LA GUERRA CULTURAL CONTRA EL PLURALISMO DEMOCRÁTICO *

En la imagen: Carlos Medina / Historiador - Analista Político

Por:  CARLOS MEDINA GALLEGO

Ningún presidente, ministro o partido político puede proclamarse propietario de la memoria nacional

La controversia provocada por el retiro de un conjunto de obras del Museo Nacional de Colombia trasciende ampliamente los límites de una discusión museográfica. Lo que está en juego no es solamente la permanencia de determinadas piezas en una exposición, sino el derecho de la sociedad colombiana a conocer, interpretar y debatir críticamente su propia historia.

En el fondo, asistimos a una disputa por el control de la memoria colectiva, la construcción de la identidad nacional y la legitimidad histórica de las luchas sociales y políticas que han transformado el país.

La llamada guerra cultural del gobierno de Abelardo de la Espriella encuentra en este episodio una de sus expresiones más preocupantes. Bajo el argumento de combatir el adoctrinamiento ideológico, el denominado wokismo y la supuesta exaltación de organizaciones insurgentes, se plantea una intervención sobre las instituciones culturales que puede terminar subordinando el conocimiento histórico a las preferencias políticas del poder ejecutivo.

La paradoja resulta evidente: un Gobierno que afirma combatir el adoctrinamiento corre el riesgo de instaurar su propia modalidad de adoctrinamiento institucional y político profundamente ideologizado.

1. LA MEMORIA HISTÓRICA como escenario de confrontación política

El retiro reportado de aproximadamente treinta piezas relacionadas con el feminismo, la diversidad sexual, los procesos de paz y la violencia política plantea un interrogante esencial: ¿quién tiene autoridad para decidir cuáles acontecimientos, protagonistas y experiencias merecen ocupar un lugar en la memoria pública?

Los museos nacionales no son simples depósitos de objetos antiguos. Son instituciones encargadas de preservar, investigar y comunicar las múltiples experiencias que constituyen la historia de una sociedad. Su responsabilidad no consiste en producir relatos complacientes con los gobiernos, sino en ofrecer interpretaciones rigurosas, críticas y plurales del pasado.

Cuando las decisiones curatoriales se subordinan a orientaciones ideológicas gubernamentales, aparece el peligro de convertir el patrimonio cultural en instrumento de legitimación política.

La Constitución de 1991 reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación, protege la libertad de expresión y establece obligaciones estatales relacionadas con el acceso a la cultura. Estos principios no son concesiones discrecionales del gobernante: constituyen límites constitucionales al ejercicio del poder.

2. UNA NACIÓN PLURAL que no puede reducirse a una sola identidad

La ofensiva contra determinadas expresiones culturales revela una concepción restrictiva de la identidad colombiana. Desde esa perspectiva, las luchas feministas, los movimientos de diversidad sexual, las organizaciones populares y determinadas experiencias políticas aparecen como elementos perturbadores de una supuesta tradición nacional homogénea.

Sin embargo, Colombia nunca ha sido una sociedad cultural ni políticamente uniforme. Su historia está atravesada por confrontaciones sociales, resistencias campesinas, movilizaciones estudiantiles, reivindicaciones de las mujeres, luchas indígenas y afrodescendientes, conflictos armados y esfuerzos persistentes por construir la paz.

Excluir estas experiencias de los relatos institucionales significa empobrecer la comprensión del país.

Particularmente delicada resulta la intervención sobre objetos relacionados con antiguos movimientos insurgentes y procesos de negociación política. La presencia de testimonios históricos vinculados con Carlos Pizarro o con organizaciones guerrilleras no constituye, por sí misma, una reivindicación de la violencia.

Explicar históricamente una organización armada no equivale a justificar sus acciones. Confundir conocimiento histórico con apología política desconoce los principios fundamentales de la investigación académica y de la pedagogía democrática.

La memoria del conflicto debe permitir comprender las responsabilidades de los actores armados, los sufrimientos de las víctimas, las condiciones sociales de la confrontación y las posibilidades de transformación política que abrieron los acuerdos de paz.

3 DEL CONTROL CULTURAL al riesgo autoritario

El aspecto más preocupante de esta controversia reside en sus posibles consecuencias institucionales. Si el poder ejecutivo establece que determinadas expresiones históricas resultan incompatibles con su proyecto político, ¿qué impediría extender esos criterios a bibliotecas, archivos, universidades y programas educativos?

La autonomía cultural no significa ausencia de responsabilidad pública. Significa que las decisiones sobre patrimonio, investigación y exhibición deben sustentarse en criterios profesionales, procedimientos transparentes y deliberación democrática.

Los gobiernos tienen legitimidad para orientar políticas culturales, pero no poseen un derecho ilimitado para imponer interpretaciones oficiales de la historia.

La diferencia entre una política cultural democrática y una política de censura radica precisamente en el respeto al pluralismo, la independencia intelectual y la posibilidad de controvertir las decisiones estatales.

Una democracia puede admitir diferentes interpretaciones del pasado. Lo que no debería admitir es que una autoridad gubernamental pretenda monopolizarlas.

4. LA RESISTENCIA DEMOCRÁTICA y los límites del poder

Las movilizaciones de artistas, estudiantes, organizaciones feministas y colectivos de derechos humanos demuestran que la memoria constituye también un territorio de resistencia ciudadana. No se trata únicamente de defender objetos, sino de proteger el derecho colectivo a reconocer las experiencias que han construido nuestra sociedad.

La controversia adquirió dimensión judicial cuando el Juzgado 24 de Familia de Bogotá ordenó, el 19 de octubre, preservar las piezas retiradas e impedir nuevas intervenciones por su contenido sin justificación administrativa. La medida es provisional y no equivale a una sentencia definitiva sobre la restitución de las exposiciones.

Un elemento adicional agrava las preocupaciones: según la respuesta ministerial conocida posteriormente, el retiro respondió a una instrucción presidencial, mientras persisten interrogantes sobre la documentación del procedimiento curatorial. El Ministerio sostiene que se trató de una evaluación y rediseño museográfico, no de censura. Esa defensa merece examen jurídico, pero no elimina la obligación de justificar técnicamente las decisiones.

5. LA MEMORIA NO TIENE DUEÑO

Colombia necesita instituciones culturales capaces de representar sus contradicciones, no museos convertidos en vitrinas ideológicas de los gobiernos.

La defensa del patrimonio histórico exige impedir tanto la glorificación acrítica de la violencia como la eliminación de testimonios incómodos. La historia debe investigarse, contextualizarse y debatirse, nunca someterse a una depuración política.

El desafío democrático consiste en garantizar que las futuras generaciones conozcan las violencias, las resistencias, las conquistas sociales y los esfuerzos de paz que configuraron la nación.

Ningún presidente, ministro o partido político puede proclamarse propietario de la memoria nacional.

Cuando el poder comienza a seleccionar qué debe recordar una sociedad, no solamente interviene sobre su pasado: pretende condicionar su capacidad de imaginar el futuro.

Y una democracia que renuncia a la pluralidad de su memoria empieza, inevitablemente, a debilitar la libertad sobre la cual descansa su propia existencia.

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

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Herederos del poder, administradores del voto

 

Por: Jhon Jaiver Flórez G.

Y un país que no confía ni en cómo se cuentan sus votos ni en lo que representan sus símbolos se aproxima a una forma más sutil de crisis: una democracia en la que todos participan, pero nadie cree.

 

En Colombia, votar ha sido más un acto de fe que de convicción democrática: una fe criolla, resignada, cercana al “que sea lo que Dios quiera”. Desde el nacimiento de la república, las elecciones no solo han sido un mecanismo de participación, sino también un laboratorio de ingenio político… y de creatividad para la trampa.

La historia, por supuesto, no olvida.

La noche de las Elecciones presidenciales de 1970 es, quizá, la escena fundacional de esta costumbre nacional. Las emisoras daban como ganador a Gustavo Rojas Pinilla. La diferencia era clara, el país expectante. Pero entonces ocurrió el milagro electoral colombiano: el silencio. Se suspendieron los boletines, se invocó el orden… y al amanecer, como por obra de una aritmética disciplinada, el ganador resultó ser Misael Pastrana.

En Colombia, los votos no siempre desaparecen: se transforman.

Desde entonces, el país perfeccionó una tradición no escrita: la democracia funciona, pero con ajustes. Ajustes técnicos, humanos, logísticos… o convenientemente “operativos”. Porque si algo han entendido las élites es que el poder no se disputa únicamente en las urnas, sino en las maniobras después de cerrarlas. Ahí empieza el verdadero conteo.

Hoy, décadas después, el lenguaje se ha sofisticado. Ya no se habla de fraude —demasiado tosco— sino de “inconsistencias”, “errores humanos”, “fallas de trazabilidad”. Una semántica elegante que administra una sospecha persistente.

En las elecciones recientes, el país volvió a mirarse al espejo. El Pacto Histórico denunció anomalías que no constituyen necesariamente un fraude monumental, pero sí algo más inquietante: una suma de irregularidades que, como grietas pequeñas en una represa, terminan por comprometer toda la estructura. Mesas con silencios estadísticos, formularios E-14 diligenciados con más interpretación que rigor, diferencias improbables entre registros.

Y, por supuesto, ese clásico inmortal: el muerto que vota. Porque en Colombia la vida puede ser incierta, pero la participación electoral parece trascender la muerte.

 Según Alirio Uribe, no estamos ante el fraude estruendoso del pasado, sino ante su versión evolucionada: una irregularidad que opera en voz baja. El fraude —si existe— ya no irrumpe; se desliza. Se instala en los márgenes, en los detalles, en esos pequeños desajustes que no escandalizan de manera aislada, pero que, acumulados, pueden inclinar decisiones políticas.

Susurra en el jurado que “se equivoca”; en el dato que no aparece; en el formulario que no coincide… pero se valida. Susurra también en el software: ese nuevo oráculo digital al que se le exige fe, sin permitirle herejías de auditoría.

El presidente Gustavo Petro lo ha advertido: un sistema electoral sin auditoría plena no es garantía democrática, sino confianza impuesta. Y en Colombia, imponer confianza ha sido, históricamente, un método de gobierno.

Porque la pregunta no es si el sistema falla, sino a quién le conviene que falle. Y es en ese punto donde la historia deja de ser relato para convertirse en estructura.

Durante décadas, la política colombiana ha funcionado bajo una lógica más eficaz que cualquier fraude: el clientelismo. Comprar votos, administrar necesidades, intermediar la precariedad. Aquí el problema no es solo cómo se cuentan los votos, sino cómo se producen.

El fraude empieza mucho antes del escrutinio. Inicia cuando el voto deja de ser un derecho y se convierte en transacción. Cuando la representación se sustituye por favores. Cuando la democracia opera como una economía informal del poder.

Y, justo cuando el país intenta descifrar si sus votos cuentan, la política abre su segundo acto: el teatro de las fórmulas vicepresidenciales. En Colombia no basta contar votos: hay que interpretar lo que significan.

La designación de Aída Quilcué como fórmula de Iván Cepeda irrumpe como una fractura en la narrativa tradicional del poder. No es una candidatura más: es la irrupción de una memoria históricamente excluida. Durante siglos, los pueblos indígenas fueron administrados, desplazados y subordinados; la nación se construyó sobre ellos, pero sin ellos. Quilcué no encarna solo una opción política: encarna una historia que se niega a desaparecer.

Es una memoria que incomoda, porque no cabe en los salones del poder sin desbordarlos ni puede reducirse a símbolo sin perder su densidad. Su vida —marcada por la violencia, el asesinato de su esposo, la persecución y la resistencia— no es excepcional: es representativa. En ella se condensa la trayectoria de un país que ha intentado integrar sin transformarse. Y allí emerge la pregunta incómoda: ¿se trata de una transformación real o de una inclusión administrada?

Porque Colombia ha demostrado una habilidad notable: convertir la resistencia en relato y el relato en ornamento institucional. El riesgo no es Quilcué, sino el sistema que aprende a exhibirla sin transformarse: un museo viviente de su propia deuda histórica.

Esa deuda —que el sistema administra más de lo que resuelve— se remonta a los orígenes mismos de la república. Mientras se proclamaba la libertad, las estructuras de poder apenas cambiaban de forma. Familias como las que dieron origen a Paloma Valencia en el Cauca no desaparecieron con la independencia: se adaptaron.

La tierra no se redistribuyó: se heredó. Y con ella, el poder.

La élite terrateniente criolla no emergió: se recicló. Comprendió que la independencia no era una ruptura, sino una oportunidad para administrar directamente lo que antes dependía de la Corona. La república no desmontó la colonia: la reorganizó.

En el siglo XIX, mientras la esclavitud se abolía en el papel, en la práctica se reinventaba: el peón endeudado, el jornalero sin tierra, el indígena confinado. Cambiaron las formas; persistieron las relaciones.

En regiones como el Cauca, el poder dejó de imponerse mediante violencia explícita y empezó a operar bajo la cobertura de una legalidad conveniente. El despojo se volvió procedimiento; la ley, instrumento; el Estado, extensión de la propiedad. Quien tenía tierra tenía país; quien no, apenas lo habitaba.

En ese contexto, la figura de Paloma Valencia trasciende lo individual. Representa la continuidad de una tradición política que ha sabido transformarse sin perder su esencia: una élite que habla en nombre de la nación mientras preserva sus fronteras históricas.

El contraste es inevitable.

De un lado, Quilcué: la irrupción de la historia negada, la memoria que resiste, el territorio que reclama. Del otro, Valencia: la continuidad de una estructura que convirtió la herencia en legitimidad política. No es un contraste de personas: es un choque entre una historia que irrumpe y otra que nunca se ha ido.

Y, en medio de esa antítesis, irrumpe Juan Daniel Oviedo, fórmula de Valencia, y con él una paradoja: un hombre abiertamente gay en un proyecto político que no solo niega la ampliación de derechos para la población OSIGD, sino que también los ha vulnerado. Aquí la política alcanza su sofisticación máxima: deja de excluir para empezar a integrar estratégicamente.

Oviedo no es una excepción, sino un síntoma. Representa una lógica donde la identidad no garantiza agenda, donde la inclusión no implica transformación. Donde la diversidad puede ser incorporada sin alterar las estructuras que históricamente la limitaron.

Una inclusión sin incomodidad; una diversidad funcional. Y así, mientras los votos se cuentan —o se reescriben— y los símbolos se despliegan, Colombia perfecciona su arte político más eficaz: reemplazar las soluciones por relatos.

Un país donde el fraude se vuelve técnico, la representación, estética y la democracia, costumbre. Al final, todo converge en una paradoja persistente: las irregularidades no siempre cambian los resultados, pero sí erosionan la confianza; los símbolos no transforman el poder, pero lo legitiman.

En ese equilibrio precario, la democracia colombiana sobrevive, no por su fortaleza, sino por su inercia; por eso votar sigue siendo un acto de fe, pero incluso la fe, cuando se traiciona demasiado, se rompe.

Y un país que no confía ni en cómo se cuentan sus votos ni en lo que representan sus símbolos se aproxima a una forma más sutil de crisis: una democracia en la que todos participan, pero nadie cree.

Porque en Colombia no basta con elegir.

Algún día habrá que demostrar que lo elegido —de verdad— cuenta.

* La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

La gente de gris, la memoria histórica y la colectiva (II)

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com- 

 Senadora Fernanda Cabal convocó a pintar de gris murales en Cali- Imagen: Las 2 Orillas

¿Tienen color la historia y la memoria? Claro que sí. Incluyendo el gris. Lo que acontece es que, de la misma manera en que algunos fenómenos de la física determinan que podamos distinguir tal o cual color, dependiendo de las frecuencias que este o aquel objeto reflejen y puedan ser percibidos por bastones y conos en nuestros ojos, los colores de la historia y de la memoria, también dependen de fenómenos externos a cada persona, que pueden determinar que un hecho, persona o fenómeno, pueda ser registrado y recordado de una manera específica. 

En la primera parte de esta nota (La gente de gris, la memoria histórica y la colectiva (I) - Las2orillas) se planteaba que algunos de los fenómenos asociados con la forma, color y hasta sabor, con los que las sociedades recuerdan su existencia, dependen de quién o quienes determinen lo que se debe o no recordar, cómo y hasta qué punto, a través de herramientas como la política y la economía, que sí o sí, hasta el día de hoy, definen la historia de las sociedades, esto es; los recuerdos oficiales que deberían compartir, atesorar y replicar cada uno de sus miembros, impartidos por los científicos del recuerdo: Los periodistas e historiadores. 

Afortunada o desafortunadamente, los mecanismos de almacenamiento de recuerdos que tiene cada ser humano, no dependen únicamente de los procesos de educación (entrenamiento) al que se somete durante su vida útil, sino que también están asociados a otros mecanismos, que en ocasiones, todas ellas, afortunadas, escapan al control de quien gobierne en un momento dado, tales como los sentidos y la cultura, sobre todo esta última, que depende de otras construcciones, mucho más afines a la ancestralidad y a los afectos, que al exceso de racionalidad y utilitarismo, con los que, convenientemente intentan manipular la percepción de la realidad, quienes detentan el poder. 

Los intentos de imponer un único color, un único olor, un único sabor, un único recuerdo o un único pensamiento, son característicos de sistemas socio económicos que pretenden controlar hasta el más mínimo detalle de las vidas de los miembros de las sociedades que dominan o desean dominar y que son conocidos como regímenes absolutistas, autoritarismos, dictaduras o fascismo, todos ellos dedicados a mantener un orden establecido que favorezca los intereses de unas minorías bastante homogéneas, que encuentran en la policromía de la diversidad, del disenso y la democracia, algo que no se debe permitir, so pretexto de mantener el orden y las buenas costumbres que protejan el emprendimiento, el éxito y el crecimiento económico, así solo sean; los de las minorías en el poder.

Esta tensión entre quienes intentan uniformar los recuerdos, la memoria y la historia y aquellos que le apuestan por una visión descentrada, multicolor, ruidosa y hasta caótica de la realidad, mucho más acorde con el carácter pluriétnico y multicultural de la sociedad colombiana; no es otra cosa que, el reflejo de las contradicciones que se presentan entre la memoria individual, la memoria colectiva y la memoria histórica. No obstante que las tres estén unidas a la noción de tiempo; cada una de ellas, al menos para el caso colombiano, está determinada por circunstancias especiales que dependen de la etnicidad, el estrato social y la posibilidad de acceso que estás le den a las personas a tal o cual cultura, lo que a su vez determinará la manera en que las experiencias vitales y los relacionamientos sociales, convertidos en los recuerdos individuales, se crucen con los comunitarios y con el registro que se elabore de tales experiencias. 

La actual disputa por imponer una determinada estética pública (unas determinadas estatuas, un determinado color y estilo de fachadas, un estilo uniforme de arte callejero, un particular género musical, un deporte nacional, etc.) sigue demostrando la importancia que tiene el encuentro o la toma de algún espacio público determinado, para poner en el centro de la opinión pública; el o los asuntos de interés artístico, económico o político, que algún grupo determinado de la sociedad, tiene el interés de reivindicar. Movimientos como el 15M en España, la Primavera Árabe, las marchas de los indígenas en Colombia o los paros de Chile y Colombia, junto con sus expresiones artísticas, se han constituido en hitos sociales de búsqueda de apertura y participación política en los espacios públicos, históricamente hegemonizados por la institucionalidad , en otras palabras; la irrupción de otras voces y otras estéticas, reclamando la participación de la memoria colectiva en la construcción de la llamada historia oficial.

Las discusiones sobre la validez o no de la defenestración de íconos de las llamadas épocas de la conquista, la colonia e incluso del republicanismo, junto con el forcejeo por echar el último brochazo sobre los murales de las ciudades y municipios de Colombia e incluso, sobre el derribamiento del arte popular (monumento a la Resistencia en Cali), por ser considerado ajeno a la estética oficial de las élites artísticas cercanas al poder; no es sino el cuestionamiento que amplios sectores de la sociedad le están haciendo al antiguo esquema psicológico, sociológico y político, impuesto desde hace más de doscientos años, según el cual, los recuerdos y la memoria de los individuos y las comunidades, debían ceder ante la historia oficial de los vencedores o de los poderosos.