La exclusión de Iván Cepeda y la prueba ética del progresismo *

Por: Jhon Jaiver Flórez G.

El progresismo no debe olvidar que el poder no se ejerce únicamente desde el Ejecutivo; también se manifiesta en los reglamentos, en los órganos de control y en aquellas instancias que definen quién compite y bajo qué condiciones.

En esta república donde el árbitro pita y juega, el Consejo Nacional Electoral perfecciona jugaditas estratégicas: inclina la cancha sin despeinarse. Nada de escándalos, nada de portazos. Aquí la exclusión no se grita; se notifica. Con voto estrecho y tecnicismo pulcro, dejó por fuera de la consulta del 8 de marzo a Iván Cepeda. Un trámite. Un concepto. Una firma. Y listo.

El argumento fue minimalista —quien participó en una consulta no puede participar en otra—, fórmula aséptica que cabe en un párrafo y desplaza a un candidato que, según la más reciente encuesta de Invamer, marca 43% de intención de voto, lo que lo ubica a siete puntos de ganar la Presidencia en primera vuelta. La norma, aplicada como bisturí, no hizo ruido; hizo efecto. Cuando el procedimiento decide quién compite, deja de ser forma y se convierte en poder. Y cuando el poder se ejerce con guantes blancos, el expediente reemplaza al debate.

Por si la cirugía necesitara puntos de sutura, apareció la jugada complementaria: a días de la elección, el magistrado Álvaro Hernán Prada activó una maniobra contra la lista al Senado del Pacto Histórico y concedió 12 horas para responder en un proceso de revocatoria. Doce horas: la democracia medida en cronómetro. El reloj como doctrina jurídica. Nada espectacular; apenas la exactitud del calendario administrado.

El impacto no es anecdótico, es estructural. Sin Cepeda en la consulta, el progresismo queda ante el dilema clásico: fragmentarse con elegancia o improvisar unidad con premura. Sus competidores celebran la pulcritud del reglamento; sus bases mastican la sospecha. No es un accidente aislado: es una secuencia que condiciona la reorganización del bloque. No es un error administrativo; es arquitectura institucional con vocación de incidencia.

En el Frente por la Vida permanecen, entre otros, Roy Barreras y Daniel Quintero, con registros que apenas rozan el margen de error. Persistir en la consulta puede ser jurídicamente impecable; políticamente, resulta incómodo. Y aquí la crítica no admite maquillaje.

Roy Barreras no es un extraviado ideológico ni un recién llegado al progresismo: es un político tradicional con olfato afinado para sobrevivir. Su trayectoria multicolor —transitando partidos y gobiernos de distinto tono— habla menos de una épica doctrinaria que de una destreza adaptativa. No encarnó el giro progresista; lo leyó con precisión. Cuando el liderazgo de Gustavo Petro abrió una ventana histórica, Barreras entró con habilidad milimétrica y cumplió un papel clave en la consolidación parlamentaria del proyecto. No diseñó el cambio, pero entendió que el cambio cotizaba al alza.

Su gramática pertenece a una escuela anterior: oratoria solemne, retórica amplia, apelaciones de tono épico que privilegian el gesto sobre la ruptura. Más que desmantelar estructuras, administra equilibrios; más que incomodar al poder, negocia con él. Es el operador eficaz que domina los pasillos, los tiempos, las transacciones. Su discurso presume profundidad; rara vez se aventura en la crítica estructural que deja cicatriz.

En ese contexto, mantenerse en la consulta tras la exclusión de Cepeda no es un acto neutro. En política, los gestos pesan más que las aclaraciones. Cuando el órgano electoral altera el tablero y deja fuera al aspirante con mayor respaldo dentro del bloque, la reacción esperable de quien se asume parte del proyecto no es ocupar el vacío, sino cuestionar el mecanismo. Aprovechar la ventana no es ilegal; es revelador.

Barreras y Quintero se comportan más como competidores que olfatean una oportunidad que como miembros de una colectividad dispuestos a resguardar la cohesión interna. La diferencia no es retórica, es estratégica. La solidaridad política no es un gesto sentimental sino un cálculo racional orientado a preservar el proyecto común y su viabilidad en el tiempo. Persistir en una contienda debilitada, bajo reglas que amplios sectores perciben como alteradas, se interpreta menos como la defensa legítima de un derecho individual y más como una apuesta personal en terreno inestable, donde el riesgo no solo es propio sino colectivo.

Esa actitud tiene nombre: mezquindad política. Coloca la aspiración individual por encima de la viabilidad colectiva. En un país que intenta consolidar un proceso de cambio, insistir en candidaturas testimoniales no fortalece la democracia interna; fragmenta la fuerza externa. Y en primera vuelta, la fragmentación suele ser el atajo más corto hacia la restauración que se dice combatir.

Barreras no es anomalía; es síntoma sofisticado de una tradición que convirtió el Estado en espacio de transacción antes que de transformación. Su virtud ha sido el instinto; su límite, la falta de ruptura. Pero el clima cultural mutó: la ciudadanía pasó de aplaudir la elocuencia a exigir resultados verificables. En esa atmósfera, la retórica sin riesgo pierde brillo. La maniobra ya no deslumbra; se audita.

La irrupción de Petro no creó el desgaste de la vieja política, pero sí lo volvió visible. Frente a esa mutación, Barreras aparece como figura bisagra: imprescindible para la mecánica del poder, distante del impulso ético que reclama coherencia. Su capital ha sido la maniobra; su déficit, la definición. Y cuando la época exige claridad antes que destreza, la supervivencia deja de ser mérito suficiente.

Mientras tanto, la derecha —y en particular el Centro Democrático— entendió una lección que el progresismo no puede seguir subestimando: la política no se gana solo en plazas y redes; también se disputa en reglamentos, órganos de control y calendarios. El poder no se ejerce únicamente desde el Ejecutivo; se administra desde las instancias que deciden quién compite y bajo qué condiciones.

Las consultas interpartidistas nacieron para ordenar coaliciones en un sistema fragmentado. Pero cuando la norma opera de modo que desordena a un bloque y deja intacto al otro, el puente se convierte en peaje. Y el peaje, como todo peaje, selecciona quién pasa y quién espera. En ese escenario no basta la indignación digital: si el proyecto de cambio aspira a continuidad, necesita cohesión real. Excluir a Cepeda —con su trayectoria en la defensa de derechos humanos y su protagonismo en debates judiciales de alto calibre— no es un ajuste técnico; es un golpe a la posibilidad de competir articulados.

Petro anunció que no pedirá el tarjetón de la consulta. Cepeda llamó a sus votantes a hacer lo mismo. Es un gesto político para deslegitimar un procedimiento percibido como sesgado. Se podrá discutir la táctica; el síntoma es más profundo: cuando sectores amplios sienten que las reglas están inclinadas, la democracia no estalla; se encoge desde el reglamento.

Este tarjetón incompleto no se resolverá en un estrado ni en un trino. Se resolverá en una decisión colectiva. Si la exclusión se convierte en fractura, el bisturí habrá sido eficaz. Si se transforma en cohesión estratégica, el progresismo habrá demostrado que incluso cuando el árbitro juega para el otro equipo, el partido puede disputarse y ganarse.

La pregunta de fondo ya no es si la norma fue correctamente interpretada, sino si quienes aseguran encarnar el cambio están dispuestos a subordinar la ambición personal al proyecto colectivo. En política, como en el teatro, el protagonista puede aparecer después de levantado el telón; lo decisivo no es el momento de entrada, sino la coherencia del reparto. Pero si el elenco se fractura antes del acto final, no habrá ovación capaz de salvar la obra.

*La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

Democracia o simulacro: la cita decisiva del 8 de marzo *

 

Por: Jhon Flórez

Intento de elites colombianas de sacar a Cepeda y al Pacto Histórico del camino fue un error de cálculo que terminará empujando a ciudadanía a respaldar campaña del Pacto y su candidato presidencial

En Colombia, desafiar al poder no es una extravagancia intelectual ni un exceso retórico: es, muchas veces, una condena anticipada. Gustavo Petro lo aprendió desde joven y lo ha pagado con una carrera marcada por amenazas, procesos políticos y una campaña sostenida para deslegitimarlo. Su supuesto “pecado” no es simplemente “gobernar mal” —esa acusación se fue construyendo después, alimentada por columnas, encuestas y operaciones mediáticas—: su verdadero agravio fue atreverse a levantar la alfombra. Y bajo ella no halló sólo polvo, sino un entramado histórico de prácticas que, naturalizadas, configuran el funcionamiento real del Estado: corrupción sistemática, nexos con el narcotráfico, parapolítica que permeó instituciones, élites económicas con ética instrumental y una clase política experta en administrar impunidad simbólica. Petro no creo ese inventario: lo leyó en voz alta. Y en Colombia, nombrar lo prohibido suele ser una transgresión que no se perdona.

De esa transgresión brota un odio que no se explica sólo por el disenso democrático. Es un rechazo visceral de quien se siente desnudo ante el espejo. La historia registra que Petro fue señalado como enemigo mucho antes de ocupar la Casa de Nariño. Hay testimonios y hechos que dan cuenta de amenazas que trascendieron el rumor, y la manera en que la violencia política se ha presentado como método en nuestro pasado reciente hace que determinadas confesiones políticas tengan consecuencias fatales. Cuando supo que su vida estaba en riesgo, Petro tomó una decisión inesperada dentro de la lógica del miedo: no se escondió. Fue al campamento paramilitar, no a negociar su silencio sino a encararlo, armado únicamente de argumentos políticos y de la convicción de que la palabra puede enfrentar al fusil. Ese gesto —en un país donde el terror ha sido instrumento de gobierno— quedó inscrito como una anomalía intolerable para quienes necesitan que el miedo funcione como disciplina social.

La experiencia de Petro como alcalde de Bogotá refinó otra lección: el adversario se incrusta en las mismas estructuras del Estado. Órganos de control convertidos en trincheras partidistas, medios de comunicación actuando como tribunales permanentes, y opositores que vieron en la administración pública un terreno para la obstrucción sistemática. Cuando no pudieron derrotarlo en las urnas, intentaron destituirlo; cuando eso fracasó, aprendieron la lección para una escala mayor. Ese patrón de reacción —bloqueo, litigio político, desacreditación pública— no es casualidad, sino una estrategia que ha probado su eficacia para desactivar agendas de cambio.

La Presidencia, lejos de apaciguar el conflicto, lo hizo visible y más agudo. Llegar al poder por mandato popular desactivó la narrativa del triunfo anecdótico y transformó a Petro en una amenaza tangible para los intereses enquistados. Desde el primer día se activaron mecanismos que, en conjunto, configuran lo que analistas llaman un “golpe blando”: señalamientos sin pruebas concretas (narcotraficante, terrorista, autócrata), bloqueo legislativo sistemático, persecución judicial selectiva, infiltración administrativa, suspensión arbitraria de funcionarios, manipulación informativa y pánico económico inducido. Gobernar dejó de ser gestión para convertirse en una resistencia cotidiana frente a una maquinaria con capacidad de desacreditar y paralizar.

Dos episodios retratan con nitidez ese pulso. La suspensión de la consulta popular y el trámite de las reformas sociales dejaron al descubierto cómo las reglas del juego pueden ser forzadas mediante maniobras reglamentarias y mayorías estratégicas. Impedir que la ciudadanía se pronuncie sobre asuntos de fondo no fue una disfunción del sistema, sino una maniobra calculada para restringir la participación. Tumbar la consulta no fue fortuito: fue el resultado de procedimientos orquestados por fuerzas políticas que optaron por la exclusión antes que por la deliberación pública. A su vez, la reaparición de la reforma laboral, luego de haber sido hundida y bajo un nuevo diseño, no buscó ampliar derechos sino neutralizar el impulso ciudadano, confirmando el cálculo de fondo: adaptar la ley no para democratizarla, sino para vaciarla de su potencial transformador.

El atentado contra un senador opositor fue otro hito que reveló cómo la política violenta y la instrumentalización del dolor pueden converger. El país rechazó el crimen; sin embargo, sectores de la oposición aprovecharon el hecho para convertir la tragedia en proyectil político contra el presidente, buscando asignar culpas morales antes que pedir rigor investigativo. En medio de la conmoción, emergieron maniobras de poder: el desconocimiento explícito de la autoridad presidencial por parte del presidente del senado Efraín Cepeda, negándose a participar en reuniones oficiales de seguridad, para erigirse como cabeza de un poder paralelo. No se trató de un gesto aislado, sino de una estrategia con efectos concretos: despojar al jefe de Estado de su condición de comandante en jefe, degradar su autoridad y normalizar la desobediencia institucional.

La reacción no quedó ahí. Marchas con destinatario único, llamados a militares retirados, solicitudes a organismos internacionales sin pruebas contundentes, y un coro mediático que entonó una misma letanía —Petro divide, Petro provoca, Petro debe dejar de ser Petro— configuraron una ofensiva que buscaba erosionar legitimidad. Cuando las altas Cortes invocan la autonomía en formas selectivas, o cuando decisiones judiciales parecen responder más a la geopolítica interna que a la letra del derecho, la sensación de captura institucional se intensifica. La autonomía judicial es un principio vital; su invocación parcializada y coincidente con intereses políticos es, por el contrario, una forma de usura democrática.

No es improvisación ni simple crisis episódica: tiene nombre y método. “Golpe blando en cámara lenta” describe un proceso de erosión constante diseñado para bloquear transformaciones y preparar el retorno del orden anterior. La violencia de antaño —balas y muertos— ha sido en buena medida complementada por procedimientos, titulares y conspiraciones maquilladas. El resultado es el mismo: cerrar el acceso ciudadano a reformas que cuestionan privilegios. La historia colombiana ofrece ejemplos de intentos de apertura neutralizados —antes por la represión directa, hoy por procedimientos administrativos y mediáticos—. No es azar, es estrategia.

El viaje de Petro a Washington condensó la expectativa opositora. Se apostó a la humillación internacional, a la mueca del anfitrión que confirmara la narrativa local de incompetencia o ilegitimidad. Hubo esfuerzos para denunciar y desacreditar al presidente en el exterior, pero la diplomacia, por su naturaleza pragmática, terminó por neutralizar el guion opositor. Lo que se esperaba que fuese espectáculo fue, en términos básicos, conversación: reconocimiento de canales, discusión de asuntos bilaterales y una agenda donde la soberanía y la interlocución jugaron un papel central. La estrategia de denunciar al propio presidente en foros ajenos quedó expuesta como capítulo de una campaña más amplia: llevar la controversia interna al plano internacional con la esperanza de clausurar espacios políticos locales.

En este escenario, uno de los actores más incómodos para el cambio es Álvaro Uribe. Más allá de animosidades personales, lo que inquieta a sectores vinculados al uribismo es la posibilidad de que investigaciones y testimonios acumulados sobre parapolítica, nexos con estructuras ilegales (narcotráfico) y violaciones al Estado de Derecho cobren relevancia en la arena internacional. Cuando el relato que construyó una hegemonía política se ve acosado por la evidencia, la reacción no es solo política, sino defensiva: emplear todas las herramientas disponibles para desacreditar adversarios y preservar la narrativa de legitimidad.

Ese patrón aparece también en episodios como la intervención del Consejo Nacional Electoral respecto a la participación de Iván Cepeda en la consulta interpartidista. La exclusión, disfrazada de tecnicismo jurídico, actúa como mecanismo político para limitar la competencia. Un órgano que debe garantizar derechos actúa en sintonía con la vieja política cuando decide quién puede competir según la conveniencia. El mensaje es dañino: cuando tribunales electorales se convierten en filtros de conveniencia, la democracia deja de ser un derecho y pasa a ser una concesión. La erosión institucional, entonces, no es sólo teórica: produce efectos concretos sobre representación y opciones políticas.

 Pero la dinámica tiene límites. Cada intento por cerrar el juego ha encontrado, una respuesta social: la ciudadanía. Cuando el sistema falla o se muestra servil a intereses particulares, la sociedad civil se mueve. Hoy, el respaldo popular a figuras que desafían el statu quo no es ingenuidad: es reacción. La política colombiana registra momentos en que, frente a un cerrojo institucional, el pueblo decide abrir el camino por su cuenta. Ese impulso es la razón por la que la élite, desesperada, recurre a atajos: deslegitimación, judicialización selectiva, manipulación mediática. El error clamoroso de quienes buscan excluir a Cepeda y a otros aspirantes no es sólo de táctica: es de cálculo político. Al intentar atajarlos, los impulsan.

Petro y Cepeda comparten, en esencia, un rasgo que incomoda a los poderosos: no doblegarse. Ambos apelan a la ciudadanía como juez último. En países donde la justicia y la institucionalidad han sido capturadas, la legitimidad se desplaza hacia la arena pública: urnas, movilización y conciencia colectiva. Cuando la Constitución se administra como privilegio y la ley se contorsiona según apellidos, el veredicto deja de escribirse en fallos y comienza a pronunciarse en la plaza pública y en las urnas.

 El 8 de marzo se presenta, así como una cita con la historia. No es una jornada puramente táctica ni un plebiscito sobre nombres: es la ocasión para decidir si se acepta que el futuro continúe siendo arrebatado mediante fraudes maquillados, maniobras reglamentarias y silencios cómplices, o si se pone fin al miedo y a la simulación democrática. Votar no es un acto ritual: es un ejercicio de juicio colectivo. Que nadie vote desde el odio hereditario ni desde consignas prestadas; que se vote con memoria, libertad y responsabilidad social. Porque votar sin pensar es obedecer, y la obediencia ha sido desde siempre el negocio del poder.

 Reconocer que la democracia está en riesgo no es proclamar el apocalipsis: es una llamada a la responsabilidad. Cuando las instituciones abdican, cuando la ley se convierte en instrumento de ventaja, la ciudadanía tiene el derecho y el deber de recuperar el juicio. Y si la historia enseña algo es que los intentos por clausurar la participación terminan, en última instancia, abriendo espacios. El desafío, ahora, es sostener esa apertura con propuestas claras, con pedagogía cívica y con la convicción de que la democracia no se mendiga: se ejerce. En marzo la gente tendrá la palabra; que la use para dictar un veredicto que no quede sólo en actas manipulables, sino en la historia viva de un país que decide no regresar a los caminos de la desgracia.

* La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

Un abogado claramente impedido, subalterno de Abelardo, veta la participación de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida *

 

En la imagen: Yezid García Abello - Dirigente PTC

Por: Yezid García Abello

Ultraderecha colombiana, en el tema de honestidad y corrupción la viene sacando del estadio. Caso Epstein y Pastrana: silencio cómplice de los grandes medios y elogio constante a De La Espriella que se jacta de haber sacrificado gatos

El conjuez del Concejo Nacional Electoral, Hollman Ibáñez, que a la postre definió excluir al candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda Castro de participar en la consulta progresista del Frente por la Vida es un gris abogado al servicio de la oficina de Abelardo de la Espriella. Por lo tanto, tratándose de definir un asunto sobre los contendores políticos de su patrón estaba moral y jurídicamente impedido, como a tiempo lo denunciaron fuerzas políticas y periodistas independientes. Los defensores en abstracto de lo que pomposamente definen como «la moral y las buenas costumbres» debían tomar nota, no eludir el bulto, y pronunciarse sobre estas aberraciones éticas y jurídicas. Respaldo total a Iván Cepeda, Roy Barreras, Juan Fernando Cristo, Camilo Romero, Daniel Quintero y candidatos y candidatas que definieron participar en una consulta para elegir una candidatura unitaria del Frente Por la Vida y defender el proyecto político progresista y democrático.

La ultraderecha colombiana, en el tema de la honestidad y la corrupción sí que la viene sacando del estadio: caso de Epstein y Pastrana y el silencio cómplice de los grandes medios, el elogio constante a un personaje como De La Espriella que se jacta de haber sacrificado gatos insertándoles en el ano varios voladores que prendía simultáneamente, el senador norteamericano que fungía de representante de Trump en la tierra y el presidente gringo no sabía siquiera que era colombiano, las maniobras contra el decreto de emergencia económica y su rabiosa negativa a que los mega ricos paguen un poco más de impuestos, la existencia de una parte de la prensa nacional totalmente entregada a las posiciones y las aceitadas de la reacción política.

Respaldo total a Iván Cepeda, Roy Barreras, Juan Fernando Cristo, Camilo Romero, Daniel Quintero y candidatos y candidatas que definieron participar en una consulta para elegir una candidatura unitaria del Frente Por la Vida y defender el proyecto político progresista y democrático.

El arbitrario veto a Cepeda obliga ahora a buscar y encontrar nuevos acuerdos entre ellos, que tengan como base el interés nacional y garanticen la continuidad de los avances sociales conquistados en este cuatrienio.

* La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

Desorden acá, allá y acullá

Por: Germán Navas Talero y Pablo Ceballos Navas

Editor: Francisco Cristancho R.

El Consejo Nacional Electoral dice ser instancia judicial sin tener jurisdicción, sus funcionarios se arrogan la calidad de magistrados, aunque no ejerzan funciones judiciales ni detenten competencia para enjuiciar a nadie, y ahora, como si fuera poco, decidieron que el fuero integral del presidente, uno de los elementos torales del equilibrio de poderes, no les es oponible.

¿habrá quien crea lo que se dice en un documento firmado por César Lorduy, sindicado de haber asesinado a una mujer? ¿Presta alguna confianza la firma de Álvaro Hernán Prada, quien próximamente tendrá que firmar el libro de invitados de la Corte Suprema de Justicia, instancia que lo llamó a juicio por sus andanzas fraudulentas con Álvaro Uribe?

El mundo no está para hacer obleas: al tiempo que por acá nos aquejan conflictos de todo orden, en los demás países la situación no pinta mejor. Durante la semana anterior la crisis en Medio Oriente alcanzó contornos desconocidos tras la respuesta a las operaciones de Israel en territorio libanés. Drones y misiles provenientes del Líbano eludieron la cúpula de hierro e impactaron instalaciones civiles y militares, mientras Israel se debate si ocupará indefinidamente el norte de Gaza –como lo ha considerado desde el comienzo de la guerra– o si acatará a regañadientes el consejo internacional de desescalar las hostilidades.

Mientras los simpatizantes de Netanyahu protestan por las restricciones a la avanzada que presuntamente habría impuesto el gobierno de Biden, en Michigan y otros estados de la Unión con una población musulmana importante se debaten si vale la pena respaldar a la candidata demócrata o si prefieren quedarse en casa el día de la elección. La cosa está tan seria que figuras poderosas dentro del partido como la expresidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, han empezado a virar en sus posiciones sobre el conflicto, al punto de cuestionar durante una entrevista en televisión nacional si el primer ministro israelí “alguna vez” quiso la paz. Los votos de esta población –cuya afinidad con el partido menos derechista de Estados Unidos es casi absoluta– pueden definir quién será el sucesor de Joe Biden y, para desgracia de ambos candidatos, la campaña pasa indefectiblemente por los territorios palestinos ocupados y para algunos llega hasta Beirut.

Occidente ya no sabe qué hacer con su aliado de marras en Medio Oriente. Se dice que mientras Macron reprendía al gobierno de Netanyahu en público, su homólogo alemán negoció con éxito un acuerdo con el ministerio de defensa de Israel para incluir previsiones “antigenocidio” en los contratos de suministro de armas y demás elementos de defensa que adquiere el país hebreo de fabricantes con sede en Alemania. La guerra sin rumbo de un político sub judice que teme a sus ciudadanos y que por ello les priva de la paz tiene al mundo en vilo, a una región entera en crisis, a cientos de miles de israelíes sitiados; atemorizados y sometidos a un régimen cada día más autoritario, y a millones de palestinos y libaneses padeciendo hambre, enfermedades, duelos, destierros y vejámenes inimaginables para el siglo XXI. Esto lo saben los líderes de las grandes naciones y visto que están dispuestos a que continúe acuden a regaños y letras muertas, con los que puedan engañar o al menos distraer a unos cuantos incautos.

De vuelta al terruño, la cosa no está para ponerse a jugar. Violando la Constitución al atribuirse una función que no le asiste por mandato de esta y amenazando la separación funcional de los poderes públicos al ocupar una competencia de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, el Consejo Nacional Electoral formuló cargos en contra del presidente de la República, infringiendo su fuero integral y por vía de esta actuación administrativa –aparentemente fútil– constituyendo las pruebas necesarias para un proceso penal posterior con el que los artífices seguro pretenderán, como lo han intentado en el pasado, herir de muerte la carrera política de Petro.

Al margen de la discusión sobre la espuria atribución de competencia nos preguntábamos, ¿habrá quien crea lo que se dice en un documento firmado por César Lorduy, sindicado de haber asesinado a una mujer? ¿Presta alguna confianza la firma de Álvaro Hernán Prada, quien próximamente tendrá que firmar el libro de invitados de la Corte Suprema de Justicia, instancia que lo llamó a juicio por sus andanzas fraudulentas con Álvaro Uribe? ¿Conocen algún mérito académico, jurídico o al menos profesional de Maritza Martínez? Con el perdón de un par de magistrados capaces y ecuánimes, los miembros del Consejo Nacional Electoral deslucen las calidades de “magistrados” y puede que no les alcance siquiera para funcionarios.

En lo que refiere a estas diligencias mañosas, confiamos en que el presidente mantendrá el fuero con el respaldo de sus abogados –cuyas capacidades están demostradas más allá de duda– bien en instancia nacional o internacional, y estamos seguros de que los demás vinculados podrán rendir las explicaciones que presentó el jefe de Estado en alocución y que consideramos razonables. Para quienes se relamían pensando en un inexistente “juicio político” al presidente, sepan que no pasarán, ni siquiera con conceptos truchos de altas cortes como los dos que confirieron apariencia de legalidad al golpe que el Consejo Nacional Electoral le dio a la Constitución y al Congreso de la República.

Adenda: contundente como siempre nuestro amigo Hernán Riaño en su columna de la semana pasada, que pueden leer acá. Con ocasión del rifirrafe entre el presidente Petro y el acusado por fraude procesal con asiento en El Ubérrimo, nos permitimos transcribir un aparte de la columna de Hernán que nos quedó sonando: “el ‘ex’ sofisticó el término traición, volviéndolo una política de Estado no oficial, en la que ninguna autoridad civil o militar osaba llevarle la contraria o hacer cosas inconvenientes para el hoy acusado, imponiendo un régimen del terror que haría poner colorado al sucedido en nuestro país en la época de la independencia. Por ello, hoy, muchos congresistas, las altas cortes, los juzgados de cualquier municipio, entes de control, autoridades regionales y funcionarios de todas las instituciones públicas lo obedecen ciegamente, con un terror inenarrable”.

Esta nota fue publicada originalmente en SoNoticias y compartida con la comunidad de La Conversa de Fin de Semana, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño.

Las opiniones de los columnistas son de su exclusiva responsabilidad.  Les invitamos a leer, comentar, compartir y a debatir con respeto.

NO AL GOLPE DE ESTADO EN COLOMBIA

 

Por: La Conversa de Fin de Semana

Tal y como se había venido denunciando desde este espacio; los agentes de la Derecha Colombiana, infiltrados como magistrados en las Altas Cortes (Corte suprema, Corte Constitucional, Consejo de Estado), la Procuraduría General y el Consejo Nacional Electoral (CNE) han dado un grave golpe a la institucionalidad colombiana. 

La extralimitación de funciones del CNE al atreverse a iniciar investigación contra el presidente de la república, sin tener competencia para ello; es otro paso hacia la concreción del Golpe Blando advertido por el presidente Gustavo Petro. 

Los magistrados al servicio de la Ultraderecha colombiana acentúan el uso del Lawfare para avanzar en el desprestigio del presidente de Colombia y así justificar un probable juicio de indignidad en el Congreso de la República de Colombia, en un ambiente de manipulación informativa orquestado por la mal llamada Gran Prensa de propiedad de los grandes Gremios de la producción, declarados abiertamente en oposición al actual gobierno de Colombia, que buscan afanosamente deslegitimar el voto mayoritario de los colombianos. 

Ante esta grave situación de atentado en contra de la Democracia operado por el Uribismo infiltrado en las altas cortes y otras entidades de control; desde este espacio rechazamos esta intentona golpista e invitamos a los colombianos decentes, que somos mayoría, a defender nuestro mandato popular de que el señor Gustavo Petro Urrego sea el presidente de Colombia durante todo el periodo constitucional. 

#NoAlGolpeDeEstado