La exclusión de Iván Cepeda y la prueba ética del progresismo *

Por: Jhon Jaiver Flórez G.

El progresismo no debe olvidar que el poder no se ejerce únicamente desde el Ejecutivo; también se manifiesta en los reglamentos, en los órganos de control y en aquellas instancias que definen quién compite y bajo qué condiciones.

En esta república donde el árbitro pita y juega, el Consejo Nacional Electoral perfecciona jugaditas estratégicas: inclina la cancha sin despeinarse. Nada de escándalos, nada de portazos. Aquí la exclusión no se grita; se notifica. Con voto estrecho y tecnicismo pulcro, dejó por fuera de la consulta del 8 de marzo a Iván Cepeda. Un trámite. Un concepto. Una firma. Y listo.

El argumento fue minimalista —quien participó en una consulta no puede participar en otra—, fórmula aséptica que cabe en un párrafo y desplaza a un candidato que, según la más reciente encuesta de Invamer, marca 43% de intención de voto, lo que lo ubica a siete puntos de ganar la Presidencia en primera vuelta. La norma, aplicada como bisturí, no hizo ruido; hizo efecto. Cuando el procedimiento decide quién compite, deja de ser forma y se convierte en poder. Y cuando el poder se ejerce con guantes blancos, el expediente reemplaza al debate.

Por si la cirugía necesitara puntos de sutura, apareció la jugada complementaria: a días de la elección, el magistrado Álvaro Hernán Prada activó una maniobra contra la lista al Senado del Pacto Histórico y concedió 12 horas para responder en un proceso de revocatoria. Doce horas: la democracia medida en cronómetro. El reloj como doctrina jurídica. Nada espectacular; apenas la exactitud del calendario administrado.

El impacto no es anecdótico, es estructural. Sin Cepeda en la consulta, el progresismo queda ante el dilema clásico: fragmentarse con elegancia o improvisar unidad con premura. Sus competidores celebran la pulcritud del reglamento; sus bases mastican la sospecha. No es un accidente aislado: es una secuencia que condiciona la reorganización del bloque. No es un error administrativo; es arquitectura institucional con vocación de incidencia.

En el Frente por la Vida permanecen, entre otros, Roy Barreras y Daniel Quintero, con registros que apenas rozan el margen de error. Persistir en la consulta puede ser jurídicamente impecable; políticamente, resulta incómodo. Y aquí la crítica no admite maquillaje.

Roy Barreras no es un extraviado ideológico ni un recién llegado al progresismo: es un político tradicional con olfato afinado para sobrevivir. Su trayectoria multicolor —transitando partidos y gobiernos de distinto tono— habla menos de una épica doctrinaria que de una destreza adaptativa. No encarnó el giro progresista; lo leyó con precisión. Cuando el liderazgo de Gustavo Petro abrió una ventana histórica, Barreras entró con habilidad milimétrica y cumplió un papel clave en la consolidación parlamentaria del proyecto. No diseñó el cambio, pero entendió que el cambio cotizaba al alza.

Su gramática pertenece a una escuela anterior: oratoria solemne, retórica amplia, apelaciones de tono épico que privilegian el gesto sobre la ruptura. Más que desmantelar estructuras, administra equilibrios; más que incomodar al poder, negocia con él. Es el operador eficaz que domina los pasillos, los tiempos, las transacciones. Su discurso presume profundidad; rara vez se aventura en la crítica estructural que deja cicatriz.

En ese contexto, mantenerse en la consulta tras la exclusión de Cepeda no es un acto neutro. En política, los gestos pesan más que las aclaraciones. Cuando el órgano electoral altera el tablero y deja fuera al aspirante con mayor respaldo dentro del bloque, la reacción esperable de quien se asume parte del proyecto no es ocupar el vacío, sino cuestionar el mecanismo. Aprovechar la ventana no es ilegal; es revelador.

Barreras y Quintero se comportan más como competidores que olfatean una oportunidad que como miembros de una colectividad dispuestos a resguardar la cohesión interna. La diferencia no es retórica, es estratégica. La solidaridad política no es un gesto sentimental sino un cálculo racional orientado a preservar el proyecto común y su viabilidad en el tiempo. Persistir en una contienda debilitada, bajo reglas que amplios sectores perciben como alteradas, se interpreta menos como la defensa legítima de un derecho individual y más como una apuesta personal en terreno inestable, donde el riesgo no solo es propio sino colectivo.

Esa actitud tiene nombre: mezquindad política. Coloca la aspiración individual por encima de la viabilidad colectiva. En un país que intenta consolidar un proceso de cambio, insistir en candidaturas testimoniales no fortalece la democracia interna; fragmenta la fuerza externa. Y en primera vuelta, la fragmentación suele ser el atajo más corto hacia la restauración que se dice combatir.

Barreras no es anomalía; es síntoma sofisticado de una tradición que convirtió el Estado en espacio de transacción antes que de transformación. Su virtud ha sido el instinto; su límite, la falta de ruptura. Pero el clima cultural mutó: la ciudadanía pasó de aplaudir la elocuencia a exigir resultados verificables. En esa atmósfera, la retórica sin riesgo pierde brillo. La maniobra ya no deslumbra; se audita.

La irrupción de Petro no creó el desgaste de la vieja política, pero sí lo volvió visible. Frente a esa mutación, Barreras aparece como figura bisagra: imprescindible para la mecánica del poder, distante del impulso ético que reclama coherencia. Su capital ha sido la maniobra; su déficit, la definición. Y cuando la época exige claridad antes que destreza, la supervivencia deja de ser mérito suficiente.

Mientras tanto, la derecha —y en particular el Centro Democrático— entendió una lección que el progresismo no puede seguir subestimando: la política no se gana solo en plazas y redes; también se disputa en reglamentos, órganos de control y calendarios. El poder no se ejerce únicamente desde el Ejecutivo; se administra desde las instancias que deciden quién compite y bajo qué condiciones.

Las consultas interpartidistas nacieron para ordenar coaliciones en un sistema fragmentado. Pero cuando la norma opera de modo que desordena a un bloque y deja intacto al otro, el puente se convierte en peaje. Y el peaje, como todo peaje, selecciona quién pasa y quién espera. En ese escenario no basta la indignación digital: si el proyecto de cambio aspira a continuidad, necesita cohesión real. Excluir a Cepeda —con su trayectoria en la defensa de derechos humanos y su protagonismo en debates judiciales de alto calibre— no es un ajuste técnico; es un golpe a la posibilidad de competir articulados.

Petro anunció que no pedirá el tarjetón de la consulta. Cepeda llamó a sus votantes a hacer lo mismo. Es un gesto político para deslegitimar un procedimiento percibido como sesgado. Se podrá discutir la táctica; el síntoma es más profundo: cuando sectores amplios sienten que las reglas están inclinadas, la democracia no estalla; se encoge desde el reglamento.

Este tarjetón incompleto no se resolverá en un estrado ni en un trino. Se resolverá en una decisión colectiva. Si la exclusión se convierte en fractura, el bisturí habrá sido eficaz. Si se transforma en cohesión estratégica, el progresismo habrá demostrado que incluso cuando el árbitro juega para el otro equipo, el partido puede disputarse y ganarse.

La pregunta de fondo ya no es si la norma fue correctamente interpretada, sino si quienes aseguran encarnar el cambio están dispuestos a subordinar la ambición personal al proyecto colectivo. En política, como en el teatro, el protagonista puede aparecer después de levantado el telón; lo decisivo no es el momento de entrada, sino la coherencia del reparto. Pero si el elenco se fractura antes del acto final, no habrá ovación capaz de salvar la obra.

*La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

Democracia o simulacro: la cita decisiva del 8 de marzo *

 

Por: Jhon Flórez

Intento de elites colombianas de sacar a Cepeda y al Pacto Histórico del camino fue un error de cálculo que terminará empujando a ciudadanía a respaldar campaña del Pacto y su candidato presidencial

En Colombia, desafiar al poder no es una extravagancia intelectual ni un exceso retórico: es, muchas veces, una condena anticipada. Gustavo Petro lo aprendió desde joven y lo ha pagado con una carrera marcada por amenazas, procesos políticos y una campaña sostenida para deslegitimarlo. Su supuesto “pecado” no es simplemente “gobernar mal” —esa acusación se fue construyendo después, alimentada por columnas, encuestas y operaciones mediáticas—: su verdadero agravio fue atreverse a levantar la alfombra. Y bajo ella no halló sólo polvo, sino un entramado histórico de prácticas que, naturalizadas, configuran el funcionamiento real del Estado: corrupción sistemática, nexos con el narcotráfico, parapolítica que permeó instituciones, élites económicas con ética instrumental y una clase política experta en administrar impunidad simbólica. Petro no creo ese inventario: lo leyó en voz alta. Y en Colombia, nombrar lo prohibido suele ser una transgresión que no se perdona.

De esa transgresión brota un odio que no se explica sólo por el disenso democrático. Es un rechazo visceral de quien se siente desnudo ante el espejo. La historia registra que Petro fue señalado como enemigo mucho antes de ocupar la Casa de Nariño. Hay testimonios y hechos que dan cuenta de amenazas que trascendieron el rumor, y la manera en que la violencia política se ha presentado como método en nuestro pasado reciente hace que determinadas confesiones políticas tengan consecuencias fatales. Cuando supo que su vida estaba en riesgo, Petro tomó una decisión inesperada dentro de la lógica del miedo: no se escondió. Fue al campamento paramilitar, no a negociar su silencio sino a encararlo, armado únicamente de argumentos políticos y de la convicción de que la palabra puede enfrentar al fusil. Ese gesto —en un país donde el terror ha sido instrumento de gobierno— quedó inscrito como una anomalía intolerable para quienes necesitan que el miedo funcione como disciplina social.

La experiencia de Petro como alcalde de Bogotá refinó otra lección: el adversario se incrusta en las mismas estructuras del Estado. Órganos de control convertidos en trincheras partidistas, medios de comunicación actuando como tribunales permanentes, y opositores que vieron en la administración pública un terreno para la obstrucción sistemática. Cuando no pudieron derrotarlo en las urnas, intentaron destituirlo; cuando eso fracasó, aprendieron la lección para una escala mayor. Ese patrón de reacción —bloqueo, litigio político, desacreditación pública— no es casualidad, sino una estrategia que ha probado su eficacia para desactivar agendas de cambio.

La Presidencia, lejos de apaciguar el conflicto, lo hizo visible y más agudo. Llegar al poder por mandato popular desactivó la narrativa del triunfo anecdótico y transformó a Petro en una amenaza tangible para los intereses enquistados. Desde el primer día se activaron mecanismos que, en conjunto, configuran lo que analistas llaman un “golpe blando”: señalamientos sin pruebas concretas (narcotraficante, terrorista, autócrata), bloqueo legislativo sistemático, persecución judicial selectiva, infiltración administrativa, suspensión arbitraria de funcionarios, manipulación informativa y pánico económico inducido. Gobernar dejó de ser gestión para convertirse en una resistencia cotidiana frente a una maquinaria con capacidad de desacreditar y paralizar.

Dos episodios retratan con nitidez ese pulso. La suspensión de la consulta popular y el trámite de las reformas sociales dejaron al descubierto cómo las reglas del juego pueden ser forzadas mediante maniobras reglamentarias y mayorías estratégicas. Impedir que la ciudadanía se pronuncie sobre asuntos de fondo no fue una disfunción del sistema, sino una maniobra calculada para restringir la participación. Tumbar la consulta no fue fortuito: fue el resultado de procedimientos orquestados por fuerzas políticas que optaron por la exclusión antes que por la deliberación pública. A su vez, la reaparición de la reforma laboral, luego de haber sido hundida y bajo un nuevo diseño, no buscó ampliar derechos sino neutralizar el impulso ciudadano, confirmando el cálculo de fondo: adaptar la ley no para democratizarla, sino para vaciarla de su potencial transformador.

El atentado contra un senador opositor fue otro hito que reveló cómo la política violenta y la instrumentalización del dolor pueden converger. El país rechazó el crimen; sin embargo, sectores de la oposición aprovecharon el hecho para convertir la tragedia en proyectil político contra el presidente, buscando asignar culpas morales antes que pedir rigor investigativo. En medio de la conmoción, emergieron maniobras de poder: el desconocimiento explícito de la autoridad presidencial por parte del presidente del senado Efraín Cepeda, negándose a participar en reuniones oficiales de seguridad, para erigirse como cabeza de un poder paralelo. No se trató de un gesto aislado, sino de una estrategia con efectos concretos: despojar al jefe de Estado de su condición de comandante en jefe, degradar su autoridad y normalizar la desobediencia institucional.

La reacción no quedó ahí. Marchas con destinatario único, llamados a militares retirados, solicitudes a organismos internacionales sin pruebas contundentes, y un coro mediático que entonó una misma letanía —Petro divide, Petro provoca, Petro debe dejar de ser Petro— configuraron una ofensiva que buscaba erosionar legitimidad. Cuando las altas Cortes invocan la autonomía en formas selectivas, o cuando decisiones judiciales parecen responder más a la geopolítica interna que a la letra del derecho, la sensación de captura institucional se intensifica. La autonomía judicial es un principio vital; su invocación parcializada y coincidente con intereses políticos es, por el contrario, una forma de usura democrática.

No es improvisación ni simple crisis episódica: tiene nombre y método. “Golpe blando en cámara lenta” describe un proceso de erosión constante diseñado para bloquear transformaciones y preparar el retorno del orden anterior. La violencia de antaño —balas y muertos— ha sido en buena medida complementada por procedimientos, titulares y conspiraciones maquilladas. El resultado es el mismo: cerrar el acceso ciudadano a reformas que cuestionan privilegios. La historia colombiana ofrece ejemplos de intentos de apertura neutralizados —antes por la represión directa, hoy por procedimientos administrativos y mediáticos—. No es azar, es estrategia.

El viaje de Petro a Washington condensó la expectativa opositora. Se apostó a la humillación internacional, a la mueca del anfitrión que confirmara la narrativa local de incompetencia o ilegitimidad. Hubo esfuerzos para denunciar y desacreditar al presidente en el exterior, pero la diplomacia, por su naturaleza pragmática, terminó por neutralizar el guion opositor. Lo que se esperaba que fuese espectáculo fue, en términos básicos, conversación: reconocimiento de canales, discusión de asuntos bilaterales y una agenda donde la soberanía y la interlocución jugaron un papel central. La estrategia de denunciar al propio presidente en foros ajenos quedó expuesta como capítulo de una campaña más amplia: llevar la controversia interna al plano internacional con la esperanza de clausurar espacios políticos locales.

En este escenario, uno de los actores más incómodos para el cambio es Álvaro Uribe. Más allá de animosidades personales, lo que inquieta a sectores vinculados al uribismo es la posibilidad de que investigaciones y testimonios acumulados sobre parapolítica, nexos con estructuras ilegales (narcotráfico) y violaciones al Estado de Derecho cobren relevancia en la arena internacional. Cuando el relato que construyó una hegemonía política se ve acosado por la evidencia, la reacción no es solo política, sino defensiva: emplear todas las herramientas disponibles para desacreditar adversarios y preservar la narrativa de legitimidad.

Ese patrón aparece también en episodios como la intervención del Consejo Nacional Electoral respecto a la participación de Iván Cepeda en la consulta interpartidista. La exclusión, disfrazada de tecnicismo jurídico, actúa como mecanismo político para limitar la competencia. Un órgano que debe garantizar derechos actúa en sintonía con la vieja política cuando decide quién puede competir según la conveniencia. El mensaje es dañino: cuando tribunales electorales se convierten en filtros de conveniencia, la democracia deja de ser un derecho y pasa a ser una concesión. La erosión institucional, entonces, no es sólo teórica: produce efectos concretos sobre representación y opciones políticas.

 Pero la dinámica tiene límites. Cada intento por cerrar el juego ha encontrado, una respuesta social: la ciudadanía. Cuando el sistema falla o se muestra servil a intereses particulares, la sociedad civil se mueve. Hoy, el respaldo popular a figuras que desafían el statu quo no es ingenuidad: es reacción. La política colombiana registra momentos en que, frente a un cerrojo institucional, el pueblo decide abrir el camino por su cuenta. Ese impulso es la razón por la que la élite, desesperada, recurre a atajos: deslegitimación, judicialización selectiva, manipulación mediática. El error clamoroso de quienes buscan excluir a Cepeda y a otros aspirantes no es sólo de táctica: es de cálculo político. Al intentar atajarlos, los impulsan.

Petro y Cepeda comparten, en esencia, un rasgo que incomoda a los poderosos: no doblegarse. Ambos apelan a la ciudadanía como juez último. En países donde la justicia y la institucionalidad han sido capturadas, la legitimidad se desplaza hacia la arena pública: urnas, movilización y conciencia colectiva. Cuando la Constitución se administra como privilegio y la ley se contorsiona según apellidos, el veredicto deja de escribirse en fallos y comienza a pronunciarse en la plaza pública y en las urnas.

 El 8 de marzo se presenta, así como una cita con la historia. No es una jornada puramente táctica ni un plebiscito sobre nombres: es la ocasión para decidir si se acepta que el futuro continúe siendo arrebatado mediante fraudes maquillados, maniobras reglamentarias y silencios cómplices, o si se pone fin al miedo y a la simulación democrática. Votar no es un acto ritual: es un ejercicio de juicio colectivo. Que nadie vote desde el odio hereditario ni desde consignas prestadas; que se vote con memoria, libertad y responsabilidad social. Porque votar sin pensar es obedecer, y la obediencia ha sido desde siempre el negocio del poder.

 Reconocer que la democracia está en riesgo no es proclamar el apocalipsis: es una llamada a la responsabilidad. Cuando las instituciones abdican, cuando la ley se convierte en instrumento de ventaja, la ciudadanía tiene el derecho y el deber de recuperar el juicio. Y si la historia enseña algo es que los intentos por clausurar la participación terminan, en última instancia, abriendo espacios. El desafío, ahora, es sostener esa apertura con propuestas claras, con pedagogía cívica y con la convicción de que la democracia no se mendiga: se ejerce. En marzo la gente tendrá la palabra; que la use para dictar un veredicto que no quede sólo en actas manipulables, sino en la historia viva de un país que decide no regresar a los caminos de la desgracia.

* La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

Un abogado claramente impedido, subalterno de Abelardo, veta la participación de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida *

 

En la imagen: Yezid García Abello - Dirigente PTC

Por: Yezid García Abello

Ultraderecha colombiana, en el tema de honestidad y corrupción la viene sacando del estadio. Caso Epstein y Pastrana: silencio cómplice de los grandes medios y elogio constante a De La Espriella que se jacta de haber sacrificado gatos

El conjuez del Concejo Nacional Electoral, Hollman Ibáñez, que a la postre definió excluir al candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda Castro de participar en la consulta progresista del Frente por la Vida es un gris abogado al servicio de la oficina de Abelardo de la Espriella. Por lo tanto, tratándose de definir un asunto sobre los contendores políticos de su patrón estaba moral y jurídicamente impedido, como a tiempo lo denunciaron fuerzas políticas y periodistas independientes. Los defensores en abstracto de lo que pomposamente definen como «la moral y las buenas costumbres» debían tomar nota, no eludir el bulto, y pronunciarse sobre estas aberraciones éticas y jurídicas. Respaldo total a Iván Cepeda, Roy Barreras, Juan Fernando Cristo, Camilo Romero, Daniel Quintero y candidatos y candidatas que definieron participar en una consulta para elegir una candidatura unitaria del Frente Por la Vida y defender el proyecto político progresista y democrático.

La ultraderecha colombiana, en el tema de la honestidad y la corrupción sí que la viene sacando del estadio: caso de Epstein y Pastrana y el silencio cómplice de los grandes medios, el elogio constante a un personaje como De La Espriella que se jacta de haber sacrificado gatos insertándoles en el ano varios voladores que prendía simultáneamente, el senador norteamericano que fungía de representante de Trump en la tierra y el presidente gringo no sabía siquiera que era colombiano, las maniobras contra el decreto de emergencia económica y su rabiosa negativa a que los mega ricos paguen un poco más de impuestos, la existencia de una parte de la prensa nacional totalmente entregada a las posiciones y las aceitadas de la reacción política.

Respaldo total a Iván Cepeda, Roy Barreras, Juan Fernando Cristo, Camilo Romero, Daniel Quintero y candidatos y candidatas que definieron participar en una consulta para elegir una candidatura unitaria del Frente Por la Vida y defender el proyecto político progresista y democrático.

El arbitrario veto a Cepeda obliga ahora a buscar y encontrar nuevos acuerdos entre ellos, que tengan como base el interés nacional y garanticen la continuidad de los avances sociales conquistados en este cuatrienio.

* La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

PECOS TRUMP Y NO PECOS BILL

 

En la imagen el jurisconsulto y excongresista Germán Navas T.

Por: Germán Navas Talero

Editor: Francisco Cristancho R.

Y mientras Trump insiste en que los Estados Unidos está mejor que nunca, el resto del planeta reconoce que ese país jamás había estado tan mal como ahora

Cuando uno escucha a alguien que se adjudica todo y dice ser el héroe de la historia, se acuerda de Pecos Bill; y luego lo compara uno con aquel demente que hoy es presidente de los Estados Unidos, y se dice: definitivamente quien compuso Pecos Bill no conocía aún a Donald Trump.

Esto, porque el señor Trump -según sus propias versiones-, evitó ocho guerras; cambió el nombre al golfo de México; mejoró la economía de los Estados Unidos “como nunca en la historia”; puso fin a la violencia en su país; y todo lo ‘bueno’ que ha pasado en este siglo ha sido gracias a él.

Por eso, si uno escucha la versión de Pecos Bill, cantada por Luis Aguilé, encuentra que Pecos Bill hizo de todo: Pecos Bill hizo el Río Bravo; formó el golfo de México; evitó sequías; eludió ciclones, y hasta acabó con los indios… Todo eso lo hizo Pecos Bill, y cuando ustedes escuchan la biografía que de sí mismo hace el tunante de Donald Trump, encuentra que el que compuso a Pecos Bill ha debido componerle más bien a Pecos Trump… ¡Porque es igualito!

Y mientras Trump insiste en que los Estados Unidos está mejor que nunca, el resto del planeta reconoce que ese país jamás había estado tan mal como ahora. La economía de los Estados Unidos es -como diría el cachaco- una birria. Está absolutamente por el suelo. Pero, como no faltan los mentirosos, le vamos a dedicar a Donald Trump esta canción de Pecos Bill, reiterando que su título deberías ser: Pecos Trump

https://youtu.be/OsXIhit3kbg?si=w7GHT9d79w0wyhOq

Letra de Pecos Bill…

Arre caballo

Pecos Bill fue un súper hombre en todo Texas

Y por más que se hable de él no es presumir

Era el vaquero más temible, más terrible y más valiente

Ese era el famoso Pecos Bill

Ay ay ay ay lo digo yo

Fue el vaquero más auténtico que existió

...

Unos indios merodeaban Texas City

Y eso a Pecos para nada le gustó

Con su revólver desde un árbol

Mientras se está afeitando

A 2,500 de ellos liquidó

Ay ay ay ay lo digo yo

Fue el vaquero más auténtico que existió

Retrotrayéndonos a nuestra propia realidad, podemos decir que Colombia no ha cambiado nada en este siglo, ni en el pasado tampoco, porque el desbarajuste que había en 1.900, después de la Guerra de los Mil Días, es el mismo desbarajuste que hay hoy en día con diversos actores. En aquella época estaban de moda unas personas como Marco Fidel Suárez o Rafael Reyes, a todos esos no es sino cambiarles el nombre y apellido y nos los encontramos hoy, a través de personajillos como el señor Pastrana, como al presidente de la Cámara de Representantes, o al del Senado; como a los que se roban el presupuesto… ¡son los mismos! Los mismos personajes con distintos nombres; todos igualmente irresponsables y fantoches, a quienes lo único que les importa son los votos.

Ahorita, que se están preparando para las elecciones, comienza uno a ver las vallas. Miren ustedes esas vallas, en ellas aparecen los mismos sujetos con quienes tuve la mala suerte de trabajar hace algunos años en el Congreso de la República. Son los mismos con las mismas mentiras. Sin vergüenza alguna afirman “es que yo sí les voy a cumplir”, y yo me digo: este sujeto era el que se sentaba hace un tiempo junto a mí allá en el Congreso, ¡y no hacía un carajo!; y ahora, con la misma cara, la misma ropa, pero con afiche de otro color, dice que va a cambiar.

Esos piscos, por lo menos los que yo conocí en el Congreso -con unas cuatro o cinco excepciones-, no van a hacer un carajo. Van a hacer lo que hacen personajes como el tal Polo Polo. Quizá algunos se cambien de afiche e incluso cambian de partido, pero siguen siendo los mismos de siempre… Y ni qué decir de las damas. Nunca la mujer colombiana ha estado tan mal representada en el Congreso como en los últimos años. Creo que -con dos o tres excepciones- las demás son iguales a las que ya conocemos: la Cabal, la misma Claudia López…

Y ya que menciono a Claudia López ¿se la imaginan haciendo campaña para la presidencia de la República? Esa señora que fue absolutamente inepta cuando estuvo en la alcaldía de Bogotá, cuando fuera de tirarse a Bogotá no hizo nada más, y ahora dice que va a ser la presidente de este país. ¡Colombia no puede ser tan de malas!

Señores… ¡Piensen antes de votar!

Cuando uno ve una candidata como Claudia López se debe cuestionar bastante; entre otras cosas porque sería bueno que en su campaña la señora López dijera qué pasó con las investigaciones que hay en su contra por despilfarro de dinero en el Distrito. Sería bueno que nos contara cómo se repartió la tajada del Transmilenio entre ella y su socia-esposa. ¿Qué pasó realmente? Alguien que tenga poder jurisdiccional que investigue. A nosotros no nos queda más que chillar por ser tan de malas. La tuvimos como alcaldesa y ahora dizque como aspirante a la presidencia. ¡Qué tal esa señora como presidente de la República! Sería la vergüenza más grande para este pobre país.

Piénsenlo antes votar. Miren bien quién va a ser su candidato. Hay personas muy claras y con buena trayectoria.

Y qué me dicen de aquel otro tunante que también aspira a ser presidente de la República de Colombia: el señor Enrique Peñalosa. ¡El padrino de Claudia! Ese sujeto fue alcalde de Bogotá dos veces. Fue el tipo que arruinó a Bogotá, que la destruyó. Comenzó a desbaratarla con el cuento de Transmilenio en 1999 y no ha acabado de tirársela. Bogotá está deshecha desde esa época. Hay obras que comenzaron en el 99 y aún no terminan. Vayan ustedes a la calle 100 y díganme cuánto hace que esa calle está vuelta nada en aras de las obras que dizque dejó planificadas el individuo ese.

¡Se imaginan ustedes! Si ese sujeto hizo las barbaridades que hizo siendo alcalde, ¿qué haría como presidente de la República? Porque para ser alcalde de Bogotá dijo que era doctorado en urbanismo de París. Pues, según averiguaciones, allá en París pasó junto a la Torre Eiffel y tomó café en una tiendita. Eso fue todo lo que hizo. En algún momento se sacó una fotografía en una universidad por la cual él pasó, pero por el frente, porque nunca estudió ahí. Nosotros averiguamos y allí no aparece ninguna constancia de estudios de ese mentiroso, y sin embargo en su hoja de vida pone que es doctorado de la capital francesa. ¡Mentiroso! Quién sabe qué mentira nos va a traer esta vez que aspira a ser presidente de la república.

Pero hay otras joyitas con la misma aspiración: como el señor De La Espriella, de quien se dice mucho, y cuando el río suena… piedras lleva. No puedo afirmar si lo que se dice de él es cierto o no, pero, ante la duda, abstente. -Y no de opinar, sino de acompañar-. Yo tengo mis dudas sobre el señor De La Espriella y no me las han disipado nunca. Entonces, me abstengo de votar por esos sujetos sobre quienes le caen tamañas dudas.

Hace poco, en uno de esos debates que organiza la ‘gran prensa’ de este país, les preguntaron a algunos candidatos sobre el genocidio a los palestinos en Gaza, y respondieron, a excepción de uno de ellos, que allá no hubo genocidio. Yo creo que no les explicaron qué es un genocidio. Ellos, seguramente, confunden genocidio con un piquete.

Uno de los que afirmó que allí no hubo genocidio fue el señor Juan Manuel Galán, el mayor de los buenos puesteros, el hermano de la corbata que está de alcalde en Bogotá. Para ellos, los miles de palestinos asesinados cobardemente en Gaza seguramente fueron producto del destino o el azar. Genocidio no es una palabra que esté en su léxico.

Recientemente dije en un programa al que me invita Urías Velásquez que seguramente a ellos no les dijeron qué era un genocidio antes de hacerles la pregunta. Para ellos eso debe ser griego. ¿Será que Galán ha estudiado alguna vez qué es eso? ¿O cómo nos justifica los miles de muertos que hay en Gaza? ¿Será que eso fue una pandemia que solo atacó a los palestinos, y principalmente a sus niños? Afirmaron que no ha habido genocidio cuando ya la Corte Penal Internacional tiene procesado a Benjamín Netanyahu. Lo tiene emplazado por genocida, y estos sujetos que aspiran a la presidencia de la República dicen que allá no ha habido ningún genocidio.

Por favor, colombianos, antes de votar para presidente de la República miren quiénes son los candidatos y qué han hecho esos individuos. Qué cosas positivas han hecho, y cuántas mentiras han tenido que aceptarles. Y por favor, lean. La lectura es una de las cosas que más les facilita entender por qué el comportamiento de ciertos políticos en Colombia es así. La respuesta es algo obvia: los políticos en Colombia son así, porque los colombianos siguen votando por ellos.

Coletilla por Deisdre Constanza. La figura de Iván Cepeda incomoda porque desarma los pactos silenciosos. Su mayor virtud no es solo la coherencia ética, sino la persistencia. Cepeda ha sostenido durante décadas una defensa inquebrantable de los derechos humanos, la verdad histórica y la justicia, incluso cuando eso le ha significado persecución política, estigmatización y amenazas. No es un candidato de coyuntura, es el resultado de una trayectoria que no se acomoda al vaivén electoral. Precisamente por eso, presenta un bloqueo político sistemático. Sus contradictores no discuten sus ideas de fondo, prefieren enredarlo en laberintos jurídicos, interpretaciones forzadas de la ley y maniobras procedimentales que buscan excluirlo sin derrotarlo políticamente y en las urnas. Es el viejo truco, cuando no pueden vencerlo en el debate público, intentan sacarlo del tablero. Cepeda representa una izquierda incómoda porque ha demostrado independencia real. El intento de bloquear su participación no es una discusión técnica ni jurídica, es una disputa netamente política, Iván molesta porque recuerda que la ética también es una forma de poder, valor innegable que a muchos políticos se les ha olvidado lo que sígnica.

Hasta la próxima semana.

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CNE: El Aparato de Guerra Política de la derecha

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

Sociedad colombiana debe vigilar con lupa al CNE, Colombia decente no puede permitir que unas elecciones se ganen o se pierdan en un organismo desprestigiado

Toda democracia está sustentada un pacto de confianza básico: la certeza de que las reglas del juego electoral son claras, imparciales y administradas por un árbitro independiente. En Colombia, esa confianza ha sido dinamitada por la entidad designada para custodiar precisamente ese pacto: el Consejo Nacional Electoral -CNE; un organismo que debería ser el pilar institucional de la legitimidad democrática se ha convertido, debido a su composición y sus recientes actuaciones, en un instrumento de guerra política que amenaza con desestabilizar el proceso electoral y, con él, la ya frágil paz social del país.

El problema del CNE es estructural y comienza con su mecanismo de integración, ya que sus magistrados no son seleccionados por su excelencia académica, su trayectoria intachable en derecho electoral o su probidad reconocida, sino que son elegidos en negociaciones en las que prima el peso electoral y la cuota política de los partidos que los postulan. El resultado es una composición que, en la práctica, refleja los intereses de las maquinarias tradicionales y, sobre todo, el talante de los partidos que han dominado y dominan esta entidad.

Los casos más visibles que demuestran la perversidad estructural del CNE son elocuentes y públicos: Álvaro Hernán Prada (avalado por el Centro Democrático) enfrenta un juicio penal en la Corte Suprema por la presunta manipulación de testigos en el proceso contra Álvaro Uribe Vélez. César Lorduy (Cambio Radical), quien renunció en 2025, cargaba con el estigma de un homicidio culposo en su pasado. Su reemplazo[1], Álvaro Echeverry, llegó tras una votación en el Congreso más afín a la lógica del reparto que a la del mérito. Ante este panorama, … ¿Cómo puede la ciudadanía confiar en la imparcialidad de un organismo integrado por figuras con tan graves cuestionamientos éticos y jurídicos?

Esta crisis de legitimidad se materializa en decisiones concretas que afectan el curso electoral, tal como lo demuestran dos actuaciones recientes del CNE que han encendido las alarmas sobre su sesgo político y arbitrariedad. Por un lado, el CNE designó como conjuez, para decidir sobre la participación del candidato presidencial Iván Cepeda en una consulta, a un abogado que había integrado el equipo de defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez[2], declarado adversario político e incluso enemigo personal de Cepeda en el ámbito judicial, en lo que se constituye como el nombramiento de un conjuez con un conflicto de interés flagrante. Resulta claro que esta designación no constituye un simple error procedimental, sino una burla al debido proceso y a la apariencia de imparcialidad, principios cardinales de cualquier justicia. Basta con recordar que un estudiante de primer año de derecho comprende que un juez no puede conocer de un caso donde fue abogado de una de las partes; el CNE, al parecer, no.

De igual manera, la revocatoria de la inscripción de listas del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes en el departamento del Valle del Cauca [3] raya en lo caprichoso y contradictorio, pues el mismo organismo que otorgó la personería jurídica al Pacto Histórico como partido político procedió a invalidar sus listas. Esta incoherencia en su propio proceder carece de un sustento técnico visible y se interpreta, más bien, como un acto de obstrucción política contra la principal fuerza de gobierno, mediante una maniobra que se denuncia como una guerra jurídica (Lawfare), en la que se usan conveniente y amañadamente, las formas legales para alcanzar fines políticos de exclusión.

Estas acciones de la derecha a través del CNE, su aparato de guerra política, envían un mensaje pavoroso: que las reglas pueden torcerse para beneficiar a unos y perjudicar a otros. Este caldo de cultivo es explosivo. Una ciudadanía que percibe que el árbitro está comprado, que el juego está amañado, pierde la fe en la vía institucional. La historia colombiana y latinoamericana demuestra que la deslegitimación electoral es el preludio del estallido social. La derecha colombiana, electoralmente debilitada pero aún enquistada en instituciones como el CNE, podría verse tentada a orquestar un escenario de caos y desorden a partir de este descontento, para luego ofrecer, una vez más, “soluciones de mano dura” y salidas extrainstitucionales que defenestren el proyecto de cambio en curso.

No se trata de una crítica a decisiones técnicas particulares, sino de una advertencia urgente sobre la captura partidista y el claro sesgo político de un organismo que decide el destino de la contienda democrática. La sociedad colombiana, la prensa independiente, las universidades y las organizaciones internacionales de observación electoral deben rodear y vigilar con lupa cada decisión del CNE.

Colombia decente no puede permitir que una elección se gane o se pierda en las salas de un organismo desprestigiado, antes que en las urnas. Se requiere una reforma estructural profunda que transforme el CNE, pero mientras tanto, la defensa de la democracia pasa por la movilización cívica y la denuncia pública de cada irregularidad.

 

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[1] Polémica por elección de Lorduy y Prada para el CNE

[2] https://x.com/estoescambio Conjuez del CNE en el caso de Iván Cepeda fue parte de la defensa del expresidente Álvaro Uribe

[3] CNE revocó la lista del Pacto Histórico para la Cámara del Valle del Cauca