En la imagen: Germán Navas Talero / Jurisconsulto - excongresista colombiano

Por: Germán Navas Talero

Editor: Francisco Cristancho R.

Donald Trump es un enfermo mental, un maniático, y fuera de eso, un mentiroso.

No mintamos. Digamos siempre la verdad. Cuando usted pinta un cuadro está pintando la verdad de lo que está viendo, así es el cuadro sea producto de la imaginación. Pinte lo que usted ve en su mente y estará pintando la verdad. No imagine lo que no es cierto y hace daño, eso es mentir. No haga daño. No mienta.

Nos enseñan desde niños que la mentira es lo contrario de la verdad. Pero no siempre la mentira es dañosa, porque hay mentiras bonitas: las mentiras de la fantasía; cuando usted, de niño, le decían que el hada madrina hacía milagros y le hacía aparecer juguetes. Mentiras, como el cuento del niño Dios, trayendo regalos. Esas son mentiras bonitas. Las otras mentiras son miserables, son las que se emplean en las guerras.

¿Han visto ustedes algo más mentiroso que el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trampas? Ese tipo es un falsario, es un mitómano miserable. Él quiere engañar al mundo y está convencido de que el mundo le comió cuento. El mundo no le cree a ese tipo nada. Ese tipo es un enfermo mental. Uno no entiende cómo un país como los Estados Unidos puede permitirse que un sujeto de estos le dé órdenes.

Es chistoso ver cómo cada tres días Trump dice: “le doy un ultimátum a Irán y lo voy a convertir en un infierno.” Pasan los ocho días y para él el ultimátum no es ultimátum, es primerátum, porque dice… “No. Les voy a dar dos meses, pero en dos meses los acabo”, y en eso lleva años. Y uno mirando las informaciones de prensa sabe que esa guerra, mal que bien, la van ganando los iraníes; pero eso lo sabemos nosotros que vemos diversas fuentes de información; pero para ese enfermo mental, que no ve sino lo que él quiere ver, la van ganando. Dice “no me han tumbado ningún avión”, y en otro canal están mostrando dos, tres y hasta cuatro F-15 en el suelo. “Es que la vamos ganando, no hemos tenido ninguna baja”, y por medios iraníes se ven diez, veinte, y hasta treinta ataúdes. Les han volado hasta un cuartel, pero Trump insiste en que no han perdido nada. Si eso no es mentir, ¿qué es mentir?

A uno le da tristeza ver que un demente como ese esté dirigiendo la suerte de un país que otrora fue adalid de la democracia, y hoy día es un pésimo ejemplo para cualquier mundo. Cualquier cosa es preferible a vivir en los Estados Unidos. Donald Trump es un enfermo mental, un maniático, y fuera de eso, un mentiroso. Con el cuento del piloto que se les cayó y no lo encontraban. Son tan miserables que la orden era, que si no lo rescataban, había que matarlo, porque entregárselo vivo a Irán no valía la pena; palabras más, palabras menos, eso fue lo que se entrevió en los reportajes que presentaron. Preferían matar a ese ser humano antes de reconocer que están perdiendo la guerra. Porque la están perdiendo, así digan lo contrario. Dicen que no han tenido bajas, ¿entonces los cadáveres qué? ¿se los inventan?

Y ahora, en esa campaña de mentiras lo acompañan los de siempre: los israelitas. El pueblo más mentiroso del mundo, después de los gringos, son los israelitas. Son tan mentirosos que dicen que dios les prometió una tierra, pero no vimos nosotros en ninguna parte la promesa de compraventa, ni sabemos qué tierra fue la que les prometió; porque al parecer, el dios de ellos estaba prometiendo en venta, o en regalo o en donación, una tierra que no era de él; porque esa tierra que los israelitas reclaman hoy en día nunca ha sido de ellos. Esa es la tierra de los palestinos. Ellos se la quieren robar, y siempre, bajo cualquier pretexto, tratan de ampliar sus fronteras.

Pregúntele a cualquier israelita mentiroso dónde están las fronteras de Israel: nunca se las va a decir; porque la esperanza de ellos todos los días es correr un poquito más para allá esas fronteras, para colonizar más y más tierras. Eso es lo que en un país decente se llamaría despojo, pero para los israelitas eso es colonización. Yo le robo la tierra a usted, le destruyó su casa, lo mato, lo saco a patadas, pero es que lo estoy colonizando. Esa es la teoría de los israelitas sobre la supuesta colonización.

Hay una competencia ¿cuál cree usted, amigo lector, cuál es el más mentiroso, el israelita, o el estadounidense? Para mí, empatan. Empatan porque ambos cabalgan en la misma bestia de la mentira. Uno dice una mentira y el otro se la apoya.

Tratemos de enseñarles a nuestros hijos a que digan la verdad. La verdad puede ser dura, pero es la verdad. La mentira es mentira, y por eso mentirosos son los israelitas y los gringos.

Coletilla por Deisdre Constanza. El idioma debe ser canal de reivindicación, no de deformación. A veces uno escucha el llamado lenguaje inclusivo y no es rechazo es desconcierto. Porque el castellano tiene reglas claras, una estructura que no es improvisada, sino construida durante siglos para que nos podamos entender. Hoy no solo se insiste en palabras como “presidenta” o “concejala” cuando según la regla gramatical el género se construye desde el artículo, la presidente, la concejal. Además, aparecen expresiones como “todes”, “compañeres”, o “niñ@s”, que directamente rompen las reglas básicas de la gramática y la ortografía. Y ahí es donde el problema deja de ser una discusión y se convierte en confusión. El idioma no funciona por ocurrencias ni por modas. Tiene normas que permiten que todos, sin importar su nivel educativo, puedan comprenderlo. Cuando esas normas se alteran, se crean barreras no inclusión. El respeto no está en cambiar las letras, está en garantizar los derechos, en mejorar oportunidades, en tratar con dignidad. Porque un lenguaje claro une, pero uno forzado terminada confundiendo. Cuidar el castellano no es retroceder, es defender una herramienta que nos permite comunicarnos sin distorsiones. Y una sociedad que no se entiende, difícilmente avanza.

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

Prensa tradicional colombiana y el oficio de salvar a la derecha

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com- 

La derecha, en su desesperación por frenar su derrota, recurre a la manipulación mediática, instalando el relato de las "chuzadas" para silenciar denuncias de fraude y torcer una elección que se está escapando.

Nuevamente se comprueba que la función de los grandes medios de comunicación tradicional en Colombia no es la de informar, sino la de despistar al ciudadano desprevenido. La constatación de su malintencionada actuación se presenta con claridad meridiana en estas semanas previas a las elecciones presidenciales del 31 de mayo. 

Mientras el presidente Gustavo Petro denuncia, con la presentación de documentos, actuaciones judiciales y evidencia empírica histórica, la posibilidad de un intento de fraude electoral que involucra a la empresa Thomas Greg & Sons y al candidato de derecha Abelardo de la Espriella, la prensa tradicional, fiel a su oficio de siempre, ha decidido mirar hacia otro lado. O, mejor dicho, ha decidido voltear las cámaras y micrófonos para enfocarse en una historia distinta.

El presidente colombiano ha sido insistente en señalar que la firma de los hermanos Bautista, encargada del software de preconteo y escrutinio, podría estar en el centro de una maniobra para manipular los resultados electorales. Según Petro, ese fraude no se limitaría a la manipulación de jurados de votación, tal y como ocurrió y se denunció en las elecciones parlamentarias del pasado 8 de marzo, sino que tendría una dimensión algorítmica asociada al software electoral. Es necesario indicar que no es un señalamiento improvisado, puesto que el presidente ha denunciado, en reiteradas ocasiones, que la Registraduría ha desobedecido desde 2018 una orden judicial que ordenaba cambiar ese software privado, demostrado como vulnerable. También ha advertido sobre la negativa de Thomas Greg & Sons a entregar el PKI (la clave de información pública) que hace parte de una base de datos que él calificó como "la base de datos de la colombianidad".

Pero la denuncia central, la que desató la tormenta política de los últimos días, fue el mensaje del presidente en redes sociales del pasado 4 de abril, en el que aseguró tener informes sobre conversaciones entre los hermanos Bautista y el candidato De la Espriella, en las que estarían "intercambiando la devolución del contrato de pasaportes a sus manos, y la promesa, a cambio, de ciertos algoritmos que le aseguren la presidencia".

Ante una denuncia de esta gravedad, que involucra a un candidato presidencial y a una empresa contratista del Estado en una supuesta maniobra para adulterar la voluntad popular, lo que cabría esperar de una prensa seria es una investigación a fondo. Que se pregunten: ¿qué hay de cierto en esos informes? ¿Por qué la empresa que hace el preconteo es la misma que ha sido señalada de irregularidades en el pasado? ¿Qué intereses están en juego? Pues no. La respuesta de los medios tradicionales ha sido, como siempre, el desvío. Y el desvío, en este caso, tiene nombre y apellido: "chuzadas".

La prensa tradicional, con una celeridad que sería encomiable si no fuera tan evidentemente orquestada, ha logrado imponer en la agenda mediática un relato paralelo: que el presidente Petro estaría reeditando el escándalo de interceptaciones ilegales del gobierno de Álvaro Uribe, las llamadas "chuzadas" que se hicieron desde el DAS contra opositores, periodistas y magistrados. Los medios, en un acto de reflejo condicionado, han instalado una narrativa sin mayores cuestionamientos. Medios tradicionales como el Tiempo, Caracol radio, RCN o Blu Radio abrieron sus análisis afirmando que, de confirmarse lo dicho por el jefe de Estado, se estaría repitiendo el escándalo de las chuzadas del que fue víctima el propio Gustavo Petro siendo líder de la oposición durante el gobierno de Álvaro Uribe.

Este tipo de insinuaciones conforman una analogía tramposa, ya que en el caso de las chuzadas del DAS, hubo interceptaciones ilegales documentadas, condenas judiciales en firme, como las de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado y de Bernardo Moreno Villegas, así como la comprobación sustentada de la existencia de un entramado de espionaje político desde el Estado contra la oposición. Por el contrario, para el caso de la empresa de los hermanos Bautista, la Registraduría y de La Espriella, Petro ha sustentado sus denuncias con actuaciones judiciales documentadas. 

Un periodista de El Tiempo, medio propiedad del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo (poderoso empresario de derecha), resumió a la perfección esta estrategia de neutralización cuando escribió en ese medio que "el presidente Gustavo Petro siguió en su línea de irse en contra de Thomas Greg & Sons por su participación en la organización de las elecciones del 2026, como apoyo logístico de la Registraduría. En esta ocasión llegó a sugerir, sin mayores soportes, un supuesto intento por beneficiar al candidato Abelardo de la Espriella por parte de los máximos accionistas de la empresa". Obsérvese la sutileza del uso de la frase del periodista empleado del grupo AVAL: "sin mayores soportes", puesta en la nota para hacer creer que  las denuncias públicas, los documentos judiciales y los señalamientos reiterados del presidente no merecieran siquiera la molestia de ser verificados.

Pero el colmo de la manipulación llega cuando los mismos medios que hoy se rasgan las vestiduras por unas supuestas "chuzadas" reproducen, sin ningún tipo de filtro ético, las declaraciones procaces del candidato De la Espriella. Su respuesta al presidente fue, en sus propias palabras: "Oye, Petro, revisa tu sistema de inteligencia, el que le entregaste a tus camaradas de la narcoguerrilla; si con esa información estás tomando decisiones, seguramente es la razón por la cual pareces fuera de tus cabales". Esa afirmación, que insiste de manera irresponsable en vincular al mandatario colombiano con grupos ilegales, junto con su acostumbrada grosería, han sido reproducidas incesantemente por decenas de medios sin el menor cuestionamiento. Se ha convertido en titular, en frase de cierre de noticiero, en meme de redes. Y mientras tanto, la pregunta de fondo: ¿hay o no hay un intento de fraude electoral orquestado desde una empresa privada en contubernio con un candidato presidencial? sigue sin respuesta, sepultada bajo una montaña de indignación fabricada.

Lo más paradójico de todo es que, según las encuestas que los mismos medios publican y financian, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, acompañado de su fórmula vicepresidencial Aída Quilcué, lidera con una amplia ventaja, tal como lo señala una reciente encuesta de Guarumo y Ecoanalítica, financiada por El Tiempo, le da a Cepeda un 37,5% de intención de voto, seguido por De la Espriella con un 20,2% y Paloma Valencia con un 19,9%. Resulta claro que  la derecha sabe que va perdiendo y que, por lo tanto, sus estrategias de manipulación mediática, dentro de las que se incluye el intento de instalar el relato de las "chuzadas" y de silenciar las denuncias de fraude, parecen ser el último recurso para cambiar el rumbo de una elección que se les escapa.

La ciudadanía debe estar alerta. La mal llamada prensa colombiana, propiedad de los mismos conglomerados que se benefician del statu quo, no va a investigar a sus propios dueños ni a los candidatos que representan sus intereses. Por eso es más urgente que nunca que la veeduría internacional, las misiones de observación electoral y la ciudadanía organizada pongan la lupa donde los medios no quieren mirar: en el software electoral, en los contratos de Thomas Greg & Sons y en las conversaciones que el presidente Petro ha denunciado. Porque si permitimos que el relato del desvío triunfe una vez más, la verdad seguirá siendo la primera víctima de esta guerra sucia. Y la democracia, la siguiente.

La economía como campo de disputa: cuando las tasas de interés también votan *

En la imagen: John Jaiver Flórez G. / Economista

Por: Jhon Jaiver Flórez G.

Colombia opera bajo una especie de “bancocracia”, donde las decisiones económicas terminan favoreciendo de manera sistemática al capital financiero

Si usted siente que todo está más caro, que el crédito es casi imposible y que el dinero ya no alcanza como antes, no es una percepción aislada ni un problema individual. Es política económica. Y más aún: es una decisión consciente sobre quién gana y quién pierde en la Colombia de 2026.

Porque la economía —aunque nos la vendan como un asunto científico lleno de fórmulas incomprensibles y tecnicismos — es, en realidad, una forma de poder. Y hoy ese poder está en disputa.

En la Colombia actual, la subida de la tasa de interés al 11,25 % por parte del Banco de la República, en un contexto donde la inflación ronda el 5,3 %, no es simplemente un “ajuste técnico”. Es una decisión profundamente política. Y, para decirlo sin rodeos, para muchos sectores críticos, se trata de una medida que funciona como freno deliberado a la dinámica económica impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

La pregunta surge por sí sola —y surge con sospecha—: si la inflación está controlada y lejos de niveles críticos, ¿qué justifica la aplicación de “correctivos” tan desproporcionados que terminan golpeando más a la economía que al problema que dicen combatir?

Desde una lectura keynesiana —más cercana al sentido común de la gente que al dogma financiero— la respuesta no encaja con la lógica oficial. John Keynes lo planteó con claridad hace casi un siglo: no toda inflación se combate enfriando la economía, y mucho menos cuando el problema no es un exceso de demanda sino limitaciones en la producción o choques externos.

En el caso colombiano, buena parte de la inflación no se explica porque la gente esté comprando en exceso, sino por factores externos como el aumento en los costos de los insumos agrícolas, la dependencia de importaciones y la volatilidad de los precios internacionales de la energía, especialmente el petróleo. Subir la tasa de interés no corrige ninguno de esos problemas. Lo que sí hace es encarecer el crédito, frenar la inversión y debilitar el consumo.

Y ahí aparece el punto clave.

Porque la tasa de interés no es neutra: funciona como un mecanismo de redistribución. Cuando sube, no afecta a todos por igual. Para las familias, significa mayores dificultades para acceder a vivienda, educación o incluso cubrir el consumo básico mediante crédito. Muchos trabajadores que recibieron con optimismo un aumento salarial del 23 % para 2026, y que esperaban usar ese ingreso adicional para mejorar su calidad de vida o acceder a un préstamo, terminan viendo cómo ese beneficio se diluye, absorbido por los altos costos financieros. Al mismo tiempo, las pequeñas y medianas empresas enfrentan mayores obstáculos para producir, crecer o incluso mantenerse a flote. En contraste, quienes dependen de la renta financiera —los grandes capitales— encuentran en las altas tasas una oportunidad para aumentar sus ganancias sin necesidad de invertir ni producir más.

Es aquí donde surge una crítica fuerte —y cada vez más extendida—: la idea de que Colombia está operando bajo una especie de “bancocracia”, donde las decisiones económicas terminan favoreciendo de manera sistemática al capital financiero por encima de la economía real.

No es una acusación menor. Es una lectura política del momento.

Cuando se revisan los datos, la inquietud no solo aparece, sino que se profundiza: en 2022, al inicio del actual gobierno, la inflación alcanzaba el 13,12 %, mientras la tasa de interés se ubicaba alrededor del 9 %. Hoy, con una inflación considerablemente menor, la tasa es significativamente más alta. La lógica parece invertida: se aplica un remedio más severo justo cuando la enfermedad es menos grave —o incluso cuando ya no representa una amenaza de la misma magnitud.

¿Tiene sentido?

Desde la ortodoxia neoliberal, la respuesta es afirmativa: se insiste en la necesidad de “anclar expectativas” y prevenir posibles repuntes inflacionarios. Sin embargo, desde una mirada crítica, esa explicación resulta insuficiente. Más aún cuando el efecto concreto de la medida es enfriar una economía que apenas comienza a recuperarse… y que, pese a las dificultades, ha mostrado señales de reactivación.

El resultado es visible: crédito más caro, consumo restringido, inversión frenada. En términos simples: menos movimiento económico. Y mientras tanto, el sistema financiero se fortalece.

Los rendimientos de instrumentos como los CDT superan ampliamente la inflación. Es decir, quien tiene capital para ahorrar gana. Quien necesita crédito, pierde. La economía deja de premiar al que produce y empieza a premiar al que espera.

No es casualidad. Es una lógica.

Una lógica que muchos interpretan como un sesgo estructural del Banco de la República, cuya junta directiva —según estas críticas— ha actuado más en sintonía con los intereses del sector financiero que con las necesidades del conjunto de la sociedad.

Aquí el debate deja de ser técnico y se vuelve abiertamente político.

Porque el Banco no es un actor cualquiera. Es una institución del Estado. Y, como tal, su mandato no es abstracto: debe velar por la estabilidad económica, sí, pero también en coordinación con la política general del país. No está por encima de la democracia, ni puede convertirse en un poder aislado de las decisiones colectivas.

Sin embargo, lo que hoy se evidencia es una ruptura clara entre el gobierno y el Banco. Una tensión que deja al descubierto algo más profundo: ocupar la presidencia no significa necesariamente detentar el poder real dentro del Estado.

El gobierno de Gustavo Petro llegó con un mandato de cambio, respaldado por una votación histórica. Pero ese mandato se enfrenta a estructuras institucionales que no cambiaron con las elecciones. Entre ellas, la política monetaria.

En ese choque, algunos sectores ven algo más que un desacuerdo: ven un bloqueo. Una resistencia estructural a las transformaciones económicas que afectan intereses consolidados.

Por eso, la subida de tasas no se interpreta solo como una decisión contra la inflación, sino como una forma de limitar el alcance de un proyecto político.

¿Es una interpretación radical? Tal vez. Pero también es una lectura que surge de observar quién gana y quién pierde con cada decisión.

Mientras tanto, la ciudadanía —muchas veces apática, muchas veces cansada— observa desde la distancia. Y ahí aparece otra pieza clave del problema.

La apatía política.

Porque cuando la gente se desconecta de estos debates, las decisiones quedan en manos de pocos. Y esos pocos no siempre representan a la mayoría. La economía sigue funcionando, las decisiones se siguen tomando, pero sin control social.

Y eso tiene consecuencias.

La paradoja es dura: la desconfianza en la política lleva a la gente a alejarse, pero ese alejamiento facilita que el poder se concentre aún más. Es un círculo que se alimenta solo.

Romperlo implica entender algo fundamental: la economía no es un lenguaje exclusivo de expertos. Es la forma en que se organiza la vida diaria. Es el precio de los alimentos, el acceso al crédito, la posibilidad de tener empleo.

Colombia no está discutiendo solo una tasa de interés. Está discutiendo qué tipo de economía quiere ser.

Una donde el crecimiento se construya desde la producción, el trabajo y el consumo. O una donde la estabilidad se mida desde la rentabilidad financiera, incluso si eso implica frenar al resto. El gobierno ha intentado empujar hacia el primer camino. El Banco está empujando hacia el segundo.

Y en medio de esa tensión, el país entero queda atrapado. Porque cuando la economía se convierte en un campo de batalla, las decisiones ya no son neutras. Son elecciones. Y aunque no aparezcan en el tarjetón, también definen el futuro.

*La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

Un maquiavelismo forzado en el Pacto Histórico

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

Al usar su versión de la Realpolitik como excusa para aliarse con quienes han comerciado con la democracia —todo con tal de asegurar el triunfo electoral—, el dirigente del Pacto no hace más que revelarse como un mentiroso oportunista, idéntico a la derecha que decía combatir.

En ciertos territorios de Colombia hay un peligro latente para el futuro inmediato del Pacto histórico.  Es una amenaza que está íntimamente ligada a las formas de hacer política de algunos dirigentes que, en su afán de ganar, le han empezado a ofrecer su alma al diablo. A pesar de que estos nuevos proceres del progresismo local tratan de vender su particular estrategia electoral como  un ajuste táctico o una necesaria concesión estratégica para ampliar bases, lo preocupante es que se trata de algo más profundo: La muy peligrosa reinterpretación de la Realpolitik de Von Rochau, que están haciendo  algunos dirigentes del Pacto Histórico (sobre todo a nivel regional), en la que están aplicando, con entusiasmo sospechoso, exactamente las mismas reglas del juego que durante décadas se han denunciado de la derecha tradicional.

Es preciso aclarar que el concepto original de Realpolitik no es, en sí mismo, detestable; lo que resulta realmente fastidioso es el resultado de la adaptación criolla que los nuevos prohombres del progresismo regional han hecho de los postulados de Von Rochau, pensador alemán del siglo XIX, según el cual, la opinión pública, con sus pasiones, sus miedos y sus prejuicios es más determinante que la propia idea de nación o de pueblo (Medina, 2019)[1], implantando como dogma político la creencia de que la única forma de ganar electores es replicar los mismos ejercicios proselitistas de la derecha, porque “a la gente le gusta”.

El problema ocurre cuando estos nuevos (viejos) líderes del llamado progresismo toman esa descripción del mundo (la de Von Rochau), que es un diagnóstico, como justificación para abandonar cualquier brújula ética. A partir de esta cuestionable perspectiva, empezamos a observar en varias regiones del país un fenómeno, que, aunque ya visto, no deja de ser alarmante: la conformación de alianzas locales con operadores políticos tradicionales de derecha, exactamente esos que durante años perfeccionaron el arte de la manipulación del electorado a través de sus “líderes comunitarios” de bolsillo y que han construido microempresas electorales basadas en un eficiente esquema de clientelismo y corrupción. Esos mismos operadores que ayer entregaban votos al uribismo, hoy se sientan en mesas con lideres progresistas (electos y por elegir) para repartirse cuotas burocráticas, avales y prebendas. El ciudadano desprevenido se pregunta: ¿Acaso la izquierda necesita aprender de ellos cómo se hace política? ¿O es que ya no hay diferencia?

Lo más grave no es la alianza en sí misma (de por sí, ya bastante peligrosa), sino la coartada con la que se justifica: una lectura utilitarista y forzada de Maquiavelo. Como señala Londoño (2015)[2], el realismo de Maquiavelo propugna “un amoralismo práctico” que pone al desnudo las formas habituales del poder, eliminando la dependencia del derecho respecto de la moral. Aquí es necesario caminar despacio: Maquiavelo describía cómo actuaban los príncipes de su tiempo; no estaba escribiendo un manual de ética para esta pobrísima versión regional de la izquierda del siglo XXI[3].

Cuando un dirigente del Pacto Histórico se apropia de esta “sinceridad feroz e irónica” de Nicolás Maquiavelo para justificar alianzas con quienes ayer comerciaban votos y hoy ofrecen sus estructuras proselitistas a cambio de migajas de poder, lo que está haciendo es confesar, sin quererlo, que es un mentiroso oportunista que no difiere en nada del operador político de derecha al que decía enfrentar y con quien hoy comparte viandas, bebidas, votos y promesas de puestos y contratos.

Y este maquiavelismo de pacotilla tiene consecuencias muy concretas. La primera es la erosión de la confianza. Cuando los votantes indecisos, justo aquellos sectores que el progresismo necesita convencer para crecer de verdad ven que los mismos que prometían “otra forma de hacer política” terminan aliándose con los mismos caciques locales de siempre, lo que perciben no es una astuta jugada realista, sino una traición a la palabra empeñada. Esa desconfianza no se recupera con discursos bonitos en X, Instagram, Facebook, Tik Tok o YouTube; se pierde en las urnas, justo donde más duele: en las alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas que la propuesta de izquierda necesita ganar para consolidar un proyecto de poder territorial.

Pero hay una segunda consecuencia, quizá más profunda. Al asumir el “todo vale” para conseguir votos, incluyendo replicar el clientelismo, el intercambio de favores y la manipulación de líderes comunitarios, estos dirigentes del Pacto Histórico están poniendo en riesgo no solo su reputación personal, sino la credibilidad ética de toda una plataforma política alternativa a la derecha tradicional. Porque si la izquierda termina siendo funcionalmente indistinguible de la derecha en los territorios, ¿con qué argumento reclama el voto de quienes buscan un cambio real?

Este es un llamado de atención que no puede ser ignorado por el conjunto del Pacto Histórico. Las próximas elecciones serán un termómetro implacable. Si el llamado progresismo sigue empeñado en aplicar una Realpolitik mal entendida (que no es otra cosa que maquiavelismo barato para justificar su incoherencia), terminará reencauchando a la derecha justo allí donde más necesita avanzar. Y entonces, cuando los indecisos se alejen decepcionados y los votantes tradicionales retornen a sus candidatos de siempre, no habrá comunicado de prensa ni declaración altisonante que explique por qué el “cambio” resultó ser, al final, el mismo perro con diferente collar.

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[1] Ver: https://www.scielo.org.mx/pdf/espiral/v26n76/1665-0565-espiral-26-76-281.pdf

[2] Ver: https://repositorio.utp.edu.co/server/api/core/bitstreams/24cf0ed4-e0f9-4581-a5b5-af8658315656/content

[3] Ver: https://www.las2orillas.co/moro-versus-maquiavelo-la-batalla-final/

El absurdo incremento de las tasas de interés *

 

Por: Yezid García Abello

La autonomía del Banco de la República no equivale a infalibilidad de sus decisiones, la autonomía no es dogma”. El artículo 371 de la Constitución Nacional señala explícitamente que “el Banco ejercerá sus funciones en coordinación con la política económica general”

Por más que los economistas neoliberales y la oposición de ultra derecha al gobierno defiendan airadamente el supuesto criterio técnico del criminal aumento de las tasas de interés en 100 puntos básicos que decretó la Junta Directiva del Banco de la República, no podrán ocultar el fondo político de una disposición encaminada a frenar el desarrollo económico y la inversión, llenar las alforjas del capital financiero, encarecer la adquisición de bienes y servicios a crédito, hacer más onerosa la deuda pública, fomentar la desocupación y llevarse buena parte de los incrementos salariales.

La pretendida autonomía de la Junta no es absoluta, estamos en un Estado Social de Derecho que exige la colaboración armónica de los poderes públicos de la Nación tal como lo establece la Constitución Nacional, y donde no se puede ordenar, en contravía del interés colectivo, que se estanque el desarrollo económico para tratar de favorecer la opción política de la oposición. Como afirma el economista Jorge Coronel: “la autonomía del Banco no equivale a infalibilidad de sus decisiones, la autonomía no es dogma”. Claro es el artículo 371 de la Constitución Nacional cuando señala explícitamente que “el Banco ejercerá sus funciones en coordinación con la política económica general”.

En el cuatrienio anterior con una inflación de 13% las tasas de interés nunca superaron 9%, es decir, menor la tasa de interés que la inflación. ¿Cómo puede explicar hoy la Junta Directiva del Banco Central que en este período presidencial todo es al revés de la lógica económica? Se decreta una tasa de 11,25% frente a una inflación controlada de 5,2%, una diferencia de 6,05%, la más alta del siglo. Y esto ocurre cuando todos los indicadores económicos presentan cifras satisfactorias: crecimiento del PIB, reducción de la pobreza, caída de la desocupación laboral y la informalidad, estabilidad en la tasa de cambio, sostenibilidad del comercio exterior, crecimiento de las remesas, grandes ganancias de la mayoría de las empresas y avances significativos en la redistribución de tierras al campesinado.

La carta que firman dos centenares de exministros y exfuncionarios públicos de gobiernos anteriores, y algunos retirados por sus errores en el gobierno actual, califica casi como un sacrilegio la actitud de tres miembros de la Junta que votaron en contra, las voces ciudadanas que no comparten el incremento de las tasas de interés, los argumentos del presidente Petro y la digna actitud del ministro de Hacienda de retirarse de la sesión donde se aprobó el esperpento. Para los firmantes de la carta, neoliberales confesos unos y camuflados otros, lo que se hace con una sentencia judicial que se debe cumplir, pero no hay obligación de compartir, no se puede hacer frente a las resoluciones del Banco: o se comparten o se comparten, palabra de fe. No se debe, silenciosamente, aceptar la pretensión de la ultraderecha: si el Ejecutivo expresa su desacuerdo con una medida entonces conspira contra la autonomía del Banco, pero si el Banco se opone al Gobierno simplemente se trata de preservar su independencia.

Como propuso el presidente Petro, urge esclarecer el fondo político opositor de la medida y, por tanto, qué se abra el debate entre los estudiantes de economía, en la academia, entre la intelectualidad. Añadiría a esa convocatoria que se escuche también la opinión de la ciudadanía, de los pequeños y medianos empresarios de la ciudad y el campo, de los sectores productivos, de los trabajadores y campesinos, de los desempleados y los vulnerables.

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

Denuncian al registrador nacional por presunto fraude a resolución judicial *

 Por: La Conversa de Fin de Semana

Líderes populares y militantes del Pacto Histórico radicaron denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por el incumplimiento sistemático de órdenes del Consejo de Estado relacionadas con la transparencia electoral.

Integrantes del Colectivo por la Unidad Popular de Cali y otras organizaciones sociales, en condición de ciudadanos y militantes del Pacto Histórico, presentaron una denuncia penal contra el actual registrador nacional del estado civil, Hernán Penagos Giraldo, y contra los dos registradores que lo antecedieron en el cargo: Alexander Vega (periodo 2019-2023) y Juan Carlos Galindo (periodo hasta 2019).

La denuncia, radicada ante la Fiscalía General de la Nación, señala la presunta comisión del delito de fraude a resolución judicial, además de otros que se llegaren a probar durante la investigación. Según el documento, los funcionarios habrían incumplido de manera deliberada una orden expresa del Consejo de Estado emitida en febrero de 2018, mediante la cual se les instruía adelantar todos los pasos necesarios para adquirir un software propio para los escrutinios electorales –desde la mesa hasta la declaración final de cada elección–, así como otras disposiciones orientadas a garantizar la transparencia del proceso electoral.

Los denunciantes afirman que, a pesar del tiempo transcurrido y de las reiteradas advertencias sobre la vulnerabilidad del sistema actual, los tres registradores (cada uno en su periodo) omitieron dar cumplimiento a la orden judicial, poniendo en riesgo la confiabilidad del sistema de escrutinios y, con ello, el derecho fundamental a elegir y ser elegido.

"No se trata de una diferencia política, sino de una conducta que atenta contra la democracia. Durante años, el Consejo de Estado ha exigido herramientas propias para garantizar que los votos se cuenten con total transparencia. Sin embargo, los registradores han hecho caso omiso a esa orden, perpetuando un sistema tercerizado que ha mostrado graves falencias. Por eso acudimos a la Fiscalía”, señalaron los denunciantes.

La denuncia fue suscrita por ciudadanos con amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos y la participación popular, quienes actúan en nombre propio y en representación de diversas organizaciones sociales del suroccidente colombiano. En consecuencia, solicitan a la Fiscalía iniciar la respectiva investigación, vincular a los implicados y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Para más información ver documento de la denuncia en: https://drive.google.com/file/d/1IjqAiibt6xTQ4zlG2EboXaFgmvmqSRLG/view?usp=sharing

*Nota: Esta nota de prensa se emite con base en la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación por los ciudadanos mencionados. Los hechos se encuentran en etapa de verificación por parte de las autoridades competentes.