Encerrona de la derecha para retomar el gobierno *

 

En la imagen: Hernán Riaño / Periodista - Director de SoNoticias

Por: Hernán Riaño

El verdadero peligro para Colombia es esa unión de hecho —aunque no formalizada— entre la oligarquía y unos líderes políticos y sociales que, por réditos de poder, siempre se acomodan “al sol que más calienta"

Con los resultados electorales de unas consultas prefabricadas, solo para favorecer a la derecha, en las que, como lo había advertido un candidato, iban a inflar a Paloma Valencia, quedó demostrado, aparentemente, uno de los fraudes más descarados de los últimos años en tiempo real, pues la cantidad de votos que aparecieron, unos depositados por la extrema derecha uribista y la mayoría por arte de magia, no expresan la realidad electoral del país. 

La candidata, en las semanas anteriores había programado manifestaciones, todas acompañadas por su gran jefe Uribe, para garantizar plazas repletas de gente, lo que nunca ocurrió, pero si se destapó una realidad de a puño: que no llenan ni la sala de un apartamento de 36 metros cuadrados, de los que venden ahora. Sin embargo, en la consulta del 8 de marzo ¡“consiguieron” más de tres millones de votos! y nos quieren convencer de que ella tiene más favorabilidad que Cepeda. Esto destapa el engaño que tienen programado para un triunfo, pregonando una falsa preferencia electoral y así sustentar el próximo fraude.

Algo similar ocurrió con el otro candidato derechista, Oviedo, que quiso presentarse como un “hijo natural” del progresismo, para conseguir la votación con la que finalizó la consulta. En este caso tampoco sabemos de donde salieron los más de 600 mil votos que “consiguió”; muchos dicen que militantes o simpatizantes progresistas le votaron porque se presentó con un aire petrista, de ser cierto, demostraría una ignorancia política crasa de esos colombianos, muy peligrosa para la primera vuelta, ya que dejaría ver lo fácil que es engañar a esos ciudadanos, muy grave.

Todo esto hace parte de una encerrona tipo Chile a la que quieren someternos. En ese país, la derecha se preparó durante los 4 años de Boric, con ayuda de los gringos, para diseñar el plan perfecto para no permitir que el proyecto progresista tuviera un nuevo presidente. Claro que hay que decir que ese mandatario, más que progresista, era uno de los que aquí llamamos tibio y sus realizaciones nunca satisficieron al pueblo chileno. Lo que hizo, más bien, fue darle un impulso al pinochetismo ultraderechista, que no es nuestro caso, porque aquí lo realizado por Petro demuestra que él está jugado con el pueblo y sus reivindicaciones. Siguiendo con lo que pasó en el país austral, la candidata, esa sí de izquierda, sin el apoyo efectivo de los progresistas y sus copartidarios, ganó la primera vuelta, pero el resto de los candidatos de la derecha, sumados todos ellos, tenían lo suficiente para ganar en la segunda, lo que efectivamente sucedió. Leyendo las autocríticas y los análisis de quienes pretendían que la izquierda se impusiera, la conclusión casi que unánime, fue que se confiaron y no trabajaron para lograr el triunfo en segunda vuelta, contrario a las derechas que concentraron todo su esfuerzo y conquistaron el voto de los chilenos. Algo parecido sucedió en Bolivia, en países centroamericanos, del caribe y previamente en Argentina.

En Colombia, y analizando lo que ha sucedido en estos primeros meses del presente año, estamos ad-portas de que el progresismo repita los errores de nuestros vecinos. Salvo algunas excepciones entre las que se destacan favorablemente Carolina Corcho, senadora recién electa y algunos otros, los demás están como en un sopor, pareciera que no saben qué hacer, o, ¿no quieren?, ¿están confiados como en Chile?, ¿siguen embriagados con el triunfo? o ¿todas las anteriores?

Con lo que está pasando, se ratifica la realidad de que el pueblo es superior a sus dirigentes. El colombiano raso ha comprendido de qué se trata el proyecto, qué quiere hacer Petro en nuestra nación, ya es consciente que es un ser humano, tiene derechos, que no debe dejarse humillar ni explotar más por la ultraderecha y, en síntesis, que es un ser que tiene dignidad y que los demás lo deben respetar. Imagínense el trabajo tan eficiente y efectivo del señor presidente que en tres años pudo lograr que entendiéramos esos conceptos, los adoptáramos y los defendiéramos después de 200 años de esclavitud, vasallaje, humillación, irrespeto y explotación por aquellos que se creen elegidos por una divinidad para que eternamente nos gobiernen. Ese pueblo es el llamado a defender el gobierno en las urnas. Ese trabajo de hacer entender la dignidad es único del presidente porque muchos de sus colaboradores y amigos todavía creen y practican conceptos feudales de la colonia, que perviven en nuestros tiempos y los practican con lujo de detalles.

Ese es el real peligro, esa unión de hecho, y puede que no formalizada, de la oligarquía y los líderes que no saben su verdadero papel en ente momento de la historia colombiana, sino que, como siempre ha ocurrido, se acomodan “al sol que más calienta” para sacar unos réditos de poder, económicos o políticos. Claro que hay que decir que no son todos, afortunadamente, son algunos enquistados en los círculos más altos de la dirigencia progresista que se han atraviesan como “burros muertos” o “palos en la rueda” del verdadero desarrollo de la nación. Desde que incursioné en la política y en el periodismo he sabido de la existencia de estos personajes que son más dañinos que la misma derecha, ya que actúan amparándose en la oscuridad del engaño, de las apariencias, de la palabrería, del desvío de propósitos, terminan traicionando al pueblo y llevándolo al redil de las políticas de la ultraderecha tradicional. Estos casos son innumerables a través de nuestra historia, desde Santander que traicionó a Bolívar, para volver a instaurar el feudalismo en Colombia, hasta los denunciados por nuestro presidente, de personas que a voz en cuello pregonan su progresismo, gritan “Petro te amo”, pero que en realidad trabajan para los poderes de siempre, todos ellos denunciados por Petro en los consejos de ministros y las alocuciones presidenciales que todavía le permiten hacer. 

La conjunción de todas estas fuerzas oscuras y los planes que están llevando a cabo para impedir que Iván Cepeda llegue al gobierno están a la orden del día. Unos con planes de todo tipo para el fraude que, probablemente, quieren hacer en las presidenciales, usando todas las armas posibles, legales o no, pero además están haciendo todo lo imposible para enlodar a Petro con denuncias de países extranjeros afines a Trump, vinculándolo al narcotráfico o a las supuestas denuncias sobre el financiamiento de su campaña del 2.022 o a Iván Cepeda tachándolo de ser de las extintas FARC, incluyendo a su papá asesinado por la ultraderecha, el abogado Manuel Cepeda Vargas, con la mentira que era militante de esa guerrilla, entre otras calumnias y mentiras. Esto está sucediendo ante nuestros ojos, sin esconderse, lo que demuestra la intención real de querer lograr sus planes. El señor presidente ha denunciado posibles planes de asesinato contra Iván Cepeda o contra él, muy posible que lleguen hasta esas instancias con tal de evitar el triunfo progresista.  

Muchos líderes progresistas, están en otro mundo, en la nube del poder que obnubila, que no los deja ver más allá de sus narices, que no hacen caso a las bases y que se han granjeado la animadversión y la desconfianza de muchos militantes que en varios escenarios exigen cambios radicales en el accionar del Pacto Histórico. Lo grave no es que haya discrepancias, sino que ellos, los que se abrogaron esos puestos de dirigencia, no oigan a la militancia, no los reciben, no les contestan llamadas ni mensajes y mucho menos les hacen caso a sus inquietudes y peticiones, se están convirtiendo, sin proponérselo, en colaboradores silenciosos de los planes de la oligarquía para impedir que el proyecto tenga un segundo periodo.

Estamos en un momento muy peligroso, muy parecido al de Chile, unas derechas que vienen con todo para recuperar el gobierno y una inercia cómplice de muchos líderes del progresismo que no atinan tomar las decisiones que la historia y Colombia hoy les exigen. 

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

Votos de Petro, fraude y desidia del progresismo

En la imagen: Hernán Riaño / Periodista - Director de SoNoticias

 Por Hernán Riaño

“Es cierto que en la costa se compran votos. Qué vamos a hacer, es un hecho. Si el elector no recibe un aliño, no vota. Eso es tradicional en todos los departamentos de la costa y se ha extendido ese mecanismo electoral a todo el país” (Roberto Gerlein-exsenador/ exministro Conservador)

Después de transcurridos unos días de haberse realizado las elecciones parlamentarias junto con las consultas presidenciales, lo que se sospechaba a gritos se convirtió en una tragedia para la democracia colombiana.  La ultraderecha dejó claro que, como siempre, utilizó la combinación de todas las formas (de lucha) de fraude electoral para intentar evitar el avance del progresismo. Desde la «clásica y tradicional» compra vulgar de votos, pasando por la venta de paquetes de “sufragantes” por parte de un (¿o varios?) registrador(es), la presión al elector, las amenazas, el uso de un software programado, supuestamente, para alterar resultados, hasta la sofisticada empresa electoral que consiste en instalar jurados falsos (supuestamente vinculados a la registraduría), que ya tienen ganadores premeditados en las mesas de las que se apropian. 

Todo esto en un complot en el que concurren, supuestamente (siempre hay que decirlo), funcionarios o calanchines del CNE, la Registraduría, empresas privadas dedicadas a estas oscuras actividades y que han alterado los resultados electorales por años sin que la justicia haya investigado y condenado, uno de los delitos más graves; bien lo decía Roberto Gerlein con un cinismo descarado, refiriéndose a la compra d votos en Barranquilla: “Es cierto que en la costa se compran votos. Qué vamos a hacer, es un hecho. Si el elector no recibe un aliño, no vota. Eso es tradicional en todos los departamentos de la costa y se ha extendido ese mecanismo electoral a todo el país” (1), para tratar de demostrar que  ese delito era algo «normal» y no había nada que hacer y mucho menos debería perseguirse y castigarse. De hecho, su hermano Julio fue mencionado en este tipo de actividades junto con el clan Char y la utilización de Aida Merlano para lograr el triunfo de sus candidatos desde una sede conocida como la “casa blanca”. ¡Gerlein fue absuelto y Merlano condenada! (2) 

Bien lo había advertido el señor presidente desde el año 2.018, refiriéndose a los diferentes tipos de engaño para lograr unos delictuosos resultados en favor de la ultraderecha, pero con más fuerza con respecto al software de cómputo de votos, que es de una empresa privada, violando la sentencia del Consejo de Estado, que

obligaba a la entidad a adquirir uno propio para impedir el fraude y el manejo inadecuado de los datos de los colombianos por parte de extraños. El fallo demostró un fraude descarado en contra del partido MIRA en el 2.014 (3). 

El artículo décimo tercero del referido laudo dice: 

DÉCIMO TERCERO. - Conminar a la Organización Electoral para que adquiera el software requerido de escrutinios desde y para el Estado, es decir, que sea propio de dicha organización, y que permita una completa trazabilidad del escrutinio de mesa hasta la declaratoria de la elección, además realice los trámites para designar el personal idóneo para la prestación del servicio de soporte técnico especializado que se requiera, para la vigilancia y control del aplicativo a utilizar. 

Hoy estamos ante una realidad que nos quieren imponer los partidos de la ultraderecha junto con los medios de comunicación de propiedad de los grandes empresarios muy comprometidos en impedir que el cambio continúe con un segundo gobierno progresista. Una realidad que ha hecho que el señor presidente denuncie un fraude desde su única tribuna, la red social X, y que por una demanda del señor Ramiro Bejarano, le quiere poner una mordaza y censurarlo para que no siga con las acusaciones de fraude a la registraduría y los partidos políticos que la manejan (4). Aquí hay que aclarar que todos los medios televisivos, radiales (comerciales y comunitarios con licencia, ¿habrá alguna excepción?), periódicos y revistas y medios digitales creados por la ultraderecha, desde tempranas horas de la mañana hasta casi la media noche, atacan inmisericordemente al señor presidente y su gobierno, con mentiras, calumnia y falsedades, el único medio realmente imparcial es RTVC, al que también quieren censurar. 

En este complot también se han unido la procuraduría diciendo que todo es legal, empresarios de firmas encuestadoras, el registrador, y en general todo el poder que tiene secuestrado al Estado, todos afirmando al unísono que el fraude «no existe» negando la cantidad de pruebas que demuestran lo contrario.

Cabe destacar el papel casi nulo que hasta el momento ha mostrado la fiscalía, con un silencio tal que inquieta; por lo menos es la impresión de muchos ciudadanos que, ante las denuncias, ven como muy preocupante, la aparente inactividad del ente investigador que debiera, y es mi opinión de ciudadano, estar volcada en los puestos de escrutinio para evitar el fraude cantado y mostrado por los testigos electorales y los abogados que están allí. ¿Por qué ante tantas evidencias no actúa? Son centenares de denuncias en redes sociales, con videos, fotografías, audios y varios tipos de manifestaciones en la que muestran la verdadera dimensión de lo ocurrido, muchos de estos hechos ocurridos en flagrancia, pero perece que eso no le importa a la fiscal general de la nación que se ha caracterizado por su falta de comunicación con el país y su silencio permanente ante los graves hechos de violencia, corrupción y ahora de fraude que sacuden al país.

Es tan grave la cosa que en las últimas horas se filtró un audio en las redes en la que el senador, jefe de la banda antirreformas, como él mismo se denominó, Efraín Cepeda, supuestamente. “da órdenes a una persona, para quitarle 25 mil votos al Pacto Histórico y distribuirlos en los candidatos conservadores en la costa atlántica” (5). A eso han llegado, al descaro total. El interlocutor dice que va a hablar con los “registradores de confianza” y Efraín Cepeda que le enviará recursos “importantes” y dictamina la estrategia. ¿A quién le da la orden? ¿Qué tipo de funcionario o calanchín es? ¿Por qué tiene tanto poder? ¿Esto prueba la existencia de una registraduría paralela que vende resultados? ¿Cuáles son los registradores de confianza? (6). Estas son preguntas que deben resolver el registrador, el procurador y la fiscal. Obviamente el senador de marras negó todo, pero al parecer, este audio ya fue enviado a las autoridades para que confirmen su veracidad y las acciones a seguir. 

Como podemos darnos cuenta, el plan lo tenían muy bien estructurado y con las personas “clave” en cada sitio que ellos requerían. Sin embargo, fue el señor presidente que, con sus anuncios de fraude, su solicitud de testigos electorales y de abogados para que defendieran los resultados, como se ha logrado demostrar esta situación aberrante muy grave para la democracia. Todo el país se ha dado cuenta de la calaña de funcionarios que tienen nuestras instituciones, y que además ganan sueldos inmensos, pagados con nuestros impuestos, pero que solo les sirven a sus patrones.

Contrasta este accionar ruin y atrabiliario de la oligarquía, con el de una mayoría del pueblo colombiano que ha madurado tanto, que ya no reacciona violentamente, sino que lo hace por los canales democráticos; en este caso, ese pueblo consciente, se volcó a las urnas, en primera instancia, para intentar lograr un congreso de mayorías absolutas que permita al nuevo presidente tener gobernabilidad, y luego ante el evidente fraude, sin reparos se fue a proteger el voto y a colaborar con nuestra democracia, ante el atentado de las derechas y las mafias. 

Mientras el pueblo hace lo que le corresponde, apoyar al gobierno del cambio, muchos dirigentes progresistas se dedicaron a celebrar un triunfo “arrollador” con los datos del preconteo ilegal, como lo ha calificado Gustavo Petro, y que, para esos primeros días, resultaban 25 senadores y 39 representantes, lo que hacía que el progresismo quedara en las mismas condiciones que en el cuatrenio que termina. En el año 2.022 se eligieron 20 senadores más los 5 de comunes que generalmente votaban con el Pacto y 27 representantes, lo que hizo muy difícil y en la mayoría de los casos imposible aprobar las reformas propuestas por Petro. La meta era y sigue siendo, 52 senadores y 87 representantes para evitar los sabotajes de la derecha. Con el número que muy posiblemente se llegue a lograr, siendo optimista, de pronto 30 senadores y estar mas cerca de los 50 representantes, la labor legislativa podría ser un poquito más fácil, contando con parlamentarios de partidos que pudieran comulgar con las ideas progresistas y apoyar los cambios que requiere la sociedad colombiana, pero muy lejos de ser un “triunfo arrollador”. La realidad es tozuda, con estas elecciones se confirmó que los votos son de Petro, el fraude es una realidad, lo mismo que la desidia de muchos líderes, candidatos electos y de muchos parlamentarios que terminan su periodo todos ellos del progresismo, porque por esa falta de entrega no se pudo lograr la tan anhelada mayoría decisoria.  

¿De qué sirve ser la primera fuerza política en el país si no es la decisoria? ¿O es que los lideres del progresismo no aprendieron nada de nada en estos 4 años? 

El mensaje de las derechas con estos intentos y muy posibles fraudes que logren “coronar” es claro: “pueblo: ustedes no pueden gobernar, no pueden administrar a Colombia, ustedes no son nada ni nadie, son la “indiamenta” y por eso haremos hasta lo imposible, con las armas que sean necesarias para que no vuelvan”.

¿O es que no lo hemos entendido? 

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

https://x.com/wilsonariasc/status/2033188169810694340?s=20

https://www.lasillavacia.com/en-vivo/julio-gerlein-fue-absuelto-en-caso-de-compra-de-votos-para-aida-merlano/  

https://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/PDF/11001-03-28-000-2014-00117-00%20(1).pdf

https://www.facebook.com/RadioNacionalDeColombia/posts/%EF%B8%8Fla-primera-demanda-ante-el-tribunal-administrativo-de-cundinamarca-fue-instaura/1368423168659629/

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Colombia decide su futuro voto a voto

 Por: Jhon Jaiver Flórez G. 

La primera vuelta presidencial del 31 de mayo no será solo una contienda entre candidatos: será un plebiscito sobre el rumbo del país. La pregunta de fondo es clara: ¿continuará Colombia el proceso de reformas para reducir la pobreza y la exclusión, o regresará a las lógicas de concentración de poder y miedo?

El pasado domingo Colombia despertó bajo cielos grises y lluvias dispersas, como si el clima también quisiera participar en la jornada electoral. En ciudades, pueblos y veredas, los votantes se refugiaban bajo paraguas improvisados mientras jurados, estudiantes y observadores organizaban la votación en colegios y salones comunales convertidos, por un día, en templos de la democracia.

La escena era familiar: filas, tarjetones laberínticos, ciudadanos preguntando dónde marcar y testigos electorales discutiendo con solemnidad. En Colombia cada elección es a la vez ritual democrático y prueba de resistencia institucional: se vota, se cuentan los votos, se discuten los resultados y el país sigue adelante, a veces con entusiasmo, otras con resignación.

Las elecciones legislativas y las consultas dejaron una sensación ambivalente. Se eligió un nuevo Congreso y el país avanza hacia la primera vuelta presidencial del 31 de mayo. Pero el mensaje de fondo es otro: el sistema político colombiano, después de décadas de cambios, ya no es el que era.

Para entenderlo hay que mirar atrás. Durante gran parte del siglo XX, Colombia estuvo dominada por el bipartidismo liberal-conservador. Estos partidos no solo competían por el poder: organizaban la vida política y social del país. En muchas regiones se nacía liberal o conservador con la misma naturalidad con que se nace hincha de un equipo de fútbol.

Tras la violencia partidista de mediados del siglo pasado, las élites optaron por una solución muy colombiana: compartir el poder. Así nació el Frente Nacional (1958–1974), que alternó la presidencia entre liberales y conservadores para evitar nuevas guerras civiles. El acuerdo trajo estabilidad, pero también consolidó un sistema excluyente: durante décadas la democracia funcionó como un club de dos partidos, donde quienes estaban fuera tenían escaso acceso al poder.

Ese modelo empezó a resquebrajarse con la Constitución de 1991. La nueva carta abrió el sistema a otras fuerzas y transformó formalmente el bipartidismo en un escenario pluralista. Surgieron partidos y coaliciones nuevas, pero las prácticas siguieron intactas: clientelismo, poder regional y alianzas entre élites. Cambiaron los nombres; la lógica del poder, nunca.

Mientras tanto, otra historia política avanzaba con enormes dificultades: la de la izquierda democrática. Durante décadas su presencia institucional fue marginal, no tanto por debilidad electoral como por la violencia sistemática contra sus dirigentes. En 1985 surgió la Unión Patriótica, un intento de abrir espacios de representación para sectores populares dentro de la democracia. La respuesta fue brutal: miles de militantes y dirigentes —concejales, alcaldes, diputados, congresistas e incluso candidatos presidenciales— fueron asesinados, lo que hoy se reconoce como uno de los genocidios políticos más horrendos de América Latina. No fueron crímenes aislados, sino la convergencia de múltiples poderes —actores armados ilegales, sectores políticos tradicionales, organismos del Estado, estructuras paramilitares, redes del narcotráfico y algunos intereses empresariales— que coincidieron en eliminar a una fuerza política que comenzaba a cuestionar el orden establecido.

El mensaje fue contundente: hacer política desde la izquierda costaba la vida. Durante años ese miedo debilitó a la izquierda. Sin embargo, el siglo XXI trajo cambios graduales. Nuevos movimientos alternativos empezaron a ganar espacios en la política regional; alcaldías y gobernaciones comenzaron a ser ocupados por liderazgos distintos al tradicionalismo. Fue un proceso lento pero constante, que permitió a la izquierda ampliar su base social y disputar apoyo en sectores históricamente marginados.

El punto de inflexión llegó en 2022, cuando la coalición progresista alcanzó la presidencia con Gustavo Petro. Por primera vez, la izquierda logró el poder por vía electoral. El hecho fue histórico y profundamente incómodo para quienes durante generaciones habían administrado el país a su antojo.

Las elecciones del domingo marcaron una transición en la política colombiana, con más de veinte millones de votantes (49,6 % del censo electoral), una participación dentro de los promedios históricos. Sin embargo, lo más significativo es la reconfiguración del mapa político. La derecha y el centro están cada vez más fragmentados, con múltiples candidaturas en competencia, mientras que la izquierda muestra mayor cohesión y un crecimiento sostenido. El antiguo bipartidismo ha desaparecido, dando paso a un sistema plural y polarizado, donde la dispersión predomina en la derecha y el centro, y la izquierda avanza en consolidación.

En la ultraderecha persiste un electorado significativo, como lo evidencia la Gran Consulta por Colombia, que obtuvo más de cinco millones de votos. Sin embargo, este electorado está dividido: por un lado, la derecha radical y populista, representada por Abelardo de la Espriella, con un discurso confrontacional, nacionalista y promesas de mano dura frente a las reformas progresistas; por otro, la derecha institucional vinculada a Álvaro Uribe, que busca reconstruir un liderazgo competitivo con Paloma Valencia, proyectando una moderación calculada para atraer al centro político. La derecha se debate entre intensificar o suavizar su mensaje. 

En el centro, la situación es aún más incierta. Históricamente espacio de moderación y consenso hoy funciona más como puente entre polos que como fuerza propia. Las consultas recientes evidenciaron su fragilidad: liderazgos urbanos conservan presencia, pero no logran consolidar poder decisivo.

La izquierda progresista llega a este nuevo ciclo con su base social y parlamentaria más sólida que en cualquier momento reciente, aunque aún insuficiente para asegurar las mayorías necesarias para impulsar reformas de gran alcance. El desafío es considerable: ampliar apoyos de sectores moderados sin diluir el proyecto político, en medio de un debate público atravesado por temores y manipulación mediática. 

En varias regiones se observó un fenómeno llamativo: incluso donde los candidatos progresistas eran poco conocidos o generaban reservas, las listas obtuvieron un respaldo significativo. Fue el caso del Quindío —históricamente dominado por una clase política tradicional, clientelista y corrupta—, aquí el Pacto Histórico sorprendió con una votación considerable. Algunos analistas hablan de una “ola política”: la convergencia entre el impulso del liderazgo de Gustavo Petro y la creciente visibilidad de la aspiración presidencial de Iván Cepeda. Si esa ola se convierte en una corriente nacional o se diluye en las turbulencias de la campaña presidencial, será finalmente, una decisión ciudadana. Entre lluvias, tarjetones y murmullos en los puestos de votación, la democracia colombiana sigue haciendo lo que ha aprendido a lo largo de su historia: intentar decidir su futuro… voto a voto.

La primera vuelta presidencial del 31 de mayo no será solo una contienda entre candidatos: será un plebiscito sobre el rumbo del país. La pregunta de fondo es clara: ¿continuará Colombia el proceso de reformas que busca reducir desigualdad, pobreza y exclusión, o regresará a las lógicas tradicionales de concentración de poder y miedo?

El Congreso recién elegido define el escenario de esa disputa. La base política del progresismo sugiere una posibilidad real de triunfo, pero alcanzarlo exige más que entusiasmo: demanda trabajo sostenido, presencia en todas las regiones y una ciudadanía consciente del momento histórico que enfrenta.

Porque la democracia no es un regalo; es una responsabilidad. Y en Colombia, tras décadas de violencia, exclusión y manipulación, cada voto cuenta no solo para elegir un gobernante, sino para decidir si el país seguirá avanzando hacia una sociedad más justa o volverá a repetir los errores y horrores del pasado. La historia no espera, y el futuro de Colombia depende de la decisión colectiva de quienes hoy se paran frente a una urna.

* La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

Elecciones Colombia 2026 / 1er asalto. Reflexiones de un Grinch zurdo

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com- 

El principal obstáculo para el cambio en Colombia es ganar la batalla cultural por la descolonización de la mente del ciudadano, aún atrapada en imaginarios conservaduristas y mafiosos que benefician las élites y naturalizan la exclusión.

El reciente primer asalto electoral deja una lectura agridulce para algunes sectores alternativos (o de izquierda como sabiamente se les llamaba antes). Si bien es innegable y celebrable el incremento en la votación de las fuerzas del “progresismo”, este crecimiento numérico no debe ocultar una realidad sociológica profunda y preocupante, en la que se evidencia cómo, un amplio sector de la sociedad colombiana, sigue atrapado en una narrativa de dominación impuesta hace más de dos siglos, que ha creado un poderoso imaginario colectivo en el que se asume como "natural", "debido" y "conveniente" que el destino del país continúe en manos de un reducido grupo de apellidos y familias tradicionales.

Se trata de una élite cuya riqueza, de origen muchas veces discutible y sustentada en el despojo colonial, la apropiación de lo público, el clientelismo y la explotación laboral, pretende equipararse moralmente al esfuerzo de quienes nada tienen. A pesar de que su caudal se ha forjado con el sudor de los más pobres, persiste la creencia inculcada de que son los únicos capacitados para dirigir los rumbos de la nación, perpetuando un statu quo que beneficia a unos pocos en detrimento de las mayorías.

Este avance electoral de una izquierda aún en proceso de maduración institucional y programática es, sin duda, un síntoma de cambio. Sin embargo, esta propuesta política enfrenta la titánica tarea de consolidarse como un verdadero partido que haga tránsito definitivo hacia una plataforma transformadora, capaz de disputarle el poder a los actuales engendros de la derecha. Estos, disfrazados hábilmente de "centro", no proponen otra cosa que mantener intacto un modelo de capitalismo rancio, excluyente y moralmente cuestionado a nivel global, a través del regreso a la violencia institucional como única vía para solucionar la inequidad y los problemas de Colombia.

La gran deuda, y quizá la tarea más urgente y de más largo aliento que tienen por hacer las fuerzas políticas alternativas (o de izquierda como se llamaban hace años), no está únicamente en las urnas, sino en los territorios. Se trata de la lucha cotidiana por descolonizar la mente del ciudadano del común. Una mentalidad que aún permanece enjaulada en esquemas conservaduristas, reforzados por múltiples actores: la manipulación religiosa (tanto católica como evangélica), que dicta conductas y estigmatiza la disidencia; una academia frecuentemente aferrada al modelo cuadriculado y fordista de educación, que forma para la obediencia y no para el pensamiento crítico; y la promoción de falacias como el "emprendimiento autónomo" salvador, encarnado en sistemas multinivel (Herbalife, Yanbal, DMG) o en la ilusión de riqueza fácil a través de internet.

Este coctel de adoctrinamiento ha calado hondo, inculcando la máxima de que el fin (tener plata y darse lujos) justifica los medios, sin importar su procedencia. Se refuerza así, día a día, los estragos de la contracultura narco, que encuentra su máxima expresión política en candidaturas como la de Abelardo de la Espriella o en el culto irracional a un uribismo latifundista y pendenciero, personificado en figuras como Paloma Valencia.

Finalmente, pero no menos importante; mientras la ciudadanía siga eligiendo alcaldes, gobernadores, concejales y diputados que operan en las esferas del clientelismo, la corrupción descarada y la manipulación del hambre y el desempleo, será materialmente imposible construir un modelo alternativo de sociedad. La democracia, en estos contextos, se reduce a un ritual que legitima la exclusión.

Adenda. La sombra del fraude: Resulta imperativo señalar que todo este panorama se ve agravado por el papel de la prensa tradicional de derecha, que sigue empeñada en imponer el relato de la transparencia absoluta del sistema electoral y de la gestión del actual registrador, estos medios intentan blanquear un proceso que, en los territorios, sigue mostrando grietas profundas. A lo largo y ancho del país, ciudadanos y testigos electorales continúan denunciando y aportando pruebas de un posible fraude electoral que habría beneficiado, una vez más, a sectores de la derecha tradicional y a figuras como Paloma Valencia. Tal como lo han venido advirtiendo múltiples movimientos sociales y el propio presidente de Colombia. La distancia entre el relato mediático (Blu, Caracol, RCN, Semana, El Colombiano, etc.) de limpieza electoral y las irregularidades detectadas en las mesas de votación sigue siendo un abismo que alimenta la desconfianza y la ilegitimidad del sistema.

La exclusión de Iván Cepeda y la prueba ética del progresismo *

Por: Jhon Jaiver Flórez G.

El progresismo no debe olvidar que el poder no se ejerce únicamente desde el Ejecutivo; también se manifiesta en los reglamentos, en los órganos de control y en aquellas instancias que definen quién compite y bajo qué condiciones.

En esta república donde el árbitro pita y juega, el Consejo Nacional Electoral perfecciona jugaditas estratégicas: inclina la cancha sin despeinarse. Nada de escándalos, nada de portazos. Aquí la exclusión no se grita; se notifica. Con voto estrecho y tecnicismo pulcro, dejó por fuera de la consulta del 8 de marzo a Iván Cepeda. Un trámite. Un concepto. Una firma. Y listo.

El argumento fue minimalista —quien participó en una consulta no puede participar en otra—, fórmula aséptica que cabe en un párrafo y desplaza a un candidato que, según la más reciente encuesta de Invamer, marca 43% de intención de voto, lo que lo ubica a siete puntos de ganar la Presidencia en primera vuelta. La norma, aplicada como bisturí, no hizo ruido; hizo efecto. Cuando el procedimiento decide quién compite, deja de ser forma y se convierte en poder. Y cuando el poder se ejerce con guantes blancos, el expediente reemplaza al debate.

Por si la cirugía necesitara puntos de sutura, apareció la jugada complementaria: a días de la elección, el magistrado Álvaro Hernán Prada activó una maniobra contra la lista al Senado del Pacto Histórico y concedió 12 horas para responder en un proceso de revocatoria. Doce horas: la democracia medida en cronómetro. El reloj como doctrina jurídica. Nada espectacular; apenas la exactitud del calendario administrado.

El impacto no es anecdótico, es estructural. Sin Cepeda en la consulta, el progresismo queda ante el dilema clásico: fragmentarse con elegancia o improvisar unidad con premura. Sus competidores celebran la pulcritud del reglamento; sus bases mastican la sospecha. No es un accidente aislado: es una secuencia que condiciona la reorganización del bloque. No es un error administrativo; es arquitectura institucional con vocación de incidencia.

En el Frente por la Vida permanecen, entre otros, Roy Barreras y Daniel Quintero, con registros que apenas rozan el margen de error. Persistir en la consulta puede ser jurídicamente impecable; políticamente, resulta incómodo. Y aquí la crítica no admite maquillaje.

Roy Barreras no es un extraviado ideológico ni un recién llegado al progresismo: es un político tradicional con olfato afinado para sobrevivir. Su trayectoria multicolor —transitando partidos y gobiernos de distinto tono— habla menos de una épica doctrinaria que de una destreza adaptativa. No encarnó el giro progresista; lo leyó con precisión. Cuando el liderazgo de Gustavo Petro abrió una ventana histórica, Barreras entró con habilidad milimétrica y cumplió un papel clave en la consolidación parlamentaria del proyecto. No diseñó el cambio, pero entendió que el cambio cotizaba al alza.

Su gramática pertenece a una escuela anterior: oratoria solemne, retórica amplia, apelaciones de tono épico que privilegian el gesto sobre la ruptura. Más que desmantelar estructuras, administra equilibrios; más que incomodar al poder, negocia con él. Es el operador eficaz que domina los pasillos, los tiempos, las transacciones. Su discurso presume profundidad; rara vez se aventura en la crítica estructural que deja cicatriz.

En ese contexto, mantenerse en la consulta tras la exclusión de Cepeda no es un acto neutro. En política, los gestos pesan más que las aclaraciones. Cuando el órgano electoral altera el tablero y deja fuera al aspirante con mayor respaldo dentro del bloque, la reacción esperable de quien se asume parte del proyecto no es ocupar el vacío, sino cuestionar el mecanismo. Aprovechar la ventana no es ilegal; es revelador.

Barreras y Quintero se comportan más como competidores que olfatean una oportunidad que como miembros de una colectividad dispuestos a resguardar la cohesión interna. La diferencia no es retórica, es estratégica. La solidaridad política no es un gesto sentimental sino un cálculo racional orientado a preservar el proyecto común y su viabilidad en el tiempo. Persistir en una contienda debilitada, bajo reglas que amplios sectores perciben como alteradas, se interpreta menos como la defensa legítima de un derecho individual y más como una apuesta personal en terreno inestable, donde el riesgo no solo es propio sino colectivo.

Esa actitud tiene nombre: mezquindad política. Coloca la aspiración individual por encima de la viabilidad colectiva. En un país que intenta consolidar un proceso de cambio, insistir en candidaturas testimoniales no fortalece la democracia interna; fragmenta la fuerza externa. Y en primera vuelta, la fragmentación suele ser el atajo más corto hacia la restauración que se dice combatir.

Barreras no es anomalía; es síntoma sofisticado de una tradición que convirtió el Estado en espacio de transacción antes que de transformación. Su virtud ha sido el instinto; su límite, la falta de ruptura. Pero el clima cultural mutó: la ciudadanía pasó de aplaudir la elocuencia a exigir resultados verificables. En esa atmósfera, la retórica sin riesgo pierde brillo. La maniobra ya no deslumbra; se audita.

La irrupción de Petro no creó el desgaste de la vieja política, pero sí lo volvió visible. Frente a esa mutación, Barreras aparece como figura bisagra: imprescindible para la mecánica del poder, distante del impulso ético que reclama coherencia. Su capital ha sido la maniobra; su déficit, la definición. Y cuando la época exige claridad antes que destreza, la supervivencia deja de ser mérito suficiente.

Mientras tanto, la derecha —y en particular el Centro Democrático— entendió una lección que el progresismo no puede seguir subestimando: la política no se gana solo en plazas y redes; también se disputa en reglamentos, órganos de control y calendarios. El poder no se ejerce únicamente desde el Ejecutivo; se administra desde las instancias que deciden quién compite y bajo qué condiciones.

Las consultas interpartidistas nacieron para ordenar coaliciones en un sistema fragmentado. Pero cuando la norma opera de modo que desordena a un bloque y deja intacto al otro, el puente se convierte en peaje. Y el peaje, como todo peaje, selecciona quién pasa y quién espera. En ese escenario no basta la indignación digital: si el proyecto de cambio aspira a continuidad, necesita cohesión real. Excluir a Cepeda —con su trayectoria en la defensa de derechos humanos y su protagonismo en debates judiciales de alto calibre— no es un ajuste técnico; es un golpe a la posibilidad de competir articulados.

Petro anunció que no pedirá el tarjetón de la consulta. Cepeda llamó a sus votantes a hacer lo mismo. Es un gesto político para deslegitimar un procedimiento percibido como sesgado. Se podrá discutir la táctica; el síntoma es más profundo: cuando sectores amplios sienten que las reglas están inclinadas, la democracia no estalla; se encoge desde el reglamento.

Este tarjetón incompleto no se resolverá en un estrado ni en un trino. Se resolverá en una decisión colectiva. Si la exclusión se convierte en fractura, el bisturí habrá sido eficaz. Si se transforma en cohesión estratégica, el progresismo habrá demostrado que incluso cuando el árbitro juega para el otro equipo, el partido puede disputarse y ganarse.

La pregunta de fondo ya no es si la norma fue correctamente interpretada, sino si quienes aseguran encarnar el cambio están dispuestos a subordinar la ambición personal al proyecto colectivo. En política, como en el teatro, el protagonista puede aparecer después de levantado el telón; lo decisivo no es el momento de entrada, sino la coherencia del reparto. Pero si el elenco se fractura antes del acto final, no habrá ovación capaz de salvar la obra.

*La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

Frente amplio y derrota del sectarismo *

En la imagen:
Consuelo Ahumada - PhD en Ciencias Políticas con énfasis en estudios latinoamericanos

Por: Consuelo Ahumada

El resultado de las próximas elecciones al Congreso y de la consulta presidencial será determinante en la continuidad del proyecto progresista en Colombia

Empecemos por el contexto. El corolario Trump a la doctrina Monroe, anunciado en diciembre pasado, vuelve a poner el objetivo central en el control del continente. “América para los americanos”, sentenciaba la vieja doctrina. Es en estos territorios donde pretende recuperar la hegemonía global frente al avance de China.

Es un proceso basado en el poderío militar inalcanzable de Washington en el mundo entero, el complejo industrial militar, como lo llamó Eisenhower en su tiempo. Ahora es cada vez más determinante. La guerra y sus negocios. El desarrollo tecnológico al servicio de la muerte. Todo acompañado de un poder mediático impresionante.

Washington decide quiénes son los enemigos y dónde se hacen las guerras. Es el fascismo, en manos de la ultraderecha, liderada hoy por Trump. Ya no se invoca la democracia sino el petróleo y las tierras raras.

Esta tendencia dificulta todavía más la tarea del progresismo en el continente. No se trata de la famosa “teoría del péndulo” con la que académicos asépticos, despistados o de mala fe, insisten en la “alternancia” en el poder como legitimación de la democracia.

Con Trump ha habido un retroceso significativo de la izquierda en la región. Intensificó sus amenazas a toda la región Caribe, invadió a Venezuela y secuestró a su presidente y amenaza con acabar con Cuba.

Intervino en las elecciones de Ecuador, Chile, Argentina, Honduras, entre otras. Amenazó y llamó a votar por sus amigos. Además, legitimó el robo. No es una práctica nueva, pero ahora la despliega con renovados bríos.

En reciente informe, la Revista Raya denunció que la empresa colombiana del Grupo ASD propició el fraude en las presidenciales hondureñas. Es la misma empresa que desapareció 400.000 votos de la izquierda en las elecciones de congreso en Colombia en 2022. La misma que hará el conteo en las próximas elecciones. Una alerta adicional que no puede desatenderse. https://revistaraya.com/empresa-colombiana-senalada-de-fraude-en-honduras-sera-decisiva-en-las-elecciones-colombianas-en-2026.html

Pero hay mucho más para agregar. Desde su primer mandato, Trump se esforzó por organizar y consolidar la ultraderecha latinoamericana, comprometida a fondo con su proyecto imperial.

En el caso de Colombia, su abyección ha sido notoria. Los intentos de las viejas elites de impedir que el proyecto del Cambio continúe se han incrementado. Le apostaron al fracaso de la reunión entre Petro y Trump y pidieron la invasión del país.

Esta es la situación, a escasas tres semanas del inicio del proceso electoral. No son datos aislados, son tendencias, intereses, hechos reales, que no se pueden desconocer ni minimizar.

En el frente interno, ya no solo el Congreso sino las cortes redoblaron esfuerzos por sabotear al gobierno e impedir sus logros sociales, llevando a un verdadero bloqueo institucional. El lawfare en toda su expresión.

La oligarquía colombiana, los gremios económicos, los consorcios mediáticos están dispuestos a valerse de todos los recursos para recuperar el poder perdido.

En este marco, sobrevino la decisión arbitraria del Consejo Nacional Electoral de impedir la participación de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida en las elecciones del próximo 8 de marzo.   

Es una clara afrenta al Estado de derecho y al progresismo. Sin embargo, el sectarismo y la cacería de brujas desatados entre importantes sectores del Pacto Histórico frente a otras figuras a las que convirtieron en enemigos centrales es absolutamente peligroso para el proyecto del cambio, al menos por tres motivos.

Primero. La continuidad del progresismo requiere del mayor esfuerzo por unir a los más amplios sectores políticos y sociales del país, incluido el centro, con el fin de derrotar a la ultraderecha fascista. Tal fue la experiencia del triunfo electoral de Gustavo Petro.

No fue solo la izquierda. Se integraron amplios sectores independientes, liberales, conservadores y de otras toldas. Algunas de estas figuras fueron definitivas en el triunfo electoral, como Roy Barreras y Armando Benedetti, para mencionar solo algunos.

En medio de muchas dificultades, su apoyo permitió la aprobación de algunos de los proyectos del gobierno del cambio y, lo más importante, la ampliación de la base de apoyo al mismo.

De hecho, con todas estas alianzas y en medio de una situación política más favorable para el cambio que la actual, el triunfo de Petro no se definió en primera vuelta. Tampoco arrasó en segunda vuelta.

Por eso, no basta con soñar con el triunfo en primera vuelta y agitarlo como consigna. La política no se hace con buenos deseos ni mucho menos con la descalificación de aliados potenciales, como han hecho figuras reconocidas del Pacto, convertidos en nuevos catones frente a cualquiera que se acerque.

Segundo. El gobierno de Petro está a escasos seis meses de terminar. Ha tenido logros importantes y cuenta con apoyo popular significativo, pero no es suficiente. Tiene un desgaste explicable: debió enfrentar la mayor oposición y saboteo en la historia del país y sus reformas apenas arrancaron.  

Además, la situación de orden público frente al ambicioso proyecto de la Paz total es bastante complicada. Las disidencias de las Farc y el ELN decidieron tomar partido por los negocios ilícitos y desataron una guerra contra la población más pobre y vulnerable.

Tercero. Durante los últimos años las consultas en Colombia han sido un importante mecanismo aglutinador de las tendencias políticas. El triunfo de Petro arrancó con la consulta de la izquierda en el 2022.

Por eso, el saboteo y desconocimiento a la consulta del Frente por la vida, es un disparate. Tal como están planteadas las cosas, se producirá un triunfo de la consulta de la derecha y de la candidata del uribismo y eso será un golpe simbólico importante de la derecha.

Por todo lo anterior, es imprescindible vencer el sectarismo y aglutinar la mayoría de las fuerzas. Construir las mayorías, no imponerlas. Reducir el blanco de ataque. Miremos el ejemplo del desastre de la experiencia boliviana reciente.

Hay que examinar la experiencia del país y la región y proceder acorde. De lo contrario, habrá un riesgo real de perder en segunda vuelta.   

Si nos aislamos perdemos, dijo Petro en alguna ocasión. Ojalá hoy lo volviera a recordar y llamara al Pacto a liderar el proceso unitario.

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

Democracia o simulacro: la cita decisiva del 8 de marzo *

 

Por: Jhon Flórez

Intento de elites colombianas de sacar a Cepeda y al Pacto Histórico del camino fue un error de cálculo que terminará empujando a ciudadanía a respaldar campaña del Pacto y su candidato presidencial

En Colombia, desafiar al poder no es una extravagancia intelectual ni un exceso retórico: es, muchas veces, una condena anticipada. Gustavo Petro lo aprendió desde joven y lo ha pagado con una carrera marcada por amenazas, procesos políticos y una campaña sostenida para deslegitimarlo. Su supuesto “pecado” no es simplemente “gobernar mal” —esa acusación se fue construyendo después, alimentada por columnas, encuestas y operaciones mediáticas—: su verdadero agravio fue atreverse a levantar la alfombra. Y bajo ella no halló sólo polvo, sino un entramado histórico de prácticas que, naturalizadas, configuran el funcionamiento real del Estado: corrupción sistemática, nexos con el narcotráfico, parapolítica que permeó instituciones, élites económicas con ética instrumental y una clase política experta en administrar impunidad simbólica. Petro no creo ese inventario: lo leyó en voz alta. Y en Colombia, nombrar lo prohibido suele ser una transgresión que no se perdona.

De esa transgresión brota un odio que no se explica sólo por el disenso democrático. Es un rechazo visceral de quien se siente desnudo ante el espejo. La historia registra que Petro fue señalado como enemigo mucho antes de ocupar la Casa de Nariño. Hay testimonios y hechos que dan cuenta de amenazas que trascendieron el rumor, y la manera en que la violencia política se ha presentado como método en nuestro pasado reciente hace que determinadas confesiones políticas tengan consecuencias fatales. Cuando supo que su vida estaba en riesgo, Petro tomó una decisión inesperada dentro de la lógica del miedo: no se escondió. Fue al campamento paramilitar, no a negociar su silencio sino a encararlo, armado únicamente de argumentos políticos y de la convicción de que la palabra puede enfrentar al fusil. Ese gesto —en un país donde el terror ha sido instrumento de gobierno— quedó inscrito como una anomalía intolerable para quienes necesitan que el miedo funcione como disciplina social.

La experiencia de Petro como alcalde de Bogotá refinó otra lección: el adversario se incrusta en las mismas estructuras del Estado. Órganos de control convertidos en trincheras partidistas, medios de comunicación actuando como tribunales permanentes, y opositores que vieron en la administración pública un terreno para la obstrucción sistemática. Cuando no pudieron derrotarlo en las urnas, intentaron destituirlo; cuando eso fracasó, aprendieron la lección para una escala mayor. Ese patrón de reacción —bloqueo, litigio político, desacreditación pública— no es casualidad, sino una estrategia que ha probado su eficacia para desactivar agendas de cambio.

La Presidencia, lejos de apaciguar el conflicto, lo hizo visible y más agudo. Llegar al poder por mandato popular desactivó la narrativa del triunfo anecdótico y transformó a Petro en una amenaza tangible para los intereses enquistados. Desde el primer día se activaron mecanismos que, en conjunto, configuran lo que analistas llaman un “golpe blando”: señalamientos sin pruebas concretas (narcotraficante, terrorista, autócrata), bloqueo legislativo sistemático, persecución judicial selectiva, infiltración administrativa, suspensión arbitraria de funcionarios, manipulación informativa y pánico económico inducido. Gobernar dejó de ser gestión para convertirse en una resistencia cotidiana frente a una maquinaria con capacidad de desacreditar y paralizar.

Dos episodios retratan con nitidez ese pulso. La suspensión de la consulta popular y el trámite de las reformas sociales dejaron al descubierto cómo las reglas del juego pueden ser forzadas mediante maniobras reglamentarias y mayorías estratégicas. Impedir que la ciudadanía se pronuncie sobre asuntos de fondo no fue una disfunción del sistema, sino una maniobra calculada para restringir la participación. Tumbar la consulta no fue fortuito: fue el resultado de procedimientos orquestados por fuerzas políticas que optaron por la exclusión antes que por la deliberación pública. A su vez, la reaparición de la reforma laboral, luego de haber sido hundida y bajo un nuevo diseño, no buscó ampliar derechos sino neutralizar el impulso ciudadano, confirmando el cálculo de fondo: adaptar la ley no para democratizarla, sino para vaciarla de su potencial transformador.

El atentado contra un senador opositor fue otro hito que reveló cómo la política violenta y la instrumentalización del dolor pueden converger. El país rechazó el crimen; sin embargo, sectores de la oposición aprovecharon el hecho para convertir la tragedia en proyectil político contra el presidente, buscando asignar culpas morales antes que pedir rigor investigativo. En medio de la conmoción, emergieron maniobras de poder: el desconocimiento explícito de la autoridad presidencial por parte del presidente del senado Efraín Cepeda, negándose a participar en reuniones oficiales de seguridad, para erigirse como cabeza de un poder paralelo. No se trató de un gesto aislado, sino de una estrategia con efectos concretos: despojar al jefe de Estado de su condición de comandante en jefe, degradar su autoridad y normalizar la desobediencia institucional.

La reacción no quedó ahí. Marchas con destinatario único, llamados a militares retirados, solicitudes a organismos internacionales sin pruebas contundentes, y un coro mediático que entonó una misma letanía —Petro divide, Petro provoca, Petro debe dejar de ser Petro— configuraron una ofensiva que buscaba erosionar legitimidad. Cuando las altas Cortes invocan la autonomía en formas selectivas, o cuando decisiones judiciales parecen responder más a la geopolítica interna que a la letra del derecho, la sensación de captura institucional se intensifica. La autonomía judicial es un principio vital; su invocación parcializada y coincidente con intereses políticos es, por el contrario, una forma de usura democrática.

No es improvisación ni simple crisis episódica: tiene nombre y método. “Golpe blando en cámara lenta” describe un proceso de erosión constante diseñado para bloquear transformaciones y preparar el retorno del orden anterior. La violencia de antaño —balas y muertos— ha sido en buena medida complementada por procedimientos, titulares y conspiraciones maquilladas. El resultado es el mismo: cerrar el acceso ciudadano a reformas que cuestionan privilegios. La historia colombiana ofrece ejemplos de intentos de apertura neutralizados —antes por la represión directa, hoy por procedimientos administrativos y mediáticos—. No es azar, es estrategia.

El viaje de Petro a Washington condensó la expectativa opositora. Se apostó a la humillación internacional, a la mueca del anfitrión que confirmara la narrativa local de incompetencia o ilegitimidad. Hubo esfuerzos para denunciar y desacreditar al presidente en el exterior, pero la diplomacia, por su naturaleza pragmática, terminó por neutralizar el guion opositor. Lo que se esperaba que fuese espectáculo fue, en términos básicos, conversación: reconocimiento de canales, discusión de asuntos bilaterales y una agenda donde la soberanía y la interlocución jugaron un papel central. La estrategia de denunciar al propio presidente en foros ajenos quedó expuesta como capítulo de una campaña más amplia: llevar la controversia interna al plano internacional con la esperanza de clausurar espacios políticos locales.

En este escenario, uno de los actores más incómodos para el cambio es Álvaro Uribe. Más allá de animosidades personales, lo que inquieta a sectores vinculados al uribismo es la posibilidad de que investigaciones y testimonios acumulados sobre parapolítica, nexos con estructuras ilegales (narcotráfico) y violaciones al Estado de Derecho cobren relevancia en la arena internacional. Cuando el relato que construyó una hegemonía política se ve acosado por la evidencia, la reacción no es solo política, sino defensiva: emplear todas las herramientas disponibles para desacreditar adversarios y preservar la narrativa de legitimidad.

Ese patrón aparece también en episodios como la intervención del Consejo Nacional Electoral respecto a la participación de Iván Cepeda en la consulta interpartidista. La exclusión, disfrazada de tecnicismo jurídico, actúa como mecanismo político para limitar la competencia. Un órgano que debe garantizar derechos actúa en sintonía con la vieja política cuando decide quién puede competir según la conveniencia. El mensaje es dañino: cuando tribunales electorales se convierten en filtros de conveniencia, la democracia deja de ser un derecho y pasa a ser una concesión. La erosión institucional, entonces, no es sólo teórica: produce efectos concretos sobre representación y opciones políticas.

 Pero la dinámica tiene límites. Cada intento por cerrar el juego ha encontrado, una respuesta social: la ciudadanía. Cuando el sistema falla o se muestra servil a intereses particulares, la sociedad civil se mueve. Hoy, el respaldo popular a figuras que desafían el statu quo no es ingenuidad: es reacción. La política colombiana registra momentos en que, frente a un cerrojo institucional, el pueblo decide abrir el camino por su cuenta. Ese impulso es la razón por la que la élite, desesperada, recurre a atajos: deslegitimación, judicialización selectiva, manipulación mediática. El error clamoroso de quienes buscan excluir a Cepeda y a otros aspirantes no es sólo de táctica: es de cálculo político. Al intentar atajarlos, los impulsan.

Petro y Cepeda comparten, en esencia, un rasgo que incomoda a los poderosos: no doblegarse. Ambos apelan a la ciudadanía como juez último. En países donde la justicia y la institucionalidad han sido capturadas, la legitimidad se desplaza hacia la arena pública: urnas, movilización y conciencia colectiva. Cuando la Constitución se administra como privilegio y la ley se contorsiona según apellidos, el veredicto deja de escribirse en fallos y comienza a pronunciarse en la plaza pública y en las urnas.

 El 8 de marzo se presenta, así como una cita con la historia. No es una jornada puramente táctica ni un plebiscito sobre nombres: es la ocasión para decidir si se acepta que el futuro continúe siendo arrebatado mediante fraudes maquillados, maniobras reglamentarias y silencios cómplices, o si se pone fin al miedo y a la simulación democrática. Votar no es un acto ritual: es un ejercicio de juicio colectivo. Que nadie vote desde el odio hereditario ni desde consignas prestadas; que se vote con memoria, libertad y responsabilidad social. Porque votar sin pensar es obedecer, y la obediencia ha sido desde siempre el negocio del poder.

 Reconocer que la democracia está en riesgo no es proclamar el apocalipsis: es una llamada a la responsabilidad. Cuando las instituciones abdican, cuando la ley se convierte en instrumento de ventaja, la ciudadanía tiene el derecho y el deber de recuperar el juicio. Y si la historia enseña algo es que los intentos por clausurar la participación terminan, en última instancia, abriendo espacios. El desafío, ahora, es sostener esa apertura con propuestas claras, con pedagogía cívica y con la convicción de que la democracia no se mendiga: se ejerce. En marzo la gente tendrá la palabra; que la use para dictar un veredicto que no quede sólo en actas manipulables, sino en la historia viva de un país que decide no regresar a los caminos de la desgracia.

* La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

CNE: El Aparato de Guerra Política de la derecha

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

Sociedad colombiana debe vigilar con lupa al CNE, Colombia decente no puede permitir que unas elecciones se ganen o se pierdan en un organismo desprestigiado

Toda democracia está sustentada un pacto de confianza básico: la certeza de que las reglas del juego electoral son claras, imparciales y administradas por un árbitro independiente. En Colombia, esa confianza ha sido dinamitada por la entidad designada para custodiar precisamente ese pacto: el Consejo Nacional Electoral -CNE; un organismo que debería ser el pilar institucional de la legitimidad democrática se ha convertido, debido a su composición y sus recientes actuaciones, en un instrumento de guerra política que amenaza con desestabilizar el proceso electoral y, con él, la ya frágil paz social del país.

El problema del CNE es estructural y comienza con su mecanismo de integración, ya que sus magistrados no son seleccionados por su excelencia académica, su trayectoria intachable en derecho electoral o su probidad reconocida, sino que son elegidos en negociaciones en las que prima el peso electoral y la cuota política de los partidos que los postulan. El resultado es una composición que, en la práctica, refleja los intereses de las maquinarias tradicionales y, sobre todo, el talante de los partidos que han dominado y dominan esta entidad.

Los casos más visibles que demuestran la perversidad estructural del CNE son elocuentes y públicos: Álvaro Hernán Prada (avalado por el Centro Democrático) enfrenta un juicio penal en la Corte Suprema por la presunta manipulación de testigos en el proceso contra Álvaro Uribe Vélez. César Lorduy (Cambio Radical), quien renunció en 2025, cargaba con el estigma de un homicidio culposo en su pasado. Su reemplazo[1], Álvaro Echeverry, llegó tras una votación en el Congreso más afín a la lógica del reparto que a la del mérito. Ante este panorama, … ¿Cómo puede la ciudadanía confiar en la imparcialidad de un organismo integrado por figuras con tan graves cuestionamientos éticos y jurídicos?

Esta crisis de legitimidad se materializa en decisiones concretas que afectan el curso electoral, tal como lo demuestran dos actuaciones recientes del CNE que han encendido las alarmas sobre su sesgo político y arbitrariedad. Por un lado, el CNE designó como conjuez, para decidir sobre la participación del candidato presidencial Iván Cepeda en una consulta, a un abogado que había integrado el equipo de defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez[2], declarado adversario político e incluso enemigo personal de Cepeda en el ámbito judicial, en lo que se constituye como el nombramiento de un conjuez con un conflicto de interés flagrante. Resulta claro que esta designación no constituye un simple error procedimental, sino una burla al debido proceso y a la apariencia de imparcialidad, principios cardinales de cualquier justicia. Basta con recordar que un estudiante de primer año de derecho comprende que un juez no puede conocer de un caso donde fue abogado de una de las partes; el CNE, al parecer, no.

De igual manera, la revocatoria de la inscripción de listas del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes en el departamento del Valle del Cauca [3] raya en lo caprichoso y contradictorio, pues el mismo organismo que otorgó la personería jurídica al Pacto Histórico como partido político procedió a invalidar sus listas. Esta incoherencia en su propio proceder carece de un sustento técnico visible y se interpreta, más bien, como un acto de obstrucción política contra la principal fuerza de gobierno, mediante una maniobra que se denuncia como una guerra jurídica (Lawfare), en la que se usan conveniente y amañadamente, las formas legales para alcanzar fines políticos de exclusión.

Estas acciones de la derecha a través del CNE, su aparato de guerra política, envían un mensaje pavoroso: que las reglas pueden torcerse para beneficiar a unos y perjudicar a otros. Este caldo de cultivo es explosivo. Una ciudadanía que percibe que el árbitro está comprado, que el juego está amañado, pierde la fe en la vía institucional. La historia colombiana y latinoamericana demuestra que la deslegitimación electoral es el preludio del estallido social. La derecha colombiana, electoralmente debilitada pero aún enquistada en instituciones como el CNE, podría verse tentada a orquestar un escenario de caos y desorden a partir de este descontento, para luego ofrecer, una vez más, “soluciones de mano dura” y salidas extrainstitucionales que defenestren el proyecto de cambio en curso.

No se trata de una crítica a decisiones técnicas particulares, sino de una advertencia urgente sobre la captura partidista y el claro sesgo político de un organismo que decide el destino de la contienda democrática. La sociedad colombiana, la prensa independiente, las universidades y las organizaciones internacionales de observación electoral deben rodear y vigilar con lupa cada decisión del CNE.

Colombia decente no puede permitir que una elección se gane o se pierda en las salas de un organismo desprestigiado, antes que en las urnas. Se requiere una reforma estructural profunda que transforme el CNE, pero mientras tanto, la defensa de la democracia pasa por la movilización cívica y la denuncia pública de cada irregularidad.

 

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[1] Polémica por elección de Lorduy y Prada para el CNE

[2] https://x.com/estoescambio Conjuez del CNE en el caso de Iván Cepeda fue parte de la defensa del expresidente Álvaro Uribe

[3] CNE revocó la lista del Pacto Histórico para la Cámara del Valle del Cauca

La Izquierda como antídoto contra la estupidización del capitalismo

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

La izquierda colombiana debe entender que no caben alianzas con operadores políticos oportunistas y camaleónicos, el avance electoral debe ser hacia una sociedad ética. Lo contrario; es más de lo mismo, con los mismos

Vivimos en una época de paradojas letales. Mientras la humanidad alcanza niveles de conocimiento tecnológico sin precedentes, asistimos a un proceso acelerado y paulatino de estupidización social, donde la banalidad, el pensamiento inmediatista y la renuncia al sentido crítico se normalizan como nueva cotidianidad. Como lo plantea Inger Enkvist (2006); el estúpido (tristemente en mayorías) actúa como un agresor social, al usar palabras sin atender su sentido, rechazar las razones ajenas, ignorar la realidad e imponer un “terrorismo intelectual” basado en lo irrelevante, la auto celebración constante y el elogio de la vulgaridad.

Esta patología social no es accidental; es el caldo de cultivo perfecto para un capitalismo mutante que ha transitado de la explotación industrial clásica a una nueva y más peligrosa fase: el Tecno Feudalismo (Yanis Varoufakis, 2024). Un modelo en el que una oligarquía minúscula, no solo acumula riqueza material, sino que, mediante plataformas digitales, algoritmos y financiarización extrema, secuestra la capacidad laboral, intelectual y creativa de la humanidad, al tiempo que depreda los bienes comunes naturales, mientras impone un modelo de sociedad en el que se naturaliza la violencia estructural, económica y simbólica como único lenguaje posible para resolver conflictos y además se promueven, como únicos objetivos vitales; el consumo compulsivo, la satisfacción de instintos primarios y un individualismo feroz que rompe todo lazo solidario.

Frente a esta crisis civilizatoria, las respuestas políticas disponibles parecen insuficientes o cómplices. El Progresismo, tal como lo observa Pablo Heller (2023), ha mostrado entre muchos de sus impulsadores y militantes, una tendencia profunda a la adaptación al régimen capitalista, evidenciando una orientación predominantemente electoralista y “democratera”, que solo busca, mediante el ejercicio electoral caudillista, acomodarse dentro del orden vigente para medrar y conseguir escaños, a menudo mediante alianzas con las mismas fuerzas de derecha que dice combatir.

Esta izquierda diluida, autodenominada como Progresista ha aprendido las formas y objetivos de sus adversarios de derecha, vaciándose de todo horizonte transformador, echando mano, para aparentar diferencia, de los discursos, e incluso, de las plataformas de movimientos político-culturales al margen de los partidos, que han logrado politizar cruciales agendas sociales (étnicas, ecológicas, de género, decoloniales, etc.) al introducir nuevos significados de ciudadanía en contextos como el colombiano; sobre todo el de las grandes ciudades en donde los avances emancipatorios en el imaginario social son escasos. A este respecto, Lilian Celiberti (2016) constata con amargura que la reproducción de lógicas corruptas, incluso en gobiernos progresistas, demuestran que la bandera de la democracia liberal, hoy, es con frecuencia un acto de hipocresía que oculta un vacío de proyecto.

Por ello, es urgente abandonar los eufemismos y la llamada corrección política que solo sirven para ocultar lo que debe ser reivindicado con claridad y orgullo: el socialismo como la única alternativa política, económica y ética integral capaz de enfrentar esta decadencia. No un socialismo de caricatura o de estado burocrático, sino uno releído desde la urgencia del siglo XXI. Un socialismo que entienda que la estupidización social no es un defecto intelectual, sino un fracaso moral que surge cuando el poder corrompe, liberando al individuo de la necesidad de pensar críticamente, tal como lo sugiere la teoría de la estupidez de Dietrich Bonhoeffer. Esta izquierda, salida del closet, debe asumir que contra el mal no basta la inteligencia discursiva, sino una acción ética decidida que enfrente la irracionalidad organizada del sistema, precisamente allí, en lo que el capitalismo tecno feudal busca erosionar.

El desafío, entonces, no es ganar elecciones para “administrar lo existente”, si no la disputa por la creación de nuevas institucionalidades desde abajo, desde la raíz y, como plantea Isabel Rauber (2024); reformular el Estado y la comunidad. Se trata de un proyecto de nueva civilización cuyo eje sea la defensa de la vida en todas sus dimensiones: en la relación sociedad-naturaleza, en los modos de producción, en las relaciones sociales despatriarcalizadas y descolonizadas, en la salud integral y en una educación basada en valores éticos solidarios. Esto implica recuperar y radicalizar la lucha estratégica por una transformación social profunda, una revolución social que, en términos de Heller; ponga fin a la dictadura del capital.

El socialismo, por tanto, debe dejar de ser un fantasma que se esconde tras el término “Progresista”. Debe emerger como una opción real de poder: un proyecto que ofrezca un horizonte político, económico, administrativo y cultural en el que se prioricen la ética y la coherencia entre el discurso y la acción, una propuesta en la que se sustituya el individualismo depredador por la organización comunitaria y que defienda la propiedad social de los recursos, la tecnología y los medios de producción. Debe avanzar en su consolidación como única alternativa política que plantea, de raíz, la superación de la lógica del beneficio privado como motor de la historia a costa de la miseria y la muerte de millones de seres humanos.

La izquierda colombiana tiene la tarea de construir ese camino, sin complejos, con la claridad de que, en esta disyuntiva histórica, no hay neutralidad ni acomodo posible, tampoco caben las alianzas de conveniencia con operadores políticos oportunistas y camaleónicos, el avance electoral, debe ser el avance hacia una sociedad ética y humanista. Lo contrario; es más de lo mismo, con los mismos.

Fuentes consultadas para la elaboración de estas reflexiones:

Inger Enkvist. (2006). Sobre la estupidez y los estúpidos. En: https://www.nuevarevista.net/sobre-la-estupidez-y-los-estupidos/

Isabel Rauber (2024). Izquierda Teoría y praxis. En: https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2024/06/V1_Izquierda-teoria-y-praxis_N8.pdf

Lilian Celiberti. (2016). Rescatar la esperanza. Más allá del neoliberalismo y el progresismo. En: https://www.ocmal.org/wp-content/uploads/2017/05/RescatarEsperanza_web.pdf

Pablo Heller. (2023). La lucha por el socialismo en el siglo XXI. En: https://revistaedm.com/edm/60/la-lucha-por-el-socialismo-en-el-siglo-xxi/ 

Yanis Varoufakis. (2024). Tecnofeudalismo. El sigiloso sucesor del Capitalismo. Editorial Deusto.

La economía de la culpa: salario mínimo, poder y domesticación social *

 

Imagen tomada de: negociacion salarial - Buscar con Google

Por: Jhon Jaiver Flórez G. 

El asalariado que apenas sobrevive con el mínimo ha sido entrenado para temer su propio aumento, para sospechar de cualquier mejora material, para aceptar que su derecho a vivir con dignidad constituye una amenaza para la economía.

Durante más de tres décadas, Colombia escuchó la misma consigna repetida con solemnidad técnica y tono de verdad revelada: contener el salario mínimo es la vía más segura para crear empleo. Se dijo en consejos gremiales donde la palabra “equilibrio” siempre pesó más que la palabra “vida”; se escribió en editoriales económicas que confundieron estabilidad con resignación; se estampó en documentos del Banco de la República como si se tratara de una ley natural y no de una opción política; y se repitió, año tras año, en mesas de concertación salarial donde la correlación de fuerzas rara vez fue justa. El salario debía ser prudente, moderado, responsable. El trabajador, paciente. La pobreza, un daño colateral transitorio.

Han pasado más de treinta años. El empleo prometido no llegó. Lo que sí llegó —y se quedó— fue la precariedad. El mito fundacional del modelo tuvo lema y escenografía. Con el eslogan “Bienvenidos al futuro”, el gobierno de César Gaviria lanzó una modernidad de vitrina: privatizaciones rápidas, apertura económica sin red y reformas que entregaron salud, pensiones y servicios públicos al gran capital, todo bajo el optimismo tecnocrático de la eficiencia. Mientras la Constitución de 1991 prometía un Estado Social de Derecho, el trabajo dejó de ser derecho y pasó a ser costo, y la modernización comenzó a medirse no por el bienestar creado, sino por los derechos recortados en silencio.

El salario, antes concebido como mecanismo de integración social, fue rebautizado como “costo laboral” y sometido a la lógica de la reducción constante, en nombre de la inversión extranjera y la disciplina macroeconómica. El futuro llegó, sí, pero llegó cobrando peaje: derechos sociales en liquidación, trabajadores a precio mínimo y un Estado que aprendió a llamar modernización a la renuncia sistemática de sus obligaciones.

Desde entonces, cada aumento del salario mínimo se negoció bajo amenaza. Si sube demasiado —advierten— se destruye empleo. Si acompaña la inflación, se disparará la informalidad. Si se atreve a crecer por encima de la productividad, vendrán las catástrofes anunciadas con tono apocalíptico y gráficos alarmantes. El resultado fue un salario mínimo que, año tras año, alcanzó apenas para sobrevivir, últimamente ni siquiera para eso, mientras el costo de vida sube con paso firme. La teoría justificadora es clara y persistente: primero crecer, luego distribuir. Pero ese “luego” nunca llega.

Las cifras no respaldan el dogma neoliberal; lo desnudan. Durante las últimas tres décadas, Colombia mantuvo uno de los salarios mínimos más bajos de América Latina en relación con el costo real de la canasta básica, al tiempo que exhibió tasas de informalidad estructural superiores al 45%, desempleo crónico y una de las desigualdades más altas del continente. El salario precarizado no generó empleo masivo. Generó trabajadores empobrecidos.

Desde una perspectiva teórica, esta política se inscribe en lo que Karl Polanyi denominó la mercantilización del trabajo: tratar la fuerza laboral como una mercancía más, separada de las condiciones materiales de existencia. Cuando el salario deja de cumplir su función social —reproducir la vida— se transforma en frontera moral: señala hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado en su compromiso con la dignidad humana.

El empleo generado fue, en gran medida, informal, inestable y mal remunerado. El crecimiento económico, cuando ocurrió, no se tradujo en bienestar generalizado. La riqueza se concentró. La productividad no despegó. El modelo descansó más en la flexibilización laboral que en la innovación, más en el abaratamiento del trabajo que en la sofisticación productiva. La economía creció. La vida no.

En este contexto, el auxilio de transporte reveló su verdadera función: más que un derecho, un parche estructural. Concebido para cubrir la movilidad básica, terminó siendo la admisión silenciosa de que el salario mínimo no alcanza para vivir. Su incremento anual no amplía bienestar; administra carencias. No integra al trabajador a la ciudad ni a la vida digna: lo mantiene operativo, facilita llegar al trabajo, pero no sostenerse con él. Es un auxilio que garantiza presencia, no dignidad.

Durante décadas, los incrementos del salario mínimo fueron incipientes, casi siempre apenas por encima de la inflación. El argumento fue fiel al libreto heredado: proteger la competitividad, evitar presiones inflacionarias, preservar el empleo formal. En términos nominales, hubo aumentos. En términos reales, hubo retrocesos.

Salario mínimo más auxilio de transporte, medidos en dólares, el efecto es aún más revelador: la devaluación del peso diluyó buena parte de los incrementos. El ingreso mínimo colombiano perdió peso relativo en comparación internacional, reflejando no solo una política salarial incipiente, sino la fragilidad de una economía estructuralmente dependiente y vulnerable.

Los gobiernos antecesores al actual no rompieron nada: administraron la inercia. Ninguno cuestionó el modelo salarial heredado ni corrigió la estructura de desigualdad. El salario siguió siendo un instrumento de contención social, no de redistribución. El orden funcionó sin sobresaltos. La precariedad también.

El gobierno Petro no creo el conflicto salarial. Lo hizo visible. Al impulsar aumentos del salario mínimo de dos dígitos —especialmente en 2023, 2024 y 2025— rompió un consenso tácito que había operado como dogma durante décadas. El escándalo no provino solo del monto del aumento, sino del desplazamiento del eje moral del debate: ya no se discutía cuánto podía soportar la empresa, sino cuánto resistía la vida. Desde una lectura keynesiana y redistributiva, estos incrementos buscan recuperar poder adquisitivo, dinamizar la demanda interna y corregir, aunque de manera parcial, una injusticia histórica. 

Los detractores reaccionan con reflejos conocidos. Anuncian desempleo, inflación, fuga de capitales. Repiten un libreto que la historia ya ha puesto en evidencia. Porque si algo demuestran los últimos treinta años es que salarios sistemáticamente bajos no construyen economías fuertes, sino sociedades frágiles.

Desde la teoría del desarrollo humano —Amartya Sen— el ingreso no es solo un medio económico, sino una capacidad básica: permite elegir, participar y vivir con autonomía. Elevar el salario mínimo no garantiza por sí solo bienestar. Negarlo, en cambio, garantiza precariedad. 

El debate sobre el salario vital no es una extravagancia ideológica. Es la irrupción de una memoria histórica negada. Llamar vital al salario mínimo es cuestionar el corazón del modelo neoliberal colombiano: la idea de que la dignidad puede aplazarse indefinidamente en nombre de una competitividad que nunca llega a la mayoría. Las sociedades que pagan mal el trabajo pagan caro en otros frentes: violencia, inseguridad, deterioro institucional. Cada peso ahorrado en salarios reaparece como sobrecosto en salud pública, en seguridad, en fractura del tejido social. El salario precario no fue solo una política económica; fue una forma de administrar la exclusión.

Desde Marx hasta Polanyi, desde Sen hasta Piketty, la evidencia converge: la desigualdad no es un accidente del sistema, sino uno de sus productos cuando el trabajo se subvalora. Quizá el triunfo más profundo —y menos visible— de este modelo no haya sido económico, sino pedagógico. Durante décadas, el sistema no solo contuvo los salarios: educó la conciencia social. Enseñó que el trabajador debía sentirse culpable por existir y responsable, por anticipado, de cualquier fractura del orden económico. Si una empresa quiebra, no es por mala gestión o concentración del mercado, sino porque “el salario subió demasiado”. Si hay desempleo, no es por un modelo extractivo y desigual, sino porque alguien “pidió más de lo que merecía”.

Esta pedagogía de la culpa ha calado con especial crudeza en los sectores empobrecidos. El asalariado que apenas sobrevive con el mínimo ha sido entrenado para temer su propio aumento, para sospechar de cualquier mejora material, para aceptar que su derecho a vivir con dignidad constituye una amenaza para la economía. Se le ha convencido de que su salario no es una retribución justa, sino una concesión precaria; no un derecho social, sino un riesgo sistémico.

Desde la sociología crítica, esto no es accidental. Es lo que Pierre Bourdieu denominó violencia simbólica: una forma de dominación que no necesita imponerse por la fuerza porque logra que los dominados adopten como naturales las categorías del dominador. El trabajador internaliza el lenguaje de la escasez y la culpa, mientras los verdaderos centros de decisión —financieros, corporativos, rentistas— permanecen blindados frente al juicio moral y político.

Humanísticamente, el daño es aún más profundo. Cuando una sociedad consigue que quienes menos tienen se sientan responsables de la quiebra ajena, se rompe un principio elemental de justicia compartida. El salario deja de ser reconocimiento al trabajo y se convierte en carga moral. La dignidad se vuelve sospechosa. La vida, negociable.

Por eso, el debate sobre el salario mínimo no es una discusión técnica ni un pulso coyuntural entre gobiernos. Es una disputa por el sentido común, por la forma en que una sociedad decide quién merece qué, quién carga con las culpas y quién queda exento de responsabilidad. Mientras el asalariado pobre siga creyendo que su derecho a vivir mejor pone en riesgo al país, el sistema habrá ganado incluso cuando conceda aumentos.

Romper esta lógica exige algo más difícil que subir cifras: desaprender la culpa, recuperar la idea de que la economía existe para sostener la vida y no al revés, y comprender que ninguna sociedad es viable cuando pide a los más frágiles cargar con el peso de un modelo que nunca diseñaron ni se han beneficiado de él.

Treinta años después, la promesa neoliberal queda expuesta. No fue un error técnico: fue una elección política sostenida en el tiempo. La pregunta ya no es cuánto cuesta subir el salario, sino cuánto ha costado no hacerlo. Porque cuando la economía funciona sin dignidad, no produce desarrollo: produce supervivencia organizada. Y ninguna sociedad puede llamarse justa cuando condena a quienes la sostienen a vivir eternamente al borde de la vida.

* La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).