Colombia, país de enfermos mentales *

 

En la imagen: Germán Navas Talero, jurisconsulto y excongresista

Por: Germán Navas Talero

Editor: Francisco Cristancho R.

Colombia es un país que tiene un gran problema de salud mental, porque si en este país se contempla votar por Uribe Vélez otra vez, es un país que tiene que estar enfermo

Algo divertido, y que parece una página cómica, es mirar los procesos que se adelantan en Estados Unidos contra servidores del dictador Donald Trump. Cuando uno oye a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi -ficha de bolsillo del presidente- responder que no tiene ni idea de dónde se encuentra la alcahueta de Epstein, es incomprensible, más cuando se supone que ella maneja toda la administración de justicia en ese país. Pero resulta que allá la justicia no es independiente, así nos digan mentiras. En un país donde el presidente de la República puede hacer cambiar un fiscal, puede hacer cambiar un juez, y cambia la ley como se le antoja, no es un país democrático. Lo más mentiroso en el mundo -después de Pinocho- es afirmar que los Estados Unidos es una democracia. Ellos fueron democracia hace mucho tiempo, pero ya no lo son.

Sobre este tema, me puse a escuchar algunas declaraciones por parte de unos funcionarios a raíz de la muerte de una ciudadana a manos de uno de los grupos paramilitares de Trump: los del ICE. Los cuales afirmaron que la mataron porque se presumía que podía agredirlos; porque no les gustó cómo los miraba. Esos del ICE son unos ‘genios’. Y la mataron, y nadie está en la cárcel. Y el payaso ese, el mal-pintado vicepresidente de la República, JD Vance, sostuvo que eso había sido “legítima defensa”. Eso afirmó ese individuo, ese analfabeto. Que era que los muchachos del ICE se estaban defendiendo, ¡Ah!

Y uno se pone a ver y resulta que el tal Vance es un analfabeto que llegó a donde llegó por pura chepa, por pura lagartería con Trump. Cuando uno mira a Vance y luego mira al Guasón -el enemigo de Batman-, ve que son igualitos: payasos mal-pintados. Fíjense ustedes, siempre se coloca en forma tal que gane en cámara y salga detrás de Trump, y siempre con la misma cara de Guasón. Siempre tratando de reírse, pero eso es una risa artificial, mentirosa.

Si hay un tipo en el cual no se puede confiar es en el tal Vance; pónganle cuidado a las barbaridades que dice, a los análisis que hace, y díganme si estoy equivocado. En lo que a mí respecta, a ese señor no le serviría ni de fiador de la tienda de la esquina. No me genera ni la menor confianza. Ese tipo lo único que espera es que se Trump se inhabilite, o a ver cómo lo saca del cargo para encaramarse ahí.

Hace unos días, conversando con algunos gringos sobre la carrera política del vicepresidente Vence, me decían que es un hombre que se ha hecho al lado de Trump con el fin de acolitarle todas las cosas oscuras que hace el presidente de la República; y con esa cara de idiota mal-pintada, con esa movedera de cabeza diciendo “sí” siempre a todo aquello que se le ocurre al señor Trump.

Pónganles cuidado a las declaraciones de ese pisco. Y lo grave del caso es que, si Trump es peligroso, este Vance lo es mucho más. Pobre de Estados Unidos si este tipo llegara a la presidencia de los Estados Unidos. ¡Pobres gringos! Pobres, porque ya tendrían el segundo peor presidente en la historia de ese país. Porque, sin duda, el primero es el señor Tramp-as, y si digo ‘trampas’, es porque cuando Trump se pronuncia en inglés, suena Tramp, o sea… ¡Trampas!

Ahora, que no me vayan a salir con que estoy calumniándolo u ofendiéndolo, ustedes son testigos de que ese señor fue condenado por 34 delitos, pero como es el presidente, no han hecho efectivas las sanciones. Y fuera de eso, cuando se posesionó como presidente, tenía varias investigaciones. Pero el colmo de la vagabundería es lo que acaban de descubrir: que el tal presidente de los Estados Unidos, aquel hombre honrado, tenía un negocio para contarle a un país de medio oriente algunos datos que necesitan sobre satélites, pero no lo hacía gratis; él le contaba todo eso a cambio de que le autorizaran una urbanización hotelera allá en ese país, que me parece que es Catar.

Entonces, yo les ofrezco información privilegiada que ustedes quieren, y ustedes me dan esa aprobación. ¿Que cómo se descubrió eso? Porque Ivanka, la hija de ese tipo, cuando hicieron un allanamiento en una de sus propiedades, soltó la lengua, y entregó los casetes que contenían las pruebas de que su padre, el señor presidente de la República, había negociado con un extranjero que les daba la información sobre secretos de estado a cambio de que ellos le permitirán montar otro negocio, de los que le gustan a él: urbanizaciones piratas, canchas de golf, etcétera, etcétera.

Miren con cuidado esto, para que, si ustedes piensan que la justicia en Colombia está mal, la de los gringos está peor. Y son tan cínicos estos gringos que ahora el señor Trump vendrá a Venezuela, a visitar a la señora Delcy Rodríguez, y seguramente a dar órdenes de cómo tiene que manejar ese pedazo de tierra que se llamaba Venezuela, y que ahora más parece Yanquilandia II; porque los gringos hacen lo que se les dé la gana con ese país. Ya secuestraron a Maduro y pusieron a esa señora.

Pero aquí los colombianos despotricaron de Maduro todo lo que quisieron. Pero resulta que, mirando y estudiando con cuidado las manifestaciones de apoyo a Maduro, han sido impresionantes, verdaderamente impresionantes. Pero ‘la gran prensa’ de acá, esos periodistas nuestros, como estaban en campaña contra Venezuela por supuestamente ser de izquierda. Esos ya no son periódicos, son cámaras de chismes. A mi casa llegaban suscripciones de revistas y periódicos hasta hace un tiempo, pero ya las suspendimos. Preferible que cada cual coja el celular y que mire a ver qué consulta, porque las investigaciones que hacen estos señores de los ‘grandes medios’ son la cosa más mentirosa del mundo.

Pero, eso sí, ellos se facultan para ser sensores de los medios de comunicación digitales, ellos afirman que esos medios son falsos y que todo lo que salga en internet es fake-news; y lo que ellos dicen sí es verdad. Ellos tienen la verdad revelada. ¡Dejen de leer esos pasquines! Tomen la información que quieran, y saquen sus propias conclusiones. Se supone que ustedes saben leer y escribir, ¿no?

Por nuestra parte, creo que Colombia es un país que tiene un gran problema de salud mental, porque si en este país se contempla votar por Uribe Vélez otra vez, es un país que tiene que estar enfermo. Mentalmente enfermo. Y si siguen votando por los políticos de la costa, tienen que estar enfermos. Los políticos de la costa son siempre los mismos; y en la costa, si usted no da propina, no le dan nada. En la costa no venden votos, los ferian. Por eso digo que estamos muy mal de la cabecita.

Coletilla por Deisdre Constanza. Resulta casi paradójico que el Consejo de Estado invite a reconsiderar el incremento del salario mínimo, como si el verdadero riesgo económico del país estuviera en los bolsillos de miles de trabajadores que a duras penas pueden cubrir un arriendo y un poco de mercado; donde comer carne, pollo o pescado se volvió un verdadero privilegio, escasamente toca comer pollo en su mínima expresión, o sea, ‘un huevito’. Tal vez el mensaje del Gobierno sea que el problema no es la desigualdad, sino que los de abajo aspiren a estar un poco mejor. Porque en este país, ajustar el salario mínimo se convierte en un debate técnico. Curiosamente cuando se trata de proteger utilidades del empresariado. Se nos dice que subir el salario genera desempleo, pero no se habla con la misma contundencia de los márgenes de ganancia, de los beneficios tributarios o de la concentración de la riqueza. El debate no debería centrarse únicamente en cifras macroeconómicas, sino también en la coherencia institucional y el principio de equidad. La legitimidad de las decisiones públicas no solo depende de su legalidad, sino de la percepción de justicia que se genera. si de verdad se quiere hablar de “reconsideración” que se empiece por quienes tienen margen para ceder, no para quienes apenas tienen margen para vivir.

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

La decisión cautelar y el modelo de desarrollo en disputa *

Por: Jhon Jaiver Flórez G.

Como en todas las recientes ceremonias del Consejo de Estado, quien termina en el centro del sacrificio no es el decreto ni la sentencia: es el trabajador que vive al día y con escasez

En Colombia el salario mínimo dejó de ser una cifra técnica para convertirse en un espejo moral. Cada año se repite el ritual con puntualidad litúrgica: mesas de concertación, comunicados solemnes, advertencias catastrofistas, celebraciones moderadas. El salario mínimo es nuestro altar laico. No es de mármol ni de oro; está hecho de tablas estadísticas y artículos constitucionales. Allí se sacrifican porcentajes, se invocan principios y se quema incienso macroeconómico en nombre de la estabilidad. Pero, como en toda ceremonia donde abundan sacerdotes y escasean testigos del hambre, quien termina en el centro del sacrificio no es el decreto ni la sentencia: es el trabajador que vive al día y con escasez.

La suspensión provisional del Decreto 1469 de 2025 por parte del Consejo de Estado —que fijaba para 2026 un salario de $1.750.905 más $249.095 de auxilio de transporte, con un incremento del 23,7%— reactivó la homilía nacional en tono de catecismo macroeconómico. La decisión no anuló el aumento ni lo declaró inconstitucional; lo dejó en pausa mientras se expide un nuevo decreto transitorio, esta vez revestido de “fundamentación técnica exhaustiva”, fórmula que en Colombia suele operar como agua bendita institucional.

Inflación, productividad, crecimiento del PIB, participación salarial en el ingreso nacional, función social de la empresa, protección especial al trabajo: todo debe ponderarse con rigor milimétrico, como si el salario fuera una pieza delicada del equilibrio cósmico. La aritmética —se nos dice— no admite improvisación. Y es verdad. Lo sugestivo es que esa severidad casi quirúrgica se invoca con fervor particular cuando se trata de mejorar el ingreso de quienes menos ganan. Para otras decisiones que favorecen a los sectores más acomodados, la técnica rara vez adquiere dramatismo pedagógico.

Así el país aprende una lección curiosa: el salario del trabajador es asunto de alta sensibilidad científica, mientras otros privilegios transitan con serenidad estadística. La técnica importa, sin duda. La fijación del salario no puede depender del entusiasmo político ni del pánico empresarial. Requiere sustento verificable. Pero tampoco flota en el vacío. Opera dentro de una estructura social atravesada por desigualdades persistentes. Pretender que el debate es un ejercicio neutral de matemáticas es olvidar que detrás de cada cifra hay cuerpos concretos, familias reales y biografías que no caben en una hoja de cálculo.

Colombia no discute su salario mínimo en un laboratorio escandinavo. Lo hace tras más de tres décadas de apertura y reformas laborales que prometieron eficiencia, competitividad y empleo. En el gobierno de César Gaviria se abrazó la flexibilización como dogma modernizador: abaratar costos laborales, promover la tercerización, reducir “rigideces”. La promesa era seductora: menos obstáculos para el capital significarían más oportunidades para el trabajo.

El balance, sin embargo, es menos luminoso. La informalidad continúa siendo estructural. La estabilidad laboral es privilegio. Las jornadas se extienden sin que el ingreso garantice plenamente salud, pensión o vivienda digna. La desigualdad permanece como cicatriz abierta. El progreso ha sido selectivo; la precariedad, masiva.

Aun así, el relato dominante logró una proeza retórica: convencer a buena parte del país de que el problema del empleo no radica en la concentración del ingreso ni en la baja productividad estructural, sino en el salario de quienes menos ganan. Se instaló un colonialismo psicológico de la dignidad: si no hay empleo suficiente, la culpa es del salario mínimo; si la empresa no compite, el obstáculo es el costo laboral; si la economía se desacelera, el trabajador “gana demasiado”. El ingreso básico se convirtió en chivo expiatorio macroeconómico.

El contraste es didáctico. Mientras el país debate con gravedad teológica si el trabajador puede ganar unos pesos adicionales sin que colapse la civilización occidental, altos dignatarios del Estado —magistrados de las altas cortes y congresistas siempre atentos a sus prerrogativas— devengan más de cincuenta millones de pesos mensuales con impecable naturalidad republicana. No hay mesas de concertación para examinar la “productividad marginal” de sus decisiones, ni urgencias metodológicas para ponderar el impacto inflacionario de sus emolumentos. La austeridad se predica hacia abajo y se relativiza hacia arriba. Esa direccionalidad no es técnica: es moral.

Desde una perspectiva progresista, el problema no es un porcentaje aislado sino el modelo que naturalizó que millones trabajen y sigan siendo pobres. El salario se presenta como costo a contener antes que como derecho a garantizar. Se olvida que no es solo gasto empresarial: es demanda efectiva, cohesión social y estabilidad democrática.

Las cifras oficiales estimaron que el incremento beneficiaría directamente a cerca de seis millones de trabajadores formales y, incluyendo sus hogares, a casi diez millones de personas. Se proyectó una inyección considerable a la demanda agregada y la inflación registrada no produjo el cataclismo anunciado. El keynesianismo clásico recordaría que elevar el ingreso de quienes tienen mayor propensión al consumo dinamiza la economía. Redistribuir no es sentimentalismo; es racionalidad macroeconómica.

El debate reciente incorporó además la noción de salario mínimo vital y móvil, en sintonía con estándares de la Organización Internacional del Trabajo. No es consigna coyuntural, sino referencia vinculada a derechos humanos: alimentación adecuada, vivienda digna, servicios básicos, educación y salud. Si un hogar promedio requiere cerca de tres millones de pesos para cubrir necesidades esenciales y el salario legal se ubica por debajo de ese umbral, la discusión deja de ser contable y se vuelve ética.

El salario mínimo tradicional ha funcionado con frecuencia como techo en lugar de piso. Lo que debía garantizar lo indispensable termina delimitando lo máximo pagable en sectores con débil negociación colectiva. El mensaje implícito es inquietante: esto es lo menos que podemos pagar y, en la práctica, lo más que estamos dispuestos a reconocer.

Aquí emerge la tensión constitucional: el principio de no regresividad en derechos sociales. Si una medida mejora el acceso a condiciones básicas de vida, cualquier retroceso exige justificación estricta. La suspensión cautelar abre interrogantes legítimos. ¿Es mera exigencia metodológica o riesgo de regresión material? La respuesta no cabe solo en un expediente; es política y cultural.

Reducir el conflicto a un pulso entre el Consejo de Estado y el Gobierno sería miope. Lo que está en juego es la concepción de desarrollo. Competir por salarios bajos perpetúa dependencia. Competir por productividad e innovación exige inversión pública, política industrial y redistribución inteligente. La desigualdad extrema no es solo problema moral; es obstáculo económico. Sociedades con brechas profundas registran mayor conflictividad y menor movilidad social.

Mientras tanto, el Estado declama orden con voz marcial, endurece penas y amplía catálogos delictivos como si el Código Penal fuera su política social más consistente. Resulta más sencillo inaugurar cupos carcelarios que reformar estructuras económicas. Se administra el síntoma con firmeza y se aplaza el diagnóstico con elegancia técnica. Una sociedad que distribuye con mezquindad y castiga con severidad termina perfeccionando su sistema penitenciario mientras posterga la construcción de ciudadanía.

El salario mínimo es apenas la punta visible de un iceberg mayor: tercerización que diluye responsabilidades, debilitamiento sindical, brecha de género persistente, concentración de riqueza celebrada como mérito. Se pide sacrificio a quienes menos tienen y se llama dinamismo a la acumulación en la cúspide.

Colombia vuelve a situarse en la encrucijada donde se cruzan justicia social, ética pública y dignidad humana —esa palabra abundante en campaña y escasa en la práctica. Es año electoral: se eligen Congreso y Presidente, esa arquitectura solemne que promete leyes para el bien común y rumbos históricos. En teoría, el Congreso traduce el clamor ciudadano en normas; en la práctica, a veces traduce el lobby en artículos y la conveniencia electoral en silencios. El Ejecutivo ofrece dirección; ojalá no la reduzca a eslogan. Lo esencial —aunque con frecuencia se diluya— es que cualquier proyecto político serio debe poner en el centro a las mayorías que sostienen el país sin aparecer en las fotografías del poder. Mejorar la vida de quienes menos tienen no es caridad: es estabilidad democrática. Cuando la base social se fortalece, el país avanza; cuando se la precariza, el desarrollo se convierte en estadística elegante y barrios fatigados.

En ese contexto, el ciudadano entra al cubículo de votación y se enfrenta a un espejo. En el tarjetón no hay ideas abstractas, sino logos, nombres, trayectorias y decisiones pasadas. La democracia no suele fallar por falta de discursos, sino por exceso de olvido. Si el votante ignora quién votó contra sus derechos, quién archivó reformas sociales o quién blindó privilegios, la papeleta se vuelve trámite y no elección. Votar no es liturgia: es responsabilidad. El sufragio no es un acto de fe, sino de memoria. Y la dignidad —tan proclamada en los mítines— comienza por no delegar el propio criterio.

Porque el altar del salario seguirá convocando técnicos, jueces y políticos con sus fórmulas y proyecciones. Se discutirán elasticidades con solemnidad contable. Pero detrás de cada ecuación hay una nevera que se abre, un arriendo que vence, un pasaje que sube. Ningún modelo económico puede llamarse exitoso si necesita llamar “mínimo” a lo que debería ser simplemente humano.

Y aquí el detalle semántico revela su carga política. “Salario mínimo” es una expresión que contiene una pedagogía silenciosa: sugiere que quien lo recibe merece lo mínimo, que su esfuerzo alcanza apenas para el umbral de la tolerancia social. Normaliza la escasez como destino y convierte la supervivencia en horizonte legítimo.

Hablar de salario mínimo vital desplaza el sentido. Vital no es lo soportable, sino lo necesario para vivir con dignidad. No es concesión reducida, sino reconocimiento de humanidad. No es un cambio cosmético de etiqueta: es una diferencia ética profunda. Las palabras no solo describen la realidad; la configuran.

Una república que aspira a ser democrática no puede conformarse con garantizar lo mínimo. Debe proponerse asegurar lo vital. Decir “mínimo” es admitir resignación. Decir “vital” es afirmar dignidad.

* La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

Libertarios colombianos: El declive cognitivo en la Colombia de 2026

Por: Omar Orlando Tovar Troches – ottroz69@gmail.com- 

El atractivo de Bukele, Trump, Milei, Uribe y los candidatos de centro y derecha; reside en que amplifican discursos que "proporcionan una solución rápida y simple a un problema muy complejo”. Esa es la esencia del facilismo cognitivo

Cuando Dietrich Bonhoeffer escribió, desde la prisión nazi, su teoría sobre la estupidez no podía imaginar que ochenta años después su diagnóstico se materializaría con exactitud quirúrgica en las democracias latinoamericanas del siglo XXI. 

El teólogo alemán definió la estupidez no como una deficiencia intelectual, sino como un fenómeno moral e histórico, caracterizado por la renuncia voluntaria al pensamiento autónomo a cambio de la seguridad que otorga el rebaño (Bonhoeffer, Cartas desde la prisión, 1944). Paralelamente, el Efecto Flynn Inverso, consistente en el decline gradual y sostenido de las capacidades cognitivas, documentado en las últimas tres décadas en países de alto desarrollo ha dejado de ser una hipótesis académica para convertirse en el sello distintivo de nuestras sociedades.

La evidencia empírica de estos fenómenos de retroceso intelectual ya no habita exclusivamente en revistas especializadas; se observa claramente en TikTok, en X, en los medios tradicionales de Comunicación, en las plazas públicas y, sobre todo, en las encuestas electorales. Colombia, a días de las elecciones presidenciales de 2026, ofrece un laboratorio perfecto para observar cómo el facilismo extremo y la obediencia ciega (síntomas claros de esta nueva estupidez histórica) encuentran en figuras como Abelardo de la Espriella su expresión política más acabada. Lo que resulta verdaderamente inquietante no es la existencia de candidatos ultraderechistas, sino la naturalidad con la que sectores que hasta ayer se reivindicaban centristas, liberales e incluso progresistas, hoy claman por mano dura y soluciones mágicas mientras abrazan a un abogado vinculado al mundillo judicial de paramilitares y testaferros del narcotráfico.

¿Cómo entender semejante panorama? El análisis de Elizabeth Dickinson para el International Crisis Group resulta iluminador, puesto que señala que el atractivo de líderes como Bukele, Trump, Milei, Uribe, e incluso, los actuales candidatos y candidatas de centro y derecha; reside en que amplifican discursos con mensajes en los que "proporcionan una solución rápida y simple a un problema muy complejo”. Esa es la esencia del facilismo cognitivo contemporáneo: la demanda social por respuestas que no requieran mediaciones institucionales, procesales ni deliberativas. El pensamiento crítico ha sido reemplazado por la inmediatez emocional de los reels, los shorts y por la recompensa dopamínica de confirmar prejuicios traducidos en “Me gusta”, suscripciones, reproducciones o vistas.

Pero sería ingenuo atribuir este fenómeno exclusivamente a una supuesta "estupidez natural" de las masas. Bonhoeffer advertía que la estupidez es, ante todo, un instrumento de poder: quienes gobiernan la alimentan porque saben que los estúpidos son dóciles, disciplinados y fácilmente movilizables contra enemigos imaginarios. En esta tarea, han sido fundamentales ciertos sectores que, paradójicamente, surgieron como resistencias legítimas. 

El ecologismo radical, la proliferación e institucionalización de sectas religiosas, ciertas expresiones del feminismo interseccional y los activismos identitarios han sido hábilmente instrumentalizados hasta convertirse en caricaturas de sí mismos. Lo que comenzó como crítica genuina a exclusiones históricas terminó, en sus versiones más degradadas, en un repertorio de supuestas verdades incuestionables, lenguaje homogeneizador y puritano. La corrección política se transformó en fetiche de un progresismo sin programa. El resultado: Al menos dos generaciones "embolatadas"; sin herramientas para entender la estructura económica que las explota, atrapadas entre la indignación casi actuada y la absoluta inutilidad política, que termina por naturalizar hasta la violencia.

Este escenario social del siglo XXI ha sido ocupado por una nueva derecha (o Derecha Alternativa, según Varoufakis, 2024) que ya ni siquiera se molesta en ocultar sus vínculos con lo más oscuro de nuestra historia. Abelardo de la Espriella fue abogado de las Autodefensas Unidas de Colombia en el proceso de paz. Su libro Muerte al tirano, donde justifica el asesinato de jefes de Estado como acto patriótico, no es la excentricidad de un provocador; es la declaración explícita de un programa que disfraza de libertarismo lo que en esencia es fascismo del siglo XXI que solo busca beneficiar exclusivamente a las élites.

La pregunta que debería estremecernos no es ¿cómo llegamos hasta aquí? sino ¿por qué seguimos cayendo en las mismas trampas? El uribismo, fuertemente acorralado jurídicamente, busca resucitar una vez más, ahora bajo el ropaje de DeLa Espriella, el Milei colombiano o a través de sectores del centro liderados por el  camaleónico Roy Barreras o por la nadería sideral que representa Sergio Fajardo, a quienes la derecha política, pero, sobre todo, las élites económicas pretenden imponer para que reinstalen desde la Casa de Nariño, el mismo orden institucional que ayer suscribió pactos con paramilitares y que mañana gobernaría para los mismos conglomerados económicos que han condenado a este país a una indignante desigualdad.

El psicólogo canadiense James Flynn, al documentar el decline cognitivo de las últimas décadas, señalaba que la inteligencia no es una entidad biológica fija sino una función del entorno cultural. Si las sociedades contemporáneas se vuelven más estúpidas no es porque hayamos involucionado genéticamente, sino porque los estímulos culturales que recibimos (redes sociales diseñadas para la adicción, sistemas educativos empobrecidos, medios que confunden información con entretenimiento, liderazgos que premian lo escandaloso sobre la sustentación racional) han degradado sistemáticamente nuestra capacidad de pensar críticamente. En este sentido, la estupidez no es un pecado original, sino que es un régimen de producción.

Colombia está a punto de elegir y la advertencia de Bonhoeffer resuena hoy con la urgencia de un electrocardiograma plano: Contra la estupidez no bastan los datos, porque los estúpidos son inmunes a la evidencia. Se necesita algo más difícil: reconstruir las condiciones materiales y espirituales que hicieron posible, alguna vez, ciudadanos capaces de sostener contradicciones sin sucumbir al vértigo del fanatismo. ¡Soñar todavía es gratis!

EL AMOR EFICAZ EN CAMILO TORRES RESTREPO COMO HORIZONTE ÉTICO-POLITICO *

Carlos Medina Gallego - Historiador - Analista político

Por: CARLOS MEDINA GALLEGO

Recuperar el AMOR EFICAZ es, hoy más que nunca, una tarea ética y política para quienes se niegan a aceptar la injusticia como destino

El próximo 15 de febrero del 2026 se conmemoran los 60 años de la muerte en combate del sacerdote revolucionario Camilo Torres Restrepo. En esta ocasión y en el marco de esa conmemoración quisiera arriesgar una reflexión al respecto del sentido ético y político del concepto de AMOR EFICAZ desarrollado por Camilo. 

El concepto de AMOR EFICAZ constituye una de las propuestas ético-políticas más profundas y radicales del pensamiento latinoamericano del siglo XX. Lejos de entender el amor como una experiencia puramente religiosa, sentimental, individual o abstracta, el padre Camilo Torres Restrepo lo concibió como una práctica concreta, histórica y transformadora, orientada a la superación de la injusticia social y de las estructuras que producen miseria, exclusión y violencia.

En el mundo contemporáneo atravesado por crecientes procesos de deshumanización, el AMOR EFICAZ emerge como una categoría indispensable para pensar la dignidad, los derechos y la justicia social desde una perspectiva profundamente humana y fundamento de lo que se puede denominar el humanismo Camilista.

Para el padre Camilo Torres Restrepo, el amor cristiano no podía reducirse a la caridad asistencial ni a la compasión pasiva frente al sufrimiento ajeno. Amar eficazmente significa comprometerse de manera activa y organizada con la transformación de las condiciones materiales que niegan la vida digna a las mayorías. En sus palabras y acciones, el amor verdadero debía producir efectos reales sobre la vida de los pobres, de los excluidos y de las víctimas de la desigualdad estructural. De lo contrario, se convertía en un discurso vacío, moralista y funcional al mantenimiento del orden injusto.

Esta concepción del amor se nutre de una lectura crítica del cristianismo, de la sociología y de la realidad latinoamericana. Camilo comprendió que la pobreza no era un accidente ni una fatalidad, sino el resultado de un sistema económico, político y social profundamente desigual. En ese sentido, el AMOR EFICAZ exigía tomar partido, asumir una opción clara por los oprimidos y disputar el poder que reproduce la injusticia. No se trataba de un amor neutral, sino de un amor situado, conflictivo y transformador.

La vigencia del AMOR EFICAZ resulta particularmente evidente en el contexto actual, caracterizado por múltiples formas de deshumanización. La mercantilización de la vida, la precarización del trabajo, el racismo estructural, la destrucción ambiental, las guerras, los desplazamientos forzados y la normalización del sufrimiento ajeno configuran un escenario en el que la dignidad humana es sistemáticamente erosionada. A ello se suma una cultura del individualismo extremo, que rompe los lazos sociales, debilita la solidaridad y convierte al otro en un competidor, un enemigo o un objeto descartable.

Frente a esta realidad, el AMOR EFICAZ propone una ética radicalmente distinta. Invita a reconstruir el sentido de lo común, a reconocer al otro como sujeto de derechos y a comprender que la realización personal solo es posible en una sociedad justa. El amor, entendido de este modo, deja de ser una emoción privada para convertirse en un principio organizador de la vida social y política. Amar eficazmente implica luchar por sistemas de salud, educación, vivienda y trabajo que garanticen condiciones reales de dignidad para todos y todas.

Además, el AMOR EFICAZ interpela de manera directa a las, democracias contemporáneas, muchas veces vaciadas de contenido social. Camilo entendió que no puede haber democracia real en sociedades profundamente desiguales. Por ello, su propuesta articula amor, justicia social y participación política. La defensa de los derechos humanos no es, desde esta perspectiva, un ejercicio retórico, sino una práctica cotidiana que exige confrontar privilegios, redistribuir el poder y democratizar la riqueza.

Otro aspecto central del AMOR EFICAZ es su dimensión colectiva. Camilo Torres rechazó las soluciones individualistas a problemas estructurales. Para él, la transformación social requería organización popular, conciencia política y acción colectiva. En un mundo donde se promueve la polarización, la apatía, el miedo y la fragmentación social, esta dimensión resulta especialmente relevante.

Recuperar el AMOR EFICAZ supone reactivar la capacidad de los pueblos para organizarse, resistir y construir alternativas basadas en la solidaridad y el cuidado mutuo.

El AMOR EFICAZ plantea una concepción profundamente humana de la esperanza. No una esperanza ingenua o pasiva, sino una esperanza que se construye en la acción, en la lucha y en la coherencia entre pensamiento y práctica. En tiempos de crisis civilizatoria, donde el futuro aparece marcado por la incertidumbre y la exclusión, el legado de Camilo Torres Restrepo ofrece una brújula ética y política para rehumanizar el mundo.

El AMOR EFICAZ no es una idea del pasado ni un gesto romántico de rebeldía, sino una propuesta vigente y urgente. Frente a la deshumanización creciente, propone colocar la vida digna en el centro, asumir la justicia social como condición del amor y comprender que no hay verdadero humanismo sin transformación estructural.

Recuperar el AMOR EFICAZ es, hoy más que nunca, una tarea ética y política para quienes se niegan a aceptar la injusticia como destino y siguen creyendo que otro mundo, más humano y más justo, es posible.

A partir de los fundamentos señalados —y del núcleo ético-político del pensamiento de Camilo Torres Restrepo—, estos 10 enunciados buscan expresar qué significa, en la práctica histórica y política, hacer efectivo el AMOR EFICAZ:

1. El AMOR EFICAZ se expresa en la acción transformadora, no en la simple intención moral ni en el discurso bien intencionado; amar es intervenir sobre las causas estructurales de la injusticia.

2. El AMOR EFICAZ exige organización colectiva, porque el sufrimiento social no se supera con gestos individuales, sino mediante procesos políticos, sociales y comunitarios capaces de disputar el poder que produce exclusión.

3. El AMOR EFICAZ toma partido por los pobres, por las mayorías empobrecidas y por las víctimas de la desigualdad, rompiendo con toda neutralidad frente a la opresión.

4. El AMOR EFICAZ convierte la indignación ética en compromiso político, entendiendo que la injusticia no es un accidente moral sino un resultado de estructuras históricas concretas.

5. El AMOR EFICAZ rechaza la caridad asistencial como solución, cuando esta no transforma las condiciones que reproducen la miseria y termina legitimando el orden injusto.

6. El AMOR EFICAZ defiende la dignidad humana como principio irrenunciable, entendiendo los derechos no como concesiones, sino como conquistas sociales y políticas.

7. El AMOR EFICAZ implica asumir riesgos, porque enfrentar estructuras de poder injustas conlleva conflicto, persecución y, en muchos casos, sacrificio personal.

8. El AMOR EFICAZ articula fe, ética y política, superando la separación entre espiritualidad y vida material, entre creencias y responsabilidad histórica.

9. El AMOR EFICAZ se mide por sus efectos reales, por su capacidad de mejorar la vida concreta de los pueblos y no por la pureza de las intenciones de quienes lo proclaman.

10. El AMOR EFICAZ es una apuesta radical por la humanización, una praxis que busca rehacer lo humano allí donde el sistema produce deshumanización, exclusión y muerte.

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

Ante la tragedia invernal, ¿Se conmoverá la mayoría de la Corte Constitucional? *

 

Por: Yezid García Abello

"¿Qué más pruebas necesita la Corte Constitucional para constatar que los mega-ricos y las casas de apuestas deben ayudar a mitigar la grave crisis humanitaria?" 

El presidente Gustavo Petro, en cumplimiento de sus deberes constitucionales, ha solicitado nueva y formalmente a la Corte Constitucional el levantamiento de la suspensión del decreto de Emergencia Económica, argumentando que la gravedad de la situación climática en la Costa Caribe, pero especialmente en el departamento de Córdoba, es un hecho imprevisible consecuencia del calentamiento global y el desorden derivado en el clima.

La mayoría de la Corte Constitucional no puede seguir anteponiendo sus convicciones políticas y su interés de oponerse al Gobierno del Cambio a la ciencia. Solo una minoría ultraderechista en el mundo, encabezada por el gobierno de Trump, sigue defendiendo que el cambio climático es “un invento de la narrativa izquierdista”. Y es evidente que son hechos imprevisibles porque normalmente en los primeros meses del año no llueve en la Costa, se trata del desplazamiento hacia el sur de un gran frente frío que causa las lluvias cuantiosas y fuera de cualquier predicción

El desastre y el sufrimiento de la población están a la vista: 14 personas fallecidas, 52.000 familias damnificadas, 9.000 viviendas destruidas, 300.000 personas afectadas, cultivos y animales perdidos, la hambruna ronda el campo costeño. ¿Qué más evidencia necesita la mayoría de la Corte Constitucional para permitir que los mega-ricos y las casas de apuestas en línea aporten un poco más impuestos para ayudar a palear semejante tragedia humana?

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

Democracia o simulacro: la cita decisiva del 8 de marzo *

 

Por: Jhon Flórez

Intento de elites colombianas de sacar a Cepeda y al Pacto Histórico del camino fue un error de cálculo que terminará empujando a ciudadanía a respaldar campaña del Pacto y su candidato presidencial

En Colombia, desafiar al poder no es una extravagancia intelectual ni un exceso retórico: es, muchas veces, una condena anticipada. Gustavo Petro lo aprendió desde joven y lo ha pagado con una carrera marcada por amenazas, procesos políticos y una campaña sostenida para deslegitimarlo. Su supuesto “pecado” no es simplemente “gobernar mal” —esa acusación se fue construyendo después, alimentada por columnas, encuestas y operaciones mediáticas—: su verdadero agravio fue atreverse a levantar la alfombra. Y bajo ella no halló sólo polvo, sino un entramado histórico de prácticas que, naturalizadas, configuran el funcionamiento real del Estado: corrupción sistemática, nexos con el narcotráfico, parapolítica que permeó instituciones, élites económicas con ética instrumental y una clase política experta en administrar impunidad simbólica. Petro no creo ese inventario: lo leyó en voz alta. Y en Colombia, nombrar lo prohibido suele ser una transgresión que no se perdona.

De esa transgresión brota un odio que no se explica sólo por el disenso democrático. Es un rechazo visceral de quien se siente desnudo ante el espejo. La historia registra que Petro fue señalado como enemigo mucho antes de ocupar la Casa de Nariño. Hay testimonios y hechos que dan cuenta de amenazas que trascendieron el rumor, y la manera en que la violencia política se ha presentado como método en nuestro pasado reciente hace que determinadas confesiones políticas tengan consecuencias fatales. Cuando supo que su vida estaba en riesgo, Petro tomó una decisión inesperada dentro de la lógica del miedo: no se escondió. Fue al campamento paramilitar, no a negociar su silencio sino a encararlo, armado únicamente de argumentos políticos y de la convicción de que la palabra puede enfrentar al fusil. Ese gesto —en un país donde el terror ha sido instrumento de gobierno— quedó inscrito como una anomalía intolerable para quienes necesitan que el miedo funcione como disciplina social.

La experiencia de Petro como alcalde de Bogotá refinó otra lección: el adversario se incrusta en las mismas estructuras del Estado. Órganos de control convertidos en trincheras partidistas, medios de comunicación actuando como tribunales permanentes, y opositores que vieron en la administración pública un terreno para la obstrucción sistemática. Cuando no pudieron derrotarlo en las urnas, intentaron destituirlo; cuando eso fracasó, aprendieron la lección para una escala mayor. Ese patrón de reacción —bloqueo, litigio político, desacreditación pública— no es casualidad, sino una estrategia que ha probado su eficacia para desactivar agendas de cambio.

La Presidencia, lejos de apaciguar el conflicto, lo hizo visible y más agudo. Llegar al poder por mandato popular desactivó la narrativa del triunfo anecdótico y transformó a Petro en una amenaza tangible para los intereses enquistados. Desde el primer día se activaron mecanismos que, en conjunto, configuran lo que analistas llaman un “golpe blando”: señalamientos sin pruebas concretas (narcotraficante, terrorista, autócrata), bloqueo legislativo sistemático, persecución judicial selectiva, infiltración administrativa, suspensión arbitraria de funcionarios, manipulación informativa y pánico económico inducido. Gobernar dejó de ser gestión para convertirse en una resistencia cotidiana frente a una maquinaria con capacidad de desacreditar y paralizar.

Dos episodios retratan con nitidez ese pulso. La suspensión de la consulta popular y el trámite de las reformas sociales dejaron al descubierto cómo las reglas del juego pueden ser forzadas mediante maniobras reglamentarias y mayorías estratégicas. Impedir que la ciudadanía se pronuncie sobre asuntos de fondo no fue una disfunción del sistema, sino una maniobra calculada para restringir la participación. Tumbar la consulta no fue fortuito: fue el resultado de procedimientos orquestados por fuerzas políticas que optaron por la exclusión antes que por la deliberación pública. A su vez, la reaparición de la reforma laboral, luego de haber sido hundida y bajo un nuevo diseño, no buscó ampliar derechos sino neutralizar el impulso ciudadano, confirmando el cálculo de fondo: adaptar la ley no para democratizarla, sino para vaciarla de su potencial transformador.

El atentado contra un senador opositor fue otro hito que reveló cómo la política violenta y la instrumentalización del dolor pueden converger. El país rechazó el crimen; sin embargo, sectores de la oposición aprovecharon el hecho para convertir la tragedia en proyectil político contra el presidente, buscando asignar culpas morales antes que pedir rigor investigativo. En medio de la conmoción, emergieron maniobras de poder: el desconocimiento explícito de la autoridad presidencial por parte del presidente del senado Efraín Cepeda, negándose a participar en reuniones oficiales de seguridad, para erigirse como cabeza de un poder paralelo. No se trató de un gesto aislado, sino de una estrategia con efectos concretos: despojar al jefe de Estado de su condición de comandante en jefe, degradar su autoridad y normalizar la desobediencia institucional.

La reacción no quedó ahí. Marchas con destinatario único, llamados a militares retirados, solicitudes a organismos internacionales sin pruebas contundentes, y un coro mediático que entonó una misma letanía —Petro divide, Petro provoca, Petro debe dejar de ser Petro— configuraron una ofensiva que buscaba erosionar legitimidad. Cuando las altas Cortes invocan la autonomía en formas selectivas, o cuando decisiones judiciales parecen responder más a la geopolítica interna que a la letra del derecho, la sensación de captura institucional se intensifica. La autonomía judicial es un principio vital; su invocación parcializada y coincidente con intereses políticos es, por el contrario, una forma de usura democrática.

No es improvisación ni simple crisis episódica: tiene nombre y método. “Golpe blando en cámara lenta” describe un proceso de erosión constante diseñado para bloquear transformaciones y preparar el retorno del orden anterior. La violencia de antaño —balas y muertos— ha sido en buena medida complementada por procedimientos, titulares y conspiraciones maquilladas. El resultado es el mismo: cerrar el acceso ciudadano a reformas que cuestionan privilegios. La historia colombiana ofrece ejemplos de intentos de apertura neutralizados —antes por la represión directa, hoy por procedimientos administrativos y mediáticos—. No es azar, es estrategia.

El viaje de Petro a Washington condensó la expectativa opositora. Se apostó a la humillación internacional, a la mueca del anfitrión que confirmara la narrativa local de incompetencia o ilegitimidad. Hubo esfuerzos para denunciar y desacreditar al presidente en el exterior, pero la diplomacia, por su naturaleza pragmática, terminó por neutralizar el guion opositor. Lo que se esperaba que fuese espectáculo fue, en términos básicos, conversación: reconocimiento de canales, discusión de asuntos bilaterales y una agenda donde la soberanía y la interlocución jugaron un papel central. La estrategia de denunciar al propio presidente en foros ajenos quedó expuesta como capítulo de una campaña más amplia: llevar la controversia interna al plano internacional con la esperanza de clausurar espacios políticos locales.

En este escenario, uno de los actores más incómodos para el cambio es Álvaro Uribe. Más allá de animosidades personales, lo que inquieta a sectores vinculados al uribismo es la posibilidad de que investigaciones y testimonios acumulados sobre parapolítica, nexos con estructuras ilegales (narcotráfico) y violaciones al Estado de Derecho cobren relevancia en la arena internacional. Cuando el relato que construyó una hegemonía política se ve acosado por la evidencia, la reacción no es solo política, sino defensiva: emplear todas las herramientas disponibles para desacreditar adversarios y preservar la narrativa de legitimidad.

Ese patrón aparece también en episodios como la intervención del Consejo Nacional Electoral respecto a la participación de Iván Cepeda en la consulta interpartidista. La exclusión, disfrazada de tecnicismo jurídico, actúa como mecanismo político para limitar la competencia. Un órgano que debe garantizar derechos actúa en sintonía con la vieja política cuando decide quién puede competir según la conveniencia. El mensaje es dañino: cuando tribunales electorales se convierten en filtros de conveniencia, la democracia deja de ser un derecho y pasa a ser una concesión. La erosión institucional, entonces, no es sólo teórica: produce efectos concretos sobre representación y opciones políticas.

 Pero la dinámica tiene límites. Cada intento por cerrar el juego ha encontrado, una respuesta social: la ciudadanía. Cuando el sistema falla o se muestra servil a intereses particulares, la sociedad civil se mueve. Hoy, el respaldo popular a figuras que desafían el statu quo no es ingenuidad: es reacción. La política colombiana registra momentos en que, frente a un cerrojo institucional, el pueblo decide abrir el camino por su cuenta. Ese impulso es la razón por la que la élite, desesperada, recurre a atajos: deslegitimación, judicialización selectiva, manipulación mediática. El error clamoroso de quienes buscan excluir a Cepeda y a otros aspirantes no es sólo de táctica: es de cálculo político. Al intentar atajarlos, los impulsan.

Petro y Cepeda comparten, en esencia, un rasgo que incomoda a los poderosos: no doblegarse. Ambos apelan a la ciudadanía como juez último. En países donde la justicia y la institucionalidad han sido capturadas, la legitimidad se desplaza hacia la arena pública: urnas, movilización y conciencia colectiva. Cuando la Constitución se administra como privilegio y la ley se contorsiona según apellidos, el veredicto deja de escribirse en fallos y comienza a pronunciarse en la plaza pública y en las urnas.

 El 8 de marzo se presenta, así como una cita con la historia. No es una jornada puramente táctica ni un plebiscito sobre nombres: es la ocasión para decidir si se acepta que el futuro continúe siendo arrebatado mediante fraudes maquillados, maniobras reglamentarias y silencios cómplices, o si se pone fin al miedo y a la simulación democrática. Votar no es un acto ritual: es un ejercicio de juicio colectivo. Que nadie vote desde el odio hereditario ni desde consignas prestadas; que se vote con memoria, libertad y responsabilidad social. Porque votar sin pensar es obedecer, y la obediencia ha sido desde siempre el negocio del poder.

 Reconocer que la democracia está en riesgo no es proclamar el apocalipsis: es una llamada a la responsabilidad. Cuando las instituciones abdican, cuando la ley se convierte en instrumento de ventaja, la ciudadanía tiene el derecho y el deber de recuperar el juicio. Y si la historia enseña algo es que los intentos por clausurar la participación terminan, en última instancia, abriendo espacios. El desafío, ahora, es sostener esa apertura con propuestas claras, con pedagogía cívica y con la convicción de que la democracia no se mendiga: se ejerce. En marzo la gente tendrá la palabra; que la use para dictar un veredicto que no quede sólo en actas manipulables, sino en la historia viva de un país que decide no regresar a los caminos de la desgracia.

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