La Guerra mediática para sabotear el Cambio en Colombia

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com- 

La reciente y agresiva elevación de las tasas de interés por parte del Emisor, ante una inflación en claro descenso, es un acto de sabotaje económico con fines políticos

En Colombia se libra una guerra silenciosa pero decisiva para mantener el relato económico de la derecha. Mientras el gobierno del presidente Gustavo Petro implementa una política fiscal y social que, según cifras del DANE y el análisis de economistas de talla global de la línea académica de los premios Nobel de Economía, Paul Krugman y David Card;  ha mostrado resultados mesurados y prometedores, sustentados en un eficiente control de inflación, un crecimiento estable y la reducción de la pobreza monetaria; una poderosa maquinaria narrativa, amplificada por la llamada Gran Prensa Colombiana y sus “bots” (humanos y digitales) en redes sociales, se esfuerza por pintar un panorama apocalíptico. 

La maquinaria de desinformación y manipulación de la opinión pública no es espontánea; es orquestada por los grandes grupos económicos colombianos y sus aliados internacionales, quienes utilizan su influencia mediática para sostener un modelo neoliberal agotado y desacreditar cualquier alternativa que favorezca los intereses de las mayorías aún empobrecidas de Colombia y el mundo.

El mecanismo de manipulación informativa es sofisticado y transnacional. Mientras que la prensa hegemónica local, cuyos dueños son los mismos conglomerados con intereses en sectores financieros, extractivos y de servicios, por un lado amplifica y falsea la realidad  del actual contexto colombiano, por el otro lado, reproducen y amplifican el ruido generado por los editoriales y análisis del Financial Times, The Washington Post o The Economist, unas publicaciones que  no son neutrales, toda vez que, por ejemplo,  The Economist es controlado mayoritariamente por las familias Rotschild (Sector financiero internacional) y  Agnelli a través de su holding Exor, con vastos intereses en el capitalismo global. 

No es de extrañar que la línea editorial de este afamado medio de comunicación privilegie la ortodoxia financiera y la desregulación, en concordancia con el proyecto geopolítico y económico que apoya y promueve, que ve con recelo cualquier experimento progresista en el Sur Global. Así, se crea un eco mediático global que presenta la disciplina fiscal ortodoxa y la primacía del mercado como únicas verdades científicas, ignorando deliberadamente los avances en la ciencia económica que cuestionan esos dogmas y validan políticas de estímulo e inversión social en contextos como el colombiano.

Este asedio narrativo sería menos efectivo sin la complicidad de actores institucionales clave dentro de Colombia, los cuales, no obstante, el triunfo electoral de la izquierda a la cabeza del Pacto Histórico, siguen controlados por la derecha tradicional en enclaves de poder como el Banco de la República, ciertas salas de las altas cortes y un bloque significativo en el Congreso. 

La reciente y agresiva elevación de las tasas de interés por parte del Emisor, más allá de cualquier justificación técnica ante una inflación en claro descenso, es el ejemplo claro de un acto de sabotaje económico con fines políticos, cuyos objetivos son: el estrangulamiento del crédito, enfriar la economía, generar descontento por un menor crecimiento y, sobre todo, desfinanciar los programas sociales que son el corazón del programa del Pacto Histórico y su principal gancho electoral. Esta decisión de las mayorías en la Junta Directiva del Banco de la República es una jugada maquiavélica que prioriza el interés de las élites económicas y políticas de centro y centro derecha sobre el bienestar del pueblo colombiano.

Ahora, en plena coyuntura electoral, esta alianza entre el poder económico, los medios hegemónicos e instituciones capturadas entra en su fase más agresiva. Los tanques de pensamiento financiados por los gremios y los especialistas pagados por la mal llamada Gran Prensa Colombiana lanzarán, día tras día, relatos catastróficos sobre el futuro del país, dentro de una campaña de terror financiero diseñada para asustar a la clase media, desmovilizar a los sectores populares y, en última instancia, inflar las pálidas cifras de intención de voto de una derecha sin proyecto ni legitimidad. 

Frente a este poderío, la ciudadanía, pero, sobre todo, los opinadores y comunicadores independientes, tenemos una tarea crucial: Cuestionar la fuente de cada pronóstico nefasto, recordándole, de manera insistente a la sociedad colombiana, que quienes hoy claman por el "riesgo país" son los mismos que se beneficiaron de décadas de un modelo que nos dejó desigualdad y violencia. De igual manera, debemos replicar y amplificar información sustentada en los datos duros y proveniente de los académicos independientes por encima de los editoriales interesados de la prensa nacional e internacional. 

La defensa de la transformación social en Colombia pasa no solo por las urnas, sino por ganar la batalla cultural contra el discurso único, ese que se viste de técnica económica pero que solo vela por la perpetuación de los privilegios de unos pocos. El futuro del país depende de nuestra capacidad de ver más allá del relato del poder.

La arquitectura constitucional de 1991 y la crisis de la Justicia

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@Gmail.com-

La suspensión del decreto declaratorio del estado de emergencia impide al gobierno expedir nuevos decretos legislativos basados en esa figura. Sin embargo, los decretos legislativos ya dictados mantienen su validez y continúan produciendo efectos jurídicos. José G. Hernández – Ex magistrado de la C. Constitucional

Han transcurrido más de tres décadas desde que la Carta Política de 1991 ilusionó a una nación con un nuevo pacto social, fundado en la promesa de un Estado Social de Derecho, pluralista y con mecanismos robustos para proteger la democracia y los derechos fundamentales. Hoy, sin embargo, ese edificio constitucional muestra grietas estructurales profundas, evidenciando no solo inconveniencias, sino fallas sistémicas que comprometen su legitimidad y eficacia. El diagnóstico es claro: Colombia requiere, con urgencia, un profundo rediseño de la arquitectura de su Estado. Si bien, una Asamblea Nacional Constituyente es y debe ser objeto de un debate nacional serio y no exento de cautelas, la necesidad de una reforma estructural es cada día más ineludible.

El núcleo de la crisis actual reside en la perversión del esquema de pesos y contrapesos, específicamente en la cooptación política de las altas cortes y los órganos de control. El diseño de elección de magistrados para la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, basado en un sistema de listas y postulaciones en las que el Congreso colombiano tiene la última palabra, ha degenerado en la práctica nociva del “tú me eliges, yo te elijo”, una práctica política que, lejos de garantizar independencia, ha sembrado el clientelismo en el corazón del poder judicial. El resultado no es la selección de los más idóneos por su excelencia técnica o trayectoria intachable, sino la composición de cortes cuyos integrantes reflejan, con demasiada frecuencia, los pulsos y cuotas de poder de las coaliciones políticas dominantes en el legislativo.

Esta cooptación ha tenido un efecto corrosivo debido a que las decisiones de las altas cortes, que deberían ser faros de imparcialidad y rigor jurídico, están siendo observadas por la ciudadanía con una suspicacia creciente, al percibirse en ellas excesivos sesgos ideológicos, partidistas y clasistas. En este reiterado escenario, se ha diluido la línea entre la interpretación jurídica y la defensa de intereses políticos o económicos particulares. La independencia judicial, pilar fundamental de cualquier democracia, se ve así socavada desde su base, transformando a los máximos tribunales en arenas de disputa política por otros medios, desnaturalizando su función esencial en un Estado Social de Derecho.

Un ejemplo reciente y aleccionador de esta crisis es el manejo dado por la actual Corte Constitucional a los Decretos de Emergencia Económica, expedidos por el actual gobierno nacional de Gustavo Petro. Al abandonar una línea jurisprudencial de casi 30 años, que privilegiaba el examen de fondo sobre la constitucionalidad de las normas sometidas a su control, para enredarse en discusiones no tan indispensables, para ampliar, de manera cuestionable, la discusión exclusivamente constitucional de fondo; la Corte apareció ante la opinión pública no como el guardián abstracto de la Carta, sino como un actor político más. Esta actuación, interpretada por muchos como alineada con los intereses de la oposición política al gobierno nacional, erosiona la credibilidad de la institución.

A esta crítica funcional se suma una de carácter ético y moral relacionada con la sombra de desconfianza en la probidad de algunos magistrados. Casos como los de magistrados cuyos pasados están marcados por señalamientos de manejo clientelista, o aquellos envueltos en escándalos personales que comprometen su imagen de integridad [1], son una herida autoinfligida a una institución como la Corte Constitucional que debe estar compuesta por personas cuya vida pública y privada resista el escrutinio más severo.

Este panorama se agrava por las peculiaridades del modelo de justicia colombiano, que combina tradiciones del derecho continental con una enorme preponderancia de la jurisprudencia. Esta combinación puede generar inseguridad jurídica al favorecer interpretaciones volubles, debidas a que, el cambio de composición de una sala, a su vez, puede significar un giro abrupto en la jurisprudencia, generando escenarios más ligados a la correlación de fuerzas ideológicas al interior del tribunal que a una evolución doctrinal sólida y previsible.

La suma de estos factores (cooptación, sesgo, desconfianza en la probidad e inseguridad jurídica) configura una crisis de legitimidad de las altas cortes. Cuando estas dejan de ser vistas como instancias técnicas y se las percibe como apéndices del juego político, el sistema en su conjunto se resiente. El riesgo es que, ante esta debilidad, las cortes queden expuestas a nuevos y más graves ataques en el futuro, como los que ya padecieron en los periodos de gobierno uribista, en los que su independencia fue acosada y puesta en jaque.

Por todo lo anterior, el llamado a un rediseño profundo de la arquitectura estatal no es un capricho académico ni una maniobra política coyuntural. Es una necesidad imperiosa para salvar a las instituciones de sí mismas. Se requiere repensar, entre otros, los mecanismos de elección de magistrados para blindarlos de la cooptación partidista, fortalecer los criterios de mérito e idoneidad, establecer períodos que impidan la búsqueda de reelecciones politizadas y revisar el modelo de justicia para dotarlo de mayor coherencia y predictibilidad.

La Carta política de 1991 abrió puertas fundamentales en materia de derechos, pero falló en construir los diques suficientes para proteger la independencia judicial de la vorágine política. El momento es ahora, antes de que la erosión de la confianza en la justicia sea irreversible. Colombia merece unas instituciones que funcionen con armonía, independencia y, sobre todo, con una legitimidad inquebrantable. Lograrlo exige el coraje de reformar lo que, evidentemente, ya no funciona.

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[1] Carlos Camargo, el cuestionado por clientelismo, llega a la Corte Constitucional - Cuestión Pública /

Magistrado Jorge E. Ibáñez acatará fallo que le ordena retractarse por afirmaciones sobre la madre de su hijo

Gobernaciones y alcaldías uribistas arrecian sabotaje político

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

Estas federaciones son el núcleo de un "gobierno paralelo" que busca mantener privilegios de un modelo agotado y defensa de intereses de la derecha colombiana. 

La llegada de la izquierda a la presidencia de Colombia no solo marcó un hito histórico, sino que también desató los mecanismos de contención más arraigados del establecimiento político de derecha. Más allá de la oposición en el Congreso y el ataque frontal desde los medios de comunicación de los grandes gremios de producción, se ha reactivado con ferocidad una herramienta gremial menos visible para el ciudadano común, pero profundamente poderosa, compuesta por: Fededepartamentos, Fedemunicipios y Asocapitales, entidades que lejos de su fachada técnica se han erigido, nuevamente, como el cuartel general operativo del uribismo para estrangular, desde las regiones, el proyecto de cambio.

Estas federaciones, que durante los gobiernos de Uribe, Santos y Duque funcionaron como una extensión burocrática del poder central y una eficiente red de pensamiento, propaganda y, según múltiples informes periodísticos y judiciales, financiación clientelista, hoy muestran su verdadero rostro: el de una oposición institucionalizada que raya en la sedición. Ante la imposibilidad de retener la Casa de Nariño, figuras clave de la centroderecha y la derecha se atrincheraron en gobernaciones y alcaldías de capitales estratégicas, respaldadas por un ejército de funcionarios de carrera o de confianza política enquistados en ministerios y entidades descentralizadas, para desarrollar una campaña sistemática de desprestigio, bloqueo y sabotaje que busca presentar al gobierno nacional como incompetente e ilegítimo.

La incoherencia es el sello distintivo de estos mandatarios, toda vez que, actuando como jefes políticos regionales del bloque opositor, ordenaron a sus tropas en el Congreso torpedear proyectos fundamentales para la sostenibilidad fiscal del Estado. Destacados afiliados de Fededepartamentos y Asocapitales lideraron una oposición sin argumentos sólidos y de manera casi automática, a iniciativas destinadas a crear recursos para programas sociales, seguridad y desarrollo para las regiones. La Ley de Presupuesto General de la Nación es el ejemplo más claro: su trámite fue obstruido por los mismos partidos que hoy, desde las gobernaciones y alcaldías, reclaman a voz en cuello más recursos para sus territorios. Gobernadores como el de Antioquia o las del Valle y Tolima, lo mismo que alcaldes como los de Bogotá, Medellín o Cali, prefirieron ahogar financieramente al Estado para dañar políticamente a Petro, antes que llegar a acuerdos consensuados en beneficio del país.

Ahora, la incoherencia de la derecha da un salto peligroso hacia la rebeldía institucional. Ante medidas legítimas del gobierno central, como la solicitud de aportes extraordinarios en un estado de emergencia económica, recursos que, se insiste, pudieron obtenerse por la vía ordinaria si la oposición no la hubiera bloqueado; estos mandatarios y sus federaciones han declarado abiertamente que no acatarán las normas. Es decir, se rebelan contra la obligación jurídica de cumplir las funciones que juraron ejercer. Victimizándose y apelando a la complejidad técnica de las finanzas públicas, manipulan la comprensión ciudadana para esconder su verdadero objetivo: desestabilizar.

En temporada electoral, la máquina se aceita con fines proselitistas. En este orden de ideas, Fededepartamentos y Asocapitales se convierten en plataformas de campaña. Sus declaraciones que aparentan ser técnicas; en realidad son consignas políticas que corean, al unísono con gremios económicos y grandes medios, insistiendo en un relato de caos y fracaso. Figuras polémicas como Dilian Francisca Toro, Andrés Julián Rendon, junto con candidatos con pobres índices de aceptación, utilizan estas agremiaciones para proyectarse nacionalmente, repitiendo falacias a pesar de que los indicadores macroeconómicos y sociales muestran resiliencia y avances en medio de una tormenta global y un sabotaje interno feroz.

El verdadero peligro no es la oposición política, vital en una democracia. El peligro es la utilización de estructuras estatales y seudogremiales, financiadas con los recursos de la ciudadanía, para hacer oposición desleal y sabotear al gobierno elegido popularmente. Estas federaciones son el núcleo de un "gobierno paralelo" que busca mantener los privilegios de un modelo agotado y la defensa de los intereses de la derecha colombiana por encima de la gobernabilidad, la institucionalidad y el bienestar general.

El país debe abrir los ojos: el conflicto político no se libra solo en el Capitolio o en los noticieros, sino en estas oficinas aparentemente grises donde se teje, con hilos institucionales, la estrategia del bloqueo que pretende hundir cualquier esperanza de cambio.

El Salario Vital Familiar frente al dogma económico y la hipocresía de la derecha

Imagen tomada de: Crónica del Quindío

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

Por primera vez, en mucho tiempo, la discusión en Colombia se centra en cómo distribuir mejor la riqueza y apalancar el crecimiento desde la base y no en cómo sacrificar los derechos de los muchos en el altar de los privilegios de unos pocos.

El anuncio de entrada en vigor del decreto presidencial que materializa la figura del Salario Mínimo Vital Familiar, prescrita en la Constitución Política de Colombia, pero postergada durante décadas, ha desatado una tormenta predecible de críticas por parte de los representantes de los grandes gremios económicos, junto con sus voceros políticos y periodísticos. 

Haciendo de lado un verdadero y necesario debate técnico sustentado, la virulenta reacción de la derecha colombiana desnuda, tanto la histórica mezquindad de una élite acostumbrada a privatizar las ganancias y socializar las pérdidas y los costos entre los más vulnerables, como la obstinada adhesión de sus círculos académicos a un dogma económico fracasado, hoy repintado con nuevos nombres, pero con la misma esencia regresiva. En torno a las denuncias de un pretendido error técnico, amplificadas por la prensa orgánica de los gremios, se puede advertir la incomodidad que ocasiona la materialización de este derecho constitucional entre quienes se aferran a unos postulados teóricos ya desmentidos por la realidad y los indicadores socioeconómicos.

La crítica central de la derecha colombiana está sustentada en un mantra heredado directamente de la Escuela de Chicago de Milton Friedman, según el cual, cualquier aumento salarial, especialmente uno estructural como este, genera inflación incontrolable y destrucción de empleo, apelando al simplismo de la rígida "curva de Phillips"  y a la teoría del "derrame" o de los "vasos comunicantes", esa noción mágica en la que por obra y gracia del credo neoliberal, al enriquecer a los más ricos eventualmente se beneficiaría a los pobres. 

Sin embargo, no obstante los esfuerzos de los círculos académicos de derecha, pero sobre todo, de la prensa  a su servicio por mantener a flote los postulados de la Escuela de Chicago; la evidencia empírica acumulada en las últimas décadas ha demolido este credo, demostrando que el esperado "derrame" de las migas de riqueza de los vasos comunicantes de los ricos hacia los pobres no ha ocurrido y que, por el contrario, donde más se aplicaron estas recetas (con ajustes, privatizaciones y flexibilización laboral), las brechas de inequidad se ampliaron de manera escandalosa, como lo vienen demostrando los informes anuales de Oxfam y el Laboratorio sobre la Desigualdad Global, en los que Colombia misma es un caso de estudio: tras años de políticas inspiradas en ese consenso, se consolidó como uno de los países más desiguales del mundo.

Contra este dogma, se alzan voces de enorme peso académico. Varios premios Nobel de Economía de los últimos años han cuestionado la relación mecánica entre salarios e inflación. Joseph Stiglitz, por ejemplo, ha argumentado repetidamente que la inflación actual en contextos como el global es multifactorial (disrupciones en cadenas de suministro, crisis energéticas, especulación en mercados de commodities, ganancias corporativas extraordinarias) y que culpar a los salarios es un argumento forzado de conveniencia para proteger los altísimos márgenes de rentabilidad de un mínimo porcentaje de la población. 

El También premio Nobel de Economía, el estadounidense Paul Krugman ha señalado que, en economías con subutilización de capacidad, como muchas tras la pandemia, un aumento del poder adquisitivo de las familias puede estimular la demanda agregada, impulsando la producción y generando un círculo virtuoso de crecimiento. La teoría keynesiana, relegada por el fundamentalismo de mercado, resurge con fuerza ante la evidencia de los indicadores que demuestran que una masa salarial robusta no es un costo, sino que es la base de un mercado interno dinámico. El gobierno de Petro, al aumentar los ingresos de las familias está inyectando combustible directo a la demanda de bienes y servicios básicos y no básicos, lo que puede dinamizar a miles de pequeñas y medianas empresas que abastecen ese consumo.

Frente a la crítica hipócrita soportada en una supuesta preocupación por la supervivencia de las PyMEs, la historia reciente desnuda la doble moral de la oposición en Colombia. Durante décadas, los mecanismos de subsidio, apalancamiento y alivio fiscal establecidos en la ley colombiana fueron sistemáticamente desviados hacia los grandes emporios económicos, amigos y patrocinadores de los gobiernos de turno, durante la hegemonía de una derecha que se esforzó en construir y reforzar un sistema clientelista para proteger a los grandes capitales, no obstante que, de paso, se dejó desamparados a los verdaderos destinatarios de la protección estatal. 

El reto legítimo para el gobierno de Petro es, precisamente, romper ese histórico patrón de desvío y garantizar que los mecanismos de apoyo (subsidios a la nómina, líneas de crédito blandas, asistencia técnica) lleguen efectivamente a los pequeños y medianos productores, no para eliminarlos, sino para integrarlos a una economía de mayor demanda.

El crecimiento económico colombiano, pese a un panorama internacional adverso (estancamiento del precio del petróleo y la incertidumbre arancelaria generada por políticas de Donald Trump), ha mostrado una resiliencia notable, con un impulso creciente del consumo interno. Medios económicos especializados internacionales, como Bloomberg y Reuters, han reseñado en 2024 y 2025 la fortaleza de los indicadores laborales colombianos y su sorprendente recuperación macroeconómica. Por primera vez, en mucho tiempo, la discusión en Colombia se centra en cómo distribuir mejor la riqueza y apalancar el crecimiento desde la base y no en cómo sacrificar los derechos de los muchos en el altar de los privilegios de unos pocos.

El falso dilema de la polarización*

 

Imagen tomada de: Polarización política y economía

Por: Hernán Riaño

“Que el país esta polarizado”, “que no hay que polarizar más”, “que hay que evitar la polarización”, son las frases que dicen las derechas por estos días, para sacarle el cuerpo al verdadero debate, que es la situación en que ellos dejaron el país

Desde hace algún tiempo, y sobre todo con este gobierno, la ultraderecha y los medios de comunicación empezaron a usar esta palabreja como si fuera la única en el diccionario y que definiera el estado real de nuestro país. 

Pero veamos la definición de polarización de varias fuentes: 

La RAE. 

f. Acción y efecto de polarizar o polarizarse.

1. Acción de polarizar o polarizarse. 

2. Efecto de polarizar o polarizarse.

El concepto en Wikipedia dice:

La polarización es un proceso por el cual en un conjunto se establecen características que determinan la aparición en él de dos o más zonas, los polos, que se consideran opuestos respecto a una cierta propiedad, quedando el conjunto en un estado llamado estado polarizado.

Lo amplía a la política:

En política, polarización es el fenómeno por el cual la opinión pública se divide en dos extremos opuestos. También se refiere a las facciones extremas de un partido político que ganan espacio o apoyo dentro del mismo. En cualquiera de los casos, como consecuencia de la polarización, las voces moderadas pierden poder e influencia.

La polarización, por lo tanto, puede ser estudiada tanto como un estado, como un proceso. La polarización como estado se refiere a la medida en que las opiniones sobre un tema se oponen en relación con una máxima teórica. La polarización como proceso se refiere al aumento de dicha oposición a lo largo del tiempo.

En la red hay muchas definiciones muy parecidas a la desacreditada Wikipedia, pero es un concepto unánime. 

Analicemos la situación de Colombia; desde hace más de 200 años la mayoría del pueblo había “pensado y actuado” con los conceptos que habían impuesto las derechas, esto quiere decir que solo se había tenido un punto de vista, salvo algunas excepciones muy valiosas que a lo largo de esos lustros no habían podido masificar los del pueblo, por culpa de la violencia que callaba a sangre y fuego a quien pensara diferente. La oligarquía con su ideología feudal con sus intereses explotadores y ladronas del erario no había dejado pensar por su cuenta al pueblo colombiano, con el apoyo de sus medios de comunicación, llegaron a falsear la realidad de tal forma que los ciudadanos (as) estaban convencidos que ser esclavos (as) por siempre, que nunca podrían llegar a pertenecer a la casta dominante, por más que trabajaran honradamente. Eso era una ley “de a puño”. Ellos, solo ellos y por un designio no sé de quién, podían tener negocios prósperos, legales o ilegales, ser los dueños de las tierras y de las vidas de sus vasallos (as), de los hijos (as) de estos a perpetuidad y que podían hacer lo que quisieran con ellos.

En la segunda mitad del siglo XX, en nuestro país, empezó un avance industrial, ciudades como Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, entre otras, empezaron a llenarse de factorías, que necesitaban trabajadores, que obviamente llegaron del campo, expulsados por la violencia generada por el partido conservador, para apoderarse de sus tierras.  Los trabajadores, gracias a sus luchas, lograron derechos como la jornada laboral de 8 horas, los recargos nocturnos y festivos, la salud, tener una cesantía, una pensión, así como el voto de las mujeres, y muchas otros que existieron en Colombia y aún persisten en otros países, aunque resistiendo los embates del neoliberalismo mundial. 

Con la llegada del trío diabólico, Pastrana, Gaviria y Uribe, empezaron los recortes de los pocos derechos conquistados, la “miserabilización” de los colombianos y el auge del narcotráfico, con el que muchos políticos llenaron sus bolsillos y algunos pobres del país, también, vieron una oportunidad de lograr alguna riqueza con ese negocio ilegal, así fuera a costa de su propia vida o la de sus familiares. 

Aquí hubo un quiebre histórico porque, primero Gaviria con Álvaro Uribe Vélez privatizaron la salud, los riesgos profesionales y las pensiones de los trabajadores para beneficiar a sus amigotes cómplices. Luego, en sus presidencias, este nefasto señor eliminó los otros pocos derechos laborales que quedaban, como los recargos nocturnos, las horas extras y disminuyó el pago de los dominicales y festivos a su mínima expresión. También vendieron, en esos tres gobiernos, una cantidad de empresas de los colombianos y eliminaron otras tantas entidades que les servían a la ciudadanía. No contentos con eso, regresaron a nuestra sociedad al siglo XIX, en la que imperó, como dije antes la esclavitud y el vasallaje, sin ningún derecho laboral o ciudadano. Hasta Duque (Uribe III), el país vivió humillado, esclavizado y subyugado a los deseos, planes, programas para solo satisfacer las necesidades de los ricos en detrimento de la calidad de vida de la mayoría de los colombianos y del saqueo de los recursos públicos.

Pero, con lo que no contó la ultraderecha fue que llegara un gobierno diferente, el del cambio, para que, por fin, le abriera los ojos a la mayoría de los colombianos, y darnos cuenta de las dos posiciones antagónicas que han existido desde siempre, pero que, por cuenta de la oligarquía y sus medios, volvieron “normal”, que solo se aceptara la posición oligarca como una verdad irrefutable caída del cielo.

Estos son los dos polos de la realidad del país. Uno, el de siempre, que defiende los intereses de la narco-parapolítica derechista y el otro que propende por los derechos de todos los colombianos que nunca los han tenido, esa es le verdadera polarización. Pero la oligarquía no quiere hacer este debate, le tiene miedo a que Colombia y el mundo sepan su actuar, cuál es su verdadera cara, que nos enteremos de todos los asesinatos, desapariciones, masacres, robos y saqueos del erario al que han tenido sometido al país. 

Por eso han planteado un falso debate sobre esta palabreja y sus implicaciones, para distraer la verdadera situación de Colombia. 

Decidieron que polarizar era:

Decir la verdad.

Hacer denuncias de corrupción.

Defender los derechos.

Permitir las opiniones de los que nunca habían hablado.

Exigir resultados a los funcionarios.

Hacer debates serios.

Contradecir una mentira.

Destapar una trampa.

Denunciar las amenazas.

Evitar que sigan saqueando las instituciones.

Entre otras muchas cosas.

“No polarice” es la frase que se oye por estos días, que eso es generar odio, dicen los politiqueros, parlamentarios traidores y corruptos, para evitar que se sepa cómo han manejado el país por más de 200 años, que nos enteremos de los verdaderos negociados con los que se han enriquecido algunos y cómo quieren seguir haciéndolo.

Hemos visto cómo parlamentarios  y magistrados han hundido las reformas que necesita el pueblo para mejorar su calidad de vida, la salud, las pensiones, la ley de financiamiento, la circunscripción especial agraria, los decretos de emergencia para la Guajira y Catatumbo, solo para mencionar algunos y que solo benefician a los más pobres, eso sí es polarizar, porque defiende los intereses de los más ricos y poderosos en detrimento del resto de la ciudadanía, se ponen al servicio de los que siempre han tenido el poder y lo han manejado a su arbitrio.  Además, anuncian que, de volver al gobierno, eliminarán de un tajo y sin anestesia, todas las reformas que ha impulsado el señor presidente Gustavo Petro Urrego.

Polarizar es insistir en gobiernos uribistas, que lo que han hecho es acabar con el estado social y de derecho, eliminar las libertades y la democracia con el pretexto de una falsa seguridad que hoy vemos juzgada en la JEP, polarizar es crear ejércitos privados para ejercerla, es volver a los miembros de la fuerza pública asesinos y salteadores, lo mismo que los miembros de comunidades milenarias, que antaño fueron creadores de música, filigranas de oro y formas de sembrar muy productivas entre otras formas de desarrollo. Polarizar es quitarle la salud a la mayoría de los colombianos, darle las pensiones de los fondos para que los hijitos del expresidente pudieran hacer sus centros comerciales o al hombre más rico de Colombia para que hiciera carreteras con los peajes más caros. En síntesis, polarizar es estar en contra del pueblo colombiano y querer seguir manteniendo el país como ellos lo tenían hasta el gobierno Duque. 

“Que el país esta polarizado”, “que no hay que polarizar más”, “que hay que evitar la polarización”, son las frases que dicen las derechas por estos días, para sacarle el cuerpo al verdadero debate, que es la situación en que ellos dejaron el país, que está haciendo el progresismo para corregirla y que nos espera si ellos vuelven a gobernar. Por otro lado, veo con extrañeza que algunos progresistas cayeron en la trampa de repetir ese discurso engañabobos de la derecha haciéndole el juego a lo que ellos quieren que sea la discusión. A los progresistas y demócratas nos queda centrarnos en defender lo conseguido y no permitir que vuelvan aquellos que nos quitaron todo en el pasado y que, de volver, lo harían nuevamente y esta vez, a sangre y fuego, como lo han anunciado públicamente, ¡bala es lo que hay!

*Esta nota fue publicada originalmente en SoNoticias y es compartida con la comunidad de La Conversa de fin de Semana, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño.

Las opiniones de los columnistas son de su exclusiva responsabilidad.  Les invitamos a leer, comentar, compartir y a debatir con respeto.

DIALÉCTICA DE LA ESTUPIDEZ*

 

Imagen tomada de Depositphotos

Por: Carlos Medina Gallego

Defender la paz, los derechos humanos y la dignidad de las comunidades y de los pueblos no es un acto de debilidad, sino el mayor signo de fortaleza y humanidad.

Una reflexión crítica sobre la violencia, la guerra y la urgencia de la transformación social

La historia de la humanidad está marcada por una constante pugna entre la razón y la sinrazón, entre la lucidez creadora y la estupidez destructiva. La guerra, como máxima expresión de esta última, representa no solo un fracaso ético, sino también un colapso racional. La violencia organizada, ejecutada con precisión técnica y justificada con discursos ideológicos, constituye una de las formas más brutales de estupidez colectiva: aquella que destruye lo que debería proteger, que mata en nombre de la vida y que oprime invocando la libertad. Aquella que se alegra con el fracaso de la paz y le otorga el triunfo a la estupidez de la guerra y la violencia. 

La dialéctica de la estupidez emerge cuando los actores sociales, políticos, económicos y armados sustituyen el diálogo por la imposición, la empatía por el odio, y la justicia por la venganza. Esta dialéctica no construye, sino que descompone el tejido de lo humano. Se sostiene en un conjunto de lógicas perversas que normalizan lo inaceptable: la desigualdad, la explotación, la marginación y la muerte de inocentes. A lo largo de la historia, imperios, estados y movimientos han sido arrastrados por esta inercia de la estupidez, repitiendo las mismas lógicas criminales bajo nuevas banderas, porque han hecho de la guerra un oficio y un negocio. 

La guerra no es —como algunos pretenden— una necesidad natural ni un destino inevitable. Es una construcción política y económica que responde a intereses de dominación y acumulación. Quienes la promueven suelen estar lejos del frente de batalla; sus beneficios son siempre desproporcionados frente a un elevadísimo costo humano en vidas y sufrimientos. En este sentido, la estupidez no radica únicamente en la violencia en sí, sino en su legitimación social cuando las comunidades y los pueblos aceptan la guerra como única salida, han sido ya vencidos en el terreno de la conciencia, son comunidades alienadas.

Por ello, repudiar la guerra no es una postura ingenua ni romántica, sino un imperativo ético, humano y revolucionario. Es preciso rechazar todo discurso que glorifique el conflicto armado como vía de solución o de redención histórica después de décadas de estruendosos fracasos y terribles desenlaces. La única victoria verdadera es la que preserva la vida, garantiza la dignidad y protege los derechos fundamentales de todas y cada una de las comunidades y de cada ser humano.

Frente a esta dialéctica perversa, saludamos y celebramos los esfuerzos de paz, diálogo y transformación social que surgen desde abajo, desde los márgenes, desde las comunidades que se niegan a ser carne de cañón. La paz no es solo la ausencia de balas; es la presencia de justicia, de pan, de salud, de educación, de tierra, de libertad. Es una construcción ardua, que exige valentía y compromiso, pero es el único camino digno de ser recorrido.

Las transformaciones sociales verdaderas —las que rompen con las estructuras de opresión y promueven una redistribución justa del poder y los recursos— no pueden imponerse por la fuerza, porque entonces reproducen la lógica que dicen combatir. Solo una sociedad que renuncia conscientemente a la violencia como instrumento político puede aspirar a una paz duradera y a una democracia real. Estos son otros tiempos que están movidos por nuevas fuerzas sociales y políticas, que han aprendido del fracaso de la vía armada y le están apostando a reinventar la política y la democracia sin renunciar a su agenda de cambios y transformaciones revolucionarias. 

En tiempos donde resurgen los discursos de odio, la militarización de la vida civil y la normalización del sufrimiento ajeno es urgente desenmascarar la dialéctica de la estupidez. No basta con denunciar sus efectos: hay que atacar sus raíces, combatir la indiferencia, rechazar la desinformación y desarticular las estructuras que la sostienen. La lucidez crítica es un acto de resistencia que construye y transforma.

Hoy más que nunca, defender la paz, los derechos humanos y la dignidad de las comunidades y de los pueblos no es un acto de debilidad, sino el mayor signo de fortaleza y humanidad. Porque en un mundo donde todo conspira contra el sentido común, pensar, amar y transformar son actos radicales y revolucionarios.

*Esta nota fue publicada originalmente en SoNoticias y es compartida con la comunidad de La Conversa de Fin de Semana, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño.

RTVC y la libertad de prensa

 

Por: Hernán Riaño - Director SoNoticias

¿Quién empoderó a esa FLIP para determinar qué es o qué no es libertad de prensa y además censurar al único medio, el estatal, por decir la verdad y presentar un punto de vista diferente al de la prensa tradicional? 

Desde su aparición en el mundo, la prensa fue catalogada como el cuarto poder, es decir, que debería ser el contrapeso a los poderes conocidos en la democracia: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, con el fin de que esos otros tres no se desbordaran y se convirtieran en un factor dictatorial en las democracias del mundo.

En cuanto a la noción de libertad de prensa, según Wikipedia, se tiene que, aunque muchos no le tienen confianza; la libertad para subir contenidos es: “La libertad de prensa o la libertad de los medios de comunicación es el principio de que la comunicación y la expresión a través de diversos medios, incluidos los medios impresos y electrónicos, especialmente los materiales publicados, deben considerarse un derecho que se ejerce libremente. Tal libertad implica la ausencia de interferencia del Estado. Esto implica la prohibición de la censura previa” (1). 

Siguiendo con el portal Concepto: “La libertad de prensa es el derecho de los periodistas y los medios de comunicación a informar, publicar y difundir noticias sin interferencias del gobierno u otros actores sociales. Es un derecho esencial para el ejercicio de la libertad de expresión, que busca garantizar que la ciudadanía pueda acceder a información veraz y diversa. La libertad de prensa no es un derecho absoluto y puede estar sujeta a limitaciones, especialmente en aquellos casos que implican proteger la seguridad nacional, el orden público o la privacidad de las personas. 

Hoy en día, la libertad de prensa enfrenta desafíos en todo el mundo. Aunque esté protegida por la ley, se ve afectada por presiones políticas y por la influencia de las grandes corporaciones económicas que buscan manipular la opinión pública y el consumo. En regímenes autoritarios, los periodistas enfrentan censura, amenazas y arrestos. Además, en cuanto al contexto mundial: “La libertad de prensa está protegida por normas internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (1966), que reconocen este derecho como un principio fundamental en todas las democracias.” (2).

En Colombia, la libertad de información está consagrada en el artículo 20 de la Constitución política de Colombia que afirma: “Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura” (3).

En nuestro país y como en la mayoría de muchos aspectos de la vida política y social de la nación, este derecho está determinado por los dueños de los medios, que son los grandes conglomerados económicos ultraderechistas, que se fueron apoderando de todos los medios de comunicación nacionales y regionales para defender sus intereses, tapar sus excesos, posibles delitos, negociados y corrupción. Resumiendo, cada grupo económico tiene un conglomerado de periódicos, revistas, emisoras de radio, canales de televisión, páginas web y redes sociales, aunque no en ese orden, en los que presentan “su” verdad, para que solo los favorezca a ellos y en detrimento de los intereses de los ciudadanos. En esto coinciden mucho con lo planteado por el portal web “Concepto”, cuando manifiesta que: “Aunque esté protegida por la ley, se ve afectada por presiones políticas y por la influencia de las grandes corporaciones económicas que buscan manipular la opinión pública y el consumo”. Pero el gran problema de nuestra república es que muchos de esos intereses que afectan a la veraz información, tienen que ver con actividades delictivas y con el narco-poder que se apoderó de nuestro país hace 30 años.  

En Colombia la única “libertad de prensa” que se conocía era la que ejercían los medios tradicionales como El Tiempo, El Siglo, La República, Caracol, RCN, etc. y los medios regionales, todos voceros de la derecha liberal–conservadora, nunca había habido otra visión de la realidad ni, mejor dicho, alguien que informara la verdad, salvo El Espectador que por mucho tiempo y de la mano de Don Guillermo Cano dio algunos visos de independencia y periodismo real; en estos tiempos y por pertenecer al Grupo Valorem (Santo domingo) cambió su rumbo yéndose para la derecha más recalcitrante de la mano de Fidel Cano hijo del asesinado director. Pero con el gobierno de Gustavo Petro, las redes sociales y la aparición de muchos medios autodenominados alternativos, se abrió la posibilidad de contar la verdad de la realidad colombiana.

En este contexto, en las últimas semanas hemos visto un feroz ataque de todos los medios, los empresarios y políticos de la ultraderecha contra RTVC, el sistema de medios públicos por su objetividad para informar todo lo que ocurre y que lo hace con las pruebas en la mano. Pero este ataque no solo se ha remitido al sistema sino también a su gerente Hollman Moris y los periodistas que lo acompañan en esta difícil misión de nadar contra la corriente informativa. A Morris lo siguen atacando por los hechos ocurridos en el pasado, a los cuales se expuso ante la sociedad y a la rama judicial, saliendo totalmente inocente y sin ningún cargo por los que lo acusó el complot del uribismo. A los demás, por su vestimenta, por su afinidad o gusto por determinada música, literatura o por la defensa de los genocidios o injusticias cometidos en todo el mundo, los han llamado “focas que aplauden” por presentar las realizaciones del gobierno del cambio tal y como son.

En el caso de Morris, no solo está la derecha sumida en este ataque, sino que se les ha unido, además desde el principio, un grupo de personas que se autodenominan feministas, las parlamentarias que con votos progresistas llegaron al Congreso para, una vez allí, traicionar a sus electores y al pueblo colombiano y otra muy “digna”, que sin fórmula de juicio y desconociendo las sentencias judiciales siguen empeñadas en esta agresión convirtiéndose en parlantes de la ultraderecha. Hay que ratificarlo, de una vez por todas ¡Hollman Morris salió inocente de todos los cargos!, después de un proceso muy meticuloso.   

Pero además del ataque de los comunicadores de los grandes emporios de medios, en la última semana llegó el de la Fundación para la libertad de prensa FLIP, una entidad privada que no es autoridad de nada, que entre sus fundadores tiene a Francisco Santos, exvicepresidente uribista y enemigo declarado de Petro. Es eso, una entidad privada, una fundación, que por arte de magia se convirtió de la noche a la mañana en un censor más. ¿Quién empoderó a esa FLIP para determinar qué es o qué no es libertad de prensa y además censurar al único medio, el estatal, por decir la verdad y presentar un punto de vista diferente al de la prensa tradicional? Además, lo hace como si fuera un juez pero que ataca a funcionarios y periodistas que no sean de su visión de la realidad. Como esta fundación podrían crearse muchas de diferentes corrientes políticas, porque esta pareciera ser de la ultraderecha. Ellos no son dueños absolutos de la verdad ni mucho menos y en estos episodios han violado el principio fundamental del periodismo que es el de contrastar la información. 

En carta a la junta directiva de la FLIP, Morris plantea lo siguiente:  “A propósito de un pronunciamiento de la Flip, reproducido por algunos medios de comunicación, me entero de que ustedes “han documentado” treinta casos de “censura y presión editorial” dentro del Sistema de Medios Públicos y que han conocido “decenas de publicaciones” que han investigado y documentado “reiteradas irregularidades en la administración de la entidad”, cubriendo, la primera afirmación, con el manto de la generalidad, el anonimato y el rumor, animados por ustedes; y constituyendo, la segunda, una aseveración temeraria, en la medida que ninguna autoridad competente ha constatado esas denuncias falaces.” (la negrilla es de origen) (4). Es de anotar que, en varias oportunidades, esta fundación privada ha querido callar al señor presidente por aclarar las mentiras y calumnias con las que lo atacan. En Colombia se garantiza el debido proceso, ¿ellos tienen patente de corzo para violarlo? A estos neo censores de la FLIP, se han unido otros como “La silla vacía” y “Colombia check” que con la excusa de luchas contra las fake news o noticias falsas, que hoy pululan por todas partes, quieren silenciar a muchos periodistas que se atreven a mostrar otras visiones de la realidad.

RTVC, en algo más de medio año y de la mano de Morris, ha logrado la independencia y veracidad de la información y con ellas el aumento de la aceptación de los sectores progresistas del país o de los que están cansados de la comunicación corporativa mentirosa. Se perdieron más o menos dos años por las presiones de estos grupos, que por un odio irracional al gerente no permitían que los ciudadanos tuviéramos un periodismo independiente y objetivo. Las preguntas obligadas que deben hacerse los malquerientes “progresistas” de Hollman y demás grupos ¿en tan corto tiempo quién hubiera logrado lo que Morris ha hecho? ¿O prefieren que el país no tenga una información independiente y veraz como debe ser, por hundirlo, por sacarlo de la escena periodística? Esa es la calidad humana de muchas de estas personas, que además ¡se dicen progresistas! Debemos defender la información de RTVC, a los periodistas que allí laboran, a su gerente, personal técnico, ya que, si permitimos que todos estos ataques fructifiquen sacando a Hollman Morris y su equipo de la escena noticiosa, será el primer paso para que la derecha vuelva al poder con las cruentas consecuencias que ellos traerían para todos los verdaderos demócratas colombianos. 

PD: AMENAZAS DE MUERTE CONTRA HOLLMAN MORRIS: En las últimas horas el gerente de los medios públicos Hollman Morris ha sido amenazado de muerte, un día después de que apareciera un editorial de El Espectador en contra de RTVC, sin contrastar la información y con acusaciones falsas, según Morris, por hechos ocurridos el jueves en una emisión de “El calentao” (5).

https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_prensa

https://concepto.de/libertad-de-prensa/

https://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-1/articulo-20

https://www.rtvc.gov.co/noticia/comunicado-rtvc-flip-gerente-hollman-morris

https://www.facebook.com/share/p/12KxQ7FjJmc/ https://www.facebook.com/share/v/18rapN8XGj/

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Los capitalistas odian el capitalismo

 

Imagen tomada de: Origenes del capitalismo | Economía | Pensamiento | El Viejo Topo

Por: Hernán Riaño

No es entendible que los empresarios colombianos sean tan estúpidos o esclavistas para no entender el principio básico del capitalismo; buenos sueldos para que el poder adquisitivo sea suficiente para un buen consumo de bienes y servicios. ¡Negar este principio un arma en contra de ellos mismos! 

El capitalismo tiene su base económica en el consumo, si no, los ciudadanos no compran lo que producen los capitalistas, pues las empresas se acaban y el empleo se destruye; eso dice la economía básica. Para consumir, los trabajadores y empleados necesitan tener ingresos, que son pagados por el trabajo que realizan en las empresas. Podríamos llamarlo un círculo vicioso; el trabajador compra cuando tiene dinero, que le pagan por su trabajo, si no le pagan lo suficiente, pues no puede consumir y esas empresas que fabrican esos bienes de consumo no venden y por lo tanto desaparecen. Es muy sencillo, no se necesita un diploma en Harvard ni cualquier encopetada universidad para entenderlo.

En el bolsillo del trabajador o empleado clase media se nota cuando ya el dinero no alcanza para los bienes básicos de supervivencia o para artículos que elevan su nivel de vida, ya que el salario que recibe por su trabajo o no compensa el mismo, o el empleador abusa de su condición apoyado en leyes como la  50 y la 100  diseñadas y aprobadas para tal propósito, como ha ocurrido en Colombia desde 1.993, con el destape del neoliberalismo en nuestro país, liderado por César Gaviria, Álvaro Uribe Vélez y sus aliados, los empresarios explotadores, y con otras fuerzas oscuras que decidieron dejar la clandestinidad y apoderarse del Estado.

El trabajador dejó de serlo para convertirse en un vasallo a las órdenes de un señor feudal y hasta en esclavo en los campos colombianos, en donde ni siquiera se ganan el mínimo vital. La dignidad del pueblo la mandaron por el caño y solo dejaron seres que sobreviven y, en muchos casos, malviven con algunos pesos al día; así las cosas, Colombia se convirtió en uno de los países más desiguales del mundo en los que muy pocos riquísimos ganan miles de veces más que quien, pudiendo considerarse “afortunado” gana el salario mínimo. De hecho, en Colombia se acuñó el dicho: El mínimo es el máximo al que puede aspirar el ciudadano de base.

En este escenario aparecieron las reformas sociales propuestas por el gobierno Petro, con  las que  solo pretenden devolverles la dignidad de seres humanos a los colombianos con un servicio de salud que cubra las necesidades, sobre todo en los territorios donde no llega ni una enfermera, porque no es rentable para las EPS, que la convirtieron en un gran negocio para particulares; que haya pensión para más de dos millones de colombianos que no alcanzaron, por sus bajos ingresos y falta de empleo formal, a cotizar para lograrla; y un trabajo con los ingresos suficientes para poder comer y cubrir las necesidades básicas, entre otros cambios. Estas y otras reformas que necesita urgentemente el país, que también han sido bloqueadas o demandadas para tumbarlas. Para lograr este cometido, los empresarios han utilizado todas las formas posibles, la mayoría ilegales, apoyados por sus medios de comunicación, sí, porque ellos son los dueños, y los comunicadores los obedecen ciegamente; y no solo eso, muchos declarados de extrema derecha ponen de su cosecha otros elementos, como la mentira, calumnia e imponen sus opiniones personales como si fuera una realidad incontrovertible. 

Quienes han jugado el papel definitivo para bloquear y tumbar las reformas han sido unos parlamentarios de los partidos más recalcitrantes de derecha como el Centro democrático y el partido Conservador, de donde proviene el flamante presidente del senado, quien anunció la tumbada de las reformas sin conocerlas ni mucho menos leerlas, Cambio Radical, partidos cristianos como Mira y Colombia Justa Libres y otros advenedizos que se hicieron elegir con el proyecto progresista y ya allá en el congreso demostraron su verdadera catadura como ASI y el Verde.  Para ello, los empresarios afectados por las reformas como las EPS, y los grandes industriales y comerciantes, han hecho el lobby correspondiente y hasta hay denuncias en redes de personas con su cara al país que han denunciado la danza de los millones para que determinados parlamentarios votaran en contra del cambio, como en el caso de la reforma a la salud, en la que se han conocido la financiación irregular y con plata de los recursos públicos de la salud a varias campañas electorales de esos partidos y en los últimos días se conoció una denuncia muy grave, que de llegar a ser cierta, sería demoledora para el poder legislativo, ya que implica el pago a ciertos parlamentarios de la oposición para hundir la reforma laboral (1). 

Lo más grave es que los parlamentarios de la comisión séptima del senado, sin análisis, decidieron archivarla y salir en fotos, videos y comunicados, orgullosos de su hazaña, queriéndole demostrar a los colombianos que ellos mandan, que el pueblo no les importa y que los trabajadores deberán seguir con condiciones casi que esclavistas para poder ganarse el sustento (2). Y oros HP (Honorables Parlamentarios) los calificaron como héroes por esa acción, como es el caso de Katherine Miranda (3), quien se hizo elegir con el programa progresista y hoy se unió a las huestes uribistas para atacar al gobierno. 

No es entendible que los empresarios colombianos sean tan estúpidos o esclavistas para no entender el principio básico del capitalismo; buenos sueldos para que el poder adquisitivo sea suficiente para un buen consumo de bienes y servicios. ¡Es que es un arma en contra de ellos mismos! Henry Ford, un ejemplo de capitalismo clásico, a comienzos del siglo XX, dejó claro este tema al ver que, por el precio, muy pocos podrían comprar un carro; se inventó varias fórmulas como el aumento de salarios y el crédito para que sus trabajadores pudieran hacerlo y le dio el ejemplo para que muchos empresarios de E.E.U.U. pudieran crecer y desarrollase. Aquí en Colombia, algunos empresarios se han manifestado en el mismo sentido de dar a sus empleados unos salarios justos y suficientes como el vallecaucano Maurice Armitage (4).  

En contario, gremios como ANDI y FENALCO, este último en cabeza de Jaime Alberto Cabal, dicen que la reforma laboral acabaría empleos (3). Pero muchos de estos empresarios afiliados o no a estos gremios han practicado desde hace décadas el tercerizar su nómina, que quiere decir que una empresa aparte maneje las obligaciones laborales de su personal con unos costos adicionales y “quitándole” la responsabilidad al dueño del negocio. Esas empresas, que en muchos casos cobra un muy alto porcentaje de intermediación, son de propiedad, muchas veces, de los mismos dueños o accionistas de la empresa a la cual le prestan ese “servicio”.  Sí son capaces de pagar una intermediación, que eleva los costos laborales, pero no de dar salarios dignos, es una ecuación inentendible. 

Con este panorama de odios y traiciones al pueblo colombiano, el señor presidente no tuvo más remedio que citar a consulta popular, para que sea el pueblo quien decida el futuro de las reformas con esta testamentaria frase: “Que el pueblo decida si quiere ser libre o esclavo”, no quedó otra alternativa ante tanta iniquidad de una clase social explotadora y voraz que no tiene límites de ninguna naturaleza para oprimir a sus compatriotas y evitar que tengan una vida digna. 

Las afirmaciones y opiniones expresadas en las columnas y notas son responsabilidad de sus autores, les invitamos a comentar con respeto.

Esta nota fue publicada originalmente en SoNoticias y es compartida con la comunidad de La Conversa de Fin de Semana, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño.

(1) https://www.facebook.com/share/r/14y1aeUR6q/

(2) https://www.rtvcnoticias.com/reforma-laboral-votos-comision-septima-senado

(3) https://alpunto.com.co/no-la-perdonan-katherine-miranda-le-da-la-espalda-a-los-trabajadores-y-celebra-su-desgracia-2/?fbclid=IwY2xjawJD6E9leHRuA2FlbQIxMQABHaWtMsYCRmQN-OezU1zYhnqPveks5PdFLE-3tRkB70klIexJ-hONrG4Iqw_aem_jDqAuGi1q7L5w1uXfkeuqwhttps://youtu.be/5zYREAjD498?si=g8bl_Qw-77FylMuwhttps://www.facebook.com/share/v/1H1Ety3RZA/ https://www.facebook.com/share/v/1DNocmzD3P/https://x.com/tocarymirar/status/1899563855887688091/photo/1

(4) https://youtu.be/WDVFzDYJMQU?si=EwYGk3nG3OkTjklQ  https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.andi.com.co/Home/Noticia/17427-no-es-pensable-una-reforma-laboral-que&ved=2ahUKEwjFxpKciY-MAxWpQzABHRifBjQQFnoECBkQAQ&usg=AOvVaw3qGKVlYYEdmmHXX3NpE3jfhttps://www.facebook.com/share/v/1BSUABhN4N/

¡Exigen pleitesía!

 

Por: Hernán Riaño

Las reformas propuestas por el gobierno enfrentan sabotajes en el congreso por parte de militantes de varios partidos, incluyendo el conservador y el Centro Democrático, así como de algunos legisladores que se presentaron como defensores del cambio. Si las reformas no son bloqueadas en el congreso, las cortes pueden declararlas inconstitucionales.

Durante la existencia de nuestro país, desde la tenebrosa colonia, ellos, los chapetones y luego sus herederos políticos, la oligarquía colombiana, han hecho lo que han querido con Colombia sin darle ninguna justificación a los ciudadanos, apoyados por esos medios de comunicación de los cuales han sido propietarios, primero vinculados a los dos partidos corruptos dominantes, el conservador y el liberal y luego a los grandes consorcios económicos de hoy, llámense Grupo Ardila Lülle, Organización Sarmiento Angulo, Grupo Valorem (de la familia Santo domingo)y en los últimos años el Grupo Gilinsky y el Grupo Prisa de España (¿neocolonización española?), de los que, hoy se sabe, algunos han estado vinculados a negocios non santos, corrupción, politiquería, financiación de campañas para que los elegidos defiendan sus intereses.

La ultraderecha colombiana, en más de 200 años de gobierno, ha tomado decisiones que solo los han favorecido a ellos y desde la llegada de Álvaro Uribe con un gobierno marcadamente neoliberal, entregado a los intereses del imperio norteamericano y de los grupos que, hoy se sabe, han defendido a capa y espada para que sigan con sus negocios y en contraprestación no dejen de apoyarlo en estas horas donde pareciera que por fin habrá justicia en Colombia. Es una sociedad de mutuo beneficio para ellos, en los que ha primado el favorecimiento a los empresarios de los negocios, unos que Uribe con Gaviria se inventaron, como los medicamentos, el aseo, la salud, las cesantías y las pensiones de los millones de trabajadores, otros que ya existían pero que querían mayor tajada, como las minas, las hidroeléctricas y otros nuevos que por el avance de la tecnología vieron en nuestro país una realidad de negocios muy lucrativa y sin mayores restricciones.

Todas esas decisiones las tomaron a espaldas de los ciudadanos y con un perjuicio total para el pueblo, pues ya no hay salud, pensiones, medicamentos, aseo, empleo y llegó un momento que con la implementación de los TLC ya ni siquiera productos agropecuarios se sembraron en el país por la competencia desleal de los productos norteamericanos subsidiados que arruinaron a nuestros campesinos que el tratado nos obligaba a adquirir. Tan es así, que hasta prohibieron la comercialización y cultivo con semillas nativas que no fueran de las multinacionales dedicadas a la producción de estas materias primas y dejaron la exclusividad de la utilización por parte de esas mismas empresas de nuestra biodiversidad para la producción de medicamentos y otros productos requeridos por la industria. 

Esto trajo a nuestro país la ruina del campo, desempleo, hambre miseria y una de las mayores desigualdades del mundo para nuestra nación. El hambre y la muerte se apoderaron del territorio nacional. Además, expresidentes y sus cómplices de ultra derecha tomaron decisiones como el desplazamiento de mas de 8 millones de colombianos, los 6.402 mal llamados falsos positivos, bombardeos a niños, fumigaciones con glifosato (prohibidas en muchos países por causar daños a la salud), ataques a la población civil (como las vistas en el estallido social, además de muchas otras), hornos crematorios, granjas de cocodrilos, solo para nombrar unas pocas, todas en contra del pueblo y a favor de ellos. Resumiendo, usaron el país exclusivamente para ellos llegando a unos niveles de crueldad y ambición exclusivas de nuestra oligarquía.

Gustavo Petro, en su programa de gobierno se propuso y ha intentado por todos los medios revertir muchas de esas decisiones, pero la ultraderecha apoyada por sus grandes medios de comunicación no lo han permitido, usando desinformación, “fake news”, mentiras, calumnias, trampas, montajes, inteligencia artificial y todo tipo de armas innobles, inclusive unas inventadas por sus “genios creativos”, que no habíamos visto nunca en Colombia. Han tratado de desprestigiar, condenar, ilegitimar y condenar el gobierno del señor presidente Gustavo Petro para frenar dichas reformas. Nunca, en la historia de nuestro país, se había visto esa andanada de ataques a una persona y un gobierno solo para defender unos intereses de muy pocas personas. 

La unión de todas las ramas del poder público, exceptuando muy pocos casos dignos de resaltar, ha generado una muralla en contra de los cambios que quiere llevar a cabo el programa de gobierno. Han llegado a tal punto que magistrados rechazan la presencia del señor presidente en sus posesiones o en decirle que no vaya a una reunión formal programada cada año, quieren con esto mandar el mensaje de “aquí mandamos nosotros y ustedes, pueblo ignorante no tienen derecho a nada y no se les permitirá nada”. 

A las reformas, primero las sabotean en el congreso militantes de partidos como el conservador, liberal gavirista, cambio radical, el partido de Álvaro Uribe, el Centro Democrático, y los traidores del pueblo que se hicieron elegir con las banderas del cambio: Juvinao, Miranda, JP y la representante de la “dignidad”, léase MOIR, Jennifer Pedraza, si eso no les funciona las cortes las declaran inconstitucionales como lo que está pasando con le reforma pensional con la ponencia negativa del magistrado Ibáñez.  El señor presidente pidió audiencia pública a la corte para tratar de que vean las bondades para muchos viejos de Colombia y no la tumben.

Desde las 3 de la mañana medios radiales y desde las 6 a.m. medios televisivos se dedican con sus sendos directores y comunicadores a perseguir por cualquier motivo y muchos inventados al señor presidente. Cualquier “vuelo de mosca” lo adaptan y lo amplifican para hacer de ese “hecho” un escándalo que afecte la credibilidad del gobierno, como ocurrió con un bulo que narraba que Petro estaba en cuidados intensivos por sobredosis en una prestigiosa clínica de la capital, hecho desmentido por él y por la Fundación Santafé, había ido a visitar a su hija Antonella. Ese es solo una muestra de todas las cosas que se han inventado para conseguir sus perversos fines. Exigen explicaciones de todo, que porque sí, que porque no, sin autoridad moral para ello. ¿De dónde acá una reforma cualquiera a favor del pueblo tiene que ser cuestionada o tumbada por voluntad de ellos? Como dice el adagio popular: “Brava está mi vecina, porque se robó mi gallina”. 

Conociendo a los medios corporativos y los corruptos politiqueros de la oposición, uno pensaría que es “normal” su actuar; como no tienen argumentos ni inteligencia, tienen que recurrir a esos métodos salvajes, antidemocráticos y faltos de verdad. Como dicen muchos “demócratas” subdesarrollados, ese es el juego político y hay que aguantarse.

Lo que sí es desconcertante son las actuaciones de muchos ministros, congresistas y políticos del Pacto Histórico y sus aliados que actúan como si fueran de la oposición inteligente. Nunca los ve uno defendiendo, no a Petro, como hemos visto, él se defiende solo y con lujo de detalles, sino al programa por el cual salieron elegidos o dicen defender. Dejan pasar todas las actuaciones de la “asociación” de politiqueros, empresarios y “medios corporativos” en contra de las reformas. Unos porque no han entendido de qué se trata el programa, otros por esnobismos, otros por el “caché” que da ser ministro o congresista, otros por cálculo político, que generalmente es derechista, otros por el poder de mandar a los subalternos y otros porque se infiltraron en el naciente movimiento progresista siendo de derecha. Su silencio cómplice favorece el accionar de la ultraderecha y sus medios, pareciera que les tienen miedo o que no quieren creárselos como enemigos porque en un futuro tienen en su proyecto ser candidatos o funcionarios de un gobierno de centro o hasta de derecha. 

Algunos van a esos medios a que los maltraten, los interrumpan y hasta los insulten y no reaccionan, no tienen dignidad y dan pie a que armen unas narrativas mentirosas sobre el gobierno. Otra honorable senadora va a RTVC, un periodista le pregunta su opinión sobre el accionar de los medios corporativos en contra del gobierno Petro, que para el comunicador se convirtieron en un partido de oposición, la respuesta de ella es: “¡a mí me han tratado muy bien!”, refiriéndose a los grandes medios. Muy pocos se han puesto la camiseta del programa de gobierno democrático como debe ser y tienen que salir a diario a aclarar mentiras, a desarmar calumnias, pero son los menos. Debemos recordar que los parlamentarios y todos lo que votaron por el cambio, se adhirieron no a una persona, sino a un programa específico, que quiere hacer unas reformas, no se si lo entendieron algunos de los que están en el congreso, en otros cargos de elección popular nombrados en ministerios y entidades publicas, pero muchos de ellos en vez de seguir trabajando por el cambio, ya están en campaña para alguna corporación pública, muchos con agenda propia desconociendo los postulados del programa. 

Muchos políticos progresistas o medios de comunicación comunitarios, alternativos y muchos influenciadores, para hacer sus espacios noticiosos o de opinión usan como fuentes los mismos medios corporativos, difundiendo las versiones de las noticias que ellos presentan, sus mentiras, entrampamientos o falsedades. En últimas se convierten en parlantes y difusores de esos mismos medios a pesar de que dicen a diario que no hay que oírlos ni creerles

Como vemos, el señor presidente está, prácticamente, solo contra todo un aparato feudal ultraderechista que lleva más de 500 años en el poder impidiendo que la voluntad del pueblo se vea reflejada en el gobierno, solo hasta ahora en dos años y medio se ve que sí se puede. Pero también es claro que si no es con la participación popular volverán más sanguinarios que antes, como Milei o Trump, para quitarnos lo poco que se ha logrado en este corto tiempo y con el ánimo lleno de venganza para asesinar a más jóvenes, matar a los viejos de hambre y falta de salud, que les quitará la educación a los muchachos y volverá a las mujeres trofeos de guerra como sucedió hasta antes del año 2.022.

Las derechas y sus medios no tienen ninguna autoridad moral para exigir que se les rinda pleitesía, nunca han gobernado para el pueblo y por el contrario han desangrado al erario en su beneficio. Han mentido, robado, trampeado, asesinado, desplazado y ahora vienen a dárselas de santos diciendo que todo es culpa de Petro. ¿Por qué la derecha, que siempre ha puesto las condiciones, no le ha rendido cuentas a nadie, hoy le exige a la izquierda que le de cuentas de todo lo que hace? Lo más grave es que el progresismo corre a rendirle esas cuentas como si estuvieran cometiendo algún delito, paradojas de Colombia.

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A diferencia de Twitter, con Trump, el señor Musk está haciendo valer su inversión

Por: Germán Navas Talero y Pablo Ceballos Navas

Editor: Francisco Cristancho R.

En Colombia, la derecha y algunos desinformados criticaron al presidente por su reclamo al gobierno de Trump. En contraste, en México, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió un apoyo contundente al enfrentar exitosamente la actitud desafiante de su homólogo estadounidense.

Durante la semana anterior no fueron pocas las veces en que no dábamos crédito a las noticias que leíamos o veíamos. Ante la mirada de todos y con la certeza de que tiene pocos o nulos controles, Trump y su gobierno supremacista han puesto en marcha el temido Project 2025. El principal enemigo, aunque cueste distinguirlo entre tantos blancos de su odio, es el empleo público. Según cuenta la prensa, Trump delegó a Elon Musk la tarea de implementar en el gobierno federal un modelo como el que aplicó en Twitter -ahora X-, basado en el máximo recorte posible de personal. No importó a Trump que esta estrategia, probada y fracasada aquí y acullá, haya contribuido a que X perdiera más del 70% del valor comercial que otrora tuvo y que pagó por ella su compinche.

La ejecución de esta directriz dada por Trump ha dejado anonadados a muchos. Son conocidas las incursiones de la ‘agencia’ liderada por Musk –que no es agencia ni entidad gubernamental de ninguna clase– con el propósito de obtener información sin protocolo o vigilancia alguno y por ende sin limitación. Los funcionarios públicos que se han opuesto o intentado impedir este desafuero, que compromete la seguridad del país y de sus ciudadanos, han sido despedidos, enviados a vacaciones, o despachados a otros cargos.

Mientras los empleados de Musk escarban la información del gobierno federal, a las afueras de las instituciones gubernamentales se observan escenas inéditas: decenas de congresistas, la mayoría -si no todos- demócratas, se agolpan en las entradas con el propósito de ejercer su rol de vigilancia sobre el poder ejecutivo, con tan mala fortuna que en la puerta les esperan agentes de seguridad que impiden sin fundamento legal su ingreso. Ciudadanos estadounidenses, entre ellos supuestos agentes del orden, obstruyen ilegalmente a sus representantes el acceso a propiedad pública, una contradicción tan absurda como diciente del estado de la democracia en Estados Unidos.

En un país donde la prohibición ha sido tradición, sorprende que haya carta blanca para un personaje como Elon Musk, quien se ha asegurado de que su inversión en Trump produzca réditos. Sus caprichos, sus abusos y su evidente desdén por la humanidad camparán a sus anchas por los próximos cuatro años, y ello prueba la necesidad de plantarles cara desde temprano, como lo hizo –a nuestro juicio con acierto– el presidente Petro.

En Colombia fueron muchos quienes cuestionaron al Presidente de la República por su reclamo justo al gobierno Trump y no pocos porque vieron comprometidos sus intereses, unos ostensibles –piensen en los exportadores– y otros risibles –como aquellos que gritaban Fuera Petro luego de que les fuera postergada su cita en la sección consular–. Por oposición, en México hubo un respaldo sin ambages a la presidente Claudia Sheinbaum, quien encaró y superó con éxito la bravuconada de su homólogo estadounidense. No importó al gobierno de Sheinbaum ni a los líderes políticos y gremiales si por unos días iban a ver afectados sus planes de viaje o el tránsito por la frontera, pues sabían que era el momento de pararse firmes ante el matón y aparentemente la estrategia funcionó.

Adenda: qué sablazo el de los chinos a Elon Musk y a Silicon Valley. Despacio y en silencio, como es su costumbre, China gestó una herramienta de inteligencia artificial que puso a temblar a sus pares en Estados Unidos y les causó una pérdida significativa de su valor comercial. Con prácticas semejantes, los chinos desplazaron a Tesla como el mayor productor de vehículos eléctricos y a la fecha lideran, aún con un trato comercial injusto, este segmento del mercado en Estados Unidos y una centena de países más.

¡Nos leemos la próxima semana!

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No es gratuito que para tener visa se requiera portar un pasaporte

 

Por: Germán Navas Talero y Pablo Ceballos Navas

Editor: Francisco Cristancho R.

Siendo cuatro de febrero de dos mil veinticinco y para el lamento de algunos agoreros no hay sanciones económicas ni bancarias; restricciones consulares; prohibición o limitación de tránsito ni disrupciones notorias en el comercio exterior entre Colombia y Estados Unidos.

Conmocionada semana la que tuvimos, la cual dejó expuestos y a la vista de todos los valores, intereses y prioridades de muchos colombianos. El tratamiento que desplegó el dictadorzuelo del norte contra los latinos ha suscitado todo tipo de defensas por parte de nuestros connacionales, quienes aparentemente prefieren defender a un declarado supremacista que respaldar la acción de su presidente en defensa de los intereses nacionales. Sin perjuicio de lo anterior, permanece un hecho cierto: la posición adoptada por el presidente Gustavo Petro fue ampliamente reconocida y aplaudida por fuera del territorio patrio, respaldada por otros jefes de Estado y por líderes de opinión, incluso, en Estados Unidos.

Algunos columnistas de los que se dicen periódicos de ‘amplia circulación’ –calidad sencilla de adquirir, como quiera que hay tres o cuatro en el país– sentaron su protesta y revelaron congoja por las acciones del presidente Petro, a las que calificaron de arriesgadas; proclives al conflicto o “desatinadas”. Olvidan los señores opinadores que justamente de tomar riesgos, asumir conflictos eventuales e incomodar a los poderosos se trata el ejercicio de gobernar, máxime cuando se presentó –e hizo elegir– como una alternativa de gobierno contrapoder.

Inquietante, por decir lo menos, la relación de algunos colombianos con la visa ‘americana’ o con la ‘Green Card’. Un observador desprevenido podría creer que, dada su dependencia, estos connacionales nacieron con visado o residencia permanente en un país distinto al suyo, cuando nada es más alejado de la realidad.

Se pregunta uno: visto el aprecio que le tienen a la visa y que les ha llevado a priorizar los intereses de Estados Unidos sobre los de su país de origen, ¿cómo piensan ingresar a Miami sin un pasaporte que contenga el visado? ¿Creen que les es dado tener un visado “en una hojita”, como dirían con el desparpajo que acostumbran para todo? En caso de que llegados a este punto no sea evidente, la relación de estrecha y estricta necesidad entre el pasaporte (prueba de nacionalidad extranjera) y el visado (autorización temporal y condicionada de ingreso a un tercer país) debería informar a los connacionales respecto de cuáles son los verdaderos intereses a defender.

También leímos un par de editoriales que resentían a Petro por sus acciones contra Trump, mismas que uno de los editorialistas consideraba una forma impropia o equivocada de “hacer política”. Quiere decir ese caballero, colombiano hasta donde sabemos, que Trump puede insultar, maltratar y comprometer la integridad física y moral de los latinos día y noche, y los líderes políticos latinoamericanos deben aguantar en silencio y conservar gratitud por los buenos oficios del país del norte, pues de lo contrario él deberá colgarles el sambenito de las “malas formas” y reprochar su “falta de visión y contención”.

Un periodista muy influyente se burló del presidente Petro por sugerir que Trump podría “tumbarlo”. Este comunicador, que se dice humorista y que cobra a sus antiguos compañeros de colegio por escucharlo en sus intentos de ser gracioso, desatiende –como es su costumbre– indicios claros en respaldo de la posibilidad que denunció el Presidente de Colombia. Tanto Trump como su compinche y mayor financiador, Elon Musk, han presumido de su capacidad probada o potencial para derrocar a jefes de Estado democráticamente elegidos, especialmente cuando quieren algo de estos que no les ha sido dado sin chistar.

Preocupa y no poco que en el periodismo estadounidense pueda estar operando una ley del silencio, especialmente entre quienes portan un apellido latino. ¿Existen amenazas o hechos consumados que impidan el ejercicio irrestricto de su oficio? ¿Temen por represalias del gobierno federal contra ellos, sus familias o allegados? La renuncia de Jim Acosta y las precauciones –a nuestro juicio excesivas– de algunos periodistas gringos de origen latino para designar las cosas por su nombre son indicativas de que algo está pasando, en perjuicio evidente de la libertad de expresión y del derecho de sus audiencias a estar adecuada y oportunamente informados.

Siendo cuatro de febrero de dos mil veinticinco y para el lamento de algunos agoreros no hay sanciones económicas ni bancarias; restricciones consulares; prohibición o limitación de tránsito ni disrupciones notorias en el comercio exterior entre Colombia y Estados Unidos. Viene el maíz y van las rosas, como ha sido por años, mientras los presidentes en uno y otro país han demostrado su carácter y el alcance de su voluntad. Quedan y quedamos advertidos.

Adenda: es bueno leer la columna de Hernán Riaño titulada “Latinos, Go Home”, publicada la semana pasada, en la que describe con precisión quién es Donald Trump y cuál es el legado de la dominación colonial en las actitudes que exhiben no pocos colombianos.

Las opiniones de los columnistas son de su exclusiva responsabilidad.  Les invitamos a leer, comentar, compartir y a debatir con respeto.

Estas notas fueron publicadas originalmente en SoNoticias y son compartidas con la comunidad de La Conversa de Fin de Semana, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño