Encerrona de la derecha para retomar el gobierno *

 

En la imagen: Hernán Riaño / Periodista - Director de SoNoticias

Por: Hernán Riaño

El verdadero peligro para Colombia es esa unión de hecho —aunque no formalizada— entre la oligarquía y unos líderes políticos y sociales que, por réditos de poder, siempre se acomodan “al sol que más calienta"

Con los resultados electorales de unas consultas prefabricadas, solo para favorecer a la derecha, en las que, como lo había advertido un candidato, iban a inflar a Paloma Valencia, quedó demostrado, aparentemente, uno de los fraudes más descarados de los últimos años en tiempo real, pues la cantidad de votos que aparecieron, unos depositados por la extrema derecha uribista y la mayoría por arte de magia, no expresan la realidad electoral del país. 

La candidata, en las semanas anteriores había programado manifestaciones, todas acompañadas por su gran jefe Uribe, para garantizar plazas repletas de gente, lo que nunca ocurrió, pero si se destapó una realidad de a puño: que no llenan ni la sala de un apartamento de 36 metros cuadrados, de los que venden ahora. Sin embargo, en la consulta del 8 de marzo ¡“consiguieron” más de tres millones de votos! y nos quieren convencer de que ella tiene más favorabilidad que Cepeda. Esto destapa el engaño que tienen programado para un triunfo, pregonando una falsa preferencia electoral y así sustentar el próximo fraude.

Algo similar ocurrió con el otro candidato derechista, Oviedo, que quiso presentarse como un “hijo natural” del progresismo, para conseguir la votación con la que finalizó la consulta. En este caso tampoco sabemos de donde salieron los más de 600 mil votos que “consiguió”; muchos dicen que militantes o simpatizantes progresistas le votaron porque se presentó con un aire petrista, de ser cierto, demostraría una ignorancia política crasa de esos colombianos, muy peligrosa para la primera vuelta, ya que dejaría ver lo fácil que es engañar a esos ciudadanos, muy grave.

Todo esto hace parte de una encerrona tipo Chile a la que quieren someternos. En ese país, la derecha se preparó durante los 4 años de Boric, con ayuda de los gringos, para diseñar el plan perfecto para no permitir que el proyecto progresista tuviera un nuevo presidente. Claro que hay que decir que ese mandatario, más que progresista, era uno de los que aquí llamamos tibio y sus realizaciones nunca satisficieron al pueblo chileno. Lo que hizo, más bien, fue darle un impulso al pinochetismo ultraderechista, que no es nuestro caso, porque aquí lo realizado por Petro demuestra que él está jugado con el pueblo y sus reivindicaciones. Siguiendo con lo que pasó en el país austral, la candidata, esa sí de izquierda, sin el apoyo efectivo de los progresistas y sus copartidarios, ganó la primera vuelta, pero el resto de los candidatos de la derecha, sumados todos ellos, tenían lo suficiente para ganar en la segunda, lo que efectivamente sucedió. Leyendo las autocríticas y los análisis de quienes pretendían que la izquierda se impusiera, la conclusión casi que unánime, fue que se confiaron y no trabajaron para lograr el triunfo en segunda vuelta, contrario a las derechas que concentraron todo su esfuerzo y conquistaron el voto de los chilenos. Algo parecido sucedió en Bolivia, en países centroamericanos, del caribe y previamente en Argentina.

En Colombia, y analizando lo que ha sucedido en estos primeros meses del presente año, estamos ad-portas de que el progresismo repita los errores de nuestros vecinos. Salvo algunas excepciones entre las que se destacan favorablemente Carolina Corcho, senadora recién electa y algunos otros, los demás están como en un sopor, pareciera que no saben qué hacer, o, ¿no quieren?, ¿están confiados como en Chile?, ¿siguen embriagados con el triunfo? o ¿todas las anteriores?

Con lo que está pasando, se ratifica la realidad de que el pueblo es superior a sus dirigentes. El colombiano raso ha comprendido de qué se trata el proyecto, qué quiere hacer Petro en nuestra nación, ya es consciente que es un ser humano, tiene derechos, que no debe dejarse humillar ni explotar más por la ultraderecha y, en síntesis, que es un ser que tiene dignidad y que los demás lo deben respetar. Imagínense el trabajo tan eficiente y efectivo del señor presidente que en tres años pudo lograr que entendiéramos esos conceptos, los adoptáramos y los defendiéramos después de 200 años de esclavitud, vasallaje, humillación, irrespeto y explotación por aquellos que se creen elegidos por una divinidad para que eternamente nos gobiernen. Ese pueblo es el llamado a defender el gobierno en las urnas. Ese trabajo de hacer entender la dignidad es único del presidente porque muchos de sus colaboradores y amigos todavía creen y practican conceptos feudales de la colonia, que perviven en nuestros tiempos y los practican con lujo de detalles.

Ese es el real peligro, esa unión de hecho, y puede que no formalizada, de la oligarquía y los líderes que no saben su verdadero papel en ente momento de la historia colombiana, sino que, como siempre ha ocurrido, se acomodan “al sol que más calienta” para sacar unos réditos de poder, económicos o políticos. Claro que hay que decir que no son todos, afortunadamente, son algunos enquistados en los círculos más altos de la dirigencia progresista que se han atraviesan como “burros muertos” o “palos en la rueda” del verdadero desarrollo de la nación. Desde que incursioné en la política y en el periodismo he sabido de la existencia de estos personajes que son más dañinos que la misma derecha, ya que actúan amparándose en la oscuridad del engaño, de las apariencias, de la palabrería, del desvío de propósitos, terminan traicionando al pueblo y llevándolo al redil de las políticas de la ultraderecha tradicional. Estos casos son innumerables a través de nuestra historia, desde Santander que traicionó a Bolívar, para volver a instaurar el feudalismo en Colombia, hasta los denunciados por nuestro presidente, de personas que a voz en cuello pregonan su progresismo, gritan “Petro te amo”, pero que en realidad trabajan para los poderes de siempre, todos ellos denunciados por Petro en los consejos de ministros y las alocuciones presidenciales que todavía le permiten hacer. 

La conjunción de todas estas fuerzas oscuras y los planes que están llevando a cabo para impedir que Iván Cepeda llegue al gobierno están a la orden del día. Unos con planes de todo tipo para el fraude que, probablemente, quieren hacer en las presidenciales, usando todas las armas posibles, legales o no, pero además están haciendo todo lo imposible para enlodar a Petro con denuncias de países extranjeros afines a Trump, vinculándolo al narcotráfico o a las supuestas denuncias sobre el financiamiento de su campaña del 2.022 o a Iván Cepeda tachándolo de ser de las extintas FARC, incluyendo a su papá asesinado por la ultraderecha, el abogado Manuel Cepeda Vargas, con la mentira que era militante de esa guerrilla, entre otras calumnias y mentiras. Esto está sucediendo ante nuestros ojos, sin esconderse, lo que demuestra la intención real de querer lograr sus planes. El señor presidente ha denunciado posibles planes de asesinato contra Iván Cepeda o contra él, muy posible que lleguen hasta esas instancias con tal de evitar el triunfo progresista.  

Muchos líderes progresistas, están en otro mundo, en la nube del poder que obnubila, que no los deja ver más allá de sus narices, que no hacen caso a las bases y que se han granjeado la animadversión y la desconfianza de muchos militantes que en varios escenarios exigen cambios radicales en el accionar del Pacto Histórico. Lo grave no es que haya discrepancias, sino que ellos, los que se abrogaron esos puestos de dirigencia, no oigan a la militancia, no los reciben, no les contestan llamadas ni mensajes y mucho menos les hacen caso a sus inquietudes y peticiones, se están convirtiendo, sin proponérselo, en colaboradores silenciosos de los planes de la oligarquía para impedir que el proyecto tenga un segundo periodo.

Estamos en un momento muy peligroso, muy parecido al de Chile, unas derechas que vienen con todo para recuperar el gobierno y una inercia cómplice de muchos líderes del progresismo que no atinan tomar las decisiones que la historia y Colombia hoy les exigen. 

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

Herederos del poder, administradores del voto

 

Por: Jhon Jaiver Flórez G.

Y un país que no confía ni en cómo se cuentan sus votos ni en lo que representan sus símbolos se aproxima a una forma más sutil de crisis: una democracia en la que todos participan, pero nadie cree.

 

En Colombia, votar ha sido más un acto de fe que de convicción democrática: una fe criolla, resignada, cercana al “que sea lo que Dios quiera”. Desde el nacimiento de la república, las elecciones no solo han sido un mecanismo de participación, sino también un laboratorio de ingenio político… y de creatividad para la trampa.

La historia, por supuesto, no olvida.

La noche de las Elecciones presidenciales de 1970 es, quizá, la escena fundacional de esta costumbre nacional. Las emisoras daban como ganador a Gustavo Rojas Pinilla. La diferencia era clara, el país expectante. Pero entonces ocurrió el milagro electoral colombiano: el silencio. Se suspendieron los boletines, se invocó el orden… y al amanecer, como por obra de una aritmética disciplinada, el ganador resultó ser Misael Pastrana.

En Colombia, los votos no siempre desaparecen: se transforman.

Desde entonces, el país perfeccionó una tradición no escrita: la democracia funciona, pero con ajustes. Ajustes técnicos, humanos, logísticos… o convenientemente “operativos”. Porque si algo han entendido las élites es que el poder no se disputa únicamente en las urnas, sino en las maniobras después de cerrarlas. Ahí empieza el verdadero conteo.

Hoy, décadas después, el lenguaje se ha sofisticado. Ya no se habla de fraude —demasiado tosco— sino de “inconsistencias”, “errores humanos”, “fallas de trazabilidad”. Una semántica elegante que administra una sospecha persistente.

En las elecciones recientes, el país volvió a mirarse al espejo. El Pacto Histórico denunció anomalías que no constituyen necesariamente un fraude monumental, pero sí algo más inquietante: una suma de irregularidades que, como grietas pequeñas en una represa, terminan por comprometer toda la estructura. Mesas con silencios estadísticos, formularios E-14 diligenciados con más interpretación que rigor, diferencias improbables entre registros.

Y, por supuesto, ese clásico inmortal: el muerto que vota. Porque en Colombia la vida puede ser incierta, pero la participación electoral parece trascender la muerte.

 Según Alirio Uribe, no estamos ante el fraude estruendoso del pasado, sino ante su versión evolucionada: una irregularidad que opera en voz baja. El fraude —si existe— ya no irrumpe; se desliza. Se instala en los márgenes, en los detalles, en esos pequeños desajustes que no escandalizan de manera aislada, pero que, acumulados, pueden inclinar decisiones políticas.

Susurra en el jurado que “se equivoca”; en el dato que no aparece; en el formulario que no coincide… pero se valida. Susurra también en el software: ese nuevo oráculo digital al que se le exige fe, sin permitirle herejías de auditoría.

El presidente Gustavo Petro lo ha advertido: un sistema electoral sin auditoría plena no es garantía democrática, sino confianza impuesta. Y en Colombia, imponer confianza ha sido, históricamente, un método de gobierno.

Porque la pregunta no es si el sistema falla, sino a quién le conviene que falle. Y es en ese punto donde la historia deja de ser relato para convertirse en estructura.

Durante décadas, la política colombiana ha funcionado bajo una lógica más eficaz que cualquier fraude: el clientelismo. Comprar votos, administrar necesidades, intermediar la precariedad. Aquí el problema no es solo cómo se cuentan los votos, sino cómo se producen.

El fraude empieza mucho antes del escrutinio. Inicia cuando el voto deja de ser un derecho y se convierte en transacción. Cuando la representación se sustituye por favores. Cuando la democracia opera como una economía informal del poder.

Y, justo cuando el país intenta descifrar si sus votos cuentan, la política abre su segundo acto: el teatro de las fórmulas vicepresidenciales. En Colombia no basta contar votos: hay que interpretar lo que significan.

La designación de Aída Quilcué como fórmula de Iván Cepeda irrumpe como una fractura en la narrativa tradicional del poder. No es una candidatura más: es la irrupción de una memoria históricamente excluida. Durante siglos, los pueblos indígenas fueron administrados, desplazados y subordinados; la nación se construyó sobre ellos, pero sin ellos. Quilcué no encarna solo una opción política: encarna una historia que se niega a desaparecer.

Es una memoria que incomoda, porque no cabe en los salones del poder sin desbordarlos ni puede reducirse a símbolo sin perder su densidad. Su vida —marcada por la violencia, el asesinato de su esposo, la persecución y la resistencia— no es excepcional: es representativa. En ella se condensa la trayectoria de un país que ha intentado integrar sin transformarse. Y allí emerge la pregunta incómoda: ¿se trata de una transformación real o de una inclusión administrada?

Porque Colombia ha demostrado una habilidad notable: convertir la resistencia en relato y el relato en ornamento institucional. El riesgo no es Quilcué, sino el sistema que aprende a exhibirla sin transformarse: un museo viviente de su propia deuda histórica.

Esa deuda —que el sistema administra más de lo que resuelve— se remonta a los orígenes mismos de la república. Mientras se proclamaba la libertad, las estructuras de poder apenas cambiaban de forma. Familias como las que dieron origen a Paloma Valencia en el Cauca no desaparecieron con la independencia: se adaptaron.

La tierra no se redistribuyó: se heredó. Y con ella, el poder.

La élite terrateniente criolla no emergió: se recicló. Comprendió que la independencia no era una ruptura, sino una oportunidad para administrar directamente lo que antes dependía de la Corona. La república no desmontó la colonia: la reorganizó.

En el siglo XIX, mientras la esclavitud se abolía en el papel, en la práctica se reinventaba: el peón endeudado, el jornalero sin tierra, el indígena confinado. Cambiaron las formas; persistieron las relaciones.

En regiones como el Cauca, el poder dejó de imponerse mediante violencia explícita y empezó a operar bajo la cobertura de una legalidad conveniente. El despojo se volvió procedimiento; la ley, instrumento; el Estado, extensión de la propiedad. Quien tenía tierra tenía país; quien no, apenas lo habitaba.

En ese contexto, la figura de Paloma Valencia trasciende lo individual. Representa la continuidad de una tradición política que ha sabido transformarse sin perder su esencia: una élite que habla en nombre de la nación mientras preserva sus fronteras históricas.

El contraste es inevitable.

De un lado, Quilcué: la irrupción de la historia negada, la memoria que resiste, el territorio que reclama. Del otro, Valencia: la continuidad de una estructura que convirtió la herencia en legitimidad política. No es un contraste de personas: es un choque entre una historia que irrumpe y otra que nunca se ha ido.

Y, en medio de esa antítesis, irrumpe Juan Daniel Oviedo, fórmula de Valencia, y con él una paradoja: un hombre abiertamente gay en un proyecto político que no solo niega la ampliación de derechos para la población OSIGD, sino que también los ha vulnerado. Aquí la política alcanza su sofisticación máxima: deja de excluir para empezar a integrar estratégicamente.

Oviedo no es una excepción, sino un síntoma. Representa una lógica donde la identidad no garantiza agenda, donde la inclusión no implica transformación. Donde la diversidad puede ser incorporada sin alterar las estructuras que históricamente la limitaron.

Una inclusión sin incomodidad; una diversidad funcional. Y así, mientras los votos se cuentan —o se reescriben— y los símbolos se despliegan, Colombia perfecciona su arte político más eficaz: reemplazar las soluciones por relatos.

Un país donde el fraude se vuelve técnico, la representación, estética y la democracia, costumbre. Al final, todo converge en una paradoja persistente: las irregularidades no siempre cambian los resultados, pero sí erosionan la confianza; los símbolos no transforman el poder, pero lo legitiman.

En ese equilibrio precario, la democracia colombiana sobrevive, no por su fortaleza, sino por su inercia; por eso votar sigue siendo un acto de fe, pero incluso la fe, cuando se traiciona demasiado, se rompe.

Y un país que no confía ni en cómo se cuentan sus votos ni en lo que representan sus símbolos se aproxima a una forma más sutil de crisis: una democracia en la que todos participan, pero nadie cree.

Porque en Colombia no basta con elegir.

Algún día habrá que demostrar que lo elegido —de verdad— cuenta.

* La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

La CEO de Sarmiento Angulo: un calvario para el Cauca

Imagen tomada de: periodicovirtual.com

 Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

El acceso a la energía no puede seguir siendo visto como un negocio más, sujeto a las leyes del mercado y al afán de lucro de unos pocos. Se trata de un derecho fundamental, y como tal, debe ser garantizado por el Estado

En el departamento del Cauca, la paciencia de las comunidades parece estar llegando a su límite y la Compañía Energética de Occidente (CEO) se ha encargado de llevarla a ese peligroso escenario. Esta empresa, que hace parte del gigantesco conglomerado económico de Luis Carlos Sarmiento Angulo (el banquero más poderoso de Colombia y uno de los hombres más ricos de Latinoamérica) opera en la región bajo una lógica empresarial que privilegia exclusivamente la ganancia económica, sin importarle vulnerar derechos fundamentales y la dignidad de los usuarios.

La histórica actuación de la CEO en el Cauca es la constatación de lo nocivo que puede ser un modelo de negocio que encaja perfectamente en la crítica más elemental al capitalismo salvaje: maximizar utilidades a cualquier costo, incluso a costa de la calidad del servicio, el trato digno al cliente y el mandato constitucional que define los servicios públicos como inherentes a la finalidad social del Estado. Desde que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez le entregó a Sarmiento Angulo la concesión para la distribución de energía en amplias zonas del Cauca, los habitantes de este territorio han soportado el viacrucis de tarifas abusivas, cortes injustificados, facturación arbitraria y una atención al usuario que oscila entre la indolencia y la humillación.

El poder de mercado que ostenta la CEO, al operar en condiciones de monopolio de facto, le ha permitido imponer no solo su pésima calidad en la prestación del servicio, sino también cláusulas contractuales leoninas y cobros que lesionan gravemente el bolsillo de familias que, en muchos casos, apenas logran sobrevivir con economías de subsistencia. Lo más grave de todo es que esta actuación cuenta con la complicidad silenciosa de entidades que deberían velar por los derechos de los ciudadanos. La Superintendencia de Servicios Públicos, lejos de ejercer su rol de garante, ha sido un actor recurrente en esta cadena de injusticias, parcializando sistemáticamente sus decisiones en favor de los intereses corporativos de la CEO y desestimando, una y otra vez, los reclamos de comunidades enteras que han visto vulnerados sus derechos.

Pero lo que resulta más indignante, y quizá más peligroso para la estabilidad social de la región, es la casi patética inacción de quienes tienen la responsabilidad política y administrativa de liderar la defensa de los caucanos. Gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y representantes a la Cámara han sido, durante años, espectadores de lujo de este saqueo silencioso. Las comunidades no entienden cómo es posible que aquellos que en época electoral recorren las plazas y veredas pidiendo el voto, no hayan sido capaces de articular una estrategia seria, unificada y contundente para enfrentar a esta empresa. Mientras la CEO sigue llenando las arcas del conglomerado de Sarmiento Angulo con el dinero producto de las altas tarifas que pagan familias caucanas, la dirigencia política local se ha dedicado, en el mejor de los casos, a emitir tímidos comunicados de prensa, o en el peor, a guardar un silencio cómplice que ya resulta insostenible.

Esta acumulación de descontento popular, alimentada por años de abusos y por la indiferencia de los poderes públicos, ya han mostrado algunas señales de alarma, materializadas en tímidas acciones de hecho en distintos puntos del departamento, con comunidades que han salido a decir "basta ya". Estas primeras movilizaciones no son otra cosa que la manifestación desesperada de un pueblo que ya ha agotado todas las instancias administrativas y judiciales, que ha visto cómo la Superintendencia les da la espalda, cómo sus alcaldes se lavan las manos y cómo el Congreso de la República (en gran parte dominado por las mismas fuerzas políticas que beneficiaron a Sarmiento Angulo) se hace el de la vista gorda.

Lo que está ocurriendo en el Cauca con la CEO demuestra, una vez más, el rotundo fracaso del modelo de privatización de los servicios públicos esenciales, impulsado con entusiasmo por los gobiernos del uribismo y defendido a capa y espada por los sectores más conservadores de este país. Le entregaron a un banquero, uno de los hombres más ricos de Latinoamérica, la concesión de un servicio público en una de las regiones más empobrecidas y golpeadas por la violencia y el resultado no podía ser otro: extracción de utilidades, desmejoramiento del servicio y abandono estatal.

Si algo nos enseña esta triste historia es que el acceso a la energía no puede seguir siendo visto como un negocio más, sujeto a las leyes del mercado y al afán de lucro de unos pocos. Se trata de un derecho fundamental, y como tal, debe ser garantizado por el Estado con calidad, equidad y dignidad. Mientras tanto, en el Cauca, la paciencia se agota y la indignación crece. Los líderes políticos harían bien en escuchar este clamor antes de que sea demasiado tarde, porque el descontento acumulado, cuando no encuentra cauces institucionales para expresarse, termina por estallar. Y cuando eso ocurra, no habrá comunicado de prensa ni foto electoral que alcance para contener la furia de un pueblo que solo pide lo que la Constitución promete: un trato digno y un servicio público a la altura de sus necesidades.

Votos de Petro, fraude y desidia del progresismo

En la imagen: Hernán Riaño / Periodista - Director de SoNoticias

 Por Hernán Riaño

“Es cierto que en la costa se compran votos. Qué vamos a hacer, es un hecho. Si el elector no recibe un aliño, no vota. Eso es tradicional en todos los departamentos de la costa y se ha extendido ese mecanismo electoral a todo el país” (Roberto Gerlein-exsenador/ exministro Conservador)

Después de transcurridos unos días de haberse realizado las elecciones parlamentarias junto con las consultas presidenciales, lo que se sospechaba a gritos se convirtió en una tragedia para la democracia colombiana.  La ultraderecha dejó claro que, como siempre, utilizó la combinación de todas las formas (de lucha) de fraude electoral para intentar evitar el avance del progresismo. Desde la «clásica y tradicional» compra vulgar de votos, pasando por la venta de paquetes de “sufragantes” por parte de un (¿o varios?) registrador(es), la presión al elector, las amenazas, el uso de un software programado, supuestamente, para alterar resultados, hasta la sofisticada empresa electoral que consiste en instalar jurados falsos (supuestamente vinculados a la registraduría), que ya tienen ganadores premeditados en las mesas de las que se apropian. 

Todo esto en un complot en el que concurren, supuestamente (siempre hay que decirlo), funcionarios o calanchines del CNE, la Registraduría, empresas privadas dedicadas a estas oscuras actividades y que han alterado los resultados electorales por años sin que la justicia haya investigado y condenado, uno de los delitos más graves; bien lo decía Roberto Gerlein con un cinismo descarado, refiriéndose a la compra d votos en Barranquilla: “Es cierto que en la costa se compran votos. Qué vamos a hacer, es un hecho. Si el elector no recibe un aliño, no vota. Eso es tradicional en todos los departamentos de la costa y se ha extendido ese mecanismo electoral a todo el país” (1), para tratar de demostrar que  ese delito era algo «normal» y no había nada que hacer y mucho menos debería perseguirse y castigarse. De hecho, su hermano Julio fue mencionado en este tipo de actividades junto con el clan Char y la utilización de Aida Merlano para lograr el triunfo de sus candidatos desde una sede conocida como la “casa blanca”. ¡Gerlein fue absuelto y Merlano condenada! (2) 

Bien lo había advertido el señor presidente desde el año 2.018, refiriéndose a los diferentes tipos de engaño para lograr unos delictuosos resultados en favor de la ultraderecha, pero con más fuerza con respecto al software de cómputo de votos, que es de una empresa privada, violando la sentencia del Consejo de Estado, que

obligaba a la entidad a adquirir uno propio para impedir el fraude y el manejo inadecuado de los datos de los colombianos por parte de extraños. El fallo demostró un fraude descarado en contra del partido MIRA en el 2.014 (3). 

El artículo décimo tercero del referido laudo dice: 

DÉCIMO TERCERO. - Conminar a la Organización Electoral para que adquiera el software requerido de escrutinios desde y para el Estado, es decir, que sea propio de dicha organización, y que permita una completa trazabilidad del escrutinio de mesa hasta la declaratoria de la elección, además realice los trámites para designar el personal idóneo para la prestación del servicio de soporte técnico especializado que se requiera, para la vigilancia y control del aplicativo a utilizar. 

Hoy estamos ante una realidad que nos quieren imponer los partidos de la ultraderecha junto con los medios de comunicación de propiedad de los grandes empresarios muy comprometidos en impedir que el cambio continúe con un segundo gobierno progresista. Una realidad que ha hecho que el señor presidente denuncie un fraude desde su única tribuna, la red social X, y que por una demanda del señor Ramiro Bejarano, le quiere poner una mordaza y censurarlo para que no siga con las acusaciones de fraude a la registraduría y los partidos políticos que la manejan (4). Aquí hay que aclarar que todos los medios televisivos, radiales (comerciales y comunitarios con licencia, ¿habrá alguna excepción?), periódicos y revistas y medios digitales creados por la ultraderecha, desde tempranas horas de la mañana hasta casi la media noche, atacan inmisericordemente al señor presidente y su gobierno, con mentiras, calumnia y falsedades, el único medio realmente imparcial es RTVC, al que también quieren censurar. 

En este complot también se han unido la procuraduría diciendo que todo es legal, empresarios de firmas encuestadoras, el registrador, y en general todo el poder que tiene secuestrado al Estado, todos afirmando al unísono que el fraude «no existe» negando la cantidad de pruebas que demuestran lo contrario.

Cabe destacar el papel casi nulo que hasta el momento ha mostrado la fiscalía, con un silencio tal que inquieta; por lo menos es la impresión de muchos ciudadanos que, ante las denuncias, ven como muy preocupante, la aparente inactividad del ente investigador que debiera, y es mi opinión de ciudadano, estar volcada en los puestos de escrutinio para evitar el fraude cantado y mostrado por los testigos electorales y los abogados que están allí. ¿Por qué ante tantas evidencias no actúa? Son centenares de denuncias en redes sociales, con videos, fotografías, audios y varios tipos de manifestaciones en la que muestran la verdadera dimensión de lo ocurrido, muchos de estos hechos ocurridos en flagrancia, pero perece que eso no le importa a la fiscal general de la nación que se ha caracterizado por su falta de comunicación con el país y su silencio permanente ante los graves hechos de violencia, corrupción y ahora de fraude que sacuden al país.

Es tan grave la cosa que en las últimas horas se filtró un audio en las redes en la que el senador, jefe de la banda antirreformas, como él mismo se denominó, Efraín Cepeda, supuestamente. “da órdenes a una persona, para quitarle 25 mil votos al Pacto Histórico y distribuirlos en los candidatos conservadores en la costa atlántica” (5). A eso han llegado, al descaro total. El interlocutor dice que va a hablar con los “registradores de confianza” y Efraín Cepeda que le enviará recursos “importantes” y dictamina la estrategia. ¿A quién le da la orden? ¿Qué tipo de funcionario o calanchín es? ¿Por qué tiene tanto poder? ¿Esto prueba la existencia de una registraduría paralela que vende resultados? ¿Cuáles son los registradores de confianza? (6). Estas son preguntas que deben resolver el registrador, el procurador y la fiscal. Obviamente el senador de marras negó todo, pero al parecer, este audio ya fue enviado a las autoridades para que confirmen su veracidad y las acciones a seguir. 

Como podemos darnos cuenta, el plan lo tenían muy bien estructurado y con las personas “clave” en cada sitio que ellos requerían. Sin embargo, fue el señor presidente que, con sus anuncios de fraude, su solicitud de testigos electorales y de abogados para que defendieran los resultados, como se ha logrado demostrar esta situación aberrante muy grave para la democracia. Todo el país se ha dado cuenta de la calaña de funcionarios que tienen nuestras instituciones, y que además ganan sueldos inmensos, pagados con nuestros impuestos, pero que solo les sirven a sus patrones.

Contrasta este accionar ruin y atrabiliario de la oligarquía, con el de una mayoría del pueblo colombiano que ha madurado tanto, que ya no reacciona violentamente, sino que lo hace por los canales democráticos; en este caso, ese pueblo consciente, se volcó a las urnas, en primera instancia, para intentar lograr un congreso de mayorías absolutas que permita al nuevo presidente tener gobernabilidad, y luego ante el evidente fraude, sin reparos se fue a proteger el voto y a colaborar con nuestra democracia, ante el atentado de las derechas y las mafias. 

Mientras el pueblo hace lo que le corresponde, apoyar al gobierno del cambio, muchos dirigentes progresistas se dedicaron a celebrar un triunfo “arrollador” con los datos del preconteo ilegal, como lo ha calificado Gustavo Petro, y que, para esos primeros días, resultaban 25 senadores y 39 representantes, lo que hacía que el progresismo quedara en las mismas condiciones que en el cuatrenio que termina. En el año 2.022 se eligieron 20 senadores más los 5 de comunes que generalmente votaban con el Pacto y 27 representantes, lo que hizo muy difícil y en la mayoría de los casos imposible aprobar las reformas propuestas por Petro. La meta era y sigue siendo, 52 senadores y 87 representantes para evitar los sabotajes de la derecha. Con el número que muy posiblemente se llegue a lograr, siendo optimista, de pronto 30 senadores y estar mas cerca de los 50 representantes, la labor legislativa podría ser un poquito más fácil, contando con parlamentarios de partidos que pudieran comulgar con las ideas progresistas y apoyar los cambios que requiere la sociedad colombiana, pero muy lejos de ser un “triunfo arrollador”. La realidad es tozuda, con estas elecciones se confirmó que los votos son de Petro, el fraude es una realidad, lo mismo que la desidia de muchos líderes, candidatos electos y de muchos parlamentarios que terminan su periodo todos ellos del progresismo, porque por esa falta de entrega no se pudo lograr la tan anhelada mayoría decisoria.  

¿De qué sirve ser la primera fuerza política en el país si no es la decisoria? ¿O es que los lideres del progresismo no aprendieron nada de nada en estos 4 años? 

El mensaje de las derechas con estos intentos y muy posibles fraudes que logren “coronar” es claro: “pueblo: ustedes no pueden gobernar, no pueden administrar a Colombia, ustedes no son nada ni nadie, son la “indiamenta” y por eso haremos hasta lo imposible, con las armas que sean necesarias para que no vuelvan”.

¿O es que no lo hemos entendido? 

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

https://x.com/wilsonariasc/status/2033188169810694340?s=20

https://www.lasillavacia.com/en-vivo/julio-gerlein-fue-absuelto-en-caso-de-compra-de-votos-para-aida-merlano/  

https://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/PDF/11001-03-28-000-2014-00117-00%20(1).pdf

https://www.facebook.com/RadioNacionalDeColombia/posts/%EF%B8%8Fla-primera-demanda-ante-el-tribunal-administrativo-de-cundinamarca-fue-instaura/1368423168659629/

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https://www.facebook.com/josea59/posts/pfbid02WRA3B6EQ4b2dXXsCBZ3gNyYhWET28S68XYJVoiEKKKn6MUgRmUHkbdA3jPhrmL4Glhttps

Colombia decide su futuro voto a voto

 Por: Jhon Jaiver Flórez G. 

La primera vuelta presidencial del 31 de mayo no será solo una contienda entre candidatos: será un plebiscito sobre el rumbo del país. La pregunta de fondo es clara: ¿continuará Colombia el proceso de reformas para reducir la pobreza y la exclusión, o regresará a las lógicas de concentración de poder y miedo?

El pasado domingo Colombia despertó bajo cielos grises y lluvias dispersas, como si el clima también quisiera participar en la jornada electoral. En ciudades, pueblos y veredas, los votantes se refugiaban bajo paraguas improvisados mientras jurados, estudiantes y observadores organizaban la votación en colegios y salones comunales convertidos, por un día, en templos de la democracia.

La escena era familiar: filas, tarjetones laberínticos, ciudadanos preguntando dónde marcar y testigos electorales discutiendo con solemnidad. En Colombia cada elección es a la vez ritual democrático y prueba de resistencia institucional: se vota, se cuentan los votos, se discuten los resultados y el país sigue adelante, a veces con entusiasmo, otras con resignación.

Las elecciones legislativas y las consultas dejaron una sensación ambivalente. Se eligió un nuevo Congreso y el país avanza hacia la primera vuelta presidencial del 31 de mayo. Pero el mensaje de fondo es otro: el sistema político colombiano, después de décadas de cambios, ya no es el que era.

Para entenderlo hay que mirar atrás. Durante gran parte del siglo XX, Colombia estuvo dominada por el bipartidismo liberal-conservador. Estos partidos no solo competían por el poder: organizaban la vida política y social del país. En muchas regiones se nacía liberal o conservador con la misma naturalidad con que se nace hincha de un equipo de fútbol.

Tras la violencia partidista de mediados del siglo pasado, las élites optaron por una solución muy colombiana: compartir el poder. Así nació el Frente Nacional (1958–1974), que alternó la presidencia entre liberales y conservadores para evitar nuevas guerras civiles. El acuerdo trajo estabilidad, pero también consolidó un sistema excluyente: durante décadas la democracia funcionó como un club de dos partidos, donde quienes estaban fuera tenían escaso acceso al poder.

Ese modelo empezó a resquebrajarse con la Constitución de 1991. La nueva carta abrió el sistema a otras fuerzas y transformó formalmente el bipartidismo en un escenario pluralista. Surgieron partidos y coaliciones nuevas, pero las prácticas siguieron intactas: clientelismo, poder regional y alianzas entre élites. Cambiaron los nombres; la lógica del poder, nunca.

Mientras tanto, otra historia política avanzaba con enormes dificultades: la de la izquierda democrática. Durante décadas su presencia institucional fue marginal, no tanto por debilidad electoral como por la violencia sistemática contra sus dirigentes. En 1985 surgió la Unión Patriótica, un intento de abrir espacios de representación para sectores populares dentro de la democracia. La respuesta fue brutal: miles de militantes y dirigentes —concejales, alcaldes, diputados, congresistas e incluso candidatos presidenciales— fueron asesinados, lo que hoy se reconoce como uno de los genocidios políticos más horrendos de América Latina. No fueron crímenes aislados, sino la convergencia de múltiples poderes —actores armados ilegales, sectores políticos tradicionales, organismos del Estado, estructuras paramilitares, redes del narcotráfico y algunos intereses empresariales— que coincidieron en eliminar a una fuerza política que comenzaba a cuestionar el orden establecido.

El mensaje fue contundente: hacer política desde la izquierda costaba la vida. Durante años ese miedo debilitó a la izquierda. Sin embargo, el siglo XXI trajo cambios graduales. Nuevos movimientos alternativos empezaron a ganar espacios en la política regional; alcaldías y gobernaciones comenzaron a ser ocupados por liderazgos distintos al tradicionalismo. Fue un proceso lento pero constante, que permitió a la izquierda ampliar su base social y disputar apoyo en sectores históricamente marginados.

El punto de inflexión llegó en 2022, cuando la coalición progresista alcanzó la presidencia con Gustavo Petro. Por primera vez, la izquierda logró el poder por vía electoral. El hecho fue histórico y profundamente incómodo para quienes durante generaciones habían administrado el país a su antojo.

Las elecciones del domingo marcaron una transición en la política colombiana, con más de veinte millones de votantes (49,6 % del censo electoral), una participación dentro de los promedios históricos. Sin embargo, lo más significativo es la reconfiguración del mapa político. La derecha y el centro están cada vez más fragmentados, con múltiples candidaturas en competencia, mientras que la izquierda muestra mayor cohesión y un crecimiento sostenido. El antiguo bipartidismo ha desaparecido, dando paso a un sistema plural y polarizado, donde la dispersión predomina en la derecha y el centro, y la izquierda avanza en consolidación.

En la ultraderecha persiste un electorado significativo, como lo evidencia la Gran Consulta por Colombia, que obtuvo más de cinco millones de votos. Sin embargo, este electorado está dividido: por un lado, la derecha radical y populista, representada por Abelardo de la Espriella, con un discurso confrontacional, nacionalista y promesas de mano dura frente a las reformas progresistas; por otro, la derecha institucional vinculada a Álvaro Uribe, que busca reconstruir un liderazgo competitivo con Paloma Valencia, proyectando una moderación calculada para atraer al centro político. La derecha se debate entre intensificar o suavizar su mensaje. 

En el centro, la situación es aún más incierta. Históricamente espacio de moderación y consenso hoy funciona más como puente entre polos que como fuerza propia. Las consultas recientes evidenciaron su fragilidad: liderazgos urbanos conservan presencia, pero no logran consolidar poder decisivo.

La izquierda progresista llega a este nuevo ciclo con su base social y parlamentaria más sólida que en cualquier momento reciente, aunque aún insuficiente para asegurar las mayorías necesarias para impulsar reformas de gran alcance. El desafío es considerable: ampliar apoyos de sectores moderados sin diluir el proyecto político, en medio de un debate público atravesado por temores y manipulación mediática. 

En varias regiones se observó un fenómeno llamativo: incluso donde los candidatos progresistas eran poco conocidos o generaban reservas, las listas obtuvieron un respaldo significativo. Fue el caso del Quindío —históricamente dominado por una clase política tradicional, clientelista y corrupta—, aquí el Pacto Histórico sorprendió con una votación considerable. Algunos analistas hablan de una “ola política”: la convergencia entre el impulso del liderazgo de Gustavo Petro y la creciente visibilidad de la aspiración presidencial de Iván Cepeda. Si esa ola se convierte en una corriente nacional o se diluye en las turbulencias de la campaña presidencial, será finalmente, una decisión ciudadana. Entre lluvias, tarjetones y murmullos en los puestos de votación, la democracia colombiana sigue haciendo lo que ha aprendido a lo largo de su historia: intentar decidir su futuro… voto a voto.

La primera vuelta presidencial del 31 de mayo no será solo una contienda entre candidatos: será un plebiscito sobre el rumbo del país. La pregunta de fondo es clara: ¿continuará Colombia el proceso de reformas que busca reducir desigualdad, pobreza y exclusión, o regresará a las lógicas tradicionales de concentración de poder y miedo?

El Congreso recién elegido define el escenario de esa disputa. La base política del progresismo sugiere una posibilidad real de triunfo, pero alcanzarlo exige más que entusiasmo: demanda trabajo sostenido, presencia en todas las regiones y una ciudadanía consciente del momento histórico que enfrenta.

Porque la democracia no es un regalo; es una responsabilidad. Y en Colombia, tras décadas de violencia, exclusión y manipulación, cada voto cuenta no solo para elegir un gobernante, sino para decidir si el país seguirá avanzando hacia una sociedad más justa o volverá a repetir los errores y horrores del pasado. La historia no espera, y el futuro de Colombia depende de la decisión colectiva de quienes hoy se paran frente a una urna.

* La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

Elecciones Colombia 2026 / 1er asalto. Reflexiones de un Grinch zurdo

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com- 

El principal obstáculo para el cambio en Colombia es ganar la batalla cultural por la descolonización de la mente del ciudadano, aún atrapada en imaginarios conservaduristas y mafiosos que benefician las élites y naturalizan la exclusión.

El reciente primer asalto electoral deja una lectura agridulce para algunes sectores alternativos (o de izquierda como sabiamente se les llamaba antes). Si bien es innegable y celebrable el incremento en la votación de las fuerzas del “progresismo”, este crecimiento numérico no debe ocultar una realidad sociológica profunda y preocupante, en la que se evidencia cómo, un amplio sector de la sociedad colombiana, sigue atrapado en una narrativa de dominación impuesta hace más de dos siglos, que ha creado un poderoso imaginario colectivo en el que se asume como "natural", "debido" y "conveniente" que el destino del país continúe en manos de un reducido grupo de apellidos y familias tradicionales.

Se trata de una élite cuya riqueza, de origen muchas veces discutible y sustentada en el despojo colonial, la apropiación de lo público, el clientelismo y la explotación laboral, pretende equipararse moralmente al esfuerzo de quienes nada tienen. A pesar de que su caudal se ha forjado con el sudor de los más pobres, persiste la creencia inculcada de que son los únicos capacitados para dirigir los rumbos de la nación, perpetuando un statu quo que beneficia a unos pocos en detrimento de las mayorías.

Este avance electoral de una izquierda aún en proceso de maduración institucional y programática es, sin duda, un síntoma de cambio. Sin embargo, esta propuesta política enfrenta la titánica tarea de consolidarse como un verdadero partido que haga tránsito definitivo hacia una plataforma transformadora, capaz de disputarle el poder a los actuales engendros de la derecha. Estos, disfrazados hábilmente de "centro", no proponen otra cosa que mantener intacto un modelo de capitalismo rancio, excluyente y moralmente cuestionado a nivel global, a través del regreso a la violencia institucional como única vía para solucionar la inequidad y los problemas de Colombia.

La gran deuda, y quizá la tarea más urgente y de más largo aliento que tienen por hacer las fuerzas políticas alternativas (o de izquierda como se llamaban hace años), no está únicamente en las urnas, sino en los territorios. Se trata de la lucha cotidiana por descolonizar la mente del ciudadano del común. Una mentalidad que aún permanece enjaulada en esquemas conservaduristas, reforzados por múltiples actores: la manipulación religiosa (tanto católica como evangélica), que dicta conductas y estigmatiza la disidencia; una academia frecuentemente aferrada al modelo cuadriculado y fordista de educación, que forma para la obediencia y no para el pensamiento crítico; y la promoción de falacias como el "emprendimiento autónomo" salvador, encarnado en sistemas multinivel (Herbalife, Yanbal, DMG) o en la ilusión de riqueza fácil a través de internet.

Este coctel de adoctrinamiento ha calado hondo, inculcando la máxima de que el fin (tener plata y darse lujos) justifica los medios, sin importar su procedencia. Se refuerza así, día a día, los estragos de la contracultura narco, que encuentra su máxima expresión política en candidaturas como la de Abelardo de la Espriella o en el culto irracional a un uribismo latifundista y pendenciero, personificado en figuras como Paloma Valencia.

Finalmente, pero no menos importante; mientras la ciudadanía siga eligiendo alcaldes, gobernadores, concejales y diputados que operan en las esferas del clientelismo, la corrupción descarada y la manipulación del hambre y el desempleo, será materialmente imposible construir un modelo alternativo de sociedad. La democracia, en estos contextos, se reduce a un ritual que legitima la exclusión.

Adenda. La sombra del fraude: Resulta imperativo señalar que todo este panorama se ve agravado por el papel de la prensa tradicional de derecha, que sigue empeñada en imponer el relato de la transparencia absoluta del sistema electoral y de la gestión del actual registrador, estos medios intentan blanquear un proceso que, en los territorios, sigue mostrando grietas profundas. A lo largo y ancho del país, ciudadanos y testigos electorales continúan denunciando y aportando pruebas de un posible fraude electoral que habría beneficiado, una vez más, a sectores de la derecha tradicional y a figuras como Paloma Valencia. Tal como lo han venido advirtiendo múltiples movimientos sociales y el propio presidente de Colombia. La distancia entre el relato mediático (Blu, Caracol, RCN, Semana, El Colombiano, etc.) de limpieza electoral y las irregularidades detectadas en las mesas de votación sigue siendo un abismo que alimenta la desconfianza y la ilegitimidad del sistema.