El país que sabe votar, pero no auditar *

 

Por: Jhon Jaiver Flórez G. 

Ninguna democracia sobrevive cuando sus accionistas renuncian a escrutar a quienes administran su destino.

Cada cuatro años, Colombia convoca a sus ciudadanos como si celebrara una asamblea general de accionistas. La puntualidad es impecable, la logística envidiable y la escenografía digna de auditoría internacional. Se instalan mesas que parecen estaciones contables, se acreditan jurados con aire de notarios y se activa la liturgia democrática: la tinta indeleble oficia como sacramento laico, los formularios se diligencian con devoción técnica y los boletines oficiales descienden entrada la noche con cifras precisas y tono aséptico. No hay tanques en las plazas ni interrupciones abruptas del orden constitucional. Hay filas disciplinadas, selfies patrióticas, cámaras vigilantes, declaraciones prudentes y una consigna que repetimos con orgullo casi ceremonial: Colombia vota. Colombia, invariablemente, vota. Y todo indica —al menos en la superficie— que el procedimiento funciona.

Y es verdad. Vota desde el siglo XIX, aunque no siempre hayan votado todos ni en igualdad de condiciones. Primero fueron los propietarios ilustrados; luego los partidos excluyentes; después la arquitectura jerárquica de 1886 consolidó un sistema que confundía estabilidad con concentración. El Frente Nacional perfeccionó la aritmética: alternancia pactada para conjurar la violencia, competencia dosificada para evitar sobresaltos. La guerra disminuyó en intensidad institucional, pero el pluralismo quedó cuidadosamente administrado. Más tarde, la Constitución de 1991 prometió una refundación ética y jurídica: derechos fundamentales robustos, tutela expedita, participación ciudadana, pluralismo político. El texto fue ambicioso; la estructura del poder, paciente. Se modernizó la fachada sin desmontar del todo la maquinaria clientelar que aprendió a sobrevivir a cada reforma como si fuera parte del mobiliario institucional.

Si adoptamos la definición mínima de democracia —elecciones periódicas, competencia formal y resultados reconocidos— el país aprueba. Ha habido alternancia; incluso rupturas simbólicas que décadas atrás parecían improbables. Las actas cuadran, las instituciones no colapsan y la transición se realiza con una serenidad que tranquiliza a observadores extranjeros. Pero la democracia no es solo un método para contar votos; es un sistema para producir consecuencias justas. Y ahí comienza la incomodidad.

Porque esta empresa colectiva llamada Estado colombiano encierra una paradoja persistente: sus accionistas —los ciudadanos— acuden disciplinadamente a la asamblea electoral, pero rara vez revisan con rigor los balances antes de elegir a quienes administrarán el patrimonio común. Se dejan seducir por el carisma del aspirante, por la retórica muchas veces lenguaraz, por el eslogan que promete dividendos morales inmediatos o por el jingle que reduce problemas estructurales a consignas fáciles de corear. Desde lejos, el engranaje luce ordenado; de cerca, la contabilidad revela pasivos heredados, intereses cruzados y utilidades distribuidas con criterios selectivos.

Si el Estado fuera una gran sociedad anónima, cada voto sería una acción depositada para decidir quién gestionará activos gigantescos: presupuesto público, recursos naturales, infraestructura, políticas sociales, justicia. Cada cuatro años se convoca esa asamblea, se instalan mesas, se activan sistemas de conteo y el acta siempre coincide. La Empresa exhibe estabilidad formal. Lo que no siempre exhibe es la misma transparencia en la gestión que presume en su ritual democrático.

La libertad del voto no florece en el vacío; se forja en un ecosistema de presiones visibles e invisibles. Generalmente en los territorios, sufragar no es solo un acto de conciencia sino un cálculo de supervivencia. La coacción rara vez aparece con uniforme o fusil; suele adoptar la forma de un contrato precario, de un subsidio condicionado, de una recomendación que recuerda favores pendientes o, más crudamente, de la necesidad elemental de comer envuelta en promesas que casi siempre caducan al día siguiente. La compra de votos no es una anécdota pintoresca; es una microeconomía electoral que funciona con la lógica del mercado: hay oferta, hay demanda y un precio ajustado a la urgencia. En contextos de precariedad, la dignidad compite con la necesidad. Y la necesidad, con demasiada frecuencia, gana.

A este escenario se suma la desinformación estratégica: relatos fabricados, cifras descontextualizadas, temores amplificados y adversarios convertidos en caricaturas útiles. Los medios y, con mayor intensidad, las redes sociales no solo informan; segmentan emociones, administran indignaciones a la medida y convierten la política en espectáculo permanente. Cada ciudadano termina habitando una versión distinta del país, diseñada por algoritmos que confirman prejuicios y refuerzan lealtades. Mientras discutimos en burbujas digitales, las decisiones estructurales se negocian en mesas discretas. El ruido ocupa el espacio público; la estrategia se cocina en silencio.

Decimos que elegimos con libertad; con demasiada frecuencia, sin embargo, nos limitamos a refrendar acuerdos tejidos de antemano.

Lo más delicado no ocurre el día de la votación, sino después. Las tres ramas del poder han sido, en distintos momentos, permeadas por grupos políticos y económicos que entienden la institucionalidad como activo estratégico. No se trata solo de sobornos individuales o escándalos episódicos; se trata de captura estructural. El Legislativo responde a compromisos adquiridos en campaña; el Ejecutivo negocia gobernabilidad mediante cuotas burocráticas; el Judicial, llamado a ser contrapeso, no siempre escapa a influencias que erosionan su independencia. La ley no se deroga frontalmente: se interpreta con creatividad interesada. La Constitución no se suspende: se administra.

No hay dictadura con uniforme ni clausura de elecciones. Hay algo más sofisticado: una legalidad moldeada con filigrana precisa. Reglamentos técnicos que parecen neutros, pero inclinan la balanza; decisiones administrativas que consolidan redes; nombramientos que aseguran lealtades y blindajes. Es un autoritarismo elegante, una dictadura institucional que conserva la forma democrática mientras desgasta su sustancia.

En muchas regiones, además, el apellido pesa más que el programa. Los clanes políticos han convertido la permanencia en arte. No siempre hay delito comprobable; hay estructuras maliciosas eficientes. Redes de favores, contratos que lubrican fidelidades, empleo público distribuido con precisión quirúrgica. La democracia compite en el papel; el clan administra en la práctica. La alternancia se transforma en rotación dentro del mismo círculo ampliado. Cambian los rostros; se heredan las maquinarias.

Entretanto, el debate nacional se concentra casi obsesivamente en la figura presidencial, examinando al jefe del Estado como si fuera el único responsable —o culpable— del rumbo institucional. Se dramatiza la elección del presidente, mientras se relega a un segundo plano la incidencia cotidiana del Congreso y de las autoridades territoriales, donde realmente se diseña la arquitectura normativa, se modulan las normas, se archivan reformas incómodas y se distribuyen los recursos públicos. Así, la discusión pública magnifica el símbolo del liderazgo y minimiza los engranajes que determinan, en los hechos, la orientación del Estado. Es como si los accionistas disputaran con vehemencia quién pronunciará el discurso anual, pero desatendieran quién redacta las cláusulas y administra los contratos que rigen la organización.

Sería cómodo atribuir toda la responsabilidad a la dirigencia. Y es cierto que durante décadas muchos políticos han tratado al ciudadano como insumo electoral: imprescindible en campaña, ornamental en la posesión y prescindible en el ejercicio del poder. Pero la renuncia ciudadana tampoco es inocente. Si el Estado es una empresa que nos pertenece a todos, ¿qué clase de socio vota sin revisar antecedentes, sin examinar votaciones previas, sin exigir rendición de cuentas? ¿Qué accionista delega la administración de su patrimonio colectivo a gestores con historial dudoso y luego se sorprende ante los resultados?

En el ámbito empresarial eso se llama negligencia. En política, solemos llamarlo tradición, lealtad o resignación.

La abstención, persistente y estructural, no es simple apatía; es el sedimento de un escepticismo prolongado. Muchos ciudadanos están convencidos de que, gane quien gane, su cotidianidad poco variará. Sin embargo, cuando quienes podrían ejercer un voto crítico se ausentan, la decisión se adopta sin contrapeso. No votar puede parecer un gesto de protesta; también puede convertirse en el mecanismo que consolida aquello que se cuestiona. Se olvida que decisiones trascendentales como: las tarifas, las garantías laborales, el acceso a salud, vivienda digna, educación o servicios básicos dependen, en última instancia, de quienes ocupan el poder.

Colombia no es una dictadura abierta ni una democracia idílica. Es un sistema que ha perfeccionado el ritual electoral, pero que aún lucha por traducir esa competencia en justicia tangible. El procedimiento es sólido; la distribución del poder, menos equitativa. La alternancia existe; la transformación estructural se posterga. La democracia funciona como ceremonia impecable mientras la administración pública exhibe síntomas crónicos de captura y desigualdad.

La pregunta de fondo no es si el país vota. Vota. La pregunta es si ese voto se ejerce como acto de soberanía consciente o como trámite periódico. Si se asume como delegación responsable de poder o como descarga momentánea de frustración. Porque votar no es un favor concedido al candidato; es una decisión sobre presupuestos multimillonarios y políticas que determinarán acceso a salud, educación, empleo, vivienda y justicia. Es un acto de corresponsabilidad histórica.

Ningún Estado puede ser mejor que la exigencia de sus ciudadanos. Ninguna democracia sobrevive cuando sus accionistas renuncian a escrutar a quienes administran su destino. La corrupción persistente, la desigualdad obstinada y la captura institucional no son fatalidades metafísicas; son consecuencias de decisiones políticas y de omisiones ciudadanas.

Tal vez el desafío no sea perfeccionar el ritual —que ya funciona con precisión admirable— sino dotarlo de contenido real. Convertir la jornada electoral en algo más que una ceremonia ordenada. Entender que cada sufragio es una auditoría moral y un compromiso con el futuro común. Asumir que el Estado no es una abstracción manejada por otros, sino la empresa colectiva cuya gestión determina nuestra dignidad cotidiana.

Colombia sabe ir a las urnas. Lo ha demostrado durante décadas. Lo que está en disputa es si aprenderá, finalmente, a gobernarse con la misma seriedad con la que organiza su jornada electoral. El día en que el ciudadano actúe como propietario vigilante y no como espectador ocasional, la elección dejará de ser un ritual impecable y se convertirá en el ejercicio pleno de una soberanía que no solo cuenta votos, sino que exige cuentas.

*La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

Política y gobierno: el espejo roto del Cauca *

 

Por: Paula B. Romero

El Cauca necesita mujeres que no tengan miedo de ser oposición a lo establecido. Mujeres que entiendan que el progreso no es un favor que se negocia en las oficinas de los clanes políticos. 

Hay momentos en la historia de una región en los que la esperanza se convierte en un espejo que, al primer golpe de realidad, se estrella contra el piso. Para las mujeres del Cauca, y en especial para aquellas que hemos creído que otro modelo de gobierno es posible, el actual mandato del gobernador Octavio Guzmán ha terminado por confirmar una de las sospechas más dolorosas: que el poder en este departamento sigue teniendo nombre propio, apellido de clanes y un innegable sesgo patriarcal.

Cuando el nombre de Guzmán sonó con fuerza apadrinado por la vicepresidenta Francia Márquez, muchas pensamos que, por fin, alguien que venía rodeado por algunas figuras del movimiento social podría romper el cerco de la política tradicional. Se suponía que su llegada representaría la voz de los territorios olvidados, de esas veredas del norte del Cauca donde la ausencia del Estado se suple con mingas y resistencia. Sin embargo, el espejismo duró poco. El gobernador no tardó en sucumbir a la presión de los mismos sectores que por décadas han administrado la pobreza y la violencia como un negocio rentable.

Hoy, la evidencia es tozuda. Detrás de las escasas decisiones (o de la permanente falta de ellas) se asoma la larga sombra de Temístocles Ortega y su grupo, esos que, disfrazados de progresismo, han sido fichas clave de Cambio Radical en el occidente colombiano. Junto al representante Óscar Campo, han demostrado que, en el Cauca, las estructuras políticas no se rompen con alianzas electorales; se maquillan.

¿El resultado? Una gestión que ha postergado una vez más las aspiraciones de bienestar y paz de los caucanos. El ejemplo más indignante es la negativa a cumplir el compromiso con las comunidades indígenas para la incorporación formal de docentes al magisterio. El SEIP (Sistema Educativo Indígena Propio) sigue con un déficit de profesores que afecta directamente a los niños y niñas de los resguardos, a pesar de que el gobierno nacional ya había dado su aval. Pero, al parecer, los acuerdos con los pueblos ancestrales pesan menos que los compromisos burocráticos con los caciques políticos de turno y mucho más, cuando uno de ellos es el precandidato Roy Barreras.

Y qué decir del abandono de obras que son cuestión de vida o muerte. El hospital regional del norte del Cauca, una promesa que llevamos arrastrando como una cruz, sigue en el limbo. La ampliación de la vía de la calle 5.ª en Santander de Quilichao, un proyecto que debió aliviar el caos vehicular y dignificar el espacio público, se ha convertido en otro elefante blanco. En cada rincón del departamento, los programas sociales y las obras de infraestructura han quedado relegados al más puro ejercicio clientelar, esa vieja escuela de los exgobernadores que Guzmán prometió combatir y terminó abrazando.

Sin embargo, la frustración no es solo con él. Es, quizás con mayor profundidad, una decepción de género. Duele ver a Francia Márquez, una mujer que ha padecido en carne propia el racismo, la exclusión de una clase política patriarcal y los ataques de la ultraderecha, convertida en la principal escudera de una de las expresiones más nefastas de esa misma política en los últimos veinte años.

¿Cómo es posible que quien alzó la voz contra el olvido termine arropando a quienes han mantenido al Cauca en el atraso? La vicepresidenta, con su silencio o con su respaldo, ha tolerado que el gobierno departamental y algunas alcaldías siguieran siendo extensiones de las mismas prácticas que denunciaba. Su investidura, que para muchas de nosotras simbolizaba la posibilidad de un cambio profundo, se ha visto empañada por esta contradicción. Y en un territorio donde las mujeres han sido el pilar de la resistencia, ver a una de las nuestras avalar estas alianzas duele como una herida que no cierra.

Lo más preocupante, al mirar el horizonte, es la escasa figuración de lideresas que representen una verdadera alternativa para el Cauca. Salvo contadas excepciones en el sector social, el espectro progresista femenino parece diluirse entre la ambición personal y la comodidad de los cargos. Vemos exmandatarias que aspiran al Congreso avaladas y muy cómodas con la derecha, y a la propia vicepresidenta congraciándose con estructuras políticas que han saqueado la moral del departamento.

El Cauca necesita mujeres que no tengan miedo de ser oposición a lo establecido. Mujeres que entiendan que el progreso no es un favor que se negocia en las oficinas de los clanes políticos, sino un derecho que se defiende desde las calles, desde las aulas y desde los territorios. Mientras sigamos aplaudiendo a quienes se sientan en la misma mesa de quienes nos han excluido, el espejo del progreso seguirá roto.

La historia del Cauca no se escribe sola; la escriben quienes deciden quedarse en la comodidad del poder o quienes arriesgan todo por transformarlo. Hoy, por acción y por omisión, nos han vuelto a aplazar. La pregunta que queda flotando, con voz de mujer, es: ¿hasta cuándo?

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Frente amplio y derrota del sectarismo *

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Consuelo Ahumada - PhD en Ciencias Políticas con énfasis en estudios latinoamericanos

Por: Consuelo Ahumada

El resultado de las próximas elecciones al Congreso y de la consulta presidencial será determinante en la continuidad del proyecto progresista en Colombia

Empecemos por el contexto. El corolario Trump a la doctrina Monroe, anunciado en diciembre pasado, vuelve a poner el objetivo central en el control del continente. “América para los americanos”, sentenciaba la vieja doctrina. Es en estos territorios donde pretende recuperar la hegemonía global frente al avance de China.

Es un proceso basado en el poderío militar inalcanzable de Washington en el mundo entero, el complejo industrial militar, como lo llamó Eisenhower en su tiempo. Ahora es cada vez más determinante. La guerra y sus negocios. El desarrollo tecnológico al servicio de la muerte. Todo acompañado de un poder mediático impresionante.

Washington decide quiénes son los enemigos y dónde se hacen las guerras. Es el fascismo, en manos de la ultraderecha, liderada hoy por Trump. Ya no se invoca la democracia sino el petróleo y las tierras raras.

Esta tendencia dificulta todavía más la tarea del progresismo en el continente. No se trata de la famosa “teoría del péndulo” con la que académicos asépticos, despistados o de mala fe, insisten en la “alternancia” en el poder como legitimación de la democracia.

Con Trump ha habido un retroceso significativo de la izquierda en la región. Intensificó sus amenazas a toda la región Caribe, invadió a Venezuela y secuestró a su presidente y amenaza con acabar con Cuba.

Intervino en las elecciones de Ecuador, Chile, Argentina, Honduras, entre otras. Amenazó y llamó a votar por sus amigos. Además, legitimó el robo. No es una práctica nueva, pero ahora la despliega con renovados bríos.

En reciente informe, la Revista Raya denunció que la empresa colombiana del Grupo ASD propició el fraude en las presidenciales hondureñas. Es la misma empresa que desapareció 400.000 votos de la izquierda en las elecciones de congreso en Colombia en 2022. La misma que hará el conteo en las próximas elecciones. Una alerta adicional que no puede desatenderse. https://revistaraya.com/empresa-colombiana-senalada-de-fraude-en-honduras-sera-decisiva-en-las-elecciones-colombianas-en-2026.html

Pero hay mucho más para agregar. Desde su primer mandato, Trump se esforzó por organizar y consolidar la ultraderecha latinoamericana, comprometida a fondo con su proyecto imperial.

En el caso de Colombia, su abyección ha sido notoria. Los intentos de las viejas elites de impedir que el proyecto del Cambio continúe se han incrementado. Le apostaron al fracaso de la reunión entre Petro y Trump y pidieron la invasión del país.

Esta es la situación, a escasas tres semanas del inicio del proceso electoral. No son datos aislados, son tendencias, intereses, hechos reales, que no se pueden desconocer ni minimizar.

En el frente interno, ya no solo el Congreso sino las cortes redoblaron esfuerzos por sabotear al gobierno e impedir sus logros sociales, llevando a un verdadero bloqueo institucional. El lawfare en toda su expresión.

La oligarquía colombiana, los gremios económicos, los consorcios mediáticos están dispuestos a valerse de todos los recursos para recuperar el poder perdido.

En este marco, sobrevino la decisión arbitraria del Consejo Nacional Electoral de impedir la participación de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida en las elecciones del próximo 8 de marzo.   

Es una clara afrenta al Estado de derecho y al progresismo. Sin embargo, el sectarismo y la cacería de brujas desatados entre importantes sectores del Pacto Histórico frente a otras figuras a las que convirtieron en enemigos centrales es absolutamente peligroso para el proyecto del cambio, al menos por tres motivos.

Primero. La continuidad del progresismo requiere del mayor esfuerzo por unir a los más amplios sectores políticos y sociales del país, incluido el centro, con el fin de derrotar a la ultraderecha fascista. Tal fue la experiencia del triunfo electoral de Gustavo Petro.

No fue solo la izquierda. Se integraron amplios sectores independientes, liberales, conservadores y de otras toldas. Algunas de estas figuras fueron definitivas en el triunfo electoral, como Roy Barreras y Armando Benedetti, para mencionar solo algunos.

En medio de muchas dificultades, su apoyo permitió la aprobación de algunos de los proyectos del gobierno del cambio y, lo más importante, la ampliación de la base de apoyo al mismo.

De hecho, con todas estas alianzas y en medio de una situación política más favorable para el cambio que la actual, el triunfo de Petro no se definió en primera vuelta. Tampoco arrasó en segunda vuelta.

Por eso, no basta con soñar con el triunfo en primera vuelta y agitarlo como consigna. La política no se hace con buenos deseos ni mucho menos con la descalificación de aliados potenciales, como han hecho figuras reconocidas del Pacto, convertidos en nuevos catones frente a cualquiera que se acerque.

Segundo. El gobierno de Petro está a escasos seis meses de terminar. Ha tenido logros importantes y cuenta con apoyo popular significativo, pero no es suficiente. Tiene un desgaste explicable: debió enfrentar la mayor oposición y saboteo en la historia del país y sus reformas apenas arrancaron.  

Además, la situación de orden público frente al ambicioso proyecto de la Paz total es bastante complicada. Las disidencias de las Farc y el ELN decidieron tomar partido por los negocios ilícitos y desataron una guerra contra la población más pobre y vulnerable.

Tercero. Durante los últimos años las consultas en Colombia han sido un importante mecanismo aglutinador de las tendencias políticas. El triunfo de Petro arrancó con la consulta de la izquierda en el 2022.

Por eso, el saboteo y desconocimiento a la consulta del Frente por la vida, es un disparate. Tal como están planteadas las cosas, se producirá un triunfo de la consulta de la derecha y de la candidata del uribismo y eso será un golpe simbólico importante de la derecha.

Por todo lo anterior, es imprescindible vencer el sectarismo y aglutinar la mayoría de las fuerzas. Construir las mayorías, no imponerlas. Reducir el blanco de ataque. Miremos el ejemplo del desastre de la experiencia boliviana reciente.

Hay que examinar la experiencia del país y la región y proceder acorde. De lo contrario, habrá un riesgo real de perder en segunda vuelta.   

Si nos aislamos perdemos, dijo Petro en alguna ocasión. Ojalá hoy lo volviera a recordar y llamara al Pacto a liderar el proceso unitario.

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

Colombia, país de enfermos mentales *

 

En la imagen: Germán Navas Talero, jurisconsulto y excongresista

Por: Germán Navas Talero

Editor: Francisco Cristancho R.

Colombia es un país que tiene un gran problema de salud mental, porque si en este país se contempla votar por Uribe Vélez otra vez, es un país que tiene que estar enfermo

Algo divertido, y que parece una página cómica, es mirar los procesos que se adelantan en Estados Unidos contra servidores del dictador Donald Trump. Cuando uno oye a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi -ficha de bolsillo del presidente- responder que no tiene ni idea de dónde se encuentra la alcahueta de Epstein, es incomprensible, más cuando se supone que ella maneja toda la administración de justicia en ese país. Pero resulta que allá la justicia no es independiente, así nos digan mentiras. En un país donde el presidente de la República puede hacer cambiar un fiscal, puede hacer cambiar un juez, y cambia la ley como se le antoja, no es un país democrático. Lo más mentiroso en el mundo -después de Pinocho- es afirmar que los Estados Unidos es una democracia. Ellos fueron democracia hace mucho tiempo, pero ya no lo son.

Sobre este tema, me puse a escuchar algunas declaraciones por parte de unos funcionarios a raíz de la muerte de una ciudadana a manos de uno de los grupos paramilitares de Trump: los del ICE. Los cuales afirmaron que la mataron porque se presumía que podía agredirlos; porque no les gustó cómo los miraba. Esos del ICE son unos ‘genios’. Y la mataron, y nadie está en la cárcel. Y el payaso ese, el mal-pintado vicepresidente de la República, JD Vance, sostuvo que eso había sido “legítima defensa”. Eso afirmó ese individuo, ese analfabeto. Que era que los muchachos del ICE se estaban defendiendo, ¡Ah!

Y uno se pone a ver y resulta que el tal Vance es un analfabeto que llegó a donde llegó por pura chepa, por pura lagartería con Trump. Cuando uno mira a Vance y luego mira al Guasón -el enemigo de Batman-, ve que son igualitos: payasos mal-pintados. Fíjense ustedes, siempre se coloca en forma tal que gane en cámara y salga detrás de Trump, y siempre con la misma cara de Guasón. Siempre tratando de reírse, pero eso es una risa artificial, mentirosa.

Si hay un tipo en el cual no se puede confiar es en el tal Vance; pónganle cuidado a las barbaridades que dice, a los análisis que hace, y díganme si estoy equivocado. En lo que a mí respecta, a ese señor no le serviría ni de fiador de la tienda de la esquina. No me genera ni la menor confianza. Ese tipo lo único que espera es que se Trump se inhabilite, o a ver cómo lo saca del cargo para encaramarse ahí.

Hace unos días, conversando con algunos gringos sobre la carrera política del vicepresidente Vence, me decían que es un hombre que se ha hecho al lado de Trump con el fin de acolitarle todas las cosas oscuras que hace el presidente de la República; y con esa cara de idiota mal-pintada, con esa movedera de cabeza diciendo “sí” siempre a todo aquello que se le ocurre al señor Trump.

Pónganles cuidado a las declaraciones de ese pisco. Y lo grave del caso es que, si Trump es peligroso, este Vance lo es mucho más. Pobre de Estados Unidos si este tipo llegara a la presidencia de los Estados Unidos. ¡Pobres gringos! Pobres, porque ya tendrían el segundo peor presidente en la historia de ese país. Porque, sin duda, el primero es el señor Tramp-as, y si digo ‘trampas’, es porque cuando Trump se pronuncia en inglés, suena Tramp, o sea… ¡Trampas!

Ahora, que no me vayan a salir con que estoy calumniándolo u ofendiéndolo, ustedes son testigos de que ese señor fue condenado por 34 delitos, pero como es el presidente, no han hecho efectivas las sanciones. Y fuera de eso, cuando se posesionó como presidente, tenía varias investigaciones. Pero el colmo de la vagabundería es lo que acaban de descubrir: que el tal presidente de los Estados Unidos, aquel hombre honrado, tenía un negocio para contarle a un país de medio oriente algunos datos que necesitan sobre satélites, pero no lo hacía gratis; él le contaba todo eso a cambio de que le autorizaran una urbanización hotelera allá en ese país, que me parece que es Catar.

Entonces, yo les ofrezco información privilegiada que ustedes quieren, y ustedes me dan esa aprobación. ¿Que cómo se descubrió eso? Porque Ivanka, la hija de ese tipo, cuando hicieron un allanamiento en una de sus propiedades, soltó la lengua, y entregó los casetes que contenían las pruebas de que su padre, el señor presidente de la República, había negociado con un extranjero que les daba la información sobre secretos de estado a cambio de que ellos le permitirán montar otro negocio, de los que le gustan a él: urbanizaciones piratas, canchas de golf, etcétera, etcétera.

Miren con cuidado esto, para que, si ustedes piensan que la justicia en Colombia está mal, la de los gringos está peor. Y son tan cínicos estos gringos que ahora el señor Trump vendrá a Venezuela, a visitar a la señora Delcy Rodríguez, y seguramente a dar órdenes de cómo tiene que manejar ese pedazo de tierra que se llamaba Venezuela, y que ahora más parece Yanquilandia II; porque los gringos hacen lo que se les dé la gana con ese país. Ya secuestraron a Maduro y pusieron a esa señora.

Pero aquí los colombianos despotricaron de Maduro todo lo que quisieron. Pero resulta que, mirando y estudiando con cuidado las manifestaciones de apoyo a Maduro, han sido impresionantes, verdaderamente impresionantes. Pero ‘la gran prensa’ de acá, esos periodistas nuestros, como estaban en campaña contra Venezuela por supuestamente ser de izquierda. Esos ya no son periódicos, son cámaras de chismes. A mi casa llegaban suscripciones de revistas y periódicos hasta hace un tiempo, pero ya las suspendimos. Preferible que cada cual coja el celular y que mire a ver qué consulta, porque las investigaciones que hacen estos señores de los ‘grandes medios’ son la cosa más mentirosa del mundo.

Pero, eso sí, ellos se facultan para ser sensores de los medios de comunicación digitales, ellos afirman que esos medios son falsos y que todo lo que salga en internet es fake-news; y lo que ellos dicen sí es verdad. Ellos tienen la verdad revelada. ¡Dejen de leer esos pasquines! Tomen la información que quieran, y saquen sus propias conclusiones. Se supone que ustedes saben leer y escribir, ¿no?

Por nuestra parte, creo que Colombia es un país que tiene un gran problema de salud mental, porque si en este país se contempla votar por Uribe Vélez otra vez, es un país que tiene que estar enfermo. Mentalmente enfermo. Y si siguen votando por los políticos de la costa, tienen que estar enfermos. Los políticos de la costa son siempre los mismos; y en la costa, si usted no da propina, no le dan nada. En la costa no venden votos, los ferian. Por eso digo que estamos muy mal de la cabecita.

Coletilla por Deisdre Constanza. Resulta casi paradójico que el Consejo de Estado invite a reconsiderar el incremento del salario mínimo, como si el verdadero riesgo económico del país estuviera en los bolsillos de miles de trabajadores que a duras penas pueden cubrir un arriendo y un poco de mercado; donde comer carne, pollo o pescado se volvió un verdadero privilegio, escasamente toca comer pollo en su mínima expresión, o sea, ‘un huevito’. Tal vez el mensaje del Gobierno sea que el problema no es la desigualdad, sino que los de abajo aspiren a estar un poco mejor. Porque en este país, ajustar el salario mínimo se convierte en un debate técnico. Curiosamente cuando se trata de proteger utilidades del empresariado. Se nos dice que subir el salario genera desempleo, pero no se habla con la misma contundencia de los márgenes de ganancia, de los beneficios tributarios o de la concentración de la riqueza. El debate no debería centrarse únicamente en cifras macroeconómicas, sino también en la coherencia institucional y el principio de equidad. La legitimidad de las decisiones públicas no solo depende de su legalidad, sino de la percepción de justicia que se genera. si de verdad se quiere hablar de “reconsideración” que se empiece por quienes tienen margen para ceder, no para quienes apenas tienen margen para vivir.

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

La decisión cautelar y el modelo de desarrollo en disputa *

Por: Jhon Jaiver Flórez G.

Como en todas las recientes ceremonias del Consejo de Estado, quien termina en el centro del sacrificio no es el decreto ni la sentencia: es el trabajador que vive al día y con escasez

En Colombia el salario mínimo dejó de ser una cifra técnica para convertirse en un espejo moral. Cada año se repite el ritual con puntualidad litúrgica: mesas de concertación, comunicados solemnes, advertencias catastrofistas, celebraciones moderadas. El salario mínimo es nuestro altar laico. No es de mármol ni de oro; está hecho de tablas estadísticas y artículos constitucionales. Allí se sacrifican porcentajes, se invocan principios y se quema incienso macroeconómico en nombre de la estabilidad. Pero, como en toda ceremonia donde abundan sacerdotes y escasean testigos del hambre, quien termina en el centro del sacrificio no es el decreto ni la sentencia: es el trabajador que vive al día y con escasez.

La suspensión provisional del Decreto 1469 de 2025 por parte del Consejo de Estado —que fijaba para 2026 un salario de $1.750.905 más $249.095 de auxilio de transporte, con un incremento del 23,7%— reactivó la homilía nacional en tono de catecismo macroeconómico. La decisión no anuló el aumento ni lo declaró inconstitucional; lo dejó en pausa mientras se expide un nuevo decreto transitorio, esta vez revestido de “fundamentación técnica exhaustiva”, fórmula que en Colombia suele operar como agua bendita institucional.

Inflación, productividad, crecimiento del PIB, participación salarial en el ingreso nacional, función social de la empresa, protección especial al trabajo: todo debe ponderarse con rigor milimétrico, como si el salario fuera una pieza delicada del equilibrio cósmico. La aritmética —se nos dice— no admite improvisación. Y es verdad. Lo sugestivo es que esa severidad casi quirúrgica se invoca con fervor particular cuando se trata de mejorar el ingreso de quienes menos ganan. Para otras decisiones que favorecen a los sectores más acomodados, la técnica rara vez adquiere dramatismo pedagógico.

Así el país aprende una lección curiosa: el salario del trabajador es asunto de alta sensibilidad científica, mientras otros privilegios transitan con serenidad estadística. La técnica importa, sin duda. La fijación del salario no puede depender del entusiasmo político ni del pánico empresarial. Requiere sustento verificable. Pero tampoco flota en el vacío. Opera dentro de una estructura social atravesada por desigualdades persistentes. Pretender que el debate es un ejercicio neutral de matemáticas es olvidar que detrás de cada cifra hay cuerpos concretos, familias reales y biografías que no caben en una hoja de cálculo.

Colombia no discute su salario mínimo en un laboratorio escandinavo. Lo hace tras más de tres décadas de apertura y reformas laborales que prometieron eficiencia, competitividad y empleo. En el gobierno de César Gaviria se abrazó la flexibilización como dogma modernizador: abaratar costos laborales, promover la tercerización, reducir “rigideces”. La promesa era seductora: menos obstáculos para el capital significarían más oportunidades para el trabajo.

El balance, sin embargo, es menos luminoso. La informalidad continúa siendo estructural. La estabilidad laboral es privilegio. Las jornadas se extienden sin que el ingreso garantice plenamente salud, pensión o vivienda digna. La desigualdad permanece como cicatriz abierta. El progreso ha sido selectivo; la precariedad, masiva.

Aun así, el relato dominante logró una proeza retórica: convencer a buena parte del país de que el problema del empleo no radica en la concentración del ingreso ni en la baja productividad estructural, sino en el salario de quienes menos ganan. Se instaló un colonialismo psicológico de la dignidad: si no hay empleo suficiente, la culpa es del salario mínimo; si la empresa no compite, el obstáculo es el costo laboral; si la economía se desacelera, el trabajador “gana demasiado”. El ingreso básico se convirtió en chivo expiatorio macroeconómico.

El contraste es didáctico. Mientras el país debate con gravedad teológica si el trabajador puede ganar unos pesos adicionales sin que colapse la civilización occidental, altos dignatarios del Estado —magistrados de las altas cortes y congresistas siempre atentos a sus prerrogativas— devengan más de cincuenta millones de pesos mensuales con impecable naturalidad republicana. No hay mesas de concertación para examinar la “productividad marginal” de sus decisiones, ni urgencias metodológicas para ponderar el impacto inflacionario de sus emolumentos. La austeridad se predica hacia abajo y se relativiza hacia arriba. Esa direccionalidad no es técnica: es moral.

Desde una perspectiva progresista, el problema no es un porcentaje aislado sino el modelo que naturalizó que millones trabajen y sigan siendo pobres. El salario se presenta como costo a contener antes que como derecho a garantizar. Se olvida que no es solo gasto empresarial: es demanda efectiva, cohesión social y estabilidad democrática.

Las cifras oficiales estimaron que el incremento beneficiaría directamente a cerca de seis millones de trabajadores formales y, incluyendo sus hogares, a casi diez millones de personas. Se proyectó una inyección considerable a la demanda agregada y la inflación registrada no produjo el cataclismo anunciado. El keynesianismo clásico recordaría que elevar el ingreso de quienes tienen mayor propensión al consumo dinamiza la economía. Redistribuir no es sentimentalismo; es racionalidad macroeconómica.

El debate reciente incorporó además la noción de salario mínimo vital y móvil, en sintonía con estándares de la Organización Internacional del Trabajo. No es consigna coyuntural, sino referencia vinculada a derechos humanos: alimentación adecuada, vivienda digna, servicios básicos, educación y salud. Si un hogar promedio requiere cerca de tres millones de pesos para cubrir necesidades esenciales y el salario legal se ubica por debajo de ese umbral, la discusión deja de ser contable y se vuelve ética.

El salario mínimo tradicional ha funcionado con frecuencia como techo en lugar de piso. Lo que debía garantizar lo indispensable termina delimitando lo máximo pagable en sectores con débil negociación colectiva. El mensaje implícito es inquietante: esto es lo menos que podemos pagar y, en la práctica, lo más que estamos dispuestos a reconocer.

Aquí emerge la tensión constitucional: el principio de no regresividad en derechos sociales. Si una medida mejora el acceso a condiciones básicas de vida, cualquier retroceso exige justificación estricta. La suspensión cautelar abre interrogantes legítimos. ¿Es mera exigencia metodológica o riesgo de regresión material? La respuesta no cabe solo en un expediente; es política y cultural.

Reducir el conflicto a un pulso entre el Consejo de Estado y el Gobierno sería miope. Lo que está en juego es la concepción de desarrollo. Competir por salarios bajos perpetúa dependencia. Competir por productividad e innovación exige inversión pública, política industrial y redistribución inteligente. La desigualdad extrema no es solo problema moral; es obstáculo económico. Sociedades con brechas profundas registran mayor conflictividad y menor movilidad social.

Mientras tanto, el Estado declama orden con voz marcial, endurece penas y amplía catálogos delictivos como si el Código Penal fuera su política social más consistente. Resulta más sencillo inaugurar cupos carcelarios que reformar estructuras económicas. Se administra el síntoma con firmeza y se aplaza el diagnóstico con elegancia técnica. Una sociedad que distribuye con mezquindad y castiga con severidad termina perfeccionando su sistema penitenciario mientras posterga la construcción de ciudadanía.

El salario mínimo es apenas la punta visible de un iceberg mayor: tercerización que diluye responsabilidades, debilitamiento sindical, brecha de género persistente, concentración de riqueza celebrada como mérito. Se pide sacrificio a quienes menos tienen y se llama dinamismo a la acumulación en la cúspide.

Colombia vuelve a situarse en la encrucijada donde se cruzan justicia social, ética pública y dignidad humana —esa palabra abundante en campaña y escasa en la práctica. Es año electoral: se eligen Congreso y Presidente, esa arquitectura solemne que promete leyes para el bien común y rumbos históricos. En teoría, el Congreso traduce el clamor ciudadano en normas; en la práctica, a veces traduce el lobby en artículos y la conveniencia electoral en silencios. El Ejecutivo ofrece dirección; ojalá no la reduzca a eslogan. Lo esencial —aunque con frecuencia se diluya— es que cualquier proyecto político serio debe poner en el centro a las mayorías que sostienen el país sin aparecer en las fotografías del poder. Mejorar la vida de quienes menos tienen no es caridad: es estabilidad democrática. Cuando la base social se fortalece, el país avanza; cuando se la precariza, el desarrollo se convierte en estadística elegante y barrios fatigados.

En ese contexto, el ciudadano entra al cubículo de votación y se enfrenta a un espejo. En el tarjetón no hay ideas abstractas, sino logos, nombres, trayectorias y decisiones pasadas. La democracia no suele fallar por falta de discursos, sino por exceso de olvido. Si el votante ignora quién votó contra sus derechos, quién archivó reformas sociales o quién blindó privilegios, la papeleta se vuelve trámite y no elección. Votar no es liturgia: es responsabilidad. El sufragio no es un acto de fe, sino de memoria. Y la dignidad —tan proclamada en los mítines— comienza por no delegar el propio criterio.

Porque el altar del salario seguirá convocando técnicos, jueces y políticos con sus fórmulas y proyecciones. Se discutirán elasticidades con solemnidad contable. Pero detrás de cada ecuación hay una nevera que se abre, un arriendo que vence, un pasaje que sube. Ningún modelo económico puede llamarse exitoso si necesita llamar “mínimo” a lo que debería ser simplemente humano.

Y aquí el detalle semántico revela su carga política. “Salario mínimo” es una expresión que contiene una pedagogía silenciosa: sugiere que quien lo recibe merece lo mínimo, que su esfuerzo alcanza apenas para el umbral de la tolerancia social. Normaliza la escasez como destino y convierte la supervivencia en horizonte legítimo.

Hablar de salario mínimo vital desplaza el sentido. Vital no es lo soportable, sino lo necesario para vivir con dignidad. No es concesión reducida, sino reconocimiento de humanidad. No es un cambio cosmético de etiqueta: es una diferencia ética profunda. Las palabras no solo describen la realidad; la configuran.

Una república que aspira a ser democrática no puede conformarse con garantizar lo mínimo. Debe proponerse asegurar lo vital. Decir “mínimo” es admitir resignación. Decir “vital” es afirmar dignidad.

* La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

Libertarios colombianos: El declive cognitivo en la Colombia de 2026

Por: Omar Orlando Tovar Troches – ottroz69@gmail.com- 

El atractivo de Bukele, Trump, Milei, Uribe y los candidatos de centro y derecha; reside en que amplifican discursos que "proporcionan una solución rápida y simple a un problema muy complejo”. Esa es la esencia del facilismo cognitivo

Cuando Dietrich Bonhoeffer escribió, desde la prisión nazi, su teoría sobre la estupidez no podía imaginar que ochenta años después su diagnóstico se materializaría con exactitud quirúrgica en las democracias latinoamericanas del siglo XXI. 

El teólogo alemán definió la estupidez no como una deficiencia intelectual, sino como un fenómeno moral e histórico, caracterizado por la renuncia voluntaria al pensamiento autónomo a cambio de la seguridad que otorga el rebaño (Bonhoeffer, Cartas desde la prisión, 1944). Paralelamente, el Efecto Flynn Inverso, consistente en el decline gradual y sostenido de las capacidades cognitivas, documentado en las últimas tres décadas en países de alto desarrollo ha dejado de ser una hipótesis académica para convertirse en el sello distintivo de nuestras sociedades.

La evidencia empírica de estos fenómenos de retroceso intelectual ya no habita exclusivamente en revistas especializadas; se observa claramente en TikTok, en X, en los medios tradicionales de Comunicación, en las plazas públicas y, sobre todo, en las encuestas electorales. Colombia, a días de las elecciones presidenciales de 2026, ofrece un laboratorio perfecto para observar cómo el facilismo extremo y la obediencia ciega (síntomas claros de esta nueva estupidez histórica) encuentran en figuras como Abelardo de la Espriella su expresión política más acabada. Lo que resulta verdaderamente inquietante no es la existencia de candidatos ultraderechistas, sino la naturalidad con la que sectores que hasta ayer se reivindicaban centristas, liberales e incluso progresistas, hoy claman por mano dura y soluciones mágicas mientras abrazan a un abogado vinculado al mundillo judicial de paramilitares y testaferros del narcotráfico.

¿Cómo entender semejante panorama? El análisis de Elizabeth Dickinson para el International Crisis Group resulta iluminador, puesto que señala que el atractivo de líderes como Bukele, Trump, Milei, Uribe, e incluso, los actuales candidatos y candidatas de centro y derecha; reside en que amplifican discursos con mensajes en los que "proporcionan una solución rápida y simple a un problema muy complejo”. Esa es la esencia del facilismo cognitivo contemporáneo: la demanda social por respuestas que no requieran mediaciones institucionales, procesales ni deliberativas. El pensamiento crítico ha sido reemplazado por la inmediatez emocional de los reels, los shorts y por la recompensa dopamínica de confirmar prejuicios traducidos en “Me gusta”, suscripciones, reproducciones o vistas.

Pero sería ingenuo atribuir este fenómeno exclusivamente a una supuesta "estupidez natural" de las masas. Bonhoeffer advertía que la estupidez es, ante todo, un instrumento de poder: quienes gobiernan la alimentan porque saben que los estúpidos son dóciles, disciplinados y fácilmente movilizables contra enemigos imaginarios. En esta tarea, han sido fundamentales ciertos sectores que, paradójicamente, surgieron como resistencias legítimas. 

El ecologismo radical, la proliferación e institucionalización de sectas religiosas, ciertas expresiones del feminismo interseccional y los activismos identitarios han sido hábilmente instrumentalizados hasta convertirse en caricaturas de sí mismos. Lo que comenzó como crítica genuina a exclusiones históricas terminó, en sus versiones más degradadas, en un repertorio de supuestas verdades incuestionables, lenguaje homogeneizador y puritano. La corrección política se transformó en fetiche de un progresismo sin programa. El resultado: Al menos dos generaciones "embolatadas"; sin herramientas para entender la estructura económica que las explota, atrapadas entre la indignación casi actuada y la absoluta inutilidad política, que termina por naturalizar hasta la violencia.

Este escenario social del siglo XXI ha sido ocupado por una nueva derecha (o Derecha Alternativa, según Varoufakis, 2024) que ya ni siquiera se molesta en ocultar sus vínculos con lo más oscuro de nuestra historia. Abelardo de la Espriella fue abogado de las Autodefensas Unidas de Colombia en el proceso de paz. Su libro Muerte al tirano, donde justifica el asesinato de jefes de Estado como acto patriótico, no es la excentricidad de un provocador; es la declaración explícita de un programa que disfraza de libertarismo lo que en esencia es fascismo del siglo XXI que solo busca beneficiar exclusivamente a las élites.

La pregunta que debería estremecernos no es ¿cómo llegamos hasta aquí? sino ¿por qué seguimos cayendo en las mismas trampas? El uribismo, fuertemente acorralado jurídicamente, busca resucitar una vez más, ahora bajo el ropaje de DeLa Espriella, el Milei colombiano o a través de sectores del centro liderados por el  camaleónico Roy Barreras o por la nadería sideral que representa Sergio Fajardo, a quienes la derecha política, pero, sobre todo, las élites económicas pretenden imponer para que reinstalen desde la Casa de Nariño, el mismo orden institucional que ayer suscribió pactos con paramilitares y que mañana gobernaría para los mismos conglomerados económicos que han condenado a este país a una indignante desigualdad.

El psicólogo canadiense James Flynn, al documentar el decline cognitivo de las últimas décadas, señalaba que la inteligencia no es una entidad biológica fija sino una función del entorno cultural. Si las sociedades contemporáneas se vuelven más estúpidas no es porque hayamos involucionado genéticamente, sino porque los estímulos culturales que recibimos (redes sociales diseñadas para la adicción, sistemas educativos empobrecidos, medios que confunden información con entretenimiento, liderazgos que premian lo escandaloso sobre la sustentación racional) han degradado sistemáticamente nuestra capacidad de pensar críticamente. En este sentido, la estupidez no es un pecado original, sino que es un régimen de producción.

Colombia está a punto de elegir y la advertencia de Bonhoeffer resuena hoy con la urgencia de un electrocardiograma plano: Contra la estupidez no bastan los datos, porque los estúpidos son inmunes a la evidencia. Se necesita algo más difícil: reconstruir las condiciones materiales y espirituales que hicieron posible, alguna vez, ciudadanos capaces de sostener contradicciones sin sucumbir al vértigo del fanatismo. ¡Soñar todavía es gratis!