Herederos del poder, administradores del voto

 

Por: Jhon Jaiver Flórez G.

Y un país que no confía ni en cómo se cuentan sus votos ni en lo que representan sus símbolos se aproxima a una forma más sutil de crisis: una democracia en la que todos participan, pero nadie cree.

 

En Colombia, votar ha sido más un acto de fe que de convicción democrática: una fe criolla, resignada, cercana al “que sea lo que Dios quiera”. Desde el nacimiento de la república, las elecciones no solo han sido un mecanismo de participación, sino también un laboratorio de ingenio político… y de creatividad para la trampa.

La historia, por supuesto, no olvida.

La noche de las Elecciones presidenciales de 1970 es, quizá, la escena fundacional de esta costumbre nacional. Las emisoras daban como ganador a Gustavo Rojas Pinilla. La diferencia era clara, el país expectante. Pero entonces ocurrió el milagro electoral colombiano: el silencio. Se suspendieron los boletines, se invocó el orden… y al amanecer, como por obra de una aritmética disciplinada, el ganador resultó ser Misael Pastrana.

En Colombia, los votos no siempre desaparecen: se transforman.

Desde entonces, el país perfeccionó una tradición no escrita: la democracia funciona, pero con ajustes. Ajustes técnicos, humanos, logísticos… o convenientemente “operativos”. Porque si algo han entendido las élites es que el poder no se disputa únicamente en las urnas, sino en las maniobras después de cerrarlas. Ahí empieza el verdadero conteo.

Hoy, décadas después, el lenguaje se ha sofisticado. Ya no se habla de fraude —demasiado tosco— sino de “inconsistencias”, “errores humanos”, “fallas de trazabilidad”. Una semántica elegante que administra una sospecha persistente.

En las elecciones recientes, el país volvió a mirarse al espejo. El Pacto Histórico denunció anomalías que no constituyen necesariamente un fraude monumental, pero sí algo más inquietante: una suma de irregularidades que, como grietas pequeñas en una represa, terminan por comprometer toda la estructura. Mesas con silencios estadísticos, formularios E-14 diligenciados con más interpretación que rigor, diferencias improbables entre registros.

Y, por supuesto, ese clásico inmortal: el muerto que vota. Porque en Colombia la vida puede ser incierta, pero la participación electoral parece trascender la muerte.

 Según Alirio Uribe, no estamos ante el fraude estruendoso del pasado, sino ante su versión evolucionada: una irregularidad que opera en voz baja. El fraude —si existe— ya no irrumpe; se desliza. Se instala en los márgenes, en los detalles, en esos pequeños desajustes que no escandalizan de manera aislada, pero que, acumulados, pueden inclinar decisiones políticas.

Susurra en el jurado que “se equivoca”; en el dato que no aparece; en el formulario que no coincide… pero se valida. Susurra también en el software: ese nuevo oráculo digital al que se le exige fe, sin permitirle herejías de auditoría.

El presidente Gustavo Petro lo ha advertido: un sistema electoral sin auditoría plena no es garantía democrática, sino confianza impuesta. Y en Colombia, imponer confianza ha sido, históricamente, un método de gobierno.

Porque la pregunta no es si el sistema falla, sino a quién le conviene que falle. Y es en ese punto donde la historia deja de ser relato para convertirse en estructura.

Durante décadas, la política colombiana ha funcionado bajo una lógica más eficaz que cualquier fraude: el clientelismo. Comprar votos, administrar necesidades, intermediar la precariedad. Aquí el problema no es solo cómo se cuentan los votos, sino cómo se producen.

El fraude empieza mucho antes del escrutinio. Inicia cuando el voto deja de ser un derecho y se convierte en transacción. Cuando la representación se sustituye por favores. Cuando la democracia opera como una economía informal del poder.

Y, justo cuando el país intenta descifrar si sus votos cuentan, la política abre su segundo acto: el teatro de las fórmulas vicepresidenciales. En Colombia no basta contar votos: hay que interpretar lo que significan.

La designación de Aída Quilcué como fórmula de Iván Cepeda irrumpe como una fractura en la narrativa tradicional del poder. No es una candidatura más: es la irrupción de una memoria históricamente excluida. Durante siglos, los pueblos indígenas fueron administrados, desplazados y subordinados; la nación se construyó sobre ellos, pero sin ellos. Quilcué no encarna solo una opción política: encarna una historia que se niega a desaparecer.

Es una memoria que incomoda, porque no cabe en los salones del poder sin desbordarlos ni puede reducirse a símbolo sin perder su densidad. Su vida —marcada por la violencia, el asesinato de su esposo, la persecución y la resistencia— no es excepcional: es representativa. En ella se condensa la trayectoria de un país que ha intentado integrar sin transformarse. Y allí emerge la pregunta incómoda: ¿se trata de una transformación real o de una inclusión administrada?

Porque Colombia ha demostrado una habilidad notable: convertir la resistencia en relato y el relato en ornamento institucional. El riesgo no es Quilcué, sino el sistema que aprende a exhibirla sin transformarse: un museo viviente de su propia deuda histórica.

Esa deuda —que el sistema administra más de lo que resuelve— se remonta a los orígenes mismos de la república. Mientras se proclamaba la libertad, las estructuras de poder apenas cambiaban de forma. Familias como las que dieron origen a Paloma Valencia en el Cauca no desaparecieron con la independencia: se adaptaron.

La tierra no se redistribuyó: se heredó. Y con ella, el poder.

La élite terrateniente criolla no emergió: se recicló. Comprendió que la independencia no era una ruptura, sino una oportunidad para administrar directamente lo que antes dependía de la Corona. La república no desmontó la colonia: la reorganizó.

En el siglo XIX, mientras la esclavitud se abolía en el papel, en la práctica se reinventaba: el peón endeudado, el jornalero sin tierra, el indígena confinado. Cambiaron las formas; persistieron las relaciones.

En regiones como el Cauca, el poder dejó de imponerse mediante violencia explícita y empezó a operar bajo la cobertura de una legalidad conveniente. El despojo se volvió procedimiento; la ley, instrumento; el Estado, extensión de la propiedad. Quien tenía tierra tenía país; quien no, apenas lo habitaba.

En ese contexto, la figura de Paloma Valencia trasciende lo individual. Representa la continuidad de una tradición política que ha sabido transformarse sin perder su esencia: una élite que habla en nombre de la nación mientras preserva sus fronteras históricas.

El contraste es inevitable.

De un lado, Quilcué: la irrupción de la historia negada, la memoria que resiste, el territorio que reclama. Del otro, Valencia: la continuidad de una estructura que convirtió la herencia en legitimidad política. No es un contraste de personas: es un choque entre una historia que irrumpe y otra que nunca se ha ido.

Y, en medio de esa antítesis, irrumpe Juan Daniel Oviedo, fórmula de Valencia, y con él una paradoja: un hombre abiertamente gay en un proyecto político que no solo niega la ampliación de derechos para la población OSIGD, sino que también los ha vulnerado. Aquí la política alcanza su sofisticación máxima: deja de excluir para empezar a integrar estratégicamente.

Oviedo no es una excepción, sino un síntoma. Representa una lógica donde la identidad no garantiza agenda, donde la inclusión no implica transformación. Donde la diversidad puede ser incorporada sin alterar las estructuras que históricamente la limitaron.

Una inclusión sin incomodidad; una diversidad funcional. Y así, mientras los votos se cuentan —o se reescriben— y los símbolos se despliegan, Colombia perfecciona su arte político más eficaz: reemplazar las soluciones por relatos.

Un país donde el fraude se vuelve técnico, la representación, estética y la democracia, costumbre. Al final, todo converge en una paradoja persistente: las irregularidades no siempre cambian los resultados, pero sí erosionan la confianza; los símbolos no transforman el poder, pero lo legitiman.

En ese equilibrio precario, la democracia colombiana sobrevive, no por su fortaleza, sino por su inercia; por eso votar sigue siendo un acto de fe, pero incluso la fe, cuando se traiciona demasiado, se rompe.

Y un país que no confía ni en cómo se cuentan sus votos ni en lo que representan sus símbolos se aproxima a una forma más sutil de crisis: una democracia en la que todos participan, pero nadie cree.

Porque en Colombia no basta con elegir.

Algún día habrá que demostrar que lo elegido —de verdad— cuenta.

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