Colombia decide su futuro voto a voto

 Por: Jhon Jaiver Flórez G. 

La primera vuelta presidencial del 31 de mayo no será solo una contienda entre candidatos: será un plebiscito sobre el rumbo del país. La pregunta de fondo es clara: ¿continuará Colombia el proceso de reformas para reducir la pobreza y la exclusión, o regresará a las lógicas de concentración de poder y miedo?

El pasado domingo Colombia despertó bajo cielos grises y lluvias dispersas, como si el clima también quisiera participar en la jornada electoral. En ciudades, pueblos y veredas, los votantes se refugiaban bajo paraguas improvisados mientras jurados, estudiantes y observadores organizaban la votación en colegios y salones comunales convertidos, por un día, en templos de la democracia.

La escena era familiar: filas, tarjetones laberínticos, ciudadanos preguntando dónde marcar y testigos electorales discutiendo con solemnidad. En Colombia cada elección es a la vez ritual democrático y prueba de resistencia institucional: se vota, se cuentan los votos, se discuten los resultados y el país sigue adelante, a veces con entusiasmo, otras con resignación.

Las elecciones legislativas y las consultas dejaron una sensación ambivalente. Se eligió un nuevo Congreso y el país avanza hacia la primera vuelta presidencial del 31 de mayo. Pero el mensaje de fondo es otro: el sistema político colombiano, después de décadas de cambios, ya no es el que era.

Para entenderlo hay que mirar atrás. Durante gran parte del siglo XX, Colombia estuvo dominada por el bipartidismo liberal-conservador. Estos partidos no solo competían por el poder: organizaban la vida política y social del país. En muchas regiones se nacía liberal o conservador con la misma naturalidad con que se nace hincha de un equipo de fútbol.

Tras la violencia partidista de mediados del siglo pasado, las élites optaron por una solución muy colombiana: compartir el poder. Así nació el Frente Nacional (1958–1974), que alternó la presidencia entre liberales y conservadores para evitar nuevas guerras civiles. El acuerdo trajo estabilidad, pero también consolidó un sistema excluyente: durante décadas la democracia funcionó como un club de dos partidos, donde quienes estaban fuera tenían escaso acceso al poder.

Ese modelo empezó a resquebrajarse con la Constitución de 1991. La nueva carta abrió el sistema a otras fuerzas y transformó formalmente el bipartidismo en un escenario pluralista. Surgieron partidos y coaliciones nuevas, pero las prácticas siguieron intactas: clientelismo, poder regional y alianzas entre élites. Cambiaron los nombres; la lógica del poder, nunca.

Mientras tanto, otra historia política avanzaba con enormes dificultades: la de la izquierda democrática. Durante décadas su presencia institucional fue marginal, no tanto por debilidad electoral como por la violencia sistemática contra sus dirigentes. En 1985 surgió la Unión Patriótica, un intento de abrir espacios de representación para sectores populares dentro de la democracia. La respuesta fue brutal: miles de militantes y dirigentes —concejales, alcaldes, diputados, congresistas e incluso candidatos presidenciales— fueron asesinados, lo que hoy se reconoce como uno de los genocidios políticos más horrendos de América Latina. No fueron crímenes aislados, sino la convergencia de múltiples poderes —actores armados ilegales, sectores políticos tradicionales, organismos del Estado, estructuras paramilitares, redes del narcotráfico y algunos intereses empresariales— que coincidieron en eliminar a una fuerza política que comenzaba a cuestionar el orden establecido.

El mensaje fue contundente: hacer política desde la izquierda costaba la vida. Durante años ese miedo debilitó a la izquierda. Sin embargo, el siglo XXI trajo cambios graduales. Nuevos movimientos alternativos empezaron a ganar espacios en la política regional; alcaldías y gobernaciones comenzaron a ser ocupados por liderazgos distintos al tradicionalismo. Fue un proceso lento pero constante, que permitió a la izquierda ampliar su base social y disputar apoyo en sectores históricamente marginados.

El punto de inflexión llegó en 2022, cuando la coalición progresista alcanzó la presidencia con Gustavo Petro. Por primera vez, la izquierda logró el poder por vía electoral. El hecho fue histórico y profundamente incómodo para quienes durante generaciones habían administrado el país a su antojo.

Las elecciones del domingo marcaron una transición en la política colombiana, con más de veinte millones de votantes (49,6 % del censo electoral), una participación dentro de los promedios históricos. Sin embargo, lo más significativo es la reconfiguración del mapa político. La derecha y el centro están cada vez más fragmentados, con múltiples candidaturas en competencia, mientras que la izquierda muestra mayor cohesión y un crecimiento sostenido. El antiguo bipartidismo ha desaparecido, dando paso a un sistema plural y polarizado, donde la dispersión predomina en la derecha y el centro, y la izquierda avanza en consolidación.

En la ultraderecha persiste un electorado significativo, como lo evidencia la Gran Consulta por Colombia, que obtuvo más de cinco millones de votos. Sin embargo, este electorado está dividido: por un lado, la derecha radical y populista, representada por Abelardo de la Espriella, con un discurso confrontacional, nacionalista y promesas de mano dura frente a las reformas progresistas; por otro, la derecha institucional vinculada a Álvaro Uribe, que busca reconstruir un liderazgo competitivo con Paloma Valencia, proyectando una moderación calculada para atraer al centro político. La derecha se debate entre intensificar o suavizar su mensaje. 

En el centro, la situación es aún más incierta. Históricamente espacio de moderación y consenso hoy funciona más como puente entre polos que como fuerza propia. Las consultas recientes evidenciaron su fragilidad: liderazgos urbanos conservan presencia, pero no logran consolidar poder decisivo.

La izquierda progresista llega a este nuevo ciclo con su base social y parlamentaria más sólida que en cualquier momento reciente, aunque aún insuficiente para asegurar las mayorías necesarias para impulsar reformas de gran alcance. El desafío es considerable: ampliar apoyos de sectores moderados sin diluir el proyecto político, en medio de un debate público atravesado por temores y manipulación mediática. 

En varias regiones se observó un fenómeno llamativo: incluso donde los candidatos progresistas eran poco conocidos o generaban reservas, las listas obtuvieron un respaldo significativo. Fue el caso del Quindío —históricamente dominado por una clase política tradicional, clientelista y corrupta—, aquí el Pacto Histórico sorprendió con una votación considerable. Algunos analistas hablan de una “ola política”: la convergencia entre el impulso del liderazgo de Gustavo Petro y la creciente visibilidad de la aspiración presidencial de Iván Cepeda. Si esa ola se convierte en una corriente nacional o se diluye en las turbulencias de la campaña presidencial, será finalmente, una decisión ciudadana. Entre lluvias, tarjetones y murmullos en los puestos de votación, la democracia colombiana sigue haciendo lo que ha aprendido a lo largo de su historia: intentar decidir su futuro… voto a voto.

La primera vuelta presidencial del 31 de mayo no será solo una contienda entre candidatos: será un plebiscito sobre el rumbo del país. La pregunta de fondo es clara: ¿continuará Colombia el proceso de reformas que busca reducir desigualdad, pobreza y exclusión, o regresará a las lógicas tradicionales de concentración de poder y miedo?

El Congreso recién elegido define el escenario de esa disputa. La base política del progresismo sugiere una posibilidad real de triunfo, pero alcanzarlo exige más que entusiasmo: demanda trabajo sostenido, presencia en todas las regiones y una ciudadanía consciente del momento histórico que enfrenta.

Porque la democracia no es un regalo; es una responsabilidad. Y en Colombia, tras décadas de violencia, exclusión y manipulación, cada voto cuenta no solo para elegir un gobernante, sino para decidir si el país seguirá avanzando hacia una sociedad más justa o volverá a repetir los errores y horrores del pasado. La historia no espera, y el futuro de Colombia depende de la decisión colectiva de quienes hoy se paran frente a una urna.

* La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

Elecciones Colombia 2026 / 1er asalto. Reflexiones de un Grinch zurdo

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com- 

El principal obstáculo para el cambio en Colombia es ganar la batalla cultural por la descolonización de la mente del ciudadano, aún atrapada en imaginarios conservaduristas y mafiosos que benefician las élites y naturalizan la exclusión.

El reciente primer asalto electoral deja una lectura agridulce para algunes sectores alternativos (o de izquierda como sabiamente se les llamaba antes). Si bien es innegable y celebrable el incremento en la votación de las fuerzas del “progresismo”, este crecimiento numérico no debe ocultar una realidad sociológica profunda y preocupante, en la que se evidencia cómo, un amplio sector de la sociedad colombiana, sigue atrapado en una narrativa de dominación impuesta hace más de dos siglos, que ha creado un poderoso imaginario colectivo en el que se asume como "natural", "debido" y "conveniente" que el destino del país continúe en manos de un reducido grupo de apellidos y familias tradicionales.

Se trata de una élite cuya riqueza, de origen muchas veces discutible y sustentada en el despojo colonial, la apropiación de lo público, el clientelismo y la explotación laboral, pretende equipararse moralmente al esfuerzo de quienes nada tienen. A pesar de que su caudal se ha forjado con el sudor de los más pobres, persiste la creencia inculcada de que son los únicos capacitados para dirigir los rumbos de la nación, perpetuando un statu quo que beneficia a unos pocos en detrimento de las mayorías.

Este avance electoral de una izquierda aún en proceso de maduración institucional y programática es, sin duda, un síntoma de cambio. Sin embargo, esta propuesta política enfrenta la titánica tarea de consolidarse como un verdadero partido que haga tránsito definitivo hacia una plataforma transformadora, capaz de disputarle el poder a los actuales engendros de la derecha. Estos, disfrazados hábilmente de "centro", no proponen otra cosa que mantener intacto un modelo de capitalismo rancio, excluyente y moralmente cuestionado a nivel global, a través del regreso a la violencia institucional como única vía para solucionar la inequidad y los problemas de Colombia.

La gran deuda, y quizá la tarea más urgente y de más largo aliento que tienen por hacer las fuerzas políticas alternativas (o de izquierda como se llamaban hace años), no está únicamente en las urnas, sino en los territorios. Se trata de la lucha cotidiana por descolonizar la mente del ciudadano del común. Una mentalidad que aún permanece enjaulada en esquemas conservaduristas, reforzados por múltiples actores: la manipulación religiosa (tanto católica como evangélica), que dicta conductas y estigmatiza la disidencia; una academia frecuentemente aferrada al modelo cuadriculado y fordista de educación, que forma para la obediencia y no para el pensamiento crítico; y la promoción de falacias como el "emprendimiento autónomo" salvador, encarnado en sistemas multinivel (Herbalife, Yanbal, DMG) o en la ilusión de riqueza fácil a través de internet.

Este coctel de adoctrinamiento ha calado hondo, inculcando la máxima de que el fin (tener plata y darse lujos) justifica los medios, sin importar su procedencia. Se refuerza así, día a día, los estragos de la contracultura narco, que encuentra su máxima expresión política en candidaturas como la de Abelardo de la Espriella o en el culto irracional a un uribismo latifundista y pendenciero, personificado en figuras como Paloma Valencia.

Finalmente, pero no menos importante; mientras la ciudadanía siga eligiendo alcaldes, gobernadores, concejales y diputados que operan en las esferas del clientelismo, la corrupción descarada y la manipulación del hambre y el desempleo, será materialmente imposible construir un modelo alternativo de sociedad. La democracia, en estos contextos, se reduce a un ritual que legitima la exclusión.

Adenda. La sombra del fraude: Resulta imperativo señalar que todo este panorama se ve agravado por el papel de la prensa tradicional de derecha, que sigue empeñada en imponer el relato de la transparencia absoluta del sistema electoral y de la gestión del actual registrador, estos medios intentan blanquear un proceso que, en los territorios, sigue mostrando grietas profundas. A lo largo y ancho del país, ciudadanos y testigos electorales continúan denunciando y aportando pruebas de un posible fraude electoral que habría beneficiado, una vez más, a sectores de la derecha tradicional y a figuras como Paloma Valencia. Tal como lo han venido advirtiendo múltiples movimientos sociales y el propio presidente de Colombia. La distancia entre el relato mediático (Blu, Caracol, RCN, Semana, El Colombiano, etc.) de limpieza electoral y las irregularidades detectadas en las mesas de votación sigue siendo un abismo que alimenta la desconfianza y la ilegitimidad del sistema.

Poder, silencio e impunidad en el Quindío *

Paisaje del Quindío. Tomado del portal Gobierno del Quindío

Por: Jhon Jaiver Flórez G.

Bajo distintas banderas de partidos tradicionales se articulan redes familiares que ejercen tutela sobre alcaldías, concejos, gobernación y asamblea, como si el voto fuera herencia y la administración pública, patrimonio privado.

 

Este 8 de marzo habrá elecciones para el Congreso. Otra vez. La democracia colombiana, incansable en su vocación ceremonial, nos convoca a una nueva fiesta cívica donde el menú ya está definido, los invitados principales repiten traje y el pueblo aporta la vajilla, el aplauso y —como siempre— la paciencia.

En el Quindío —ese corazón geográfico que late en la mitad del mapa y se promociona con aroma a café recién molido— la jornada adquiere algo de liturgia dominical y de comedia de enredos representada hasta el cansancio. Porque el Quindío es, ante todo, una paradoja con paisaje. Paso estratégico entre el sur —incluido Buenaventura, principal puerto del país sobre el Pacífico— y el centro de Colombia, dotado de tierras fértiles y diversidad climática, debería ser potencia agroalimentaria y laboratorio de desarrollo regional.

El verbo “debería” se volvió el himno extraoficial del departamento: se entona cada cuatro años, con la mano en el pecho y el presupuesto en trámite. Armenia, su capital, no es solo la postal del Paisaje Cultural Cafetero, sino la evidencia de un estancamiento que ya no puede llamarse “coyuntural”. Calles congestionadas y deterioradas, arreglos precarios y semáforos inservibles revelan una movilidad colapsada y un deterioro social visible: proliferación de personas en situación de calle, desempleo persistente y rebusque diario. Carretas, ventas ambulantes y mendicidad ocupan el espacio público con vocación de permanencia. La pobreza dejó de ser cifra, para volverse atmósfera: no solo se mide, se respira.

En ese vacío institucional prosperan el microtráfico, la drogadicción, la explotación sexual y diversas formas de delincuencia, engranajes de una economía paralela que florece donde el Estado —capturado por redes clientelares corruptas— no gobierna, sino que administra ausencias con sello y membrete.

Las vías terciarias del departamento —esas arterias prometidas para conectar al campesino con el mercado— lucen impecables en el papel, casi europeas: figuran como intervenidas, financiadas y ejecutadas en informes oficiales acompañados de actas, rendiciones de cuentas y soportes presupuestales. Sin embargo, en el terreno apenas subsisten arreglos fragmentarios, maquillajes por tramos suficientes para la fotografía inaugural, el corte de cinta y la legalización del gasto. Cuando alguna carretera se conserva en condiciones óptimas, suele coincidir —con llamativa precisión geográfica— con la ruta que conduce a la finca de algún dirigente político o aliado. El resto se diluye entre una trazabilidad impecable en hojas de cálculo y una precariedad evidente en el barro. El asfalto, como la esperanza, se distribuye por cuotas: un parche en temporada electoral, polvo en verano y lodazal con las lluvias. Más que descuido, parece un patrón deliberado de administración de la precariedad.

Cada ciclo electoral trae su procesión de contratistas —muchos atrapados en la urgencia de subsistir— convertidos en promotores circunstanciales de candidatos: chalecos estampados, altavoces que saturan el aire y volantes que terminan rodando por las calles como hojarasca cívica. La contaminación no es solo auditiva y visual; también es discursiva. Con solemnidad reciclada se promete, otra vez, que ahora sí. La liturgia se ejecuta con precisión mecánica —discurso difuso, aplauso estratégico, selfie obligada— como si el libreto estuviera blindado contra cualquier rendición de cuentas.

Pero el problema no es únicamente económico; es estructural. En el Quindío —como en el país— la corrupción dejó de escandalizar para integrarse al paisaje moral. Al corrupto no siempre se le condena: se le admira como “un duro” o “un avispado”. Se le absuelve con una ética transaccional: “si robó, pero hizo”; “si saqueó el erario, pero pavimentó la cuadra”; “si se enriqueció, pero da empleo temporal”. La pregunta dejó de ser cuánto se pierde colectivamente para convertirse en cuánto alcanza a tocarle a cada quien.

En este teatro nauseabundo, los clanes políticos —o mejor, politiqueros— son protagonistas. Simulan antagonismo, pero comparten métodos y lógicas. Se disputan espacios de poder, no precisamente por ideas programáticas. Bajo distintas banderas de partidos tradicionales se articulan redes familiares que ejercen tutela sobre alcaldías, concejos, gobernación y asamblea, como si el voto fuera herencia y la administración pública, patrimonio privado. La ideología funciona como utilería; lo sustantivo es la sucesión.

A ello se suman señalamientos de extrema gravedad que, aunque rara vez se formulan de manera abierta, proyectan una sombra persistente sobre la vida pública del departamento: durante más de una década se han registrado episodios violentos —asesinatos— que comparten coincidencias inquietantes y cuyo esclarecimiento integral aún está pendiente. Las investigaciones, cuando avanzan, lo hacen de forma parcial y fragmentada, sin disipar la percepción de que la verdad permanece oculta mientras la impunidad parece normalizarse.

En este contexto, el departamento continúa atrapado en estructuras clientelares que erosionan la confianza ciudadana, lo que hace indispensable la intervención decidida de las más altas instancias de la justicia nacional para garantizar la verdad y restablecer la autoridad moral del Estado.

La Alcaldía y la Gobernación terminan funcionando como engranajes de una misma maquinaria atravesada por la improvisación, la hipertrofia burocrática, el clientelismo y la corrupción. Más que instituciones orientadas por proyectos de largo plazo, operan como plataformas de lealtades cruzadas. Hay concejales que se declaran opositores en el ámbito municipal mientras sellan alianzas en la Gobernación; diputados que ejercen crítica severa en el departamento, pero mantienen cercanía estratégica con la Alcaldía: oposición aquí y cohonestación allá. No se trata de un debate ideológico, sino de una aritmética de conveniencias. En ese juego, el control político se desdibuja y la frontera entre fiscalización legítima y complicidad interesada se vuelve peligrosamente tenue. La alternancia, entonces, es apenas un cambio de apellido en la puerta.

Durante décadas, el departamento ha transitado un letargo que ya no puede atribuirse solo al centralismo bogotano, sino a la captura sistemática de lo público por intereses privados. La academia lo llama patrimonialismo; el ciudadano lo resume mejor: los mismos con las mismas. El campo quindiano, que podría ser despensa nacional, sobrevive entre infraestructura deficiente y crédito escaso. Se apuesta al turismo —porque el paisaje vende—, pero ningún territorio se sostiene únicamente de postales, cafés especiales y fines de semana largos. La economía del aplauso no reemplaza la producción diversificada y sostenible.

Armenia compite en rankings menos turísticos: indigencia persistente, informalidad como forma de supervivencia, juventudes atrapadas entre desempleo y dinero ilegal. Y, sin embargo, en cada campaña reaparece el render del megaproyecto y la promesa de despegue inminente. El progreso siempre parece estar a una elección de distancia.

Este 8 de marzo no es solo una fecha electoral; es un espejo. La pregunta no es únicamente quién ocupará una curul, sino qué ciudadanía seguirá legitimando —con su voto, su abstención o su indiferencia— un modelo eficaz para perpetuarse e insuficiente para transformar. Los clanes no se reproducen solos: necesitan una cultura política que confunda estabilidad con estancamiento y corrupción con fatalidad.

El Quindío, con su riqueza natural y su ubicación estratégica, podría ser ejemplo. Ha sido administrado, en cambio, como finca con escritura privada: un corazón geográfico con arritmia ética.

Este domingo se abrirán las urnas, se contarán los votos y se celebrará la democracia con cifras oficiales y declaraciones optimistas. Al día siguiente, el paisaje seguirá siendo hermoso, las montañas continuarán verdes y el letargo —disciplinado, resiliente, casi profesional— aguardará, paciente, su próxima reelección.

*La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

Y llegaron las elecciones, casi nada de propuestas y mucha corrupción *

Hernán Riaño / Periodista - Dir. SoNoticias

 Por: Hernán Riaño

Alcaldes, gobernadores y candidatos de la derecha han sido denunciados por el uso indebido de los auxilios que está dando el gobierno nacional para decir que son ellos quienes los dan y conquistar así a los electores.

La jornada electoral de 2.026 se inició en 2.025 con la consulta del Pacto Histórico en el que eligieron a Iván Cepeda como candidato a la presidencia y a Carolina Corcho como cabeza de lista al senado de la república. El tercero en discordia, Daniel quintero, renunció a esa competencia, anunciando que era una trampa del CNE, como en realidad sucedió y que participaría en la interpartidista del próximo 8 de marzo (1). 

Después de esa campaña, los seleccionados por el voto popular a las listas de congreso se sumieron en una modorra, en una resaca postelectoral en la que todos, pareciera, se hubieran ganado el cielo y que iban a ser, muy seguramente, según ellos, senadores o representantes solo con el capital electoral de nuestro señor presidente Gustavo Petro. Valga aclarar que es tan grande la popularidad de nuestro mandatario que según las últimas encuestas y después de tres años y medio de gobierno, con todas las trabas y trampas puestas por la derecha, supera el 50% de favorabilidad, y eso que las firmas encuestadoras no van a preguntarle a los campesinos, indígenas y negros directamente a sus regiones; de hacerlo, la sorpresa sería mayúscula.

Ellos volvieron a “trabajar” el 12 de enero, habiéndose perdido un tiempo precioso, que sí aprovechó la derecha para hacer sus trampas acostumbradas y tratar de bloquear las candidaturas de Iván Cepeda a la presidencia y las listas al senado y a la cámara. Algunos de esos obstáculos los pudo superar el partido, pero en otros casos aún a muy pocos días de realizarse las elecciones, la espada de Damocles pende sobre la lista al senado (aún no pude encontrar decisión definitiva) y por observaciones de personas estudiosas y acuciosas, se podría estar cocinado un impedimento a Cepeda para que fuera el candidato del Pacto histórico. Siguen “craneando” formas ilegales de sacar del camino al partido mayoritario de Colombia.

Entremos directo a lo que ha sido la campaña en sí. Por el lado del progresismo hay dos sectores, el del Pacto Histórico y el del Frente por la Vida. El primero tiene listas cerradas cremallera y el segundo, abierta preferente. Infortunadamente en Colombia, los sectores que se dicen cercanos al pueblo no han entendido lo de la lista cerrada cremallera. El fundamento de tener una lista de este tipo, además de lograr el máximo de curules posibles, es que tanto los candidatos como los votantes entiendan que lo importante no son tanto las personas como sí, el programa del partido, que en este caso es el programa de Gustavo Petro, como base. Las condiciones especiales de estos comicios han hecho que esos candidatos no hayan hecho campaña difundiendo y haciendo conocer el programa de gobierno y ni siquiera se hayan mostrado ante el electorado colombiano. Además, las luchas intestinas por querer ser el más popular o quedar en el mejor puesto estuvieron a la orden del día. En el sector del frente por la vida, cada candidato está haciendo su campaña, muchos sin experiencia por ser la primera vez que abordan estas luchas, pero haciendo propuestas de seguir implementado el programa del primer gobierno de izquierda. En ambos sectores, la falta de capital para la financiación de sus campañas ha sido evidente, contrastando con los miles de millones que ha gastado la ultraderecha.

Como es costumbre centenaria, las derechas de este país, hacían sus quehaceres electorales con mentiras, calumnias, falsedades y otras malas artes, también han usado la corrupción al elector, como la compra de votos, el clientelismo o las promesas que no cumplen. Ese ha sido su modus operandi y hasta las elecciones regionales les dio resultado, de hecho, los alcaldes de casi todas las ciudades de Colombia están gobernadas por personas que representan este nauseabundo sector político, así como la mayoría de los gobernadores. Como a estos ultraderechistas solo les interesa seguir depredando los recursos del Estado, no tienen propuestas, que hoy, gracias a lo que se ha conocido y al gobierno del cambio, el pueblo ya no les copia, solo algunos cómplices ignorantes aún son el soporte para llegar a las altas corporaciones. 

Están utilizando todas sus armas, con su mayor potencial, para tratar de llegar y de paso desacreditar a Gustavo Petro y a Iván Cepeda. Han desplegado una campaña de compra de votos como nunca antes se había visto, con unas cotizaciones del sufragio, que, según rumores e informaciones no oficiales, en algunos casos podría llegar al medio millón de pesos. Pero eso no es todo, lo más ruin es aprovecharse de las desgracias de los pobres para tratar de conseguir votos; es así como en los municipios donde el río Sinú afectó a los ciudadanos y la escasez se ha hecho latente, hacen proselitismo electoral con las ayudas estatales (2). O si no, se roban el agua de los hidrantes de los acueductos y se las llevan a los ciudadanos que carecen del líquido, también para exigirles el voto a cambio (3), pero lo más descarado es que están usando las políticas y auxilios que está dando el gobierno para decir que son ellos quienes las dan y conquistar así a los electores.  Alcaldes, gobernadores y candidatos de la ultraderecha han sido denunciados por el uso indebido de estas prácticas, hasta el señor presidente lo ha hecho. 

El “todo vale” parece ser la estrategia de estos personajes que tanto mal le han hecho al país y sus gentes, en esta contienda electoral para derrotar al progresismo y evitar que continúe el proyecto. En los últimos días las incautaciones de dinero para, supuestamente, usarlos en la compra de votos suman más de mil millones de pesos y esta cifra puede subir, ya que el día de las elecciones es cuando más se ve este fenómeno con muchos involucrados en todo el país. 

Han hecho un despliegue de mentiras y falacias en las que quieren imponer una narrativa de que todos los problemas del país nacieron con Petro, pero “prometen” que ellos los van a soluciona.  Tamaña mentira, llevan más de 200 años de espoliación del pueblo y ahora, estos descarados, quieren que el pueblo crea que la ultraderecha son un grupo de ángeles caídos del cielo que vienen a reparar los mismos problemas que causaron. 

La campaña de la oposición, tanto para consultas como para congreso se ha basado solo en hablar mal del presidente y del candidato Iván Cepeda, no pierden adjetivos denigrantes de todo tipo para referirse a ambos, al presidente que deja el cargo y al candidato que muy seguramente, según las encuestas y las manifestaciones, será el segundo presidente progresista de Colombia. Contra Cepeda están usando el mismo libreto que utilizaron en los años 2.018 y 2.022, calificándolo de guerrillero, castrochavista, candidato de la guerrilla comunista o socialista, demostrando una falta de creatividad, inteligencia y su verdadera estupidez. Mientras que las propuestas brillan por su ausencia, ¿alguien sabe que proponen realmente, aparte de apropiarse las realizaciones de Petro y copiar su programa, que han hecho? Valga decir que solo hablan de reivindicaciones sociales en época electoral, pero el verdadero propósito de estos personajes en querer recuperar el gobierno para seguir desangrándolo de todas las formas posibles. Su lenguaje en esta campaña es más compra de votos, más clientelismo, más amenazas, más atentados más violencia y ninguna propuesta en favor del pueblo. Muchos corruptos condenados o investigados están haciendo campaña para si o para sus protegidos sin ruborizarse, haciendo correrías, engañando parroquianos con el mismo discurso de siempre.

Aterra ver como los medios le ponen a su disposición los micrófonos para que digan todo tipo de sandeces que después esos mismos periodistas disfrazan como una verdad inobjetable, no importa que la realidad sea otra, solo quieren venderlos como lo que no son, como si fueran los salvadores del país. Es lo mismo que publicitar un producto como no dañino para la salud, pero que tiene componentes que afectan al ser humano de forma ostensible. Esos mal llamados medios de comunicación, que lo que les han hecho a los colombianos es sumirlos en una ignorancia y embrutecimiento tal, que han logrado el cometido de que los colombianos elijan a los causantes de sus males una y otra vez por varias décadas.

Los ciudadanos, este 8 de marzo, tienen en sus manos y conciencia el destino del país. Hay que salir a votar, lograr las mayorías absolutas en el congreso para que se puedan aprobar las reformas, citar a una constituyente, se pueda elegir buen fiscal, contralor, procurador y magistrados de las altas cortes, que se reforme la justicia que, en este momento, es la madre de todos nuestros males.

¡colombiano, usted tiene la palabra, de usted depende el futuro del país! 

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

https://caracol.com.co/2025/10/15/cne-y-la-registraduria-mataron-la-consulta-del-pacto-historico-por-eso-renuncio-daniel-quintero/ 

https://www.infobae.com/colombia/2026/02/10/petro-denuncia-uso-politico-de-ayudas-estatales-y-compra-de-votos-en-cordoba-eso-es-sinverguenzura-electoral/

https://www.facebook.com/GiroProgresista/posts/pol%C3%ADticos-usando-agua-potable-para-campa%C3%B1as-electorales-petro-ordena-investigaci/929559709595374/https://www.facebook.com/61566450327066/posts/atención-presidente-advierte-acciones-contra-uso-político-del-agua-en-aguachica-/122214470876548344/

https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2026-03-03/la-policia-captura-a-un-escolta-del-secretario-de-la-camara-con-145-millones-de-pesos-en-efectivo-y-propaganda-electoral.html

https://www.infobae.com/colombia/2026/03/04/quedo-en-libertad-el-escolta-del-secretario-general-de-la-camara-que-habia-sido-detenido-con-145-millones-y-publicidad-politica/

El HUMANISMO, DEMOCRÁTICO y POPULAR *

 

En la imagen: Carlos Medina / Historiador y analista político

Por: CARLOS MEDINA GALLEGO

La democracia real se vive en la participación cotidiana, en las decisiones colectivas, en el control social, en la capacidad del pueblo para incidir directamente en su destino. Una estrategia política para volver a mirarnos como pueblo.

Vivimos un tiempo extraño. Un tiempo en el que las identidades políticas se diluyen, las utopías se fragmentan y buena parte de la izquierda camina sin brújula, atrapada en un laberinto de dogmas heredados, prácticas burocráticas y una peligrosa incapacidad para leer el momento histórico. No es solo una crisis de proyectos: es una crisis de sentido.

Durante décadas, la izquierda habló en nombre del pueblo. Hoy, con frecuencia, habla desde periódicos que nadie lee, oficinas que nadie conoce, micrófonos o redes sociales que le hablan a nadie, hablan lejos del dolor real de las mayorías. Se volvió experta en diagnósticos abstractos, pero torpe para escuchar. Se acostumbró a administrar discursos mientras el hambre, la exclusión y la precariedad avanzaban. En muchos casos, sustituyó la ética por el cálculo, la organización popular por el clientelismo, y la estrategia por la improvisación.

No se trata de una acusación ligera. Una parte significativa de la izquierda tradicional terminó reproduciendo los mismos vicios que decía combatir: prácticas corruptas, lógicas de favores, disputas mezquinas por cuotas de poder, sectarismo ideológico y una arrogancia que la alejó de la gente común. Se volvió intolerante con la diferencia, incapaz de construir unidad amplia y profundamente desconectada de las necesidades concretas del presente.

Esta izquierda dogmática confunde radicalidad con rigidez, coherencia con pureza, y compromiso con obediencia ciega. Su lenguaje se volvió hermético. Sus debates, circulares. Sus liderazgos, personalistas. Perdió la capacidad de convocar porque dejó de conmover. Y cuando una fuerza política deja de tocar el corazón del pueblo, empieza lentamente a desaparecer de su horizonte.

Frente a ese agotamiento emerge una pregunta urgente: ¿cómo reconstruir una política que vuelva a poner la vida en el centro?

Aquí es donde el humanismo, democrático y popular, aparece no como una etiqueta, sino como una práctica. No nace para administrar ruinas ni para reciclar viejas jerarquías con nuevos nombres. Nace de una intuición sencilla y profunda: la política solo tiene sentido si sirve para dignificar la existencia humana.

Este humanismo no es neutral. Toma partido por quienes cargan sobre sus espaldas el peso del sistema: trabajadores precarizados, campesinos despojados, mujeres populares, juventudes sin futuro asegurado, comunidades excluidas. No se construye desde arriba ni desde la comodidad de los privilegios. Se construye desde el territorio, desde la escucha, desde la experiencia viva de las mayorías.

Su centro no es el poder como fin, sino la dignidad como horizonte.

Hablar de un humanismo democrático es afirmar que la democracia no puede reducirse al ritual electoral. La democracia real se vive en la participación cotidiana, en las decisiones colectivas, en el control social, en la capacidad del pueblo para incidir directamente en su destino. Es comunitaria, territorial, organizada. Es asamblea, es cabildo, es encuentro barrial. Es pedagogía política permanente. Y es popular porque no delega su esperanza en élites ilustradas ni en salvadores providenciales. Reconoce que los cambios profundos solo nacen de pueblos organizados.

Este enfoque humanista rompe tanto con la derecha tradicional como con una izquierda acomodada. Rompe con la tecnocracia sin alma, con la ética de salón y con la falsa moderación que solo sirve para conservar privilegios.

Rechaza la corrupción como práctica estructural del modelo económico que convierte derechos en mercancías y ciudadanos en consumidores. Entiende que la lucha ética es inseparable de la lucha política. Pero también rompe con el dogmatismo que convierte la teoría en catecismo y la militancia en obediencia.

Rechaza el sectarismo que fragmenta las fuerzas populares. Rechaza el patriarcado, el racismo estructural, el colonialismo mental y toda forma de dominación simbólica. No necesita jerarquías sagradas ni autoridades incuestionables. Convoca conciencias críticas.

Este humanismo es profundamente democrático porque cree en la diversidad, en el diálogo y en la construcción colectiva. No pretende uniformar al pueblo ni imponer verdades únicas. Busca unidad desde la diferencia, articulación desde el respeto, convergencia desde la escucha.

Es también un humanismo militante: no observa la historia desde la tribuna, camina junto a ella. Aprende de las luchas obreras, campesinas, estudiantiles, feministas populares, indígenas y barriales. Defiende la vida en todas sus formas y reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos. Entiende que sin justicia social no hay dignidad posible.

Pero el humanismo democrático y popular no puede quedarse en declaración ética ni en horizonte simbólico. Su verdad se mide en la práctica. Si aspira a ser fuerza histórica, debe encarnarse en tareas concretas, en procesos organizativos reales y en una pedagogía política permanente.

Por eso, este camino exige compromisos claros:

1. La transformación comienza en el territorio. Es necesario promover asambleas barriales, encuentros comunitarios, cabildos abiertos y espacios populares de deliberación, no como eventos ocasionales, sino como ejercicio cotidiano de democracia directa. Allí donde la gente vive, trabaja y resiste debe nacer el poder popular.

2. Es urgente articular las luchas dispersas. Movimientos obreros, campesinos, estudiantiles, feministas populares, indígenas y comunitarios no pueden seguir caminando en paralelo. La fragmentación debilita. La tarea es construir plataformas unitarias, agendas comunes y vocerías colectivas, respetando la diversidad, pero avanzando hacia propósitos compartidos de justicia social.

3. Se requieren escuelas populares de pensamiento crítico, espacios de estudio colectivo y círculos pedagógicos donde el saber académico dialogue con el saber del pueblo. La formación debe emancipar, no disciplinar. El conocimiento tiene que volver a ser herramienta de organización y conciencia.

4. La ética pública radical es condición irrenunciable. Toda práctica clientelista, corrupta o nepotista debe ser combatida desde dentro. Transparencia, rendición de cuentas y control social permanente son pilares para recuperar la confianza popular. Sin coherencia, no hay proyecto transformador posible.

5. Participar en escenarios institucionales solo tiene sentido si fortalece la organización social y amplía derechos.

Ningún cargo puede estar por encima del proyecto colectivo. La representación debe entenderse como mandato popular revocable, no como privilegio personal.

6. Defender la vida debe ser el eje de toda política: paz con justicia social, redistribución real de la riqueza, protección de los territorios y reconocimiento efectivo de la naturaleza como sujeto de derechos. No hay democracia posible en medio del hambre ni libertad donde reina la exclusión.

7. La unidad amplia es indispensable. El adversario principal es el modelo que produce desigualdad y exclusión, no quienes luchan desde distintas orillas populares. La convergencia debe construirse desde el respeto por la diferencia y la conciencia estratégica del momento histórico.

8. Es necesario organizar la esperanza. La indignación aislada se agota; la esperanza organizada transforma. Convertir el malestar social en proyecto político requiere método, paciencia, escucha y trabajo sostenido. No basta con denunciar: hay que proponer, acompañar y permanecer.

El humanismo democrático y popular no promete comodidad. Promete coherencia. No ofrece cargos. Ofrece compromiso. No garantiza seguridad. Garantiza dignidad.

La democracia no se hereda: se construye. La justicia social no se promete: se conquista. La dignidad no se negocia: se ejerce.

Desde estos enunciados simples comienza la tarea de transformación, democracia real, justicia social y construcción de una paz duradera con el pueblo, desde el territorio, con una ética pública a toda prueba y con pensamiento crítico, hasta que la dignidad humana y social se haga costumbre.

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

La exclusión de Iván Cepeda y la prueba ética del progresismo *

Por: Jhon Jaiver Flórez G.

El progresismo no debe olvidar que el poder no se ejerce únicamente desde el Ejecutivo; también se manifiesta en los reglamentos, en los órganos de control y en aquellas instancias que definen quién compite y bajo qué condiciones.

En esta república donde el árbitro pita y juega, el Consejo Nacional Electoral perfecciona jugaditas estratégicas: inclina la cancha sin despeinarse. Nada de escándalos, nada de portazos. Aquí la exclusión no se grita; se notifica. Con voto estrecho y tecnicismo pulcro, dejó por fuera de la consulta del 8 de marzo a Iván Cepeda. Un trámite. Un concepto. Una firma. Y listo.

El argumento fue minimalista —quien participó en una consulta no puede participar en otra—, fórmula aséptica que cabe en un párrafo y desplaza a un candidato que, según la más reciente encuesta de Invamer, marca 43% de intención de voto, lo que lo ubica a siete puntos de ganar la Presidencia en primera vuelta. La norma, aplicada como bisturí, no hizo ruido; hizo efecto. Cuando el procedimiento decide quién compite, deja de ser forma y se convierte en poder. Y cuando el poder se ejerce con guantes blancos, el expediente reemplaza al debate.

Por si la cirugía necesitara puntos de sutura, apareció la jugada complementaria: a días de la elección, el magistrado Álvaro Hernán Prada activó una maniobra contra la lista al Senado del Pacto Histórico y concedió 12 horas para responder en un proceso de revocatoria. Doce horas: la democracia medida en cronómetro. El reloj como doctrina jurídica. Nada espectacular; apenas la exactitud del calendario administrado.

El impacto no es anecdótico, es estructural. Sin Cepeda en la consulta, el progresismo queda ante el dilema clásico: fragmentarse con elegancia o improvisar unidad con premura. Sus competidores celebran la pulcritud del reglamento; sus bases mastican la sospecha. No es un accidente aislado: es una secuencia que condiciona la reorganización del bloque. No es un error administrativo; es arquitectura institucional con vocación de incidencia.

En el Frente por la Vida permanecen, entre otros, Roy Barreras y Daniel Quintero, con registros que apenas rozan el margen de error. Persistir en la consulta puede ser jurídicamente impecable; políticamente, resulta incómodo. Y aquí la crítica no admite maquillaje.

Roy Barreras no es un extraviado ideológico ni un recién llegado al progresismo: es un político tradicional con olfato afinado para sobrevivir. Su trayectoria multicolor —transitando partidos y gobiernos de distinto tono— habla menos de una épica doctrinaria que de una destreza adaptativa. No encarnó el giro progresista; lo leyó con precisión. Cuando el liderazgo de Gustavo Petro abrió una ventana histórica, Barreras entró con habilidad milimétrica y cumplió un papel clave en la consolidación parlamentaria del proyecto. No diseñó el cambio, pero entendió que el cambio cotizaba al alza.

Su gramática pertenece a una escuela anterior: oratoria solemne, retórica amplia, apelaciones de tono épico que privilegian el gesto sobre la ruptura. Más que desmantelar estructuras, administra equilibrios; más que incomodar al poder, negocia con él. Es el operador eficaz que domina los pasillos, los tiempos, las transacciones. Su discurso presume profundidad; rara vez se aventura en la crítica estructural que deja cicatriz.

En ese contexto, mantenerse en la consulta tras la exclusión de Cepeda no es un acto neutro. En política, los gestos pesan más que las aclaraciones. Cuando el órgano electoral altera el tablero y deja fuera al aspirante con mayor respaldo dentro del bloque, la reacción esperable de quien se asume parte del proyecto no es ocupar el vacío, sino cuestionar el mecanismo. Aprovechar la ventana no es ilegal; es revelador.

Barreras y Quintero se comportan más como competidores que olfatean una oportunidad que como miembros de una colectividad dispuestos a resguardar la cohesión interna. La diferencia no es retórica, es estratégica. La solidaridad política no es un gesto sentimental sino un cálculo racional orientado a preservar el proyecto común y su viabilidad en el tiempo. Persistir en una contienda debilitada, bajo reglas que amplios sectores perciben como alteradas, se interpreta menos como la defensa legítima de un derecho individual y más como una apuesta personal en terreno inestable, donde el riesgo no solo es propio sino colectivo.

Esa actitud tiene nombre: mezquindad política. Coloca la aspiración individual por encima de la viabilidad colectiva. En un país que intenta consolidar un proceso de cambio, insistir en candidaturas testimoniales no fortalece la democracia interna; fragmenta la fuerza externa. Y en primera vuelta, la fragmentación suele ser el atajo más corto hacia la restauración que se dice combatir.

Barreras no es anomalía; es síntoma sofisticado de una tradición que convirtió el Estado en espacio de transacción antes que de transformación. Su virtud ha sido el instinto; su límite, la falta de ruptura. Pero el clima cultural mutó: la ciudadanía pasó de aplaudir la elocuencia a exigir resultados verificables. En esa atmósfera, la retórica sin riesgo pierde brillo. La maniobra ya no deslumbra; se audita.

La irrupción de Petro no creó el desgaste de la vieja política, pero sí lo volvió visible. Frente a esa mutación, Barreras aparece como figura bisagra: imprescindible para la mecánica del poder, distante del impulso ético que reclama coherencia. Su capital ha sido la maniobra; su déficit, la definición. Y cuando la época exige claridad antes que destreza, la supervivencia deja de ser mérito suficiente.

Mientras tanto, la derecha —y en particular el Centro Democrático— entendió una lección que el progresismo no puede seguir subestimando: la política no se gana solo en plazas y redes; también se disputa en reglamentos, órganos de control y calendarios. El poder no se ejerce únicamente desde el Ejecutivo; se administra desde las instancias que deciden quién compite y bajo qué condiciones.

Las consultas interpartidistas nacieron para ordenar coaliciones en un sistema fragmentado. Pero cuando la norma opera de modo que desordena a un bloque y deja intacto al otro, el puente se convierte en peaje. Y el peaje, como todo peaje, selecciona quién pasa y quién espera. En ese escenario no basta la indignación digital: si el proyecto de cambio aspira a continuidad, necesita cohesión real. Excluir a Cepeda —con su trayectoria en la defensa de derechos humanos y su protagonismo en debates judiciales de alto calibre— no es un ajuste técnico; es un golpe a la posibilidad de competir articulados.

Petro anunció que no pedirá el tarjetón de la consulta. Cepeda llamó a sus votantes a hacer lo mismo. Es un gesto político para deslegitimar un procedimiento percibido como sesgado. Se podrá discutir la táctica; el síntoma es más profundo: cuando sectores amplios sienten que las reglas están inclinadas, la democracia no estalla; se encoge desde el reglamento.

Este tarjetón incompleto no se resolverá en un estrado ni en un trino. Se resolverá en una decisión colectiva. Si la exclusión se convierte en fractura, el bisturí habrá sido eficaz. Si se transforma en cohesión estratégica, el progresismo habrá demostrado que incluso cuando el árbitro juega para el otro equipo, el partido puede disputarse y ganarse.

La pregunta de fondo ya no es si la norma fue correctamente interpretada, sino si quienes aseguran encarnar el cambio están dispuestos a subordinar la ambición personal al proyecto colectivo. En política, como en el teatro, el protagonista puede aparecer después de levantado el telón; lo decisivo no es el momento de entrada, sino la coherencia del reparto. Pero si el elenco se fractura antes del acto final, no habrá ovación capaz de salvar la obra.

*La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).