El 31 de mayo y el reflejo de una nación*

 

En la imagen: Jhon Jaiver Flórez / Economista - Analista político

Por: Jhon Jaiver Flórez G.

Cepeda es la continuidad del primer intento serio de transformación democrática en Colombia: memoria, negociación y un país posible sin odio como doctrina.

El 31 de mayo, Colombia no elegirá simplemente un presidente. Elegirá un espejo. Cada uno de los tres candidatos con mayores posibilidades de llegar a la Casa de Nariño refleja una versión distinta del país: lo que fue, lo que pudo ser y lo que todavía podría convertirse. Más que programas de gobierno, encarnan relatos históricos. Más que ideologías, condensan fracturas sociales acumuladas durante dos siglos. Y en esa escena —mitad tragedia republicana, mitad carnaval tropical de egos, privilegios y resentimientos— emergen tres figuras que resumen los conflictos más profundos de la nación. Mirarlos en conjunto resulta más revelador que analizarlos por separado, porque es en el contraste donde Colombia se contempla con mayor claridad y también con mayor vértigo.

Comencemos por el origen, que nunca es un simple dato biográfico, sino una declaración política involuntaria. Paloma Valencia nació en el linaje de los criollos que tomaron el poder tras la independencia de 1819 y jamás lo soltaron. Su apellido contiene un mapa de dos siglos de monopolio político: las guerras civiles del siglo XIX disputadas entre facciones de una misma élite; la Violencia de mediados del siglo XX, que dejó más de trescientas mil víctimas; el Frente Nacional, que clausuró el sistema político durante dieciséis años; y el paramilitarismo, que masacró comunidades enteras mientras esa clase administraba el Estado.

Valencia no inventó ese sistema. Lo heredó como se hereda una hacienda: con la serenidad de quien considera que el orden natural de las cosas no necesita explicación. No necesita levantar la voz porque pertenece a una tradición acostumbrada a hablar desde arriba. Su discurso se sostiene en la defensa de la institucionalidad, aunque esa institucionalidad haya sido diseñada históricamente para preservar los privilegios de su propia clase. Hay en ella una sofisticación intelectual preconcebida: justifica, grita, calcula. Pero ese engreimiento retórico encubre un vacío histórico persistente, porque la desigualdad colombiana no apareció por accidente: fue administrada durante generaciones por una élite que convirtió la concentración de la tierra y la exclusión social en principios de organización nacional. Valencia representa la continuidad refinada de quienes nunca tuvieron que conquistar el poder porque nacieron dentro de él.

Abelardo de la Espriella proviene de un lugar distinto: no del linaje aristocrático, sino del subsuelo oscuro y funcional que ese linaje necesita para operar. Ese territorio donde el derecho no limita al poder, sino que lo maquilla; donde la justicia administra el tiempo necesario para que todo prescriba, se negocie o se olvide. Su origen no está en la hacienda, sino en los rincones opacos de los pasillos judiciales, los clientes lóbregos, los contratos sospechosos…

Ochocientos mil dólares para un abogado joven e inexperto en la licitación del aeropuerto El Dorado: nadie pudo —ni puede hoy— justificar ese pago desde la lógica jurídica. Pero en la república del subsuelo los servicios se pagan no por lo que resuelven, sino por lo que conectan, desbloquean o silencian. De la Espriella simula el personaje del caudillo testosterónico: el fanfarrón mediático que comprende que, en una sociedad agotada por la inseguridad y el desencanto, la amenaza puede venderse como liderazgo.

No argumenta: vocifera. No persuade: amenaza. Su narrativa se apoya en la estética del fantoche —aviones privados, relojes lujosos, arrogancia convertida en espectáculo— elevada a doctrina de autoridad. Sus clientes lo describen con precisión devastadora. David Murcia aseguró haberle pagado cinco mil millones de pesos en honorarios que desaparecieron sin defenderlo, además de setecientos sesenta millones adicionales destinados, presuntamente, a corromper congresistas. Un investigador judicial rastreó esos movimientos hasta su oficina bajo juramento.

Mónica Mazzilli relató una historia similar: honorarios desproporcionados, promesas de defensa, garantías inexistentes y, finalmente, una captura inmediata apenas regresó al país. Cuando el abogado apareció en audiencia, lo hizo representando a la contraparte. Y mientras hoy grita contra la dictadura venezolana, los registros muestran que defendió a Álex Saab cuando ya era señalado públicamente como testaferro de Nicolás Maduro. Que Saab haya sido invitado de honor a su cumpleaños no constituye una anécdota social: funciona casi como una confesión involuntaria.

Iván Cepeda viene de un lugar radicalmente distinto. Su padre, Manuel Cepeda, senador de la Unión Patriótica, vivía en un apartamento de clase trabajadora, recibía un salario asignado por el partido. Lo asesinaron el 9 de agosto de 1994 cuando se dirigía al Congreso a debatir la adhesión de Colombia al Protocolo de Ginebra; es decir, cuando iba a hablar en nombre de quienes padecen la guerra.

El contraste con los otros dos candidatos resulta inevitable. Mientras Valencia hereda el poder y De la Espriella acumula fortuna sirviéndolo sin escrúpulos, Cepeda hereda una causa y una herida. Al día siguiente del magnicidio creó la Fundación Manuel Cepeda. Más tarde sufrió amenazas y debió exiliarse entre 1998 y 2004. No huyó para esconderse, sino para estudiar los instrumentos del derecho internacional que luego utilizaría contra el Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 2010 obtuvo la sentencia que declaró responsable al Estado por el asesinato de su padre en complicidad con estructuras paramilitares.

Llegó al Congreso sin maquinarias clientelistas y se convirtió en facilitador de los diálogos de paz con las FARC, el ELN y el Clan del Golfo. Toda su trayectoria está atravesada por una idea que en Colombia suele despertar sospechas: la paz entendida no como rendición del adversario, sino como transformación estructural de las condiciones que producen la guerra.

Sociológicamente, los tres representan proyectos irreconciliables de país. Valencia encarna la continuidad elegante de un orden excluyente y violento: dos siglos de un sistema que produjo uno de los índices de desigualdad más altos del continente, ocho millones de desplazados y niveles de impunidad incompatibles con cualquier democracia sólida. Su candidatura no ofrece una transformación, sino la versión soterrada de la continuidad: el establecimiento colombiano, con buena dicción y modales republicanos, presentándose como solución a los problemas que ellos produjeron.

De la Espriella representa la mutación del subsuelo en burdo caudillismo mediático prefabricado: el operador funcional al poder reciclado en promesa de orden violento, convirtiendo la intimidación en espectáculo y la impunidad propia en certificado de eficacia. Que semejante figura pueda consolidarse como alternativa política viable dice más sobre el deterioro democrático colombiano que muchos tratados de ciencia política.

Cepeda, en cambio, representa la continuidad del primer intento serio de transformación democrática que Colombia ha vivido en su historia: una apuesta construida sobre la memoria de las víctimas, la negociación política del conflicto y la convicción de que un país distinto es posible sin necesidad de convertir el odio en doctrina. Su principal dificultad quizás sea también su mayor virtud: en una época dominada por el espectáculo y el grito, la serenidad argumentativa suele perder audiencia frente a la promesa zafia de autoritarismo y venganza.

Las elecciones del 31 de mayo plantean, en el fondo, una pregunta que Colombia lleva doscientos años evitando responder con honestidad: ¿a quién pertenece realmente este país? ¿A los linajes que lo administraron como hacienda privada? ¿A los operadores del subsuelo tenebroso que transformaron la impunidad en negocio? ¿O a los millones de colombianos que pagaron con desplazamiento, pobreza y sangre el costo de un orden que siempre prometió estabilidad y terminó produciendo desigualdad?

Votar por Valencia significa elegir la certeza del pasado: un orden conocido, injusto y perfectamente funcional para quienes ocupan la cima. Votar por De la Espriella implica apostar por el caos del subsuelo mafioso disfrazado de autoridad: la fantasía de la mano dura ejercida por quien jamás ha rendido cuentas sobre sus propias ejecutorias. Votar por Cepeda supone aceptar la incomodidad del cambio real: más lento, más difícil y permanentemente amenazado por los poderes establecidos, pero también el único proyecto que no carga con el peso completo de dos siglos de deuda histórica.

Los tres candidatos son, en el fondo, hijos legítimos de Colombia. Valencia expresa la persistencia de una aristocracia que sabe reciclarse sin desaparecer. De la Espriella encarna la fascinación nacional por el patrón, por el capataz fuerte, violento, ventajoso y sin escrúpulos. Cepeda representa la obstinación ética de quienes sobreviven a la violencia sin renunciar a la posibilidad de justicia. Ninguno existe fuera del sistema: todos son producto de sus fracturas.

Colombia no necesita más espejos que le devuelvan la misma imagen de siempre. Necesita, por fin, uno capaz de decir la verdad. Y el próximo 31 de mayo, cada colombiano —con un lapicero en la mano, la mirada fija en el tarjetón y el peso de su conciencia latiendo en silencio— decidirá si continúa refugiándose en el espejo cómodo del miedo y la costumbre, o si se atreve a mirar ese otro reflejo donde aparece el país que todavía podría llegar a ser cuando deje, de una vez por todas, de temerle a sí mismo.

17 de mayo de 2026

* La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

Hondurasgate: el Imperio y la fábrica de la mentira*

 

En la imagen: Jhon J Flórez/ Economista - Analista político

Por: Jhon Jaiver Flórez G.

Grotesco que Trump indultara a un narcotraficante confeso para usarlo como ariete político; surrealista que Milei, el azote de la corrupción, financiara oculto una fábrica de mentiras; y kafkiano que Netanyahu, mientras arrasa Gaza, aparezca comprando un expresidente narco. El circo de los poderosos se viste de cinismo.

Hay una frase que los imperios nunca pronuncian en voz alta, pero practican con devoción casi religiosa: “Lo que es nuestro, lo es para siempre. Lo que es de ustedes, lo negociamos”. Estados Unidos lleva más de un siglo perfeccionando esa doctrina en América Latina, y Colombia ha sido, con dolorosa frecuencia, el laboratorio predilecto de ese experimento. Para entender el Hondurasgate —ese escándalo de audios filtrados que revela una conspiración entre Donald Trump, Javier Milei, el condenado narcotraficante Juan Orlando Hernández y Benjamin Netanyahu para fabricar desinformación y desestabilizar a los gobiernos de Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum— no hace falta ser politólogo. Basta con tener memoria. Y en Colombia, la memoria duele.

Corría el año 1903 cuando el Senado colombiano tuvo la osadía de rechazar el Tratado Herrán-Hay, ese documento que cedía a perpetuidad una franja de territorio nacional para que los estadounidenses construyeran su canal interoceánico. La respuesta de Washington fue fulminante: en pocas semanas, con buques de guerra norteamericanos bloqueando el paso a las tropas colombianas, Panamá se declaró “independiente”. Theodore Roosevelt comentó, sin rubor alguno, que había “tomado” el canal. Colombia perdió un departamento entero; el Imperio ganó una ruta que valdría billones. No hubo tribunal que condenara aquello, ni listas de sanciones, ni descertificación alguna de la democracia estadounidense.

Veinticinco años después, en diciembre de 1928, los trabajadores de la United Fruit Company se atrevieron a exigir condiciones laborales dignas. La respuesta fue la Masacre de las Bananeras: el ejército colombiano abrió fuego contra trabajadores y familias reunidos en la estación del tren de Ciénaga, actuando como brazo armado de una corporación extranjera. Gabriel García Márquez inmortalizó aquella tragedia en Cien años de soledad. La historia real fue todavía más brutal que la ficción. Ese es el manual. Tiene más de un siglo y apenas ha cambiado de tipografía.

Lo que revela el Hondurasgate no es una novedad geopolítica, sino una actualización tecnológica de prácticas antiguas. Ya no se necesitan marines desembarcando en Cartagena ni cañoneras bloqueando puertos. Ahora basta un apartamento en Miami, una cuenta de WhatsApp y trescientos cincuenta mil dólares aportados desde Buenos Aires. Según la investigación de Diario Red y del portal Hondurasgate, Juan Orlando Hernández —sentenciado a 45 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico y que debería estar confinado en una celda federal— negoció con el presidente Nasry Asfura la creación de una “unidad de periodismo digital”, financiada con dinero público hondureño y aportes del gobierno de Milei, con el objetivo explícito de fabricar noticias falsas contra los gobiernos de Colombia y México.

“Se vienen unos expedientes contra México, unos expedientes contra Colombia”, se le escucha decir en los audios, con la satisfacción burocrática de quien encarga una pizza. La ironía resulta asfixiante: un hombre condenado por narcotráfico, indultado por Trump, coordina una operación de desinformación para acusar de narcotráfico al presidente Petro. La acusación funciona aquí como disfraz del crimen ajeno. Washington descertificó a Colombia en su lucha antidrogas e incluyó a Petro en la infame Lista Clinton sin presentar una sola prueba concluyente. Incluso organismos estadounidenses han sostenido que el llamado Cartel de los Soles carece de existencia verificable. Pero eso, en la lógica imperial, es secundario. La acusación cumple la función de la condena; el proceso se convierte en castigo.

Habría que ser ingenuo —o cómplice— para creer que se trata de hechos aislados. La periodista Daniela Pastrana lo explica con la claridad de quien ya agotó la paciencia para los eufemismos: nada de esto es nuevo; responde, simplemente, al mismo patrón histórico. Antes había que esperar cuarenta años para que la CIA desclasificara sus archivos. Hoy observamos el mecanismo casi en tiempo real.

Ahí están Augusto Pinochet en Chile, Hugo Banzer en Bolivia, Rafael Videla en Argentina, la Operación Cóndor coordinando el terror con manuales redactados en Langley; el golpe contra Manuel Zelaya en Honduras, aplaudido en silencio por Washington; el lawfare contra Luiz Inácio Lula da Silva y contra Cristina Fernández de Kirchner; y ahora la embestida judicial contra Petro en Colombia, donde fiscales y cortes actúan —como llevan décadas haciéndolo— como arietes de las élites y cipayos locales articuladas con el poder norteamericano.

El patrón no miente: cuando un gobierno latinoamericano prioriza a su pueblo sobre las empresas transnacionales y se niega a ser simple base logística del Imperio, se activa el protocolo. Primero llega la campaña mediática; después, la presión económica; luego, el respaldo a la oposición ultraderechista más reaccionaria. Y, si todo eso falla, las opciones sobre la mesa incluyen siempre aquellas que nunca se pronuncian en público.

Hay algo grotescamente cómico —si la situación no fuera tan grave— en ver a Trump indultando a un narcotraficante confeso para utilizarlo como operador político contra un presidente acusado, sin pruebas, de narcotráfico. Hay algo profundamente surrealista en que Milei, ese campeón autoproclamado de la libertad que prometió destruir la casta y la corrupción, aparezca en audios aportando cientos de miles de dólares para financiar una fábrica de mentiras al servicio del poder más grande del planeta. Y hay algo kafkiano en que Netanyahu, mientras bombardea Gaza y asesina a miles de niños bajo la impunidad diplomática de Occidente, aparezca vinculado al financiamiento de la liberación de un expresidente hondureño condenado, a cambio de garantías de control estratégico sobre Centroamérica.

Todo esto ocurre, además, a pocos días de las elecciones presidenciales en Colombia, como si el calendario democrático fuese apenas un obstáculo administrativo dentro de la agenda imperial.

Colombia lleva doscientos años siendo el alumno más disciplinado de una escuela donde los maestros cambian, pero la lección permanece intacta: su soberanía tiene límites, y esos límites se dictan desde Washington. Las élites colombianas no solo aprendieron esa doctrina; la administraron con fervor, gobernando el país como una hacienda privada durante generaciones. Por eso, cuando en 2022 llegó por primera vez un gobierno dispuesto a cuestionar ese orden —impulsando reformas estructurales, entre ellas la de la salud, defendiendo una salida negociada al conflicto armado y denunciando el modelo extractivista—, la reacción de los poderes tradicionales fue tan inmediata como feroz.

El fiscal Francisco Barbosa convirtió su despacho en herramienta de desgaste político. Las altas Cortes bloquean decisiones presidenciales. Los grandes medios, propiedad de los grupos beneficiarios del viejo orden, construyen relatos de un gobierno caótico, omitiendo deliberadamente el contexto histórico que explica por qué transformar Colombia resulta tan difícil. Y desde afuera, el Imperio afina sus instrumentos: la Lista Clinton, la descertificación antidrogas, los audios de Honduras coordinando la guerra sucia y los republicanos de Washington colaborando con el proyecto de “extirpar el cáncer de la izquierda” en América Latina.

El cáncer —conviene aclararlo— no sería otro que la democracia cuando produce resultados que el Imperio no aprueba.

La diferencia entre la Operación Cóndor y el Hondurasgate no es de naturaleza, sino de visibilidad. Antes, el crimen se ejecutaba en las sombras y se conocía décadas después. Hoy existen audios, fechas que coinciden con los hechos y nombres que se repiten, apenas actualizados para el siglo XXI.

La pregunta que Colombia y América Latina deben hacerse no es si el Imperio interviene. Esa pregunta quedó respondida en 1903, en 1928 y en cada golpe de Estado u operación encubierta que la historia ha documentado con precisión quirúrgica. La verdadera pregunta es otra: si esta vez, con los mecanismos expuestos, las sociedades latinoamericanas serán capaces de nombrar lo que ven con el nombre que merece: una agresión sistemática contra la autodeterminación de los pueblos.

Los bananeros de Ciénaga murieron sin saber que su masacre terminaría convertida en literatura universal. Los colombianos de hoy tienen, al menos, la ventaja de saber —mientras ocurre— quiénes pagan para que la historia se repita. La pregunta es si eso bastará para impedir que vuelva a repetirse.

“Condenados a cien años de soledad no tendrán una segunda oportunidad sobre la tierra”. — Gabriel García Márquez, hijo de la tierra bananera.

La tragedia de Colombia ya no ocurre en silencio. Por primera vez, los pueblos pueden ver en tiempo real quiénes diseñan las campañas, financian la desinformación y administran el miedo. Pero la historia no cambia únicamente porque la verdad salga a la luz: cambia cuando los pueblos deciden que la memoria deje de ser una condena y se convierta, al fin, en una forma de defensa.

9 de mayo de 2026

*La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

De candidatos… y otros chiflamicas *

En la imagen: Germán Navas T. / excongresista - jurisconsulto

Por: Germán Navas Talero

Editor: Francisco Cristancho R.

El nombre de Iván Cepeda Castro entra en la conversación, no por el escándalo fácil y populista, sino por la consistencia y la discusión de ideas. 

Que este país está al revés: ¡Pues sí! Como el cuento de la vieja Inés, con las enaguas al revés. El país está al revés porque el mundo está al revés. Parece que alguien quiso lavar al mundo y, como para lavarlo hay que desocuparlo, le sacó todo; pero terminó lavando lo de afuera y lo de adentro le quedó sucio. Así está el mundo y así está este país.

Aquí estamos esperando las elecciones, pero se muere uno de la risa cuando escucha las declaraciones de payasos como el tal ‘tigre’, o el pelagatos ese, el tal De La Espriella, a quien oírlo causa vergüenza. Uno lo escucha de forma casual, y porque le toca, pero yo no perdería un minuto de mi vida escuchando alguna intervención de ese señor. Es que es lo más ordinario, inepto e incapaz que he visto; y ahora está convencido de que él puede ser presidente de Colombia, claro que, si Duque logró serlo, también podría serlo este pisco. Después de Iván Duque, lo peor que puede pasarle al país es tener a un De La Espriella como presidente.

Y hablando de candidatos… ¡qué tal doña Claudia López de candidata! Podrá ser candidata, pero es candidote el que vote por esa inepta; y, sin embargo, ahí se ve por las calles, hablando de la lucha contra la corrupción; el mismo cuento con el que ella y su amiga, o su esposa, tramaron cuando estaban proponiendo un frente anticorrupción, y recogieron firmas y lograron llegar a la alcaldía… y ya estando allá no hicieron un carajo; fuera de hacer el oso, consintiéndose en público y diciéndose la una a la otra mi muñeca, no hicieron más. Ese fue todo el gobierno de doña Claudia López y su pareja.

Esas dos son un par de payasas que, en el circo, lo hubiesen hecho mucho mejor, porque en Bogotá no hicieron ni un pepino, sino acabársela de tirar; porque el que me diga que esa señora alcaldesa hizo algo positivo para el país o para Bogotá, que lo demuestre. No le he visto absolutamente nada. Lo único fue continuar con el mandato de Enrique Peñalosa, porque él la montó ahí porque ella iba a hacer lo que él quería, como construir ese metro elevado, no sabemos por qué elevado. ¡Elevados los pendejos que votaron tanto por él y como por ella!

Los bogotanos, definitivamente, son de malas. Yo no, porque yo no voté por ninguno de esos. Me refiero a los que votan por el que no es. Los que votaron por Antanas Mockus, por ejemplo. Semejante pelele que no hizo un carajo por Bogotá. Pintó cuatro rayitas en una esquina y ya eso fue culturizar a Bogotá. Quien esto escribe jamás votaría por Mockus, ni en un estado de desesperación en el desierto del Sahara, donde no hubiese sido un candidato, votaría por él. Si allá hubiese un camello y un candidato como Antanas Mockus, yo voto por el camello. Creo que el camello lo haría mejor que Antanas. Es que él no hizo nada, y no hay que olvidar que ese señor es aliado, socio, o compañero de Claudia López y de Enrique Peñalosa.

¡Qué vergüenza! Esta ciudad sí que ha sido de malas. Esperamos que, en la próxima elección, cuando ya no tengamos a esos payasos compitiendo, se elija en Bogotá a un alcalde que valga la pena. Un alcalde que de verdad quiera a esta ciudad; que quiera hacer de Bogotá algo grande, no el pueblo al que aspira convertirla Peñalosa, Claudia y su esposa, Angélica Lozano, quienes creen que esto todavía es parte de Fusagasugá.

Yo quiero una ciudad grande, importante. Una ciudad moderna. Una ciudad que, si llegara a ser lo que es París, por lo menos se le parezca en algo. ¿Pero en qué se parece Bogotá a las grandes ciudades?: En nada. Bogotá lleva 20 años o más de atraso. Desde que llegó Peñalosa a la alcaldía, por ahí en el 99, no ha habido nadie que haga absolutamente nada por Bogotá. Todos pasan, se llevaron el título de ex, y creen que por haber sido alcaldes de Bogotá ya tienen méritos para ser presidentes de la República.

Pregúntele al chiflamicas del Peñalosa. Él aspiraba a ser presidente de la República porque fue alcalde de Bogotá; Claudia López hace lo mismo. Se hacen elegir alcaldes de Bogotá porque creen que al tener el título de exalcaldes ya eso los habilita a ser presidentes de la República. ¡No sean tan tontos! Ustedes lo hicieron mal como alcaldes y lo harían peor como presidentes de la República.

Colombianos, tienen que mirar qué hicieron estos personajillos por la capital para ver si vuelven a cometer el error de votar por ellos. Ustedes, que están leyendo esta columna, y que por ende tienen sentido común, al saber leer, y porque algo entienden de política… ¿alguno de ustedes votaría por el pelagatos ese? Ese señor es un mercachifle, pero aspira a ser presidente. Y hay que escuchar las barbaridades que dice… ¡Da vergüenza ese señor!

En fin… para algunos es un pelagatos, para otros, un chilamicas, y para otros es un simple tunante que aspira a llegar a la presidencia a ver qué otro daño le puede causar a este país.

Coletilla por Deisdre Constanza. Los noticieros principales que se emiten en este horario estelar de siete a ocho se convirtieron más en una telenovela o show dramático. Noticias presentadas con énfasis en el escándalo, el conflicto o la emoción, más que en el análisis profundo. Esa crítica en que no se construye el relato informativo, sugiriendo que se privilegia el entretenimiento sobre el contexto y la objetividad. En pocas palabras, no se habla de un programa específico, sino de un estilo de informar. Convertir la política y la realidad en algo parecido a un “capitulo diario” cargado de drama, que engancha a la audiencia, pero no la informa mejor. Mientras muchos repiten el libreto del escándalo diario, otros están ocupados proponiendo, debatiendo y trabajando sin tanta vitrina. Pero claro, eso rara vez abre titulares y en medio de tanta bulla, hay quienes siguen apostándole a una política con argumentos, con trayectoria y con debates de fondo. Ahí es donde el nombre de Iván Cepeda Castro entra en la conversación, no por el escándalo fácil y populista, sino por la consistencia y la discusión de ideas. Por eso, si de verdad interesa el país y no el show, vale la pena escuchar más, revisar datos y formar un criterio propio. No todo cabe en un titular ni todo lo importante hace ruido.

Adenda del editor. “Es imposible ser buen periodista sin ser buena persona”, le repetían a uno en la Facultad, de acuerdo con lo expresado en algún momento por Kapuscinski. Hoy, luego de ver otra de las ‘salidas’ de Victoria Eugenia, me convenzo de que en esos momentos la Vicky debió estar capando clases. Resulta que la Dávila no sirvió ni como política ni como periodista. Ayer, en su cuenta de X, Vicky le escribió un mensaje a Claudia López, donde parece suplicar que no la llame “fracasada”, según ella, porque tiene hijos, esposo, madre y hermanos que la aman y están orgullosos de ella. Ojalá que Victoria Eugenia se quedara con esos ‘aplausos’, y se enclaustrara con su familia, dado que, parecen ser ellos los únicos que la soportan y la consideran alguien de bien.

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

Júpiter ya no lanza rayos: ahora programa votos*

 

En la imagen: Jhon Jaiver Flórez / Economista-Analista político

Por: Jhon Jaiver Flórez G.

Cuando un candidato como Iván Cepeda se acerca a superar el 44,3 % de intención de voto, se activa el reflejo condicionado de autopreservación de quienes han administrado el Estado colombiano como si fuera una herencia familiar.

En la mitología romana, Júpiter gobernaba el cielo a punta de rayos; en la política colombiana contemporánea, ese rayo ha sido discretamente reemplazado por herramientas menos épicas y mucho más eficaces: bases de datos, algoritmos, hojas de cálculo y presentaciones donde la democracia entra como principio y sale convertida en comportamiento inducido. La escena ya no es el ágora, sino la interfaz; no hay trueno, pero sí segmentación; no hay Olimpo, pero sí talleres empresariales. Y el ciudadano, lejos de deliberar, es observado, clasificado y —en el mejor de los casos— suavemente conducido, mientras ciertos sectores del poder tradicional descubren, con una mezcla de sorpresa y pánico, que el cielo ya no responde a sus viejos rituales.

En ese contexto, las encuestas recientes —consumidas entre el cinismo resignado y la incredulidad funcional— no solo mueven la intención de voto: irritan las terminaciones nerviosas del poder. Cuando un candidato como Iván Cepeda roza el 44,3 %, lo que se activa no es simplemente la competencia electoral, sino el reflejo condicionado de autopreservación de quienes han administrado el Estado como si fuera una herencia familiar. Ese porcentaje, todavía insuficiente para asegurar una victoria en primera vuelta, pero demasiado alto para ser tolerado con calma, abre una grieta incómoda —ese territorio entre el “casi” y el “todavía no”— donde la política deja de ser cálculo y empieza a parecer sobresalto.

En ese clima, la disputa por el relato avanza con más disciplina que la discusión por los hechos. acciones terroristas en regiones como el Cauca son reinterpretadas con una elasticidad admirable: la evidencia se ajusta, se sugiere o se omite según convenga. La incertidumbre deja de ser un dato y se convierte en herramienta. No importa tanto lo que ocurre, sino lo que logra insinuarse.

El llamado “Proyecto Júpiter” —esa entidad vaporosa que existe con la misma intensidad con la que se niega— no es una anomalía, sino la culminación lógica del sistema. No inaugura nada: optimiza todo. Si la modernidad política prometía ciudadanos racionales deliberando en público, su versión actual prefiere ciudadanos predecibles reaccionando en privado. El tránsito es elegante: del discurso al dato, de la persuasión al diseño, de la ideología a la ingeniería emocional.

No es casual. Desde que Thomas Hobbes entendió que el miedo cohesiona más que la razón, el poder no ha dejado de perfeccionar su administración. Hoy ya no necesita amenazas grandilocuentes: le basta con segmentación precisa, análisis conductual y una lectura quirúrgica de las ansiedades colectivas. El miedo, como cualquier otro recurso, se optimiza. Y en ese proceso, la política abandona la argumentación para abrazar algo más rentable: la reacción condicionada.

La vieja propaganda —ruidosa, visible, a veces torpemente épica— ha mutado en una arquitectura conductual silenciosa. Shoshana Zuboff la describió como la conversión de la experiencia humana en insumo predictivo; Pierre Bourdieu advirtió que el poder más eficaz es el que delimita lo pensable. Júpiter no es un plan: es la aplicación disciplinada de ambas ideas, con vocación de permanencia.

Colombia, siempre creativa en lo discutible, ha sabido adaptar este modelo con entusiasmo. El laboratorio ya no es solo digital: también es laboral, mediático y político. Talleres de “formación democrática” enseñan, con notable sutileza, a sentir correctamente antes de pensar libremente. No hay coerción explícita —sería de mal gusto—, pero sí una coreografía emocional cuidadosamente dirigida. Porque, en la práctica, moldear percepciones resulta mucho más eficiente que debatir argumentos.

El antecedente de Cambridge Analytica alguna vez escandalizó al mundo al evidenciar el poder electoral de los datos. La versión local, en cambio, añade un detalle casi pintoresco: la normalización. Lo que afuera generó crisis, aquí se incorpora con naturalidad, como si la ética fuera una variable negociable y no un límite.

En ese mismo marco debe leerse la ofensiva política y mediática contra el gobierno Petro. Desde el inicio del mandato, las acusaciones han sido constantes, amplificadas por un ecosistema informativo que parece haber descubierto el valor narrativo de la reiteración. Un informe preliminar de observación electoral de la Unión Europea advirtió un tratamiento marcadamente más negativo hacia el gobierno y sus aliados, frente a una oposición curiosamente beneficiada por la moderación crítica.

Pero esta lógica de desgaste no empezó con el ejercicio del poder: viene de antes, afinada durante la campaña presidencial contra Iván Cepeda. La fórmula es conocida, casi artesanal en su cinismo. Ante la escasez de pruebas, abundan las insinuaciones. El episodio de los supuestos archivos de “Raúl Reyes” es ilustrativo: presentado como evidencia incriminatoria, terminó desechado por la Corte Suprema debido a irregularidades graves en su obtención y custodia. Detalles menores, al parecer, frente al valor estratégico de la sospecha.

Más que un error, el caso devela un método: construir relatos que erosionen al adversario hasta que la duda haga el trabajo que la evidencia no puede. No se trata de demostrar, sino de instalar. No de probar, sino de repetir hasta que la ficción adquiera apariencia de verdad operativa.

Y como si el escenario interno no fuera suficiente, la estrategia ha decidido internacionalizarse. La oposición practica una diplomacia peculiar: la de la alarma. Entre visitas a Washington y escalas en Quito, desfilan emisarios lisonjeros que venden un país al borde del colapso, con democracia en cuidados intensivos y crisis lista para exportación. No llevan pruebas —sería un exceso innecesario—; llevan relatos. Y la lógica es impecable en su cinismo: si la realidad no respalda la narrativa, se exporta la sospecha. Si la sospecha prende, cualquier presión externa sirve.

En ese punto, la política abandona definitivamente su pretensión deliberativa y se convierte en una campaña permanente de marketing emocional. La evidencia estorba; la sospecha cotiza. La repetición sustituye la verificación, y la insistencia termina ocupando el lugar de la verdad. Cada semana estrena su propia catástrofe, en una cartelera donde la exageración compite consigo misma.

La ironía, por supuesto, es impecable: en nombre de la democracia se fabrican relatos que la distorsionan; en nombre de la libertad se diseñan mecanismos para administrarla. El voto persiste, sí, pero la voluntad que lo produce empieza a parecer intervenida. El ciudadano deja de ser sujeto político y pasa a ser usuario calibrado.

El momento más revelador llega cuando todo esto se niega. “No existe”, se afirma. Y probablemente sea cierto en términos burocráticos. Pero en política, lo que no se documenta suele ser precisamente lo que mejor funciona. La invisibilidad no es una falla: es el método.

En la superficie, la escenografía sigue intacta: discursos, alianzas, reacomodos. Pero debajo opera otra lógica, menos visible y más eficaz: una en la que los votos no solo se buscan, sino que se diseñan y se instrumentalizan.

Sería tentador pensar en una maquinaria infalible y en un ciudadano inerme. Pero esa explicación, además de cómoda, es incompleta. La manipulación necesita terreno fértil: apatía, inmediatez, pereza crítica. No crea la fragilidad; la aprovecha.

Y ahí la sátira deja de ser suficiente. Porque si la democracia corre el riesgo de convertirse en una simulación eficiente, su defensa no vendrá de regulaciones milagrosas ni de algoritmos éticos, sino de algo mucho menos espectacular: ciudadanos que piensen con criterio.

Al final, la pregunta no es técnica, sino incómodamente simple: ¿qué tipo de democracia puede sobrevivir cuando la voluntad se vuelve programable?

Tal vez la respuesta no esté en desmontar a Júpiter —esa deidad de Excel y segmentación—, sino en algo más rudimentario y subversivo: negarse a obedecer el guion.

Porque si el poder ya aprendió a anticiparnos, la única irreverencia posible es volverse impredecible. Y en un país donde todo parece cuidadosamente diseñado, pensar por cuenta propia podría terminar siendo, paradójicamente, el acto más radical.

* La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

PRIMERO DE MAYO: HISTORIA, NOMBRES Y LA DIGNIDAD QUE NO SE RINDE. *

 

En la imagen: Carlos Medina G. / Historiador y analista político

Por:  Carlos Medina Gallego

Cada primero de mayo no solo se conmemora una fecha: se convoca una memoria. Es el día en que los nombres vuelven a pronunciarse, las luchas recuperan su rostro y el trabajo deja de ser una abstracción para convertirse en derecho y en una historia viva de resistencia. 

I. CHICAGO, 1886: NOMBRES EN LA RAÍZ DE LA HISTORIA

El origen del Día Internacional del Trabajo está ligado a uno de los momentos más intensos del movimiento obrero mundial: las huelgas de mayo de 1886 en Estados Unidos, particularmente en la ciudad de Chicago. Allí, más de 300.000 trabajadores se movilizaron bajo una consigna que parecía radical para la época: “ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso y ocho horas para la vida”.

El 1 de mayo comenzó la huelga general. El 3 de mayo, en la fábrica McCormick, la policía disparó contra los trabajadores en protesta, dejando varios muertos. Al día siguiente, durante una concentración en la plaza Haymarket, una bomba explotó en medio de la multitud. La represión fue inmediata. Aunque nunca se probó quién lanzó el artefacto, el Estado decidió convertir el hecho en un escarmiento.

Allí aparecen los nombres que la historia no debe olvidar: August Spies, Albert Parsons, Adolph Fischer y George Engel fueron ejecutados en 1887 tras un juicio ampliamente cuestionado por su falta de garantías. Otros como Samuel Fielden y Michael Schwab fueron condenados a prisión. Todos ellos pasaron a la historia como los “Mártires de Chicago”, símbolo universal de la lucha obrera.

En 1889, durante el congreso de la Segunda Internacional en París, se decidió declarar el primero de mayo como día internacional de lucha obrera en homenaje a estos hechos. Desde entonces, la fecha se convirtió en una jornada global de reivindicación de la memoria y del derecho al trabajo.

Las conquistas que siguieron no fueron inmediatas, pero sí profundas. La jornada de ocho horas fue adoptada progresivamente en distintos países, y con ella surgieron otras garantías: derecho a la sindicalización, negociación colectiva, seguridad laboral. Cada derecho fue arrancado al poder económico y político mediante organización, huelga y sacrificio. Todos los derechos de que gozan hoy los trabajadores fueron conquistados por las luchas de los llamados trabajadores de pies descalzos y todos esos derechos hoy están en riesgo. 

II. COLOMBIA: ENTRE LA HUELGA, LA SANGRE Y LA PERSISTENCIA

En Colombia, la historia del movimiento obrero tiene sus propias fechas, sus propios mártires y sus propias victorias. A comienzos del siglo XX, en medio de un proceso incipiente de industrialización, surgieron las primeras organizaciones de trabajadores. Ya en 1919 se fundó la Confederación Obrera Nacional, una de las primeras expresiones de articulación sindical.

Sin embargo, el episodio más emblemático y doloroso es la Masacre de las Bananeras ocurrida en diciembre de 1928, en el departamento del Magdalena. Miles de trabajadores de la United Fruit Company se declararon en huelga exigiendo condiciones mínimas: pago en dinero y no en vales, reconocimiento de contratos laborales, descanso dominical y atención médica.

El gobierno de Miguel Abadía Méndez respondió con el uso de la fuerza militar. En la noche del 5 al 6 de diciembre, el Ejército abrió fuego contra los trabajadores reunidos en la plaza de Ciénaga. El número de víctimas sigue siendo motivo de debate histórico: las cifras oficiales hablaron de decenas, mientras que otras versiones, como la del líder político Jorge Eliécer Gaitán, señalaron que pudieron ser cientos o incluso miles.

Este hecho marcó profundamente la historia laboral y política del país. No solo evidenció la alianza entre poder económico y estatal, sino que fortaleció la conciencia obrera y la necesidad de organización. Allí aparecen los nombres de María Cano y Raúl Eduardo Mahecha como faros de la lucha por el derecho al trabajo y la dignidad humana. 

A lo largo del siglo XX, el movimiento sindical colombiano siguió creciendo, aunque enfrentó enormes dificultades. En 1945 se expidió el Código Sustantivo del Trabajo, que formalizó derechos laborales básicos. Surgieron centrales obreras como la Central Unitaria de Trabajadores y la Confederación General del Trabajo, que han jugado un papel clave en la defensa de los trabajadores.

Pero la historia también está marcada por la violencia. Colombia ha sido uno de los países más peligrosos para el sindicalismo. Desde finales del siglo XX, cientos de líderes sindicales han sido asesinados, en un contexto de conflicto armado, persecución política y disputas por el control económico. Esta realidad ha limitado la capacidad organizativa y ha dejado una deuda histórica con el movimiento obrero.

En el presente, las luchas laborales han adquirido nuevos matices. La informalidad, que afecta a una gran parte de la población trabajadora, la precarización del empleo y los retos de la economía digital han reconfigurado el escenario. Sin embargo, el núcleo de la reivindicación permanece: el derecho a un trabajo digno, estable, con garantías y reconocimiento.

A MANERA DE EPILOGO: LA HISTORIA QUE SIGUE EN MARCHA

El primero de mayo no es solo una fecha para recordar, sino una invitación a comprender el significado y la dimensión de la lucha por el Derecho al Trabajo. Detrás de cada jornada laboral regulada, de cada salario justo, de cada descanso conquistado, hay nombres, hay historias, hay vidas, hay lucha y resistencia.

Desde Chicago hasta Ciénaga, desde August Spies hasta los trabajadores anónimos de las bananeras, el hilo que une estas luchas es la dignidad. Una dignidad que no se negocia, que no se olvida y que sigue en disputa.

Porque el trabajo, cuando es justo, no solo produce riqueza: produce humanidad. Y mientras exista desigualdad, el primero de mayo seguirá siendo no solo memoria, sino también promesa de lucha y conquista de esperanza.

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

¿Quilichao no futuro?

 

Por: Omar orlando Tovar Troches -ottroz69-@gmail.com-

Cuando el poder se enquista en los mismos dirigentes y operadores, el futuro deja de ser una posibilidad y se convierte en una condena.

Hay un lugar en el norte del Cauca donde la historia reciente se ha empeñado en repetirse como un disco rayado. Santander de Quilichao, el segundo municipio más importante del departamento lleva dos décadas atrapado en una telaraña político-electoral tejida por los mismos actores - operadores, los mismos acuerdos y las mismas promesas incumplidas. Mientras la comunidad reclama y espera soluciones, la dirigencia política local y regional se ha consolidado como una alianza de puertas giratorias, donde el poder político administrativo se alterna y/o se rota entre los mismos y las mismas.

El epicentro de esta maquinaria del estancamiento lo encabezan dos figuras que han aprendido a convertir una rivalidad bien simulada en una muy conveniente y provechosa alianza estratégica encabezada por Carlos Julio Bonilla Soto, quien fue alcalde de Quilichao entre 2004 y 2008 y luego representante a la Cámara durante tres periodos consecutivos (2010-2022), junto con Luis Eduardo Grijalba Muñoz, alcalde entre 2012 y 2015, con repetición en el cargo para el periodo 2024-2027.

Durante años se presentaron ante la sociedad quiichagüeña como antagonistas, pero en septiembre de 2021 sellaron una "alianza por el futuro", dejando atrás su simulación pública de rivalidad ideológica para sacar del clóset clientelar su contubernio, con la excusa lema de campaña: "sacar adelante la región". Lo que esa alianza significó en los hechos fue la consolidación de un bipartidismo de bolsillo: la alternancia en el poder sin que nada cambiara, porque todo seguía y, sigue, en las mismas manos.

A nivel departamental, el engranaje de ineficiencia e incompetencia local se completa alrededor del grupo político de Temístocles Ortega, dos veces gobernador del Cauca en cuerpo propio (1992-1995 y 2012-2016) y en cuerpo ajeno hasta hoy, mientras funge como senador de la República por Cambio Radical. Ortega ha sido cuestionado por sus vínculos con la clase política tradicional y por prácticas que rayan en la opacidad. Su alianza con los operadores locales de Quilichao ha permitido que el clientelismo y el amiguismo se instalen como método de gobierno, y que las necesidades reales de la población queden siempre en un segundo plano.

El resultado de esta hegemonía de veinte años es un municipio al borde del colapso. La inseguridad se ha desbordado, a punto tal, que, en medio del actual recrudecimiento del conflicto armado, los ataques con drones por parte de grupos armados ilegales obligaron al propio alcalde Grijalba a reconocer que "en Santander de Quilichao suena un dron y no sabemos dónde va a caer" y que la comunidad vive aterrorizada. Pero mientras él pide ayuda al gobierno nacional (de cuya campaña electoral se benefició al subirse al bus de la victoria), los quilichagüeños se preguntan por qué, después de dos décadas de gestiones de la misma élite, el municipio sigue tan desprotegido. No es solo un problema de recursos o de pegarse al coro de Fedemunicipios echándole la culpa a Petro: es un problema de voluntad política, de incapacidad crónica y de desconexión absoluta con la realidad del territorio.

Los servicios públicos no se quedan atrás. La Compañía Energética de Occidente (CEO), propiedad del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, impone tarifas abusivas, atención delincuencial y un servicio pésimo que ha dejado a oscuras a la segunda ciudad del Cauca. Las protestas en contra de la empresa han sido justas y generalizadas, pero la dirigencia política local (esa misma que ha gobernado por veinte años) ha sido incapaz de articular una defensa seria de los usuarios. Peor aún: como lo ha denunciado la prensa regional, esos mismos líderes han utilizado las movilizaciones populares para fines proselitistas, azuzando a la comunidad mientras negocian por debajo de la mesa con los poderes económicos.

La salud es el capítulo más triste y preocupante de la misma tragedia. El hospital regional del norte del Cauca, prometido como una solución a la precaria atención médica en la zona, se ha convertido en un elefante blanco más. Mientras la infraestructura se deteriora y los recursos se evaporan en contratos cuestionables, los quilichagüeños siguen sin acceso a servicios de salud dignos. A la orilla, en su ejercicio de comités de aplausos, los concejos municipales de Quilichao y el norte del Cauca, lo mismo que la asamblea departamental, brillan por su falta de acción en el control político.

Lo más grave de todo es que esta clase política ha perfeccionado el arte de la impunidad con discurso. Cuando la crisis se sale de control, no asumen responsabilidades: se victimizan, echan culpas a administraciones pasadas (así esas administraciones hayan sido sus aliadas o patrocinadoras) y apelan a un regionalismo artificial para justificar su incompetencia. Es un cinismo que la ciudadanía ha naturalizado por necesidad, pero que no debería seguir tolerando.

Hoy, Santander de Quilichao vive bajo la amenaza del vacío. La dirigencia de Bonilla, Grijalba y Ortega no ha construido futuro: ha administrado el presente con la lógica del botín, el clientelismo y la alianza con los poderes económicos que explotan a la comunidad. Mientras tanto, los quilichagüeños se debaten entre la indiferencia de unos gobernantes que solo aparecen en época electoral y la desesperanza de saber que, pase lo que pase, los mismos de siempre seguirán mandando.

La pregunta que queda flotando en el aire del norte del Cauca es incómoda pero inevitable: si en veinte años no lograron garantizar seguridad, energía asequible, salud digna ni desarrollo real, ¿qué nos hace pensar que el próximo periodo será diferente? La respuesta, por desgracia, es que nada. Porque cuando el poder se enquista en los mismos dirigentes y operadores, el futuro deja de ser una posibilidad y se convierte en una condena.

Bonus Track: Se invita al lector o lectora a complementar el tema haciendo clic en el siguiente enlace: https://youtube.com/live/lLmFByz6y4g