LA OPOSICIÓN NO PUEDE CONVERTIRSE EN UN RITUAL *

En la imagen: Carlos Gallego / Historiador - analista político

 Por: CARLOS MEDINA GALLEGO

Cuando la movilización deja de ser un instrumento dentro de una estrategia y termina convertida en la estrategia misma, aparece el ritual

Hay un momento en la vida política en que la experiencia obliga a hacerse preguntas incómodas. Después de décadas de marchas, concentraciones, discursos, comunicados, asambleas y declaraciones solemnes, resulta legítimo preguntar no solamente cuántas veces hemos salido a la calle, sino qué capacidad real hemos construido para modificar las relaciones de poder.

No es una pregunta contra la movilización social. Sería absurdo desconocer su importancia histórica. Buena parte de los derechos laborales, sociales, sindicales, estudiantiles, campesinos, indígenas y populares existentes fueron conquistados mediante organización, movilización, negociación y conflicto social. La Constitución colombiana protege expresamente la reunión y manifestación pública y pacífica, y la jurisprudencia ha reconocido también la huelga como parte fundamental del derecho colectivo del trabajo.

El problema es otro: cuando la movilización deja de ser un instrumento dentro de una estrategia y termina convertida en la estrategia misma. Entonces aparece el ritual.

Nos encontramos en una plaza. Caminamos unas horas. Escuchamos desde una tarima los mismos discursos que llevamos escuchando durante años. Repetimos consignas conocidas. Nos declaramos en resistencia. Regresamos a casa satisfechos por haber demostrado que todavía existimos. Al día siguiente, sin embargo, la economía funciona exactamente igual, las grandes decisiones continúan tomándose en los mismos lugares y las estructuras de poder permanecen prácticamente intactas.

La pregunta que debe formularse una oposición democrática y socialmente organizada es mucho más exigente: ¿Dónde está realmente el poder que pretende controvertir?

EL PODER NO ESTÁ SOLAMENTE EN EL GOBIERNO

Uno de los mayores errores de cualquier oposición consiste en reducir la política al enfrentamiento con el presidente de turno. Los gobiernos administran una parte fundamental del poder, pero no lo agotan. En una sociedad capitalista, las decisiones públicas conviven con enormes concentraciones privadas de recursos: propiedad, inversión, crédito, tierra, grandes empresas, medios de comunicación y capacidad de interlocución privilegiada con el Estado.

Por eso una oposición efectiva debe colocar en el centro de su análisis los intereses de las élites económicas y de sus aliados, examinando concretamente quién se beneficia y quién asume los costos de cada decisión pública.

La pregunta política fundamental no puede limitarse a quién gobierna. Hay que preguntar también quién acumula, quién contrata, quién controla sectores estratégicos, quién determina las prioridades de inversión, quién captura rentas, quién influye sobre la legislación, quién financia proyectos políticos y quién tiene capacidad para trasladar sus intereses particulares al conjunto de la sociedad.

Una oposición que solamente disputa el discurso pero no estudia estas relaciones corre el riesgo de combatir las manifestaciones superficiales del poder mientras deja intacta su estructura.

DE LA INDIGNACIÓN A LA ORGANIZACIÓN

Aquí aparece la principal debilidad de buena parte de las oposiciones contemporáneas: tienen capacidad para producir indignación, pero mucha menor capacidad para convertirla en organización permanente.

Una multitud no es automáticamente una fuerza política. Puede convertirse en ella, naturalmente, pero necesita organización territorial, formación política, sindicatos sólidos, organizaciones campesinas y populares, movimientos estudiantiles democráticos, redes comunitarias, investigación rigurosa, medios alternativos, organizaciones de mujeres y jóvenes, programas concretos y mecanismos de coordinación.

La movilización debería ser la expresión visible de todo ese trabajo invisible. Cuando ocurre al contrario —cuando la marcha pretende reemplazar la organización— la política termina convertida en espectáculo. No necesitamos solamente llenar plazas. Necesitamos llenar de organización los territorios. No necesitamos exclusivamente discursos emocionantes. Necesitamos programas. No basta denunciar. Hay que investigar. No basta resistir. Hay que proponer. No basta convocar. Hay que permanecer organizados cuando termina la convocatoria.

DEFENDER REFORMAS NO ES SUFICIENTE

También sería insuficiente construir la oposición exclusivamente alrededor de la defensa del legado del gobierno anterior. Las reformas impulsadas durante la administración de Gustavo Petro pueden ser defendidas por quienes consideran que ampliaron derechos o modificaron relaciones sociales injustas. Pero una oposición política no puede reducir su horizonte a conservar lo heredado. Debe formular su propio proyecto.

La llegada del gobierno de Abelardo De La Espriella abrió una orientación política distinta. Su administración ha planteado explícitamente recuperar la inversión privada, reducir el peso del gasto público y desarrollar una reestructuración del Estado.

Frente a ello, la discusión democrática debería concentrarse en los efectos concretos de esas decisiones: empleo, salarios, derechos laborales, servicios públicos, recursos naturales, inversión social, desigualdad, propiedad y capacidad reguladora del Estado.

Una oposición seria necesita demostrar, con información verificable, quién gana y quién pierde con cada política. Ahí comienza la verdadera disputa.

SOBERANÍA Y RELACIONES CON ESTADOS UNIDOS

Algo semejante ocurre con la política exterior.

La visita del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio a Barranquilla el 8 de septiembre de 2026 produjo una hoja de ruta que los gobiernos denominaron “Acuerdos de Barranquilla”, estructurada oficialmente alrededor de tres objetivos: reconstrucción, recuperación económica y seguridad hemisférica. El Gobierno colombiano anunció además su propósito de profundizar la cooperación con Estados Unidos en inversión, financiación, infraestructura, energía y seguridad.

En seguridad, el presidente De La Espriella manifestó su intención de convertir nuevamente a Colombia en un socio principal de Estados Unidos en Sudamérica y propuso un denominado “Plan Patriota Siglo XXI”, asociado con modernización de capacidades militares, inteligencia, drones, ciberdefensa y fuerzas especiales.

Estos hechos permiten una discusión legítima sobre la soberanía nacional. Pero esa discusión será más poderosa si abandona el insulto y entra en el terreno de las preguntas concretas: ¿Qué obligaciones adquirió Colombia?, ¿Qué compromisos existen en defensa y seguridad?, ¿Qué participación tendrán empresas estadounidenses?, ¿Qué recursos naturales o sectores estratégicos podrían verse involucrados?, ¿Qué mecanismos de control ejercerá el Congreso?, ¿Qué información será pública?, ¿Qué beneficios obtiene cada país?

La soberanía se defiende mejor con organización, información y control democrático que con adjetivos.

EL PODER ECONÓMICO ENTIENDE DE INTERESES

Las élites económicas pueden convivir con la protesta episódica mientras esta no modifique sustancialmente las relaciones económicas y políticas de las que depende su poder.

Por eso las organizaciones sociales históricamente han recurrido también —dentro de los marcos constitucionales y legales— a instrumentos laborales, sindicales, ciudadanos y económicos de presión.

La huelga precisamente posee una característica que la diferencia de otras modalidades de protesta: interviene sobre las relaciones de trabajo y producción. La jurisprudencia constitucional colombiana la reconoce como un derecho perteneciente a la colectividad trabajadora, sujeto a las condiciones y limitaciones establecidas por el ordenamiento jurídico.

Eso obliga a recuperar una vieja enseñanza del movimiento obrero: la capacidad de negociación depende también de la capacidad de organización.

Pero una estrategia democrática no puede confundirse con la búsqueda indiscriminada de paralización ni con afectaciones arbitrarias a terceros. Cualquier acción colectiva de esta naturaleza exige organización sindical y social, objetivos definidos, legitimidad democrática, protección de derechos y respeto del marco constitucional.

La cuestión fundamental es reconstruir poder social organizado.

UNA OPOSICIÓN QUE SEPA PARA QUÉ SE OPONE

La oposición tampoco puede consistir simplemente en esperar el fracaso del Gobierno. Necesita construir una alternativa. Eso significa elaborar propuestas sobre política económica, seguridad, paz, salud, pensiones, educación, transición energética, relaciones laborales, política agraria, soberanía nacional, relaciones internacionales y protección de los recursos naturales. Y significa algo todavía más difícil: regresar a los territorios.

Hay que organizar trabajadores formales e informales; hablar nuevamente con campesinos, grupos étnicos, mujeres, estudiantes, pequeños empresarios, jóvenes, comunidades populares y sectores medios; comprender sus miedos, necesidades y expectativas.

La oposición pierde capacidad cuando solamente habla consigo misma. Necesita volver a escuchar.

MENOS RETÓRICA, MÁS PODER SOCIAL

Después de cuarenta años de militancia social, política, sindical o académica, el cansancio frente a determinadas formas ritualizadas de movilización resulta comprensible. Pero la conclusión no debería ser abandonar la acción colectiva. Debería ser transformarla. Marchar cuando sea necesario. Negociar cuando sea posible. Organizar siempre. Investigar antes de denunciar. Construir alternativas antes de reclamar poder. Y, sobre todo, identificar con precisión los intereses económicos y políticos que están detrás de las grandes decisiones nacionales.

Porque una oposición efectiva no se mide únicamente por la cantidad de personas que consigue reunir durante una tarde. Se mide por su capacidad para organizar sociedad, disputar ideas, representar intereses colectivos, defender derechos, construir alternativas y modificar democráticamente las relaciones de poder.

La calle seguirá siendo indispensable. Pero la calle sin organización puede convertirse en ceremonia; la organización sin proyecto, en burocracia; y el proyecto sin fuerza social, en literatura política.

El desafío consiste en reunir las tres cosas: movilización, organización y proyecto. Tal vez haya llegado el momento de dejar de preguntarnos cuántas marchas podemos convocar y comenzar a preguntarnos algo mucho más incómodo: ¿Qué poder social, económico, político y cultural somos capaces de construir para que quienes toman las grandes decisiones tengan que escuchar, negociar y responder ante la sociedad?

Allí comienza una oposición capaz de trascender el ritual.

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as)

¡No nos crean tan pendejos! *

 

En la imagen: Hernán Riaño / Periodista - Dir. SoNoticias

Por: Hernán Riaño

Los politiqueros, los curas y los medios armaron a los conservadores contra los liberales para que los oligarcas se quedaran con las tierras de los muertos. Mientras tanto, el abuelo de la hoy candidata forzó a los campesinos del Tolima a levantarse en armas porque, según él, no merecían ni un hospital ni una escuela.

Desde la colonia hasta el presente, tanto los conquistadores esclavistas españoles, así como sus herederos de sangre y de poder que dizque fundaron una nación republicana, esas élites no han dejado de tratar a los colombianos como unos pendejos; sí, como eso, y en parte no les falta razón, pues muchos compatriotas se portan como tal. La dominación que impusieron con el sistema económico feudal en la que ellos son los dueños absolutos de la tierra, destinados para gobernar y usufructuar las riquezas de Colombia, pasando por encima de la vida y bienes de los demás nacionales a quienes ven como ciudadanos de quinta que no tienen derecho a lo más mínimo como la vida, alimentación, salud y educación, es lo que nos ha traído a ser uno de los países con más pobreza y miseria del mundo. “¿Eso para qué?”, dicen, y aún muchos de sus herederos tienen la misma convicción, lo vemos a diario que no vale la pena invertir en los pobres y miserables del país.

Esa era una de las inquietudes de WestCol en la entrevista que sostuvo con el jefe del Estado, Gustavo Petro, cuando le dijo que para qué se interesaba tanto en la educación, si él, que era un colombiano casi sin estudios, no los había necesitado para ser millonario, siendo la respuesta de nuestro presidente de las más ilustrativas y pedagógicas para sustentar esa preocupación para que el pueblo se instruya. Y así con todos los derechos humanos y constitucionales, la ultraderecha ve como perdida la plata que se invierta en garantizárselos al pueblo colombiano y porque es dinero que ya no pueden robarse.

Con la campaña electoral y el deseo de volver al gobierno de esas fuerzas oscuras, ya no tienen empacho en demostrar sus verdaderas intenciones y los métodos que están utilizando para lograrlo. Son abiertos en demostrar sus deseos de que el erario vuelva a sus bolsillos, porque, según sus principios, es plata que les pertenece por designio divino. 

Sin sonrojarse, todos los días nos tratan de pendejos, como si no nos estuviéramos dando cuenta de sus intenciones. No se han percatado de que con el gobierno del cambio muchos colombianos ya se dieron cuenta de la verdadera calaña de quienes nos han gobernado por más de 200 años y que harán lo que sea para volver.

Pero la pendejada del pueblo colombiano viene de tiempos ancestrales. Primero con la llegada de los españoles, a los que les creyeron que eran una especie de semidioses que luego los aniquilaron, los esclavizaron y aun así les permitimos una dominación de más de 300 años en los que sacaron una gran cantidad de metales preciosos, alimentos, (recordemos que la papa americana salvó del hambre a Europa), maderas y todo lo que para ellos constituyó un método de enriquecimiento. Acabaron nuestra dignidad, nos obligaron a verlos como seres superiores; no en vano, el Vaticano dictaminó que nuestros indígenas no tenían alma, con la consecuente discriminación social, política y económica.

Esa misma línea fue seguida por muchos de los que nos “liberaron” del yugo español. Esos «próceres» de la independencia eran esclavistas y feudales, una mezcla muy productiva para ellos, salvo algunas excepciones como la de Nariño quien trajo e impulsó los recién declarados derechos del hombre.

Ya en la vida republicana, los descendientes de esos criollos y que siguieron con el poder manejando los destinos del país, continuaron tratando al pueblo de la misma forma, estando seguros de que la pendejada nunca se nos iba a quitar. Armaron violencias impulsados por los politiqueros, los curas y los medios de comunicación obligando a los conservadores a matar a los liberales, para que esos oligarcas se quedaran con las tierras de los asesinados o desplazados. El abuelo de la hoy candidata forzó a los campesinos del Tolima a que se levantaran en armas porque según él, no merecían un hospital y una escuela. 

A lo largo del siglo XX y en lo recorrido del presente, su estrategia no ha variado, los ejemplos de esa convicción que tiene la derecha de que somos estúpidos, son de todos los días. Se inventan mentiras, calumnias, entrampamientos y todo tipo de iniquidades contra los pobres y miserables y hay un grupo (siempre lo hay) de colombianos que se creen lo que las derechas les dicen. La cantidad de ciudadanos que han caído en la trampa les ha permitido gobernar sin oposición hasta la llegada de Gustavo Petro y el progresismo a la escena nacional. 

Así se han mantenido en el poder con la pendejada de muchos y la alcahuetería de otros que aspiran a ser como ellos: ladrones, corruptos, asesinos y llegar un día a desplazarlos y tomar sus puestos de poder, aunque eso sea casi imposible por el hermetismo de la ultraderecha, que no permite el arribo de ningún advenedizo que no sea de su clase y con sus abolengos. A quienes han aspirado a gobernar en Colombia que provengan de los estratos populares generalmente los han asesinado. Como será su exceso de confianza que aún hoy son capaces de engañar con unos cuentos de los más inverosímiles, traídos de los cabellos y siguen logrando convencer a quienes les siguen creyendo. 

No es más sino mirar todas las calumnias y mentiras con las que han tratado de deslegitimar, primero el gobierno de Petro y ahora la candidatura de Iván Cepeda. Es que alguien con dos dedos de frente capta de inmediato la falsedad de las afirmaciones con las que han pretendido enlodar a uno y otro. A Petro lo han acusado, sin ninguna prueba y solo por intentar quitarle credibilidad, de borracho, drogadicto, guerrillero, castrochavista y asesino. Demeritan todos sus proyectos, reformas y cambios. Afirman, sin consistencia científica, que no sirven, que Colombia no está para eso y que ¡perjudican al pueblo!, tamaño despropósito. Lo mismo son los ataques en contra de Iván Cepeda, se enfilan en ese mismo libreto de que es el candidato de las guerrillas, que su papá, asesinado por la ultraderecha era miembro de las extintas FARC, que comunista, etc.  Pero ese despropósito de decir a grito herido que las reformas del gobierno Petro son en contra de los colombianos rayan en la ridiculez. Sin embargo, hay colombianos que, gracias a esa enfermedad endémica de los colombianos, la pendejada, les creen como si fuera verdad revelada.

No nos crean tan pendejos de tratar de convencernos de que, como lo dijeron Uribe y sus secuaces, el pago de recargos nocturnos, las primas, el salario vital y la reducción de la jornada laboral perjudicaban a los trabajadores. Y lo dicen así, sin sonrojase. Afirmarle a un pobre o miserable que si le aumentan su ingreso para él y su familia lo perjudica no tiene sentido de las proporciones. Pero hay gente que repite ese discurso con el convencimiento de esa “verdad”. Afirmar que el tener un carnet de una EPS es prestarle los servicios sanitarios que requiera, y sobre todo donde no había médicos ni enfermeras ni instalaciones ni nada, es la mayor falacia del mundo ya que cobertura no quiere decir atención, pero muchos uribistas de estrato cero salen a defender a esas empresas privadas y atacar la reforma a la salud. Que los magistrados de las altas cortes deroguen decretos y decisiones que son para ayudar a los colombianos de regiones donde hay riesgos ambientales o de violencia, quitándoles los recursos humanos, económicos y físicos y existan voces en su apoyo, es una demostración más de cómo nos creen. 

Pero la tapa de todo eso es lo realizado por el Banco de la República. El argumento para aumentar la tasa de interés en 200 puntos básicos en menos de dos meses fue que hay que crear desempleados porque ellos no consumen, pues al no tener dinero para comprar, no hay demanda y los precios bajan, es lo más maquiavélico, grosero, violento que yo he oído en mucho tiempo. 

Es ruin que los codirectores del Banco de la República exijan un desempleo del 10%, para controlar la inflación, es lo más cruel en un país que ha sido clasificado como de los más desiguales del planeta y con mayor índice de pobreza. Ese es el dilema que el emisor le plantea a Colombia, quebrar la producción y al país con las altas tasas de interés o que el 10% de los colombianos se mueran de hambre al no tener empleo y `por lo tanto ingresos para sobrevivir. 

Todos los argumentos usados por la ultraderecha para impedir los cambios solo tienen fuerza en esos colombianos que “les comen cuento” y los respaldan por encima de su propio bienestar y el de sus familias. Muchos siguen defendiéndolos, unos por ignorancia o estupidez y otros por complicidad, ya que en el fondo se creen potencialmente ricos así no tengan ni para comer, pero en ellos prima la codicia y el odio a sus compatriotas.

Parte de los colombianos ya han empezado a salir del letargo de la pendejada. Gustavo Petro con su sapiencia, capacidad de diálogo, y pedagogía ha logrado que aquellos que tienen cierta capacidad de análisis y no son radicalmente uribistas, hayan comenzado a estudiar y comprender los alcances del gobierno del cambio en beneficio de quienes nunca han tenido nada.

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

El país que diseñaron… y dicen no reconocer *

 

Por: Jhon Jaiver Flórez G.

La ultraderecha colombiana ya no solo recurre a maniobras turbias para desacreditar al progresismo, sino que se disputa a sí misma, se enfrenta a su propio reflejo, en una pugna por heredar el control del mismo libreto.

En Colombia hay un espectáculo político que merecería curaduría, boletería y temporada fija: la extraordinaria habilidad de ciertos sectores para incendiar la casa… y luego aparecer en los medios, con gesto solemne, preguntando quién fue el irresponsable. No es metáfora. Es método. Es tradición.

La arquitectura del país ha sido diseñada y resguardada por las élites políticas y económicas: impuesta con violencia y sostenida en el despojo. La concentración de la tierra no es un accidente, sino una práctica deliberada: despojo campesino, apropiación de baldíos y legalización de lo ilegítimo. La desigualdad no es una falla, sino el cimiento; la exclusión, la norma. Todo se ha cubierto con la retórica del orden, la estabilidad y un progreso selectivo —capturado desde el inicio por los mismos de siempre—. Para las mayorías no hubo desarrollo, sino desposesión; no estabilidad, sino subordinación; no progreso, sino una promesa incumplida.

El periodo asociado a Álvaro Uribe no solo consolidó ese modelo: lo blindó. No bastaba gobernar; había que naturalizarlo. Se moldeó el sentido común, se redefinieron la seguridad y el desarrollo y, sobre todo, se fijaron los límites de quién podía cuestionarlo sin ser señalado. Con Uribe, Colombia regresó a tiempos en los que disentir no era una opinión, sino una falta.

Hoy, sus herederos políticos actúan como recién llegados al país que moldearon. Se escandalizan —con indignación tan ensayada como útil— por las consecuencias de un sistema que no solo defendieron, sino que perfeccionaron. Descubren la desigualdad con sorpresa selectiva, justo cuando el progresismo intenta desmontarla.

Del otro lado aparece Gustavo Petro, una anomalía en la historia republicana: el primer intento serio de alterar, desde la institucionalidad, las reglas de siempre. No perfecto ni infalible, pero sí disruptivo. Y eso, en Colombia, basta para encender alarmas… en quienes han tenido el control del interruptor.

Porque cuando se tocan estructuras, estas crujen. Y ese crujido —inevitable en cualquier transformación— se convierte, con disciplina narrativa, en prueba de catástrofe.

Un libreto viejo, pero eficaz: se construye un sistema desigual, se normaliza durante décadas y, cuando alguien intenta modificarlo, se grita “¡crisis!”. La fricción del cambio se presenta entonces como evidencia de que todo estaba mejor antes.

Es el “yo no fui”, pero con traje, micrófono y pauta nacional.

En ese guion aparece Paloma Valencia, representante de una continuidad que ni se disfraza de novedad. Su defensa de un modelo de Estado violento, incluso en sus expresiones más sombrías, no es un desliz: es una postura. Porque en ese universo político, el problema no fue la injusticia ni el abuso del poder, sino la osadía de intentar democratizarlo. Y democratizar —conviene recordarlo— sigue siendo más ofensivo que concentrar.

A su lado, Abelardo de la Espriella encarna con disciplina al “rebelde” con libreto: un híbrido del sistema que recorre sus pasillos con soltura mientras simula patear sus puertas. Se proclama outsider, pero su paso por las entrañas del poder —visible e invisible— desmiente cada gesto de inconformidad. Su discurso es estridente, sí, pero calculado: sabe hasta dónde llegar sin incomodar el entorno que lo sostiene. Vocifera con vehemencia, pero muerde con precisión: nunca donde realmente despelleje, porque —en el fondo— no es más que una caricatura de lo que dice denunciar.

Porque, al final, la disputa no es por cambiar el modelo, sino por administrarlo.

Y ahí reside la ironía más afinada: la ultraderecha colombiana ya no solo recurre a maniobras turbias para desacreditar al progresismo, sino que se disputa a sí misma, se enfrenta a su propio reflejo, en una pugna por heredar el control del mismo libreto.

Una disputa de familia: todos comparten el álbum, pero se pelean por la portada.

Mientras tanto, Álvaro Uribe sigue siendo el eje gravitacional. El 8 de marzo no logró subir al escenario, pero su guion permanece. Su mesianismo delimita el campo, fija los márgenes y deja claro que, en su proceder político, la independencia no existe.

Pero si algo se ha perfeccionado es la herramienta predilecta del poder en tiempos de incertidumbre: la campaña de desprestigio.

Acusaciones espectaculares. Ruido mediático calculado. Titulares diseñados para impactar primero y sostenerse después —si acaso—. Denuncias que duran lo suficiente para instalarse… y lo justo para no resistir verificación.

Porque, en esa política, la mentira no necesita sostenerse. Solo necesita circular rápido.

En ese escenario, Iván Cepeda no es una víctima accidental, sino un objetivo lógico. Su trayectoria en derechos humanos y su insistencia en investigar lo incómodo lo convierten en un problema para quienes han hecho del silencio su método de estabilidad.

La respuesta no ha sido el debate argumentado, sino un libreto repetido: acusaciones, insinuaciones, reciclaje de señalamientos que reaparecen con cada temporada electoral, como promociones de fin de año.

Nada de esto se sustenta en tribunales con la misma fuerza con la que circula en los medios. Porque no se trata de probar, sino de insinuar. Dejar la duda flotando.

Cepeda llamado esto por su nombre: una “guerra sucia”. Una maquinaria que no busca verdad, sino percepción; que no construye pruebas, sino sospechas; y que encuentra en medios aliados eficacia para amplificar el ruido hasta que la verdad llegue tarde… o no llegue.   

Porque el daño no necesita sentencia. Le basta un titular.

Así, lo que no se sostiene en derecho se instala en la opinión. Se acusa, se viraliza, se repite. Y cuando todo se desvanece, no hay rectificación proporcional que repare daños. Solo queda el eco. Y el eco, en una sociedad fragmentada, termina siendo más fuerte que los hechos.

Mientras tanto, el libreto —ya explícito— sigue: el Congreso dejó de ser foro de deliberación para volverse un club de componendas, donde las “jugaditas” no legislan —inmovilizan— y empujan al Ejecutivo a gobernar por decreto, recurso luego esgrimido como prueba de su “extravío”. Pero la obra no termina en el hemiciclo; el siguiente acto se despliega en la rama judicial, donde irrumpe una celeridad casi milagrosa: fallos que más que resolver, clausuran. Y así, con precisión impecable, llega el veredicto: que el gobierno, para colmo, no gobierna.

Sabotaje convertido en evidencia. Las reformas se presentan como amenaza: reconocer derechos es peligroso y redistribuir, un salto al vacío. Cuando no hay propuesta, siempre queda el recurso más antiguo: el miedo.

Desde una lectura profunda —una que haría asentir a Antonio Gramsci— lo que está en disputa no es solo el poder, sino el sentido común: la capacidad de definir qué es normal, qué es peligroso y qué debe temerse.

Ahí radica el verdadero éxito de las élites tradicionales: haber logrado que amplios sectores defiendan un modelo que los excluye… pero sienten propio.

Cambiar eso no es solo gobernar distinto. Es pensar distinto.

Por eso la reacción es tan virulenta. Porque no se trata solo de Gustavo Petro o Iván Cepeda, sino de lo que representan: la posibilidad —todavía frágil, todavía incompleta— de romper la circulación cerrada del poder en Colombia.

Y eso, en este país, sigue siendo casi subversivo.

La ironía final es impecable: quienes gobernaron durante décadas hoy se presentan como víctimas del caos, defensores de la institucionalidad y críticos de un sistema que ellos diseñaron.

Pirómanos… con credencial de bomberos.

Lo inquietante no es el cinismo, sino su eficacia.

Porque ese relato sigue encontrando eco en quienes más han padecido el modelo: sectores populares que desconfían del cambio, temen la redistribución y terminan defendiendo las estructuras que los han mantenido al margen.

Ahí la sátira deja de ser graciosa.

El conflicto más complejo no es entre opuestos, sino entre iguales que no logran reconocerse. En Colombia, esa tragedia se repite: el de abajo contra el de abajo, mientras el de arriba observa… y administra.

El mayor logro de esa hegemonía: no solo ha sido administrar el poder, sino domesticar la imaginación. Convencer a medio país de que aspirar a mejorar es un exceso y que cambiar de rumbo es una amenaza. Gobernar ha sido secundario; lo verdaderamente eficaz ha sido sembrar desconfianza hacia cualquier alternativa, como si el miedo hiciera parte del contrato social.

* La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

La economía como campo de disputa: cuando las tasas de interés también votan *

En la imagen: John Jaiver Flórez G. / Economista

Por: Jhon Jaiver Flórez G.

Colombia opera bajo una especie de “bancocracia”, donde las decisiones económicas terminan favoreciendo de manera sistemática al capital financiero

Si usted siente que todo está más caro, que el crédito es casi imposible y que el dinero ya no alcanza como antes, no es una percepción aislada ni un problema individual. Es política económica. Y más aún: es una decisión consciente sobre quién gana y quién pierde en la Colombia de 2026.

Porque la economía —aunque nos la vendan como un asunto científico lleno de fórmulas incomprensibles y tecnicismos — es, en realidad, una forma de poder. Y hoy ese poder está en disputa.

En la Colombia actual, la subida de la tasa de interés al 11,25 % por parte del Banco de la República, en un contexto donde la inflación ronda el 5,3 %, no es simplemente un “ajuste técnico”. Es una decisión profundamente política. Y, para decirlo sin rodeos, para muchos sectores críticos, se trata de una medida que funciona como freno deliberado a la dinámica económica impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

La pregunta surge por sí sola —y surge con sospecha—: si la inflación está controlada y lejos de niveles críticos, ¿qué justifica la aplicación de “correctivos” tan desproporcionados que terminan golpeando más a la economía que al problema que dicen combatir?

Desde una lectura keynesiana —más cercana al sentido común de la gente que al dogma financiero— la respuesta no encaja con la lógica oficial. John Keynes lo planteó con claridad hace casi un siglo: no toda inflación se combate enfriando la economía, y mucho menos cuando el problema no es un exceso de demanda sino limitaciones en la producción o choques externos.

En el caso colombiano, buena parte de la inflación no se explica porque la gente esté comprando en exceso, sino por factores externos como el aumento en los costos de los insumos agrícolas, la dependencia de importaciones y la volatilidad de los precios internacionales de la energía, especialmente el petróleo. Subir la tasa de interés no corrige ninguno de esos problemas. Lo que sí hace es encarecer el crédito, frenar la inversión y debilitar el consumo.

Y ahí aparece el punto clave.

Porque la tasa de interés no es neutra: funciona como un mecanismo de redistribución. Cuando sube, no afecta a todos por igual. Para las familias, significa mayores dificultades para acceder a vivienda, educación o incluso cubrir el consumo básico mediante crédito. Muchos trabajadores que recibieron con optimismo un aumento salarial del 23 % para 2026, y que esperaban usar ese ingreso adicional para mejorar su calidad de vida o acceder a un préstamo, terminan viendo cómo ese beneficio se diluye, absorbido por los altos costos financieros. Al mismo tiempo, las pequeñas y medianas empresas enfrentan mayores obstáculos para producir, crecer o incluso mantenerse a flote. En contraste, quienes dependen de la renta financiera —los grandes capitales— encuentran en las altas tasas una oportunidad para aumentar sus ganancias sin necesidad de invertir ni producir más.

Es aquí donde surge una crítica fuerte —y cada vez más extendida—: la idea de que Colombia está operando bajo una especie de “bancocracia”, donde las decisiones económicas terminan favoreciendo de manera sistemática al capital financiero por encima de la economía real.

No es una acusación menor. Es una lectura política del momento.

Cuando se revisan los datos, la inquietud no solo aparece, sino que se profundiza: en 2022, al inicio del actual gobierno, la inflación alcanzaba el 13,12 %, mientras la tasa de interés se ubicaba alrededor del 9 %. Hoy, con una inflación considerablemente menor, la tasa es significativamente más alta. La lógica parece invertida: se aplica un remedio más severo justo cuando la enfermedad es menos grave —o incluso cuando ya no representa una amenaza de la misma magnitud.

¿Tiene sentido?

Desde la ortodoxia neoliberal, la respuesta es afirmativa: se insiste en la necesidad de “anclar expectativas” y prevenir posibles repuntes inflacionarios. Sin embargo, desde una mirada crítica, esa explicación resulta insuficiente. Más aún cuando el efecto concreto de la medida es enfriar una economía que apenas comienza a recuperarse… y que, pese a las dificultades, ha mostrado señales de reactivación.

El resultado es visible: crédito más caro, consumo restringido, inversión frenada. En términos simples: menos movimiento económico. Y mientras tanto, el sistema financiero se fortalece.

Los rendimientos de instrumentos como los CDT superan ampliamente la inflación. Es decir, quien tiene capital para ahorrar gana. Quien necesita crédito, pierde. La economía deja de premiar al que produce y empieza a premiar al que espera.

No es casualidad. Es una lógica.

Una lógica que muchos interpretan como un sesgo estructural del Banco de la República, cuya junta directiva —según estas críticas— ha actuado más en sintonía con los intereses del sector financiero que con las necesidades del conjunto de la sociedad.

Aquí el debate deja de ser técnico y se vuelve abiertamente político.

Porque el Banco no es un actor cualquiera. Es una institución del Estado. Y, como tal, su mandato no es abstracto: debe velar por la estabilidad económica, sí, pero también en coordinación con la política general del país. No está por encima de la democracia, ni puede convertirse en un poder aislado de las decisiones colectivas.

Sin embargo, lo que hoy se evidencia es una ruptura clara entre el gobierno y el Banco. Una tensión que deja al descubierto algo más profundo: ocupar la presidencia no significa necesariamente detentar el poder real dentro del Estado.

El gobierno de Gustavo Petro llegó con un mandato de cambio, respaldado por una votación histórica. Pero ese mandato se enfrenta a estructuras institucionales que no cambiaron con las elecciones. Entre ellas, la política monetaria.

En ese choque, algunos sectores ven algo más que un desacuerdo: ven un bloqueo. Una resistencia estructural a las transformaciones económicas que afectan intereses consolidados.

Por eso, la subida de tasas no se interpreta solo como una decisión contra la inflación, sino como una forma de limitar el alcance de un proyecto político.

¿Es una interpretación radical? Tal vez. Pero también es una lectura que surge de observar quién gana y quién pierde con cada decisión.

Mientras tanto, la ciudadanía —muchas veces apática, muchas veces cansada— observa desde la distancia. Y ahí aparece otra pieza clave del problema.

La apatía política.

Porque cuando la gente se desconecta de estos debates, las decisiones quedan en manos de pocos. Y esos pocos no siempre representan a la mayoría. La economía sigue funcionando, las decisiones se siguen tomando, pero sin control social.

Y eso tiene consecuencias.

La paradoja es dura: la desconfianza en la política lleva a la gente a alejarse, pero ese alejamiento facilita que el poder se concentre aún más. Es un círculo que se alimenta solo.

Romperlo implica entender algo fundamental: la economía no es un lenguaje exclusivo de expertos. Es la forma en que se organiza la vida diaria. Es el precio de los alimentos, el acceso al crédito, la posibilidad de tener empleo.

Colombia no está discutiendo solo una tasa de interés. Está discutiendo qué tipo de economía quiere ser.

Una donde el crecimiento se construya desde la producción, el trabajo y el consumo. O una donde la estabilidad se mida desde la rentabilidad financiera, incluso si eso implica frenar al resto. El gobierno ha intentado empujar hacia el primer camino. El Banco está empujando hacia el segundo.

Y en medio de esa tensión, el país entero queda atrapado. Porque cuando la economía se convierte en un campo de batalla, las decisiones ya no son neutras. Son elecciones. Y aunque no aparezcan en el tarjetón, también definen el futuro.

*La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

El absurdo incremento de las tasas de interés *

 

Por: Yezid García Abello

La autonomía del Banco de la República no equivale a infalibilidad de sus decisiones, la autonomía no es dogma”. El artículo 371 de la Constitución Nacional señala explícitamente que “el Banco ejercerá sus funciones en coordinación con la política económica general”

Por más que los economistas neoliberales y la oposición de ultra derecha al gobierno defiendan airadamente el supuesto criterio técnico del criminal aumento de las tasas de interés en 100 puntos básicos que decretó la Junta Directiva del Banco de la República, no podrán ocultar el fondo político de una disposición encaminada a frenar el desarrollo económico y la inversión, llenar las alforjas del capital financiero, encarecer la adquisición de bienes y servicios a crédito, hacer más onerosa la deuda pública, fomentar la desocupación y llevarse buena parte de los incrementos salariales.

La pretendida autonomía de la Junta no es absoluta, estamos en un Estado Social de Derecho que exige la colaboración armónica de los poderes públicos de la Nación tal como lo establece la Constitución Nacional, y donde no se puede ordenar, en contravía del interés colectivo, que se estanque el desarrollo económico para tratar de favorecer la opción política de la oposición. Como afirma el economista Jorge Coronel: “la autonomía del Banco no equivale a infalibilidad de sus decisiones, la autonomía no es dogma”. Claro es el artículo 371 de la Constitución Nacional cuando señala explícitamente que “el Banco ejercerá sus funciones en coordinación con la política económica general”.

En el cuatrienio anterior con una inflación de 13% las tasas de interés nunca superaron 9%, es decir, menor la tasa de interés que la inflación. ¿Cómo puede explicar hoy la Junta Directiva del Banco Central que en este período presidencial todo es al revés de la lógica económica? Se decreta una tasa de 11,25% frente a una inflación controlada de 5,2%, una diferencia de 6,05%, la más alta del siglo. Y esto ocurre cuando todos los indicadores económicos presentan cifras satisfactorias: crecimiento del PIB, reducción de la pobreza, caída de la desocupación laboral y la informalidad, estabilidad en la tasa de cambio, sostenibilidad del comercio exterior, crecimiento de las remesas, grandes ganancias de la mayoría de las empresas y avances significativos en la redistribución de tierras al campesinado.

La carta que firman dos centenares de exministros y exfuncionarios públicos de gobiernos anteriores, y algunos retirados por sus errores en el gobierno actual, califica casi como un sacrilegio la actitud de tres miembros de la Junta que votaron en contra, las voces ciudadanas que no comparten el incremento de las tasas de interés, los argumentos del presidente Petro y la digna actitud del ministro de Hacienda de retirarse de la sesión donde se aprobó el esperpento. Para los firmantes de la carta, neoliberales confesos unos y camuflados otros, lo que se hace con una sentencia judicial que se debe cumplir, pero no hay obligación de compartir, no se puede hacer frente a las resoluciones del Banco: o se comparten o se comparten, palabra de fe. No se debe, silenciosamente, aceptar la pretensión de la ultraderecha: si el Ejecutivo expresa su desacuerdo con una medida entonces conspira contra la autonomía del Banco, pero si el Banco se opone al Gobierno simplemente se trata de preservar su independencia.

Como propuso el presidente Petro, urge esclarecer el fondo político opositor de la medida y, por tanto, qué se abra el debate entre los estudiantes de economía, en la academia, entre la intelectualidad. Añadiría a esa convocatoria que se escuche también la opinión de la ciudadanía, de los pequeños y medianos empresarios de la ciudad y el campo, de los sectores productivos, de los trabajadores y campesinos, de los desempleados y los vulnerables.

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

Ante la tragedia invernal, ¿Se conmoverá la mayoría de la Corte Constitucional? *

 

Por: Yezid García Abello

"¿Qué más pruebas necesita la Corte Constitucional para constatar que los mega-ricos y las casas de apuestas deben ayudar a mitigar la grave crisis humanitaria?" 

El presidente Gustavo Petro, en cumplimiento de sus deberes constitucionales, ha solicitado nueva y formalmente a la Corte Constitucional el levantamiento de la suspensión del decreto de Emergencia Económica, argumentando que la gravedad de la situación climática en la Costa Caribe, pero especialmente en el departamento de Córdoba, es un hecho imprevisible consecuencia del calentamiento global y el desorden derivado en el clima.

La mayoría de la Corte Constitucional no puede seguir anteponiendo sus convicciones políticas y su interés de oponerse al Gobierno del Cambio a la ciencia. Solo una minoría ultraderechista en el mundo, encabezada por el gobierno de Trump, sigue defendiendo que el cambio climático es “un invento de la narrativa izquierdista”. Y es evidente que son hechos imprevisibles porque normalmente en los primeros meses del año no llueve en la Costa, se trata del desplazamiento hacia el sur de un gran frente frío que causa las lluvias cuantiosas y fuera de cualquier predicción

El desastre y el sufrimiento de la población están a la vista: 14 personas fallecidas, 52.000 familias damnificadas, 9.000 viviendas destruidas, 300.000 personas afectadas, cultivos y animales perdidos, la hambruna ronda el campo costeño. ¿Qué más evidencia necesita la mayoría de la Corte Constitucional para permitir que los mega-ricos y las casas de apuestas en línea aporten un poco más impuestos para ayudar a palear semejante tragedia humana?

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

La Guerra mediática para sabotear el Cambio en Colombia

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com- 

La reciente y agresiva elevación de las tasas de interés por parte del Emisor, ante una inflación en claro descenso, es un acto de sabotaje económico con fines políticos

En Colombia se libra una guerra silenciosa pero decisiva para mantener el relato económico de la derecha. Mientras el gobierno del presidente Gustavo Petro implementa una política fiscal y social que, según cifras del DANE y el análisis de economistas de talla global de la línea académica de los premios Nobel de Economía, Paul Krugman y David Card;  ha mostrado resultados mesurados y prometedores, sustentados en un eficiente control de inflación, un crecimiento estable y la reducción de la pobreza monetaria; una poderosa maquinaria narrativa, amplificada por la llamada Gran Prensa Colombiana y sus “bots” (humanos y digitales) en redes sociales, se esfuerza por pintar un panorama apocalíptico. 

La maquinaria de desinformación y manipulación de la opinión pública no es espontánea; es orquestada por los grandes grupos económicos colombianos y sus aliados internacionales, quienes utilizan su influencia mediática para sostener un modelo neoliberal agotado y desacreditar cualquier alternativa que favorezca los intereses de las mayorías aún empobrecidas de Colombia y el mundo.

El mecanismo de manipulación informativa es sofisticado y transnacional. Mientras que la prensa hegemónica local, cuyos dueños son los mismos conglomerados con intereses en sectores financieros, extractivos y de servicios, por un lado amplifica y falsea la realidad  del actual contexto colombiano, por el otro lado, reproducen y amplifican el ruido generado por los editoriales y análisis del Financial Times, The Washington Post o The Economist, unas publicaciones que  no son neutrales, toda vez que, por ejemplo,  The Economist es controlado mayoritariamente por las familias Rotschild (Sector financiero internacional) y  Agnelli a través de su holding Exor, con vastos intereses en el capitalismo global. 

No es de extrañar que la línea editorial de este afamado medio de comunicación privilegie la ortodoxia financiera y la desregulación, en concordancia con el proyecto geopolítico y económico que apoya y promueve, que ve con recelo cualquier experimento progresista en el Sur Global. Así, se crea un eco mediático global que presenta la disciplina fiscal ortodoxa y la primacía del mercado como únicas verdades científicas, ignorando deliberadamente los avances en la ciencia económica que cuestionan esos dogmas y validan políticas de estímulo e inversión social en contextos como el colombiano.

Este asedio narrativo sería menos efectivo sin la complicidad de actores institucionales clave dentro de Colombia, los cuales, no obstante, el triunfo electoral de la izquierda a la cabeza del Pacto Histórico, siguen controlados por la derecha tradicional en enclaves de poder como el Banco de la República, ciertas salas de las altas cortes y un bloque significativo en el Congreso. 

La reciente y agresiva elevación de las tasas de interés por parte del Emisor, más allá de cualquier justificación técnica ante una inflación en claro descenso, es el ejemplo claro de un acto de sabotaje económico con fines políticos, cuyos objetivos son: el estrangulamiento del crédito, enfriar la economía, generar descontento por un menor crecimiento y, sobre todo, desfinanciar los programas sociales que son el corazón del programa del Pacto Histórico y su principal gancho electoral. Esta decisión de las mayorías en la Junta Directiva del Banco de la República es una jugada maquiavélica que prioriza el interés de las élites económicas y políticas de centro y centro derecha sobre el bienestar del pueblo colombiano.

Ahora, en plena coyuntura electoral, esta alianza entre el poder económico, los medios hegemónicos e instituciones capturadas entra en su fase más agresiva. Los tanques de pensamiento financiados por los gremios y los especialistas pagados por la mal llamada Gran Prensa Colombiana lanzarán, día tras día, relatos catastróficos sobre el futuro del país, dentro de una campaña de terror financiero diseñada para asustar a la clase media, desmovilizar a los sectores populares y, en última instancia, inflar las pálidas cifras de intención de voto de una derecha sin proyecto ni legitimidad. 

Frente a este poderío, la ciudadanía, pero, sobre todo, los opinadores y comunicadores independientes, tenemos una tarea crucial: Cuestionar la fuente de cada pronóstico nefasto, recordándole, de manera insistente a la sociedad colombiana, que quienes hoy claman por el "riesgo país" son los mismos que se beneficiaron de décadas de un modelo que nos dejó desigualdad y violencia. De igual manera, debemos replicar y amplificar información sustentada en los datos duros y proveniente de los académicos independientes por encima de los editoriales interesados de la prensa nacional e internacional. 

La defensa de la transformación social en Colombia pasa no solo por las urnas, sino por ganar la batalla cultural contra el discurso único, ese que se viste de técnica económica pero que solo vela por la perpetuación de los privilegios de unos pocos. El futuro del país depende de nuestra capacidad de ver más allá del relato del poder.

La arquitectura constitucional de 1991 y la crisis de la Justicia

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@Gmail.com-

La suspensión del decreto declaratorio del estado de emergencia impide al gobierno expedir nuevos decretos legislativos basados en esa figura. Sin embargo, los decretos legislativos ya dictados mantienen su validez y continúan produciendo efectos jurídicos. José G. Hernández – Ex magistrado de la C. Constitucional

Han transcurrido más de tres décadas desde que la Carta Política de 1991 ilusionó a una nación con un nuevo pacto social, fundado en la promesa de un Estado Social de Derecho, pluralista y con mecanismos robustos para proteger la democracia y los derechos fundamentales. Hoy, sin embargo, ese edificio constitucional muestra grietas estructurales profundas, evidenciando no solo inconveniencias, sino fallas sistémicas que comprometen su legitimidad y eficacia. El diagnóstico es claro: Colombia requiere, con urgencia, un profundo rediseño de la arquitectura de su Estado. Si bien, una Asamblea Nacional Constituyente es y debe ser objeto de un debate nacional serio y no exento de cautelas, la necesidad de una reforma estructural es cada día más ineludible.

El núcleo de la crisis actual reside en la perversión del esquema de pesos y contrapesos, específicamente en la cooptación política de las altas cortes y los órganos de control. El diseño de elección de magistrados para la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, basado en un sistema de listas y postulaciones en las que el Congreso colombiano tiene la última palabra, ha degenerado en la práctica nociva del “tú me eliges, yo te elijo”, una práctica política que, lejos de garantizar independencia, ha sembrado el clientelismo en el corazón del poder judicial. El resultado no es la selección de los más idóneos por su excelencia técnica o trayectoria intachable, sino la composición de cortes cuyos integrantes reflejan, con demasiada frecuencia, los pulsos y cuotas de poder de las coaliciones políticas dominantes en el legislativo.

Esta cooptación ha tenido un efecto corrosivo debido a que las decisiones de las altas cortes, que deberían ser faros de imparcialidad y rigor jurídico, están siendo observadas por la ciudadanía con una suspicacia creciente, al percibirse en ellas excesivos sesgos ideológicos, partidistas y clasistas. En este reiterado escenario, se ha diluido la línea entre la interpretación jurídica y la defensa de intereses políticos o económicos particulares. La independencia judicial, pilar fundamental de cualquier democracia, se ve así socavada desde su base, transformando a los máximos tribunales en arenas de disputa política por otros medios, desnaturalizando su función esencial en un Estado Social de Derecho.

Un ejemplo reciente y aleccionador de esta crisis es el manejo dado por la actual Corte Constitucional a los Decretos de Emergencia Económica, expedidos por el actual gobierno nacional de Gustavo Petro. Al abandonar una línea jurisprudencial de casi 30 años, que privilegiaba el examen de fondo sobre la constitucionalidad de las normas sometidas a su control, para enredarse en discusiones no tan indispensables, para ampliar, de manera cuestionable, la discusión exclusivamente constitucional de fondo; la Corte apareció ante la opinión pública no como el guardián abstracto de la Carta, sino como un actor político más. Esta actuación, interpretada por muchos como alineada con los intereses de la oposición política al gobierno nacional, erosiona la credibilidad de la institución.

A esta crítica funcional se suma una de carácter ético y moral relacionada con la sombra de desconfianza en la probidad de algunos magistrados. Casos como los de magistrados cuyos pasados están marcados por señalamientos de manejo clientelista, o aquellos envueltos en escándalos personales que comprometen su imagen de integridad [1], son una herida autoinfligida a una institución como la Corte Constitucional que debe estar compuesta por personas cuya vida pública y privada resista el escrutinio más severo.

Este panorama se agrava por las peculiaridades del modelo de justicia colombiano, que combina tradiciones del derecho continental con una enorme preponderancia de la jurisprudencia. Esta combinación puede generar inseguridad jurídica al favorecer interpretaciones volubles, debidas a que, el cambio de composición de una sala, a su vez, puede significar un giro abrupto en la jurisprudencia, generando escenarios más ligados a la correlación de fuerzas ideológicas al interior del tribunal que a una evolución doctrinal sólida y previsible.

La suma de estos factores (cooptación, sesgo, desconfianza en la probidad e inseguridad jurídica) configura una crisis de legitimidad de las altas cortes. Cuando estas dejan de ser vistas como instancias técnicas y se las percibe como apéndices del juego político, el sistema en su conjunto se resiente. El riesgo es que, ante esta debilidad, las cortes queden expuestas a nuevos y más graves ataques en el futuro, como los que ya padecieron en los periodos de gobierno uribista, en los que su independencia fue acosada y puesta en jaque.

Por todo lo anterior, el llamado a un rediseño profundo de la arquitectura estatal no es un capricho académico ni una maniobra política coyuntural. Es una necesidad imperiosa para salvar a las instituciones de sí mismas. Se requiere repensar, entre otros, los mecanismos de elección de magistrados para blindarlos de la cooptación partidista, fortalecer los criterios de mérito e idoneidad, establecer períodos que impidan la búsqueda de reelecciones politizadas y revisar el modelo de justicia para dotarlo de mayor coherencia y predictibilidad.

La Carta política de 1991 abrió puertas fundamentales en materia de derechos, pero falló en construir los diques suficientes para proteger la independencia judicial de la vorágine política. El momento es ahora, antes de que la erosión de la confianza en la justicia sea irreversible. Colombia merece unas instituciones que funcionen con armonía, independencia y, sobre todo, con una legitimidad inquebrantable. Lograrlo exige el coraje de reformar lo que, evidentemente, ya no funciona.

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[1] Carlos Camargo, el cuestionado por clientelismo, llega a la Corte Constitucional - Cuestión Pública /

Magistrado Jorge E. Ibáñez acatará fallo que le ordena retractarse por afirmaciones sobre la madre de su hijo

Gobernaciones y alcaldías uribistas arrecian sabotaje político

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

Estas federaciones son el núcleo de un "gobierno paralelo" que busca mantener privilegios de un modelo agotado y defensa de intereses de la derecha colombiana. 

La llegada de la izquierda a la presidencia de Colombia no solo marcó un hito histórico, sino que también desató los mecanismos de contención más arraigados del establecimiento político de derecha. Más allá de la oposición en el Congreso y el ataque frontal desde los medios de comunicación de los grandes gremios de producción, se ha reactivado con ferocidad una herramienta gremial menos visible para el ciudadano común, pero profundamente poderosa, compuesta por: Fededepartamentos, Fedemunicipios y Asocapitales, entidades que lejos de su fachada técnica se han erigido, nuevamente, como el cuartel general operativo del uribismo para estrangular, desde las regiones, el proyecto de cambio.

Estas federaciones, que durante los gobiernos de Uribe, Santos y Duque funcionaron como una extensión burocrática del poder central y una eficiente red de pensamiento, propaganda y, según múltiples informes periodísticos y judiciales, financiación clientelista, hoy muestran su verdadero rostro: el de una oposición institucionalizada que raya en la sedición. Ante la imposibilidad de retener la Casa de Nariño, figuras clave de la centroderecha y la derecha se atrincheraron en gobernaciones y alcaldías de capitales estratégicas, respaldadas por un ejército de funcionarios de carrera o de confianza política enquistados en ministerios y entidades descentralizadas, para desarrollar una campaña sistemática de desprestigio, bloqueo y sabotaje que busca presentar al gobierno nacional como incompetente e ilegítimo.

La incoherencia es el sello distintivo de estos mandatarios, toda vez que, actuando como jefes políticos regionales del bloque opositor, ordenaron a sus tropas en el Congreso torpedear proyectos fundamentales para la sostenibilidad fiscal del Estado. Destacados afiliados de Fededepartamentos y Asocapitales lideraron una oposición sin argumentos sólidos y de manera casi automática, a iniciativas destinadas a crear recursos para programas sociales, seguridad y desarrollo para las regiones. La Ley de Presupuesto General de la Nación es el ejemplo más claro: su trámite fue obstruido por los mismos partidos que hoy, desde las gobernaciones y alcaldías, reclaman a voz en cuello más recursos para sus territorios. Gobernadores como el de Antioquia o las del Valle y Tolima, lo mismo que alcaldes como los de Bogotá, Medellín o Cali, prefirieron ahogar financieramente al Estado para dañar políticamente a Petro, antes que llegar a acuerdos consensuados en beneficio del país.

Ahora, la incoherencia de la derecha da un salto peligroso hacia la rebeldía institucional. Ante medidas legítimas del gobierno central, como la solicitud de aportes extraordinarios en un estado de emergencia económica, recursos que, se insiste, pudieron obtenerse por la vía ordinaria si la oposición no la hubiera bloqueado; estos mandatarios y sus federaciones han declarado abiertamente que no acatarán las normas. Es decir, se rebelan contra la obligación jurídica de cumplir las funciones que juraron ejercer. Victimizándose y apelando a la complejidad técnica de las finanzas públicas, manipulan la comprensión ciudadana para esconder su verdadero objetivo: desestabilizar.

En temporada electoral, la máquina se aceita con fines proselitistas. En este orden de ideas, Fededepartamentos y Asocapitales se convierten en plataformas de campaña. Sus declaraciones que aparentan ser técnicas; en realidad son consignas políticas que corean, al unísono con gremios económicos y grandes medios, insistiendo en un relato de caos y fracaso. Figuras polémicas como Dilian Francisca Toro, Andrés Julián Rendon, junto con candidatos con pobres índices de aceptación, utilizan estas agremiaciones para proyectarse nacionalmente, repitiendo falacias a pesar de que los indicadores macroeconómicos y sociales muestran resiliencia y avances en medio de una tormenta global y un sabotaje interno feroz.

El verdadero peligro no es la oposición política, vital en una democracia. El peligro es la utilización de estructuras estatales y seudogremiales, financiadas con los recursos de la ciudadanía, para hacer oposición desleal y sabotear al gobierno elegido popularmente. Estas federaciones son el núcleo de un "gobierno paralelo" que busca mantener los privilegios de un modelo agotado y la defensa de los intereses de la derecha colombiana por encima de la gobernabilidad, la institucionalidad y el bienestar general.

El país debe abrir los ojos: el conflicto político no se libra solo en el Capitolio o en los noticieros, sino en estas oficinas aparentemente grises donde se teje, con hilos institucionales, la estrategia del bloqueo que pretende hundir cualquier esperanza de cambio.

El Salario Vital Familiar frente al dogma económico y la hipocresía de la derecha

Imagen tomada de: Crónica del Quindío

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

Por primera vez, en mucho tiempo, la discusión en Colombia se centra en cómo distribuir mejor la riqueza y apalancar el crecimiento desde la base y no en cómo sacrificar los derechos de los muchos en el altar de los privilegios de unos pocos.

El anuncio de entrada en vigor del decreto presidencial que materializa la figura del Salario Mínimo Vital Familiar, prescrita en la Constitución Política de Colombia, pero postergada durante décadas, ha desatado una tormenta predecible de críticas por parte de los representantes de los grandes gremios económicos, junto con sus voceros políticos y periodísticos. 

Haciendo de lado un verdadero y necesario debate técnico sustentado, la virulenta reacción de la derecha colombiana desnuda, tanto la histórica mezquindad de una élite acostumbrada a privatizar las ganancias y socializar las pérdidas y los costos entre los más vulnerables, como la obstinada adhesión de sus círculos académicos a un dogma económico fracasado, hoy repintado con nuevos nombres, pero con la misma esencia regresiva. En torno a las denuncias de un pretendido error técnico, amplificadas por la prensa orgánica de los gremios, se puede advertir la incomodidad que ocasiona la materialización de este derecho constitucional entre quienes se aferran a unos postulados teóricos ya desmentidos por la realidad y los indicadores socioeconómicos.

La crítica central de la derecha colombiana está sustentada en un mantra heredado directamente de la Escuela de Chicago de Milton Friedman, según el cual, cualquier aumento salarial, especialmente uno estructural como este, genera inflación incontrolable y destrucción de empleo, apelando al simplismo de la rígida "curva de Phillips"  y a la teoría del "derrame" o de los "vasos comunicantes", esa noción mágica en la que por obra y gracia del credo neoliberal, al enriquecer a los más ricos eventualmente se beneficiaría a los pobres. 

Sin embargo, no obstante los esfuerzos de los círculos académicos de derecha, pero sobre todo, de la prensa  a su servicio por mantener a flote los postulados de la Escuela de Chicago; la evidencia empírica acumulada en las últimas décadas ha demolido este credo, demostrando que el esperado "derrame" de las migas de riqueza de los vasos comunicantes de los ricos hacia los pobres no ha ocurrido y que, por el contrario, donde más se aplicaron estas recetas (con ajustes, privatizaciones y flexibilización laboral), las brechas de inequidad se ampliaron de manera escandalosa, como lo vienen demostrando los informes anuales de Oxfam y el Laboratorio sobre la Desigualdad Global, en los que Colombia misma es un caso de estudio: tras años de políticas inspiradas en ese consenso, se consolidó como uno de los países más desiguales del mundo.

Contra este dogma, se alzan voces de enorme peso académico. Varios premios Nobel de Economía de los últimos años han cuestionado la relación mecánica entre salarios e inflación. Joseph Stiglitz, por ejemplo, ha argumentado repetidamente que la inflación actual en contextos como el global es multifactorial (disrupciones en cadenas de suministro, crisis energéticas, especulación en mercados de commodities, ganancias corporativas extraordinarias) y que culpar a los salarios es un argumento forzado de conveniencia para proteger los altísimos márgenes de rentabilidad de un mínimo porcentaje de la población. 

El También premio Nobel de Economía, el estadounidense Paul Krugman ha señalado que, en economías con subutilización de capacidad, como muchas tras la pandemia, un aumento del poder adquisitivo de las familias puede estimular la demanda agregada, impulsando la producción y generando un círculo virtuoso de crecimiento. La teoría keynesiana, relegada por el fundamentalismo de mercado, resurge con fuerza ante la evidencia de los indicadores que demuestran que una masa salarial robusta no es un costo, sino que es la base de un mercado interno dinámico. El gobierno de Petro, al aumentar los ingresos de las familias está inyectando combustible directo a la demanda de bienes y servicios básicos y no básicos, lo que puede dinamizar a miles de pequeñas y medianas empresas que abastecen ese consumo.

Frente a la crítica hipócrita soportada en una supuesta preocupación por la supervivencia de las PyMEs, la historia reciente desnuda la doble moral de la oposición en Colombia. Durante décadas, los mecanismos de subsidio, apalancamiento y alivio fiscal establecidos en la ley colombiana fueron sistemáticamente desviados hacia los grandes emporios económicos, amigos y patrocinadores de los gobiernos de turno, durante la hegemonía de una derecha que se esforzó en construir y reforzar un sistema clientelista para proteger a los grandes capitales, no obstante que, de paso, se dejó desamparados a los verdaderos destinatarios de la protección estatal. 

El reto legítimo para el gobierno de Petro es, precisamente, romper ese histórico patrón de desvío y garantizar que los mecanismos de apoyo (subsidios a la nómina, líneas de crédito blandas, asistencia técnica) lleguen efectivamente a los pequeños y medianos productores, no para eliminarlos, sino para integrarlos a una economía de mayor demanda.

El crecimiento económico colombiano, pese a un panorama internacional adverso (estancamiento del precio del petróleo y la incertidumbre arancelaria generada por políticas de Donald Trump), ha mostrado una resiliencia notable, con un impulso creciente del consumo interno. Medios económicos especializados internacionales, como Bloomberg y Reuters, han reseñado en 2024 y 2025 la fortaleza de los indicadores laborales colombianos y su sorprendente recuperación macroeconómica. Por primera vez, en mucho tiempo, la discusión en Colombia se centra en cómo distribuir mejor la riqueza y apalancar el crecimiento desde la base y no en cómo sacrificar los derechos de los muchos en el altar de los privilegios de unos pocos.