Colombia: del escrutinio oficial a la resistencia popular pacifica *

En la imagen: Consuelo Ahumada / PhD en Ciencias Políticas - 

profesora investigadora Economía Política Internacional y Nacional

Por: Consuelo Ahumada

El triunfo de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales marca el inicio de un período muy difícil para el progresismo y la democracia en Colombia

El escrutinio oficial puso fin a la incertidumbre sobre las elecciones, confirmó el conteo preliminar y reconoció como presidente al candidato impuesto por la ultraderecha y el Departamento de Estado. 

En medio de fuertes presiones políticas y mediáticas, en una decisión contradictoria, Iván Cepeda reconoció de inmediato el resultado y el Pacto histórico retiró algunas reclamaciones pendientes.  

El presidente Petro tuvo que ceder y aceptar el resultado. “Me comprometí a no ser un generador de violencia, pero no a que seamos tontos”, escribió la semana pasada. Pero sus sustentadas denuncias de fraude siguen su curso. 

Recordemos algunos asuntos cruciales del proceso electoral. Tanto el Consejo Nacional Electoral como la Registraduría, además de su labor técnica, son instrumentos políticos en manos de la oligarquía tradicional. El control nunca lo cedieron durante este gobierno. 

El software electoral es controlado por una empresa privada, Greg and Sons. Una sentencia de 2018 del Consejo de Estado ordenó que estuviera bajo control público, pero no se cumplió. 

Dicha empresa colombiana, con trayectoria probada de fraude en países como Honduras, es la misma que tuvo a su cargo la elaboración de pasaportes en Colombia. Es decir, el acceso a datos cruciales. 

El gobierno del cambio le revocó el contrato, para que la tarea la asumiera el gobierno. Esto se dio en medio de la alharaca permanente del neoliberalismo trasnochado: “Lo privado por encima de lo público”, “lo técnico antes que lo político”. 

Pero en plena campaña presidencial se conoció un audio en el que Abelardo les ofrecía a sus dueños devolverles el negocio de los pasaportes si le ayudaban en las elecciones. Más claro imposible. 

No hubo pronunciamiento ni investigación alguna por parte de las entidades de control. Como siempre, se insistió en los supuestos delirios de persecución del presidente. Desde distintas orillas, se insinuó incluso que Cepeda debía distanciarse del presidente para no verse perjudicado. Así quedó todo.  

Pero Petro no se amilanó. Antes del resultado final hizo denuncias muy serias, en las que prácticamente se quedó solo. Una de ellas fue la inscripción de 800.000 nuevos votantes, cuando ya se habían cerrado los plazos legales para hacerlo. 

La semana pasada se produjo una denuncia todavía más grave. Una juiciosa investigación, realizada por Carlos Oñoro, demuestra que Cepeda ganó en los municipios más poblados de Colombia, que representan el 88% de la votación, con una ventaja de 500.000 votos. Hay una curva en la que se observa cómo los pueblos menos poblados, “marcan un cambio demasiado extraño”.

Petro le respondió al autor: “Lo que usted descubre es que efectivamente hubo fraude, que no era detectable por las comisiones escrutadoras, si no se hacía cotejo entre número de votos de los formularios y los votos de mesas y, además, y esto es lo importante, (si no se examina) si los votos de la mesa coinciden con electores válidos”. 

Señaló que hay un censo de ciudadanos que no votan, pero sus datos son usados en mesas de jurados homogéneos, como las del exterior y las de territorios específicos bajo el control de la ultraderecha. Y concluyó: “Todos los formularios E14 eran modificables hasta cuando el CNE proclamó presidente”. 

Pero por supuesto, el escrutinio oficial no examinó ninguno de estos indicios.

 A esto sumémosle las múltiples denuncias de compra y constreñimiento del voto, que se registraron, que ni siquiera atendieron las autoridades: la extraña suspensión del transporte público y los cortes de servicios públicos en municipios y regiones precisas. 

Pero claro, todo esto pasó como irrelevante, máxime en épocas de mundial de futbol. 

Más allá del fraude electoral, las elecciones tuvieron múltiples irregularidades, incluida la intervención abierta y permanente de Trump y sus funcionarios a favor de su candidato. 

Bernie Moreno, jefe de la misión de observación electoral de EEUU, advirtió desde un comienzo que su país solo aceptaría un resultado favorable. Vino a Colombia precisamente a conspirar con la ultraderecha para lograrlo. 

Pero hay asuntos todavía más graves. Abelardo es ciudadano estadounidense y juró lealtad absoluta a su Constitución y su gobierno. De hecho, ya ha formulado denuncias concretas contra Petro ante su Departamento de Justicia. Una carta de 30 exmagistrados refiriéndose a la incompatibilidad de dicha condición con el cargo de presidente fue desestimada por el Consejo de Estado. 

Frente al panorama de avance del fascismo en el mundo y la región, los antecedentes más recientes de Venezuela y del Escudo de las Américas, y las revelaciones del Hondurasgate, es claro que a las fuerzas progresistas no se les permitiría ganar de nuevo en Colombia.

El avance del progresismo fue notorio, pero se perdió la presidencia y eso es lo principal. 

Lo que viene en el “gobierno de los nunca”, con la llamada Patria milagro, tiene cara de revancha. Las amenazas son muy graves. En aras de su estrategia de seguridad, se habla de cero negociaciones con grupos armados y del fortalecimiento de la salida militar.

 Desde ya se conocen las amenazas de desalojo a campesinos y campesinas que recibieron tierras del gobierno. Un concejal uribista de Medellín llamó al futuro presidente a bombardear las zonas donde se impuso la votación progresista.

En este contexto nacional tan complicado y peligroso, el reciente llamado a la desobediencia civil pacífica por parte de Iván Cepeda es una excelente señal. Esta medida histórica tiene un reconocimiento constitucional, como forma de protesta ciudadana frente a normas, políticas o leyes que se consideren inmorales o violadoras de derechos fundamentales.  

El excandidato señaló que el llamado es a no reconocer la autoridad de alguien que desconoce la soberanía nacional. Por eso, exige que, antes de posesionarse, el futuro presidente renuncie a su nacionalidad estadounidense, aclare si es miembro de alguna de sus agencias de seguridad y cese la persecución contra el presidente Petro. 

Es una declaratoria que debe ligarse necesariamente con la resistencia popular pacífica, que debe venir. Ya lo dijo el actual presidente: “Hoy la consigna central para toda la sociedad colombiana es alistarse de manera organizada y pacífica a defender las reformas sociales”. 

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

La DESOBEDIENCIA CIVIL como DEFENSA de la SOBERANÍA y del ESTADO CONSTITUCIONAL *

En la imagen: Carlos Medina / Historiador - Analista Político

Por: CARLOS MEDINA GALLEGO

La exigencia de Cepeda no es un gesto caprichoso ni una reacción partidista, es una advertencia democrática: Colombia no puede aceptar que la Casa Blanca, a través de Donald Trump y Marco Rubio, pretenda definir el destino de la sociedad colombiana.

El reciente llamado formulado por el candidato presidencial Iván Cepeda Castro a considerar la desobediencia civil si el presidente electo no renuncia oportunamente a la ciudadanía estadounidense incompatible con el ejercicio de la Presidencia de la República —en caso de que esa incompatibilidad llegara a verificarse conforme al ordenamiento jurídico colombiano— y si persistiera una injerencia indebida de autoridades extranjeras en los asuntos internos del país, ha abierto un debate de enorme trascendencia para la democracia colombiana.

El llamado de Iván Cepeda Castro a la desobediencia civil pacífica no puede entenderse únicamente como una controversia sobre la doble ciudadanía del presidente electo Abelardo de la Espriella. Su sentido político más profundo está en la defensa de la soberanía nacional frente a una injerencia extranjera abierta, indebida y peligrosa, atribuida al presidente Donald Trump y a su secretario de Estado, Marco Rubio, en los asuntos internos de Colombia.

Cuando un mandatario extranjero interviene en una contienda política nacional, respalda públicamente a un candidato, condiciona relaciones diplomáticas o pretende orientar el rumbo institucional de otro país, deja de actuar como simple observador internacional y se convierte en factor de presión sobre la autodeterminación democrática de un pueblo.

Esa intromisión resulta aún más grave cuando proviene de Estados Unidos, país con una larga historia de intervenciones políticas, económicas, militares y judiciales en América Latina.

En este contexto, la exigencia de Cepeda no es un gesto caprichoso ni una reacción meramente partidista. Es una advertencia democrática: Colombia no puede aceptar que su Presidencia quede subordinada a intereses extranjeros, ni que la Casa Blanca, a través de Donald Trump y Marco Rubio, pretenda definir el curso de la política colombiana. La soberanía popular no puede ser reemplazada por tutelajes imperiales, ni la voluntad ciudadana puede quedar capturada por agendas externas.

La eventual ciudadanía estadounidense del presidente electo agrava ese debate, porque abre una pregunta de fondo sobre lealtades políticas, compromisos jurídicos y subordinación estratégica. Un jefe de Estado colombiano debe estar sometido exclusivamente a la Constitución de Colombia, a la soberanía del pueblo colombiano y al interés nacional. No puede existir sombra de dependencia frente a otra potencia, mucho menos en una coyuntura marcada por presiones diplomáticas, judiciales y geopolíticas.

Por eso, la desobediencia civil planteada por Cepeda debe leerse como una forma de resistencia pacífica frente a dos riesgos simultáneos: la posible ilegitimidad constitucional derivada de una doble ciudadanía no resuelta y la injerencia directa de Trump y Rubio en la vida política interna del país. No se trata de promover el caos, sino de defender un principio elemental: Colombia no es un protectorado, no es una colonia, no es una pieza subordinada del ajedrez geopolítico estadounidense.

La democracia colombiana se debilitaría gravemente si normaliza que actores extranjeros intervengan en sus elecciones, presionen a sus instituciones o condicionen la acción de sus gobernantes. Frente a ello, la ciudadanía tiene derecho a organizarse, deliberar, movilizarse y resistir pacíficamente. La desobediencia civil, en este caso, aparece como un recurso ético para exigir respeto por la Constitución, por la soberanía nacional y por la dignidad política del país.

En consecuencia, el llamado de Iván Cepeda Castro debe ser entendido como una defensa del Estado constitucional, de la independencia nacional y del principio democrático según el cual Colombia debe ser gobernada por decisiones soberanas de su pueblo, no por imposiciones de Donald Trump, Marco Rubio ni de ningún poder extranjero.

Más allá de las posiciones políticas que puedan existir frente a este pronunciamiento, la discusión invita a reflexionar sobre un concepto fundamental de las democracias constitucionales: la desobediencia civil.

Se trata de una institución ética y política que no busca destruir el orden democrático, sino defenderlo cuando sectores de la ciudadanía consideran que sus principios esenciales están siendo comprometidos.

La desobediencia civil pertenece a la tradición democrática. No surge en los regímenes autoritarios, donde toda oposición suele ser reprimida, sino precisamente en sociedades donde los ciudadanos conservan la convicción de que la soberanía reside en el pueblo y de que el poder público está sometido a límites constitucionales.

Desde las reflexiones de Henry David Thoreau hasta las luchas no violentas de Mahatma Gandhi y Martin Luther King Jr., la historia demuestra que la resistencia pacífica ha sido un instrumento para ampliar libertades y fortalecer los derechos fundamentales.

La Constitución Política de Colombia establece que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo y que las autoridades ejercen funciones públicas dentro de los límites fijados por la Constitución y la ley. Ningún gobernante recibe un mandato ilimitado ni puede situarse por encima del orden constitucional. La legitimidad democrática no proviene únicamente del resultado electoral; también depende del respeto permanente por la Constitución, la separación de poderes, los derechos fundamentales y la soberanía y la independencia nacional.

En ese contexto, toda controversia relacionada con los requisitos constitucionales para ejercer la Presidencia debe ser resuelta mediante los mecanismos institucionales previstos por el ordenamiento jurídico. Corresponde a las autoridades competentes verificar los hechos, interpretar las normas aplicables y adoptar las decisiones que en derecho correspondan. La defensa del Estado constitucional exige que las controversias se tramiten con pruebas, debido proceso y respeto por las instituciones.

Del mismo modo, la soberanía nacional constituye uno de los pilares del Estado colombiano. Ningún Estado extranjero debería intervenir indebidamente en las decisiones políticas internas de Colombia. Si existieran actuaciones que pudieran constituir presiones o injerencias incompatibles con el principio de autodeterminación de los pueblos, estas deberían ser examinadas y enfrentadas mediante los instrumentos del derecho internacional, la diplomacia y las instituciones nacionales.

Es precisamente cuando amplios sectores de la ciudadanía perciben que esos principios fundamentales pueden verse comprometidos cuando reaparece el debate sobre la desobediencia civil. No como una invitación al caos ni como un desconocimiento generalizado de la ley, sino como una forma pública, consciente, pacífica y responsable de expresar desacuerdo frente a decisiones consideradas incompatibles con los valores superiores del orden constitucional.

La desobediencia civil exige un profundo compromiso ético. Rechaza toda forma de violencia, actúa de manera transparente y asume las consecuencias jurídicas de sus actos. Su propósito no consiste en sustituir las instituciones democráticas, sino recordarles cuál es su razón de ser: garantizar la dignidad humana, proteger las libertades públicas y servir al interés general.

Las grandes conquistas democráticas de la humanidad fueron posibles porque millones de ciudadanos decidieron cuestionar pacíficamente órdenes consideradas injustas. Los derechos laborales, la igualdad jurídica, la ampliación del sufragio, la protección de las minorías y numerosas libertades civiles surgieron gracias a procesos de movilización democrática que combinaron participación ciudadana, deliberación pública y resistencia no violenta.

Por ello, ninguna democracia sólida puede exigir obediencia absoluta. La fortaleza institucional se construye aceptando el control ciudadano, la crítica pública y el derecho de la sociedad a organizarse pacíficamente cuando considera que determinados principios constitucionales están siendo vulnerados. La democracia no se debilita por el disenso; se debilita cuando el disenso deja de ser posible.

En Colombia, el Estado Social de Derecho fue concebido precisamente para impedir la concentración arbitraria del poder. Los mecanismos de participación, la libertad de expresión, el derecho de reunión y la protesta pacífica constituyen herramientas legítimas mediante las cuales la ciudadanía puede expresar su inconformidad dentro del marco constitucional.

La desobediencia civil forma parte de esa tradición democrática cuando conserva su carácter público, pacífico, proporcional y orientado a la protección de valores superiores.

El debate suscitado por las declaraciones de Iván Cepeda Castro trasciende coyunturas electorales. Plantea preguntas de fondo sobre la defensa de la soberanía, la autonomía institucional, la supremacía de la Constitución y el papel de la ciudadanía en la preservación del Estado democrático.

Independientemente de las posiciones políticas, toda democracia madura debe ser capaz de discutir estas cuestiones con serenidad, argumentos y apego al derecho.

La democracia no consiste únicamente en votar cada cierto número de años. También exige una ciudadanía vigilante, crítica y comprometida con la defensa permanente del orden constitucional. Cuando las instituciones funcionan correctamente, son ellas las llamadas a resolver las controversias. Cuando la ciudadanía considera que existen riesgos para los principios fundamentales del Estado, la movilización pacífica y la deliberación pública continúan siendo expresiones legítimas de la participación democrática.

En definitiva, la desobediencia civil constituye uno de los últimos recursos éticos de una sociedad libre. No pretende reemplazar la Constitución, sino reivindicar su vigencia; no busca destruir la democracia, sino impedir que se aparte de los principios que le dan legitimidad. En esa medida, cualquier convocatoria a la desobediencia civil solo encuentra justificación dentro de los parámetros de la no violencia, el respeto por la dignidad humana y la defensa del Estado constitucional de derecho.

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

NO ES HORA DE BUSCAR CULPABLES, ES HORA DE LA UNIDAD Y LA LUCHA INTELIGENTE *

 

En la imagen: Carlos Gallego / Historiador - Analista político

Por: CARLOS MEDINA GALLEGO 

El futuro no se construye alimentando resentimientos ni buscando culpables. Se construye preservando la dignidad, fortaleciendo la unidad y manteniendo la coherencia ética incluso en los momentos más difíciles

Las derrotas electorales suelen revelar tanto el carácter de los adversarios como el de los propios. Mientras unos celebran con euforia, otros caen en la tentación de buscar culpables internos, señalar responsables individuales y convertir la frustración en una disputa fratricida.

Esa reacción, comprensible desde la emoción, resulta profundamente equivocada cuando sustituye el análisis político por la descalificación personal. Hoy, más que nunca, el progresismo colombiano necesita inteligencia estratégica antes que impulsos vengativos.

En los días posteriores a la segunda vuelta presidencial han aparecido voces empeñadas en responsabilizar al candidato Iván Cepeda Castro por el resultado electoral. Como ocurre casi siempre después de una contienda difícil, algunos consideran más sencillo construir un chivo expiatorio que realizar una evaluación seria de las condiciones objetivas y subjetivas en las que se desarrolló la campaña. Se trata de una respuesta que, lejos de fortalecer al movimiento, amenaza con fragmentarlo precisamente cuando más necesita cohesión.

Quienes hoy buscan responsables parecen olvidar la magnitud del desafío que enfrentó la candidatura progresista. No se trató de una competencia desarrollada en condiciones de equilibrio político, económico y mediático. Fue una campaña atravesada por enormes asimetrías de recursos, por una intensa polarización ideológica, por poderosos intereses económicos comprometidos con el resultado y por un ambiente de confrontación que redujo los espacios para un debate sereno sobre los programas de gobierno.

En ese contexto, reducir el resultado electoral a las supuestas limitaciones de un candidato constituye una simplificación que desconoce la complejidad propia de toda competencia democrática. Ninguna elección presidencial depende exclusivamente de una persona. Intervienen factores estructurales, dinámicas territoriales, comportamientos históricos del electorado, campañas de comunicación, recursos financieros, alianzas políticas, agendas mediáticas y múltiples circunstancias imposibles de condensar en una sola explicación.

Los números, además, ofrecen una lectura muy distinta de la que proponen quienes hablan de un supuesto fracaso. Entre la primera y la segunda vuelta, el proyecto progresista logró incorporar cerca de tres millones de nuevos votos. Se trata de un crecimiento extraordinario en apenas unas semanas, alcanzado sin renunciar a los principios fundamentales que han caracterizado a este proyecto político: la defensa de la vida, la justicia social, la paz, la inclusión, la protección de los derechos fundamentales y la consolidación de un Estado comprometido con el interés general.

¿Puede calificarse como un fracaso un movimiento político capaz de convocar a millones de ciudadanos adicionales en tan corto tiempo? Difícilmente. Las derrotas existen, por supuesto, pero una derrota electoral no equivale necesariamente a un fracaso político. Hay campañas que pierden elecciones mientras consolidan proyectos históricos, amplían su base social y construyen las condiciones para futuras victorias. También existen triunfos electorales que terminan siendo derrotas políticas cuando quienes llegan al poder carecen de un horizonte ético o de una propuesta capaz de transformar la sociedad.

La historia política demuestra que las grandes transformaciones raramente avanzan en línea recta. Son procesos acumulativos, llenos de avances, retrocesos, aprendizajes y reorganizaciones. Quienes pretenden convertir cada elección en un juicio definitivo desconocen la naturaleza misma de la construcción democrática.

Resulta igualmente preocupante el tono de algunas críticas internas. En lugar de preguntarse qué enseñanzas deja el proceso electoral, ciertos sectores parecen más interesados en identificar responsables, ajustar cuentas personales o disputar espacios de liderazgo. Esa lógica del canibalismo político ha debilitado históricamente a numerosas fuerzas progresistas en América Latina. Muchas veces el adversario externo no consigue destruir aquello que finalmente termina erosionándose desde dentro.

La política democrática exige debate, autocrítica y evaluación permanente. Pero existe una diferencia sustancial entre la autocrítica y la búsqueda obsesiva de culpables. La primera fortalece porque identifica errores para corregirlos. La segunda destruye porque transforma las diferencias en enemistades y reemplaza la reflexión por la condena.

Responsabilizar exclusivamente a Iván Cepeda Castro desconoce, además, la forma como asumió la campaña. Su discurso nunca apeló al odio, la estigmatización ni la eliminación simbólica del adversario. Defendió una visión del país basada en la convivencia democrática, la ampliación de derechos, la reconciliación nacional y el respeto por la diversidad política. En una época marcada por la radicalización del lenguaje público, esa actitud constituye un activo democrático y no una debilidad.

Es posible discutir decisiones tácticas, mensajes específicos o estrategias de campaña. Toda campaña es perfectible. Pero convertir esas discusiones legítimas en un juicio político contra quien encabezó el proyecto solo beneficia a quienes desean un progresismo dividido, enfrentado y debilitado.

El verdadero desafío consiste en comprender qué expresó la ciudadanía mediante su voto. Colombia continúa siendo un país profundamente polarizado, atravesado por visiones distintas sobre el papel del Estado, la economía, la seguridad, la justicia social y los derechos ciudadanos. Ningún sector puede pretender representar por sí solo la totalidad del país. Precisamente por eso resulta indispensable construir mayorías sociales más amplias, capaces de dialogar con sectores que todavía observan con desconfianza al progresismo.

Esa tarea exige generosidad política. Exige abandonar los círculos cerrados, escuchar con atención a quienes piensan distinto y ampliar las capacidades de interlocución con nuevos actores sociales, empresariales, académicos, culturales y territoriales. No se construyen mayorías mediante la exclusión de quienes ya hacen parte del proyecto, ni mucho menos mediante la descalificación pública de sus dirigentes.

La unidad nunca ha significado uniformidad. Todo proyecto democrático saludable convive con diferencias internas. Sin embargo, esas diferencias deben tramitarse mediante mecanismos de deliberación respetuosa, no mediante campañas de desprestigio o acusaciones simplistas que terminan debilitando la confianza colectiva.

Más que preguntarse quién perdió la elección, el progresismo debería preguntarse qué país logró construir durante estos años y cuáles son las bases sociales que hoy sostienen su proyecto histórico. Millones de colombianos continúan identificándose con una agenda que prioriza la defensa de la vida, la protección del medio ambiente, la inclusión social, la igualdad de oportunidades, la educación pública, la salud como derecho y la construcción de paz. Ese capital político no desaparece por un resultado electoral. Al contrario, constituye el punto de partida para una nueva etapa de acumulación democrática.

Las sociedades cambian lentamente. Las culturas políticas se transforman mediante procesos prolongados de organización, pedagogía y participación ciudadana. La impaciencia nunca ha sido una buena consejera en política.
Por eso resulta indispensable rechazar los falsos triunfalismos, pero también las narrativas derrotistas que presentan el resultado electoral como una catástrofe irreversible.

Ni unos ni otros ayudan a comprender el momento histórico. Lo que corresponde ahora es fortalecer la organización, ampliar las alianzas, renovar los liderazgos sin destruir los existentes y consolidar una propuesta nacional todavía más incluyente.

El progresismo colombiano no necesita tribunales internos para condenar a quienes dieron la batalla democrática. Necesita inteligencia colectiva para interpretar las lecciones de esta elección y convertirlas en oportunidades de crecimiento.

El futuro no se construye alimentando resentimientos ni buscando culpables. Se construye preservando la dignidad, fortaleciendo la unidad y manteniendo la coherencia ética incluso en los momentos más difíciles. Porque, al final, las victorias más profundas no siempre coinciden con los resultados inmediatos de las urnas. Algunas comienzan precisamente cuando una fuerza política es capaz de aprender sin destruirse, de corregir sin dividirse y de seguir caminando con la convicción de que la defensa de la vida, la esperanza, la inclusión y la reconciliación continúa siendo una causa que vale la pena sostener.

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

La revolución ética desde lo local

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

De lo que se trata es de la construcción, desde los municipios, de una revolución ética que no necesita pedir permiso porque ya está ocurriendo en los territorios donde la comunidad decide su destino con honestidad

Las pasadas elecciones presidenciales de Colombia, en las que se enfrentaron los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, además del pulso entre dos candidaturas diametralmente diferentes, fue la manifestación más evidente de la fractura que divide la sociedad colombiana.

Los resultados numéricos de cada una de las propuestas políticas enfrentadas sirven para evidenciar la existencia de dos grandes visiones de la realidad. Por un lado, una que entiende el bienestar social, la colaboración comunitaria y la justicia como ejes irrenunciables del desarrollo; por el otro, una cosmovisión que exalta el individualismo, la acumulación sin límites y se acomoda sin rubor en todos los gobiernos que han concentrado la riqueza en una minoría mientras siembran dificultades para las mayorías.

Al hacer un primer examen de los resultados finales alcanzados por las candidaturas en competencia es posible afirmar que, el estrecho margen que dio la victoria a la ultraderecha no puede leerse como una derrota definitiva;  debe interpretarse como la confirmación de que en Colombia coexisten dos países, en apariencia irreconciliables, que poderosas fuerzas (ahora ya no tan ocultas) se empeñan en preservar en estado de enfrentamiento, para mantener el estado de cosas anterior al arribo de la izquierda al poder. De igual manera, la cantidad de votos alcanzada por la candidatura de Cepeda y Quilcué, se presenta como la prueba de que el país de la solidaridad crece y está lejos de ser residual.

En este particular momento de la historia, en el que los poderosos han demostrado cómo, la manipulación mediática y la profunda infiltración de sus agentes políticos y judiciales en las instancias clave de decisión administrativa, judicial y electoral pueden lograr que grandes sectores de estratos medios y bajos de la sociedad se crean el relato de que ellos y ellas también hacen parte de una élite que impuso el “Todo Vale” y del “enemigo interno”, Colombia necesita más que nunca, una revolución ética, que tenga como  punto de partida a los municipios, en un escenario político que esté lejos de las peligrosas alianzas que desdibujan el alma del cambio y la justicia social.

Aung San Suu Kyi ya había señalado la anterior idea con una lucidez que sirve para describir el momento que vive Colombia, al afirmar que: “La auténtica revolución es la del espíritu, nacida del convencimiento de que es necesario cambiar las actitudes mentales y los valores que dan forma al progreso del desarrollo de una nación. [...] Se necesita la decisión unánime de perseverar en la lucha, de sacrificarse en nombre de las virtudes permanentes, de resistir las influencias corruptoras del deseo, la mala fe, la ignorancia y el miedo”.

Esta cita, que el filósofo Francesc Torralba usó para presentar su texto: La Revolución Ética, resulta precisa para señalar que, en las actuales sociedades, la única forma de evitar el abismo es plantear la ética como una brújula necesaria, demostrando, de paso, que el modelo que defiende De la Espriella no necesita cambiar actitudes mentales; se alimenta de las influencias corruptoras del deseo, la mala fe y el miedo. Sin embargo, frente a un gobierno de ultraderecha, absolutamente amoral, no basta la indignación, ya que, como Torralba lo advierte: la indignación, como respuesta natural a la injusticia, es estéril si no deviene compromiso. Y es precisamente ese salto (de la rabia a la construcción) lo que está en juego hoy en Colombia.

Frente a esta alternativa política – filosófica – vivencial, Iván Cepeda, en su lúcido planteamiento sobre la revolución ética en Colombia ha señalado que nuestra Constitución y los tratados internacionales consagran principios que son, al mismo tiempo, un logro de la resistencia colectiva y una deuda humillante. En tal sentido, Cepeda advierte que la vida debe defenderse ante toda violencia y que la equidad social es un derecho fundamental, toda vez que la desigualdad se ensaña con los mismos de siempre. De igual manera, Cepeda continúa indicando que una propuesta de gobierno ético debe tener como principios fundamentales: el hecho de que las mujeres deben ocupar espacios decisorios y que la naturaleza es nuestra casa común.

Resulta claro que estos principios han sido verdaderamente transformadores solo cuando activaron el poder constituyente de la sociedad, cuando miles de organizaciones, lideresas, defensores del ambiente y del trabajo digno los movilizaron con desobediencia civil y compromiso democrático. Esa movilización ha sido la semilla de la revolución ética que se necesita en Colombia: un cambio que no solo repudie la deshumanización, sino que reencuentre el sentido profundo de nuestra humanidad compartida.

La Colombia que votó por Cepeda representa un acumulado histórico de estos avances en la revolución ética que ya había hecho posible la gesta del gobierno de Gustavo Petro, a pesar de los hierros y desaciertos cometidos en este primer intento de Cambio. Para avanzar sobre lo avanzado se requiere una estrategia distinta: dejar de mirar exclusivamente el escenario nacional como campo de batalla inmediato y sembrar la revolución ética en el territorio más concreto, el municipio, de modo que, las elecciones locales sean la oportunidad de pasar de la resistencia a la construcción de pequeñas comunidades morales que, como señala Torralba, actúan como “reducto y salvaguarda de la ética en medio de los tiempos más convulsos”.

Desde esta perspectiva, la mejor manera de generalizar la ética en la sociedad colombiana es multiplicar los ejemplos locales de gobierno eficiente, pero, sobre todo decente, de administración comunitaria de lo público, de ciudadanía activa que haga retroceder la corrupción.

Esta revolución ética que se propone para los municipios debe partir de una premisa que es también una renuncia: la izquierda debe abandonar la lógica de las alianzas con los sectores tradicionales, puesto que estas alianzas no solo han sido electoralmente calculadas, sino que han resultado éticamente suicidas. Las ciudadanías decentes han aprendido a distinguir entre la ética discursiva de cara a las elecciones y la ética coherente con todos los detalles, la que habla de derechos y deberes. Así, Una izquierda que pacta con maquinarias corruptas para ganar alcaldías o gobernaciones está cavando su propia tumba moral.

Lo que se necesita no es un simple recambio de caras en el poder local, sino una transformación de la cultura política que, como dice Torralba, requiere un cambio de paradigma. Eso implica que los movimientos alternativos presenten candidaturas propias, orgánicamente vinculadas a las luchas del territorio, con programas de gobierno que hagan de la transparencia, la participación y la rendición de cuentas el centro de la vida ciudadana.

Esa autonomía no es fundamentalismo, es fidelidad al principio más elemental de la revolución ética: el poder solo se transforma si se ejerce con virtudes permanentes, como un primer paso para construir una red de municipios en donde el poder del ciudadano, además de exigir transparencia, sea capaz de castigar la corrupción con su decisión diaria. Esos municipios no esperarían el permiso de Bogotá para construir paz territorial: serían comunidades morales que demuestran, en la práctica, que otra Colombia es posible.

Pero para que esto suceda, debemos superar el derrotismo que ve en el ascenso de la ultraderecha una fatalidad. Los avances alcanzados bajo el gobierno del Pacto Histórico han hecho emerger valores que estaban ocultos como la solidaridad intrafamiliar, comunitaria, gremial, de género. Esa solidaridad, que no es mera resistencia, es el material del que está hecha la revolución ética. En este orden de ideas, no se parte de cero, se continúa con el acumulado histórico del movimiento social que hizo posible el actual gobierno progresista. No se trata de inventar la rueda, sino de articular lo disperso, de dotarlo de un relato común y de una voluntad inclaudicable de no repetir los errores del pasado.

La auténtica revolución, recordaba Suu Kyi, requiere una decisión unánime de perseverar. La decisión está tomada, pero debe ser comunicada con claridad: no se va a construir una Colombia gobernada por la ultraderecha del individualismo depredador, pero tampoco se va a entregar la dignidad de las fuerzas realmente progresista a las alianzas que negocian principios por migajas de poder. De lo que se trata es de la construcción, desde los municipios, de una revolución ética que no necesita pedir permiso porque ya está ocurriendo en los territorios donde la comunidad decide su destino con honestidad, donde la juventud rechaza la corrupción como forma de vida y donde las víctimas son restituidas en su verdad.

La democracia frente al espejo *

 

Por: Jhon Jaiver Flórez G.

Este 21 de junio, cuando el ruido se apague, aparecerá Colombia. No la del carnaval, de los transformistas Therian; sino la real: la del agua, la tierra, los jóvenes sin oportunidad y las víctimas sin justicia. Esa Colombia silenciosa y decente será la que decida 

Las dos vueltas de la elección presidencial en Colombia se disputan en universos distintos. Son, en esencia, dos países que votan movidos por emociones diferentes, motivaciones opuestas y concepciones morales que apenas llegan a encontrarse. Comprender esta diferencia no es un detalle técnico ni una curiosidad electoral: es la clave para entender lo que verdaderamente está en juego el 21 de junio. Porque hay momentos en la vida democrática de una nación en los que la segunda vuelta deja de ser una simple etapa del calendario electoral y se convierte en el escenario donde se define el rumbo histórico del país.

La primera vuelta es un carnaval a la colombiana: exuberante, caótico y profundamente revelador. Desfilan candidatos de todos los colores, carrozas cargadas de promesas y comparsas repletas de consignas. En medio del ruido suelen emerger propuestas serias, ideas capaces de dialogar con los problemas reales del país. En esta ocasión, las más elaboradas provinieron de la izquierda y del centro: programas con diagnóstico, con vocación de futuro. Del otro lado —donde la extrema derecha insiste en conversar con los fantasmas del pasado— el desgaste pareció haber agotado incluso la capacidad de imaginar algo nuevo. No llegaron con ideas; llegaron con reflejos. Y con los reflejos, como advertía Erich Fromm, rara vez se construye algo distinto al miedo.

Paloma Valencia gritaba con fervor casi religioso: «¡Uribe es mi papá!», como si la filiación política hubiera ascendido a la categoría de sacramento y el uribismo fuera una iglesia secular cuyo dogma consiste en añorar un pasado donde el orden justifica abastardar la democracia. En otro extremo surgió el candidato del «balín», que condensó en una sola palabra toda su concepción del Estado. Incluso él experimentó un destello de lucidez cuando afirmó que «Abelardo es una persona demasiado oculta y oscura». Pocas veces una crítica resulta tan demoledora precisamente porque proviene de quienes mejor conocen los corredores y los silencios de la misma casa.

Lejos de los límites del decoro —allá donde la prudencia fue despedida y la vergüenza abandonó su puesto sin dejar reemplazo— se levantaba el gran pabellón ambulante, el circo de Abelardo De la Espriella. Ni siquiera pareció una candidatura: fue una atracción de feria. Un maniquí de político ensamblado con piezas incompatibles: un extremista que promete destripar la oposición, un predicador apocalíptico, un gladiador de utilería y un vendedor de soluciones instantáneas. Como si la política hubiera sido absorbida por un programa de entretenimiento producido por los algoritmos de la indignación.

Cada aparición pública pareció diseñada por un comité integrado por la ira y las métricas de interacción en redes. Nada se orientó a convencer; todo apuntó a impactar. No ofreció argumentos: disparó proyectiles verbales. No construyó propuestas: fabricó enemigos. Simplificó la realidad hasta convertirla en una historieta donde todos los problemas nacionales se resuelven mediante castigos ejemplares y demostraciones de fuerza reaccionaria. Sus discursos fueron subastas de estridencias donde siempre ganó la exageración. La política dejó de ser deliberación para convertirse en una disciplina de alto riesgo emocional.

Pero el verdadero problema nunca ha sido el personaje. La historia está llena de fanfarrones, caudillos de opereta y profetas del resentimiento. Lo verdaderamente inquietante es la multitud que los sigue. Ningún charlatán de feria se fabrica solo: necesita una sociedad seducida por respuestas simples, dispuesta a confundir la grosería con autenticidad y el grito con la verdad. Por eso la pregunta decisiva no es quién es Abelardo De la Espriella. Es qué devela sobre nosotros el hecho de que un vulgar mata gatos haya llegado tan lejos.

Pero detrás del espectáculo, el carnaval ocultaba algo más grave. Algo que Colombia ya ha visto antes, y que pagó con sangre y con décadas de violencia.

A pocos días de la segunda vuelta, Iván Cepeda anunció que presentó ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Penal Internacional una denuncia penal contra De la Espriella por tres delitos asociados con crímenes de lesa humanidad: concierto para delinquir, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito, en el marco de presuntos vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia. La denuncia señala que la Fundación Iniciativas para la Paz —FIPAS—, dirigida por De la Espriella, habría sido simultáneamente financiada por las AUC y financiadora de las mismas. Salvatore Mancuso declaró ante la Jurisdicción Especial para la Paz sobre esa relación. El propio De la Espriella, lejos de desmentir el vínculo, ha expresado públicamente su admiración por Mancuso, afirmando que el jefe paramilitar emprendió "una lucha que muchos cordobeses tenían que haber hecho." La denuncia vincula además a De la Espriella con los alias Ernesto Báez, Juancho Dique, Comandante Barbie y El Tuso Sierra.

El patrón no es nuevo. En los años ochenta, los narcotraficantes autodenominados Los Extraditables creyeron que la política podía ser un escudo. Pablo Escobar llegó al Congreso; Carlos Lehder fundó un movimiento político. Calcularon que la legitimidad institucional los blindaría de la justicia. Se equivocaron: al buscar tribunas, se expusieron al escrutinio que sus crímenes no resistían, polarizaron a la sociedad y aceleraron su propia destrucción. La lección es precisa: el crimen organizado que aspira al poder político no fortalece su posición, la fragiliza. Porque el poder democrático requiere transparencia, rendición de cuentas y soportar el escrutinio de la prensa y la ciudadanía. La política, cuando funciona, es el peor refugio para quienes tienen un inframundo que ocultar. La campaña de Abelardo no ha podido refutar los señalamientos con evidencia, solo con la fórmula habitual: el grito, la descalificación y la invocación de persecución política. El mismo argumento que utilizaron Los Extraditables cuando la justicia comenzó a cercarlos.

El 31 de mayo, Cepeda y De la Espriella pasaron a segunda vuelta. Colombia se encontró, una vez más, ante una encrucijada que no admite indiferencia. El triunfo de Abelardo demostró que su estrategia fue eficaz: el outsider furioso, el hombre que promete romperlo todo. Pero aquella misma noche el éxito comenzó a convertirse en su propio verdugo. La embriaguez del triunfo emergió sin filtros en la diatriba pronunciada sobre el río Magdalena: una sucesión de insultos y amenazas que no fue un discurso sino una radiografía de su carácter violento. Incluso muchos de sus simpatizantes sintieron vergüenza ajena. Porque De la Espriella encarna un fenómeno bien conocido en la sociología electoral: el candidato del voto vergonzante, aquel que se apoya en privado, pero pocos exhiben con orgullo en público.

Aquí aparece la lección más importante de toda elección de dos vueltas. En la primera, los ciudadanos votan por: por una esperanza, una propuesta, una visión de futuro. En la segunda, votan contra. Contra aquello que consideran una amenaza. Contra aquello que juzgan incompatible con el país que desean construir. Es una transformación política, filosófica y emocional: el elector deja de preguntarse quién lo representa mejor y comienza a preguntarse qué escenario considera más peligroso para la sociedad. Por eso las segundas vueltas suelen ser menos románticas y más racionales. Hannah Arendt advirtió que las amenazas para las democracias no siempre llegan con apariencia monstruosa; a veces se presentan como fenómenos perfectamente ordinarios. Su peligro radica precisamente en la normalización.

En estos días previos al 21 de junio continuarán las investigaciones, las denuncias, los prontuarios y los debates. El carnaval intentará prolongarse. Pero llegará el momento en que el ruido se apague. Y entonces aparecerá Colombia.

La Colombia real: la de los páramos que abastecen de agua a millones, la de las selvas que regulan el clima, la de los campesinos que producen alimentos, la de los jóvenes que buscan oportunidades, la de las víctimas que aún esperan justicia, la de las generaciones futuras que heredarán las consecuencias de lo que se decida ahora.

El problema de fondo nunca ha sido una candidatura: es una cultura política. Vivimos una época en que demasiadas sociedades confunden el espectáculo con el liderazgo, la provocación con el carácter y la capacidad de viralizar emociones con la capacidad de gobernar. Colombia no es ajena a esa enfermedad global. Por eso el 21 de junio trasciende a dos candidatos: ese día cada ciudadano responderá una pregunta más profunda que cualquier consigna de campaña. Las naciones no se definen solo por quienes las gobiernan, sino también por aquello que sus ciudadanos están dispuestos a admitir, tolerar o rechazar.

El carnaval termina. Las carrozas desaparecen. Las comparsas se silencian. Los vendedores de milagros desmontan sus tarimas. Los prestidigitadores del miedo recogen sus artefactos. Y entonces queda lo único que importa: Colombia. Frente a ella no estará Abelardo, ni Cepeda, ni los partidos, ni los estrategas. Estará cada ciudadano frente a su conciencia.

Porque las democracias no mueren cuando aparecen los demagogos —los demagogos han existido siempre—. Las democracias comienzan a morir cuando una sociedad deja de identificarlos. Y esta es mucho más que una elección presidencial: es la verdadera prueba que Colombia deberá superar.

* La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

¿Qué mundo queremos construir? Francisco, León XIV y la elección que enfrenta Colombia

 

Por: Jhon Jaiver Flórez G.

 La elección presidencial en Colombia enfrenta dos concepciones del ser humano y dos maneras distintas de comprender el futuro y la responsabilidad final no recaerá sobre los candidatos, sino sobre quienes tengan en sus manos la decisión de elegir entre ellos.

Hay preguntas que trascienden las instituciones desde las cuales son formuladas. Una de ellas es, quizás, la más decisiva para cualquier época: ¿Qué mundo estamos construyendo y para quién? La han planteado filósofos, poetas, teólogos y revolucionarios. También los papas. Francisco la formuló desde la crisis ecológica, la desigualdad social y la necesidad de una fraternidad universal capaz de superar la lógica de la exclusión. León XIV la ha reformulado en clave tecnológica: ¿Qué ocurre con la dignidad humana cuando el poder se concentra en algoritmos sin conciencia y en corporaciones capaces de influir sobre millones de vidas sin control democrático efectivo?

Son dos pontificados distintos, pero una misma preocupación atraviesa ambos: la defensa de la persona humana frente a estructuras de poder que tienden a subordinar la vida, la dignidad y el bien común a intereses económicos, políticos o tecnológicos. Desde esa perspectiva surge una pregunta inevitable para Colombia en vísperas de una elección presidencial decisiva: ¿Cuál de los dos proyectos políticos que disputan el poder, el de Iván Cepeda o el de Abelardo De la Espriella, guarda una mayor correspondencia con los principios expuestos por Francisco y León XIV?

La respuesta no exige complejas interpretaciones teológicas. Basta examinar los programas de gobierno y, sobre todo, las trayectorias de quienes los encarnan. En política, los programas expresan propósitos; las conductas revelan convicciones.

Durante su pontificado, Francisco construyó un cuerpo doctrinal de notable coherencia ética y social. Laudato si' (2015) introdujo el concepto de ecología integral, una visión según la cual la crisis ambiental y la crisis social son inseparables. La degradación de la naturaleza afecta primero a los más pobres, y por ello la defensa del medio ambiente constituye también una defensa de la justicia. La encíclica cuestiona abiertamente los modelos de desarrollo sustentados en la explotación ilimitada de los recursos naturales y en la subordinación de la vida a la rentabilidad económica.

Cinco años más tarde, Fratelli tutti amplió esa reflexión hacia el ámbito político. Francisco defendió la fraternidad universal y la amistad social como fundamentos de una convivencia verdaderamente humana. Criticó el nacionalismo excluyente, el individualismo extremo y la construcción sistemática de enemigos como estrategia política. Su referencia central, la parábola del buen samaritano, recuerda que la dignidad humana no depende de fronteras, ideologías o identidades colectivas, sino de la condición compartida de ser personas.

León XIV ha retomado esa tradición desde los desafíos del siglo XXI. En Magnifica Humanitas, publicada en 2026, advierte que la humanidad enfrenta una transformación comparable a la que provocó la Revolución Industrial. Sin rechazar la tecnología, sostiene que esta debe permanecer subordinada a criterios éticos claros. La inteligencia artificial, afirma, puede convertirse en una herramienta extraordinaria para el progreso humano o en un mecanismo de dominación capaz de concentrar poder, debilitar derechos y reducir a las personas a simples datos procesables.

La pregunta fundamental del nuevo pontífice es sencilla y profunda: ¿sirve el desarrollo tecnológico al florecimiento humano o contribuye a su degradación? En realidad, se trata de la misma pregunta que Francisco formuló respecto del medio ambiente, la economía y la política. En ambos casos, el criterio es idéntico: la persona debe estar por encima del poder.

Visto desde esta perspectiva, el programa de Iván Cepeda presenta múltiples puntos de convergencia con las preocupaciones centrales de ambos pontificados. Su propuesta política se estructura alrededor de la lucha contra la desigualdad, la ampliación de derechos sociales, la transición energética, la construcción de paz y el fortalecimiento de la participación ciudadana.

En materia ambiental, plantea la protección de los ecosistemas estratégicos, el fortalecimiento de la gestión pública del agua y una transición progresiva hacia fuentes energéticas sostenibles. Además, rechaza el fracking como mecanismo de explotación energética. Estas propuestas guardan una relación directa con los postulados de Laudato si', particularmente con la idea de que la naturaleza constituye una casa común cuya preservación es inseparable de la justicia social.

Su propuesta de paz también encuentra coincidencias evidentes con el pensamiento de Francisco. Cepeda defiende una concepción de seguridad humana orientada a intervenir las causas estructurales de la violencia: pobreza, exclusión, concentración de la tierra y ausencia de oportunidades. Se trata de una visión que privilegia la reconciliación y la transformación de los conflictos antes que su tratamiento exclusivamente militar. Fratelli tutti sostiene precisamente que la paz duradera no puede construirse mediante la acumulación de fuerza, sino mediante la creación de condiciones de justicia que hagan innecesaria la violencia.

A ello se suma una trayectoria pública vinculada a la defensa de los derechos humanos, la memoria histórica y el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado. Más allá de las diferencias que puedan existir respecto de algunos aspectos de su propuesta, resulta difícil negar que existe una correspondencia significativa entre esos principios y la preocupación de ambos papas por la dignidad humana, la inclusión social y la protección de los sectores más vulnerables.

El contraste con el programa de Abelardo De la Espriella resulta igualmente revelador. Su propuesta política se construye alrededor de la seguridad, el fortalecimiento de la autoridad estatal, la reducción del Estado y la liberalización económica. Sin embargo, varias de sus principales iniciativas entran en tensión con los principios desarrollados por Francisco y León XIV.

La más evidente es la defensa del fracking como eje de la política energética. Mientras Laudato si' llama a replantear los modelos extractivos que comprometen el equilibrio ecológico, la propuesta de expandir este tipo de explotación supone profundizar una lógica basada en la extracción intensiva de recursos naturales. La diferencia no es menor: expresa dos formas radicalmente distintas de comprender la relación entre economía, territorio y vida.

En materia de seguridad, la propuesta denominada Pax Romana privilegia el control coercitivo, la expansión del aparato penitenciario y la eliminación de cualquier posibilidad de negociación con actores armados. Aunque toda sociedad tiene derecho a exigir seguridad y protección frente al crimen, el enfoque contrasta con la visión desarrollada por Francisco y reafirmada por León XIV, según la cual la paz auténtica requiere intervenir las causas profundas de la violencia y no únicamente sus manifestaciones.

La distancia también se observa en el ámbito económico. El programa propone una reducción sustancial del Estado, la eliminación de varios ministerios, entidades públicas y una amplia flexibilización regulatoria. El problema no reside únicamente en la discusión técnica sobre la eficiencia estatal, sino en una cuestión ética más profunda: ¿Qué ocurre con quienes dependen de la educación pública, de los sistemas de salud, de los programas de protección social y de las políticas redistributivas? Tanto Francisco como León XIV han insistido en que el mercado, por sí solo, no garantiza la protección de la dignidad humana ni la inclusión de quienes quedan al margen de los procesos económicos.

La diferencia fundamental entre ambos proyectos no radica únicamente en sus medidas concretas. Reside en la idea de ser humano que subyace a cada uno de ellos. Mientras uno enfatiza la solidaridad, la protección de los bienes comunes, la inclusión social y la construcción colectiva de soluciones, el otro privilegia el autoritarismo, la competencia económica y la confianza en mecanismos de mercado para resolver problemas complejos.

La elección, por tanto, trasciende las simpatías partidistas. Lo que está en juego es una determinada concepción del desarrollo, de la democracia y de la dignidad humana. Francisco y León XIV no escribieron sus encíclicas para intervenir en elecciones nacionales ni para respaldar candidatos específicos. Su preocupación es más profunda: advertir sobre los riesgos de una civilización que termina subordinando las personas al dinero, al poder o a la tecnología.

Al concluir Magnifica Humanitas, León XIV recurrió a una imagen que sintetiza el dilema de nuestro tiempo: la humanidad puede elegir entre construir una nueva Torre de Babel, fundada en la concentración del poder y la autosuficiencia tecnológica, o edificar una sociedad donde el progreso esté al servicio de las personas.

La pregunta es esencialmente la misma que Francisco formuló en Fratelli tutti: ¿Qué mundo queremos dejar a quienes vienen después?

El 21 de junio se responderá esa pregunta no mediante tratados filosóficos ni debates teológicos, sino con millones de votos. Cada ciudadano decidirá qué valores considera prioritarios, qué modelo de sociedad desea fortalecer y qué entiende por desarrollo, justicia y dignidad.

En ese sentido, la elección no enfrenta únicamente a dos candidatos. Enfrenta dos concepciones del ser humano y dos maneras distintas de comprender el futuro. Y, como suele ocurrir en los momentos decisivos de la historia, la responsabilidad final no recaerá sobre los candidatos, sino sobre quienes tengan en sus manos la decisión de elegir entre ellos.

La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

 

 

¡La ignorancia vota!

En la imagen: Germán Navas Talero / Jurisconsulto - excongresista colombiano

Por: Germán Navas Talero

Editor: Francisco Cristancho R.

 Da tristeza que este país haya votado en la forma en que lo hizo 

Cuando uno mira los resultados electorales de este domingo y ve que el pueblo colombiano vota porque sí, porque le ofrecen algo, porque le dan plata, o porque le dan tejas, y nadie vota por ideales, se llena de tristeza.

Y vimos por noticieros la cantidad de gente a la que han capturado entregando plata; gente que llevaba tranquilamente100, 200, y hasta 300 millones en el bolsillo, ¿qué piensa uno? Cuando uno mira que hay un candidato que representa a los ricos y otro candidato que representa al pueblo, y la gente -ese pueblo- vota por el que representa a los ricos, piensa muchas cosas sobre el origen y el destino de esos dineros.

Es triste, muy triste, de verdad. Colombia da tristeza. Cuando uno ve que, existiendo gente de las calidades del doctor Iván Cepeda, y la gente prefiere votar por ese pelagatos o matagatos, lo único que queda es una profunda vergüenza. ¡Es que tenían más opciones! Pero votar por la persona de quien se ha dicho todo lo que se ha dicho -sin que sean calumnias-, demostrando lo que ha hecho, a la gente a quien defendió, a la gente a quien le tumbó sus dólares, a la gente a quien engañó so pretexto de ser abogado, eso no tienen justificación alguna.

En un país medio decente no ocurre esto. Claro que nosotros hoy nos estamos pareciendo mucho a los Estados Unidos. Donald Trump tiene 34 condenas encima por picardías y delitos, y por él votaron muchos gringos. Aquí les muestran todo lo que ha hecho el tal De La Espriella, como precisamente lo ha denunciado el periodista Gonzalo Guillén, a propósito de los negocios que ha llevado a este individuo, pero eso parece que los tiene sin cuidado. Para esa gente vale más el concepto de cualquier chiflamicas que el de una persona íntegra y seria, como Guillén, o como el del mismo Daniel Coronell, quien ha probado y publicado los oscuros nexos del matagatos con el también delincuente Alex Saab.

Entonces, cuando uno mira el resultado electoral y luego los informes de las capturas de la gente que lleva millones y millones en efectivo, se pregunta: ¿será que los van a llevar como propinas por comprar paletas? ¿serán que son para entrar al cine? Es que ve uno, por noticias, a un tipo en una moto con 300 millones en un maletín, ¿será que los lleva para comprar pan de yucas? No nos crean pendejos, ¡todo eso es para comprar votos!

Y ahí en televisión nos mostraron a muchas personas que estaban recibiendo dinerito. Ahí las mostraron. Pero este es el país que nos tocó. ¿Hasta cuándo tendremos que soportar un país sin principios? Un país donde la gente no le gusta nada más que el dinero, porque no le gusta nada más. Y, a parte de eso, el dinero fácil, que es peor. Eso es el colmo. En cualquier país decente no se vota por un sujeto con todos los antecedentes que la gente conoce del señor De La Espriella. Habría que ver cuántos miles de millones se repartieron este domingo entre los electores para obtener esos millones de votos que tuvo el pelagatos.

Colombianos, a uno comienza a darle tristeza este país. Este país no quiere mejorar. Este país quiere de lo mismo que le han dado durante 200 años, los mismos que han manejado el país a base de trapisondas, lo seguirán manejando, mientras los colombianos sigan votando por gentes como ese pelagatos.

Ahora, esperemos a ver qué más dice la gente esta semana. Qué opinarán de esto. Qué propuestas habrá. Lo que sí es cierto es que habrá una segunda vuelta y, lógicamente, personas como yo, votaremos por Iván Cepeda. Porque creemos en Iván Cepeda. Porque sabemos qué clase de persona es él. Sabemos que es un hombre honrado, que ha sido víctima de la violencia. A su padre lo asesinaron las extremas derechas, muy seguramente algunos de esas mismas derechas que el domingo pasado votaron por el tal De La Espriella; porque a Manuel Cepeda lo asesinaron simplemente por pensar, por pensar diferente a los mafiosos que han manejado por décadas este platanal.

Pero eso es lo que parece que le gusta a este país. Les gusta la gente de gatillo fácil; gente de chanchullos, de peculados. ¡Eso es lo que les gusta! No entiendo cómo una persona de antecedentes limpios, como el doctor Iván Cepeda, deba disputarse algo con un tipejo tan bajo como el tal Abelardo. Conozco al doctor Iván Cepeda, conocí a su señor padre y a su señora madre. Sé de la clase de familia decente de la cual proviene. Sé cómo fue víctima de la violencia, cómo ha sido perseguido y cómo ha sido maltratado.

Este es el momento para darle la posibilidad a Iván de que nos demuestre qué es lo que sabe hacer. Él sabe de economía, sabe filosofía. ¡Es un hombre de paz! Pero parece que a los colombianos no les gustan la paz. Eso lo vivimos hace un tiempo, cuando pusieron a este país a votar o por la paz o por más guerra, e inexplicablemente y contra todos los pronósticos, ganó la guerra.

Los que están votando por el señor De La Espriella están votando por la guerra, por la trampa, por los chanchullos, por la mafia, por la corrupción, y por todo lo negativo que hoy nos ofrece este caballerito, este matagatos, este dandi de pueblo venido a más.

Un tipo que se jacta de haber hecho ‘despegar’ gaticos con voladores atados a sus patitas no es nada más que un criminal; un sádico; un matón. Y 10 millones de colombianos votaron por eso. Votaron por alguien que se entretiene maltratando, matando, violando derechos. Eso es por lo que votaron.

Coletilla por Deisdre Constanza. Resulta difícil comprender la contradicción de un país como Colombia, donde millones de personas que viven las consecuencias de la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades terminan respaldando un proyecto político favoreciendo a las élites económicas. Llama la atención que quienes más necesitan educación, empleo digno, salud y protección social voten por propuestas que poco responden a esas necesidades. Y si ese el proyecto de La Espriella llega al poder, también está en juego la riqueza natural de Colombia. Nuestra biodiversidad, una de las más grandes del planeta, podría quedar sometida a intereses económicos que privilegian la explotación sobre la conservación. Los pobres perderían oportunidades, y el país arriesgaría un patrimonio natural que pertenece a las generaciones presentes y futuras. La coherencia también es una forma de votar. Porque cuando se vota contra los propios intereses, no solo se compromete el bienestar de quienes menos tienen. Se compromete también el futuro de una nación. Que cada uno vote en libertad, pero también con memoria y conciencia.

Adenda del editor: Mucha gente ha criticado la posición de Gustavo Petro por atreverse a denunciar las oscuridades y vacíos del mecanismo electoral del país. En las anteriores elecciones al Congreso, se advirtió que el preconteo no era del todo confiable, y fue hasta la conclusión del proceso que se logró develar un sinnúmero de irregularidades que, al ser descubiertas, otorgaron más curules a quienes misteriosamente se las habían ‘bajado’. El domingo, una vez más, Petro cuestionó el sistema, y advirtió irregularidades con más de 800.000 registros. Amanecerá y veremos. La verdad, es que no es mucha la confianza que se le puede brindar al elector cuando los vigilantes del proceso electoral son la Procuraduría y la Registraduría. Eso lo único que produce son carcajadas.

La aritmética de la esperanza *

 

Por: Jhon Jaiver Flórez G.

Por qué Iván Cepeda tiene las mejores posibilidades de ganar la segunda vuelta

Colombia votó el 31 de mayo. Y los números que dejó esa jornada no son simple estadística electoral. Son el retrato más preciso y descarnado de un país dividido, de dos proyectos de nación que se miran a los ojos y que el 21 de junio deberán dirimir, en las urnas, cuál de los dos tendrá el derecho de gobernar durante los próximos cuatro años.

Veamos primero la fotografía completa. De los más de 41 millones de colombianos habilitados para votar, 23.976.235 acudieron a las urnas, una participación del 57,88%: la más alta desde que existe la figura de la primera vuelta presidencial. Ese dato, por sí solo, merece una pausa. Colombia, históricamente resignada y apática, acudió a votar de manera masiva. Algo estaba en juego y millones de ciudadanos lo percibieron.

La aritmética como punto de partida

Abelardo de la Espriella obtuvo 10.361.413 votos (43,74%). Iván Cepeda alcanzó 9.688.245 (40,90%). La diferencia entre ambos fue de 673.168 votos, una cifra que parece amplia hasta que se pone en perspectiva frente al caudal electoral que permanece disponible para la segunda vuelta.

Paloma Valencia obtuvo 1.639.668 votos. Sergio Fajardo, 1.009.045. Los votos en blanco sumaron 406.830 y los no marcados, 47.586. El resto de candidatos —Claudia López, Raúl Botero, Óscar Lizcano y otros— acumuló aproximadamente 800.000 sufragios adicionales.

La suma de ese universo disponible supera los 3,9 millones de votos. Es decir, hay casi seis veces la diferencia registrada en la primera vuelta flotando en el espacio político y esperando definir su destino el próximo 21 de junio.

La pregunta decisiva no es cuántos votos hay disponibles. La pregunta es hacia dónde fluirán. Y para responderla hay que abandonar la aritmética y entrar en la sociología, la psicología política y la lógica más profunda del momento histórico que vive Colombia.

El techo de la ultraderecha y el piso del centro

Comencemos por lo que los datos permiten inferir con mayor claridad. Paloma Valencia, una de las candidaturas del uribismo, obtuvo el 6,92 % de la votación. Para el partido fundado por Uribe, se trata de un resultado claramente decepcionante.

La conclusión que surge es políticamente reveladora: el electorado tradicional del Centro Democrático no respaldó a Paloma Valencia y terminó apoyando a De la Espriella, la otra candidatura del uribismo. Lo que evidencia que la mayoría uribista se concentró desde la primera vuelta en la opción que percibía como más competitiva dentro de ese sector.

Esto significa que De la Espriella ya habría capturado, en primera vuelta, el electorado uribista, además de sectores del tradicionalismo político de las regiones y sus maquinarias corruptas. Su votación de 10,3 millones podría representar una base cercana a su potencial máximo de crecimiento. Para ampliarla necesitaría atraer votantes del centro. Y es precisamente allí donde aparecen sus mayores dificultades.

En este punto entra en juego lo que la ciencia política denomina identidad negativa: la capacidad de un candidato para cohesionar a sus adversarios no por sus propias virtudes, sino por el rechazo que genera. De la Espriella ha construido su campaña sobre la estridencia, el lenguaje soez de su retórica que moviliza a su base, pero que también genera resistencia irreconciliable en sectores moderados.

El centro se mueve hacia Cepeda

Las señales provenientes del centro político son significativas. Claudia López ha declarado que no apoyará a De la Espriella. Sergio Fajardo ha manifestado su disposición a participar activamente en la definición de la segunda vuelta, lo que, en el lenguaje político colombiano, indica que buscará influir en la orientación de sus votantes. Roy Barreras y Daniel Oviedo han emitido mensajes que apuntan en una dirección similar.

Oviedo, aunque proviene de sectores vinculados al Centro Democrático, ha sostenido posiciones de centro y libertades individuales que lo acercan más a posturas moderadas que a los sectores más conservadores representados por De la Espriella.

El millón de votos obtenido por Fajardo corresponde, en gran medida, a un electorado urbano, educado, que valora la institucionalidad, rechaza la corrupción y suele desconfiar tanto de los autoritarismos de derecha como de los populismos de cualquier signo. Ese segmento electoral es proclive a encontrar razones éticas y pragmáticas para inclinarse hacia la candidatura del Pacto Histórico.

Por su parte, los 406.830 votos en blanco no representan una simple indiferencia. Constituyen una expresión política de inconformidad frente a las opciones disponibles. Sin embargo, en una segunda vuelta la pregunta cambia: ya no es "¿cuál me convence?", sino "¿cuál me genera menos rechazo?" o, más profundamente, "¿cuál representa un menor riesgo para el país que considero deseable?". Desde esa lógica, una parte de ese electorado podría reconsiderar su posición.

De la Espriella promete: un programa de demolición

La mejor campaña que podría hacer Iván Cepeda en estas próximas tres semanas es, paradójicamente, permitir que De la Espriella exponga con claridad sus propuestas. Porque lo que el candidato de “Defensores de la Patria” ha anunciado como programa de gobierno constituye, en términos de impacto social, una de las plataformas más regresivas presentadas en la historia reciente del país.

Anuncia “setenta” decretos para el primer día de gobierno. El número ya constituye una demostración de concentración del poder. Su contenido resulta aún más polémico.

Entre las propuestas anunciadas figuran la eliminación de los procesos de paz y de la JEP; la derogatoria de medidas asociadas al salario vital; la reversión de incrementos salariales otorgados durante el actual gobierno; la revisión de los avances alcanzados en materia de reforma agraria; y la eliminación de programas de apoyo pensional para adultos mayores…

Cada una de esas iniciativas tendría efectos concretos sobre millones de ciudadanos. Sus defensores las consideran correcciones necesarias; sus detractores las interpretan como retrocesos en materia de derechos sociales. En cualquier caso, se trata de medidas que tendrían profundas consecuencias económicas, jurídicas y sociales.

La psicología del votante y la lógica del cambio de conciencia

Marx formuló una tesis que buena parte de la sociología contemporánea ha estudiado extensamente: no es la conciencia la que determina el ser social, sino el ser social el que condiciona la conciencia.

Traducido al lenguaje electoral, esto significa que cuando las condiciones materiales de vida cambian, también cambian las percepciones políticas de las personas.

Durante cuatro años de gobierno progresista, millones de colombianos experimentaron transformaciones concretas. Campesinos que recibieron títulos de propiedad. Adultos mayores que comenzaron a recibir apoyos económicos. Jóvenes que accedieron a la educación superior pública. Familias rurales que vieron llegar servicios que antes no existían. Comunidades que percibieron reducciones en los niveles de violencia.

Esas experiencias no son simples discursos. Son hechos que se incorporan a la memoria de las personas. Y la posibilidad de perderlas activa un fenómeno ampliamente estudiado por la psicología social: la aversión a la pérdida. Los seres humanos suelen reaccionar con mayor intensidad ante la posibilidad de perder un beneficio existente que ante la expectativa de obtener uno nuevo.

Lo que Cepeda debe hacer en estas tres semanas

La ventaja estructural que algunos analistas identifican en el universo de votos disponibles no se convierte automáticamente en victoria. La política no funciona como la física. Los votos no se desplazan por gravedad hacia donde indican los cálculos. Deben ser convocados, persuadidos y movilizados.

La campaña del Pacto Histórico enfrenta tres tareas fundamentales. La primera: comunicar con claridad los resultados concretos obtenidos durante el gobierno del Cambio, traducidos en experiencias reales y comprensibles para la ciudadanía. La segunda: explicar con precisión cuáles serían las consecuencias de las propuestas planteadas por su adversario. Y la tercera: tender puentes hacia los votantes de Fajardo, Claudia, el voto en blanco y el abstencionista, reconociendo sus preocupaciones legítimas sin renunciar a la narrativa del cambio.

Claudia López ha pedido correcciones a la campaña de Cepeda. Interpretado desde una perspectiva estratégica, ese mensaje puede verse más como una oportunidad de diálogo que como una amenaza política. La inteligencia política consiste en escuchar esas señales y responder con hechos.

El espejo de la historia y la razón del bien colectivo

Colombia tiene una larga tradición de frustraciones históricas. Gaitán fue asesinado antes de llegar al poder. La Unión Patriótica fue exterminada. El proceso de paz del Caguán terminó fracasando. En 2016, el plebiscito sobre los acuerdos de paz fue derrotado en medio de una intensa controversia pública sobre la información difundida durante la campaña.

Pero la historia también muestra otro patrón: cuando amplios sectores de la ciudadanía han logrado mirar críticamente su realidad y actuar desde la reflexión más que desde el miedo, el país ha abierto nuevos caminos políticos.

En 2022 ocurrió uno de esos momentos. El 21 de junio será una nueva prueba sobre la dirección que los ciudadanos desean para el país.

La candidatura de Iván Cepeda, como cualquier otra, no está exenta de críticas, limitaciones o contradicciones. Sin embargo, para sus partidarios representa la continuidad de un proyecto que comenzó a intervenir algunas de las causas estructurales de la desigualdad colombiana. Representa la posibilidad de consolidar reformas ya iniciadas y de profundizar transformaciones sociales que consideran necesarias.

La aritmética, la sociología y la psicología política ofrecen argumentos que sus simpatizantes consideran favorables para sus posibilidades electorales. Lo que resta por determinar es si esas condiciones potenciales se traducirán efectivamente en votos el próximo 21 de junio.

Porque, al final, ningún análisis sustituye la decisión ciudadana. Serán millones de colombianos quienes determinen, una vez más, cuál consideran que debe ser el rumbo del país y qué futuro desean construir para las próximas generaciones.

 

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