LA USO PERDIÓ EL NORTE: DE SINDICATO DE CLASE A ADMINISTRADOR DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA DEL CAPITAL *

En la imagen: Carlos Medina G. / Historiador - Analista político

Por: Carlos Medina Gallego.

Una organización sindical pierde su norte cuando comienza a confundir interlocución con subordinación, negociación con adaptación e institucionalidad con burocratización.

Durante más de un siglo, la Unión Sindical Obrera —USO— representó mucho más que una organización encargada de negociar salarios, prestaciones y condiciones laborales de los trabajadores petroleros. Fue una escuela de formación política, un escenario de resistencia obrera, un referente del sindicalismo colombiano y, sobre todo, una organización que comprendió tempranamente que la disputa alrededor del petróleo era también una disputa alrededor de la soberanía nacional.

Por eso resulta particularmente grave la crisis política e ideológica que hoy atraviesa. No estamos solamente ante desacuerdos circunstanciales entre dirigentes sindicales ni frente a diferencias tácticas acerca de cómo relacionarse con un gobierno determinado. Lo que parece estar ocurriendo es mucho más profundo: la USO corre el riesgo de dejar de concebirse como una organización de trabajadores que interviene críticamente en la política energética para convertirse en una organización burocratizada que termina administrando y legitimando decisiones concebidas desde las necesidades del mercado, las empresas y la acumulación de capital.

El comunicado de ANDEPETROL denominado La más alta traición en la historia de la USO expresa, en términos particularmente severos, esa ruptura. Según el documento, decisiones recientes de sectores mayoritarios de la Junta Directiva Nacional significarían abandonar compromisos históricos relacionados con la oposición a la privatización de Ecopetrol y con las posiciones críticas frente al fracking. El comunicado interpreta estas actuaciones como una ruptura con la tradición anti patronal y antiimperialista que caracterizó históricamente a la organización.

Más allá del lenguaje vehemente utilizado por ANDEPETROL y de las controversias que puedan suscitar algunas de sus afirmaciones, existe una pregunta que la USO debería responder ante sus afiliados y ante el conjunto del movimiento sindical colombiano: ¿para qué existe hoy la Unión Sindical Obrera?

CUANDO EL SINDICATO DEJA DE INTERPELAR AL PODER

Una organización sindical pierde su norte cuando comienza a confundir interlocución con subordinación, negociación con adaptación e institucionalidad con burocratización.

Los sindicatos necesariamente tienen que negociar. Deben conversar con gobiernos, empresas, instituciones públicas y privadas. Su función no consiste en permanecer en una oposición testimonial incapaz de producir resultados concretos para los trabajadores. Pero existe una frontera que no puede desaparecer: el sindicato representa los intereses de los trabajadores frente al poder empresarial y estatal; no representa los intereses empresariales y estatales frente a los trabajadores.

Cuando esa frontera comienza a desdibujarse aparece la burocratización sindical.

La burocratización no consiste simplemente en tener oficinas, funcionarios, asesores o dirigentes profesionales. Es un fenómeno político mucho más profundo. Ocurre cuando la conservación de la estructura organizativa termina siendo más importante que las razones históricas que justificaron su existencia; cuando los dirigentes se acostumbran a los escenarios institucionales hasta terminar compartiendo el lenguaje, las prioridades y las preocupaciones de quienes deberían interpelar; cuando la estabilidad de la organización sustituye la movilización de sus bases; y cuando los trabajadores dejan de ser sujetos de las decisiones para convertirse en espectadores de acuerdos realizados en su nombre.

Ese es precisamente el peligro que hoy enfrenta la USO.

DEL PETRÓLEO COMO SOBERANÍA AL PETRÓLEO COMO NEGOCIO

La historia de la USO está inseparablemente ligada a una idea fundamental: los hidrocarburos no son simplemente mercancías.

El petróleo constituye un recurso estratégico alrededor del cual se organizan relaciones económicas, laborales, territoriales, ambientales y geopolíticas. Por eso la lucha histórica de los trabajadores petroleros nunca pudo reducirse a una discusión salarial.

Defender Ecopetrol significó durante décadas defender la existencia de una empresa pública estratégica. Defender los recursos naturales significó discutir quién los explota, quién se apropia de la renta, quién asume los costos ambientales y sociales y para qué proyecto de nación se utilizan los excedentes producidos.

La USO fue grande precisamente porque comprendió esa dimensión. El problema aparece cuando el sindicalismo comienza a asumir como propias categorías procedentes de la racionalidad empresarial: competitividad, rentabilidad, productividad, seguridad inversionista, expansión de reservas o sostenibilidad financiera, sin preguntarse simultáneamente rentabilidad para quién, productividad para qué, energía para qué sociedad y explotación de los recursos bajo qué condiciones ambientales, laborales y territoriales.

Entonces ocurre una inversión peligrosa: en lugar de discutir la política energética desde los intereses de los trabajadores y de la nación, se comienza a discutir la situación de los trabajadores desde las necesidades de la política energética dominante. Y allí el sindicalismo pierde autonomía.

EL FALSO DILEMA: “PRIMERO ECOPETROL, DESPUÉS LA POLÍTICA”

Particularmente problemática resulta la idea, cuestionada por el comunicado de ANDEPETROL, según la cual primero estaría Ecopetrol y después las consideraciones políticas. El documento sostiene que esa separación termina justificando políticas que considera neoliberales y favorables a grandes intereses económicos.

Pero Ecopetrol nunca ha estado por fuera de la política.

Decidir qué hidrocarburos explorar, dónde hacerlo, mediante qué tecnologías, bajo qué régimen contractual, con qué socios internacionales, con qué participación estatal, con qué relación con las comunidades y con qué destino para las utilidades constituye una decisión profundamente política.

También lo es decidir si Colombia debe profundizar su dependencia de los combustibles fósiles o desarrollar una transición energética; y, en este último caso, determinar quién controlará esa transición.

Porque existe una transición energética del capital y puede existir una transición energética democrática y popular.

La primera simplemente sustituye unas fuentes de acumulación por otras. Cambia petróleo por litio, carbón por cobre, hidrocarburos por grandes parques solares o eólicos, pero conserva intactas las estructuras de propiedad, concentración económica y apropiación privada de los beneficios.

La segunda debería preguntarse por la propiedad pública, las comunidades, los trabajadores, la soberanía energética, la protección ambiental y la distribución social de los excedentes.

Una USO fiel a su historia tendría que estar encabezando esa discusión.

EL FRACKING NO ES SIMPLEMENTE UNA TÉCNICA

Lo mismo ocurre con el fracking.

Reducir el debate a determinar si técnicamente pueden extraerse determinados hidrocarburos significa desconocer la dimensión política del problema.

Las preguntas fundamentales son otras: ¿Qué modelo energético necesita Colombia?, ¿qué consecuencias ambientales puede generar la explotación?, ¿qué participación tendrán las comunidades?, ¿Quién asumirá los riesgos?, ¿Quién recibirá los beneficios?, ¿qué relación existe entre nuevas explotaciones fósiles y transición energética?

Una organización sindical puede adoptar una posición favorable, contraria o condicionada frente a determinadas tecnologías extractivas. Lo que no debería hacer es convertir automáticamente la continuidad empresarial en criterio superior a cualquier consideración social, ambiental o territorial.

El comunicado de ANDEPETROL acusa precisamente a sectores de la dirección sindical de haber dado vía libre al fracking y de comprometerse a no obstaculizar determinadas políticas que considera privatizadoras.

Si tales decisiones corresponden efectivamente a posiciones institucionales de la organización, deberían ser discutidas ampliamente por las bases. Una definición estratégica de semejante magnitud no debería resolverse exclusivamente entre dirigentes, gobiernos y administradores empresariales.

LA BUROCRATIZACIÓN COMO DERROTA CULTURAL

Existe, además, una dimensión todavía más preocupante.

Las grandes organizaciones sindicales no desaparecen necesariamente cuando son derrotadas. Algunas continúan existiendo durante décadas, conservan edificios, afiliados, recursos, convenciones colectivas y estructuras administrativas. Pero pueden haber perdido políticamente su razón de ser.

La derrota más profunda de un sindicato ocurre cuando adopta como propio el horizonte intelectual de aquello contra lo cual nació. Cuando comienza a pensar como empresa. Cuando mide sus posibilidades exclusivamente desde la rentabilidad. Cuando considera inevitable aquello que anteriormente cuestionaba. Cuando sustituye la movilización por la gestión. Cuando reemplaza la formación política por administración sindical. Cuando sus dirigentes permanecen durante largos periodos circulando entre cargos sindicales, institucionales y empresariales hasta constituir una burocracia especializada en representación.

Entonces puede permanecer intacta la sigla mientras cambia profundamente el contenido.

RECUPERAR LA DEMOCRACIA DE LOS TRABAJADORES

Por eso la discusión actual no debería resolverse mediante simples disputas entre fracciones sindicales ni mediante descalificaciones personales. Debe regresar a los trabajadores.

El propio comunicado recuerda que la plataforma histórica de la organización reivindica la independencia frente a patronos y sectores políticos dominantes, así como la solidaridad con los pueblos que enfrentan formas de intervención imperialista.

También sostiene que la traición a la plataforma de lucha está contemplada estatutariamente como una falta gravísima. Esto plantea un problema esencialmente democrático.

Las bases deberían conocer exactamente qué se discutió, qué compromisos fueron adquiridos, quiénes los aprobaron y mediante qué mandato estatutario. Y después deberían decidir.

Una organización obrera pertenece a sus trabajadores, no a sus dirigentes. La USO necesita recuperar asambleas, deliberación desde las regiones, formación política, control de las bases sobre sus representantes y una discusión nacional acerca de su proyecto energético.

No basta con cambiar dirigentes si permanece intacta la cultura burocrática que produjo el problema.

VOLVER A SER USO

La historia de la USO fue construida por generaciones de trabajadores que padecieron persecuciones, despidos, encarcelamientos, estigmatizaciones y violencias. El comunicado de ANDEPETROL recuerda esa tradición cuando afirma que la organización fue concebida como un “faro” de la lucha antipatronal y antiimperialista. Ese patrimonio no pertenece a ninguna junta directiva. Pertenece a generaciones de trabajadores petroleros y forma parte de la historia del movimiento obrero colombiano.

Por eso la crisis actual puede convertirse también en una oportunidad. La USO debe decidir si quiere ser una organización que acompaña la administración del modelo energético existente o una organización capaz de imaginar otro modelo energético. Debe decidir si quiere administrar las consecuencias laborales de las transformaciones empresariales o intervenir políticamente en la definición de esas transformaciones. Debe decidir si entiende Ecopetrol solamente como una empresa que debe producir utilidades o como instrumento estratégico de soberanía, industrialización, conocimiento científico, transición energética y desarrollo nacional.

Y, sobre todo, debe decidir si continuará construyendo sus decisiones desde arriba o volverá a colocar a los trabajadores en el centro de su vida sindical. La USO no necesita vivir de la nostalgia. Necesita recuperar su norte. Y ese norte no puede ser simplemente garantizar la supervivencia de Ecopetrol dentro de las reglas del capitalismo energético contemporáneo. Tiene que ser defender simultáneamente el trabajo digno, la propiedad pública, la soberanía energética, los territorios, las comunidades, la naturaleza y la capacidad de Colombia para decidir autónomamente sobre sus recursos estratégicos.

Si abandona esas banderas, podrá conservar su nombre, sus oficinas, sus cargos y sus estructuras. Pero habrá dejado de ser aquella USO que durante más de un siglo hizo temblar a gobiernos, multinacionales y patronos porque detrás de sus siglas existía algo mucho más poderoso que una burocracia sindical: existía una clase trabajadora organizada, consciente de que defender el petróleo colombiano era también defender la soberanía de la nación.

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

De la “batalla cultural” a la “resistencia chiquita” *

 

En la imagen: Consuelo Ahumada / PhD en Ciencias Políticas con énfasis en estudios latinoamericanos

Por: Consuelo Ahumada

En medio de los estragos del terremoto, se producen nombramientos de funcionarias, que generan preocupación y rechazo

El presidente oficializa los nombramientos de algunas funcionarias para atender asuntos cruciales, tales como la cultura, la educación y la atención y cuidado de los niños y niñas. 

Miremos un breve contexto. Durante las últimas dos décadas, paralelamente a la agudización de la crisis generada por el neoliberalismo, emergieron y se fortalecieron organizaciones, partidos y gobiernos de ultraderecha, que intentan captar el respaldo de importantes sectores de la población.

Sus promotores actuales reivindican el colonialismo en todas sus expresiones, la supremacía racial, las estructuras patriarcales, la xenofobia y la homofobia, la guerra, el odio a la diversidad, la acumulación de la riqueza y la concentración del ingreso. Todo ello sobre la base de preservar una supuesta uniformidad entre poblaciones diversas.

Al respecto, adquiere una gran relevancia la llamada batalla cultural. Es parte de su estrategia. Ya no se trata solo de desacreditar al Estado y lo público y de glorificar lo privado, como se hacía en los ochentas y los noventas, cuando se impuso el pensamiento único.  

Ahora se trata de revertir los derechos sociales y políticos adquiridos durante luchas de décadas. Pero también de atentar contra las reivindicaciones de sectores específicos: la lucha de las mujeres por la vida y la igualdad, contra la violencia de género, por los derechos reproductivos; las luchas identitarias de minorías étnicas y sexuales.

Se trata también de pasar al ataque y emprender la contraofensiva, sin ninguna contemplación. De dar la batalla en el campo de la cultura, allí donde la izquierda y los sectores democráticos han logrado una mayor influencia, introduciendo reivindicaciones de género, raciales, étnicas, para “tratar de demoler la civilización occidental y cristiana”, señala el argentino Agustín Laje, asesor de Milei e inspirador de los gobiernos de ultraderecha. 

De eso se trata, en últimas, la batalla cultural. De tratar de legitimar las políticas excluyentes. De desacreditar a la izquierda y a quienes luchan por sus derechos. De generar incertidumbre, miedo y rabia, como señalaba el vocero de la Operación Júpiter, puesta en práctica en las elecciones pasadas en Colombia.   

Para lograr sus objetivos, recurren al enorme desarrollo tecnológico y de las comunicaciones alcanzado en los últimos años. La llamada guerra cognitiva. La reciente detención de Fernando Cerimedo y las denuncias de sus granjas de bots, en Bolivia, son ejemplo fehaciente de los intentos de manipulación de la voluntad de la gente en varios países, pero en particular en Latinoamérica

En este marco se entiende la batalla contra la llamada “ideología de género”, invocada como un mecanismo para oponerse a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, y a la existencia misma de las diversidades sexuales. Todo ello se presenta como una amenaza a la familia tradicional y al orden de la naturaleza. 

Miremos el primer nombramiento mencionado. Viviane Morales, cristiana fanática reconocida, es la nueva ministra de Educación. Anuncia que el Estado intervendrá en los contenidos de los cursos, con el fin de restaurar principios y valores y desideologizar el proceso educativo. “Sacar a Marx y meter a Dios”, “Devolverles la dignidad a las aulas de clase”, señaló Abelardo cuando anunció su nombramiento. 

Por supuesto, la ministra critica a fondo la educación sexual y reproductiva, con lo que se opone a derechos contemplados durante más de tres décadas. La Ley 115 de 1994, conocida como Ley General de Educación, establece que la enseñanza de esos asuntos es obligatoria, tanto en colegios públicos como privados, en todos sus niveles. 

La Corte Constitucional también ha intervenido al respecto. En su sentencia C-085 de 2016 confirmó que la educación sexual es componente obligatorio de la escuela. A raíz del suicidio del estudiante Sergio Urrego, discriminado por su orientación sexual, ordenó cambiar los manuales escolares represivos. 

Así, la legislación colombiana recoge la normatividad internacional, desarrollada por la ONU desde la década del 90, para preservar los derechos de la mujer y de las diversidades sexuales. Se le confirió carácter institucional al concepto de “género”, para diferenciarlo del concepto biológico de sexo. Se promovieron debates sobre los derechos reproductivos de las mujeres. 

 El término de “ideología de género” ha sido utilizado para manipular y movilizar sectores conservadores en eventos electorales. Recordemos el triunfo del NO en el plebiscito sobre el Acuerdo de paz en Colombia en el 2016. En aquella ocasión la hoy ministra tuvo un papel preponderante. Ella y sus fanáticos copartidarios insistieron en que en La Habana se había pactado una educación “homosexualizadora”. 

El segundo nombramiento es el de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, a cargo del cuidado de la infancia del país. Una vez posesionada, anunció que en adelante debía eliminarse el término Niña, en los documentos oficiales de la institución, por considerar que las palabras niño o niñez eran incluyentes. 

Sin embargo, nuevamente se controvierte la legislación colombiana. La Ley 1098 de 2006, o Código de infancia y adolescencia, utiliza explícitamente los términos niños, niñas y adolescentes. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Criminología, “Ignorar la condición particular de las niñas invisibiliza violencias estructurales que las afectan de forma diferenciada” 

“No nombrar a las niñas implica una nueva vulneración de sus derechos y corporeidad”, señala una antigua defensora delegada de infancia y mujeres.  

Se trata también de un reconocimiento de los riesgos que afectan de manera desigual a niñas y niños, en un país en donde la violación de las niñas alcanza cifras elevadísimas. Por eso, no tiene sentido el argumento de que se trata de no “ideologizar”, a la niñez, “cuya única preocupación debe ser la de jugar”. 

Pero la directora del ICBF también ordenó borrar un mural representativo de un colectivo de niñas denominado “Resistencia chiquita”. Se originó diez años atrás, a raíz de un caso que conmovió fuertemente a Colombia. Yuliana Samboní, una niña indígena muy pobre, que habitaba con su familia en Bogotá, fue violada y asesinada por un señor de apellidos ilustres. 

Algunas de las integrantes del colectivo aparecieron en un video oficial del ICBF. “Yo creía que a todas las niñas nos iba a pasar lo que le pasó a Yuliana”, afirmó Antonia, una de estas niñas.  

Por último, los conceptos de “batalla cultural” y de “ideología de género” tienen un peso adicional en Colombia. Un país donde persiste el conflicto armado que, de acuerdo con la Corte Constitucional, ha tenido un impacto desproporcionado sobre la mujer y la niñez, así como sobre los grupos étnicos diversos.

Por eso, cualquier amenaza de violencia debe tomarse en serio. 

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

Cali: el terremoto que disputa el relato del orden y revela la autonomía popular (Parte final)

 

Quizquiz

Agosto/ 2026, Puerto Resistencia, Cali.

La solidaridad popular es el antídoto contra la distribución desigual de la muerte. Cuando una comunidad se organiza para rescatar a todos, sin preguntar, está diciendo: la vida no se negocia.

III. Lo que enseñan los terremotos: cuando cae el concreto y permanecen las relaciones.

Los grandes terremotos latinoamericanos muestran una constante: cuando el Estado se muestra insuficiente, lento o desbordado, las comunidades activan formas propias de organización.

México enseñó que una ciudadanía organizada puede convertirse en fuerza de rescate, coordinación y reconstrucción. El Eje Cafetero colombiano mostró que la reconstrucción requiere mucho más que recursos materiales: necesita tejido social sostenido en el tiempo. Venezuela recordó el costo humano que produce la erosión de las capacidades institucionales cuando la población debe asumir por sí misma tareas de supervivencia.

La enseñanza común es más profunda que cada caso particular. Los terremotos funcionan como experimentos extremos sobre la estructura real de una sociedad. Cuando los edificios caen, permanecen las relaciones. Cuando las oficinas colapsan, aparecen las redes. Cuando falla la administración, sobreviven los vínculos.

Lo que enseñan los terremotos es que la vulnerabilidad no se distribuye igual. Los edificios caen, pero no todos. Los cuerpos mueren, pero no todos. La clase, la raza, el barrio y el acceso a recursos determinan quién vive, quién muere y quién es rescatado primero.

Pero también enseña que existe una respuesta que no está determinada por esas jerarquías. La solidaridad popular es el antídoto contra la distribución desigual de la muerte. Cuando una comunidad se organiza para rescatar a todos, sin preguntar, está diciendo: la vida no se negocia.

Las ciudades suelen medir su fortaleza por sus puentes, hospitales, vías y edificios. El terremoto obliga a medir otra cosa: la infraestructura social del cuidado. Esa infraestructura está hecha de confianza, cooperación, memoria organizativa, reciprocidad y capacidad de acción colectiva. Es menos visible que el cemento, pero mucho más resistente cuando el cemento se rompe.

Cali llega a este terremoto con una ventaja histórica singular: ya había entrenado colectivamente esas capacidades durante el estallido social. La emergencia no comenzó desde cero; comenzó desde una experiencia acumulada.

Esa ventaja no es fortuna. Es el resultado de una historia reciente de organización territorial que no fue destruida por la represión ni desactivada por el tiempo. Permaneció latente, como un músculo entrenado que espera la siguiente contracción. El estallido social no fue un momento aislado. Fue un laboratorio de autonomía. Y los laboratorios dejan equipamiento. No equipamiento material, sino equipamiento subjetivo: capacidad de decisión colectiva, hábito de asamblea, destreza logística, confianza horizontal. Ese equipamiento no aparece en los inventarios del Estado porque no pertenece al Estado. Pertenece al pueblo que aprendió a sobrevivir organizándose.

La diferencia entre una comunidad que reacciona y una comunidad que responde es la memoria organizativa.

IV. El símbolo final: el cuartel y la Madre Tierra

El nuevo gobierno de ultraderecha intenta imponer un relato fundado en el orden, la disciplina, la autoridad vertical y la militarización del territorio. El símbolo es el cuartel. El poder aparece como mando, control y obediencia.

El terremoto introduce otro símbolo completamente distinto: la Madre Tierra.

La Tierra recuerda algo que ningún decreto puede controlar. Nos recuerda que somos vulnerables, interdependientes y habitantes del mismo cuerpo común. Frente al cuartel, que organiza mediante jerarquía, la Tierra organiza mediante relación. Frente a la guerra, el cuidado. Frente al enemigo interno, el vecino que busca al otro entre los escombros.

La Madre Tierra no es un símbolo decorativo. Es una interpelación. Nos dice que nuestra relación con el mundo no es de dominio sino de pertenencia. Que la tierra no es un recurso para explotar sino un cuerpo del que formamos parte. Y que cuando ese cuerpo se sacude, lo que nos sacude a nosotros no es un fenómeno físico, sino una verdad política: no hay soberanía sin cuidado. No hay control que valga cuando la tierra habla. El cuartel puede organizar la represión, pero no puede organizar la vida. Solo el tejido social puede hacer eso.

Desde una mirada profundamente latinoamericana e indígena, la Madre Tierra no es una metáfora romántica. Es una pedagogía política. Nos enseña que la supervivencia depende del tejido, no de la dominación; de los lazos, no de la separación; de la comunidad, no del aislamiento.

El terremoto no solo derrumba edificios; despierta un organismo social. Activa una inteligencia colectiva, una vigilancia mutua, una disposición a cuidar y ser cuidado. Ese organismo permanece después de la emergencia. Queda atento, disponible, organizado. Y esa permanencia es la forma más profunda de la autonomía popular.

V. La ciudad que se salvó antes que el Estado

Lo que ocurrió en Cali no puede reducirse a una reacción solidaria frente a una catástrofe. Fue la manifestación visible de una capacidad histórica construida durante años de organización territorial, protesta, resistencia y cuidado mutuo.

El terremoto derrumbó edificios, pero también derrumbó el relato según el cual la salvación siempre viene desde arriba. Cali no esperó permiso para organizarse. No esperó autorización para cocinar, rescatar, distribuir, cuidar.

Ese es el verdadero terremoto cultural.

La solidaridad ampliada no es caridad. Es una forma de autonomía. Es la afirmación de que un pueblo que ha aprendido a organizarse posee una infraestructura política y moral capaz de sostener la vida incluso cuando las instituciones vacilan.

La Madre Tierra nos recordó que ninguna sociedad se salva únicamente por sus ejércitos, sus decretos o sus edificios. Se salva por la calidad de sus relaciones. Por la fuerza de sus tejidos sociales. Por la profundidad de sus lazos.

Y quizá esa sea la lección más importante que deja Cali para Colombia: un país comienza a transformarse cuando entiende que cuidar al otro no es un acto de compasión, sino la forma más profunda de construir poder colectivo. Cuando toda vida importa, no solo durante el terremoto ni durante la reconstrucción, sino en la lucha cotidiana por un país para todos.

Eso es lo que el terremoto deja en claro: que ningún gobierno, por más militarizado que esté, puede reemplazar el vínculo. Que ninguna ultraderecha, por más símbolos de orden que despliegue, puede clausurar la memoria organizativa de un pueblo. La Madre Tierra no pide permiso para recordarnos que somos cuerpos compartidos, destinos entrelazados, fragilidades comunes. Y los pueblos que han aprendido a cuidarse no olvidan esa lección. La convierten en músculo. La convierten en territorio. La convierten en vida.

La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

Cali: el terremoto que disputa el relato del orden y revela la autonomía popular (1 parte)

 

Quizquiz

Agosto/ 2026, Puerto Resistencia, Cali.

El cuerpo enterrado no pregunta qué tarjeta de crédito tiene su dueño. La mano que rescata no distingue entre vecino y desconocido. Lo que emerge es una igualdad práctica, no declarada, que se experimenta en el gesto concreto de sostener a otro

Cuando la tierra revela lo que ya existía.

Los terremotos no solo derrumban edificios; también ponen a prueba los relatos, las instituciones y las certezas sobre las que se sostiene una sociedad. Cuando la tierra se mueve, se revela quién organiza, quién cuida, quién llega primero y quién llega tarde. La catástrofe rompe la normalidad y deja al descubierto la verdadera infraestructura de un pueblo.

Esa infraestructura no está hecha de cemento ni de protocolos institucionales. Está hecha de relaciones. De confianzas acumuladas. De saberes que no aparecen en los manuales de emergencia pero que se activan con una velocidad que ninguna burocracia puede igualar. La pregunta que un terremoto deja no es cuántos edificios resistieron, sino qué tipo de tejido social estaba allí antes del derrumbe. Lo que ocurre después de la catástrofe no es improvisación: es la aparición visible de una trama que ya existía.

El 10 de agosto de 2026, a las 7:34 de la mañana, un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el occidente de Colombia. En cuestión de segundos, Cali se convirtió en el epicentro del dolor: muertos, heridos, desaparecidos, edificios colapsados. Pero también en algo que ningún sismógrafo puede medir: la velocidad con la que un pueblo que ya sabía organizarse se puso en pie. Mientras las instituciones activaban protocolos, decretos y dispositivos de control, miles de personas ya estaban cocinando, rescatando, clasificando donaciones y organizando redes de ayuda. La ciudad reaccionó con una velocidad que no puede explicarse solo por la solidaridad espontánea.

Cali respondió así porque ya había aprendido a organizarse. El estallido social de 2021 no dejó únicamente memoria política; dejó una memoria organizativa. Dejó capacidades colectivas, redes de confianza, infraestructuras populares y formas de coordinación territorial que permanecieron latentes y que el terremoto volvió a activar. Lo que vimos no fue el nacimiento de la solidaridad, sino la aparición visible de una autonomía que ya existía.

I. La memoria organizativa: el estallido que quedó bajo los escombros

La primera imagen que deja el terremoto no es la del derrumbe, sino la de la organización. En cuestión de horas comenzaron a funcionar ollas comunitarias, comedores barriales, brigadas de rescate, puntos de acopio, puestos de salud improvisados, cadenas de distribución de alimentos, herramientas, combustible, plantas eléctricas y medicamentos.

Toda sociedad posee dos infraestructuras: la visible, hecha de cemento, presupuesto y jerarquías; y la invisible, hecha de confianza, memoria y cooperación. Los terremotos destruyen la primera y revelan la segunda.

Lo extraordinario no fue solo la ayuda, sino la coordinación. Los antiguos puntos de resistencia se transformaron en puntos críticos de atención. Las cocinas colectivas que alimentaron la protesta alimentaron ahora a los damnificados y voluntarios. Los barrios que durante el estallido aprendieron a abastecerse, comunicarse y protegerse mutuamente reprodujeron esas mismas lógicas en medio de la emergencia.

Aquí aparece una idea decisiva: las comunidades no improvisan desde cero. Recuerdan corporalmente cómo organizar una olla, cómo clasificar una donación, cómo distribuir recursos escasos, cómo confiar en el vecino, cómo actuar sin esperar autorización. Esa memoria práctica constituye una infraestructura invisible que solo se hace evidente cuando todo lo demás colapsa.

Esa infraestructura no se parece a las infraestructuras del Estado. No tiene planos, no tiene presupuesto, no tiene jerarquías definidas. Pero tiene algo que el Estado no tiene: capilaridad. Está pegada al territorio, anclada en los barrios, encarnada en personas que se conocen entre sí. Cuando la emergencia llega, esa capilaridad se convierte en velocidad. Mientras las instituciones deliberan, las redes ya están operando. Mientras los protocolos se activan, las ollas ya están hirviendo. Lo que desde fuera parece caos, desde dentro es la lógica de una organización que no necesita permiso para funcionar.

El estallido social produjo instituciones populares informales. Produjo competencias colectivas. Produjo una tecnología del cuidado. El terremoto simplemente retiró el velo y mostró que esa infraestructura seguía allí, disponible, lista para activarse.

Más aún: esa forma de organización comenzó a irradiarse hacia otras ciudades y otros sectores sociales. Lo que nació como experiencia localizada de resistencia empezó a convertirse en un lenguaje nacional de solidaridad. No se contagió únicamente una emoción; se contagió una manera de organizar la vida.

La solidaridad no se explica por la conmoción emocional. Se explica porque existe un saber previo. Un saber que no es teórico sino práctico: saber distribuir recursos escasos, saber coordinar sin jefe, saber decidir colectivamente en medio de la urgencia. Ese saber no nació del terremoto. El terremoto solo lo hizo visible. Y al hacerlo visible, lo convirtió en un modelo que otros territorios pueden replicar. No porque lo imiten emocionalmente, sino porque reconocen que allí hay una tecnología social que funciona.

La racionalidad del orden no es ilegítima en sí misma; toda sociedad necesita coordinación, normas y capacidad institucional. Lo que el terremoto pone en cuestión es su pretensión de suficiencia. El orden descubre que no puede sostener la vida por sí solo. Necesita aquello que no produce: la confianza, la vecindad, la reciprocidad y el cuidado.

II. La disputa por el sentido: el relato de las élites y el relato del pueblo

Toda catástrofe es también una batalla narrativa. Mientras unos describen un desastre natural, otros reconocen un acontecimiento político. Mientras unos hablan de orden público, otros hablan de cuidado colectivo.

Las élites suelen presentar la solidaridad como un impulso moral, una virtud privada, un gesto humanitario. En ese relato, las ollas comunitarias son caridad, los centros de acopio son filantropía y el voluntariado es simple buena voluntad.

Pero la experiencia popular dice otra cosa. Allí donde una comunidad organiza alimentación, salud, logística, distribución y protección, aparece una forma de poder social. No se trata únicamente de ayudar; se trata de demostrar que existen capacidades colectivas capaces de sostener la vida sin esperar permanentemente la autorización del Estado.

Por eso la disputa no es solo administrativa; es simbólica. De un lado aparece el uniforme, el decreto, el toque de queda, el control territorial, la jerarquía. Del otro aparecen el delantal de cocina, la pala, el abrazo, la brigada barrial, la cooperación y la confianza.

El conflicto no enfrenta simplemente a un alcalde con unos ciudadanos. Enfrenta dos racionalidades distintas: la racionalidad del orden y la racionalidad del cuidado.

La racionalidad del orden cree que el control es la condición de la seguridad. La racionalidad del cuidado cree que la relación es la condición de la vida. La primera funciona mediante la jerarquía y la coerción. La segunda funciona mediante la confianza y la reciprocidad. El terremoto no inventó esta oposición; la hizo explícita. Por eso la respuesta del Estado fue el toque de queda y el despliegue militar. Por eso la respuesta del pueblo fue la olla comunitaria y el abrazo. No son estrategias diferentes para el mismo fin. Son concepciones diferentes de lo que significa proteger la vida.

El alcalde Alejandro Eder no falla por sus decisiones particulares. Falla porque encarna una racionalidad que la ciudad ya ha dejado atrás. Su gobierno opera con la brújula del administrador: concibe el territorio como un problema a optimizar, la ciudadanía como un conjunto de conductas a regular y la autoridad como una distancia técnica. Pero la ciudad ya se mueve con otra sensibilidad: la del cuidado, forjada en el dolor compartido del estallido social y en la memoria de una autonomía que aprendió a organizarse sin pedir permiso.

Eder ha intentado mostrarse cercano, ensayar gestos de sensibilidad y ocupar el lugar del cuidador. Sin embargo, la apuesta está tan mediatizada, tan calculada, que se siente actuada. Y esa es su verdadera derrota: no un error de gestión, sino una pérdida de sintonía histórica. Su gramática política ya no coincide con el clima cultural de la ciudad que gobierna. Cali ya no espera gerentes que administren el orden; espera gobernantes capaces de acompañar la vida. Cali, después de 2021 y después del terremoto, ya no responde a esa frecuencia. Aprendió otra cosa: que la legitimidad nace del vínculo, no del protocolo; de la presencia, no del dispositivo; de la capacidad de cuidar, no solo de la capacidad de controlar.

El terremoto también transformó la sensibilidad colectiva. En medio de los escombros emergió una convicción profunda: toda vida importa. El anciano, el niño, el migrante, el vecino desconocido, el rescatista voluntario, la mujer que cocina, el joven que carga agua. También la mascota que quedó atrapada entre los escombros y cuya búsqueda, para muchas familias, fue tan urgente como la de un familiar. El terremoto no distinguió entre especies; la solidaridad tampoco.

La solidaridad amplía el círculo de quienes merecen cuidado. Esa ampliación es un cambio cultural de enorme profundidad, porque rompe la vieja costumbre de aceptar que algunas vidas son sacrificables y otras no.

La catástrofe tiene esa virtud: desordena las jerarquías de valor. En la normalidad, las vidas se ordenan según criterios que damos por naturales: clase, origen, edad, estatus. En la emergencia, esa jerarquía se disuelve. El cuerpo enterrado no pregunta qué tarjeta de crédito tiene su dueño. La mano que rescata no distingue entre vecino y desconocido. Lo que emerge es una igualdad práctica, no declarada, que se experimenta en el gesto concreto de sostener a otro. Esa igualdad no dura más que la emergencia. Pero deja una huella. Y esa huella es política: una memoria del mundo que podría existir.

Espere la parte 2 ... 

La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

La «gran» donación de la ANDI *

 

En la imagen: Yezid García / excongresista de Colombia

Por: Yezid García Abello

Empresarios donaron solo 0,37% de sus utilidades totales del año anterior y, en particular Bavaria, donó solo el 3,03% de sus ganancias. ¡Menos bulla y más sobriedad, Bruce!

Del 12 al 14 de agosto se realizó en Cartagena la edición 11 del Congreso Empresarial Colombiano (CEC), convocado por la ANDI y su locuaz presidente Bruce Mac Master. Allí se hizo una «Colecta» de fondos para solidarizarse con las víctimas del terremoto y ayudar a la reconstrucción material de las ciudades y pueblos afectados. 

Con la boca llena y henchido el pecho de orgullo, el dirigente gremial de los empresarios y jefe de la oposición al gobierno nacional en el anterior cuatrienio le anunció al país que habían recolectado 201.000 millones de pesos, destacándose en la donación el aporte de 100.000 millones de Bavaria. A renglón seguido, todos los grandes medios de comunicación le informaron al país la buena nueva: «Colombia cuenta con los grandes empresarios más generosos y solidarios del mundo». 

Claro que es mejor contar que no contar con esa donación, lo que podría decirse de cualquiera otra por modesta que sea. Pero magnificarla en nada contribuye a aliviar el dolor de las víctimas y sus familias. 

Según el informe de la Superintendencia de Sociedades divulgado a mediados de 2026 sobre el ejercicio fiscal de 2025, las 100 empresas más grandes de Colombia acumularon ingresos operacionales por $614,4 billones y obtuvieron unas utilidades netas conjuntas de $54,3 billones (representando más de 40% de las ganancias totales de las 10.000 empresas más grandes del país). 

Es decir, en Cartagena donaron solo 0,37% de sus utilidades totales del año anterior y, en particular Bavaria, que ganó 3,3 billones de pesos, donó solo el 3,03% de sus ganancias. ¡Menos bulla y más sobriedad, Bruce!

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

El cierre de Propal y el ingenio La Cabaña *

 

En la imagen: Felipe Solarte / Escritor - periodista

Por: Leandro Felipe Solarte Nates

La violencia en el norte del Cauca, con raíces en el paramilitarismo es una herida real, pero nunca fue el detonante del colapso, sino el pretexto que algunos medios venden para no cuestionar el modelo económico.

El cierre de Propal obedece a la suma de varios factores internos y externos que mermaron la demanda y rentabilidad del negocio de la fabricación de papel bond.

La compañía primero cerró la planta de Yumbo y a pesar de ajustes administrativos y técnicos en la planta de Guachené que usaba el bagazo de caña como materia prima, factores como la oferta a menos precios de papel importado, la valorización del peso y el desplome de la demanda al digitalizar la mayoría de los documentos y reducirse la publicación de periódicos, folletos, revistas y libros, impidieron frenar las pérdidas.

En algunos medios locales, comentaristas favorables al nuevo gobierno le achacan el retiro de la empresa a continuos bloqueos en las vías y problemas de orden público.

Pero. aunque estos factores pueden pesar si no son superados, la realidad es otra. También el ingenio La Cabaña con casi 60 años de arraigo en Puerto Tejada, anunció su cierre definitivo después de no poder cumplir con sus cuantiosas deudas.

Es cierto que en los municipios del norte del Cauca y en las carreteras hay inseguridad, por parte de grupos indígenas que reclaman tierras en la parte plana, por grupos armados cuyo proceso de paz no cuajó con él gobierno del presidente saliente Gustavo Petro y pandillas juveniles que en Puerto Tejada aprendieron de los paramilitares de las AUC que en el año 2000 los reclutaron, al igual que lo hicieron en Buenaventura, y cuyos alumnos 26 años después copan numerosos sectores de esta población plagada de fronteras invisibles que al cruzarse generan cruentos enfrentamientos entre ellos, y para financiarse, además de la extorsión, sus jóvenes miembros acechan especialmente a los motociclistas y transportadores para dispararles y asaltarlos en los caminos entre cañaduzales; pero esta causa no fue la que determinó el cierre de Propal, ni del ingenio La Cabaña, dejando entre ambos cerca de 2500 desempleados, entre obreros de las plantas y funcionarios de administración, más los numerosos contratistas, proveedores y comercios que les vendían servicios y sus ingresos dependían de estas empresas y sus empleados y trabajadores.

Lo cierto es que la economía mundial, nacional y regional está sufriendo muchos cambios, no sólo por la robotización de los procesos productivos en el campo y en las factorías, acelerado este proceso con el acelerado desarrollo de la Inteligencia Artificial, AI, que sustituye a muchos empleados y profesionales.

También por la transición energética encaminada a sustituir energías contaminantes derivadas del petróleo y carbón por energía solar, eólica, nuclear y de los volcanes.

Si bien este proceso de transición energética no es tan inmediato y más cuando el gobierno del presidente Trump, a favor de sus amigos petroleros lo frenó en los Estados Unidos y en países cuyos mandatarios le siguen ciegamente, la tendencia a la sustitución de los combustibles fósiles es inevitable y mientras tanto los chinos son los que sacan ventaja por el retroceso de los gringos que en el gobierno de Trump frenaron la instalación y construcción de fuentes de energía no contaminantes y cedieron a los chinos el liderazgo en la producción de autos, motos y trenes eléctricos, que en Colombia cada vez son comprados en mayor cantidad.

En un futuro no muy lejano muchos ingenios, tendrán problemas como el del Cauca y otros con sus plantas asentadas en el Valle geográfico del río Cauca, que además de producir azúcar invirtieron en la instalación de gigantescas destilerías de etanol para adicionarlo a la gasolina y el cual recibe billonarios subsidios del presupuesto nacional.

Cuando sea mayor la demanda de vehículos eléctricos la disminución del consumo de gasolina afectará los volúmenes de alcohol para adicionarle y los ingenios que hoy producen miles de millones de litros no tendrán a quien vendérselos.

Tendrán que hacer una reconversión, tanto del uso de suelos como del monocultivo de la caña de azúcar que gracias al uso intensivo de maquinaria pesada y agro-químicos en la adecuación de las tierras, durante décadas han sido colmatadas y empobrecidas en sus nutrientes y los propietarios de las tierras arrendadas a los ingenios, con ayuda del gobierno, de cooperativas agropecuarias e inversionistas privados, tendrán que dedicarlas a otros cultivos que ayuden a recuperarlas naturalmente, dejando franjas boscosas sobrevivientes como refugios de flora, fauna nativa, insectos y microorganismos que a los largo de milenios evolucionaron en el Valle geográfico del Cauca y están a punto de desaparecer por la invasión del monocultivo de la caña de azúcar.

Puede ser una de varias alternativas, por ejemplo, la variedad de frutas tropicales, que brindarán otra actividad productiva y de generación de empleos, tanto en su cultivo como en el procesamiento para abastecer el mercado del país y el exterior, buscando además brindarles posibilidades de estudio, recreación y empleo a niños y jóvenes de los municipios del norte del Cauca que hoy son reclutados por las pandillas urbanas y guerrillas y que deberían vincularse a la práctica de varios deportes en los que se han destacado numerosos jóvenes de la región, en la música, danza, artesanías, creación literaria y plástica y aprovechar los diversos programas abiertos por el SENA y universidades como las del Cauca, Valle y otras públicas y privadas que han abierto sedes en la región.

*La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).