EL PISTOLERO, LOS BOMBARDEOS Y LA POBLACION CIVIL *

En la imagen: Carlos Medina / Historiador - Analista político

Por: CARLOS MEDINA GALLEGO

Una democracia que aspire a construir una paz sostenible debe comprender que la verdadera superioridad del Estado no reside únicamente en su capacidad para ejercer la fuerza, sino en su legitimidad para proteger la vida

Resulta vergonzoso para la democracia que un presidente que prometió destripar a los opositores ande armado por las calles, se disfrace de militar, se pasee por encima de bolsas con cadáveres, firme las bombas que piensa arrojar a los territorios y presuma de ser un mandatario violento en un desconocimiento absoluto de la naturaleza del conflicto armado.

Durante los primeros 98 días del gobierno de Abelardo de la Espriella, 43 integrantes de la Fuerza Pública han sido asesinados y 219 han resultado heridos, según el balance de las cifras del Ministerio de Defensa. Los muertos no solo son de los grupos armados ilegales también son bajas de la Fuerza Pública.

La discusión sobre la conveniencia de bombardear campamentos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pone de manifiesto un problema de mayor profundidad que la simple elección de los medios militares empleados por el Estado colombiano: la persistencia de concepciones estratégicas que no siempre corresponden a las transformaciones experimentadas por la confrontación armada.

La pregunta fundamental no consiste únicamente en determinar si los bombardeos pueden producir resultados militares, sino en establecer qué tipo de guerra se está librando, cómo se han transformado sus actores, cuáles son sus nuevas territorialidades y qué consecuencias políticas, humanitarias y sociales tiene recurrir al poder aéreo.

Durante décadas, buena parte de la doctrina contrainsurgente colombiana se construyó alrededor de la identificación, localización y destrucción de concentraciones guerrilleras. Los campamentos, las columnas móviles, los corredores estratégicos y las zonas de retaguardia constituían referencias fundamentales para comprender la organización territorial de la insurgencia. Sin embargo, la evolución del conflicto ha modificado progresivamente estas características.

La hipótesis central de este artículo sostiene que la transformación organizativa, territorial y tecnológica de las estructuras insurgentes ha reducido la pertinencia de los bombardeos concebidos como instrumento privilegiado de debilitamiento guerrillero. Esto no significa que las concentraciones armadas hayan desaparecido completamente ni que las operaciones aéreas carezcan siempre de eficacia, sino que su utilidad depende de condiciones cada vez más complejas, mientras sus riesgos humanitarios y políticos pueden resultar considerablemente mayores.

1. De la CONCENTRACIÓN GUERRILLERA a la DISPERSIÓN ORGANIZATIVA

Las insurgencias colombianas han experimentado procesos diferenciados de fragmentación, descentralización, adaptación territorial y transformación de sus relaciones con las comunidades. En el caso del ELN, su estructura federativa y sus particularidades regionales han favorecido modalidades organizativas que no pueden comprenderse exclusivamente mediante las categorías tradicionales del ejército irregular.

La dispersión, la mimetización y la contracción operativa constituyen tres dimensiones relevantes de esta transformación. La primera supone una menor dependencia de grandes concentraciones permanentes; la segunda expresa la creciente articulación entre estructuras armadas, redes territoriales, economías ilegales y formas de control social. Y la tercera, la capacidad de construir unidades operativas del tamaño de los objetivos militares que se pretender confrontar.

Desde hace varios años se ha documentado la presencia e influencia de organizaciones armadas en entornos urbanos y suburbanos, así como su articulación con economías y organizaciones locales.

No obstante, sería equivocado afirmar que los campamentos han desaparecido por completo. Coexisten formas tradicionales de asentamiento y movilidad guerrillera con modalidades organizativas más dispersas. Precisamente esa coexistencia exige abandonar las generalizaciones y reconocer la heterogeneidad del conflicto

2. La TRANSFORMACIÓN de las TERRITORIALIDADES de la GUERRA

La guerra colombiana ya no puede interpretarse únicamente como una disputa por espacios geográficos rurales. El territorio constituye también un entramado de relaciones económicas, políticas, sociales, culturales y, últimamente, tecnológicas, sobre las cuales los actores armados pretenden ejercer influencia.

La presencia insurgente puede expresarse mediante control de corredores, utilización de tecnología, regulación coercitiva de actividades económicas, imposición de normas, intimidación de autoridades y subordinación de comunidades

Esta transformación configura lo que podría denominarse una territorialidad armada relacional: una modalidad de poder que no depende exclusivamente de la ocupación militar permanente, sino también de la capacidad de condicionar la vida cotidiana.

Los informes sobre el Catatumbo permiten observar la gravedad de estas dinámicas. En mayo de 2025, la Defensoría del Pueblo documentó cerca de 65.000 personas desplazadas durante tres meses y medio de confrontaciones entre el ELN y el Frente 33. Estos hechos demuestran que la dispersión organizativa no significa necesariamente debilitamiento militar, ni mucho menos reducción de la violencia contra la población civil.

TECNOLOGÍA, INTELIGENCIA y NUEVAS FORMAS de CONFRONTACIÓN

La incorporación de drones, sistemas de observación, comunicaciones digitales y otras tecnologías ha modificado las condiciones de la confrontación.

Sin embargo, sería un error atribuir exclusivamente a la innovación tecnológica la transformación de la guerra. Su característica decisiva es la creciente importancia de la información en la toma de decisiones.

La inteligencia adquiere una centralidad estratégica porque permite interpretar situaciones cambiantes, evaluar amenazas y comprender las relaciones entre organizaciones armadas, territorios y poblaciones.

La Defensoría del Pueblo ha advertido sobre ataques mediante DRONES modificados con explosivos, así como sobre el empleo de FRANCOTIRADORES en el Catatumbo. Estas prácticas incrementan los riesgos para las comunidades y evidencian modificaciones en los repertorios de violencia.

En este contexto, la superioridad tecnológica no garantiza superioridad estratégica. El poder militar debe evaluarse también por su capacidad para proteger a la población, preservar la legitimidad institucional y contribuir a resultados sostenibles.

Los BOMBARDEOS y la PERSISTENCIA de una CONCEPCIÓN CONVENCIONAL

La utilización del bombardeo como respuesta privilegiada frente a las organizaciones insurgentes puede expresar una comprensión insuficiente de las transformaciones del conflicto.

Las operaciones aéreas pueden producir resultados tácticos contra objetivos militares legítimos. Sin embargo, destruir una instalación o causar bajas no equivale necesariamente a desarticular una organización cuya capacidad de reproducción depende de múltiples relaciones territoriales, económicas y políticas.

La eficacia militar debe distinguirse, por tanto, de la eficacia estratégica.

Los golpes recibidos por determinadas estructuras guerrilleras tampoco permiten concluir automáticamente que sus pérdidas obedecen a la conservación de modalidades organizativas tradicionales. Esa hipótesis requiere investigaciones específicas sobre cada operación.

El problema central consiste en que una política de seguridad orientada por el número de bajas puede confundir la destrucción física con la transformación efectiva de las condiciones que reproducen la violencia.

La POBLACIÓN CIVIL ante los RIESGOS de la GUERRA AÉREA

La discusión sobre los bombardeos tiene una dimensión jurídica y ética ineludible.

El derecho internacional humanitario exige distinguir entre objetivos militares y población civil, evitar ataques indiscriminados, respetar la proporcionalidad y adoptar todas las precauciones factibles para reducir los daños incidentales.

El Comité Internacional de la Cruz Roja establece que los bombardeos no están prohibidos de manera general, pero deben cumplir rigurosamente estas obligaciones.

La presencia de actores armados en entornos poblados no convierte automáticamente a esos espacios ni a sus habitantes en objetivos militares. Por consiguiente, cuanto mayor sea la proximidad entre las estructuras armadas y las comunidades, más exigente deberá ser la evaluación de los riesgos humanitarios.

Tampoco puede ignorarse la responsabilidad de los grupos insurgentes que exponen a las comunidades a los efectos de las hostilidades, utilizan medios indiscriminados o ejercen coerción sobre ellas. La protección de la vida civil constituye una obligación para todas las partes, no una concesión subordinada a sus conveniencias militares.

La INTELIGENCIA ESTRATÉGICA y los LÍMITES del MILITARISMO

Una comprensión contemporánea del conflicto exige diferenciar la inteligencia destinada a interpretar las amenazas de aquella reducida a identificar objetivos para operaciones armadas. La primera debe integrar dimensiones sociales, económicas, institucionales y humanitarias. Su finalidad no puede agotarse en producir ventajas militares inmediatas. La segunda, cuando se convierte en fundamento exclusivo de la política de seguridad, corre el riesgo de reproducir una lógica de confrontación permanente.

La experiencia colombiana demuestra que las victorias tácticas no necesariamente se traducen en soluciones políticas duraderas. El debilitamiento de una estructura armada puede abrir espacios para otras organizaciones, estimular disputas territoriales o transformar las modalidades de violencia sin eliminar sus causas.

Por ello, una estrategia integral debe articular capacidades legítimas del Estado, justicia, protección comunitaria, fortalecimiento institucional y alternativas políticas de superación del conflicto.

Una DOCTRINA de SEGURIDAD para una GUERRA TRANSFORMADA

La pregunta sobre los bombardeos remite finalmente a la necesidad de revisar los fundamentos de la política de seguridad. Colombia requiere una doctrina capaz de comprender la naturaleza cambiante de las organizaciones armadas, sus vínculos con economías ilegales, sus relaciones coercitivas con las comunidades y las consecuencias humanitarias de las decisiones militares. Esta revisión no implica renunciar al ejercicio legítimo de la fuerza pública ni desconocer la responsabilidad de las insurgencias por sus acciones violentas.

Significa reconocer que el empleo de la fuerza debe responder a objetivos estratégicos verificables, controles democráticos y obligaciones jurídicas estrictas.

Una política de seguridad moderna no puede medir sus resultados exclusivamente mediante bombardeos, capturas o bajas. Debe considerar también la reducción del desplazamiento, la recuperación de libertades ciudadanas, el debilitamiento de las economías ilegales y la reconstrucción de la confianza institucional.

CONCLUSIÓN: BOMBARDEAR no es COMPRENDER, DESTRUIR no es RESOLVER

La transformación de la guerra colombiana obliga a interrogar críticamente la pertinencia de instrumentos militares concebidos para escenarios que han cambiado profundamente.

La dispersión organizativa, la diversificación territorial, la incorporación tecnológica y la creciente importancia de las relaciones sociales muestran que la confrontación armada no puede reducirse a la localización y destrucción de campamentos.

Los bombardeos pueden conservar una utilidad militar limitada y condicionada, pero convertirlos en eje de la estrategia contrainsurgente supone desconocer la complejidad contemporánea del conflicto. La cuestión decisiva no es cuánta capacidad destructiva posee el Estado, sino qué resultados políticos, sociales y humanitarios obtiene mediante su utilización.

Una guerra que ha transformado sus formas de existencia no puede enfrentarse eficazmente mediante una doctrina que permanece prisionera de su pasado. Y una democracia que aspire a construir una paz sostenible debe comprender que la verdadera superioridad del Estado no reside únicamente en su capacidad para ejercer la fuerza, sino en su legitimidad para proteger la vida, garantizar derechos y transformar las condiciones que perpetúan la violencia.

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

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El país cangrejo *

 Colombia no permanece quieta, y ojalá fuera que se moviera hacia un buen cambio, pero a este país le pasa lo del cangrejito de río: siempre va para atrás.

En la imagen: German Navas T. / Jurisconsulto - Excongresista colombiano

Por: Germán Navas Talero

Editor: Francisco Cristancho R.

Hoy, con el ilegítimo que tenemos como presidente, puedo afirmar que hemos regresado varios años. Esto está peor que en la época en la que los paramilitares hacían ochas y panochas. Este gobierno hace lo que quiere. Regresaron los llamados falsos positivos, pero la gente como que ya se resignó. El colombiano se aburrió de quejarse, entonces permite que las cosas sigan empeorando.

¿Ustedes creen que en un país decente la gente se aguanta lo que aquí pasa? Acá, la mujer del supuesto presidente de la República se embolsilla -por lo menos transitoriamente- alrededor de un billón de pesos de un dinero que tenía como destinación la ayuda a las víctimas del terremoto, -y esto, según las cuentas que ha hecho un ilustre senador, podría superar esa cifra-, pero aquí no pasa nada. En este país les preocupa más que un expresidente se haya acostado con una mujer. ¡Eso es lo que les preocupa!, y yo no sé si lo hacen por envidia o por impotencia.

En este país merece más escándalo que un expresidente se acueste con una mujer a que se refunda un billón de pesos de un dinero que estaba destinado para las víctimas de una tragedia. Según el senador Alejandro Ocampo, quien ha estado pendiente de esto, afirma que las cuentas de lo que se recaudó por ese concepto llega al billón de pesos. ¡Pero la señora no quiere rendir cuentas! Ella dice que no rinde cuentas porque ese dinero llegó a una fundación privada, y como es privada, no tiene que dar cuenta alguna.

Señores lectores, ese dinero es de la sociedad; de esa sociedad que se vio afectada por el terremoto. A esas personas se destinó esa donación, porque quienes depositaron su dinero lo hacían pensando en ellas, entonces esa plata tenía un destinatario, que en este caso son las víctimas. Puede que no se haya determinado exactamente cuántas son esas víctimas, pero ahí están. Con un censo o una verificación se puede saber quién es el titular de ese derecho, pero aquí no pasa nada y por eso esa plAverigüen primero quién financia a ese periodista, qué cadena es o quién la financia, y luego podrán comprobar el porqué de su contenido y de sus afirmaciones.ata está refundida.

“Ah, pero es que esa plata no es de nadie” escuché decir a unos estúpidos abogados que debían botar sus títulos a la caneca. Cuando la gente hace una donación para los damnificados, pues los titulares de derecho son esos damnificados, quienes, cuando acrediten su condición de afectados, deberán recibir la ayuda que les corresponda. Pero en este caso ya salen algunos a decir que aquí no pasa nada, porque esa plata no es de nadie. Así se lo escuché a una abogada, que debió salir de la misma universidad de la que se graduó el ilegítimo.

El representante de la sociedad debe ponerse al tanto de mirar quién tiene ese dinero y exigir que se deposite a nombre del Estado a través de una institución y se comience a invertir en lo que requieren las víctimas. Es como cuando una persona fallece y deja todos sus bienes para el auxilio de los ancianos; pues es a los ancianos a quienes corresponden esos bienes. Allí es cuando se nombra a un albacea testamentario quien será el encargado de cumplir esa voluntad. Aquí es al Estado al que le corresponde encargarse de distribuir esas donaciones, y no hacer lo que terminó haciendo la mujer del ilegítimo.

Y es que se pone uno a escuchar los discursos del que dice ser presidente de este frenocomio y termina uno dándole la razón a la situación en la que estamos. Esos discursos dan vergüenza y sus conceptos jurídicos asustan. No entiendo cómo ese sujeto puede argumentar que es penalista. De La Espriella Lawyers es un invento de él, pero yo no he visto un solo pleito que hayan ganado. Todos los que han salido por televisión los perdió. Pero si yo financio a periodistas es muy fácil que lo hagan famoso y hasta inmortal. Si usted compra un periodista él se encargará de decir todos los días que usted es lo último en guarachas, y la gente les cree.

Hay colombianos que desde las 6:00 de la mañana sintonizan cualquiera de esas emisoras mentirosas y luego recitan lo que allí se dijo; ¡y lo dan por cierto! No se ponen a averiguar quién está financiando a ese periodista para que diga lo que dijo. Averigüen primero quién financia a ese periodista, qué cadena es o quién la financia, y luego podrán comprobar el porqué de su contenido y de sus afirmaciones. Yo, a veces, para informarme, me pongo a recorrer en mi celular el pensamiento de la gente, la información que publican en sus redes, y me formo mi propio concepto. Pero yo no voy a aceptar que un idiota que está financiado por una marca coja un micrófono y me diga qué es lo que tengo que pensar.

Lectores… hagan todo lo contrario de lo que las grandes cadenas les dicen y verán cómo les va mejor en la vida. No les crean a ellos nada, créanle a ese pequeño informante que escribe un buen trino y no a esos de las 6:00 de la mañana. ¿O usted cree que esos de las 6:00 entienden mejor las cosas que usted? Hoy, el argumento de una “verdad” fue que lo dijo fulanito en la cadena radial de la mañana. Señores, no se encadenen… ¡libérense de esas cadenas!

La ñapa de José Gregorio Hernández: La coherencia -que implica correspondencia lógica entre los distintos componentes de algo- es elemento fundamental en todos los ámbitos, especialmente en el pensamiento, en el comportamiento y la actividad individual y en el seno de toda comunidad o grupo humano. Fundada en la razón, resulta indispensable en la palabra, en el discurso, en la prédica religiosa, en la política, en la enseñanza, en la legislación, en las decisiones administrativas o judiciales.

Particularmente en el gobierno, organización y conducción de un Estado, la incoherencia da lugar a la pérdida de credibilidad y a la desconfianza pública. Lo hemos visto a lo largo de la historia y lo estamos viendo hoy en varios países. A título de ejemplo, no ha sido coherente el presidente de los Estados Unidos cuando, tras declarar la guerra contra Irán y apoyar el genocidio que tiene lugar en Gaza, reclama para sí mismo el Premio Nóbel de Paz. Ni sería coherente -en cualquier país- un político que, durante su campaña, hubiese prometido disminuir los impuestos a las clases menos favorecidas, pero -ya en el gobierno- impulsara una reforma con el objeto de incrementar las cargas tributarias para esos mismos sectores de la población, y de favorecer a los más poderosos.

Sería totalmente contradictorio e incoherente, invocar de manera constante a Jesucristo -cuyas formidables enseñanzas estaban centradas en el amor y en la paz- para, a renglón seguido, hacer llamados públicos al odio, la guerra, la injusticia y la violencia.

No sería coherente un gobierno que se declarara respetuoso de la historia, el arte, la educación y la cultura, pero ingresara abusivamente en museos y bibliotecas, para extraer piezas, símbolos, documentos y libros por el solo hecho de no compartir su contenido u orientación ideológica.

Coletilla por Deisdre Constanza.  En política, la memoria es corta y la vergüenza parece no existir. Ahora resulta que en Colombia basta una denuncia, una entrevista y un video para montar un juicio público y convertir a Gustavo Petro en culpable antes que la justicia se pronuncie. Qué rapidez para condenar cuando se trata de Petro.  Curiosamente, quienes ayer exigían respeto por la intimidad, los derechos de las mujeres y la presunción de inocencia hoy parecen olvidar esos principios. ¿Y desde cuándo una denuncia equivale a una sentencia?  Si hubo irregularidades en la contratación pública, que se investiguen, que se revisen los contratos y que respondan quienes tengan responsabilidades. Pero una cosa es investigar posibles delitos y otra muy distinta utilizar un escándalo como arma política. Petro ha negado las acusaciones y tiene derecho a defenderse. Que hablen las pruebas, no los titulares, ni los linchamientos mediáticos. Como dice el refrán, del dicho al hecho hay mucho trecho y a otro perro con ese hueso. La justicia no puede funcionar según el personaje que esté en el banquillo. La presunción de inocencia no es un privilegio de los amigos, es un derecho de todos.

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

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¿Ley de Rescate fiscal o la más regresiva Reforma Tributaria del siglo? *

 

En la imagen: Yezid García / Ingeniero Civil - Exconcejal de Bogotá

Por: Yezid García Abello

Ley de Rescate Fiscal revive odiada reforma tributaria de Carrasquilla y Duque, cuya terquedad desató el paro del 2021 y que, pese a la represión fascista de Duque —más de 100 huelguistas asesinados—, terminó con una victoria aplastante del pueblo.

El gobierno de De la Espriella ha presentado, por fin, su llamada ley de Rescate Fiscal que había anunciado al país y al congreso desde que presentó su proyecto de presupuesto general de la nación para el 2027, con un inexplicable incremento de 60 billones frente al que había presentado el gobierno anterior.

De aprobarse el esperpento presentado, el IVA se llevaría del 5% al 19% para los alimentos básicos, se incrementarían los impuestos al grueso de la población, disminuirían los que pagan los mega ricos y las grandes empresas, aumentarían las cuotas de salud para todos los trabajadores, se reduciría la nómina estatal en 50% de los puestos de trabajo, se revivirían las privatizaciones y se le darían facultades extraordinarias al presidente para eliminar y fusionar instituciones y ministerios con la consiguiente masacre laboral.

Los proyectos de reforma tributaria presentados entre los años 2023 y 2025 por el gobierno de Gustavo Petro tuvieron como objetivo disminuir razonablemente el déficit fiscal sobre la premisa que debían ser el minúsculo puñado de mega ricos, las grandes empresas financieras y mineras a través de sobretasas, los juegos de suerte y azar en línea y las importaciones a granel de productos extranjeros que compiten ventajosamente con la industria nacional, los rubros que sostendrían el mayor porcentaje de los nuevos ingresos al fisco nacional. Es decir, el reajuste tributario debía recaer, como en cualquier otro país del mundo, en los sectores más pudientes de la población.

El rumbo central del proyecto de ley de Rescate Fiscal de Abelardo es totalmente contrario: que el déficit se cubra con más impuestos a la pequeña y mediana empresa, los sectores medios, los trabajadores y campesinos, los segmentos vulnerables de la población, con todas las graves consecuencias de crecimiento de la desigualdad, la pobreza y el desempleo.

Como señaló @petrogustavo: «La reforma tributaria de Abelardo es profundamente regresiva, incrementará la desigualdad social en uno de los países ya más desiguales del mundo. Proporcionalmente, mientras un pobre pagará más del 42% sobre su comida un rico apenas un 1% más. Esta desigualdad producida por la avaricia de los más ricos y la estupidez económica del gobierno solo disparará la violencia. Los delitos más propagados: el hurto y la violencia intrafamiliar van a crecer.»

En el proyecto abundan los absurdos tributarios. Vale la pena destacar la negativa a incrementar una sobretasa al sector minero cuando los precios del petróleo están disparados, por encima de los 100 dólares por barril. O incrementar el IVA a los alimentos y los abonos y fertilizantes para producción agropecuaria cuando como consecuencia del fenómeno del niño puede venir una hambruna. O poner 19% de IVA al café cuando 700.000 familias cafeteras están afectadas por los bajos precios internacionales, la revaluación del peso y el terremoto del 10 de agosto.

En el proyecto de Rescate Fiscal se recoge el espíritu y algunas propuestas clave del odiado proyecto de reforma tributaria del exministro Carrasquilla en el gobierno de Iván Duque. La osadía y la terquedad de Duque y Carrasquilla llevó el 28 de abril de 2021 al paro cívico más contundente y prolongado de los últimos años. Y, pese a represión fascista de Duque -más de 100 huelguistas asesinados-, el pueblo obtuvo en esa confrontación una aplastante victoria. El “Papucho” no debía correr los riesgos de transitar por una aventura similar porque nuevamente lo derrotará el pueblo de Colombia. Por ahora, y como primer capítulo de la resistencia civil contra este gobierno mafioso y gansteril, respaldemos todos el llamamiento a paro nacional el 19 de noviembre, al que han convocado las Centrales Obreras y las principales organizaciones sociales y políticas.

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

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LA GUERRA CULTURAL CONTRA EL PLURALISMO DEMOCRÁTICO *

En la imagen: Carlos Medina / Historiador - Analista Político

Por:  CARLOS MEDINA GALLEGO

Ningún presidente, ministro o partido político puede proclamarse propietario de la memoria nacional

La controversia provocada por el retiro de un conjunto de obras del Museo Nacional de Colombia trasciende ampliamente los límites de una discusión museográfica. Lo que está en juego no es solamente la permanencia de determinadas piezas en una exposición, sino el derecho de la sociedad colombiana a conocer, interpretar y debatir críticamente su propia historia.

En el fondo, asistimos a una disputa por el control de la memoria colectiva, la construcción de la identidad nacional y la legitimidad histórica de las luchas sociales y políticas que han transformado el país.

La llamada guerra cultural del gobierno de Abelardo de la Espriella encuentra en este episodio una de sus expresiones más preocupantes. Bajo el argumento de combatir el adoctrinamiento ideológico, el denominado wokismo y la supuesta exaltación de organizaciones insurgentes, se plantea una intervención sobre las instituciones culturales que puede terminar subordinando el conocimiento histórico a las preferencias políticas del poder ejecutivo.

La paradoja resulta evidente: un Gobierno que afirma combatir el adoctrinamiento corre el riesgo de instaurar su propia modalidad de adoctrinamiento institucional y político profundamente ideologizado.

1. LA MEMORIA HISTÓRICA como escenario de confrontación política

El retiro reportado de aproximadamente treinta piezas relacionadas con el feminismo, la diversidad sexual, los procesos de paz y la violencia política plantea un interrogante esencial: ¿quién tiene autoridad para decidir cuáles acontecimientos, protagonistas y experiencias merecen ocupar un lugar en la memoria pública?

Los museos nacionales no son simples depósitos de objetos antiguos. Son instituciones encargadas de preservar, investigar y comunicar las múltiples experiencias que constituyen la historia de una sociedad. Su responsabilidad no consiste en producir relatos complacientes con los gobiernos, sino en ofrecer interpretaciones rigurosas, críticas y plurales del pasado.

Cuando las decisiones curatoriales se subordinan a orientaciones ideológicas gubernamentales, aparece el peligro de convertir el patrimonio cultural en instrumento de legitimación política.

La Constitución de 1991 reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación, protege la libertad de expresión y establece obligaciones estatales relacionadas con el acceso a la cultura. Estos principios no son concesiones discrecionales del gobernante: constituyen límites constitucionales al ejercicio del poder.

2. UNA NACIÓN PLURAL que no puede reducirse a una sola identidad

La ofensiva contra determinadas expresiones culturales revela una concepción restrictiva de la identidad colombiana. Desde esa perspectiva, las luchas feministas, los movimientos de diversidad sexual, las organizaciones populares y determinadas experiencias políticas aparecen como elementos perturbadores de una supuesta tradición nacional homogénea.

Sin embargo, Colombia nunca ha sido una sociedad cultural ni políticamente uniforme. Su historia está atravesada por confrontaciones sociales, resistencias campesinas, movilizaciones estudiantiles, reivindicaciones de las mujeres, luchas indígenas y afrodescendientes, conflictos armados y esfuerzos persistentes por construir la paz.

Excluir estas experiencias de los relatos institucionales significa empobrecer la comprensión del país.

Particularmente delicada resulta la intervención sobre objetos relacionados con antiguos movimientos insurgentes y procesos de negociación política. La presencia de testimonios históricos vinculados con Carlos Pizarro o con organizaciones guerrilleras no constituye, por sí misma, una reivindicación de la violencia.

Explicar históricamente una organización armada no equivale a justificar sus acciones. Confundir conocimiento histórico con apología política desconoce los principios fundamentales de la investigación académica y de la pedagogía democrática.

La memoria del conflicto debe permitir comprender las responsabilidades de los actores armados, los sufrimientos de las víctimas, las condiciones sociales de la confrontación y las posibilidades de transformación política que abrieron los acuerdos de paz.

3 DEL CONTROL CULTURAL al riesgo autoritario

El aspecto más preocupante de esta controversia reside en sus posibles consecuencias institucionales. Si el poder ejecutivo establece que determinadas expresiones históricas resultan incompatibles con su proyecto político, ¿qué impediría extender esos criterios a bibliotecas, archivos, universidades y programas educativos?

La autonomía cultural no significa ausencia de responsabilidad pública. Significa que las decisiones sobre patrimonio, investigación y exhibición deben sustentarse en criterios profesionales, procedimientos transparentes y deliberación democrática.

Los gobiernos tienen legitimidad para orientar políticas culturales, pero no poseen un derecho ilimitado para imponer interpretaciones oficiales de la historia.

La diferencia entre una política cultural democrática y una política de censura radica precisamente en el respeto al pluralismo, la independencia intelectual y la posibilidad de controvertir las decisiones estatales.

Una democracia puede admitir diferentes interpretaciones del pasado. Lo que no debería admitir es que una autoridad gubernamental pretenda monopolizarlas.

4. LA RESISTENCIA DEMOCRÁTICA y los límites del poder

Las movilizaciones de artistas, estudiantes, organizaciones feministas y colectivos de derechos humanos demuestran que la memoria constituye también un territorio de resistencia ciudadana. No se trata únicamente de defender objetos, sino de proteger el derecho colectivo a reconocer las experiencias que han construido nuestra sociedad.

La controversia adquirió dimensión judicial cuando el Juzgado 24 de Familia de Bogotá ordenó, el 19 de octubre, preservar las piezas retiradas e impedir nuevas intervenciones por su contenido sin justificación administrativa. La medida es provisional y no equivale a una sentencia definitiva sobre la restitución de las exposiciones.

Un elemento adicional agrava las preocupaciones: según la respuesta ministerial conocida posteriormente, el retiro respondió a una instrucción presidencial, mientras persisten interrogantes sobre la documentación del procedimiento curatorial. El Ministerio sostiene que se trató de una evaluación y rediseño museográfico, no de censura. Esa defensa merece examen jurídico, pero no elimina la obligación de justificar técnicamente las decisiones.

5. LA MEMORIA NO TIENE DUEÑO

Colombia necesita instituciones culturales capaces de representar sus contradicciones, no museos convertidos en vitrinas ideológicas de los gobiernos.

La defensa del patrimonio histórico exige impedir tanto la glorificación acrítica de la violencia como la eliminación de testimonios incómodos. La historia debe investigarse, contextualizarse y debatirse, nunca someterse a una depuración política.

El desafío democrático consiste en garantizar que las futuras generaciones conozcan las violencias, las resistencias, las conquistas sociales y los esfuerzos de paz que configuraron la nación.

Ningún presidente, ministro o partido político puede proclamarse propietario de la memoria nacional.

Cuando el poder comienza a seleccionar qué debe recordar una sociedad, no solamente interviene sobre su pasado: pretende condicionar su capacidad de imaginar el futuro.

Y una democracia que renuncia a la pluralidad de su memoria empieza, inevitablemente, a debilitar la libertad sobre la cual descansa su propia existencia.

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

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Sin título *

 

En la imagen:
Germán Navas Talero / Jurisconsulto - Excongresista colombiano

Por: Germán Navas Talero

Editor: Francisco Cristancho R.

La columna de esta semana se titula sin título porque es aquello que caracteriza a la mayoría de los servidores públicos designados por el ilegítimo. Muchos de ellos llegaron al cargo sin los títulos que estos exigen o con títulos falsos o dudosos.

Queda uno aterrado de ver el caso del ministro de Relaciones Exteriores a quien los comunicadores currinches suelen llamar “canciller”. Aquí no hay cancillería, ignorantes; aquí hay Ministerio de Relaciones Exteriores. Averigüen qué es un canciller y luego sí pónganle ese apelativo a este señor que desempeña ese cargo.

¿Y por qué decimos que es sin título? Porque hay gente que se ha dedicado a escarbar los nombramientos que hace el ilegítimo y resulta que la mayoría de ellos carecen de los títulos que se requieren para desempeñar el cargo; entre esos, el señor Omar Bula, ministro de Relaciones Exteriores, quien presentó un poco de certificaciones que salieron chimbas.

Todo indica que los estudios que supuestamente certificó el tal Bula nunca los cursó. Hacía un cursillo de una hora y decía que era una especialización; hacía uno de un mes y decía que era una maestría, y así sucesivamente.

Pero qué le podemos pedir a esos señores si el supuesto presidente, para hacerse inscribir a su candidatura, presentó 3.000.000 de firmas que no corresponden a la realidad. Firmas que, según se dice, mandó a falsificar… ¡y así se inscribió! Porque el ilegítimo sí que ha hecho trampas…

¿Qué me dicen de la señora que nombró como directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? Quienes se han dedicado a averiguar la vida esta señora han demostrado que nada de lo que dice que ha hecho lo hizo. Todo es pura cháchara, puras mentiras. No tiene especialización, no tiene nada.

Pero hay un título que sí debería tener alguien como el recién designado ministro del Interior: el de tramposo. Al señor Alejandro Ordóñez, quien fuera hace unos años Procurador General de la Nación, le anularon su segunda designación como Procurador por tramposo. Resulta que, para hacerse reelegir Procurador, el señor Ordóñez entregó propinas, coimas y regalos a los magistrados encargados de su nombramiento. Nombró a parientes de esos magistrados en cargos de la Procuraduría General de la Nación para que lo reeligieran en el cargo y, precisamente por esa razón, su nombramiento fue anulado por el Consejo de Estado, luego de que se demostrara que había hecho esos nombramientos a cambio de su propio nombramiento.

El tal Ordóñez debe ser trumpista, porque Trump es un tramposo y este señor que va a ser ministro del Interior es igualmente trump-oso, y cuando le digo tramposo no lo estoy calumniando. Ahí está el fallo del Consejo de Estado con el cual se anula su designación porque se demuestra que por él votaron personas que habían recibido favores de él: yo te nombro, tú me nombras.

Por eso me atrevo a afirmar que Alejandro Ordóñez es un tramposo sin temor a que se me diga que lo estoy injuriando, porque ese fallo fue cierto. Pueden ir directamente al Consejo de Estado y verificar por qué se declaró nulo su segundo nombramiento: ¡Por tramposo!

Y digo que debe ser muy amigo -o muy admirador de Donald Trump- porque además de su particular apellido -en inglés, tramp (de trampa)-, el anaranjado este se caracteriza por delincuente. El tipo tiene condenas por 34 diferentes delitos en los Estados Unidos, y sin embargo es el primer mandatario en ese país. Todo un ídolo para alguien como Ordóñez y para el ilegítimo.

Pero volviendo a los cargos aquí en Colombia, me muero de la risa cuando se habla de la primera dama. ¿Quién la hace primera dama? ¿Por qué se le dice primera dama? ¿Quién creó ese cargo? ¿Qué salario tiene la tal primera dama? ¿O se le denomina así simplemente porque es la esposa del presidente? Estoy convencido de que ese titulito de primera dama salió por parte de algún copietas. Esto lo mencioné con suficiencia en mi anterior columna.

Un buen periodista es aquel que escribe lo que ve, lo que le consta; los otros son los que inundan esos medios dizque “tradicionales”. Porque no hay nada más regalado que un periodista de esos ‘grandes medios’ que escriben no lo que ven si no lo que les mandan. ¿Cuáles ‘grandes medios’? Por ejemplo, ¿cuántas personas leen hoy la revista Semana? Uno se entera de que Semana existe porque otros medios la citan como fuente de la calumnia a alguien. Yo me entero de alguna publicación de Semana cuando la menciona alguien, o cuando ‘la Vicky-zuela’ -como le dicen a la Dávila- rebosa las redes con sus calumnias, casi siempre dirigidas en contra de Gustavo Petro. Estoy convencido de que ella debe tener alguna frustración con él. Debería buscarlo de una vez por todas y aclarar sus fantasías.

Pero, volviendo a la política colombiana… el señor Rodrigo Lara salió. Salió botado. Horriblemente botado. Para quienes tuvimos la honra de conocer a Rodrigo Lara Bonilla y compartir con él, y vemos hoy a ese pelmazo de hijo que tuvo, nos preguntamos, ¿cómo un hombre tan grande como Lara Bonilla pudo haber tenido a ese cretino? Lo echaron como se echa lo que no sirve: lo enrollaron en forma de bolita y lo echaron a una caneca. Exactamente eso le hicieron al señor Rodrigo Lara. Lo arrugaron como a un papel que ya no sirve, hicieron una bolita y lo mandaron bien lejos, a cualquier caneca. ¡Y bien merecido! Porque una persona que tuvo el padre que él tuvo no justifica que se arrastre tanto; que se arrastre como se le arrastraba a Vargas Lleras, cuando perteneció a su partido. Un lagarto de siete zuelas.

Para finalizar les pregunto: ¿ustedes ya han mirado qué estudios hizo -o presentó- el señor Miguel Gómez Martínez para ser ministro de Hacienda. Yo tuve oportunidad de tratarlo en la Cámara de Representantes y me consta que él es un inepto. En ese momento era un congresista más, nadie que realmente sepa algo de economía. El ‘golazo’ que les metieron durante la discusión y aprobación del presupuesto se los metieron porque él no se había ni de qué estaban hablando.

Coletilla por Deisdre Constanza. La política hoy en Colombia es mucho cuento. A Rodrigo Lara lo echan y los responsables se lavan las manos. Nuestros viejitos siguen esperando el subsidio y las donaciones del terremoto merecen cuentas claras. A Dios rogando y con el mazo dando, porque para invocar a la patria todos son voluntarios, pero para responder se lavan las manos. Si hay dudas sobre la plata de las donaciones hechas para los damnificados que se aclaren, que las cuentas claras chocolate espeso. Y mientras El Tigre ruge, Vicky con su pasquín no se pierde una polémica, solo buche y plumas sin prueba alguna. Por ahí aparecen los salvadores de la patria, con Cristo Rey en la consigna y una legión de seguidores aplaudiendo como focas, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Mucha bandera, mucho ruido y mucho discurso patriótico, pero del dicho al hecho hay mucho trecho y no todo lo que brilla es oro. Menos milagros de micrófono, menos cuentos de salvadores y más transparencia. Porque Colombia no es una finca privada y el pueblo no nació ayer. Estamos cansados de que nos vendan tantos milagros y que van a salvar la patria, que no hay nadie más ciego que el que no quiere ver y aunque al poder le pongan maquillaje, la factura siempre la paga el de ruana.

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* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

Asesores que no saben asesorar *

 

En la imagen: Germán Navas / Jurisconsulto - Excongresista colombiano

Por: Germán Navas Talero

Editor: Francisco Cristancho R.

Parece cómico, pero fue cierto: Colombia le ofreció asesoría a Panamá frente al terremoto que sufrió ese país la semana pasada.

De verdad que es gracioso. ¿Qué clase de asesoría podrá ofrecer nuestro país a Panamá en materia de atención tras el terremoto? Es que resulta ridículo, más si tenemos en cuenta que aquí, en el tiempo que ha pasado desde el terremoto en el Chocó, ni siquiera hemos podido establecer la verdadera magnitud de la tragedia. No sabemos a ciencia cierta lo que pasó en Quibdó, Cali o Pereira, entonces ¿en qué van a asesorar a Panamá? ¿Asesorarla en cómo no hacer nada?

Cuando uno mira las escenas de lo que produjo el terremoto en ciudades como Cali se da cuenta de que no han hecho nada. Todavía hay muchos edificios que están a punto de caerse y ni siquiera han podido tumbarlos. Entonces, ¿en qué puede asesorar Colombia a Panamá frente a una calamidad de estas? Eso es algo que no se logra entender. ¡No sean ridículos!

Pero hay otra cosa que causa mucha más risa, y es cuando se refieren a las recolectas. Afirman -sin vergüenza alguna- que “Colombia sí tiene experiencia en recolectas y ayudas”. Sí, claro que la tiene. Y les podemos incluso mandar como asesora en ese tema a la esposa de nuestro actual presidente. La señora esta que montó una fundación y recibió un jurgonón de plata y ahoritica nadie sabe qué hizo con ella ni dónde está esa platica. A esta señora sí que la pueden sugerir como asesora para recaudar fondos en Panamá. Lo que puede pasar es que les enseñe cómo recaudar los fondos y también cómo quedarse con ellos; porque no olviden que aquí se dijo que se recolectaron varios millones de dólares por parte de auxilios que enviaron colombianos que viven en el extranjero con destino a las víctimas. Esa plata la recolectó la esposa del presidente de la República y todavía no ha querido rendir cuentas de dónde se encuentra.

A esa señora no me referiré jamás como primera dama, porque para mí la primera dama es mi esposa o mi mamá, ella es simplemente la señora o la esposa del presidente. Ese el nombrecito que le endilgan de puro cepillo déjenselo más bien a una corte imperial; eso no es más que otro término que le copiaron a los gringos: la first lady. En esta casa la primera dama es mi esposa. ¡Y punto!

¿En qué parte de nuestra Constitución está consagrado el cargo de primera dama?: En ninguna parte. Eso es -y lo ha sido siempre- pura fantochería; una fantochería muy a la colombiana, porque este país copia todo lo que los demás hacen, o si no miren ustedes esos ridículos que ahora hacen. Por ejemplo, hoy no dicen 2.026 (dos mil veintiséis) sino 20-26 (veinte – veintiséis) ¿Qué es 20-26? 20-26 son dos números que sumados nos dan 46, pero como tienen que copiar todo creyendo que eso es moda o elegancia. Eso no es ninguna elegancia, eso es estupidez. Y lo peor de eso es escucharlo de gente supuestamente educada e inteligente, incluyendo a ministros y directores de entidades.

De ahí el auge de la copialina en las aulas, porque como todo se debe copiar, y si es copiar al gringo, pues mucho mejor. O qué me dicen ustedes, amigos lectores, de ese término copiado durante la pandemia y que se quedó aquí: el emprendimiento. “Es que fulanito montó un emprendimiento”, lo que montó fue una zapatería, ¡imbécil! ¡Qué emprendimiento ni qué ocho cuartos! Montó una zapatería o una carnicería o una panadería…, pero si no emplean esa palabreja ¿qué hacen?, se quedan desprogramados el resto de la vida.

En lo único que somos pioneros es en materia de violencia. ¡Eso sí! A la violencia le ponemos toda clase de condimentos para que sea bien violenta, porque si no, no es made in Colombia. Tiene que ser bien estrafalaria para que lleve nuestro sello, de resto, no. De resto, copiemos todo lo que los gringos hagan y digan, todo lo de los franceses. Emprenda un emprendimiento que sirva para crear un emprendimiento, entonces ya no será usted un inventor, sino un simple emprendedor.

Se podría hacer un llamado a la lógica, pero obviamente la lógica es difícil para el colombiano. Cómo será de ilógica nuestra sociedad que aquel que llaman Consejo de Estado ahora está viendo cómo acaba con el salario mínimo. Por lo menos eso es lo que dicen los medios de incomunicación. Que pongan entonces un salario máximo. En el mundo entero existen unos topes mínimos con los cuales se puede contratar, por debajo de esos topes no puede hacerse; pero aquí ya resolvieron que no, que hay que acabar con el salario mínimo. Como van las cosas, con este presidente que tenemos, no solo acaba con el salario mínimo, sino con todo lo demás.

Se me ocurre que deberían encargar a la esposa del usurpador la tarea de fijar el salario mínimo. Ella se llevaría la mitad, por comisión; una poca parte para el beneficiario, y lo que quede se lo haría llegar a esa fundación que se inventó para guardar allí los aportes de los colombianos. De eso no volveríamos a saber nada porque, como es una fundación privada, ella dice que no está obligada a rendir cuentas. Parece que esta señora entendió que esa plata no era para las víctimas del terremoto sino para irse a París, a cualquier desfile de modas.

Aquí puede que no haya plata para pagar pensiones, pero para mandar a la señora de ‘el ilegítimo’ a París, para eso sí hay dinero. El ilegítimo, porque así le puso con mucha gracia, pero con gran exactitud, el senador Iván Cepeda. Así se quedó y la gente lo reconoce hoy como el ilegítimo. Hay otros que lo confunden con un animal, como los gringos, quienes lo llaman el tigre. Se lo han dicho tantas veces que él ya se identifica como un animal… ¡como una bestia! Yo sí creo que ese es una fiera, pero para hacer trampas. No olvide usted que el apellido de ese animal quizás provenga de Italia, lo mismo que la mafia, la Cosa Nostra. Italia tiene buenos cueros, pero también tiene ‘buenas’ mafias.

Coletilla por Deisdre Constanza. Con los adultos mayores no se juega. Desde agosto, adultos mayores esperan una respuesta sobre su subsidio, una ayuda que para muchos significa comer o acostarse con hambre. No son cifras en un presupuesto, son seres humanos que merecen respeto y dignidad. ¿Y dónde está el gobierno dando explicaciones claras? ¿Dónde están las respuestas para quienes más necesitan ayuda?  Y un jalón de orejas para los grandes de los medios de comunicación. ¿Dónde están las cámaras, los micrófonos y los titulares de RCN y Caracol? ¿Por qué tanto silencio frente a la angustia de los más pobres? Para otras noticias sí hay escándalo, pero cuando se trata de los abuelos que esperan su sustento, parece que no hubiera nada de contar. Los adultos mayores no necesitan discursos ni promesas, necesitan respuestas y cumplimiento. La pobreza no puede ser un negocio político, el hambre no puede esperar y el silencio mediático frente al sufrimiento de los más vulnerables también merece un fuerte llamando de atención.

Hasta la próxima semana.

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).