El HUMANISMO, DEMOCRÁTICO y POPULAR *

 

En la imagen: Carlos Medina / Historiador y analista político

Por: CARLOS MEDINA GALLEGO

La democracia real se vive en la participación cotidiana, en las decisiones colectivas, en el control social, en la capacidad del pueblo para incidir directamente en su destino. Una estrategia política para volver a mirarnos como pueblo.

Vivimos un tiempo extraño. Un tiempo en el que las identidades políticas se diluyen, las utopías se fragmentan y buena parte de la izquierda camina sin brújula, atrapada en un laberinto de dogmas heredados, prácticas burocráticas y una peligrosa incapacidad para leer el momento histórico. No es solo una crisis de proyectos: es una crisis de sentido.

Durante décadas, la izquierda habló en nombre del pueblo. Hoy, con frecuencia, habla desde periódicos que nadie lee, oficinas que nadie conoce, micrófonos o redes sociales que le hablan a nadie, hablan lejos del dolor real de las mayorías. Se volvió experta en diagnósticos abstractos, pero torpe para escuchar. Se acostumbró a administrar discursos mientras el hambre, la exclusión y la precariedad avanzaban. En muchos casos, sustituyó la ética por el cálculo, la organización popular por el clientelismo, y la estrategia por la improvisación.

No se trata de una acusación ligera. Una parte significativa de la izquierda tradicional terminó reproduciendo los mismos vicios que decía combatir: prácticas corruptas, lógicas de favores, disputas mezquinas por cuotas de poder, sectarismo ideológico y una arrogancia que la alejó de la gente común. Se volvió intolerante con la diferencia, incapaz de construir unidad amplia y profundamente desconectada de las necesidades concretas del presente.

Esta izquierda dogmática confunde radicalidad con rigidez, coherencia con pureza, y compromiso con obediencia ciega. Su lenguaje se volvió hermético. Sus debates, circulares. Sus liderazgos, personalistas. Perdió la capacidad de convocar porque dejó de conmover. Y cuando una fuerza política deja de tocar el corazón del pueblo, empieza lentamente a desaparecer de su horizonte.

Frente a ese agotamiento emerge una pregunta urgente: ¿cómo reconstruir una política que vuelva a poner la vida en el centro?

Aquí es donde el humanismo, democrático y popular, aparece no como una etiqueta, sino como una práctica. No nace para administrar ruinas ni para reciclar viejas jerarquías con nuevos nombres. Nace de una intuición sencilla y profunda: la política solo tiene sentido si sirve para dignificar la existencia humana.

Este humanismo no es neutral. Toma partido por quienes cargan sobre sus espaldas el peso del sistema: trabajadores precarizados, campesinos despojados, mujeres populares, juventudes sin futuro asegurado, comunidades excluidas. No se construye desde arriba ni desde la comodidad de los privilegios. Se construye desde el territorio, desde la escucha, desde la experiencia viva de las mayorías.

Su centro no es el poder como fin, sino la dignidad como horizonte.

Hablar de un humanismo democrático es afirmar que la democracia no puede reducirse al ritual electoral. La democracia real se vive en la participación cotidiana, en las decisiones colectivas, en el control social, en la capacidad del pueblo para incidir directamente en su destino. Es comunitaria, territorial, organizada. Es asamblea, es cabildo, es encuentro barrial. Es pedagogía política permanente. Y es popular porque no delega su esperanza en élites ilustradas ni en salvadores providenciales. Reconoce que los cambios profundos solo nacen de pueblos organizados.

Este enfoque humanista rompe tanto con la derecha tradicional como con una izquierda acomodada. Rompe con la tecnocracia sin alma, con la ética de salón y con la falsa moderación que solo sirve para conservar privilegios.

Rechaza la corrupción como práctica estructural del modelo económico que convierte derechos en mercancías y ciudadanos en consumidores. Entiende que la lucha ética es inseparable de la lucha política. Pero también rompe con el dogmatismo que convierte la teoría en catecismo y la militancia en obediencia.

Rechaza el sectarismo que fragmenta las fuerzas populares. Rechaza el patriarcado, el racismo estructural, el colonialismo mental y toda forma de dominación simbólica. No necesita jerarquías sagradas ni autoridades incuestionables. Convoca conciencias críticas.

Este humanismo es profundamente democrático porque cree en la diversidad, en el diálogo y en la construcción colectiva. No pretende uniformar al pueblo ni imponer verdades únicas. Busca unidad desde la diferencia, articulación desde el respeto, convergencia desde la escucha.

Es también un humanismo militante: no observa la historia desde la tribuna, camina junto a ella. Aprende de las luchas obreras, campesinas, estudiantiles, feministas populares, indígenas y barriales. Defiende la vida en todas sus formas y reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos. Entiende que sin justicia social no hay dignidad posible.

Pero el humanismo democrático y popular no puede quedarse en declaración ética ni en horizonte simbólico. Su verdad se mide en la práctica. Si aspira a ser fuerza histórica, debe encarnarse en tareas concretas, en procesos organizativos reales y en una pedagogía política permanente.

Por eso, este camino exige compromisos claros:

1. La transformación comienza en el territorio. Es necesario promover asambleas barriales, encuentros comunitarios, cabildos abiertos y espacios populares de deliberación, no como eventos ocasionales, sino como ejercicio cotidiano de democracia directa. Allí donde la gente vive, trabaja y resiste debe nacer el poder popular.

2. Es urgente articular las luchas dispersas. Movimientos obreros, campesinos, estudiantiles, feministas populares, indígenas y comunitarios no pueden seguir caminando en paralelo. La fragmentación debilita. La tarea es construir plataformas unitarias, agendas comunes y vocerías colectivas, respetando la diversidad, pero avanzando hacia propósitos compartidos de justicia social.

3. Se requieren escuelas populares de pensamiento crítico, espacios de estudio colectivo y círculos pedagógicos donde el saber académico dialogue con el saber del pueblo. La formación debe emancipar, no disciplinar. El conocimiento tiene que volver a ser herramienta de organización y conciencia.

4. La ética pública radical es condición irrenunciable. Toda práctica clientelista, corrupta o nepotista debe ser combatida desde dentro. Transparencia, rendición de cuentas y control social permanente son pilares para recuperar la confianza popular. Sin coherencia, no hay proyecto transformador posible.

5. Participar en escenarios institucionales solo tiene sentido si fortalece la organización social y amplía derechos.

Ningún cargo puede estar por encima del proyecto colectivo. La representación debe entenderse como mandato popular revocable, no como privilegio personal.

6. Defender la vida debe ser el eje de toda política: paz con justicia social, redistribución real de la riqueza, protección de los territorios y reconocimiento efectivo de la naturaleza como sujeto de derechos. No hay democracia posible en medio del hambre ni libertad donde reina la exclusión.

7. La unidad amplia es indispensable. El adversario principal es el modelo que produce desigualdad y exclusión, no quienes luchan desde distintas orillas populares. La convergencia debe construirse desde el respeto por la diferencia y la conciencia estratégica del momento histórico.

8. Es necesario organizar la esperanza. La indignación aislada se agota; la esperanza organizada transforma. Convertir el malestar social en proyecto político requiere método, paciencia, escucha y trabajo sostenido. No basta con denunciar: hay que proponer, acompañar y permanecer.

El humanismo democrático y popular no promete comodidad. Promete coherencia. No ofrece cargos. Ofrece compromiso. No garantiza seguridad. Garantiza dignidad.

La democracia no se hereda: se construye. La justicia social no se promete: se conquista. La dignidad no se negocia: se ejerce.

Desde estos enunciados simples comienza la tarea de transformación, democracia real, justicia social y construcción de una paz duradera con el pueblo, desde el territorio, con una ética pública a toda prueba y con pensamiento crítico, hasta que la dignidad humana y social se haga costumbre.

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

La exclusión de Iván Cepeda y la prueba ética del progresismo *

Por: Jhon Jaiver Flórez G.

El progresismo no debe olvidar que el poder no se ejerce únicamente desde el Ejecutivo; también se manifiesta en los reglamentos, en los órganos de control y en aquellas instancias que definen quién compite y bajo qué condiciones.

En esta república donde el árbitro pita y juega, el Consejo Nacional Electoral perfecciona jugaditas estratégicas: inclina la cancha sin despeinarse. Nada de escándalos, nada de portazos. Aquí la exclusión no se grita; se notifica. Con voto estrecho y tecnicismo pulcro, dejó por fuera de la consulta del 8 de marzo a Iván Cepeda. Un trámite. Un concepto. Una firma. Y listo.

El argumento fue minimalista —quien participó en una consulta no puede participar en otra—, fórmula aséptica que cabe en un párrafo y desplaza a un candidato que, según la más reciente encuesta de Invamer, marca 43% de intención de voto, lo que lo ubica a siete puntos de ganar la Presidencia en primera vuelta. La norma, aplicada como bisturí, no hizo ruido; hizo efecto. Cuando el procedimiento decide quién compite, deja de ser forma y se convierte en poder. Y cuando el poder se ejerce con guantes blancos, el expediente reemplaza al debate.

Por si la cirugía necesitara puntos de sutura, apareció la jugada complementaria: a días de la elección, el magistrado Álvaro Hernán Prada activó una maniobra contra la lista al Senado del Pacto Histórico y concedió 12 horas para responder en un proceso de revocatoria. Doce horas: la democracia medida en cronómetro. El reloj como doctrina jurídica. Nada espectacular; apenas la exactitud del calendario administrado.

El impacto no es anecdótico, es estructural. Sin Cepeda en la consulta, el progresismo queda ante el dilema clásico: fragmentarse con elegancia o improvisar unidad con premura. Sus competidores celebran la pulcritud del reglamento; sus bases mastican la sospecha. No es un accidente aislado: es una secuencia que condiciona la reorganización del bloque. No es un error administrativo; es arquitectura institucional con vocación de incidencia.

En el Frente por la Vida permanecen, entre otros, Roy Barreras y Daniel Quintero, con registros que apenas rozan el margen de error. Persistir en la consulta puede ser jurídicamente impecable; políticamente, resulta incómodo. Y aquí la crítica no admite maquillaje.

Roy Barreras no es un extraviado ideológico ni un recién llegado al progresismo: es un político tradicional con olfato afinado para sobrevivir. Su trayectoria multicolor —transitando partidos y gobiernos de distinto tono— habla menos de una épica doctrinaria que de una destreza adaptativa. No encarnó el giro progresista; lo leyó con precisión. Cuando el liderazgo de Gustavo Petro abrió una ventana histórica, Barreras entró con habilidad milimétrica y cumplió un papel clave en la consolidación parlamentaria del proyecto. No diseñó el cambio, pero entendió que el cambio cotizaba al alza.

Su gramática pertenece a una escuela anterior: oratoria solemne, retórica amplia, apelaciones de tono épico que privilegian el gesto sobre la ruptura. Más que desmantelar estructuras, administra equilibrios; más que incomodar al poder, negocia con él. Es el operador eficaz que domina los pasillos, los tiempos, las transacciones. Su discurso presume profundidad; rara vez se aventura en la crítica estructural que deja cicatriz.

En ese contexto, mantenerse en la consulta tras la exclusión de Cepeda no es un acto neutro. En política, los gestos pesan más que las aclaraciones. Cuando el órgano electoral altera el tablero y deja fuera al aspirante con mayor respaldo dentro del bloque, la reacción esperable de quien se asume parte del proyecto no es ocupar el vacío, sino cuestionar el mecanismo. Aprovechar la ventana no es ilegal; es revelador.

Barreras y Quintero se comportan más como competidores que olfatean una oportunidad que como miembros de una colectividad dispuestos a resguardar la cohesión interna. La diferencia no es retórica, es estratégica. La solidaridad política no es un gesto sentimental sino un cálculo racional orientado a preservar el proyecto común y su viabilidad en el tiempo. Persistir en una contienda debilitada, bajo reglas que amplios sectores perciben como alteradas, se interpreta menos como la defensa legítima de un derecho individual y más como una apuesta personal en terreno inestable, donde el riesgo no solo es propio sino colectivo.

Esa actitud tiene nombre: mezquindad política. Coloca la aspiración individual por encima de la viabilidad colectiva. En un país que intenta consolidar un proceso de cambio, insistir en candidaturas testimoniales no fortalece la democracia interna; fragmenta la fuerza externa. Y en primera vuelta, la fragmentación suele ser el atajo más corto hacia la restauración que se dice combatir.

Barreras no es anomalía; es síntoma sofisticado de una tradición que convirtió el Estado en espacio de transacción antes que de transformación. Su virtud ha sido el instinto; su límite, la falta de ruptura. Pero el clima cultural mutó: la ciudadanía pasó de aplaudir la elocuencia a exigir resultados verificables. En esa atmósfera, la retórica sin riesgo pierde brillo. La maniobra ya no deslumbra; se audita.

La irrupción de Petro no creó el desgaste de la vieja política, pero sí lo volvió visible. Frente a esa mutación, Barreras aparece como figura bisagra: imprescindible para la mecánica del poder, distante del impulso ético que reclama coherencia. Su capital ha sido la maniobra; su déficit, la definición. Y cuando la época exige claridad antes que destreza, la supervivencia deja de ser mérito suficiente.

Mientras tanto, la derecha —y en particular el Centro Democrático— entendió una lección que el progresismo no puede seguir subestimando: la política no se gana solo en plazas y redes; también se disputa en reglamentos, órganos de control y calendarios. El poder no se ejerce únicamente desde el Ejecutivo; se administra desde las instancias que deciden quién compite y bajo qué condiciones.

Las consultas interpartidistas nacieron para ordenar coaliciones en un sistema fragmentado. Pero cuando la norma opera de modo que desordena a un bloque y deja intacto al otro, el puente se convierte en peaje. Y el peaje, como todo peaje, selecciona quién pasa y quién espera. En ese escenario no basta la indignación digital: si el proyecto de cambio aspira a continuidad, necesita cohesión real. Excluir a Cepeda —con su trayectoria en la defensa de derechos humanos y su protagonismo en debates judiciales de alto calibre— no es un ajuste técnico; es un golpe a la posibilidad de competir articulados.

Petro anunció que no pedirá el tarjetón de la consulta. Cepeda llamó a sus votantes a hacer lo mismo. Es un gesto político para deslegitimar un procedimiento percibido como sesgado. Se podrá discutir la táctica; el síntoma es más profundo: cuando sectores amplios sienten que las reglas están inclinadas, la democracia no estalla; se encoge desde el reglamento.

Este tarjetón incompleto no se resolverá en un estrado ni en un trino. Se resolverá en una decisión colectiva. Si la exclusión se convierte en fractura, el bisturí habrá sido eficaz. Si se transforma en cohesión estratégica, el progresismo habrá demostrado que incluso cuando el árbitro juega para el otro equipo, el partido puede disputarse y ganarse.

La pregunta de fondo ya no es si la norma fue correctamente interpretada, sino si quienes aseguran encarnar el cambio están dispuestos a subordinar la ambición personal al proyecto colectivo. En política, como en el teatro, el protagonista puede aparecer después de levantado el telón; lo decisivo no es el momento de entrada, sino la coherencia del reparto. Pero si el elenco se fractura antes del acto final, no habrá ovación capaz de salvar la obra.

*La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

La mentira, patrimonio nacional de los periodistas *

En la imagen; Germán Navas Talero - Jurisconsulto y excongresista colombiano

Por: Germán Navas Talero

Editor: Francisco Cristancho R.

El periodista promedio en Colombia se sujeta a la línea editorial del medio en que trabaja, lo que le impide publicar libremente la información, debiendo adaptar o silenciar su contenido según las órdenes de sus patronos

Queda uno aterrado de todo lo que es capaz de inventar un periodista sin escrúpulos, especialmente en los grandes medios de comunicación colombianos. Estuve mirando los resultados de la investigación contra Nicolás Maduro, a quien los periodistas colombianos aún denominan dictador -cuando dictador sería el señor Donald Trump-, y resulta que encuentro que no hay una sola prueba en los Estados Unidos de que Maduro haya sido dictador o narco.

Todo eso fue un invento de la prensa gringa, acolitada por la de acá. Y cuando los colombianos se refieren al señor Maduro le dicen dizque dictador, ¿pero, cuál dictador? Me puse a mirar el récord y no tiene ningún proceso en contra. Estados Unidos no tiene nada contra él, y su abogado hace poco tuvo que salir a decir que realmente no existe nada, y que todo fue montado por los medios de comunicación al servicio del trumpismo.

Aquí en Colombia, cualquier currinche -como llamaban anteriormente a los periodistas malos o principiantes- dice cualquier cosa e inmediatamente la gente lo cree. Aquí los colombianos se tragaron el cuento -y se lo tragaron completito- de que Maduro es un dictador. Si hacen un análisis completo tendrían que reconocer que más dictadura fue la que tuvimos acá con el gran colombiano. Eso sí fue una dictadura que produjo más de 6.400 falsos positivos. Aquí mataron a un jurgo de gente durante ese gobierno, allá no.

A Nicolás Maduro se lo tiraron porque los gringos se lo querían tirar; porque Maduro no se les arrodilló, y como no se les arrodilló, se lo tiraron. Ya, en este momento, salieron a decir que no hay ninguna prueba de que Maduro haya sido un narcotraficante. No hay ninguna prueba de que haya cometido genocidio; no hay ninguna prueba de nada. Todo eso se lo inventaron los de allá, y los de aquí simplemente copiaron, porque el periodista colombiano es feliz copiando lo que el gringo diga. Si el gringo se inventa una palabreja, ahí tiene que haber algún colombiano listo a copiarla.

Yo recuerdo que antes se hablaba de versión: La versión que dio fulano de tal fue esta y esta, y así se empleaba; ahora, como los gringos improvisaron el término narrativa entonces ya no hablan de versión sino de narrativa. ¿Han visto cómo la usan hoy para todo? Porque el periodista colombiano tiene que copiar lo que el gringo haga, si no, no está bien dicho.

Algo similar les pasa con las personas de Rusia. ¿Se han fijado? Para los periodistas colombianos todos los rusos son malos. Y uno se pone a mirar a través de la historia y mucho más malos han sido los gringos. Y cuidado uno va a Rusia, porque si usted va a Rusia, peca; porque según estos bárbaros todos los rusos son ateos, y resulta que ellos son bien rezanderos. La mayoría son cristianos ortodoxos, respetan sus creencias, pero no son ateos, como dice acá nuestra ‘gran prensa’. Es cierto que el comunismo raizal es ateo, pero esa no es una imposición del Estado. Con razón prefieren a los gringos, esos sí que son rezanderos, ellos todo lo consultan con el párroco, con el cura, con su pastor, absolutamente todo, y es en la iglesia donde se maquinan toda clase de cosas. Los golpes de Estado se maquinan justo allí: en las iglesias de los Estados Unidos.

Antes de escribir, señores periodistas, documéntense, lean, no copien. La copialina se permitía en los colegios y en las universidades, pero la mayoría de ustedes ya está muy grandecito para que siga copiando todo. Y díganle a su editor en jefe que ustedes escriben lo que vieron, no lo que él quiere que ustedes vean. Porque eso es muchas veces lo que pasa: currinche o cuasi-periodista colombiano ve una información, pero no puede publicar lo que ha visto. Esa es la realidad. Si el jefe quiere que diga tal cosa, el periodista lo dice, o le da un ángulo distinto para que lo que se debía decir finalmente no se diga.

Así está el periodismo en este país. Quisieron desacreditar como fuese a Nicolás Maduro, y así lo hicieron. No lo bajaban de dictador, y ahora, cuando comienza a verse qué había en esa mazorca, resulta que no tenía granos, que era solo una tusa.

Yo les doy un consejo: no crean absolutamente nada de lo que publica nuestra ‘gran prensa’. Por principio, no crea nada de lo que dicen nuestros medios grandes. Todo es mentira. Todo es un cumplimiento de órdenes, o de los Estados Unidos o de la derecha. La realidad colombiana nunca se la mostrarán los medios porque son medios financiados por los dueños del capital.

Y para finalizar…

Todo indica que ahora la política la quieren hacer las bestias, porque antes uno entraba a la plenaria del congreso -ya fuese de Cámara o de Senado- y se preguntaba: “¿esto es un zoológico o una corporación de seres humanos?”; pero ahora sí que es peor, porque uno escucha en las calles: ¡Yo soy el tigre!, dice uno; ¡Yo sí soy el león!, dice el otro. ¡Y yo soy el perro!, dice uno más. Y el tal tigre creo que es uno que aspira a la presidencia…

Colombia debería entonces cambiarse el nombre por Animalandia, porque sus políticos son exactamente eso… ¡unos animales! 

Coletilla por Deisdre Constanza. Resulta preocupante que muchos periodistas y comunicadores, que por ignorancia sigan llamando “americanos” únicamente a los ciudadanos de Estado Unidos. No es un simple error de diccionario, es la evidencia de una formación deficiente y de una repetición de versiones impuestas. América no es un país, es un continente diverso y plural que va desde el sur de la Patagonia hasta el norte de Canadá. Sin embargo, se insiste en reducir su nombre a una sola nación, como si el resto fuéramos invisibles. El lenguaje no es inocente, este construye imaginarios, consolida poderes y normaliza jerarquías. Cuando un comunicador desconoce algo tan básico como la geografía política del continente, no solo desinforma, legitima una apropiación simbólica que invisibiliza a millones de latinoamericanos, centroamericanos y caribeños que también somos americanos. Llamar americanos exclusivamente a los ciudadanos de Estado Unidos no es precisión periodística, es concesión repetida que se convirtió en costumbre, a su vez en subordinación y sometimiento. Nombrar correctamente no es un capricho ideológico, es un acto mínimo de rigor y de dignidad continental. Y no podemos seguir sometidos a una potencia ni siquiera desde las palabras. La soberanía también empieza como nos identificamos y nombramos geopolíticamente.

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

El extraño mutismo de la MOE, la veeduría que ya poco ve

 

En la imagen: Alejandra Barrios - Misión de Observación Electoral de Colombia

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com- 

Frente a las suspicacias en el manejo de los E-14 la MOE guarda una posición anodina que no se compadece con su historial beligerante

Durante años, la Misión de Observación Electoral (MOE) se erigió como la conciencia crítica de la democracia colombiana. Desde el año 2007, en torno a los escándalos de la parapolítica, esta plataforma de organizaciones civiles como la Corporación Nuevo Arco Iris, Viva la Ciudadanía y Transparencia por Colombia construyó su prestigio sobre los escombros de un sistema electoral permeado por el fraude, la coerción armada y la financiación ilegal, con una presencia mediática casi siempre en tono de denuncia, que se convirtió en referencia obligada para entender las anomalías de las elecciones colombianas.

Luego de revisar el origen y las pasadas posiciones de la MOE resulta desconcertante el giro discursivo de su vocera y "perenne" directora, Alejandra Barrios Cabrera, quien, en declaraciones recientes, ha optado por exaltar la "probidad, excelencia y eficiencia" del sistema electoral colombiano, justo en momentos en que las dudas ciudadanas sobre la transparencia del proceso alcanzan niveles de termómetro político. ¿Qué explicación cabe para este repentino viraje? ¿Acaso la MOE ha decidido trocar su tradicional lente de aumento por unas gafas color de rosa?

La extrañeza crece cuando se contrasta esta posición con el origen mismo de una organización que surgió, precisamente, para combatir la opacidad de un sistema que, hoy por hoy, sigue presentando las mismas grietas estructurales de siempre, como los cuestionados formatos E-14, piezas clave del escrutinio, que siguen siendo motivo de queja, frente a los cuales, la MOE guarda una posición anodina, pasiva, que no se compadece con su historial beligerante.

Resulta particularmente llamativa la reacción de Barrios ante la exigencia del presidente Gustavo Petro a la Registraduría para que presente públicamente el software electoral a cargo de la firma Thomas Gregg and Sons. En lugar de respaldar la petición presidencial como un ejercicio legítimo de transparencia, la directora de la MOE optó por recriminar al mandatario, alineándose de facto con las posiciones de un registrador nacional cuyas orientaciones han sido ampliamente controversiales, reforzando las suspicacias y dejando en la opinión pública interrogantes como; ¿Desde cuándo exigir auditoría pública al software electoral es un acto de intromisión indebida? ¿No era esa, precisamente, la clase de batallas que la sociedad civil organizada debería aplaudir?

Pero el asunto no es solo de posiciones públicas. La inquietud de fondo apunta a la naturaleza misma de una organización que se presenta como "representante de la sociedad civil" sin someter a escrutinio público sus propios mecanismos de integración y designación. ¿Quién elige a los directivos de la MOE? ¿Cómo opera realmente ese Consejo Directivo conformado por un puñado de instituciones académicas y ONG? Resulta paradójico que una entidad dedicada a exigir transparencia electoral funcione bajo criterios tan cerrados, sin dar cuenta clara de sus procesos internos de toma de decisiones.

Tampoco ayuda a disipar las dudas el capítulo de la financiación. La MOE se sostiene fundamentalmente con recursos de cooperación internacional, destacándose entre sus principales donantes la agencia estadounidense USAID, que hoy enfrenta señalamientos, incluso desde el propio gobierno de Estados Unidos, sobre injerencia política en América Latina. No se trata, por supuesto, de satanizar la cooperación internacional, pero sí de preguntarse legítimamente hasta qué punto esa dependencia financiera puede llegar a modular las posiciones de una organización que alardea de independencia y rigor técnico. ¿Puede una entidad financiada por actores externos con agendas geopolíticas declaradas considerarse plenamente autónoma?

La inquietud se extiende en el campo nacional. Fuentes consultadas de regiones como el Cauca han denunciado la renuencia de la MOE a acompañar procesos electorales en territorios en donde las sombras del fraude han sido históricas. Precisamente en aquellos espacios puntuales donde más se necesita una veeduría rigurosa, la organización brilla por su ausencia. ¿A qué obedece esta selectividad geográfica? ¿Por qué desertar precisamente de los escenarios más complejos?

El contraste no podría ser más evidente: una MOE nacida para denunciar las artimañas del establecimiento electoral se ha convertido, con el paso de los años, en una defensora acérrima de dicho establecimiento. Sus posiciones recientes no solo distan diametralmente de la rigurosidad que pregona, sino que alimentan la sospecha de que la independencia puede ser, en el fondo, un lujo que no todos los financiadores están dispuestos a tolerar.

Mientras tanto, los colombianos seguimos esperando que alguien, con la autoridad moral que da la coherencia, vuelva a poner el dedo en la llaga de un sistema electoral que sigue produciendo más dudas que certezas. La pregunta incómoda queda flotando: ¿a quién le habla realmente hoy la Misión de Observación Electoral? Porque a la sociedad civil, francamente, hace rato que dejó de representarla.

El país que sabe votar, pero no auditar *

 

Por: Jhon Jaiver Flórez G. 

Ninguna democracia sobrevive cuando sus accionistas renuncian a escrutar a quienes administran su destino.

Cada cuatro años, Colombia convoca a sus ciudadanos como si celebrara una asamblea general de accionistas. La puntualidad es impecable, la logística envidiable y la escenografía digna de auditoría internacional. Se instalan mesas que parecen estaciones contables, se acreditan jurados con aire de notarios y se activa la liturgia democrática: la tinta indeleble oficia como sacramento laico, los formularios se diligencian con devoción técnica y los boletines oficiales descienden entrada la noche con cifras precisas y tono aséptico. No hay tanques en las plazas ni interrupciones abruptas del orden constitucional. Hay filas disciplinadas, selfies patrióticas, cámaras vigilantes, declaraciones prudentes y una consigna que repetimos con orgullo casi ceremonial: Colombia vota. Colombia, invariablemente, vota. Y todo indica —al menos en la superficie— que el procedimiento funciona.

Y es verdad. Vota desde el siglo XIX, aunque no siempre hayan votado todos ni en igualdad de condiciones. Primero fueron los propietarios ilustrados; luego los partidos excluyentes; después la arquitectura jerárquica de 1886 consolidó un sistema que confundía estabilidad con concentración. El Frente Nacional perfeccionó la aritmética: alternancia pactada para conjurar la violencia, competencia dosificada para evitar sobresaltos. La guerra disminuyó en intensidad institucional, pero el pluralismo quedó cuidadosamente administrado. Más tarde, la Constitución de 1991 prometió una refundación ética y jurídica: derechos fundamentales robustos, tutela expedita, participación ciudadana, pluralismo político. El texto fue ambicioso; la estructura del poder, paciente. Se modernizó la fachada sin desmontar del todo la maquinaria clientelar que aprendió a sobrevivir a cada reforma como si fuera parte del mobiliario institucional.

Si adoptamos la definición mínima de democracia —elecciones periódicas, competencia formal y resultados reconocidos— el país aprueba. Ha habido alternancia; incluso rupturas simbólicas que décadas atrás parecían improbables. Las actas cuadran, las instituciones no colapsan y la transición se realiza con una serenidad que tranquiliza a observadores extranjeros. Pero la democracia no es solo un método para contar votos; es un sistema para producir consecuencias justas. Y ahí comienza la incomodidad.

Porque esta empresa colectiva llamada Estado colombiano encierra una paradoja persistente: sus accionistas —los ciudadanos— acuden disciplinadamente a la asamblea electoral, pero rara vez revisan con rigor los balances antes de elegir a quienes administrarán el patrimonio común. Se dejan seducir por el carisma del aspirante, por la retórica muchas veces lenguaraz, por el eslogan que promete dividendos morales inmediatos o por el jingle que reduce problemas estructurales a consignas fáciles de corear. Desde lejos, el engranaje luce ordenado; de cerca, la contabilidad revela pasivos heredados, intereses cruzados y utilidades distribuidas con criterios selectivos.

Si el Estado fuera una gran sociedad anónima, cada voto sería una acción depositada para decidir quién gestionará activos gigantescos: presupuesto público, recursos naturales, infraestructura, políticas sociales, justicia. Cada cuatro años se convoca esa asamblea, se instalan mesas, se activan sistemas de conteo y el acta siempre coincide. La Empresa exhibe estabilidad formal. Lo que no siempre exhibe es la misma transparencia en la gestión que presume en su ritual democrático.

La libertad del voto no florece en el vacío; se forja en un ecosistema de presiones visibles e invisibles. Generalmente en los territorios, sufragar no es solo un acto de conciencia sino un cálculo de supervivencia. La coacción rara vez aparece con uniforme o fusil; suele adoptar la forma de un contrato precario, de un subsidio condicionado, de una recomendación que recuerda favores pendientes o, más crudamente, de la necesidad elemental de comer envuelta en promesas que casi siempre caducan al día siguiente. La compra de votos no es una anécdota pintoresca; es una microeconomía electoral que funciona con la lógica del mercado: hay oferta, hay demanda y un precio ajustado a la urgencia. En contextos de precariedad, la dignidad compite con la necesidad. Y la necesidad, con demasiada frecuencia, gana.

A este escenario se suma la desinformación estratégica: relatos fabricados, cifras descontextualizadas, temores amplificados y adversarios convertidos en caricaturas útiles. Los medios y, con mayor intensidad, las redes sociales no solo informan; segmentan emociones, administran indignaciones a la medida y convierten la política en espectáculo permanente. Cada ciudadano termina habitando una versión distinta del país, diseñada por algoritmos que confirman prejuicios y refuerzan lealtades. Mientras discutimos en burbujas digitales, las decisiones estructurales se negocian en mesas discretas. El ruido ocupa el espacio público; la estrategia se cocina en silencio.

Decimos que elegimos con libertad; con demasiada frecuencia, sin embargo, nos limitamos a refrendar acuerdos tejidos de antemano.

Lo más delicado no ocurre el día de la votación, sino después. Las tres ramas del poder han sido, en distintos momentos, permeadas por grupos políticos y económicos que entienden la institucionalidad como activo estratégico. No se trata solo de sobornos individuales o escándalos episódicos; se trata de captura estructural. El Legislativo responde a compromisos adquiridos en campaña; el Ejecutivo negocia gobernabilidad mediante cuotas burocráticas; el Judicial, llamado a ser contrapeso, no siempre escapa a influencias que erosionan su independencia. La ley no se deroga frontalmente: se interpreta con creatividad interesada. La Constitución no se suspende: se administra.

No hay dictadura con uniforme ni clausura de elecciones. Hay algo más sofisticado: una legalidad moldeada con filigrana precisa. Reglamentos técnicos que parecen neutros, pero inclinan la balanza; decisiones administrativas que consolidan redes; nombramientos que aseguran lealtades y blindajes. Es un autoritarismo elegante, una dictadura institucional que conserva la forma democrática mientras desgasta su sustancia.

En muchas regiones, además, el apellido pesa más que el programa. Los clanes políticos han convertido la permanencia en arte. No siempre hay delito comprobable; hay estructuras maliciosas eficientes. Redes de favores, contratos que lubrican fidelidades, empleo público distribuido con precisión quirúrgica. La democracia compite en el papel; el clan administra en la práctica. La alternancia se transforma en rotación dentro del mismo círculo ampliado. Cambian los rostros; se heredan las maquinarias.

Entretanto, el debate nacional se concentra casi obsesivamente en la figura presidencial, examinando al jefe del Estado como si fuera el único responsable —o culpable— del rumbo institucional. Se dramatiza la elección del presidente, mientras se relega a un segundo plano la incidencia cotidiana del Congreso y de las autoridades territoriales, donde realmente se diseña la arquitectura normativa, se modulan las normas, se archivan reformas incómodas y se distribuyen los recursos públicos. Así, la discusión pública magnifica el símbolo del liderazgo y minimiza los engranajes que determinan, en los hechos, la orientación del Estado. Es como si los accionistas disputaran con vehemencia quién pronunciará el discurso anual, pero desatendieran quién redacta las cláusulas y administra los contratos que rigen la organización.

Sería cómodo atribuir toda la responsabilidad a la dirigencia. Y es cierto que durante décadas muchos políticos han tratado al ciudadano como insumo electoral: imprescindible en campaña, ornamental en la posesión y prescindible en el ejercicio del poder. Pero la renuncia ciudadana tampoco es inocente. Si el Estado es una empresa que nos pertenece a todos, ¿qué clase de socio vota sin revisar antecedentes, sin examinar votaciones previas, sin exigir rendición de cuentas? ¿Qué accionista delega la administración de su patrimonio colectivo a gestores con historial dudoso y luego se sorprende ante los resultados?

En el ámbito empresarial eso se llama negligencia. En política, solemos llamarlo tradición, lealtad o resignación.

La abstención, persistente y estructural, no es simple apatía; es el sedimento de un escepticismo prolongado. Muchos ciudadanos están convencidos de que, gane quien gane, su cotidianidad poco variará. Sin embargo, cuando quienes podrían ejercer un voto crítico se ausentan, la decisión se adopta sin contrapeso. No votar puede parecer un gesto de protesta; también puede convertirse en el mecanismo que consolida aquello que se cuestiona. Se olvida que decisiones trascendentales como: las tarifas, las garantías laborales, el acceso a salud, vivienda digna, educación o servicios básicos dependen, en última instancia, de quienes ocupan el poder.

Colombia no es una dictadura abierta ni una democracia idílica. Es un sistema que ha perfeccionado el ritual electoral, pero que aún lucha por traducir esa competencia en justicia tangible. El procedimiento es sólido; la distribución del poder, menos equitativa. La alternancia existe; la transformación estructural se posterga. La democracia funciona como ceremonia impecable mientras la administración pública exhibe síntomas crónicos de captura y desigualdad.

La pregunta de fondo no es si el país vota. Vota. La pregunta es si ese voto se ejerce como acto de soberanía consciente o como trámite periódico. Si se asume como delegación responsable de poder o como descarga momentánea de frustración. Porque votar no es un favor concedido al candidato; es una decisión sobre presupuestos multimillonarios y políticas que determinarán acceso a salud, educación, empleo, vivienda y justicia. Es un acto de corresponsabilidad histórica.

Ningún Estado puede ser mejor que la exigencia de sus ciudadanos. Ninguna democracia sobrevive cuando sus accionistas renuncian a escrutar a quienes administran su destino. La corrupción persistente, la desigualdad obstinada y la captura institucional no son fatalidades metafísicas; son consecuencias de decisiones políticas y de omisiones ciudadanas.

Tal vez el desafío no sea perfeccionar el ritual —que ya funciona con precisión admirable— sino dotarlo de contenido real. Convertir la jornada electoral en algo más que una ceremonia ordenada. Entender que cada sufragio es una auditoría moral y un compromiso con el futuro común. Asumir que el Estado no es una abstracción manejada por otros, sino la empresa colectiva cuya gestión determina nuestra dignidad cotidiana.

Colombia sabe ir a las urnas. Lo ha demostrado durante décadas. Lo que está en disputa es si aprenderá, finalmente, a gobernarse con la misma seriedad con la que organiza su jornada electoral. El día en que el ciudadano actúe como propietario vigilante y no como espectador ocasional, la elección dejará de ser un ritual impecable y se convertirá en el ejercicio pleno de una soberanía que no solo cuenta votos, sino que exige cuentas.

*La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

Política y gobierno: el espejo roto del Cauca *

 

Por: Paula B. Romero

El Cauca necesita mujeres que no tengan miedo de ser oposición a lo establecido. Mujeres que entiendan que el progreso no es un favor que se negocia en las oficinas de los clanes políticos. 

Hay momentos en la historia de una región en los que la esperanza se convierte en un espejo que, al primer golpe de realidad, se estrella contra el piso. Para las mujeres del Cauca, y en especial para aquellas que hemos creído que otro modelo de gobierno es posible, el actual mandato del gobernador Octavio Guzmán ha terminado por confirmar una de las sospechas más dolorosas: que el poder en este departamento sigue teniendo nombre propio, apellido de clanes y un innegable sesgo patriarcal.

Cuando el nombre de Guzmán sonó con fuerza apadrinado por la vicepresidenta Francia Márquez, muchas pensamos que, por fin, alguien que venía rodeado por algunas figuras del movimiento social podría romper el cerco de la política tradicional. Se suponía que su llegada representaría la voz de los territorios olvidados, de esas veredas del norte del Cauca donde la ausencia del Estado se suple con mingas y resistencia. Sin embargo, el espejismo duró poco. El gobernador no tardó en sucumbir a la presión de los mismos sectores que por décadas han administrado la pobreza y la violencia como un negocio rentable.

Hoy, la evidencia es tozuda. Detrás de las escasas decisiones (o de la permanente falta de ellas) se asoma la larga sombra de Temístocles Ortega y su grupo, esos que, disfrazados de progresismo, han sido fichas clave de Cambio Radical en el occidente colombiano. Junto al representante Óscar Campo, han demostrado que, en el Cauca, las estructuras políticas no se rompen con alianzas electorales; se maquillan.

¿El resultado? Una gestión que ha postergado una vez más las aspiraciones de bienestar y paz de los caucanos. El ejemplo más indignante es la negativa a cumplir el compromiso con las comunidades indígenas para la incorporación formal de docentes al magisterio. El SEIP (Sistema Educativo Indígena Propio) sigue con un déficit de profesores que afecta directamente a los niños y niñas de los resguardos, a pesar de que el gobierno nacional ya había dado su aval. Pero, al parecer, los acuerdos con los pueblos ancestrales pesan menos que los compromisos burocráticos con los caciques políticos de turno y mucho más, cuando uno de ellos es el precandidato Roy Barreras.

Y qué decir del abandono de obras que son cuestión de vida o muerte. El hospital regional del norte del Cauca, una promesa que llevamos arrastrando como una cruz, sigue en el limbo. La ampliación de la vía de la calle 5.ª en Santander de Quilichao, un proyecto que debió aliviar el caos vehicular y dignificar el espacio público, se ha convertido en otro elefante blanco. En cada rincón del departamento, los programas sociales y las obras de infraestructura han quedado relegados al más puro ejercicio clientelar, esa vieja escuela de los exgobernadores que Guzmán prometió combatir y terminó abrazando.

Sin embargo, la frustración no es solo con él. Es, quizás con mayor profundidad, una decepción de género. Duele ver a Francia Márquez, una mujer que ha padecido en carne propia el racismo, la exclusión de una clase política patriarcal y los ataques de la ultraderecha, convertida en la principal escudera de una de las expresiones más nefastas de esa misma política en los últimos veinte años.

¿Cómo es posible que quien alzó la voz contra el olvido termine arropando a quienes han mantenido al Cauca en el atraso? La vicepresidenta, con su silencio o con su respaldo, ha tolerado que el gobierno departamental y algunas alcaldías siguieran siendo extensiones de las mismas prácticas que denunciaba. Su investidura, que para muchas de nosotras simbolizaba la posibilidad de un cambio profundo, se ha visto empañada por esta contradicción. Y en un territorio donde las mujeres han sido el pilar de la resistencia, ver a una de las nuestras avalar estas alianzas duele como una herida que no cierra.

Lo más preocupante, al mirar el horizonte, es la escasa figuración de lideresas que representen una verdadera alternativa para el Cauca. Salvo contadas excepciones en el sector social, el espectro progresista femenino parece diluirse entre la ambición personal y la comodidad de los cargos. Vemos exmandatarias que aspiran al Congreso avaladas y muy cómodas con la derecha, y a la propia vicepresidenta congraciándose con estructuras políticas que han saqueado la moral del departamento.

El Cauca necesita mujeres que no tengan miedo de ser oposición a lo establecido. Mujeres que entiendan que el progreso no es un favor que se negocia en las oficinas de los clanes políticos, sino un derecho que se defiende desde las calles, desde las aulas y desde los territorios. Mientras sigamos aplaudiendo a quienes se sientan en la misma mesa de quienes nos han excluido, el espejo del progreso seguirá roto.

La historia del Cauca no se escribe sola; la escriben quienes deciden quedarse en la comodidad del poder o quienes arriesgan todo por transformarlo. Hoy, por acción y por omisión, nos han vuelto a aplazar. La pregunta que queda flotando, con voz de mujer, es: ¿hasta cuándo?

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