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| Imagen tomada de: Crónica del Quindío |
Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-
Por primera vez, en mucho tiempo, la discusión en Colombia se centra en cómo distribuir mejor la riqueza y apalancar el crecimiento desde la base y no en cómo sacrificar los derechos de los muchos en el altar de los privilegios de unos pocos.
El anuncio de entrada en vigor del decreto presidencial que materializa la figura del Salario Mínimo Vital Familiar, prescrita en la Constitución Política de Colombia, pero postergada durante décadas, ha desatado una tormenta predecible de críticas por parte de los representantes de los grandes gremios económicos, junto con sus voceros políticos y periodísticos.
Haciendo de lado un verdadero y necesario debate técnico sustentado, la virulenta reacción de la derecha colombiana desnuda, tanto la histórica mezquindad de una élite acostumbrada a privatizar las ganancias y socializar las pérdidas y los costos entre los más vulnerables, como la obstinada adhesión de sus círculos académicos a un dogma económico fracasado, hoy repintado con nuevos nombres, pero con la misma esencia regresiva. En torno a las denuncias de un pretendido error técnico, amplificadas por la prensa orgánica de los gremios, se puede advertir la incomodidad que ocasiona la materialización de este derecho constitucional entre quienes se aferran a unos postulados teóricos ya desmentidos por la realidad y los indicadores socioeconómicos.
La crítica central de la derecha colombiana está sustentada en un mantra heredado directamente de la Escuela de Chicago de Milton Friedman, según el cual, cualquier aumento salarial, especialmente uno estructural como este, genera inflación incontrolable y destrucción de empleo, apelando al simplismo de la rígida "curva de Phillips" y a la teoría del "derrame" o de los "vasos comunicantes", esa noción mágica en la que por obra y gracia del credo neoliberal, al enriquecer a los más ricos eventualmente se beneficiaría a los pobres.
Sin embargo, no obstante los esfuerzos de los círculos académicos de derecha, pero sobre todo, de la prensa a su servicio por mantener a flote los postulados de la Escuela de Chicago; la evidencia empírica acumulada en las últimas décadas ha demolido este credo, demostrando que el esperado "derrame" de las migas de riqueza de los vasos comunicantes de los ricos hacia los pobres no ha ocurrido y que, por el contrario, donde más se aplicaron estas recetas (con ajustes, privatizaciones y flexibilización laboral), las brechas de inequidad se ampliaron de manera escandalosa, como lo vienen demostrando los informes anuales de Oxfam y el Laboratorio sobre la Desigualdad Global, en los que Colombia misma es un caso de estudio: tras años de políticas inspiradas en ese consenso, se consolidó como uno de los países más desiguales del mundo.
Contra este dogma, se alzan voces de enorme peso académico. Varios premios Nobel de Economía de los últimos años han cuestionado la relación mecánica entre salarios e inflación. Joseph Stiglitz, por ejemplo, ha argumentado repetidamente que la inflación actual en contextos como el global es multifactorial (disrupciones en cadenas de suministro, crisis energéticas, especulación en mercados de commodities, ganancias corporativas extraordinarias) y que culpar a los salarios es un argumento forzado de conveniencia para proteger los altísimos márgenes de rentabilidad de un mínimo porcentaje de la población.
El También premio Nobel de Economía, el estadounidense Paul Krugman ha señalado que, en economías con subutilización de capacidad, como muchas tras la pandemia, un aumento del poder adquisitivo de las familias puede estimular la demanda agregada, impulsando la producción y generando un círculo virtuoso de crecimiento. La teoría keynesiana, relegada por el fundamentalismo de mercado, resurge con fuerza ante la evidencia de los indicadores que demuestran que una masa salarial robusta no es un costo, sino que es la base de un mercado interno dinámico. El gobierno de Petro, al aumentar los ingresos de las familias está inyectando combustible directo a la demanda de bienes y servicios básicos y no básicos, lo que puede dinamizar a miles de pequeñas y medianas empresas que abastecen ese consumo.
Frente a la crítica hipócrita soportada en una supuesta preocupación por la supervivencia de las PyMEs, la historia reciente desnuda la doble moral de la oposición en Colombia. Durante décadas, los mecanismos de subsidio, apalancamiento y alivio fiscal establecidos en la ley colombiana fueron sistemáticamente desviados hacia los grandes emporios económicos, amigos y patrocinadores de los gobiernos de turno, durante la hegemonía de una derecha que se esforzó en construir y reforzar un sistema clientelista para proteger a los grandes capitales, no obstante que, de paso, se dejó desamparados a los verdaderos destinatarios de la protección estatal.
El reto legítimo para el gobierno de Petro es, precisamente, romper ese histórico patrón de desvío y garantizar que los mecanismos de apoyo (subsidios a la nómina, líneas de crédito blandas, asistencia técnica) lleguen efectivamente a los pequeños y medianos productores, no para eliminarlos, sino para integrarlos a una economía de mayor demanda.
El crecimiento económico colombiano, pese a un panorama internacional adverso (estancamiento del precio del petróleo y la incertidumbre arancelaria generada por políticas de Donald Trump), ha mostrado una resiliencia notable, con un impulso creciente del consumo interno. Medios económicos especializados internacionales, como Bloomberg y Reuters, han reseñado en 2024 y 2025 la fortaleza de los indicadores laborales colombianos y su sorprendente recuperación macroeconómica. Por primera vez, en mucho tiempo, la discusión en Colombia se centra en cómo distribuir mejor la riqueza y apalancar el crecimiento desde la base y no en cómo sacrificar los derechos de los muchos en el altar de los privilegios de unos pocos.
