LA VITRINA DE LA CONVERSA

jueves, febrero 05, 2026

Un abogado claramente impedido, subalterno de Abelardo, veta la participación de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida *

 

En la imagen: Yezid García Abello - Dirigente PTC

Por: Yezid García Abello

Ultraderecha colombiana, en el tema de honestidad y corrupción la viene sacando del estadio. Caso Epstein y Pastrana: silencio cómplice de los grandes medios y elogio constante a De La Espriella que se jacta de haber sacrificado gatos

El conjuez del Concejo Nacional Electoral, Hollman Ibáñez, que a la postre definió excluir al candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda Castro de participar en la consulta progresista del Frente por la Vida es un gris abogado al servicio de la oficina de Abelardo de la Espriella. Por lo tanto, tratándose de definir un asunto sobre los contendores políticos de su patrón estaba moral y jurídicamente impedido, como a tiempo lo denunciaron fuerzas políticas y periodistas independientes. Los defensores en abstracto de lo que pomposamente definen como «la moral y las buenas costumbres» debían tomar nota, no eludir el bulto, y pronunciarse sobre estas aberraciones éticas y jurídicas. Respaldo total a Iván Cepeda, Roy Barreras, Juan Fernando Cristo, Camilo Romero, Daniel Quintero y candidatos y candidatas que definieron participar en una consulta para elegir una candidatura unitaria del Frente Por la Vida y defender el proyecto político progresista y democrático.

La ultraderecha colombiana, en el tema de la honestidad y la corrupción sí que la viene sacando del estadio: caso de Epstein y Pastrana y el silencio cómplice de los grandes medios, el elogio constante a un personaje como De La Espriella que se jacta de haber sacrificado gatos insertándoles en el ano varios voladores que prendía simultáneamente, el senador norteamericano que fungía de representante de Trump en la tierra y el presidente gringo no sabía siquiera que era colombiano, las maniobras contra el decreto de emergencia económica y su rabiosa negativa a que los mega ricos paguen un poco más de impuestos, la existencia de una parte de la prensa nacional totalmente entregada a las posiciones y las aceitadas de la reacción política.

Respaldo total a Iván Cepeda, Roy Barreras, Juan Fernando Cristo, Camilo Romero, Daniel Quintero y candidatos y candidatas que definieron participar en una consulta para elegir una candidatura unitaria del Frente Por la Vida y defender el proyecto político progresista y democrático.

El arbitrario veto a Cepeda obliga ahora a buscar y encontrar nuevos acuerdos entre ellos, que tengan como base el interés nacional y garanticen la continuidad de los avances sociales conquistados en este cuatrienio.

* La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

miércoles, febrero 04, 2026

PECOS TRUMP Y NO PECOS BILL

 

En la imagen el jurisconsulto y excongresista Germán Navas T.

Por: Germán Navas Talero

Editor: Francisco Cristancho R.

Y mientras Trump insiste en que los Estados Unidos está mejor que nunca, el resto del planeta reconoce que ese país jamás había estado tan mal como ahora

Cuando uno escucha a alguien que se adjudica todo y dice ser el héroe de la historia, se acuerda de Pecos Bill; y luego lo compara uno con aquel demente que hoy es presidente de los Estados Unidos, y se dice: definitivamente quien compuso Pecos Bill no conocía aún a Donald Trump.

Esto, porque el señor Trump -según sus propias versiones-, evitó ocho guerras; cambió el nombre al golfo de México; mejoró la economía de los Estados Unidos “como nunca en la historia”; puso fin a la violencia en su país; y todo lo ‘bueno’ que ha pasado en este siglo ha sido gracias a él.

Por eso, si uno escucha la versión de Pecos Bill, cantada por Luis Aguilé, encuentra que Pecos Bill hizo de todo: Pecos Bill hizo el Río Bravo; formó el golfo de México; evitó sequías; eludió ciclones, y hasta acabó con los indios… Todo eso lo hizo Pecos Bill, y cuando ustedes escuchan la biografía que de sí mismo hace el tunante de Donald Trump, encuentra que el que compuso a Pecos Bill ha debido componerle más bien a Pecos Trump… ¡Porque es igualito!

Y mientras Trump insiste en que los Estados Unidos está mejor que nunca, el resto del planeta reconoce que ese país jamás había estado tan mal como ahora. La economía de los Estados Unidos es -como diría el cachaco- una birria. Está absolutamente por el suelo. Pero, como no faltan los mentirosos, le vamos a dedicar a Donald Trump esta canción de Pecos Bill, reiterando que su título deberías ser: Pecos Trump

https://youtu.be/OsXIhit3kbg?si=w7GHT9d79w0wyhOq

Letra de Pecos Bill…

Arre caballo

Pecos Bill fue un súper hombre en todo Texas

Y por más que se hable de él no es presumir

Era el vaquero más temible, más terrible y más valiente

Ese era el famoso Pecos Bill

Ay ay ay ay lo digo yo

Fue el vaquero más auténtico que existió

...

Unos indios merodeaban Texas City

Y eso a Pecos para nada le gustó

Con su revólver desde un árbol

Mientras se está afeitando

A 2,500 de ellos liquidó

Ay ay ay ay lo digo yo

Fue el vaquero más auténtico que existió

Retrotrayéndonos a nuestra propia realidad, podemos decir que Colombia no ha cambiado nada en este siglo, ni en el pasado tampoco, porque el desbarajuste que había en 1.900, después de la Guerra de los Mil Días, es el mismo desbarajuste que hay hoy en día con diversos actores. En aquella época estaban de moda unas personas como Marco Fidel Suárez o Rafael Reyes, a todos esos no es sino cambiarles el nombre y apellido y nos los encontramos hoy, a través de personajillos como el señor Pastrana, como al presidente de la Cámara de Representantes, o al del Senado; como a los que se roban el presupuesto… ¡son los mismos! Los mismos personajes con distintos nombres; todos igualmente irresponsables y fantoches, a quienes lo único que les importa son los votos.

Ahorita, que se están preparando para las elecciones, comienza uno a ver las vallas. Miren ustedes esas vallas, en ellas aparecen los mismos sujetos con quienes tuve la mala suerte de trabajar hace algunos años en el Congreso de la República. Son los mismos con las mismas mentiras. Sin vergüenza alguna afirman “es que yo sí les voy a cumplir”, y yo me digo: este sujeto era el que se sentaba hace un tiempo junto a mí allá en el Congreso, ¡y no hacía un carajo!; y ahora, con la misma cara, la misma ropa, pero con afiche de otro color, dice que va a cambiar.

Esos piscos, por lo menos los que yo conocí en el Congreso -con unas cuatro o cinco excepciones-, no van a hacer un carajo. Van a hacer lo que hacen personajes como el tal Polo Polo. Quizá algunos se cambien de afiche e incluso cambian de partido, pero siguen siendo los mismos de siempre… Y ni qué decir de las damas. Nunca la mujer colombiana ha estado tan mal representada en el Congreso como en los últimos años. Creo que -con dos o tres excepciones- las demás son iguales a las que ya conocemos: la Cabal, la misma Claudia López…

Y ya que menciono a Claudia López ¿se la imaginan haciendo campaña para la presidencia de la República? Esa señora que fue absolutamente inepta cuando estuvo en la alcaldía de Bogotá, cuando fuera de tirarse a Bogotá no hizo nada más, y ahora dice que va a ser la presidente de este país. ¡Colombia no puede ser tan de malas!

Señores… ¡Piensen antes de votar!

Cuando uno ve una candidata como Claudia López se debe cuestionar bastante; entre otras cosas porque sería bueno que en su campaña la señora López dijera qué pasó con las investigaciones que hay en su contra por despilfarro de dinero en el Distrito. Sería bueno que nos contara cómo se repartió la tajada del Transmilenio entre ella y su socia-esposa. ¿Qué pasó realmente? Alguien que tenga poder jurisdiccional que investigue. A nosotros no nos queda más que chillar por ser tan de malas. La tuvimos como alcaldesa y ahora dizque como aspirante a la presidencia. ¡Qué tal esa señora como presidente de la República! Sería la vergüenza más grande para este pobre país.

Piénsenlo antes votar. Miren bien quién va a ser su candidato. Hay personas muy claras y con buena trayectoria.

Y qué me dicen de aquel otro tunante que también aspira a ser presidente de la República de Colombia: el señor Enrique Peñalosa. ¡El padrino de Claudia! Ese sujeto fue alcalde de Bogotá dos veces. Fue el tipo que arruinó a Bogotá, que la destruyó. Comenzó a desbaratarla con el cuento de Transmilenio en 1999 y no ha acabado de tirársela. Bogotá está deshecha desde esa época. Hay obras que comenzaron en el 99 y aún no terminan. Vayan ustedes a la calle 100 y díganme cuánto hace que esa calle está vuelta nada en aras de las obras que dizque dejó planificadas el individuo ese.

¡Se imaginan ustedes! Si ese sujeto hizo las barbaridades que hizo siendo alcalde, ¿qué haría como presidente de la República? Porque para ser alcalde de Bogotá dijo que era doctorado en urbanismo de París. Pues, según averiguaciones, allá en París pasó junto a la Torre Eiffel y tomó café en una tiendita. Eso fue todo lo que hizo. En algún momento se sacó una fotografía en una universidad por la cual él pasó, pero por el frente, porque nunca estudió ahí. Nosotros averiguamos y allí no aparece ninguna constancia de estudios de ese mentiroso, y sin embargo en su hoja de vida pone que es doctorado de la capital francesa. ¡Mentiroso! Quién sabe qué mentira nos va a traer esta vez que aspira a ser presidente de la república.

Pero hay otras joyitas con la misma aspiración: como el señor De La Espriella, de quien se dice mucho, y cuando el río suena… piedras lleva. No puedo afirmar si lo que se dice de él es cierto o no, pero, ante la duda, abstente. -Y no de opinar, sino de acompañar-. Yo tengo mis dudas sobre el señor De La Espriella y no me las han disipado nunca. Entonces, me abstengo de votar por esos sujetos sobre quienes le caen tamañas dudas.

Hace poco, en uno de esos debates que organiza la ‘gran prensa’ de este país, les preguntaron a algunos candidatos sobre el genocidio a los palestinos en Gaza, y respondieron, a excepción de uno de ellos, que allá no hubo genocidio. Yo creo que no les explicaron qué es un genocidio. Ellos, seguramente, confunden genocidio con un piquete.

Uno de los que afirmó que allí no hubo genocidio fue el señor Juan Manuel Galán, el mayor de los buenos puesteros, el hermano de la corbata que está de alcalde en Bogotá. Para ellos, los miles de palestinos asesinados cobardemente en Gaza seguramente fueron producto del destino o el azar. Genocidio no es una palabra que esté en su léxico.

Recientemente dije en un programa al que me invita Urías Velásquez que seguramente a ellos no les dijeron qué era un genocidio antes de hacerles la pregunta. Para ellos eso debe ser griego. ¿Será que Galán ha estudiado alguna vez qué es eso? ¿O cómo nos justifica los miles de muertos que hay en Gaza? ¿Será que eso fue una pandemia que solo atacó a los palestinos, y principalmente a sus niños? Afirmaron que no ha habido genocidio cuando ya la Corte Penal Internacional tiene procesado a Benjamín Netanyahu. Lo tiene emplazado por genocida, y estos sujetos que aspiran a la presidencia de la República dicen que allá no ha habido ningún genocidio.

Por favor, colombianos, antes de votar para presidente de la República miren quiénes son los candidatos y qué han hecho esos individuos. Qué cosas positivas han hecho, y cuántas mentiras han tenido que aceptarles. Y por favor, lean. La lectura es una de las cosas que más les facilita entender por qué el comportamiento de ciertos políticos en Colombia es así. La respuesta es algo obvia: los políticos en Colombia son así, porque los colombianos siguen votando por ellos.

Coletilla por Deisdre Constanza. La figura de Iván Cepeda incomoda porque desarma los pactos silenciosos. Su mayor virtud no es solo la coherencia ética, sino la persistencia. Cepeda ha sostenido durante décadas una defensa inquebrantable de los derechos humanos, la verdad histórica y la justicia, incluso cuando eso le ha significado persecución política, estigmatización y amenazas. No es un candidato de coyuntura, es el resultado de una trayectoria que no se acomoda al vaivén electoral. Precisamente por eso, presenta un bloqueo político sistemático. Sus contradictores no discuten sus ideas de fondo, prefieren enredarlo en laberintos jurídicos, interpretaciones forzadas de la ley y maniobras procedimentales que buscan excluirlo sin derrotarlo políticamente y en las urnas. Es el viejo truco, cuando no pueden vencerlo en el debate público, intentan sacarlo del tablero. Cepeda representa una izquierda incómoda porque ha demostrado independencia real. El intento de bloquear su participación no es una discusión técnica ni jurídica, es una disputa netamente política, Iván molesta porque recuerda que la ética también es una forma de poder, valor innegable que a muchos políticos se les ha olvidado lo que sígnica.

Hasta la próxima semana.

* La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

martes, febrero 03, 2026

CNE: El Aparato de Guerra Política de la derecha

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

Sociedad colombiana debe vigilar con lupa al CNE, Colombia decente no puede permitir que unas elecciones se ganen o se pierdan en un organismo desprestigiado

Toda democracia está sustentada un pacto de confianza básico: la certeza de que las reglas del juego electoral son claras, imparciales y administradas por un árbitro independiente. En Colombia, esa confianza ha sido dinamitada por la entidad designada para custodiar precisamente ese pacto: el Consejo Nacional Electoral -CNE; un organismo que debería ser el pilar institucional de la legitimidad democrática se ha convertido, debido a su composición y sus recientes actuaciones, en un instrumento de guerra política que amenaza con desestabilizar el proceso electoral y, con él, la ya frágil paz social del país.

El problema del CNE es estructural y comienza con su mecanismo de integración, ya que sus magistrados no son seleccionados por su excelencia académica, su trayectoria intachable en derecho electoral o su probidad reconocida, sino que son elegidos en negociaciones en las que prima el peso electoral y la cuota política de los partidos que los postulan. El resultado es una composición que, en la práctica, refleja los intereses de las maquinarias tradicionales y, sobre todo, el talante de los partidos que han dominado y dominan esta entidad.

Los casos más visibles que demuestran la perversidad estructural del CNE son elocuentes y públicos: Álvaro Hernán Prada (avalado por el Centro Democrático) enfrenta un juicio penal en la Corte Suprema por la presunta manipulación de testigos en el proceso contra Álvaro Uribe Vélez. César Lorduy (Cambio Radical), quien renunció en 2025, cargaba con el estigma de un homicidio culposo en su pasado. Su reemplazo[1], Álvaro Echeverry, llegó tras una votación en el Congreso más afín a la lógica del reparto que a la del mérito. Ante este panorama, … ¿Cómo puede la ciudadanía confiar en la imparcialidad de un organismo integrado por figuras con tan graves cuestionamientos éticos y jurídicos?

Esta crisis de legitimidad se materializa en decisiones concretas que afectan el curso electoral, tal como lo demuestran dos actuaciones recientes del CNE que han encendido las alarmas sobre su sesgo político y arbitrariedad. Por un lado, el CNE designó como conjuez, para decidir sobre la participación del candidato presidencial Iván Cepeda en una consulta, a un abogado que había integrado el equipo de defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez[2], declarado adversario político e incluso enemigo personal de Cepeda en el ámbito judicial, en lo que se constituye como el nombramiento de un conjuez con un conflicto de interés flagrante. Resulta claro que esta designación no constituye un simple error procedimental, sino una burla al debido proceso y a la apariencia de imparcialidad, principios cardinales de cualquier justicia. Basta con recordar que un estudiante de primer año de derecho comprende que un juez no puede conocer de un caso donde fue abogado de una de las partes; el CNE, al parecer, no.

De igual manera, la revocatoria de la inscripción de listas del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes en el departamento del Valle del Cauca [3] raya en lo caprichoso y contradictorio, pues el mismo organismo que otorgó la personería jurídica al Pacto Histórico como partido político procedió a invalidar sus listas. Esta incoherencia en su propio proceder carece de un sustento técnico visible y se interpreta, más bien, como un acto de obstrucción política contra la principal fuerza de gobierno, mediante una maniobra que se denuncia como una guerra jurídica (Lawfare), en la que se usan conveniente y amañadamente, las formas legales para alcanzar fines políticos de exclusión.

Estas acciones de la derecha a través del CNE, su aparato de guerra política, envían un mensaje pavoroso: que las reglas pueden torcerse para beneficiar a unos y perjudicar a otros. Este caldo de cultivo es explosivo. Una ciudadanía que percibe que el árbitro está comprado, que el juego está amañado, pierde la fe en la vía institucional. La historia colombiana y latinoamericana demuestra que la deslegitimación electoral es el preludio del estallido social. La derecha colombiana, electoralmente debilitada pero aún enquistada en instituciones como el CNE, podría verse tentada a orquestar un escenario de caos y desorden a partir de este descontento, para luego ofrecer, una vez más, “soluciones de mano dura” y salidas extrainstitucionales que defenestren el proyecto de cambio en curso.

No se trata de una crítica a decisiones técnicas particulares, sino de una advertencia urgente sobre la captura partidista y el claro sesgo político de un organismo que decide el destino de la contienda democrática. La sociedad colombiana, la prensa independiente, las universidades y las organizaciones internacionales de observación electoral deben rodear y vigilar con lupa cada decisión del CNE.

Colombia decente no puede permitir que una elección se gane o se pierda en las salas de un organismo desprestigiado, antes que en las urnas. Se requiere una reforma estructural profunda que transforme el CNE, pero mientras tanto, la defensa de la democracia pasa por la movilización cívica y la denuncia pública de cada irregularidad.

 

lunes, febrero 02, 2026

La Guerra mediática para sabotear el Cambio en Colombia

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com- 

La reciente y agresiva elevación de las tasas de interés por parte del Emisor, ante una inflación en claro descenso, es un acto de sabotaje económico con fines políticos

En Colombia se libra una guerra silenciosa pero decisiva para mantener el relato económico de la derecha. Mientras el gobierno del presidente Gustavo Petro implementa una política fiscal y social que, según cifras del DANE y el análisis de economistas de talla global de la línea académica de los premios Nobel de Economía, Paul Krugman y David Card;  ha mostrado resultados mesurados y prometedores, sustentados en un eficiente control de inflación, un crecimiento estable y la reducción de la pobreza monetaria; una poderosa maquinaria narrativa, amplificada por la llamada Gran Prensa Colombiana y sus “bots” (humanos y digitales) en redes sociales, se esfuerza por pintar un panorama apocalíptico. 

La maquinaria de desinformación y manipulación de la opinión pública no es espontánea; es orquestada por los grandes grupos económicos colombianos y sus aliados internacionales, quienes utilizan su influencia mediática para sostener un modelo neoliberal agotado y desacreditar cualquier alternativa que favorezca los intereses de las mayorías aún empobrecidas de Colombia y el mundo.

El mecanismo de manipulación informativa es sofisticado y transnacional. Mientras que la prensa hegemónica local, cuyos dueños son los mismos conglomerados con intereses en sectores financieros, extractivos y de servicios, por un lado amplifica y falsea la realidad  del actual contexto colombiano, por el otro lado, reproducen y amplifican el ruido generado por los editoriales y análisis del Financial Times, The Washington Post o The Economist, unas publicaciones que  no son neutrales, toda vez que, por ejemplo,  The Economist es controlado mayoritariamente por las familias Rotschild (Sector financiero internacional) y  Agnelli a través de su holding Exor, con vastos intereses en el capitalismo global. 

No es de extrañar que la línea editorial de este afamado medio de comunicación privilegie la ortodoxia financiera y la desregulación, en concordancia con el proyecto geopolítico y económico que apoya y promueve, que ve con recelo cualquier experimento progresista en el Sur Global. Así, se crea un eco mediático global que presenta la disciplina fiscal ortodoxa y la primacía del mercado como únicas verdades científicas, ignorando deliberadamente los avances en la ciencia económica que cuestionan esos dogmas y validan políticas de estímulo e inversión social en contextos como el colombiano.

Este asedio narrativo sería menos efectivo sin la complicidad de actores institucionales clave dentro de Colombia, los cuales, no obstante, el triunfo electoral de la izquierda a la cabeza del Pacto Histórico, siguen controlados por la derecha tradicional en enclaves de poder como el Banco de la República, ciertas salas de las altas cortes y un bloque significativo en el Congreso. 

La reciente y agresiva elevación de las tasas de interés por parte del Emisor, más allá de cualquier justificación técnica ante una inflación en claro descenso, es el ejemplo claro de un acto de sabotaje económico con fines políticos, cuyos objetivos son: el estrangulamiento del crédito, enfriar la economía, generar descontento por un menor crecimiento y, sobre todo, desfinanciar los programas sociales que son el corazón del programa del Pacto Histórico y su principal gancho electoral. Esta decisión de las mayorías en la Junta Directiva del Banco de la República es una jugada maquiavélica que prioriza el interés de las élites económicas y políticas de centro y centro derecha sobre el bienestar del pueblo colombiano.

Ahora, en plena coyuntura electoral, esta alianza entre el poder económico, los medios hegemónicos e instituciones capturadas entra en su fase más agresiva. Los tanques de pensamiento financiados por los gremios y los especialistas pagados por la mal llamada Gran Prensa Colombiana lanzarán, día tras día, relatos catastróficos sobre el futuro del país, dentro de una campaña de terror financiero diseñada para asustar a la clase media, desmovilizar a los sectores populares y, en última instancia, inflar las pálidas cifras de intención de voto de una derecha sin proyecto ni legitimidad. 

Frente a este poderío, la ciudadanía, pero, sobre todo, los opinadores y comunicadores independientes, tenemos una tarea crucial: Cuestionar la fuente de cada pronóstico nefasto, recordándole, de manera insistente a la sociedad colombiana, que quienes hoy claman por el "riesgo país" son los mismos que se beneficiaron de décadas de un modelo que nos dejó desigualdad y violencia. De igual manera, debemos replicar y amplificar información sustentada en los datos duros y proveniente de los académicos independientes por encima de los editoriales interesados de la prensa nacional e internacional. 

La defensa de la transformación social en Colombia pasa no solo por las urnas, sino por ganar la batalla cultural contra el discurso único, ese que se viste de técnica económica pero que solo vela por la perpetuación de los privilegios de unos pocos. El futuro del país depende de nuestra capacidad de ver más allá del relato del poder.


sábado, enero 31, 2026

Davos: el lugar donde el poder decide y el mundo obedece sin mirar *

 

Protestas en Davos - Suiza. Imagen tomada de Yahoo-Finanzas

Por: Jhon Flórez

El problema no es Davos. El problema es un mundo que aprendió a mirar hacia otro lado mientras le escriben el futuro… y que, en un gesto final de obediencia agradece no haber sido invitado a decidirlo.

Cada enero, mientras la mayor parte de la humanidad sobrevive atrapada en deudas que se reproducen con más eficacia que cualquier política pública, bajo salarios licuados, trabajos fragmentados y angustias cuidadosamente privatizadas, las pantallas cumplen su función histórica: seducen, distraen y anestesian. Fútbol, farándula, guerras convertidas en espectáculo y crisis reducidas a titulares fugaces componen la vieja estrategia del pan y circo, ahora relanzada en 4K, interactiva y con patrocinio financiero. En ese paisaje de distracción administrada, un pequeño pueblo alpino se consagra como el auténtico kilómetro cero del poder global. Davos no es una postal suiza ni un foro más: es el retiro invernal donde las élites, envueltas en lana cara, cafés orgánicos y jerga tecnocrática, ensayan el rediseño del mundo con la serenidad de quien jamás pagará el precio de sus decisiones.

Lo que allí se acuerda no desciende como política, sino como destino. No llega como debate, sino como “realidad”. Se filtra luego sobre sociedades que apenas perciben el evento como ruido blanco, sin tiempo ni margen para preguntarse qué se decide, quién decide y —detalle sistemáticamente omitido— quién cargará, una vez más, con las consecuencias. Davos no convoca pueblos: administra daños. No gobierna Estados: calibra el perímetro de lo posible. Su éxito no reside en la visibilidad, sino en la opacidad funcional con la que convierte decisiones políticas en fatalidades técnicas.

El Foro Económico Mundial nació en 1971 como un discreto encuentro de ejecutivos europeos interesados en aprender las “buenas prácticas” del management estadounidense. Con el tiempo, mutó en una liturgia anual del poder global: jefes de Estado, altos ejecutivos, banqueros, burócratas transnacionales, gurús tecnológicos y fabricantes de opinión reunidos bajo un mismo techo, hablando de diálogo, cooperación, sostenibilidad e innovación, mientras el mundo real se fragmenta, se empobrece, se endeuda y se militariza sin invitación. Davos no representa a la humanidad: la gestiona simbólicamente. No expresa intereses universales: los sustituye por narrativas de consenso.

Su verdadero poder no radica tanto en decidir (que también se hace), sino en hacerlo sin votar, sin actas, sin control democrático y sin responsabilidad política directa. Allí no se gobierna, pero se orienta; no se legisla, pero se condiciona; no se despliegan ejércitos, pero se diseña el terreno donde estos se vuelven necesarios. El poder contemporáneo ya no necesita imponerse por la fuerza: le basta con hacer pasar lo decidido como inevitable. La ideología triunfa cuando se disfraza de sentido común.

En 2026, Davos llega atravesado por una tensión internacional extrema. La llamada “era de la competencia” dejó de ser una categoría académica para convertirse en experiencia cotidiana: guerras abiertas, disputas territoriales, chantajes energéticos, colapso climático y un orden internacional que se deshilacha a plena vista. El retorno de Donald Trump ya no aparece como anomalía histórica, sino como síntoma estructural: la amenaza sobre Groenlandia, el reciclaje explícito de la doctrina Monroe —ahora con branding renovado— y la confirmación tácita de que el derecho internacional es un adorno prescindible cuando incomoda a Washington. La legalidad global se tolera solo mientras no interfiera con la acumulación.

Gaza, Groenlandia, Ucrania, Taiwán, Venezuela y el Ártico no son episodios aislados, sino piezas de un mismo tablero. En Davos, incluso el despojo se formula con lenguaje técnico: la rapiña se presenta como “negociación racional”; la guerra se vuelve “ajuste geopolítico”; el saqueo, “optimización de recursos”. Tucídides sigue vigente: los fuertes hacen lo que pueden; los débiles sufren lo que deben. La diferencia es que ahora el cinismo se pronuncia en inglés corporativo y se aplaude en paneles patrocinados.

Klaus Schwab comprendió algo esencial: el capitalismo no sobrevive solo con ganancias; necesita relato. De ahí emergen fórmulas como “capitalismo participativo”, “economía social de mercado”, “desarrollo sostenible” o “Gran Reinicio”: oximorones cuidadosamente pulidos para maquillar una concentración de poder cada vez más obscena. La Cuarta Revolución Industrial avanza expulsando trabajadores, normalizando la vigilancia, privatizando datos y delegando decisiones humanas a algoritmos que nadie eligió y nadie controla. La promesa de eficiencia encubre una transferencia silenciosa —pero brutal— de poder.

El paso de Elon Musk por Davos fue una caricatura perfecta del momento histórico: bromas cínicas, confusión entre paz y pedazo, promesas de robots cuidadores y la fantasía de un mundo donde los vínculos humanos son un estorbo. La sátira se vuelve tragedia cuando se constata que el sistema ya ha producido sujetos suficientemente domesticados como para aceptar ese horizonte sin resistencia. El futuro ya no se discute: se consume como demo tecnológica.

Si Davos funciona como el laboratorio del nuevo orden global, América Latina comparece allí no como sujeto histórico, sino como objeto de administración. No delibera: es deliberada. No propone: es procesada. Su lugar no es el de la decisión, sino el de la ejecución. Y lo más grave es que esta condición no obedece únicamente a presiones externas, sino a una elección consciente de amplios sectores de las élites políticas y económicas regionales, que han convertido la subordinación en estrategia, la obediencia en virtud y la renuncia a la soberanía en proyecto político. La dependencia ya no se impone solo por la fuerza: se internaliza como racionalidad de gobierno.

En ese esquema, la regla es simple y brutal: los gobiernos dóciles son premiados; cualquier atisbo —incluso tímido— de autonomía es castigado. Argentina, Ecuador, El Salvador y el giro reciente de Chile encarnan la obediencia convertida en política de Estado. México, Cuba, Colombia y Brasil son periódicamente disciplinados cuando ensayan márgenes propios de decisión. La presión mediática, financiera, diplomática y jurídica opera como una pedagogía del sometimiento finamente calibrada. No persuade: adiestra.

Venezuela, sin embargo, no encaja del todo en ese libreto. No ha sido convertida en epicentro de disputa por la naturaleza de su régimen político, ni por la retórica selectiva de los derechos humanos, ni siquiera por el sufrimiento real de su población bajo un bloqueo económico prolongado. Su singularidad es más elemental y peligrosa: posee las mayores reservas probadas de petróleo del planeta. En el orden global contemporáneo, esa riqueza no es un derecho soberano, sino una provocación geopolítica. Venezuela no es castigada por lo que hace, sino por lo que es. Su tragedia no es solo política ni moral: es material. Y revela una verdad incómoda del sistema internacional: la soberanía es tolerable hasta que se ejerce sobre recursos vitales; a partir de ahí, se convierte en amenaza.

Colombia, enclave histórico de Washington, enfrenta hoy con particular crudeza su dilema más persistente: profundizar su proyecto progresista que conciba la autonomía —política, económica y geopolítica— como condición material del desarrollo, o replegarse, una vez más, sobre la senda conocida de la dependencia administrada, presentada cínicamente como estabilidad. Cualquier intento de avanzar hacia la paz, la justicia social, la integración regional o una política exterior mínimamente no subordinada activa de inmediato los dispositivos del cerco político, mediático y financiero, verdaderos aparatos de corrección ideológica del orden hemisférico. No se trata de una anomalía coyuntural, sino de la reiteración mecánica de un libreto disciplinario largamente ensayado. En Colombia, como en buena parte del sur global, la autonomía nunca ha sido un problema técnico: es una falta moral imperdonable.

Si Davos es el laboratorio del orden global, sus réplicas regionales funcionan como salas de ensayo. No deciden el guion, pero aprenden a recitarlo. Bajo esa lógica debe leerse el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por la CAF en Ciudad de Panamá: una versión tropicalizada del ritual, con más calor humano, menos nieve y el mismo léxico cuidadosamente higienizado. Se habla de inclusión sin tocar acumulación; de crisis climática sin incomodar al capital fósil; de soberanía sin rozar el control real de los recursos. El foro no engaña: administra expectativas.

En ese escenario, la intervención de Gustavo Petro introduce una fisura incómoda. No rompe el dispositivo, pero lo tensiona. Petro no habla el idioma de la resignación tecnocrática: nombra la desigualdad como producto histórico, la crisis climática como consecuencia directa del capitalismo fósil y la deuda como mecanismo estructural de dominación. No ofrece recetas de manual ni promesas de “estabilidad macroeconómica” vaciadas de contenido social. Recuerda —con una obviedad casi subversiva— que la riqueza no nace del mercado, sino de la tierra y del trabajo vivo; que no hay transición energética sin justicia social; que no existe democracia viable bajo desigualdad extrema.

Por eso incomoda. Porque introduce política donde se esperaba gestión, conflicto donde se buscaba consenso, historia donde se exigía olvido. La reacción del foro es elocuente: escucha atenta, aplauso medido, archivo inmediato. La crítica es absorbida, neutralizada, convertida en “voz interesante”. Así opera el poder contemporáneo: no censura, encuadra; no reprime, diluye; no silencia, administra. Davos no es un lugar. Es un método. Un dispositivo que produce realidad mientras simula discutirla. Y su mayor triunfo no es concentrar poder, sino lograr que la mayoría no entienda cómo opera, ni dónde, ni para quién.

América Latina sigue entrando allí como proveedor, experimento o súbdita. El verdadero riesgo no es quedar fuera de Davos ni de sus sucursales tropicales. El verdadero riesgo es seguir entrando de rodillas, aceptar el guion como destino y llamar a esa renuncia “pragmatismo”.

Porque cuando la dominación ya no necesita esconderse, cuando el poder se presenta como consenso y la desigualdad como orden natural, el problema no es Davos. El problema es un mundo que aprendió a mirar hacia otro lado mientras le escriben el futuro… y que, en un gesto final de obediencia perfecta, incluso agradece no haber sido invitado a decidirlo.

* La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

viernes, enero 30, 2026

La arquitectura constitucional de 1991 y la crisis de la Justicia

 


Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@Gmail.com-

La suspensión del decreto declaratorio del estado de emergencia impide al gobierno expedir nuevos decretos legislativos basados en esa figura. Sin embargo, los decretos legislativos ya dictados mantienen su validez y continúan produciendo efectos jurídicos. José G. Hernández – Ex magistrado de la C. Constitucional

Han transcurrido más de tres décadas desde que la Carta Política de 1991 ilusionó a una nación con un nuevo pacto social, fundado en la promesa de un Estado Social de Derecho, pluralista y con mecanismos robustos para proteger la democracia y los derechos fundamentales. Hoy, sin embargo, ese edificio constitucional muestra grietas estructurales profundas, evidenciando no solo inconveniencias, sino fallas sistémicas que comprometen su legitimidad y eficacia. El diagnóstico es claro: Colombia requiere, con urgencia, un profundo rediseño de la arquitectura de su Estado. Si bien, una Asamblea Nacional Constituyente es y debe ser objeto de un debate nacional serio y no exento de cautelas, la necesidad de una reforma estructural es cada día más ineludible.

El núcleo de la crisis actual reside en la perversión del esquema de pesos y contrapesos, específicamente en la cooptación política de las altas cortes y los órganos de control. El diseño de elección de magistrados para la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, basado en un sistema de listas y postulaciones en las que el Congreso colombiano tiene la última palabra, ha degenerado en la práctica nociva del “tú me eliges, yo te elijo”, una práctica política que, lejos de garantizar independencia, ha sembrado el clientelismo en el corazón del poder judicial. El resultado no es la selección de los más idóneos por su excelencia técnica o trayectoria intachable, sino la composición de cortes cuyos integrantes reflejan, con demasiada frecuencia, los pulsos y cuotas de poder de las coaliciones políticas dominantes en el legislativo.

Esta cooptación ha tenido un efecto corrosivo debido a que las decisiones de las altas cortes, que deberían ser faros de imparcialidad y rigor jurídico, están siendo observadas por la ciudadanía con una suspicacia creciente, al percibirse en ellas excesivos sesgos ideológicos, partidistas y clasistas. En este reiterado escenario, se ha diluido la línea entre la interpretación jurídica y la defensa de intereses políticos o económicos particulares. La independencia judicial, pilar fundamental de cualquier democracia, se ve así socavada desde su base, transformando a los máximos tribunales en arenas de disputa política por otros medios, desnaturalizando su función esencial en un Estado Social de Derecho.

Un ejemplo reciente y aleccionador de esta crisis es el manejo dado por la actual Corte Constitucional a los Decretos de Emergencia Económica, expedidos por el actual gobierno nacional de Gustavo Petro. Al abandonar una línea jurisprudencial de casi 30 años, que privilegiaba el examen de fondo sobre la constitucionalidad de las normas sometidas a su control, para enredarse en discusiones no tan indispensables, para ampliar, de manera cuestionable, la discusión exclusivamente constitucional de fondo; la Corte apareció ante la opinión pública no como el guardián abstracto de la Carta, sino como un actor político más. Esta actuación, interpretada por muchos como alineada con los intereses de la oposición política al gobierno nacional, erosiona la credibilidad de la institución.

A esta crítica funcional se suma una de carácter ético y moral relacionada con la sombra de desconfianza en la probidad de algunos magistrados. Casos como los de magistrados cuyos pasados están marcados por señalamientos de manejo clientelista, o aquellos envueltos en escándalos personales que comprometen su imagen de integridad [1], son una herida autoinfligida a una institución como la Corte Constitucional que debe estar compuesta por personas cuya vida pública y privada resista el escrutinio más severo.

Este panorama se agrava por las peculiaridades del modelo de justicia colombiano, que combina tradiciones del derecho continental con una enorme preponderancia de la jurisprudencia. Esta combinación puede generar inseguridad jurídica al favorecer interpretaciones volubles, debidas a que, el cambio de composición de una sala, a su vez, puede significar un giro abrupto en la jurisprudencia, generando escenarios más ligados a la correlación de fuerzas ideológicas al interior del tribunal que a una evolución doctrinal sólida y previsible.

La suma de estos factores (cooptación, sesgo, desconfianza en la probidad e inseguridad jurídica) configura una crisis de legitimidad de las altas cortes. Cuando estas dejan de ser vistas como instancias técnicas y se las percibe como apéndices del juego político, el sistema en su conjunto se resiente. El riesgo es que, ante esta debilidad, las cortes queden expuestas a nuevos y más graves ataques en el futuro, como los que ya padecieron en los periodos de gobierno uribista, en los que su independencia fue acosada y puesta en jaque.

Por todo lo anterior, el llamado a un rediseño profundo de la arquitectura estatal no es un capricho académico ni una maniobra política coyuntural. Es una necesidad imperiosa para salvar a las instituciones de sí mismas. Se requiere repensar, entre otros, los mecanismos de elección de magistrados para blindarlos de la cooptación partidista, fortalecer los criterios de mérito e idoneidad, establecer períodos que impidan la búsqueda de reelecciones politizadas y revisar el modelo de justicia para dotarlo de mayor coherencia y predictibilidad.

La Carta política de 1991 abrió puertas fundamentales en materia de derechos, pero falló en construir los diques suficientes para proteger la independencia judicial de la vorágine política. El momento es ahora, antes de que la erosión de la confianza en la justicia sea irreversible. Colombia merece unas instituciones que funcionen con armonía, independencia y, sobre todo, con una legitimidad inquebrantable. Lograrlo exige el coraje de reformar lo que, evidentemente, ya no funciona.