Por:
Jhon Jaiver Flórez G.
Paisaje del Quindío. Tomado del portal Gobierno del Quindío
Bajo distintas banderas de partidos tradicionales se articulan redes familiares que ejercen tutela sobre alcaldías, concejos, gobernación y asamblea, como si el voto fuera herencia y la administración pública, patrimonio privado.
Este
8 de marzo habrá elecciones para el Congreso. Otra vez. La democracia
colombiana, incansable en su vocación ceremonial, nos convoca a una nueva
fiesta cívica donde el menú ya está definido, los invitados principales repiten
traje y el pueblo aporta la vajilla, el aplauso y —como siempre— la paciencia.
En
el Quindío —ese corazón geográfico que late en la mitad del mapa y se
promociona con aroma a café recién molido— la jornada adquiere algo de liturgia
dominical y de comedia de enredos representada hasta el cansancio. Porque el
Quindío es, ante todo, una paradoja con paisaje. Paso estratégico entre el sur
—incluido Buenaventura, principal puerto del país sobre el Pacífico— y el
centro de Colombia, dotado de tierras fértiles y diversidad climática, debería
ser potencia agroalimentaria y laboratorio de desarrollo regional.
El
verbo “debería” se volvió el himno extraoficial del departamento: se entona
cada cuatro años, con la mano en el pecho y el presupuesto en trámite. Armenia,
su capital, no es solo la postal del Paisaje Cultural Cafetero, sino la
evidencia de un estancamiento que ya no puede llamarse “coyuntural”. Calles
congestionadas y deterioradas, arreglos precarios y semáforos inservibles
revelan una movilidad colapsada y un deterioro social visible: proliferación de
personas en situación de calle, desempleo persistente y rebusque diario.
Carretas, ventas ambulantes y mendicidad ocupan el espacio público con vocación
de permanencia. La pobreza dejó de ser cifra, para volverse atmósfera: no solo
se mide, se respira.
En
ese vacío institucional prosperan el microtráfico, la drogadicción, la
explotación sexual y diversas formas de delincuencia, engranajes de una
economía paralela que florece donde el Estado —capturado por redes clientelares
corruptas— no gobierna, sino que administra ausencias con sello y membrete.
Las
vías terciarias del departamento —esas arterias prometidas para conectar al
campesino con el mercado— lucen impecables en el papel, casi europeas: figuran
como intervenidas, financiadas y ejecutadas en informes oficiales acompañados
de actas, rendiciones de cuentas y soportes presupuestales. Sin embargo, en el
terreno apenas subsisten arreglos fragmentarios, maquillajes por tramos
suficientes para la fotografía inaugural, el corte de cinta y la legalización
del gasto. Cuando alguna carretera se conserva en condiciones óptimas, suele
coincidir —con llamativa precisión geográfica— con la ruta que conduce a la
finca de algún dirigente político o aliado. El resto se diluye entre una
trazabilidad impecable en hojas de cálculo y una precariedad evidente en el
barro. El asfalto, como la esperanza, se distribuye por cuotas: un parche en
temporada electoral, polvo en verano y lodazal con las lluvias. Más que
descuido, parece un patrón deliberado de administración de la precariedad.
Cada
ciclo electoral trae su procesión de contratistas —muchos atrapados en la
urgencia de subsistir— convertidos en promotores circunstanciales de
candidatos: chalecos estampados, altavoces que saturan el aire y volantes que
terminan rodando por las calles como hojarasca cívica. La contaminación no es
solo auditiva y visual; también es discursiva. Con solemnidad reciclada se
promete, otra vez, que ahora sí. La liturgia se ejecuta con precisión mecánica
—discurso difuso, aplauso estratégico, selfie obligada— como si el libreto
estuviera blindado contra cualquier rendición de cuentas.
Pero
el problema no es únicamente económico; es estructural. En el Quindío —como en
el país— la corrupción dejó de escandalizar para integrarse al paisaje moral.
Al corrupto no siempre se le condena: se le admira como “un duro” o “un
avispado”. Se le absuelve con una ética transaccional: “si robó, pero hizo”;
“si saqueó el erario, pero pavimentó la cuadra”; “si se enriqueció, pero da
empleo temporal”. La pregunta dejó de ser cuánto se pierde colectivamente para
convertirse en cuánto alcanza a tocarle a cada quien.
En
este teatro nauseabundo, los clanes políticos —o mejor, politiqueros— son
protagonistas. Simulan antagonismo, pero comparten métodos y lógicas. Se
disputan espacios de poder, no precisamente por ideas programáticas. Bajo
distintas banderas de partidos tradicionales se articulan redes familiares que
ejercen tutela sobre alcaldías, concejos, gobernación y asamblea, como si el
voto fuera herencia y la administración pública, patrimonio privado. La
ideología funciona como utilería; lo sustantivo es la sucesión.
A
ello se suman señalamientos de extrema gravedad que, aunque rara vez se
formulan de manera abierta, proyectan una sombra persistente sobre la vida
pública del departamento: durante más de una década se han registrado episodios
violentos —asesinatos— que comparten coincidencias inquietantes y cuyo
esclarecimiento integral aún está pendiente. Las investigaciones, cuando
avanzan, lo hacen de forma parcial y fragmentada, sin disipar la percepción de
que la verdad permanece oculta mientras la impunidad parece normalizarse.
En
este contexto, el departamento continúa atrapado en estructuras clientelares
que erosionan la confianza ciudadana, lo que hace indispensable la intervención
decidida de las más altas instancias de la justicia nacional para garantizar la
verdad y restablecer la autoridad moral del Estado.
La
Alcaldía y la Gobernación terminan funcionando como engranajes de una misma
maquinaria atravesada por la improvisación, la hipertrofia burocrática, el
clientelismo y la corrupción. Más que instituciones orientadas por proyectos de
largo plazo, operan como plataformas de lealtades cruzadas. Hay concejales que
se declaran opositores en el ámbito municipal mientras sellan alianzas en la
Gobernación; diputados que ejercen crítica severa en el departamento, pero
mantienen cercanía estratégica con la Alcaldía: oposición aquí y cohonestación
allá. No se trata de un debate ideológico, sino de una aritmética de
conveniencias. En ese juego, el control político se desdibuja y la frontera
entre fiscalización legítima y complicidad interesada se vuelve peligrosamente
tenue. La alternancia, entonces, es apenas un cambio de apellido en la puerta.
Durante
décadas, el departamento ha transitado un letargo que ya no puede atribuirse
solo al centralismo bogotano, sino a la captura sistemática de lo público por
intereses privados. La academia lo llama patrimonialismo; el ciudadano lo
resume mejor: los mismos con las mismas. El campo quindiano, que podría ser
despensa nacional, sobrevive entre infraestructura deficiente y crédito escaso.
Se apuesta al turismo —porque el paisaje vende—, pero ningún territorio se
sostiene únicamente de postales, cafés especiales y fines de semana largos. La
economía del aplauso no reemplaza la producción diversificada y sostenible.
Armenia
compite en rankings menos turísticos: indigencia persistente, informalidad como
forma de supervivencia, juventudes atrapadas entre desempleo y dinero ilegal.
Y, sin embargo, en cada campaña reaparece el render del megaproyecto y la
promesa de despegue inminente. El progreso siempre parece estar a una elección
de distancia.
Este
8 de marzo no es solo una fecha electoral; es un espejo. La pregunta no es
únicamente quién ocupará una curul, sino qué ciudadanía seguirá legitimando
—con su voto, su abstención o su indiferencia— un modelo eficaz para
perpetuarse e insuficiente para transformar. Los clanes no se reproducen solos:
necesitan una cultura política que confunda estabilidad con estancamiento y
corrupción con fatalidad.
El
Quindío, con su riqueza natural y su ubicación estratégica, podría ser ejemplo.
Ha sido administrado, en cambio, como finca con escritura privada: un corazón
geográfico con arritmia ética.
Este
domingo se abrirán las urnas, se contarán los votos y se celebrará la
democracia con cifras oficiales y declaraciones optimistas. Al día siguiente,
el paisaje seguirá siendo hermoso, las montañas continuarán verdes y el letargo
—disciplinado, resiliente, casi profesional— aguardará, paciente, su próxima
reelección.
*La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as)
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