La Guerra mediática para sabotear el Cambio en Colombia

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com- 

La reciente y agresiva elevación de las tasas de interés por parte del Emisor, ante una inflación en claro descenso, es un acto de sabotaje económico con fines políticos

En Colombia se libra una guerra silenciosa pero decisiva para mantener el relato económico de la derecha. Mientras el gobierno del presidente Gustavo Petro implementa una política fiscal y social que, según cifras del DANE y el análisis de economistas de talla global de la línea académica de los premios Nobel de Economía, Paul Krugman y David Card;  ha mostrado resultados mesurados y prometedores, sustentados en un eficiente control de inflación, un crecimiento estable y la reducción de la pobreza monetaria; una poderosa maquinaria narrativa, amplificada por la llamada Gran Prensa Colombiana y sus “bots” (humanos y digitales) en redes sociales, se esfuerza por pintar un panorama apocalíptico. 

La maquinaria de desinformación y manipulación de la opinión pública no es espontánea; es orquestada por los grandes grupos económicos colombianos y sus aliados internacionales, quienes utilizan su influencia mediática para sostener un modelo neoliberal agotado y desacreditar cualquier alternativa que favorezca los intereses de las mayorías aún empobrecidas de Colombia y el mundo.

El mecanismo de manipulación informativa es sofisticado y transnacional. Mientras que la prensa hegemónica local, cuyos dueños son los mismos conglomerados con intereses en sectores financieros, extractivos y de servicios, por un lado amplifica y falsea la realidad  del actual contexto colombiano, por el otro lado, reproducen y amplifican el ruido generado por los editoriales y análisis del Financial Times, The Washington Post o The Economist, unas publicaciones que  no son neutrales, toda vez que, por ejemplo,  The Economist es controlado mayoritariamente por las familias Rotschild (Sector financiero internacional) y  Agnelli a través de su holding Exor, con vastos intereses en el capitalismo global. 

No es de extrañar que la línea editorial de este afamado medio de comunicación privilegie la ortodoxia financiera y la desregulación, en concordancia con el proyecto geopolítico y económico que apoya y promueve, que ve con recelo cualquier experimento progresista en el Sur Global. Así, se crea un eco mediático global que presenta la disciplina fiscal ortodoxa y la primacía del mercado como únicas verdades científicas, ignorando deliberadamente los avances en la ciencia económica que cuestionan esos dogmas y validan políticas de estímulo e inversión social en contextos como el colombiano.

Este asedio narrativo sería menos efectivo sin la complicidad de actores institucionales clave dentro de Colombia, los cuales, no obstante, el triunfo electoral de la izquierda a la cabeza del Pacto Histórico, siguen controlados por la derecha tradicional en enclaves de poder como el Banco de la República, ciertas salas de las altas cortes y un bloque significativo en el Congreso. 

La reciente y agresiva elevación de las tasas de interés por parte del Emisor, más allá de cualquier justificación técnica ante una inflación en claro descenso, es el ejemplo claro de un acto de sabotaje económico con fines políticos, cuyos objetivos son: el estrangulamiento del crédito, enfriar la economía, generar descontento por un menor crecimiento y, sobre todo, desfinanciar los programas sociales que son el corazón del programa del Pacto Histórico y su principal gancho electoral. Esta decisión de las mayorías en la Junta Directiva del Banco de la República es una jugada maquiavélica que prioriza el interés de las élites económicas y políticas de centro y centro derecha sobre el bienestar del pueblo colombiano.

Ahora, en plena coyuntura electoral, esta alianza entre el poder económico, los medios hegemónicos e instituciones capturadas entra en su fase más agresiva. Los tanques de pensamiento financiados por los gremios y los especialistas pagados por la mal llamada Gran Prensa Colombiana lanzarán, día tras día, relatos catastróficos sobre el futuro del país, dentro de una campaña de terror financiero diseñada para asustar a la clase media, desmovilizar a los sectores populares y, en última instancia, inflar las pálidas cifras de intención de voto de una derecha sin proyecto ni legitimidad. 

Frente a este poderío, la ciudadanía, pero, sobre todo, los opinadores y comunicadores independientes, tenemos una tarea crucial: Cuestionar la fuente de cada pronóstico nefasto, recordándole, de manera insistente a la sociedad colombiana, que quienes hoy claman por el "riesgo país" son los mismos que se beneficiaron de décadas de un modelo que nos dejó desigualdad y violencia. De igual manera, debemos replicar y amplificar información sustentada en los datos duros y proveniente de los académicos independientes por encima de los editoriales interesados de la prensa nacional e internacional. 

La defensa de la transformación social en Colombia pasa no solo por las urnas, sino por ganar la batalla cultural contra el discurso único, ese que se viste de técnica económica pero que solo vela por la perpetuación de los privilegios de unos pocos. El futuro del país depende de nuestra capacidad de ver más allá del relato del poder.

El Salario Vital Familiar frente al dogma económico y la hipocresía de la derecha

Imagen tomada de: Crónica del Quindío

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

Por primera vez, en mucho tiempo, la discusión en Colombia se centra en cómo distribuir mejor la riqueza y apalancar el crecimiento desde la base y no en cómo sacrificar los derechos de los muchos en el altar de los privilegios de unos pocos.

El anuncio de entrada en vigor del decreto presidencial que materializa la figura del Salario Mínimo Vital Familiar, prescrita en la Constitución Política de Colombia, pero postergada durante décadas, ha desatado una tormenta predecible de críticas por parte de los representantes de los grandes gremios económicos, junto con sus voceros políticos y periodísticos. 

Haciendo de lado un verdadero y necesario debate técnico sustentado, la virulenta reacción de la derecha colombiana desnuda, tanto la histórica mezquindad de una élite acostumbrada a privatizar las ganancias y socializar las pérdidas y los costos entre los más vulnerables, como la obstinada adhesión de sus círculos académicos a un dogma económico fracasado, hoy repintado con nuevos nombres, pero con la misma esencia regresiva. En torno a las denuncias de un pretendido error técnico, amplificadas por la prensa orgánica de los gremios, se puede advertir la incomodidad que ocasiona la materialización de este derecho constitucional entre quienes se aferran a unos postulados teóricos ya desmentidos por la realidad y los indicadores socioeconómicos.

La crítica central de la derecha colombiana está sustentada en un mantra heredado directamente de la Escuela de Chicago de Milton Friedman, según el cual, cualquier aumento salarial, especialmente uno estructural como este, genera inflación incontrolable y destrucción de empleo, apelando al simplismo de la rígida "curva de Phillips"  y a la teoría del "derrame" o de los "vasos comunicantes", esa noción mágica en la que por obra y gracia del credo neoliberal, al enriquecer a los más ricos eventualmente se beneficiaría a los pobres. 

Sin embargo, no obstante los esfuerzos de los círculos académicos de derecha, pero sobre todo, de la prensa  a su servicio por mantener a flote los postulados de la Escuela de Chicago; la evidencia empírica acumulada en las últimas décadas ha demolido este credo, demostrando que el esperado "derrame" de las migas de riqueza de los vasos comunicantes de los ricos hacia los pobres no ha ocurrido y que, por el contrario, donde más se aplicaron estas recetas (con ajustes, privatizaciones y flexibilización laboral), las brechas de inequidad se ampliaron de manera escandalosa, como lo vienen demostrando los informes anuales de Oxfam y el Laboratorio sobre la Desigualdad Global, en los que Colombia misma es un caso de estudio: tras años de políticas inspiradas en ese consenso, se consolidó como uno de los países más desiguales del mundo.

Contra este dogma, se alzan voces de enorme peso académico. Varios premios Nobel de Economía de los últimos años han cuestionado la relación mecánica entre salarios e inflación. Joseph Stiglitz, por ejemplo, ha argumentado repetidamente que la inflación actual en contextos como el global es multifactorial (disrupciones en cadenas de suministro, crisis energéticas, especulación en mercados de commodities, ganancias corporativas extraordinarias) y que culpar a los salarios es un argumento forzado de conveniencia para proteger los altísimos márgenes de rentabilidad de un mínimo porcentaje de la población. 

El También premio Nobel de Economía, el estadounidense Paul Krugman ha señalado que, en economías con subutilización de capacidad, como muchas tras la pandemia, un aumento del poder adquisitivo de las familias puede estimular la demanda agregada, impulsando la producción y generando un círculo virtuoso de crecimiento. La teoría keynesiana, relegada por el fundamentalismo de mercado, resurge con fuerza ante la evidencia de los indicadores que demuestran que una masa salarial robusta no es un costo, sino que es la base de un mercado interno dinámico. El gobierno de Petro, al aumentar los ingresos de las familias está inyectando combustible directo a la demanda de bienes y servicios básicos y no básicos, lo que puede dinamizar a miles de pequeñas y medianas empresas que abastecen ese consumo.

Frente a la crítica hipócrita soportada en una supuesta preocupación por la supervivencia de las PyMEs, la historia reciente desnuda la doble moral de la oposición en Colombia. Durante décadas, los mecanismos de subsidio, apalancamiento y alivio fiscal establecidos en la ley colombiana fueron sistemáticamente desviados hacia los grandes emporios económicos, amigos y patrocinadores de los gobiernos de turno, durante la hegemonía de una derecha que se esforzó en construir y reforzar un sistema clientelista para proteger a los grandes capitales, no obstante que, de paso, se dejó desamparados a los verdaderos destinatarios de la protección estatal. 

El reto legítimo para el gobierno de Petro es, precisamente, romper ese histórico patrón de desvío y garantizar que los mecanismos de apoyo (subsidios a la nómina, líneas de crédito blandas, asistencia técnica) lleguen efectivamente a los pequeños y medianos productores, no para eliminarlos, sino para integrarlos a una economía de mayor demanda.

El crecimiento económico colombiano, pese a un panorama internacional adverso (estancamiento del precio del petróleo y la incertidumbre arancelaria generada por políticas de Donald Trump), ha mostrado una resiliencia notable, con un impulso creciente del consumo interno. Medios económicos especializados internacionales, como Bloomberg y Reuters, han reseñado en 2024 y 2025 la fortaleza de los indicadores laborales colombianos y su sorprendente recuperación macroeconómica. Por primera vez, en mucho tiempo, la discusión en Colombia se centra en cómo distribuir mejor la riqueza y apalancar el crecimiento desde la base y no en cómo sacrificar los derechos de los muchos en el altar de los privilegios de unos pocos.