La economía como campo de disputa: cuando las tasas de interés también votan *

En la imagen: John Jaiver Flórez G. / Economista

Por: Jhon Jaiver Flórez G.

Colombia opera bajo una especie de “bancocracia”, donde las decisiones económicas terminan favoreciendo de manera sistemática al capital financiero

Si usted siente que todo está más caro, que el crédito es casi imposible y que el dinero ya no alcanza como antes, no es una percepción aislada ni un problema individual. Es política económica. Y más aún: es una decisión consciente sobre quién gana y quién pierde en la Colombia de 2026.

Porque la economía —aunque nos la vendan como un asunto científico lleno de fórmulas incomprensibles y tecnicismos — es, en realidad, una forma de poder. Y hoy ese poder está en disputa.

En la Colombia actual, la subida de la tasa de interés al 11,25 % por parte del Banco de la República, en un contexto donde la inflación ronda el 5,3 %, no es simplemente un “ajuste técnico”. Es una decisión profundamente política. Y, para decirlo sin rodeos, para muchos sectores críticos, se trata de una medida que funciona como freno deliberado a la dinámica económica impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

La pregunta surge por sí sola —y surge con sospecha—: si la inflación está controlada y lejos de niveles críticos, ¿qué justifica la aplicación de “correctivos” tan desproporcionados que terminan golpeando más a la economía que al problema que dicen combatir?

Desde una lectura keynesiana —más cercana al sentido común de la gente que al dogma financiero— la respuesta no encaja con la lógica oficial. John Keynes lo planteó con claridad hace casi un siglo: no toda inflación se combate enfriando la economía, y mucho menos cuando el problema no es un exceso de demanda sino limitaciones en la producción o choques externos.

En el caso colombiano, buena parte de la inflación no se explica porque la gente esté comprando en exceso, sino por factores externos como el aumento en los costos de los insumos agrícolas, la dependencia de importaciones y la volatilidad de los precios internacionales de la energía, especialmente el petróleo. Subir la tasa de interés no corrige ninguno de esos problemas. Lo que sí hace es encarecer el crédito, frenar la inversión y debilitar el consumo.

Y ahí aparece el punto clave.

Porque la tasa de interés no es neutra: funciona como un mecanismo de redistribución. Cuando sube, no afecta a todos por igual. Para las familias, significa mayores dificultades para acceder a vivienda, educación o incluso cubrir el consumo básico mediante crédito. Muchos trabajadores que recibieron con optimismo un aumento salarial del 23 % para 2026, y que esperaban usar ese ingreso adicional para mejorar su calidad de vida o acceder a un préstamo, terminan viendo cómo ese beneficio se diluye, absorbido por los altos costos financieros. Al mismo tiempo, las pequeñas y medianas empresas enfrentan mayores obstáculos para producir, crecer o incluso mantenerse a flote. En contraste, quienes dependen de la renta financiera —los grandes capitales— encuentran en las altas tasas una oportunidad para aumentar sus ganancias sin necesidad de invertir ni producir más.

Es aquí donde surge una crítica fuerte —y cada vez más extendida—: la idea de que Colombia está operando bajo una especie de “bancocracia”, donde las decisiones económicas terminan favoreciendo de manera sistemática al capital financiero por encima de la economía real.

No es una acusación menor. Es una lectura política del momento.

Cuando se revisan los datos, la inquietud no solo aparece, sino que se profundiza: en 2022, al inicio del actual gobierno, la inflación alcanzaba el 13,12 %, mientras la tasa de interés se ubicaba alrededor del 9 %. Hoy, con una inflación considerablemente menor, la tasa es significativamente más alta. La lógica parece invertida: se aplica un remedio más severo justo cuando la enfermedad es menos grave —o incluso cuando ya no representa una amenaza de la misma magnitud.

¿Tiene sentido?

Desde la ortodoxia neoliberal, la respuesta es afirmativa: se insiste en la necesidad de “anclar expectativas” y prevenir posibles repuntes inflacionarios. Sin embargo, desde una mirada crítica, esa explicación resulta insuficiente. Más aún cuando el efecto concreto de la medida es enfriar una economía que apenas comienza a recuperarse… y que, pese a las dificultades, ha mostrado señales de reactivación.

El resultado es visible: crédito más caro, consumo restringido, inversión frenada. En términos simples: menos movimiento económico. Y mientras tanto, el sistema financiero se fortalece.

Los rendimientos de instrumentos como los CDT superan ampliamente la inflación. Es decir, quien tiene capital para ahorrar gana. Quien necesita crédito, pierde. La economía deja de premiar al que produce y empieza a premiar al que espera.

No es casualidad. Es una lógica.

Una lógica que muchos interpretan como un sesgo estructural del Banco de la República, cuya junta directiva —según estas críticas— ha actuado más en sintonía con los intereses del sector financiero que con las necesidades del conjunto de la sociedad.

Aquí el debate deja de ser técnico y se vuelve abiertamente político.

Porque el Banco no es un actor cualquiera. Es una institución del Estado. Y, como tal, su mandato no es abstracto: debe velar por la estabilidad económica, sí, pero también en coordinación con la política general del país. No está por encima de la democracia, ni puede convertirse en un poder aislado de las decisiones colectivas.

Sin embargo, lo que hoy se evidencia es una ruptura clara entre el gobierno y el Banco. Una tensión que deja al descubierto algo más profundo: ocupar la presidencia no significa necesariamente detentar el poder real dentro del Estado.

El gobierno de Gustavo Petro llegó con un mandato de cambio, respaldado por una votación histórica. Pero ese mandato se enfrenta a estructuras institucionales que no cambiaron con las elecciones. Entre ellas, la política monetaria.

En ese choque, algunos sectores ven algo más que un desacuerdo: ven un bloqueo. Una resistencia estructural a las transformaciones económicas que afectan intereses consolidados.

Por eso, la subida de tasas no se interpreta solo como una decisión contra la inflación, sino como una forma de limitar el alcance de un proyecto político.

¿Es una interpretación radical? Tal vez. Pero también es una lectura que surge de observar quién gana y quién pierde con cada decisión.

Mientras tanto, la ciudadanía —muchas veces apática, muchas veces cansada— observa desde la distancia. Y ahí aparece otra pieza clave del problema.

La apatía política.

Porque cuando la gente se desconecta de estos debates, las decisiones quedan en manos de pocos. Y esos pocos no siempre representan a la mayoría. La economía sigue funcionando, las decisiones se siguen tomando, pero sin control social.

Y eso tiene consecuencias.

La paradoja es dura: la desconfianza en la política lleva a la gente a alejarse, pero ese alejamiento facilita que el poder se concentre aún más. Es un círculo que se alimenta solo.

Romperlo implica entender algo fundamental: la economía no es un lenguaje exclusivo de expertos. Es la forma en que se organiza la vida diaria. Es el precio de los alimentos, el acceso al crédito, la posibilidad de tener empleo.

Colombia no está discutiendo solo una tasa de interés. Está discutiendo qué tipo de economía quiere ser.

Una donde el crecimiento se construya desde la producción, el trabajo y el consumo. O una donde la estabilidad se mida desde la rentabilidad financiera, incluso si eso implica frenar al resto. El gobierno ha intentado empujar hacia el primer camino. El Banco está empujando hacia el segundo.

Y en medio de esa tensión, el país entero queda atrapado. Porque cuando la economía se convierte en un campo de batalla, las decisiones ya no son neutras. Son elecciones. Y aunque no aparezcan en el tarjetón, también definen el futuro.

*La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

Un maquiavelismo forzado en el Pacto Histórico

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

Al usar su versión de la Realpolitik como excusa para aliarse con quienes han comerciado con la democracia —todo con tal de asegurar el triunfo electoral—, el dirigente del Pacto no hace más que revelarse como un mentiroso oportunista, idéntico a la derecha que decía combatir.

En ciertos territorios de Colombia hay un peligro latente para el futuro inmediato del Pacto histórico.  Es una amenaza que está íntimamente ligada a las formas de hacer política de algunos dirigentes que, en su afán de ganar, le han empezado a ofrecer su alma al diablo. A pesar de que estos nuevos proceres del progresismo local tratan de vender su particular estrategia electoral como  un ajuste táctico o una necesaria concesión estratégica para ampliar bases, lo preocupante es que se trata de algo más profundo: La muy peligrosa reinterpretación de la Realpolitik de Von Rochau, que están haciendo  algunos dirigentes del Pacto Histórico (sobre todo a nivel regional), en la que están aplicando, con entusiasmo sospechoso, exactamente las mismas reglas del juego que durante décadas se han denunciado de la derecha tradicional.

Es preciso aclarar que el concepto original de Realpolitik no es, en sí mismo, detestable; lo que resulta realmente fastidioso es el resultado de la adaptación criolla que los nuevos prohombres del progresismo regional han hecho de los postulados de Von Rochau, pensador alemán del siglo XIX, según el cual, la opinión pública, con sus pasiones, sus miedos y sus prejuicios es más determinante que la propia idea de nación o de pueblo (Medina, 2019)[1], implantando como dogma político la creencia de que la única forma de ganar electores es replicar los mismos ejercicios proselitistas de la derecha, porque “a la gente le gusta”.

El problema ocurre cuando estos nuevos (viejos) líderes del llamado progresismo toman esa descripción del mundo (la de Von Rochau), que es un diagnóstico, como justificación para abandonar cualquier brújula ética. A partir de esta cuestionable perspectiva, empezamos a observar en varias regiones del país un fenómeno, que, aunque ya visto, no deja de ser alarmante: la conformación de alianzas locales con operadores políticos tradicionales de derecha, exactamente esos que durante años perfeccionaron el arte de la manipulación del electorado a través de sus “líderes comunitarios” de bolsillo y que han construido microempresas electorales basadas en un eficiente esquema de clientelismo y corrupción. Esos mismos operadores que ayer entregaban votos al uribismo, hoy se sientan en mesas con lideres progresistas (electos y por elegir) para repartirse cuotas burocráticas, avales y prebendas. El ciudadano desprevenido se pregunta: ¿Acaso la izquierda necesita aprender de ellos cómo se hace política? ¿O es que ya no hay diferencia?

Lo más grave no es la alianza en sí misma (de por sí, ya bastante peligrosa), sino la coartada con la que se justifica: una lectura utilitarista y forzada de Maquiavelo. Como señala Londoño (2015)[2], el realismo de Maquiavelo propugna “un amoralismo práctico” que pone al desnudo las formas habituales del poder, eliminando la dependencia del derecho respecto de la moral. Aquí es necesario caminar despacio: Maquiavelo describía cómo actuaban los príncipes de su tiempo; no estaba escribiendo un manual de ética para esta pobrísima versión regional de la izquierda del siglo XXI[3].

Cuando un dirigente del Pacto Histórico se apropia de esta “sinceridad feroz e irónica” de Nicolás Maquiavelo para justificar alianzas con quienes ayer comerciaban votos y hoy ofrecen sus estructuras proselitistas a cambio de migajas de poder, lo que está haciendo es confesar, sin quererlo, que es un mentiroso oportunista que no difiere en nada del operador político de derecha al que decía enfrentar y con quien hoy comparte viandas, bebidas, votos y promesas de puestos y contratos.

Y este maquiavelismo de pacotilla tiene consecuencias muy concretas. La primera es la erosión de la confianza. Cuando los votantes indecisos, justo aquellos sectores que el progresismo necesita convencer para crecer de verdad ven que los mismos que prometían “otra forma de hacer política” terminan aliándose con los mismos caciques locales de siempre, lo que perciben no es una astuta jugada realista, sino una traición a la palabra empeñada. Esa desconfianza no se recupera con discursos bonitos en X, Instagram, Facebook, Tik Tok o YouTube; se pierde en las urnas, justo donde más duele: en las alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas que la propuesta de izquierda necesita ganar para consolidar un proyecto de poder territorial.

Pero hay una segunda consecuencia, quizá más profunda. Al asumir el “todo vale” para conseguir votos, incluyendo replicar el clientelismo, el intercambio de favores y la manipulación de líderes comunitarios, estos dirigentes del Pacto Histórico están poniendo en riesgo no solo su reputación personal, sino la credibilidad ética de toda una plataforma política alternativa a la derecha tradicional. Porque si la izquierda termina siendo funcionalmente indistinguible de la derecha en los territorios, ¿con qué argumento reclama el voto de quienes buscan un cambio real?

Este es un llamado de atención que no puede ser ignorado por el conjunto del Pacto Histórico. Las próximas elecciones serán un termómetro implacable. Si el llamado progresismo sigue empeñado en aplicar una Realpolitik mal entendida (que no es otra cosa que maquiavelismo barato para justificar su incoherencia), terminará reencauchando a la derecha justo allí donde más necesita avanzar. Y entonces, cuando los indecisos se alejen decepcionados y los votantes tradicionales retornen a sus candidatos de siempre, no habrá comunicado de prensa ni declaración altisonante que explique por qué el “cambio” resultó ser, al final, el mismo perro con diferente collar.

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[1] Ver: https://www.scielo.org.mx/pdf/espiral/v26n76/1665-0565-espiral-26-76-281.pdf

[2] Ver: https://repositorio.utp.edu.co/server/api/core/bitstreams/24cf0ed4-e0f9-4581-a5b5-af8658315656/content

[3] Ver: https://www.las2orillas.co/moro-versus-maquiavelo-la-batalla-final/

El absurdo incremento de las tasas de interés *

 

Por: Yezid García Abello

La autonomía del Banco de la República no equivale a infalibilidad de sus decisiones, la autonomía no es dogma”. El artículo 371 de la Constitución Nacional señala explícitamente que “el Banco ejercerá sus funciones en coordinación con la política económica general”

Por más que los economistas neoliberales y la oposición de ultra derecha al gobierno defiendan airadamente el supuesto criterio técnico del criminal aumento de las tasas de interés en 100 puntos básicos que decretó la Junta Directiva del Banco de la República, no podrán ocultar el fondo político de una disposición encaminada a frenar el desarrollo económico y la inversión, llenar las alforjas del capital financiero, encarecer la adquisición de bienes y servicios a crédito, hacer más onerosa la deuda pública, fomentar la desocupación y llevarse buena parte de los incrementos salariales.

La pretendida autonomía de la Junta no es absoluta, estamos en un Estado Social de Derecho que exige la colaboración armónica de los poderes públicos de la Nación tal como lo establece la Constitución Nacional, y donde no se puede ordenar, en contravía del interés colectivo, que se estanque el desarrollo económico para tratar de favorecer la opción política de la oposición. Como afirma el economista Jorge Coronel: “la autonomía del Banco no equivale a infalibilidad de sus decisiones, la autonomía no es dogma”. Claro es el artículo 371 de la Constitución Nacional cuando señala explícitamente que “el Banco ejercerá sus funciones en coordinación con la política económica general”.

En el cuatrienio anterior con una inflación de 13% las tasas de interés nunca superaron 9%, es decir, menor la tasa de interés que la inflación. ¿Cómo puede explicar hoy la Junta Directiva del Banco Central que en este período presidencial todo es al revés de la lógica económica? Se decreta una tasa de 11,25% frente a una inflación controlada de 5,2%, una diferencia de 6,05%, la más alta del siglo. Y esto ocurre cuando todos los indicadores económicos presentan cifras satisfactorias: crecimiento del PIB, reducción de la pobreza, caída de la desocupación laboral y la informalidad, estabilidad en la tasa de cambio, sostenibilidad del comercio exterior, crecimiento de las remesas, grandes ganancias de la mayoría de las empresas y avances significativos en la redistribución de tierras al campesinado.

La carta que firman dos centenares de exministros y exfuncionarios públicos de gobiernos anteriores, y algunos retirados por sus errores en el gobierno actual, califica casi como un sacrilegio la actitud de tres miembros de la Junta que votaron en contra, las voces ciudadanas que no comparten el incremento de las tasas de interés, los argumentos del presidente Petro y la digna actitud del ministro de Hacienda de retirarse de la sesión donde se aprobó el esperpento. Para los firmantes de la carta, neoliberales confesos unos y camuflados otros, lo que se hace con una sentencia judicial que se debe cumplir, pero no hay obligación de compartir, no se puede hacer frente a las resoluciones del Banco: o se comparten o se comparten, palabra de fe. No se debe, silenciosamente, aceptar la pretensión de la ultraderecha: si el Ejecutivo expresa su desacuerdo con una medida entonces conspira contra la autonomía del Banco, pero si el Banco se opone al Gobierno simplemente se trata de preservar su independencia.

Como propuso el presidente Petro, urge esclarecer el fondo político opositor de la medida y, por tanto, qué se abra el debate entre los estudiantes de economía, en la academia, entre la intelectualidad. Añadiría a esa convocatoria que se escuche también la opinión de la ciudadanía, de los pequeños y medianos empresarios de la ciudad y el campo, de los sectores productivos, de los trabajadores y campesinos, de los desempleados y los vulnerables.

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

Denuncian al registrador nacional por presunto fraude a resolución judicial *

 Por: La Conversa de Fin de Semana

Líderes populares y militantes del Pacto Histórico radicaron denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por el incumplimiento sistemático de órdenes del Consejo de Estado relacionadas con la transparencia electoral.

Integrantes del Colectivo por la Unidad Popular de Cali y otras organizaciones sociales, en condición de ciudadanos y militantes del Pacto Histórico, presentaron una denuncia penal contra el actual registrador nacional del estado civil, Hernán Penagos Giraldo, y contra los dos registradores que lo antecedieron en el cargo: Alexander Vega (periodo 2019-2023) y Juan Carlos Galindo (periodo hasta 2019).

La denuncia, radicada ante la Fiscalía General de la Nación, señala la presunta comisión del delito de fraude a resolución judicial, además de otros que se llegaren a probar durante la investigación. Según el documento, los funcionarios habrían incumplido de manera deliberada una orden expresa del Consejo de Estado emitida en febrero de 2018, mediante la cual se les instruía adelantar todos los pasos necesarios para adquirir un software propio para los escrutinios electorales –desde la mesa hasta la declaración final de cada elección–, así como otras disposiciones orientadas a garantizar la transparencia del proceso electoral.

Los denunciantes afirman que, a pesar del tiempo transcurrido y de las reiteradas advertencias sobre la vulnerabilidad del sistema actual, los tres registradores (cada uno en su periodo) omitieron dar cumplimiento a la orden judicial, poniendo en riesgo la confiabilidad del sistema de escrutinios y, con ello, el derecho fundamental a elegir y ser elegido.

"No se trata de una diferencia política, sino de una conducta que atenta contra la democracia. Durante años, el Consejo de Estado ha exigido herramientas propias para garantizar que los votos se cuenten con total transparencia. Sin embargo, los registradores han hecho caso omiso a esa orden, perpetuando un sistema tercerizado que ha mostrado graves falencias. Por eso acudimos a la Fiscalía”, señalaron los denunciantes.

La denuncia fue suscrita por ciudadanos con amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos y la participación popular, quienes actúan en nombre propio y en representación de diversas organizaciones sociales del suroccidente colombiano. En consecuencia, solicitan a la Fiscalía iniciar la respectiva investigación, vincular a los implicados y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Para más información ver documento de la denuncia en: https://drive.google.com/file/d/1IjqAiibt6xTQ4zlG2EboXaFgmvmqSRLG/view?usp=sharing

*Nota: Esta nota de prensa se emite con base en la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación por los ciudadanos mencionados. Los hechos se encuentran en etapa de verificación por parte de las autoridades competentes.

LA REVOLUCIÓN SOCIOECONÓMICA: una economía al servicio de la VIDA *

 

En la imagen: Carlos Medina G. / Historiador-analista político

Por: CARLOS MEDINA GALLEGO

La economía no es un fin en sí misma, sino un medio para garantizar condiciones de vida dignas para toda la población.

En Colombia, el debate sobre el rumbo económico ha estado marcado durante décadas por una tensión constante: ¿debe la economía orientarse prioritariamente al crecimiento de los mercados o al bienestar de las personas? La propuesta de una revolución socioeconómica plantea un giro fundamental en esta discusión, al afirmar que la economía no es un fin en sí misma, sino un medio para garantizar condiciones de vida dignas para toda la población. Este enfoque, presente en la visión programática de Iván Cepeda Castro, busca reordenar las prioridades del desarrollo nacional bajo un principio básico: primero la vida, luego el mercado.

Este artículo desarrolla, de manera didáctica, los principales componentes de esta propuesta, explicando su sentido, sus implicaciones y los desafíos que enfrenta.

1. LA ECONOMÍA AL SERVICIO DE LA GENTE.

Tradicionalmente, el éxito económico se ha medido por indicadores como el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), la inversión extranjera o la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, estos indicadores no siempre reflejan la calidad de vida de las personas. Es posible que una economía crezca mientras amplios sectores de la población siguen en condiciones de pobreza o exclusión.

La revolución socioeconómica propone invertir esta lógica: el objetivo principal de la economía debe ser garantizar VIDA DIGNA, lo que implica acceso efectivo a alimentación, salud, educación, vivienda y trabajo. El crecimiento económico deja de ser el fin y se convierte en un instrumento subordinado al BIENESTAR SOCIAL.

2. REDUCIR LA DESIGUALDAD: el núcleo del cambio

Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina. Esta desigualdad no solo se expresa en los ingresos, sino también en el acceso a oportunidades, servicios y derechos. La propuesta plantea que no basta con crecer; es necesario redistribuir.

Esto implica políticas públicas orientadas a:

1. Ampliar el acceso a la educación de calidad

2. Garantizar cobertura universal en salud

3. Reducir las brechas urbano-rurales

4. Fortalecer la movilidad social

La reducción de la desigualdad no es solo un imperativo ético, sino también una condición para la estabilidad social y el desarrollo sostenible.

3. HACIA UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA y DIVERSIFICADA

Uno de los problemas estructurales de la economía colombiana es su alta dependencia de actividades extractivas, como el petróleo y la minería. Este modelo, aunque genera ingresos, tiene limitaciones importantes: volatilidad, bajo valor agregado y altos impactos ambientales.

La revolución socioeconómica propone una transición hacia una economía productiva, basada en:

1. El fortalecimiento de la industria nacional

2. El impulso al sector agropecuario

3. El apoyo a las economías locales y regionales

4. La promoción de la innovación y el conocimiento

Este enfoque busca generar empleo de calidad, aumentar la resiliencia económica y reducir la dependencia de los ciclos internacionales de precios.

4. SOBERANÍA ALIMENTARIA: garantizar el derecho a la comida

La soberanía alimentaria es un concepto clave en esta propuesta. No se trata solo de producir alimentos, sino de asegurar que todas las personas tengan acceso a una alimentación suficiente, saludable y culturalmente adecuada.

Para lograrlo, se plantea:

1. Fortalecer el campesinado como sujeto central del desarrollo rural

2. Promover la producción local de alimentos

3. Reducir la dependencia de importaciones

4. Proteger las semillas nativas y la biodiversidad

Esto no solo tiene implicaciones económicas, sino también sociales, culturales y ambientales. Un país que no garantiza la alimentación de su población es un país vulnerable.

5. TRABAJO DIGNO y ESTABILIDAD LABORAL

El trabajo es uno de los pilares fundamentales de la dignidad humana. Sin embargo, en Colombia una gran parte de la población se encuentra en condiciones de informalidad, precariedad o inestabilidad laboral.

La revolución socioeconómica propone avanzar hacia un modelo de trabajo digno, que incluya:

1. Formalización laboral

2. Salarios justos

3. Protección social (salud, pensión, riesgos laborales)

4. Condiciones laborales seguras

Esto no solo mejora la calidad de vida de las personas, sino que también fortalece el tejido social y dinamiza la economía interna.

6. LA INVERSIÓN SOCIAL COMO MOTOR DEL DESARROLLO

Durante mucho tiempo, el gasto social ha sido visto como un costo que debe ser limitado. La propuesta plantea una visión distinta: la inversión en educación, salud y vivienda no es un gasto, sino una inversión estratégica.

Una población educada, saludable y bien alojada tiene mayor capacidad productiva, mayor participación ciudadana y mayor estabilidad social. Por tanto, invertir en derechos sociales es invertir en el futuro del país.

7. REFORMA TRIBUTARIA PROGRESIVA

Uno de los mecanismos fundamentales para financiar esta transformación es una reforma tributaria progresiva.

Esto significa que quienes tienen mayores ingresos y riqueza deben contribuir en mayor proporción al financiamiento del Estado.

El objetivo es:

1. Reducir la carga sobre los sectores populares

2. Combatir la evasión y la elusión fiscal

3. Aumentar la capacidad del Estado para invertir en lo social

La justicia fiscal es una condición necesaria para la justicia social.

8. TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA

El cambio climático y la crisis ambiental obligan a replantear el modelo energético. La propuesta plantea una transición energética justa, que combine sostenibilidad ambiental con justicia social.

Esto implica:

1. Reducir la dependencia de combustibles fósiles

2. Impulsar energías renovables

3. Proteger los territorios afectados por actividades extractivas

4. Garantizar alternativas económicas para las comunidades dependientes de estos sectores

La transición no puede hacerse a costa de las poblaciones más vulnerables; debe ser inclusiva y equitativa.

9. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

La corrupción es uno de los principales obstáculos para el desarrollo en Colombia. No solo implica la pérdida de recursos, sino también la erosión de la confianza institucional.

La revolución socioeconómica plantea una lucha frontal contra este fenómeno, entendiendo que cada peso recuperado puede destinarse a mejorar las condiciones de vida de la población.

Esto requiere:

1. Fortalecimiento de los mecanismos de control

2. Transparencia en la gestión pública

3. Participación ciudadana en la vigilancia

Sin combatir la corrupción, cualquier proyecto de transformación pierde legitimidad y eficacia.

10. UNA ECONOMÍA PARA LA PAZ

Finalmente, la propuesta reconoce que la economía y la paz están profundamente interrelacionadas. La desigualdad, la exclusión y la falta de oportunidades han sido factores que alimentan el conflicto armado.

Por ello, una economía orientada al desarrollo territorial, la inclusión y la justicia social es también una economía para la paz. Esto implica:

1. Inversión en regiones históricamente marginadas.

2. Generación de oportunidades económicas legales.

3. Fortalecimiento de la presencia del Estado.

La paz no es solo la ausencia de violencia; es la presencia de condiciones dignas de vida.

A MANERA DE SÍNTESIS

La revolución socioeconómica no es simplemente un conjunto de políticas aisladas, sino un cambio de paradigma. Propone pasar de una economía centrada en el mercado a una economía centrada en la vida; de un modelo excluyente a uno incluyente; de una lógica extractiva a una productiva y sostenible.

Este enfoque plantea desafíos importantes: requiere voluntad política, capacidad institucional y participación ciudadana. También implica enfrentar resistencias de sectores que se benefician del modelo actual.

Sin embargo, también abre la posibilidad de construir un país más justo, más equitativo y más humano. En última instancia, la pregunta que plantea esta propuesta es profundamente ética y política: ¿para quién y para qué existe la economía?

Responder a esta pregunta es, quizás, el primer paso hacia una transformación real.

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

El arte de insinuar: ultraderecha, medios y la ingeniería del miedo *

 

Imagen tomada de: Pedimos al PE matices en la Moción de libertad de los medios

Por: Jhon Jaiver Flórez G.

En las redes, la insinuación se vuelve avalancha: la información se fragmenta, se exagera y se distorsiona hasta volverse irreconocible. La velocidad sepulta la verificación y lo que emerge es desinformación y emocionalidad organizada.

Lo que ocurre hoy en Colombia no es desorden: es método, diseño y disciplina. Una arquitectura afinada donde la información dejó de ser un derecho para convertirse en herramienta de intervención política. Aquí no se debate: se administra la percepción. Y quien aún crea que asiste a un ejercicio democrático espontáneo probablemente también crea que los titulares nacen como flores silvestres. Pero no: hay jardineros, hay poda y, por supuesto, fertilizantes ideológicos.

La ultraderecha colombiana —fiel a su nostalgia de guerra fría y a su necesidad permanente de enemigos internos— ha perfeccionado un arte antiguo: no necesita demostrar, le basta con insinuar; no necesita mentir, le alcanza con editar. En articulación con sectores afines en Estados Unidos, ha consolidado una maquinaria narrativa donde la noticia no informa, sino que encuadra; donde el lenguaje no describe, sino que reorganiza la realidad para hacerla funcional. Todo bajo la elegante ficción de una prensa libre que, como advirtió Noam Chomsky, no censura: filtra.

Porque en las democracias contemporáneas el control rara vez se ejerce por la fuerza; se ejerce por la persuasión. La “manufactura del consentimiento” no es una anomalía: es rutina. No se prohíbe pensar; se delimita qué puede pensarse, cómo y hasta dónde. Se selecciona, se jerarquiza, se repite. Y en ese proceso, la verdad no desaparece: se vuelve prescindible.

Hay noticias que no informan: inauguran climas. No es una metáfora; es un manual de operaciones. Una investigación preliminar en Estados Unidos que apenas roza al presidente Gustavo Petro —sin cargos, sin pruebas concluyentes, sin centralidad— se transforma, al cruzar la frontera mediática, en una revelación casi apocalíptica. Lo que en Manhattan es duda, aquí se convierte en certeza; lo que allá es un proceso incipiente, aquí es veredicto. No hacen falta jueces: bastan micrófonos.

La sospecha, amplificada con disciplina, se convierte en identidad. Petro deja de ser presidente para transformarse en sospechoso en tiempo récord. No por lo probado, sino por lo repetido. El mecanismo es eficaz porque es sobrio: los medios alineados no necesitan mentir de forma burda; hacen algo más rentable, administran la visibilidad. Recortan, subrayan, repiten. Transforman la complejidad en eslogan. “Investigado por narcotráfico”: ningún contexto y máxima rentabilidad simbólica. Todo lo demás —la ausencia de cargos, el carácter preliminar, los matices incómodos— se evapora en la edición.

Pero la maquinaria no se sostiene solo con técnica mediática. Necesita una base moral que legitime el ruido. Y ahí entra un mecanismo más antiguo que cualquier algoritmo: la proyección. Como señaló Sigmund Freud —y mucho antes intuía Sócrates—, el ser humano tiende a expulsar hacia el otro aquello que no tolera en sí mismo. En política, esa inclinación se convierte en estrategia.

Se acusa al adversario no de cualquier cosa, sino precisamente de aquello que resulta insoportable reconocer en uno mismo. No es simple hipocresía: es ingeniería simbólica. La acusación no busca esclarecer, sino absolver. Se traslada la propia suciedad al cuerpo del otro para que la tribuna vea allí —y solo allí— lo que conviene ocultar. El grupo se redime señalando. Se limpia acusando. Y así, con una eficacia casi litúrgica, la política deja de ser deliberación y se convierte en ritual. Ya no se discuten hechos: se intercambian culpas.

En ese terreno, el asesinato de Miguel Uribe encaja con precisión inquietante. Un hecho grave, complejo, con avances judiciales reales, debería exigir rigor. Pero el rigor no produce titulares. Así que, en paralelo —siempre en paralelo—, emerge otra narrativa: la del ruido. Preguntas que no buscan respuestas, insinuaciones que no requieren pruebas, saltos lógicos que desafían incluso la cortesía intelectual.

Y entonces ocurre lo previsible: sin evidencia, sin proceso, sin incomodidad, aparecen Gustavo Petro e Iván Cepeda como responsables insinuados. No porque los hechos conduzcan allí, sino porque la narrativa los necesita. No es torpeza: es método.

El mismo método que convierte una indagación preliminar en escándalo internacional transforma un crimen en insumo electoral. No se trata de demostrar, sino de instalar. De repetir hasta que la sospecha se naturalice. En esa lógica, Iván Cepeda resulta funcional no por lo que hizo, sino por dónde está: en la política del contagio, la cercanía sustituye a la evidencia. Su apelación al debido proceso suena casi arqueológica, como citar a Sócrates en medio de una tormenta de tendencias.

Mientras tanto, el lenguaje hace su trabajo silencioso. No describe la realidad: la reorganiza. Lo incierto se vuelve afirmación, lo parcial se presenta como totalidad. Controlar las palabras no garantiza el dominio absoluto, pero sí asegura algo más práctico: inclinar la percepción.

El contexto geopolítico completa el cuadro. Las tensiones entre Bogotá y Washington —política antidrogas, autonomía regional, intereses estratégicos— no siempre aparecen en el titular, pero operan detrás de él. En ese escenario, cualquier insinuación adquiere valor. No solo circula: presiona.

Y entonces aparece el elemento decisivo: el clima.

Las redes sociales convierten la insinuación en avalancha. La información se fragmenta, se exagera, se distorsiona hasta volverse irreconocible. La verificación pierde frente a la velocidad. La sociología del rumor desplaza a la comprobación del dato. Y lo que emerge no es solo desinformación, sino emoción organizada.

El producto final es el miedo. Miedo al caos. Miedo al crimen. Miedo al cambio. Miedo al otro.

En ese ambiente, las encuestas cumplen su función con elegancia estadística. No reflejan una realidad previa: consolidan una percepción ya fabricada. Le dan apariencia de objetividad a lo que es, en esencia, una construcción cuidadosamente inducida.

Y cuando el circuito parece completo, irrumpe la tragedia.

La caída del avión Hércules en Puerto Leguízamo —decenas de militares muertos— debería imponer silencio. Pero aquí el silencio no es rentable. La aeronave, con más de cuatro décadas de servicio, incorporada durante el gobierno de Iván Duque bajo el programa de “equipos excedentes” de Estados Unidos —ese eufemismo diplomático para lo que ya cumplió su vida útil—, arrastraba una historia previsible: desgaste acumulado, uso intensivo y eficiencia discutible.

El presidente Gustavo Petro lo nombra sin rodeos: “chatarra”. Señala responsabilidades y abre un debate necesario sobre el valor que el Estado asigna a la vida de quienes lo defienden. Pero el sistema responde como siempre: desplazando la discusión. Del problema estructural al ruido inmediato. De las decisiones de fondo al espectáculo del señalamiento.

Incluso la muerte se adapta al libreto.

Se recicla. Se distribuye. Se convierte en argumento. Nada se desperdicia.

Así, todo encaja: una investigación ambigua, un asesinato, un accidente aéreo. Hechos distintos, una misma lógica. Todo puede traducirse al lenguaje del escándalo. Todo puede ser instrumentalizado.

Lo que emerge no es confusión: es orden.

Un orden donde la verdad no desaparece, pero pierde valor frente a su versión más útil. Donde la política deja de ser confrontación de ideas para convertirse en disputa por el relato dominante. Donde acusar es más rentable que demostrar y repetir más eficaz que comprender.

Y entonces queda la única pregunta que resiste el ruido: si la realidad puede moldearse con tal facilidad, si la sospecha puede sustituir a la evidencia,

si la indignación puede fabricarse en serie… ¿qué lugar le queda a una verdad que no sirve para ganar?

Quizás uno marginal, frágil y tardío.

Porque en este sistema —tan sofisticado como cínico— la verdad no desaparece. Simplemente llega tarde. Y cuando finalmente aparece, el veredicto ya ha sido pronunciado en otra parte.

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