalmente, pero no menos importante; mientras la ciudadanía siga eligiendo alcaldes, gobernadores, concejales y diputados que operan en las esferas del clientelismo, la corrupción descarada y la manipulación del hambre y el desempleo, será materialmente imposible construir un modelo alternativo de sociedad. La democracia, en estos contextos, se reduce a un ritual que legitima la exclusión.

Adenda. La sombra del fraude: Resulta imperativo señalar que todo este panorama se ve agravado por el papel de la prensa tradicional de derecha, que sigue empeñada en imponer el relato de la transparencia absoluta del sistema electoral y de la gestión del actual registrador, estos medios intentan blanquear un proceso que, en los territorios, sigue mostrando grietas profundas. A lo largo y ancho del país, ciudadanos y testigos electorales continúan denunciando y aportando pruebas de un posible fraude electoral que habría beneficiado, una vez más, a sectores de la derecha tradicional y a figuras como Paloma Valencia. Tal como lo han venido advirtiendo múltiples movimientos sociales y el propio presidente de Colombia. La distancia entre el relato mediático (Blu, Caracol, RCN, Semana, El Colombiano, etc.) de limpieza electoral y las irregularidades detectadas en las mesas de votación sigue siendo un abismo que alimenta la desconfianza y la ilegitimidad del sistema.

Poder, silencio e impunidad en el Quindío *

Paisaje del Quindío. Tomado del portal Gobierno del Quindío

Por: Jhon Jaiver Flórez G.

Bajo distintas banderas de partidos tradicionales se articulan redes familiares que ejercen tutela sobre alcaldías, concejos, gobernación y asamblea, como si el voto fuera herencia y la administración pública, patrimonio privado.

 

Este 8 de marzo habrá elecciones para el Congreso. Otra vez. La democracia colombiana, incansable en su vocación ceremonial, nos convoca a una nueva fiesta cívica donde el menú ya está definido, los invitados principales repiten traje y el pueblo aporta la vajilla, el aplauso y —como siempre— la paciencia.

En el Quindío —ese corazón geográfico que late en la mitad del mapa y se promociona con aroma a café recién molido— la jornada adquiere algo de liturgia dominical y de comedia de enredos representada hasta el cansancio. Porque el Quindío es, ante todo, una paradoja con paisaje. Paso estratégico entre el sur —incluido Buenaventura, principal puerto del país sobre el Pacífico— y el centro de Colombia, dotado de tierras fértiles y diversidad climática, debería ser potencia agroalimentaria y laboratorio de desarrollo regional.

El verbo “debería” se volvió el himno extraoficial del departamento: se entona cada cuatro años, con la mano en el pecho y el presupuesto en trámite. Armenia, su capital, no es solo la postal del Paisaje Cultural Cafetero, sino la evidencia de un estancamiento que ya no puede llamarse “coyuntural”. Calles congestionadas y deterioradas, arreglos precarios y semáforos inservibles revelan una movilidad colapsada y un deterioro social visible: proliferación de personas en situación de calle, desempleo persistente y rebusque diario. Carretas, ventas ambulantes y mendicidad ocupan el espacio público con vocación de permanencia. La pobreza dejó de ser cifra, para volverse atmósfera: no solo se mide, se respira.

En ese vacío institucional prosperan el microtráfico, la drogadicción, la explotación sexual y diversas formas de delincuencia, engranajes de una economía paralela que florece donde el Estado —capturado por redes clientelares corruptas— no gobierna, sino que administra ausencias con sello y membrete.

Las vías terciarias del departamento —esas arterias prometidas para conectar al campesino con el mercado— lucen impecables en el papel, casi europeas: figuran como intervenidas, financiadas y ejecutadas en informes oficiales acompañados de actas, rendiciones de cuentas y soportes presupuestales. Sin embargo, en el terreno apenas subsisten arreglos fragmentarios, maquillajes por tramos suficientes para la fotografía inaugural, el corte de cinta y la legalización del gasto. Cuando alguna carretera se conserva en condiciones óptimas, suele coincidir —con llamativa precisión geográfica— con la ruta que conduce a la finca de algún dirigente político o aliado. El resto se diluye entre una trazabilidad impecable en hojas de cálculo y una precariedad evidente en el barro. El asfalto, como la esperanza, se distribuye por cuotas: un parche en temporada electoral, polvo en verano y lodazal con las lluvias. Más que descuido, parece un patrón deliberado de administración de la precariedad.

Cada ciclo electoral trae su procesión de contratistas —muchos atrapados en la urgencia de subsistir— convertidos en promotores circunstanciales de candidatos: chalecos estampados, altavoces que saturan el aire y volantes que terminan rodando por las calles como hojarasca cívica. La contaminación no es solo auditiva y visual; también es discursiva. Con solemnidad reciclada se promete, otra vez, que ahora sí. La liturgia se ejecuta con precisión mecánica —discurso difuso, aplauso estratégico, selfie obligada— como si el libreto estuviera blindado contra cualquier rendición de cuentas.

Pero el problema no es únicamente económico; es estructural. En el Quindío —como en el país— la corrupción dejó de escandalizar para integrarse al paisaje moral. Al corrupto no siempre se le condena: se le admira como “un duro” o “un avispado”. Se le absuelve con una ética transaccional: “si robó, pero hizo”; “si saqueó el erario, pero pavimentó la cuadra”; “si se enriqueció, pero da empleo temporal”. La pregunta dejó de ser cuánto se pierde colectivamente para convertirse en cuánto alcanza a tocarle a cada quien.

En este teatro nauseabundo, los clanes políticos —o mejor, politiqueros— son protagonistas. Simulan antagonismo, pero comparten métodos y lógicas. Se disputan espacios de poder, no precisamente por ideas programáticas. Bajo distintas banderas de partidos tradicionales se articulan redes familiares que ejercen tutela sobre alcaldías, concejos, gobernación y asamblea, como si el voto fuera herencia y la administración pública, patrimonio privado. La ideología funciona como utilería; lo sustantivo es la sucesión.

A ello se suman señalamientos de extrema gravedad que, aunque rara vez se formulan de manera abierta, proyectan una sombra persistente sobre la vida pública del departamento: durante más de una década se han registrado episodios violentos —asesinatos— que comparten coincidencias inquietantes y cuyo esclarecimiento integral aún está pendiente. Las investigaciones, cuando avanzan, lo hacen de forma parcial y fragmentada, sin disipar la percepción de que la verdad permanece oculta mientras la impunidad parece normalizarse.

En este contexto, el departamento continúa atrapado en estructuras clientelares que erosionan la confianza ciudadana, lo que hace indispensable la intervención decidida de las más altas instancias de la justicia nacional para garantizar la verdad y restablecer la autoridad moral del Estado.

La Alcaldía y la Gobernación terminan funcionando como engranajes de una misma maquinaria atravesada por la improvisación, la hipertrofia burocrática, el clientelismo y la corrupción. Más que instituciones orientadas por proyectos de largo plazo, operan como plataformas de lealtades cruzadas. Hay concejales que se declaran opositores en el ámbito municipal mientras sellan alianzas en la Gobernación; diputados que ejercen crítica severa en el departamento, pero mantienen cercanía estratégica con la Alcaldía: oposición aquí y cohonestación allá. No se trata de un debate ideológico, sino de una aritmética de conveniencias. En ese juego, el control político se desdibuja y la frontera entre fiscalización legítima y complicidad interesada se vuelve peligrosamente tenue. La alternancia, entonces, es apenas un cambio de apellido en la puerta.

Durante décadas, el departamento ha transitado un letargo que ya no puede atribuirse solo al centralismo bogotano, sino a la captura sistemática de lo público por intereses privados. La academia lo llama patrimonialismo; el ciudadano lo resume mejor: los mismos con las mismas. El campo quindiano, que podría ser despensa nacional, sobrevive entre infraestructura deficiente y crédito escaso. Se apuesta al turismo —porque el paisaje vende—, pero ningún territorio se sostiene únicamente de postales, cafés especiales y fines de semana largos. La economía del aplauso no reemplaza la producción diversificada y sostenible.

Armenia compite en rankings menos turísticos: indigencia persistente, informalidad como forma de supervivencia, juventudes atrapadas entre desempleo y dinero ilegal. Y, sin embargo, en cada campaña reaparece el render del megaproyecto y la promesa de despegue inminente. El progreso siempre parece estar a una elección de distancia.

Este 8 de marzo no es solo una fecha electoral; es un espejo. La pregunta no es únicamente quién ocupará una curul, sino qué ciudadanía seguirá legitimando —con su voto, su abstención o su indiferencia— un modelo eficaz para perpetuarse e insuficiente para transformar. Los clanes no se reproducen solos: necesitan una cultura política que confunda estabilidad con estancamiento y corrupción con fatalidad.

El Quindío, con su riqueza natural y su ubicación estratégica, podría ser ejemplo. Ha sido administrado, en cambio, como finca con escritura privada: un corazón geográfico con arritmia ética.

Este domingo se abrirán las urnas, se contarán los votos y se celebrará la democracia con cifras oficiales y declaraciones optimistas. Al día siguiente, el paisaje seguirá siendo hermoso, las montañas continuarán verdes y el letargo —disciplinado, resiliente, casi profesional— aguardará, paciente, su próxima reelección.

*La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

Y llegaron las elecciones, casi nada de propuestas y mucha corrupción *

Hernán Riaño / Periodista - Dir. SoNoticias

 Por: Hernán Riaño

Alcaldes, gobernadores y candidatos de la derecha han sido denunciados por el uso indebido de los auxilios que está dando el gobierno nacional para decir que son ellos quienes los dan y conquistar así a los electores.

La jornada electoral de 2.026 se inició en 2.025 con la consulta del Pacto Histórico en el que eligieron a Iván Cepeda como candidato a la presidencia y a Carolina Corcho como cabeza de lista al senado de la república. El tercero en discordia, Daniel quintero, renunció a esa competencia, anunciando que era una trampa del CNE, como en realidad sucedió y que participaría en la interpartidista del próximo 8 de marzo (1). 

Después de esa campaña, los seleccionados por el voto popular a las listas de congreso se sumieron en una modorra, en una resaca postelectoral en la que todos, pareciera, se hubieran ganado el cielo y que iban a ser, muy seguramente, según ellos, senadores o representantes solo con el capital electoral de nuestro señor presidente Gustavo Petro. Valga aclarar que es tan grande la popularidad de nuestro mandatario que según las últimas encuestas y después de tres años y medio de gobierno, con todas las trabas y trampas puestas por la derecha, supera el 50% de favorabilidad, y eso que las firmas encuestadoras no van a preguntarle a los campesinos, indígenas y negros directamente a sus regiones; de hacerlo, la sorpresa sería mayúscula.

Ellos volvieron a “trabajar” el 12 de enero, habiéndose perdido un tiempo precioso, que sí aprovechó la derecha para hacer sus trampas acostumbradas y tratar de bloquear las candidaturas de Iván Cepeda a la presidencia y las listas al senado y a la cámara. Algunos de esos obstáculos los pudo superar el partido, pero en otros casos aún a muy pocos días de realizarse las elecciones, la espada de Damocles pende sobre la lista al senado (aún no pude encontrar decisión definitiva) y por observaciones de personas estudiosas y acuciosas, se podría estar cocinado un impedimento a Cepeda para que fuera el candidato del Pacto histórico. Siguen “craneando” formas ilegales de sacar del camino al partido mayoritario de Colombia.

Entremos directo a lo que ha sido la campaña en sí. Por el lado del progresismo hay dos sectores, el del Pacto Histórico y el del Frente por la Vida. El primero tiene listas cerradas cremallera y el segundo, abierta preferente. Infortunadamente en Colombia, los sectores que se dicen cercanos al pueblo no han entendido lo de la lista cerrada cremallera. El fundamento de tener una lista de este tipo, además de lograr el máximo de curules posibles, es que tanto los candidatos como los votantes entiendan que lo importante no son tanto las personas como sí, el programa del partido, que en este caso es el programa de Gustavo Petro, como base. Las condiciones especiales de estos comicios han hecho que esos candidatos no hayan hecho campaña difundiendo y haciendo conocer el programa de gobierno y ni siquiera se hayan mostrado ante el electorado colombiano. Además, las luchas intestinas por querer ser el más popular o quedar en el mejor puesto estuvieron a la orden del día. En el sector del frente por la vida, cada candidato está haciendo su campaña, muchos sin experiencia por ser la primera vez que abordan estas luchas, pero haciendo propuestas de seguir implementado el programa del primer gobierno de izquierda. En ambos sectores, la falta de capital para la financiación de sus campañas ha sido evidente, contrastando con los miles de millones que ha gastado la ultraderecha.

Como es costumbre centenaria, las derechas de este país, hacían sus quehaceres electorales con mentiras, calumnias, falsedades y otras malas artes, también han usado la corrupción al elector, como la compra de votos, el clientelismo o las promesas que no cumplen. Ese ha sido su modus operandi y hasta las elecciones regionales les dio resultado, de hecho, los alcaldes de casi todas las ciudades de Colombia están gobernadas por personas que representan este nauseabundo sector político, así como la mayoría de los gobernadores. Como a estos ultraderechistas solo les interesa seguir depredando los recursos del Estado, no tienen propuestas, que hoy, gracias a lo que se ha conocido y al gobierno del cambio, el pueblo ya no les copia, solo algunos cómplices ignorantes aún son el soporte para llegar a las altas corporaciones. 

Están utilizando todas sus armas, con su mayor potencial, para tratar de llegar y de paso desacreditar a Gustavo Petro y a Iván Cepeda. Han desplegado una campaña de compra de votos como nunca antes se había visto, con unas cotizaciones del sufragio, que, según rumores e informaciones no oficiales, en algunos casos podría llegar al medio millón de pesos. Pero eso no es todo, lo más ruin es aprovecharse de las desgracias de los pobres para tratar de conseguir votos; es así como en los municipios donde el río Sinú afectó a los ciudadanos y la escasez se ha hecho latente, hacen proselitismo electoral con las ayudas estatales (2). O si no, se roban el agua de los hidrantes de los acueductos y se las llevan a los ciudadanos que carecen del líquido, también para exigirles el voto a cambio (3), pero lo más descarado es que están usando las políticas y auxilios que está dando el gobierno para decir que son ellos quienes las dan y conquistar así a los electores.  Alcaldes, gobernadores y candidatos de la ultraderecha han sido denunciados por el uso indebido de estas prácticas, hasta el señor presidente lo ha hecho. 

El “todo vale” parece ser la estrategia de estos personajes que tanto mal le han hecho al país y sus gentes, en esta contienda electoral para derrotar al progresismo y evitar que continúe el proyecto. En los últimos días las incautaciones de dinero para, supuestamente, usarlos en la compra de votos suman más de mil millones de pesos y esta cifra puede subir, ya que el día de las elecciones es cuando más se ve este fenómeno con muchos involucrados en todo el país. 

Han hecho un despliegue de mentiras y falacias en las que quieren imponer una narrativa de que todos los problemas del país nacieron con Petro, pero “prometen” que ellos los van a soluciona.  Tamaña mentira, llevan más de 200 años de espoliación del pueblo y ahora, estos descarados, quieren que el pueblo crea que la ultraderecha son un grupo de ángeles caídos del cielo que vienen a reparar los mismos problemas que causaron. 

La campaña de la oposición, tanto para consultas como para congreso se ha basado solo en hablar mal del presidente y del candidato Iván Cepeda, no pierden adjetivos denigrantes de todo tipo para referirse a ambos, al presidente que deja el cargo y al candidato que muy seguramente, según las encuestas y las manifestaciones, será el segundo presidente progresista de Colombia. Contra Cepeda están usando el mismo libreto que utilizaron en los años 2.018 y 2.022, calificándolo de guerrillero, castrochavista, candidato de la guerrilla comunista o socialista, demostrando una falta de creatividad, inteligencia y su verdadera estupidez. Mientras que las propuestas brillan por su ausencia, ¿alguien sabe que proponen realmente, aparte de apropiarse las realizaciones de Petro y copiar su programa, que han hecho? Valga decir que solo hablan de reivindicaciones sociales en época electoral, pero el verdadero propósito de estos personajes en querer recuperar el gobierno para seguir desangrándolo de todas las formas posibles. Su lenguaje en esta campaña es más compra de votos, más clientelismo, más amenazas, más atentados más violencia y ninguna propuesta en favor del pueblo. Muchos corruptos condenados o investigados están haciendo campaña para si o para sus protegidos sin ruborizarse, haciendo correrías, engañando parroquianos con el mismo discurso de siempre.

Aterra ver como los medios le ponen a su disposición los micrófonos para que digan todo tipo de sandeces que después esos mismos periodistas disfrazan como una verdad inobjetable, no importa que la realidad sea otra, solo quieren venderlos como lo que no son, como si fueran los salvadores del país. Es lo mismo que publicitar un producto como no dañino para la salud, pero que tiene componentes que afectan al ser humano de forma ostensible. Esos mal llamados medios de comunicación, que lo que les han hecho a los colombianos es sumirlos en una ignorancia y embrutecimiento tal, que han logrado el cometido de que los colombianos elijan a los causantes de sus males una y otra vez por varias décadas.

Los ciudadanos, este 8 de marzo, tienen en sus manos y conciencia el destino del país. Hay que salir a votar, lograr las mayorías absolutas en el congreso para que se puedan aprobar las reformas, citar a una constituyente, se pueda elegir buen fiscal, contralor, procurador y magistrados de las altas cortes, que se reforme la justicia que, en este momento, es la madre de todos nuestros males.

¡colombiano, usted tiene la palabra, de usted depende el futuro del país! 

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

https://caracol.com.co/2025/10/15/cne-y-la-registraduria-mataron-la-consulta-del-pacto-historico-por-eso-renuncio-daniel-quintero/ 

https://www.infobae.com/colombia/2026/02/10/petro-denuncia-uso-politico-de-ayudas-estatales-y-compra-de-votos-en-cordoba-eso-es-sinverguenzura-electoral/

https://www.facebook.com/GiroProgresista/posts/pol%C3%ADticos-usando-agua-potable-para-campa%C3%B1as-electorales-petro-ordena-investigaci/929559709595374/https://www.facebook.com/61566450327066/posts/atención-presidente-advierte-acciones-contra-uso-político-del-agua-en-aguachica-/122214470876548344/

https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2026-03-03/la-policia-captura-a-un-escolta-del-secretario-de-la-camara-con-145-millones-de-pesos-en-efectivo-y-propaganda-electoral.html

https://www.infobae.com/colombia/2026/03/04/quedo-en-libertad-el-escolta-del-secretario-general-de-la-camara-que-habia-sido-detenido-con-145-millones-y-publicidad-politica/