Democracia o simulacro: la cita decisiva del 8 de marzo *

 

Por: Jhon Flórez

Intento de elites colombianas de sacar a Cepeda y al Pacto Histórico del camino fue un error de cálculo que terminará empujando a ciudadanía a respaldar campaña del Pacto y su candidato presidencial

En Colombia, desafiar al poder no es una extravagancia intelectual ni un exceso retórico: es, muchas veces, una condena anticipada. Gustavo Petro lo aprendió desde joven y lo ha pagado con una carrera marcada por amenazas, procesos políticos y una campaña sostenida para deslegitimarlo. Su supuesto “pecado” no es simplemente “gobernar mal” —esa acusación se fue construyendo después, alimentada por columnas, encuestas y operaciones mediáticas—: su verdadero agravio fue atreverse a levantar la alfombra. Y bajo ella no halló sólo polvo, sino un entramado histórico de prácticas que, naturalizadas, configuran el funcionamiento real del Estado: corrupción sistemática, nexos con el narcotráfico, parapolítica que permeó instituciones, élites económicas con ética instrumental y una clase política experta en administrar impunidad simbólica. Petro no creo ese inventario: lo leyó en voz alta. Y en Colombia, nombrar lo prohibido suele ser una transgresión que no se perdona.

De esa transgresión brota un odio que no se explica sólo por el disenso democrático. Es un rechazo visceral de quien se siente desnudo ante el espejo. La historia registra que Petro fue señalado como enemigo mucho antes de ocupar la Casa de Nariño. Hay testimonios y hechos que dan cuenta de amenazas que trascendieron el rumor, y la manera en que la violencia política se ha presentado como método en nuestro pasado reciente hace que determinadas confesiones políticas tengan consecuencias fatales. Cuando supo que su vida estaba en riesgo, Petro tomó una decisión inesperada dentro de la lógica del miedo: no se escondió. Fue al campamento paramilitar, no a negociar su silencio sino a encararlo, armado únicamente de argumentos políticos y de la convicción de que la palabra puede enfrentar al fusil. Ese gesto —en un país donde el terror ha sido instrumento de gobierno— quedó inscrito como una anomalía intolerable para quienes necesitan que el miedo funcione como disciplina social.

La experiencia de Petro como alcalde de Bogotá refinó otra lección: el adversario se incrusta en las mismas estructuras del Estado. Órganos de control convertidos en trincheras partidistas, medios de comunicación actuando como tribunales permanentes, y opositores que vieron en la administración pública un terreno para la obstrucción sistemática. Cuando no pudieron derrotarlo en las urnas, intentaron destituirlo; cuando eso fracasó, aprendieron la lección para una escala mayor. Ese patrón de reacción —bloqueo, litigio político, desacreditación pública— no es casualidad, sino una estrategia que ha probado su eficacia para desactivar agendas de cambio.

La Presidencia, lejos de apaciguar el conflicto, lo hizo visible y más agudo. Llegar al poder por mandato popular desactivó la narrativa del triunfo anecdótico y transformó a Petro en una amenaza tangible para los intereses enquistados. Desde el primer día se activaron mecanismos que, en conjunto, configuran lo que analistas llaman un “golpe blando”: señalamientos sin pruebas concretas (narcotraficante, terrorista, autócrata), bloqueo legislativo sistemático, persecución judicial selectiva, infiltración administrativa, suspensión arbitraria de funcionarios, manipulación informativa y pánico económico inducido. Gobernar dejó de ser gestión para convertirse en una resistencia cotidiana frente a una maquinaria con capacidad de desacreditar y paralizar.

Dos episodios retratan con nitidez ese pulso. La suspensión de la consulta popular y el trámite de las reformas sociales dejaron al descubierto cómo las reglas del juego pueden ser forzadas mediante maniobras reglamentarias y mayorías estratégicas. Impedir que la ciudadanía se pronuncie sobre asuntos de fondo no fue una disfunción del sistema, sino una maniobra calculada para restringir la participación. Tumbar la consulta no fue fortuito: fue el resultado de procedimientos orquestados por fuerzas políticas que optaron por la exclusión antes que por la deliberación pública. A su vez, la reaparición de la reforma laboral, luego de haber sido hundida y bajo un nuevo diseño, no buscó ampliar derechos sino neutralizar el impulso ciudadano, confirmando el cálculo de fondo: adaptar la ley no para democratizarla, sino para vaciarla de su potencial transformador.

El atentado contra un senador opositor fue otro hito que reveló cómo la política violenta y la instrumentalización del dolor pueden converger. El país rechazó el crimen; sin embargo, sectores de la oposición aprovecharon el hecho para convertir la tragedia en proyectil político contra el presidente, buscando asignar culpas morales antes que pedir rigor investigativo. En medio de la conmoción, emergieron maniobras de poder: el desconocimiento explícito de la autoridad presidencial por parte del presidente del senado Efraín Cepeda, negándose a participar en reuniones oficiales de seguridad, para erigirse como cabeza de un poder paralelo. No se trató de un gesto aislado, sino de una estrategia con efectos concretos: despojar al jefe de Estado de su condición de comandante en jefe, degradar su autoridad y normalizar la desobediencia institucional.

La reacción no quedó ahí. Marchas con destinatario único, llamados a militares retirados, solicitudes a organismos internacionales sin pruebas contundentes, y un coro mediático que entonó una misma letanía —Petro divide, Petro provoca, Petro debe dejar de ser Petro— configuraron una ofensiva que buscaba erosionar legitimidad. Cuando las altas Cortes invocan la autonomía en formas selectivas, o cuando decisiones judiciales parecen responder más a la geopolítica interna que a la letra del derecho, la sensación de captura institucional se intensifica. La autonomía judicial es un principio vital; su invocación parcializada y coincidente con intereses políticos es, por el contrario, una forma de usura democrática.

No es improvisación ni simple crisis episódica: tiene nombre y método. “Golpe blando en cámara lenta” describe un proceso de erosión constante diseñado para bloquear transformaciones y preparar el retorno del orden anterior. La violencia de antaño —balas y muertos— ha sido en buena medida complementada por procedimientos, titulares y conspiraciones maquilladas. El resultado es el mismo: cerrar el acceso ciudadano a reformas que cuestionan privilegios. La historia colombiana ofrece ejemplos de intentos de apertura neutralizados —antes por la represión directa, hoy por procedimientos administrativos y mediáticos—. No es azar, es estrategia.

El viaje de Petro a Washington condensó la expectativa opositora. Se apostó a la humillación internacional, a la mueca del anfitrión que confirmara la narrativa local de incompetencia o ilegitimidad. Hubo esfuerzos para denunciar y desacreditar al presidente en el exterior, pero la diplomacia, por su naturaleza pragmática, terminó por neutralizar el guion opositor. Lo que se esperaba que fuese espectáculo fue, en términos básicos, conversación: reconocimiento de canales, discusión de asuntos bilaterales y una agenda donde la soberanía y la interlocución jugaron un papel central. La estrategia de denunciar al propio presidente en foros ajenos quedó expuesta como capítulo de una campaña más amplia: llevar la controversia interna al plano internacional con la esperanza de clausurar espacios políticos locales.

En este escenario, uno de los actores más incómodos para el cambio es Álvaro Uribe. Más allá de animosidades personales, lo que inquieta a sectores vinculados al uribismo es la posibilidad de que investigaciones y testimonios acumulados sobre parapolítica, nexos con estructuras ilegales (narcotráfico) y violaciones al Estado de Derecho cobren relevancia en la arena internacional. Cuando el relato que construyó una hegemonía política se ve acosado por la evidencia, la reacción no es solo política, sino defensiva: emplear todas las herramientas disponibles para desacreditar adversarios y preservar la narrativa de legitimidad.

Ese patrón aparece también en episodios como la intervención del Consejo Nacional Electoral respecto a la participación de Iván Cepeda en la consulta interpartidista. La exclusión, disfrazada de tecnicismo jurídico, actúa como mecanismo político para limitar la competencia. Un órgano que debe garantizar derechos actúa en sintonía con la vieja política cuando decide quién puede competir según la conveniencia. El mensaje es dañino: cuando tribunales electorales se convierten en filtros de conveniencia, la democracia deja de ser un derecho y pasa a ser una concesión. La erosión institucional, entonces, no es sólo teórica: produce efectos concretos sobre representación y opciones políticas.

 Pero la dinámica tiene límites. Cada intento por cerrar el juego ha encontrado, una respuesta social: la ciudadanía. Cuando el sistema falla o se muestra servil a intereses particulares, la sociedad civil se mueve. Hoy, el respaldo popular a figuras que desafían el statu quo no es ingenuidad: es reacción. La política colombiana registra momentos en que, frente a un cerrojo institucional, el pueblo decide abrir el camino por su cuenta. Ese impulso es la razón por la que la élite, desesperada, recurre a atajos: deslegitimación, judicialización selectiva, manipulación mediática. El error clamoroso de quienes buscan excluir a Cepeda y a otros aspirantes no es sólo de táctica: es de cálculo político. Al intentar atajarlos, los impulsan.

Petro y Cepeda comparten, en esencia, un rasgo que incomoda a los poderosos: no doblegarse. Ambos apelan a la ciudadanía como juez último. En países donde la justicia y la institucionalidad han sido capturadas, la legitimidad se desplaza hacia la arena pública: urnas, movilización y conciencia colectiva. Cuando la Constitución se administra como privilegio y la ley se contorsiona según apellidos, el veredicto deja de escribirse en fallos y comienza a pronunciarse en la plaza pública y en las urnas.

 El 8 de marzo se presenta, así como una cita con la historia. No es una jornada puramente táctica ni un plebiscito sobre nombres: es la ocasión para decidir si se acepta que el futuro continúe siendo arrebatado mediante fraudes maquillados, maniobras reglamentarias y silencios cómplices, o si se pone fin al miedo y a la simulación democrática. Votar no es un acto ritual: es un ejercicio de juicio colectivo. Que nadie vote desde el odio hereditario ni desde consignas prestadas; que se vote con memoria, libertad y responsabilidad social. Porque votar sin pensar es obedecer, y la obediencia ha sido desde siempre el negocio del poder.

 Reconocer que la democracia está en riesgo no es proclamar el apocalipsis: es una llamada a la responsabilidad. Cuando las instituciones abdican, cuando la ley se convierte en instrumento de ventaja, la ciudadanía tiene el derecho y el deber de recuperar el juicio. Y si la historia enseña algo es que los intentos por clausurar la participación terminan, en última instancia, abriendo espacios. El desafío, ahora, es sostener esa apertura con propuestas claras, con pedagogía cívica y con la convicción de que la democracia no se mendiga: se ejerce. En marzo la gente tendrá la palabra; que la use para dictar un veredicto que no quede sólo en actas manipulables, sino en la historia viva de un país que decide no regresar a los caminos de la desgracia.

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