Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-
Sociedad colombiana debe vigilar con lupa al CNE, Colombia decente no puede permitir que unas elecciones se ganen o se pierdan en un organismo desprestigiado
Toda democracia está sustentada un pacto de confianza básico: la certeza de que las reglas del juego electoral son claras, imparciales y administradas por un árbitro independiente. En Colombia, esa confianza ha sido dinamitada por la entidad designada para custodiar precisamente ese pacto: el Consejo Nacional Electoral -CNE; un organismo que debería ser el pilar institucional de la legitimidad democrática se ha convertido, debido a su composición y sus recientes actuaciones, en un instrumento de guerra política que amenaza con desestabilizar el proceso electoral y, con él, la ya frágil paz social del país.
El problema del CNE es estructural y comienza con su mecanismo
de integración, ya que sus magistrados no son seleccionados por su excelencia
académica, su trayectoria intachable en derecho electoral o su probidad
reconocida, sino que son elegidos en negociaciones en las que prima el peso
electoral y la cuota política de los partidos que los postulan. El
resultado es una composición que, en la práctica, refleja los intereses de las
maquinarias tradicionales y, sobre todo, el talante de los partidos que han
dominado y dominan esta entidad.
Los casos más visibles que demuestran la perversidad
estructural del CNE son elocuentes y públicos: Álvaro Hernán Prada (avalado
por el Centro Democrático) enfrenta un juicio penal en la Corte Suprema por la
presunta manipulación de testigos en el proceso contra Álvaro Uribe
Vélez. César Lorduy (Cambio Radical), quien renunció en 2025, cargaba
con el estigma de un homicidio culposo en su pasado. Su reemplazo[1], Álvaro
Echeverry, llegó tras una votación en el Congreso más afín a la lógica del
reparto que a la del mérito. Ante este panorama, … ¿Cómo puede la ciudadanía
confiar en la imparcialidad de un organismo integrado por figuras con tan
graves cuestionamientos éticos y jurídicos?
Esta crisis de legitimidad se materializa en decisiones
concretas que afectan el curso electoral, tal como lo demuestran dos
actuaciones recientes del CNE que han encendido las alarmas sobre su sesgo
político y arbitrariedad. Por un lado, el CNE designó como conjuez, para
decidir sobre la participación del candidato presidencial Iván Cepeda en una
consulta, a un abogado que había integrado el equipo de defensa del
expresidente Álvaro Uribe Vélez[2],
declarado adversario político e incluso enemigo personal de Cepeda en el ámbito
judicial, en lo que se constituye como el nombramiento de un conjuez con un conflicto
de interés flagrante. Resulta claro que esta designación no constituye un
simple error procedimental, sino una burla al debido proceso y a la apariencia
de imparcialidad, principios cardinales de cualquier justicia. Basta con
recordar que un estudiante de primer año de derecho comprende que un juez no
puede conocer de un caso donde fue abogado de una de las partes; el CNE, al
parecer, no.
De igual manera, la revocatoria de la inscripción de listas
del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes en el departamento del Valle
del Cauca [3]
raya en lo caprichoso y contradictorio, pues el mismo organismo que otorgó la
personería jurídica al Pacto Histórico como partido político procedió a
invalidar sus listas. Esta incoherencia en su propio proceder carece de un
sustento técnico visible y se interpreta, más bien, como un acto de obstrucción
política contra la principal fuerza de gobierno, mediante una maniobra que se
denuncia como una guerra jurídica (Lawfare), en la que se usan conveniente y
amañadamente, las formas legales para alcanzar fines políticos de exclusión.
Estas acciones de la derecha a través del CNE, su aparato de
guerra política, envían un mensaje pavoroso: que las reglas pueden torcerse
para beneficiar a unos y perjudicar a otros. Este caldo de cultivo es
explosivo. Una ciudadanía que percibe que el árbitro está comprado, que el
juego está amañado, pierde la fe en la vía institucional. La historia
colombiana y latinoamericana demuestra que la deslegitimación electoral es
el preludio del estallido social. La derecha colombiana, electoralmente
debilitada pero aún enquistada en instituciones como el CNE, podría verse
tentada a orquestar un escenario de caos y desorden a partir de este
descontento, para luego ofrecer, una vez más, “soluciones de mano dura” y
salidas extrainstitucionales que defenestren el proyecto de cambio en curso.
No se trata de una crítica a decisiones técnicas
particulares, sino de una advertencia urgente sobre la captura partidista
y el claro sesgo político de un organismo que decide el destino de la
contienda democrática. La sociedad colombiana, la prensa independiente, las
universidades y las organizaciones internacionales de observación electoral
deben rodear y vigilar con lupa cada decisión del CNE.
Colombia decente no puede permitir que una elección se gane o
se pierda en las salas de un organismo desprestigiado, antes que en las urnas.
Se requiere una reforma estructural profunda que transforme el CNE, pero
mientras tanto, la defensa de la democracia pasa por la movilización
cívica y la denuncia pública de cada irregularidad.
[2] https://x.com/estoescambio Conjuez del
CNE en el caso de Iván Cepeda fue parte de la defensa del expresidente Álvaro
Uribe
