Por: Jhon Jaiver Flórez G.
Y un país que no
confía ni en cómo se cuentan sus votos ni en lo que representan sus símbolos se
aproxima a una forma más sutil de crisis: una democracia en la que todos
participan, pero nadie cree.
En Colombia, votar ha sido más un acto de fe que de
convicción democrática: una fe criolla, resignada, cercana al “que sea lo que
Dios quiera”. Desde el nacimiento de la república, las elecciones no solo han
sido un mecanismo de participación, sino también un laboratorio de ingenio
político… y de creatividad para la trampa.
La historia, por supuesto, no olvida.
La noche de las Elecciones presidenciales de 1970 es, quizá,
la escena fundacional de esta costumbre nacional. Las emisoras daban como
ganador a Gustavo Rojas Pinilla. La diferencia era clara, el país expectante.
Pero entonces ocurrió el milagro electoral colombiano: el silencio. Se
suspendieron los boletines, se invocó el orden… y al amanecer, como por obra de
una aritmética disciplinada, el ganador resultó ser Misael Pastrana.
En Colombia, los votos no siempre desaparecen: se
transforman.
Desde entonces, el país perfeccionó una tradición no
escrita: la democracia funciona, pero con ajustes. Ajustes técnicos, humanos,
logísticos… o convenientemente “operativos”. Porque si algo han entendido las
élites es que el poder no se disputa únicamente en las urnas, sino en las
maniobras después de cerrarlas. Ahí empieza el verdadero conteo.
Hoy, décadas después, el lenguaje se ha sofisticado. Ya no
se habla de fraude —demasiado tosco— sino de “inconsistencias”, “errores
humanos”, “fallas de trazabilidad”. Una semántica elegante que administra una
sospecha persistente.
En las elecciones recientes, el país volvió a mirarse al
espejo. El Pacto Histórico denunció anomalías que no constituyen necesariamente
un fraude monumental, pero sí algo más inquietante: una suma de irregularidades
que, como grietas pequeñas en una represa, terminan por comprometer toda la
estructura. Mesas con silencios estadísticos, formularios E-14 diligenciados
con más interpretación que rigor, diferencias improbables entre registros.
Y, por supuesto, ese clásico inmortal: el muerto que vota.
Porque en Colombia la vida puede ser incierta, pero la participación electoral
parece trascender la muerte.
Susurra en el jurado que “se equivoca”; en el dato que no
aparece; en el formulario que no coincide… pero se valida. Susurra también en
el software: ese nuevo oráculo digital al que se le exige fe, sin permitirle
herejías de auditoría.
El presidente Gustavo Petro lo ha advertido: un sistema
electoral sin auditoría plena no es garantía democrática, sino confianza
impuesta. Y en Colombia, imponer confianza ha sido, históricamente, un método
de gobierno.
Porque la pregunta no es si el sistema falla, sino a quién
le conviene que falle. Y es en ese punto donde la historia deja de ser relato
para convertirse en estructura.
Durante décadas, la política colombiana ha funcionado bajo
una lógica más eficaz que cualquier fraude: el clientelismo. Comprar votos,
administrar necesidades, intermediar la precariedad. Aquí el problema no es
solo cómo se cuentan los votos, sino cómo se producen.
El fraude empieza mucho antes del escrutinio. Inicia cuando
el voto deja de ser un derecho y se convierte en transacción. Cuando la
representación se sustituye por favores. Cuando la democracia opera como una
economía informal del poder.
Y, justo cuando el país intenta descifrar si sus votos
cuentan, la política abre su segundo acto: el teatro de las fórmulas
vicepresidenciales. En Colombia no basta contar votos: hay que interpretar lo
que significan.
La designación de Aída Quilcué como fórmula de Iván Cepeda
irrumpe como una fractura en la narrativa tradicional del poder. No es una
candidatura más: es la irrupción de una memoria históricamente excluida.
Durante siglos, los pueblos indígenas fueron administrados, desplazados y
subordinados; la nación se construyó sobre ellos, pero sin ellos. Quilcué no
encarna solo una opción política: encarna una historia que se niega a
desaparecer.
Es una memoria que incomoda, porque no cabe en los salones
del poder sin desbordarlos ni puede reducirse a símbolo sin perder su densidad.
Su vida —marcada por la violencia, el asesinato de su esposo, la persecución y
la resistencia— no es excepcional: es representativa. En ella se condensa la
trayectoria de un país que ha intentado integrar sin transformarse. Y allí
emerge la pregunta incómoda: ¿se trata de una transformación real o de una
inclusión administrada?
Porque Colombia ha demostrado una habilidad notable:
convertir la resistencia en relato y el relato en ornamento institucional. El
riesgo no es Quilcué, sino el sistema que aprende a exhibirla sin
transformarse: un museo viviente de su propia deuda histórica.
Esa deuda —que el sistema administra más de lo que resuelve—
se remonta a los orígenes mismos de la república. Mientras se proclamaba la
libertad, las estructuras de poder apenas cambiaban de forma. Familias como las
que dieron origen a Paloma Valencia en el Cauca no desaparecieron con la
independencia: se adaptaron.
La tierra no se redistribuyó: se heredó. Y con ella, el
poder.
La élite terrateniente criolla no emergió: se recicló.
Comprendió que la independencia no era una ruptura, sino una oportunidad para
administrar directamente lo que antes dependía de la Corona. La república no
desmontó la colonia: la reorganizó.
En el siglo XIX, mientras la esclavitud se abolía en el
papel, en la práctica se reinventaba: el peón endeudado, el jornalero sin
tierra, el indígena confinado. Cambiaron las formas; persistieron las
relaciones.
En regiones como el Cauca, el poder dejó de imponerse
mediante violencia explícita y empezó a operar bajo la cobertura de una
legalidad conveniente. El despojo se volvió procedimiento; la ley, instrumento;
el Estado, extensión de la propiedad. Quien tenía tierra tenía país; quien no,
apenas lo habitaba.
En ese contexto, la figura de Paloma Valencia trasciende lo
individual. Representa la continuidad de una tradición política que ha sabido
transformarse sin perder su esencia: una élite que habla en nombre de la nación
mientras preserva sus fronteras históricas.
El contraste es inevitable.
De un lado, Quilcué: la irrupción de la historia negada, la
memoria que resiste, el territorio que reclama. Del otro, Valencia: la
continuidad de una estructura que convirtió la herencia en legitimidad
política. No es un contraste de personas: es un choque entre una historia que
irrumpe y otra que nunca se ha ido.
Y, en medio de esa antítesis, irrumpe Juan Daniel Oviedo,
fórmula de Valencia, y con él una paradoja: un hombre abiertamente gay en un
proyecto político que no solo niega la ampliación de derechos para la población
OSIGD, sino que también los ha vulnerado. Aquí la política alcanza su
sofisticación máxima: deja de excluir para empezar a integrar estratégicamente.
Oviedo no es una excepción, sino un síntoma. Representa una
lógica donde la identidad no garantiza agenda, donde la inclusión no implica
transformación. Donde la diversidad puede ser incorporada sin alterar las
estructuras que históricamente la limitaron.
Una inclusión sin incomodidad; una diversidad funcional. Y
así, mientras los votos se cuentan —o se reescriben— y los símbolos se
despliegan, Colombia perfecciona su arte político más eficaz: reemplazar las
soluciones por relatos.
Un país donde el fraude se vuelve técnico, la
representación, estética y la democracia, costumbre. Al final, todo converge en
una paradoja persistente: las irregularidades no siempre cambian los
resultados, pero sí erosionan la confianza; los símbolos no transforman el
poder, pero lo legitiman.
En ese equilibrio precario, la democracia colombiana
sobrevive, no por su fortaleza, sino por su inercia; por eso votar sigue siendo
un acto de fe, pero incluso la fe, cuando se traiciona demasiado, se rompe.
Y un país que no confía ni en cómo se cuentan sus votos ni
en lo que representan sus símbolos se aproxima a una forma más sutil de crisis:
una democracia en la que todos participan, pero nadie cree.
Porque en Colombia no basta con elegir.
Algún día habrá que demostrar que lo elegido —de verdad—
cuenta.
* La
Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as)
colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o
sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son
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