El outsider y sus amigos de siempre *

 

John Flórez / Economista - Analista Político

Por: Jhon Jaiver Flórez G.

Colombia fue engañada con método, recursos, tecnología y la colaboración de un sistema político que lleva más de un siglo perfeccionando el arte de vender lo mismo bajo nombres distintos.

Cómo Colombia creyó elegir la renovación y terminó premiando la continuidad, pero peor

Hay un arte del engaño político tan refinado que merecería enseñarse en las academias del poder: convencer a una sociedad hastiada de las élites de que uno de sus herederos ha venido a destruirlas. La hazaña exige una ciudadanía agotada y una maquinaria propagandística capaz de convertir la memoria en un estorbo. Es el ilusionismo perfecto: con una mano se incendia el discurso contra el establecimiento; con la otra se estrechan las manos de quienes siempre lo han administrado. Cambian los eslóganes y la escenografía, pero el reparto permanece intacto. Mientras el público celebra la revolución, los dueños del teatro aplauden la continuidad.

Abelardo De la Espriella, presidente electo que asumirá el poder el 7 de agosto, dominó esa fórmula con la precisión de quien ha recorrido durante años los mismos pasillos que prometía clausurar. Se presentó como el outsider dispuesto a desmontar el viejo orden político. La promesa sedujo a un país fatigado de los mismos partidos, los mismos apellidos y las mismas prácticas. El problema es que la mesa que prometía sacudir era exactamente aquella en la que siempre se sentó, y los comensales llamados a integrar su gabinete son los mismos que durante décadas han servido el menú del establecimiento.

Las señales de alarma aparecieron incluso antes de que comenzara formalmente la campaña. La Registraduría anuló el 62 % de las firmas con las que inscribió su candidatura. La periodista Cecilia Orozco documentó en El Espectador que más de la mitad de los respaldos ciudadanos no superó el proceso de verificación. En una democracia que se tome en serio a sí misma, un episodio semejante habría provocado una crisis institucional y, probablemente, la inhabilitación de la candidatura. En Colombia fue noticia de un día. Las autoridades guardaron un silencio difícil de llamar neutral; buena parte de los medios prefirió mirar hacia otro lado. El candidato siguió adelante con la serenidad de quien sabe que en este país las reglas rara vez se aplican por igual.

Al mismo tiempo, David Murcia lo denunció públicamente como presunto estafador. Según su versión, en calidad de abogado defensor no le habría devuelto cinco mil millones de pesos correspondientes a honorarios por servicios jurídicos que nunca prestó. Es decir, el entonces candidato no solo cargaba con cuestionamientos públicos sobre su trayectoria profesional, sino que además acumulaba señalamientos que, en una democracia más exigente, habrían suscitado un escrutinio mucho más severo. En Colombia obtuvo un aval, hizo campaña y ganó.

La campaña tampoco desmintió esas inquietudes. Abundó la grosería convertida en estrategia, los insultos diseñados para alimentar las redes sociales y una llamativa escasez de conocimiento sobre la cosa pública. El candidato que prometía transformar el Estado demostró con frecuencia no comprender su funcionamiento. En cambio, dominó el espectáculo: la voz altanera, el enemigo permanente y las respuestas simples para problemas complejos. La confrontación sustituyó el debate; el insulto reemplazó al argumento. Es una fórmula eficaz para conquistar titulares y alimentar algoritmos, pero notoriamente insuficiente para gobernar una nación.

El mejor ejemplo fue la llamada "Patria Milagro", presentada bajo el lema "El Milagro de los Nunca": los que nunca se han robado un peso del erario, los que nunca han hecho politiquería, los que nunca han traicionado. El concepto posee todas las virtudes del mercadeo político: es breve, emotivo y fácil de recordar. Lo que todavía cuesta encontrar es su contenido.

La campaña prometió un crecimiento económico del 7 % anual —invocando como referencia a Corea del Sur y Singapur— en un país cuyo promedio histórico apenas supera el 3 %. Prometió tres millones de empleos, reducir la pobreza en un 20 %, disminuir la violencia a la mitad y convertir en propietarios de vivienda a un millón de familias, todo en apenas cuatro años. Lo que nunca explicó fue con qué recursos, mediante qué reformas institucionales ni bajo qué modelo económico se producirían semejantes prodigios. El nombre resumía el programa: una patria milagro, no una patria con plan. Y los milagros, como es sabido, no requieren sustento técnico; solo fe.

La ironía alcanzó su punto máximo cuando se examinó quiénes respaldaban al candidato de "los nunca". No eran precisamente quienes nunca habían practicado la politiquería, sino muchos de quienes la han perfeccionado durante décadas. Colombia es, en buena medida, un país donde los clanes políticos conservan un enorme poder territorial mediante redes clientelares construidas durante generaciones. Los Char en el Atlántico. Los Blel en Bolívar. Los Gnecco en el Cesar. Nueva Fuerza Guajira. Dilian Francisca Toro en el Valle del Cauca. El Quindío, atrapado entre Cambio Radical y coaliciones que cambian de nombre con la misma facilidad con la que conservan el poder. Todos acompañaron al candidato de "los nunca". Todos esperan ahora la recompensa de los siempre.

Esos partidos hace tiempo dejaron de ser fábricas de ideas para convertirse en fábricas de avales. Su verdadera función consiste en facilitar el acceso al poder a quienes difícilmente superarían un escrutinio ciudadano riguroso. Ese es el sistema que produjo al outsider. Y ese es el sistema al que el outsider le debe el cargo.

La maquinaria digital de la campaña tampoco vendió un proyecto de país. Vendió miedo, polarización y desinformación con herramientas de segmentación y propaganda que la institucionalidad colombiana fue incapaz de regular. Circularon deepfakes, cadenas falsas y campañas de desprestigio que encontraron en las redes sociales un terreno fértil para reemplazar el debate por la manipulación. La mentira volvió a viajar mucho más rápido que la verdad.

Ya como presidente electo, De la Espriella añadió otro episodio a esa narrativa. Anunció que el Banco Interamericano de Desarrollo destinaría 60 millones de dólares para el proceso de empalme con el gobierno saliente, presentándolo como una demostración de confianza internacional. El presidente Gustavo Petro respondió que esos recursos no correspondían al empalme, sino a programas previamente acordados con el organismo multilateral. Históricamente, las transiciones presidenciales en Colombia se han realizado mediante el intercambio de información administrativa y financiera, sin costos extraordinarios. La controversia terminó ilustrando un rasgo característico de la campaña: la tendencia a presentar como extraordinario aquello que, al examinarse con detenimiento, resulta bastante más prosaico.

El gabinete que comienza a conformarse tampoco fortalece el relato de la renovación. Allí reaparecen dirigentes, partidos y estructuras que han ocupado durante años el centro del poder. Más que un gobierno de ruptura, la fotografía empieza a parecer el álbum familiar de la política tradicional.

Gobernar Colombia exige bastante más que una voz gritona, poses de autoridad y una inagotable colección de provocaciones. Exige conocimiento del Estado, capacidad técnica, prudencia y la difícil tarea de convertir los eslóganes en políticas públicas. Un país no es una parrilla de televisión. Cuando termina la campaña y se encienden las luces del gobierno, el libreto desaparece, los efectos especiales dejan de funcionar y queda al descubierto si el protagonista sabe gobernar o si apenas supo interpretar el papel de gobernante.

Colombia no fue engañada por sorpresa. Fue engañada con método, recursos, tecnología y la colaboración de un sistema político que lleva más de un siglo perfeccionando el arte de vender lo mismo bajo nombres distintos.

Esta vez el nombre fue "milagro". Y, como todos los milagros políticos, no exige explicaciones. Solo fe. Y votos.

 *La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

La DESOBEDIENCIA CIVIL como DEFENSA de la SOBERANÍA y del ESTADO CONSTITUCIONAL *

En la imagen: Carlos Medina / Historiador - Analista Político

Por: CARLOS MEDINA GALLEGO

La exigencia de Cepeda no es un gesto caprichoso ni una reacción partidista, es una advertencia democrática: Colombia no puede aceptar que la Casa Blanca, a través de Donald Trump y Marco Rubio, pretenda definir el destino de la sociedad colombiana.

El reciente llamado formulado por el candidato presidencial Iván Cepeda Castro a considerar la desobediencia civil si el presidente electo no renuncia oportunamente a la ciudadanía estadounidense incompatible con el ejercicio de la Presidencia de la República —en caso de que esa incompatibilidad llegara a verificarse conforme al ordenamiento jurídico colombiano— y si persistiera una injerencia indebida de autoridades extranjeras en los asuntos internos del país, ha abierto un debate de enorme trascendencia para la democracia colombiana.

El llamado de Iván Cepeda Castro a la desobediencia civil pacífica no puede entenderse únicamente como una controversia sobre la doble ciudadanía del presidente electo Abelardo de la Espriella. Su sentido político más profundo está en la defensa de la soberanía nacional frente a una injerencia extranjera abierta, indebida y peligrosa, atribuida al presidente Donald Trump y a su secretario de Estado, Marco Rubio, en los asuntos internos de Colombia.

Cuando un mandatario extranjero interviene en una contienda política nacional, respalda públicamente a un candidato, condiciona relaciones diplomáticas o pretende orientar el rumbo institucional de otro país, deja de actuar como simple observador internacional y se convierte en factor de presión sobre la autodeterminación democrática de un pueblo.

Esa intromisión resulta aún más grave cuando proviene de Estados Unidos, país con una larga historia de intervenciones políticas, económicas, militares y judiciales en América Latina.

En este contexto, la exigencia de Cepeda no es un gesto caprichoso ni una reacción meramente partidista. Es una advertencia democrática: Colombia no puede aceptar que su Presidencia quede subordinada a intereses extranjeros, ni que la Casa Blanca, a través de Donald Trump y Marco Rubio, pretenda definir el curso de la política colombiana. La soberanía popular no puede ser reemplazada por tutelajes imperiales, ni la voluntad ciudadana puede quedar capturada por agendas externas.

La eventual ciudadanía estadounidense del presidente electo agrava ese debate, porque abre una pregunta de fondo sobre lealtades políticas, compromisos jurídicos y subordinación estratégica. Un jefe de Estado colombiano debe estar sometido exclusivamente a la Constitución de Colombia, a la soberanía del pueblo colombiano y al interés nacional. No puede existir sombra de dependencia frente a otra potencia, mucho menos en una coyuntura marcada por presiones diplomáticas, judiciales y geopolíticas.

Por eso, la desobediencia civil planteada por Cepeda debe leerse como una forma de resistencia pacífica frente a dos riesgos simultáneos: la posible ilegitimidad constitucional derivada de una doble ciudadanía no resuelta y la injerencia directa de Trump y Rubio en la vida política interna del país. No se trata de promover el caos, sino de defender un principio elemental: Colombia no es un protectorado, no es una colonia, no es una pieza subordinada del ajedrez geopolítico estadounidense.

La democracia colombiana se debilitaría gravemente si normaliza que actores extranjeros intervengan en sus elecciones, presionen a sus instituciones o condicionen la acción de sus gobernantes. Frente a ello, la ciudadanía tiene derecho a organizarse, deliberar, movilizarse y resistir pacíficamente. La desobediencia civil, en este caso, aparece como un recurso ético para exigir respeto por la Constitución, por la soberanía nacional y por la dignidad política del país.

En consecuencia, el llamado de Iván Cepeda Castro debe ser entendido como una defensa del Estado constitucional, de la independencia nacional y del principio democrático según el cual Colombia debe ser gobernada por decisiones soberanas de su pueblo, no por imposiciones de Donald Trump, Marco Rubio ni de ningún poder extranjero.

Más allá de las posiciones políticas que puedan existir frente a este pronunciamiento, la discusión invita a reflexionar sobre un concepto fundamental de las democracias constitucionales: la desobediencia civil.

Se trata de una institución ética y política que no busca destruir el orden democrático, sino defenderlo cuando sectores de la ciudadanía consideran que sus principios esenciales están siendo comprometidos.

La desobediencia civil pertenece a la tradición democrática. No surge en los regímenes autoritarios, donde toda oposición suele ser reprimida, sino precisamente en sociedades donde los ciudadanos conservan la convicción de que la soberanía reside en el pueblo y de que el poder público está sometido a límites constitucionales.

Desde las reflexiones de Henry David Thoreau hasta las luchas no violentas de Mahatma Gandhi y Martin Luther King Jr., la historia demuestra que la resistencia pacífica ha sido un instrumento para ampliar libertades y fortalecer los derechos fundamentales.

La Constitución Política de Colombia establece que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo y que las autoridades ejercen funciones públicas dentro de los límites fijados por la Constitución y la ley. Ningún gobernante recibe un mandato ilimitado ni puede situarse por encima del orden constitucional. La legitimidad democrática no proviene únicamente del resultado electoral; también depende del respeto permanente por la Constitución, la separación de poderes, los derechos fundamentales y la soberanía y la independencia nacional.

En ese contexto, toda controversia relacionada con los requisitos constitucionales para ejercer la Presidencia debe ser resuelta mediante los mecanismos institucionales previstos por el ordenamiento jurídico. Corresponde a las autoridades competentes verificar los hechos, interpretar las normas aplicables y adoptar las decisiones que en derecho correspondan. La defensa del Estado constitucional exige que las controversias se tramiten con pruebas, debido proceso y respeto por las instituciones.

Del mismo modo, la soberanía nacional constituye uno de los pilares del Estado colombiano. Ningún Estado extranjero debería intervenir indebidamente en las decisiones políticas internas de Colombia. Si existieran actuaciones que pudieran constituir presiones o injerencias incompatibles con el principio de autodeterminación de los pueblos, estas deberían ser examinadas y enfrentadas mediante los instrumentos del derecho internacional, la diplomacia y las instituciones nacionales.

Es precisamente cuando amplios sectores de la ciudadanía perciben que esos principios fundamentales pueden verse comprometidos cuando reaparece el debate sobre la desobediencia civil. No como una invitación al caos ni como un desconocimiento generalizado de la ley, sino como una forma pública, consciente, pacífica y responsable de expresar desacuerdo frente a decisiones consideradas incompatibles con los valores superiores del orden constitucional.

La desobediencia civil exige un profundo compromiso ético. Rechaza toda forma de violencia, actúa de manera transparente y asume las consecuencias jurídicas de sus actos. Su propósito no consiste en sustituir las instituciones democráticas, sino recordarles cuál es su razón de ser: garantizar la dignidad humana, proteger las libertades públicas y servir al interés general.

Las grandes conquistas democráticas de la humanidad fueron posibles porque millones de ciudadanos decidieron cuestionar pacíficamente órdenes consideradas injustas. Los derechos laborales, la igualdad jurídica, la ampliación del sufragio, la protección de las minorías y numerosas libertades civiles surgieron gracias a procesos de movilización democrática que combinaron participación ciudadana, deliberación pública y resistencia no violenta.

Por ello, ninguna democracia sólida puede exigir obediencia absoluta. La fortaleza institucional se construye aceptando el control ciudadano, la crítica pública y el derecho de la sociedad a organizarse pacíficamente cuando considera que determinados principios constitucionales están siendo vulnerados. La democracia no se debilita por el disenso; se debilita cuando el disenso deja de ser posible.

En Colombia, el Estado Social de Derecho fue concebido precisamente para impedir la concentración arbitraria del poder. Los mecanismos de participación, la libertad de expresión, el derecho de reunión y la protesta pacífica constituyen herramientas legítimas mediante las cuales la ciudadanía puede expresar su inconformidad dentro del marco constitucional.

La desobediencia civil forma parte de esa tradición democrática cuando conserva su carácter público, pacífico, proporcional y orientado a la protección de valores superiores.

El debate suscitado por las declaraciones de Iván Cepeda Castro trasciende coyunturas electorales. Plantea preguntas de fondo sobre la defensa de la soberanía, la autonomía institucional, la supremacía de la Constitución y el papel de la ciudadanía en la preservación del Estado democrático.

Independientemente de las posiciones políticas, toda democracia madura debe ser capaz de discutir estas cuestiones con serenidad, argumentos y apego al derecho.

La democracia no consiste únicamente en votar cada cierto número de años. También exige una ciudadanía vigilante, crítica y comprometida con la defensa permanente del orden constitucional. Cuando las instituciones funcionan correctamente, son ellas las llamadas a resolver las controversias. Cuando la ciudadanía considera que existen riesgos para los principios fundamentales del Estado, la movilización pacífica y la deliberación pública continúan siendo expresiones legítimas de la participación democrática.

En definitiva, la desobediencia civil constituye uno de los últimos recursos éticos de una sociedad libre. No pretende reemplazar la Constitución, sino reivindicar su vigencia; no busca destruir la democracia, sino impedir que se aparte de los principios que le dan legitimidad. En esa medida, cualquier convocatoria a la desobediencia civil solo encuentra justificación dentro de los parámetros de la no violencia, el respeto por la dignidad humana y la defensa del Estado constitucional de derecho.

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

NO ES HORA DE BUSCAR CULPABLES, ES HORA DE LA UNIDAD Y LA LUCHA INTELIGENTE *

 

En la imagen: Carlos Gallego / Historiador - Analista político

Por: CARLOS MEDINA GALLEGO 

El futuro no se construye alimentando resentimientos ni buscando culpables. Se construye preservando la dignidad, fortaleciendo la unidad y manteniendo la coherencia ética incluso en los momentos más difíciles

Las derrotas electorales suelen revelar tanto el carácter de los adversarios como el de los propios. Mientras unos celebran con euforia, otros caen en la tentación de buscar culpables internos, señalar responsables individuales y convertir la frustración en una disputa fratricida.

Esa reacción, comprensible desde la emoción, resulta profundamente equivocada cuando sustituye el análisis político por la descalificación personal. Hoy, más que nunca, el progresismo colombiano necesita inteligencia estratégica antes que impulsos vengativos.

En los días posteriores a la segunda vuelta presidencial han aparecido voces empeñadas en responsabilizar al candidato Iván Cepeda Castro por el resultado electoral. Como ocurre casi siempre después de una contienda difícil, algunos consideran más sencillo construir un chivo expiatorio que realizar una evaluación seria de las condiciones objetivas y subjetivas en las que se desarrolló la campaña. Se trata de una respuesta que, lejos de fortalecer al movimiento, amenaza con fragmentarlo precisamente cuando más necesita cohesión.

Quienes hoy buscan responsables parecen olvidar la magnitud del desafío que enfrentó la candidatura progresista. No se trató de una competencia desarrollada en condiciones de equilibrio político, económico y mediático. Fue una campaña atravesada por enormes asimetrías de recursos, por una intensa polarización ideológica, por poderosos intereses económicos comprometidos con el resultado y por un ambiente de confrontación que redujo los espacios para un debate sereno sobre los programas de gobierno.

En ese contexto, reducir el resultado electoral a las supuestas limitaciones de un candidato constituye una simplificación que desconoce la complejidad propia de toda competencia democrática. Ninguna elección presidencial depende exclusivamente de una persona. Intervienen factores estructurales, dinámicas territoriales, comportamientos históricos del electorado, campañas de comunicación, recursos financieros, alianzas políticas, agendas mediáticas y múltiples circunstancias imposibles de condensar en una sola explicación.

Los números, además, ofrecen una lectura muy distinta de la que proponen quienes hablan de un supuesto fracaso. Entre la primera y la segunda vuelta, el proyecto progresista logró incorporar cerca de tres millones de nuevos votos. Se trata de un crecimiento extraordinario en apenas unas semanas, alcanzado sin renunciar a los principios fundamentales que han caracterizado a este proyecto político: la defensa de la vida, la justicia social, la paz, la inclusión, la protección de los derechos fundamentales y la consolidación de un Estado comprometido con el interés general.

¿Puede calificarse como un fracaso un movimiento político capaz de convocar a millones de ciudadanos adicionales en tan corto tiempo? Difícilmente. Las derrotas existen, por supuesto, pero una derrota electoral no equivale necesariamente a un fracaso político. Hay campañas que pierden elecciones mientras consolidan proyectos históricos, amplían su base social y construyen las condiciones para futuras victorias. También existen triunfos electorales que terminan siendo derrotas políticas cuando quienes llegan al poder carecen de un horizonte ético o de una propuesta capaz de transformar la sociedad.

La historia política demuestra que las grandes transformaciones raramente avanzan en línea recta. Son procesos acumulativos, llenos de avances, retrocesos, aprendizajes y reorganizaciones. Quienes pretenden convertir cada elección en un juicio definitivo desconocen la naturaleza misma de la construcción democrática.

Resulta igualmente preocupante el tono de algunas críticas internas. En lugar de preguntarse qué enseñanzas deja el proceso electoral, ciertos sectores parecen más interesados en identificar responsables, ajustar cuentas personales o disputar espacios de liderazgo. Esa lógica del canibalismo político ha debilitado históricamente a numerosas fuerzas progresistas en América Latina. Muchas veces el adversario externo no consigue destruir aquello que finalmente termina erosionándose desde dentro.

La política democrática exige debate, autocrítica y evaluación permanente. Pero existe una diferencia sustancial entre la autocrítica y la búsqueda obsesiva de culpables. La primera fortalece porque identifica errores para corregirlos. La segunda destruye porque transforma las diferencias en enemistades y reemplaza la reflexión por la condena.

Responsabilizar exclusivamente a Iván Cepeda Castro desconoce, además, la forma como asumió la campaña. Su discurso nunca apeló al odio, la estigmatización ni la eliminación simbólica del adversario. Defendió una visión del país basada en la convivencia democrática, la ampliación de derechos, la reconciliación nacional y el respeto por la diversidad política. En una época marcada por la radicalización del lenguaje público, esa actitud constituye un activo democrático y no una debilidad.

Es posible discutir decisiones tácticas, mensajes específicos o estrategias de campaña. Toda campaña es perfectible. Pero convertir esas discusiones legítimas en un juicio político contra quien encabezó el proyecto solo beneficia a quienes desean un progresismo dividido, enfrentado y debilitado.

El verdadero desafío consiste en comprender qué expresó la ciudadanía mediante su voto. Colombia continúa siendo un país profundamente polarizado, atravesado por visiones distintas sobre el papel del Estado, la economía, la seguridad, la justicia social y los derechos ciudadanos. Ningún sector puede pretender representar por sí solo la totalidad del país. Precisamente por eso resulta indispensable construir mayorías sociales más amplias, capaces de dialogar con sectores que todavía observan con desconfianza al progresismo.

Esa tarea exige generosidad política. Exige abandonar los círculos cerrados, escuchar con atención a quienes piensan distinto y ampliar las capacidades de interlocución con nuevos actores sociales, empresariales, académicos, culturales y territoriales. No se construyen mayorías mediante la exclusión de quienes ya hacen parte del proyecto, ni mucho menos mediante la descalificación pública de sus dirigentes.

La unidad nunca ha significado uniformidad. Todo proyecto democrático saludable convive con diferencias internas. Sin embargo, esas diferencias deben tramitarse mediante mecanismos de deliberación respetuosa, no mediante campañas de desprestigio o acusaciones simplistas que terminan debilitando la confianza colectiva.

Más que preguntarse quién perdió la elección, el progresismo debería preguntarse qué país logró construir durante estos años y cuáles son las bases sociales que hoy sostienen su proyecto histórico. Millones de colombianos continúan identificándose con una agenda que prioriza la defensa de la vida, la protección del medio ambiente, la inclusión social, la igualdad de oportunidades, la educación pública, la salud como derecho y la construcción de paz. Ese capital político no desaparece por un resultado electoral. Al contrario, constituye el punto de partida para una nueva etapa de acumulación democrática.

Las sociedades cambian lentamente. Las culturas políticas se transforman mediante procesos prolongados de organización, pedagogía y participación ciudadana. La impaciencia nunca ha sido una buena consejera en política.
Por eso resulta indispensable rechazar los falsos triunfalismos, pero también las narrativas derrotistas que presentan el resultado electoral como una catástrofe irreversible.

Ni unos ni otros ayudan a comprender el momento histórico. Lo que corresponde ahora es fortalecer la organización, ampliar las alianzas, renovar los liderazgos sin destruir los existentes y consolidar una propuesta nacional todavía más incluyente.

El progresismo colombiano no necesita tribunales internos para condenar a quienes dieron la batalla democrática. Necesita inteligencia colectiva para interpretar las lecciones de esta elección y convertirlas en oportunidades de crecimiento.

El futuro no se construye alimentando resentimientos ni buscando culpables. Se construye preservando la dignidad, fortaleciendo la unidad y manteniendo la coherencia ética incluso en los momentos más difíciles. Porque, al final, las victorias más profundas no siempre coinciden con los resultados inmediatos de las urnas. Algunas comienzan precisamente cuando una fuerza política es capaz de aprender sin destruirse, de corregir sin dividirse y de seguir caminando con la convicción de que la defensa de la vida, la esperanza, la inclusión y la reconciliación continúa siendo una causa que vale la pena sostener.

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

El artista y el verdugo: Cuando una parte de la cultura vota contra la cultura

 

En la imagen: Jhon Flórez / Economista - Analista político

Por: Jhon Jaiver Flórez G.

La verdadera intelectualidad no se mide en títulos ni en palabras sofisticadas, sino en la coherencia entre lo que se proclama en público y lo que se decide en silencio. Vale más una convicción practicada a solas que mil discursos aplaudidos en el escenario.

Hay una incomodidad que este país necesita nombrar sin rodeos y sin el eufemismo que suele proteger reputaciones a costa de la verdad: algunos de quienes se presentan ante la sociedad como artistas, intelectuales, defensores de la vida, del agua, de los ecosistemas, de la fauna, de la flora y de la dignidad humana votaron el 21 de junio de 2026 por el candidato de la ultraderecha.

No todos. Es importante decirlo con la misma claridad. Hubo hombres y mujeres artistas, escritores, actores, músicos y promotores de cultura que leyeron con lucidez lo que estaba en juego y votaron en consecuencia. Este texto no habla de ellos. Habla de quienes no lo hicieron. De quienes, proclamando en sus obras y en sus declaraciones públicas el amor por la vida, la naturaleza y la dignidad humana, depositaron su tarjetón a favor de un proyecto que prometió, con todas sus letras y con una consistencia que al menos merece reconocerse como coherente, exactamente lo contrario.

Conviene recordar qué representa ese proyecto. No como ejercicio de memoria partidista, sino como deber elemental de honestidad intelectual.

Representa a quien describió el ajiaco —patrimonio gastronómico de generaciones, símbolo de la identidad bogotana— como "un potaje carcelario de papa con pollo que vuelve nada a las personas". Una declaración que, más allá de la anécdota culinaria, revela con inquietante precisión el desprecio que puede albergar un hombre hacia las expresiones más cotidianas de la cultura de un pueblo.

Representa a quien relató en público, con la despreocupación de quien narra una travesura simpática, que en su infancia amarraba pólvora a los gatos para hacerlos volar y explotar. Una confesión que pasó por humor y que revela, en cambio, algo bastante más sombrío sobre la relación de ese hombre con el dolor ajeno, con la vida que no le pertenece y que sin embargo siente que puede manipular a su antojo.

Representa a quien prometió "destripar a la izquierda", advirtió que caería "con mano de hierro" sobre quienes salieran a protestar, y precisó que, si las manifestaciones derivaban en desorden, daría la orden a la fuerza pública de "dar de baja" a los vándalos. El mismo que amenazó con que el tigre mordería "no como de indio, no como de negro, no como de blanco": una frase que, despojada de cualquier interpretación tibia, es sencillamente racista, y que fue pronunciada por quien se dispone a gobernar a todos esos indios, esos negros y esos blancos.

Representa a quien defiende el fracking "a lo que dé", llama "farsa" a las consultas previas de las comunidades indígenas y afrodescendientes, y ha prometido reanudar las aspersiones aéreas con glifosato sobre los mismos ecosistemas que sus propios votantes culturales dicen defender con fervor en sus obras, en sus entrevistas y en sus redes sociales.

Representa, además, a quien ostenta ciudadanía estadounidense y juró lealtad a ese país. No es un detalle menor en alguien que se apresta a gobernar a Colombia. La pregunta inevitable —y que requiere respuesta clara— es qué ocurrirá cuando los intereses nacionales colisionen con los del imperio del que también es ciudadano y al que le debe obediencia juramentada. Representa igualmente a quien ha expresado admiración abierta por el gobierno de Benjamin Netanyahu, incluso mientras el mundo observa un genocidio que ha dejado más de veinte mil muertos en Gaza, la mayoría civiles, entre ellos, más de veinte mil niños, según organismos internacionales. Esa adhesión no es un gesto diplomático ni una postura negociable: es una declaración de principios. Y como tal, plantea una pregunta que Colombia tiene derecho a hacerse: qué tipo de sensibilidad humana, qué referentes morales y qué visión del valor de la vida es el que llega a la Presidencia de la República.

Eso es lo que ese proyecto representa. No es ambiguo. No admite lecturas generosas. Es la degradación organizada de todo lo que el arte, la cultura y el humanismo afirman defender.

La pregunta que Colombia debería hacerse no es si esas personas tenían derecho a votar como quisieran. Lo tenían, no es discutible. La pregunta es qué nos dice ese voto sobre la naturaleza real de ciertos compromisos que se proclaman en público. Sobre la distancia que puede existir entre el discurso del escenario y la decisión en el cubículo electoral. Sobre qué significa, en términos concretos y no retóricos, llamarse defensor de la vida cuando se vota por quien prometió ordenar matar manifestantes.

Porque hay algo que conviene decir con franqueza, aunque incomode: no todo el que crea es un artista en el sentido pleno de la palabra. La técnica no agota el arte. El oficio no agota la cultura. Y la sensibilidad estética, por refinada que sea, no garantiza la presencia de una conciencia ética que funcione cuando las circunstancias la ponen verdaderamente a prueba.

Desde Aristóteles hasta Paulo Freire, el arte ha sido comprendido como algo radicalmente distinto a la destreza técnica. Es una forma privilegiada de conocimiento que no solo explica el mundo, sino que lo hace visible desde la sensibilidad y la experiencia humana. El artista auténtico no fabrica objetos bellos: produce significado. Su obra cuestiona, denuncia e invita a contemplar la realidad desde una mirada que amplía la conciencia colectiva.

Theodor Adorno advirtió que el arte pierde su esencia cuando se convierte en mercancía, cuando deja de interpelar para comenzar a entretener sin riesgo. Freire afirmó que toda creación posee una dimensión ética porque contribuye a formar conciencia o a perpetuar la alienación. No hay creación neutral, aunque muchos creadores prefieran creer que sí la hay porque esa creencia resulta más cómoda.

Se puede ser un virtuoso técnico y, al mismo tiempo, un ciudadano políticamente analfabeto. Se puede dominar con maestría la paleta de colores y ser incapaz de leer el color del tiempo histórico que se vive. Se puede cantar con afinación impecable y votar con una desafinación moral cuyos efectos resuenan durante años en la vida de millones de personas que no tienen escenario ni micrófono para protestar.

La intelectualidad genuina no se mide por el número de libros leídos ni por la sofisticación del vocabulario que se despliega en una entrevista. No se acredita con títulos universitarios ni con menciones en suplementos culturales. Se mide por la capacidad de sostener la coherencia entre lo que se proclama y lo que se hace: entre los valores que se defienden en el escenario y las decisiones que se toman en silencio, sin público, cuando nadie aplaude.

Votar por quien representa la misoginia, el racismo, la destrucción ambiental, la brutalidad contra la protesta social y la complicidad con masacres de niños no fue un error de información. Fue, en el mejor de los casos, una disociación profunda entre el discurso y la acción. Y en el peor, la demostración de que la sensibilidad estética y la conciencia ética son facultades completamente independientes que pueden coexistir —o no— en una misma persona sin que ninguna garantice la presencia de la otra.

El arte auténtico incomoda al poder. Lo interpela, lo cuestiona, lo denuncia. Cuando en cambio lo celebra, cuando le tiende la mano y le entrega el voto, deja de ser arte para convertirse en decoración. Y quien lo firma deja de ser artista para convertirse en algo bastante más modesto: alguien que sabe manejar un pincel o cantar.

Colombia tiene creadores extraordinarios, de una sensibilidad que genuinamente enorgullece. Pero el 21 de junio demostró que algunos de ellos confunden la posesión de un instrumento con la posesión de una conciencia, el dominio de una técnica con el ejercicio de un pensamiento, la producción de belleza con el compromiso real con la dignidad humana.

Esa es la diferencia entre un artista y alguien que pinta, canta, actúa... Entre un intelectual y alguien que sabe hablar. Entre defender la vida y simplemente pronunciar su nombre.

La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

 

La revolución ética desde lo local

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

De lo que se trata es de la construcción, desde los municipios, de una revolución ética que no necesita pedir permiso porque ya está ocurriendo en los territorios donde la comunidad decide su destino con honestidad

Las pasadas elecciones presidenciales de Colombia, en las que se enfrentaron los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, además del pulso entre dos candidaturas diametralmente diferentes, fue la manifestación más evidente de la fractura que divide la sociedad colombiana.

Los resultados numéricos de cada una de las propuestas políticas enfrentadas sirven para evidenciar la existencia de dos grandes visiones de la realidad. Por un lado, una que entiende el bienestar social, la colaboración comunitaria y la justicia como ejes irrenunciables del desarrollo; por el otro, una cosmovisión que exalta el individualismo, la acumulación sin límites y se acomoda sin rubor en todos los gobiernos que han concentrado la riqueza en una minoría mientras siembran dificultades para las mayorías.

Al hacer un primer examen de los resultados finales alcanzados por las candidaturas en competencia es posible afirmar que, el estrecho margen que dio la victoria a la ultraderecha no puede leerse como una derrota definitiva;  debe interpretarse como la confirmación de que en Colombia coexisten dos países, en apariencia irreconciliables, que poderosas fuerzas (ahora ya no tan ocultas) se empeñan en preservar en estado de enfrentamiento, para mantener el estado de cosas anterior al arribo de la izquierda al poder. De igual manera, la cantidad de votos alcanzada por la candidatura de Cepeda y Quilcué, se presenta como la prueba de que el país de la solidaridad crece y está lejos de ser residual.

En este particular momento de la historia, en el que los poderosos han demostrado cómo, la manipulación mediática y la profunda infiltración de sus agentes políticos y judiciales en las instancias clave de decisión administrativa, judicial y electoral pueden lograr que grandes sectores de estratos medios y bajos de la sociedad se crean el relato de que ellos y ellas también hacen parte de una élite que impuso el “Todo Vale” y del “enemigo interno”, Colombia necesita más que nunca, una revolución ética, que tenga como  punto de partida a los municipios, en un escenario político que esté lejos de las peligrosas alianzas que desdibujan el alma del cambio y la justicia social.

Aung San Suu Kyi ya había señalado la anterior idea con una lucidez que sirve para describir el momento que vive Colombia, al afirmar que: “La auténtica revolución es la del espíritu, nacida del convencimiento de que es necesario cambiar las actitudes mentales y los valores que dan forma al progreso del desarrollo de una nación. [...] Se necesita la decisión unánime de perseverar en la lucha, de sacrificarse en nombre de las virtudes permanentes, de resistir las influencias corruptoras del deseo, la mala fe, la ignorancia y el miedo”.

Esta cita, que el filósofo Francesc Torralba usó para presentar su texto: La Revolución Ética, resulta precisa para señalar que, en las actuales sociedades, la única forma de evitar el abismo es plantear la ética como una brújula necesaria, demostrando, de paso, que el modelo que defiende De la Espriella no necesita cambiar actitudes mentales; se alimenta de las influencias corruptoras del deseo, la mala fe y el miedo. Sin embargo, frente a un gobierno de ultraderecha, absolutamente amoral, no basta la indignación, ya que, como Torralba lo advierte: la indignación, como respuesta natural a la injusticia, es estéril si no deviene compromiso. Y es precisamente ese salto (de la rabia a la construcción) lo que está en juego hoy en Colombia.

Frente a esta alternativa política – filosófica – vivencial, Iván Cepeda, en su lúcido planteamiento sobre la revolución ética en Colombia ha señalado que nuestra Constitución y los tratados internacionales consagran principios que son, al mismo tiempo, un logro de la resistencia colectiva y una deuda humillante. En tal sentido, Cepeda advierte que la vida debe defenderse ante toda violencia y que la equidad social es un derecho fundamental, toda vez que la desigualdad se ensaña con los mismos de siempre. De igual manera, Cepeda continúa indicando que una propuesta de gobierno ético debe tener como principios fundamentales: el hecho de que las mujeres deben ocupar espacios decisorios y que la naturaleza es nuestra casa común.

Resulta claro que estos principios han sido verdaderamente transformadores solo cuando activaron el poder constituyente de la sociedad, cuando miles de organizaciones, lideresas, defensores del ambiente y del trabajo digno los movilizaron con desobediencia civil y compromiso democrático. Esa movilización ha sido la semilla de la revolución ética que se necesita en Colombia: un cambio que no solo repudie la deshumanización, sino que reencuentre el sentido profundo de nuestra humanidad compartida.

La Colombia que votó por Cepeda representa un acumulado histórico de estos avances en la revolución ética que ya había hecho posible la gesta del gobierno de Gustavo Petro, a pesar de los hierros y desaciertos cometidos en este primer intento de Cambio. Para avanzar sobre lo avanzado se requiere una estrategia distinta: dejar de mirar exclusivamente el escenario nacional como campo de batalla inmediato y sembrar la revolución ética en el territorio más concreto, el municipio, de modo que, las elecciones locales sean la oportunidad de pasar de la resistencia a la construcción de pequeñas comunidades morales que, como señala Torralba, actúan como “reducto y salvaguarda de la ética en medio de los tiempos más convulsos”.

Desde esta perspectiva, la mejor manera de generalizar la ética en la sociedad colombiana es multiplicar los ejemplos locales de gobierno eficiente, pero, sobre todo decente, de administración comunitaria de lo público, de ciudadanía activa que haga retroceder la corrupción.

Esta revolución ética que se propone para los municipios debe partir de una premisa que es también una renuncia: la izquierda debe abandonar la lógica de las alianzas con los sectores tradicionales, puesto que estas alianzas no solo han sido electoralmente calculadas, sino que han resultado éticamente suicidas. Las ciudadanías decentes han aprendido a distinguir entre la ética discursiva de cara a las elecciones y la ética coherente con todos los detalles, la que habla de derechos y deberes. Así, Una izquierda que pacta con maquinarias corruptas para ganar alcaldías o gobernaciones está cavando su propia tumba moral.

Lo que se necesita no es un simple recambio de caras en el poder local, sino una transformación de la cultura política que, como dice Torralba, requiere un cambio de paradigma. Eso implica que los movimientos alternativos presenten candidaturas propias, orgánicamente vinculadas a las luchas del territorio, con programas de gobierno que hagan de la transparencia, la participación y la rendición de cuentas el centro de la vida ciudadana.

Esa autonomía no es fundamentalismo, es fidelidad al principio más elemental de la revolución ética: el poder solo se transforma si se ejerce con virtudes permanentes, como un primer paso para construir una red de municipios en donde el poder del ciudadano, además de exigir transparencia, sea capaz de castigar la corrupción con su decisión diaria. Esos municipios no esperarían el permiso de Bogotá para construir paz territorial: serían comunidades morales que demuestran, en la práctica, que otra Colombia es posible.

Pero para que esto suceda, debemos superar el derrotismo que ve en el ascenso de la ultraderecha una fatalidad. Los avances alcanzados bajo el gobierno del Pacto Histórico han hecho emerger valores que estaban ocultos como la solidaridad intrafamiliar, comunitaria, gremial, de género. Esa solidaridad, que no es mera resistencia, es el material del que está hecha la revolución ética. En este orden de ideas, no se parte de cero, se continúa con el acumulado histórico del movimiento social que hizo posible el actual gobierno progresista. No se trata de inventar la rueda, sino de articular lo disperso, de dotarlo de un relato común y de una voluntad inclaudicable de no repetir los errores del pasado.

La auténtica revolución, recordaba Suu Kyi, requiere una decisión unánime de perseverar. La decisión está tomada, pero debe ser comunicada con claridad: no se va a construir una Colombia gobernada por la ultraderecha del individualismo depredador, pero tampoco se va a entregar la dignidad de las fuerzas realmente progresista a las alianzas que negocian principios por migajas de poder. De lo que se trata es de la construcción, desde los municipios, de una revolución ética que no necesita pedir permiso porque ya está ocurriendo en los territorios donde la comunidad decide su destino con honestidad, donde la juventud rechaza la corrupción como forma de vida y donde las víctimas son restituidas en su verdad.

La mente militarizada y el Síndrome de Estocolmo

 

Por: DRA **

Para medio país el joven sin futuro o el campesino ya no es un hermano, es el enemigo. Y en la mente militarizada, al enemigo no se le comprende ni se le ayuda: se le da de baja o se lo borra en una mega cárcel.

Felicitaciones a la ultraderecha. Lo lograron. Hoy celebramos el triunfo inobjetable del miedo, de la indolencia y de la amnesia histórica.

Es verdaderamente fascinante observar cómo el Síndrome de Estocolmo se ha convertido en un mandato popular.  Una nación entera aplaudiendo a quienes históricamente han perpetuado su tragedia, entregándoles las llaves del futuro con la ilusión perversa de que el verdugo, esta vez, será compasivo.

Y antes de que los coristas del fanatismo vengan con su predecible y mediocre cantaleta de "llórelo", sépanlo de una vez: me importa un culo.

Me importa un culo que me manden a llorar. Porque, escúchenme muy bien: yo no derramo una sola lágrima por la posible derrota de mi candidato. Los políticos van y vienen; mi llanto no es por el poder perdido. Lloro por esta tierra. Lloro por mis compatriotas.

Lloro porque, en un acto de ceguera colectiva que me hiela el alma, a esta sociedad le pareció muy poca la sangre que ya ha absorbido nuestra tierra y decidieron que quieren más.

Quieren que la fotosíntesis de nuestros campos ya no se haga con clorofila, sino con sangre. Con la sangre de sus propios hermanos. Les parecieron pocos los muertos, los desplazados, las madres buscando a sus hijos en fosas. Votaron por la garantía de que este país siga bebiendo sangre, disfrazada ahora de orden y seguridad.

Y fíjense en la miseria moral en la que hemos caído, fíjense en esta fractura grotesca.

Quedamos divididos exactamente por la mitad. Por un lado, un 50% al que sí le duele su gente. Colombianos a los que nos va bien económicamente, que jamás nos enriquecimos ni usufructuamos un solo peso del gobierno de Petro, pero que tenemos la decencia y la humanidad de alegrarnos al ver que, por fin, por primera vez, el Estado miraba a los más pobres para tirarles un salvavidas. Eso nos hace hermanos, eso es entender que somos hijos de la misma tierra.

Pero por el otro lado, de manera francamente repugnante, tenemos a ese otro 50% al que el dolor del compatriota le importa una reverenda mierda. Esa mitad que se regodea en el esnobismo del egoísmo, que mira con asco al que no tuvo suerte, que aplaude que al pobre lo devuelvan al socavón del olvido simplemente porque les estorba en su paisaje. Qué nivel de indolencia tan bárbaro.

Y si me preguntan, como psicóloga**, cómo es humanamente posible este nivel de desprecio, la respuesta no es un simple berrinche emocional. La respuesta nos la dio hace décadas el gran Ignacio Martín-Baró desde la psicología social de la liberación, antes de que el fascismo lo asesinara precisamente por decir la verdad y desnudar estas miserias.

Lo que estamos viendo en esa mitad del país no es una simple diferencia de opiniones; es el triunfo macabro de lo que Martín-Baró llamó la "militarización de la mente". Décadas de guerra y de discursos de odio han logrado que esta sociedad internalice la lógica del combate en su cotidianidad.

Para esa mitad de colombianos, el pobre, el joven que no tiene futuro, el campesino desplazado o el que sale a protestar ya no es un compatriota, ya no es un hermano: es el enemigo. Y en la mente militarizada, al enemigo no se le comprende, no se le ayuda, ni se le tiene empatía; al enemigo se le aniquila, se le da "de baja" y se le borra del mapa para que no incomode.

Ese 50% vive inmerso en una mentira institucionalizada. Martín-Baró explicaba perfectamente cómo el sistema logra que la opresión y la miseria extrema se vean como algo natural, como un castigo merecido para el que "no se esforzó".

Para que no te duela la tragedia ajena, primero tienes que haber deshumanizado por completo al otro. Tienes que haberte convencido de que su vida vale menos que la tuya. Ese 50% no es que esté ciego; es que su psique está estructurada sobre el egoísmo, sobre un clasismo tan arraigado que el sufrimiento del excluido les parece parte del paisaje. Nos enseñaron a odiar al oprimido y a idolatrar al opresor, y lo hicieron tan bien, que hoy la mitad de Colombia lo celebra en las urnas.

Y para rematar, sumándole a esta desgracia lo que escupió ese señor, ese asqueroso falso mesías, diciendo que al que salga a oponerse o haga un bloqueo "le va a dar de baja". ¿Dar de baja por protestar? Entonces coman mierda. Sí, hoy se los digo de frente: ¡coman mierda! Qué nivel de cinismo y de violencia tan asquerosa.

Y que quede claro que hoy hablo desde la emoción. Que yo sea psicóloga no significa que esté forrada en papel contact y carezca de sentimientos. Soy una colombiana a la que le duele su pueblo.

Hoy, subiendo a la finca de mi mamá, veía a todos esos soldados en la vía. Muchachos de 19, 20 o 21 años... Yo tengo 43, y para mí, ellos son niños. Niños a los que sus madres van a tener que entregar a la guerra porque no tuvieron la capacidad económica ni las oportunidades para estudiar una carrera, y no les quedó más remedio que meterse al ejército. Ver que a esos niños son a los que van a mandar a matar y a morir, me destroza.

Siéntanse muy orgullosos de eso, ultraderechistas. Y ya me empezaron a escribir en las redes, con su tonito de burla, a decirme que "Abelardo es mi presidente". No se equivoquen. Será el presidente de ustedes, el domador de su circo, pero mío no es.

Pero que quede algo absolutamente claro, sin medias tintas: háganse cargo. A ustedes, los paladines de la ultraderecha, a los defensores de la mano dura que hoy celebran: asuman la paternidad de su asquerosa criatura.

Cuando la violencia se recrudezca, cuando el discurso de odio se convierta en política de Estado, cuando la desigualdad los asfixie y el plomo sea la única respuesta a la crisis, les exijo la madurez de no mirar para otro lado.

Ustedes eligieron este abismo. Ustedes firmaron el cheque en blanco. Tengan la decencia de asumir las consecuencias sin hacerse las víctimas.

Me duele Colombia. Me duele en las entrañas ver cómo nos negamos a sanar, prefiriendo siempre reabrir la herida. Qué tragedia tan infinita ser el país que, teniendo todo para florecer, elige siempre abonar sus campos con su propia desgracia.

 

** Este texto fue tomado del perfil FB de Jairo Osorio, su autoría se le asigna (sin confirmación) a Lina M. Ramírez; sin embargo, La Conversa de Fin de Semana suscribe cada una de las afirmaciones aquí suscritas.