Encerrona de la derecha para retomar el gobierno *

 

En la imagen: Hernán Riaño / Periodista - Director de SoNoticias

Por: Hernán Riaño

El verdadero peligro para Colombia es esa unión de hecho —aunque no formalizada— entre la oligarquía y unos líderes políticos y sociales que, por réditos de poder, siempre se acomodan “al sol que más calienta"

Con los resultados electorales de unas consultas prefabricadas, solo para favorecer a la derecha, en las que, como lo había advertido un candidato, iban a inflar a Paloma Valencia, quedó demostrado, aparentemente, uno de los fraudes más descarados de los últimos años en tiempo real, pues la cantidad de votos que aparecieron, unos depositados por la extrema derecha uribista y la mayoría por arte de magia, no expresan la realidad electoral del país. 

La candidata, en las semanas anteriores había programado manifestaciones, todas acompañadas por su gran jefe Uribe, para garantizar plazas repletas de gente, lo que nunca ocurrió, pero si se destapó una realidad de a puño: que no llenan ni la sala de un apartamento de 36 metros cuadrados, de los que venden ahora. Sin embargo, en la consulta del 8 de marzo ¡“consiguieron” más de tres millones de votos! y nos quieren convencer de que ella tiene más favorabilidad que Cepeda. Esto destapa el engaño que tienen programado para un triunfo, pregonando una falsa preferencia electoral y así sustentar el próximo fraude.

Algo similar ocurrió con el otro candidato derechista, Oviedo, que quiso presentarse como un “hijo natural” del progresismo, para conseguir la votación con la que finalizó la consulta. En este caso tampoco sabemos de donde salieron los más de 600 mil votos que “consiguió”; muchos dicen que militantes o simpatizantes progresistas le votaron porque se presentó con un aire petrista, de ser cierto, demostraría una ignorancia política crasa de esos colombianos, muy peligrosa para la primera vuelta, ya que dejaría ver lo fácil que es engañar a esos ciudadanos, muy grave.

Todo esto hace parte de una encerrona tipo Chile a la que quieren someternos. En ese país, la derecha se preparó durante los 4 años de Boric, con ayuda de los gringos, para diseñar el plan perfecto para no permitir que el proyecto progresista tuviera un nuevo presidente. Claro que hay que decir que ese mandatario, más que progresista, era uno de los que aquí llamamos tibio y sus realizaciones nunca satisficieron al pueblo chileno. Lo que hizo, más bien, fue darle un impulso al pinochetismo ultraderechista, que no es nuestro caso, porque aquí lo realizado por Petro demuestra que él está jugado con el pueblo y sus reivindicaciones. Siguiendo con lo que pasó en el país austral, la candidata, esa sí de izquierda, sin el apoyo efectivo de los progresistas y sus copartidarios, ganó la primera vuelta, pero el resto de los candidatos de la derecha, sumados todos ellos, tenían lo suficiente para ganar en la segunda, lo que efectivamente sucedió. Leyendo las autocríticas y los análisis de quienes pretendían que la izquierda se impusiera, la conclusión casi que unánime, fue que se confiaron y no trabajaron para lograr el triunfo en segunda vuelta, contrario a las derechas que concentraron todo su esfuerzo y conquistaron el voto de los chilenos. Algo parecido sucedió en Bolivia, en países centroamericanos, del caribe y previamente en Argentina.

En Colombia, y analizando lo que ha sucedido en estos primeros meses del presente año, estamos ad-portas de que el progresismo repita los errores de nuestros vecinos. Salvo algunas excepciones entre las que se destacan favorablemente Carolina Corcho, senadora recién electa y algunos otros, los demás están como en un sopor, pareciera que no saben qué hacer, o, ¿no quieren?, ¿están confiados como en Chile?, ¿siguen embriagados con el triunfo? o ¿todas las anteriores?

Con lo que está pasando, se ratifica la realidad de que el pueblo es superior a sus dirigentes. El colombiano raso ha comprendido de qué se trata el proyecto, qué quiere hacer Petro en nuestra nación, ya es consciente que es un ser humano, tiene derechos, que no debe dejarse humillar ni explotar más por la ultraderecha y, en síntesis, que es un ser que tiene dignidad y que los demás lo deben respetar. Imagínense el trabajo tan eficiente y efectivo del señor presidente que en tres años pudo lograr que entendiéramos esos conceptos, los adoptáramos y los defendiéramos después de 200 años de esclavitud, vasallaje, humillación, irrespeto y explotación por aquellos que se creen elegidos por una divinidad para que eternamente nos gobiernen. Ese pueblo es el llamado a defender el gobierno en las urnas. Ese trabajo de hacer entender la dignidad es único del presidente porque muchos de sus colaboradores y amigos todavía creen y practican conceptos feudales de la colonia, que perviven en nuestros tiempos y los practican con lujo de detalles.

Ese es el real peligro, esa unión de hecho, y puede que no formalizada, de la oligarquía y los líderes que no saben su verdadero papel en ente momento de la historia colombiana, sino que, como siempre ha ocurrido, se acomodan “al sol que más calienta” para sacar unos réditos de poder, económicos o políticos. Claro que hay que decir que no son todos, afortunadamente, son algunos enquistados en los círculos más altos de la dirigencia progresista que se han atraviesan como “burros muertos” o “palos en la rueda” del verdadero desarrollo de la nación. Desde que incursioné en la política y en el periodismo he sabido de la existencia de estos personajes que son más dañinos que la misma derecha, ya que actúan amparándose en la oscuridad del engaño, de las apariencias, de la palabrería, del desvío de propósitos, terminan traicionando al pueblo y llevándolo al redil de las políticas de la ultraderecha tradicional. Estos casos son innumerables a través de nuestra historia, desde Santander que traicionó a Bolívar, para volver a instaurar el feudalismo en Colombia, hasta los denunciados por nuestro presidente, de personas que a voz en cuello pregonan su progresismo, gritan “Petro te amo”, pero que en realidad trabajan para los poderes de siempre, todos ellos denunciados por Petro en los consejos de ministros y las alocuciones presidenciales que todavía le permiten hacer. 

La conjunción de todas estas fuerzas oscuras y los planes que están llevando a cabo para impedir que Iván Cepeda llegue al gobierno están a la orden del día. Unos con planes de todo tipo para el fraude que, probablemente, quieren hacer en las presidenciales, usando todas las armas posibles, legales o no, pero además están haciendo todo lo imposible para enlodar a Petro con denuncias de países extranjeros afines a Trump, vinculándolo al narcotráfico o a las supuestas denuncias sobre el financiamiento de su campaña del 2.022 o a Iván Cepeda tachándolo de ser de las extintas FARC, incluyendo a su papá asesinado por la ultraderecha, el abogado Manuel Cepeda Vargas, con la mentira que era militante de esa guerrilla, entre otras calumnias y mentiras. Esto está sucediendo ante nuestros ojos, sin esconderse, lo que demuestra la intención real de querer lograr sus planes. El señor presidente ha denunciado posibles planes de asesinato contra Iván Cepeda o contra él, muy posible que lleguen hasta esas instancias con tal de evitar el triunfo progresista.  

Muchos líderes progresistas, están en otro mundo, en la nube del poder que obnubila, que no los deja ver más allá de sus narices, que no hacen caso a las bases y que se han granjeado la animadversión y la desconfianza de muchos militantes que en varios escenarios exigen cambios radicales en el accionar del Pacto Histórico. Lo grave no es que haya discrepancias, sino que ellos, los que se abrogaron esos puestos de dirigencia, no oigan a la militancia, no los reciben, no les contestan llamadas ni mensajes y mucho menos les hacen caso a sus inquietudes y peticiones, se están convirtiendo, sin proponérselo, en colaboradores silenciosos de los planes de la oligarquía para impedir que el proyecto tenga un segundo periodo.

Estamos en un momento muy peligroso, muy parecido al de Chile, unas derechas que vienen con todo para recuperar el gobierno y una inercia cómplice de muchos líderes del progresismo que no atinan tomar las decisiones que la historia y Colombia hoy les exigen. 

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

La CEO de Sarmiento Angulo: un calvario para el Cauca

Imagen tomada de: periodicovirtual.com

 Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

El acceso a la energía no puede seguir siendo visto como un negocio más, sujeto a las leyes del mercado y al afán de lucro de unos pocos. Se trata de un derecho fundamental, y como tal, debe ser garantizado por el Estado

En el departamento del Cauca, la paciencia de las comunidades parece estar llegando a su límite y la Compañía Energética de Occidente (CEO) se ha encargado de llevarla a ese peligroso escenario. Esta empresa, que hace parte del gigantesco conglomerado económico de Luis Carlos Sarmiento Angulo (el banquero más poderoso de Colombia y uno de los hombres más ricos de Latinoamérica) opera en la región bajo una lógica empresarial que privilegia exclusivamente la ganancia económica, sin importarle vulnerar derechos fundamentales y la dignidad de los usuarios.

La histórica actuación de la CEO en el Cauca es la constatación de lo nocivo que puede ser un modelo de negocio que encaja perfectamente en la crítica más elemental al capitalismo salvaje: maximizar utilidades a cualquier costo, incluso a costa de la calidad del servicio, el trato digno al cliente y el mandato constitucional que define los servicios públicos como inherentes a la finalidad social del Estado. Desde que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez le entregó a Sarmiento Angulo la concesión para la distribución de energía en amplias zonas del Cauca, los habitantes de este territorio han soportado el viacrucis de tarifas abusivas, cortes injustificados, facturación arbitraria y una atención al usuario que oscila entre la indolencia y la humillación.

El poder de mercado que ostenta la CEO, al operar en condiciones de monopolio de facto, le ha permitido imponer no solo su pésima calidad en la prestación del servicio, sino también cláusulas contractuales leoninas y cobros que lesionan gravemente el bolsillo de familias que, en muchos casos, apenas logran sobrevivir con economías de subsistencia. Lo más grave de todo es que esta actuación cuenta con la complicidad silenciosa de entidades que deberían velar por los derechos de los ciudadanos. La Superintendencia de Servicios Públicos, lejos de ejercer su rol de garante, ha sido un actor recurrente en esta cadena de injusticias, parcializando sistemáticamente sus decisiones en favor de los intereses corporativos de la CEO y desestimando, una y otra vez, los reclamos de comunidades enteras que han visto vulnerados sus derechos.

Pero lo que resulta más indignante, y quizá más peligroso para la estabilidad social de la región, es la casi patética inacción de quienes tienen la responsabilidad política y administrativa de liderar la defensa de los caucanos. Gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y representantes a la Cámara han sido, durante años, espectadores de lujo de este saqueo silencioso. Las comunidades no entienden cómo es posible que aquellos que en época electoral recorren las plazas y veredas pidiendo el voto, no hayan sido capaces de articular una estrategia seria, unificada y contundente para enfrentar a esta empresa. Mientras la CEO sigue llenando las arcas del conglomerado de Sarmiento Angulo con el dinero producto de las altas tarifas que pagan familias caucanas, la dirigencia política local se ha dedicado, en el mejor de los casos, a emitir tímidos comunicados de prensa, o en el peor, a guardar un silencio cómplice que ya resulta insostenible.

Esta acumulación de descontento popular, alimentada por años de abusos y por la indiferencia de los poderes públicos, ya han mostrado algunas señales de alarma, materializadas en tímidas acciones de hecho en distintos puntos del departamento, con comunidades que han salido a decir "basta ya". Estas primeras movilizaciones no son otra cosa que la manifestación desesperada de un pueblo que ya ha agotado todas las instancias administrativas y judiciales, que ha visto cómo la Superintendencia les da la espalda, cómo sus alcaldes se lavan las manos y cómo el Congreso de la República (en gran parte dominado por las mismas fuerzas políticas que beneficiaron a Sarmiento Angulo) se hace el de la vista gorda.

Lo que está ocurriendo en el Cauca con la CEO demuestra, una vez más, el rotundo fracaso del modelo de privatización de los servicios públicos esenciales, impulsado con entusiasmo por los gobiernos del uribismo y defendido a capa y espada por los sectores más conservadores de este país. Le entregaron a un banquero, uno de los hombres más ricos de Latinoamérica, la concesión de un servicio público en una de las regiones más empobrecidas y golpeadas por la violencia y el resultado no podía ser otro: extracción de utilidades, desmejoramiento del servicio y abandono estatal.

Si algo nos enseña esta triste historia es que el acceso a la energía no puede seguir siendo visto como un negocio más, sujeto a las leyes del mercado y al afán de lucro de unos pocos. Se trata de un derecho fundamental, y como tal, debe ser garantizado por el Estado con calidad, equidad y dignidad. Mientras tanto, en el Cauca, la paciencia se agota y la indignación crece. Los líderes políticos harían bien en escuchar este clamor antes de que sea demasiado tarde, porque el descontento acumulado, cuando no encuentra cauces institucionales para expresarse, termina por estallar. Y cuando eso ocurra, no habrá comunicado de prensa ni foto electoral que alcance para contener la furia de un pueblo que solo pide lo que la Constitución promete: un trato digno y un servicio público a la altura de sus necesidades.

Votos de Petro, fraude y desidia del progresismo

En la imagen: Hernán Riaño / Periodista - Director de SoNoticias

 Por Hernán Riaño

“Es cierto que en la costa se compran votos. Qué vamos a hacer, es un hecho. Si el elector no recibe un aliño, no vota. Eso es tradicional en todos los departamentos de la costa y se ha extendido ese mecanismo electoral a todo el país” (Roberto Gerlein-exsenador/ exministro Conservador)

Después de transcurridos unos días de haberse realizado las elecciones parlamentarias junto con las consultas presidenciales, lo que se sospechaba a gritos se convirtió en una tragedia para la democracia colombiana.  La ultraderecha dejó claro que, como siempre, utilizó la combinación de todas las formas (de lucha) de fraude electoral para intentar evitar el avance del progresismo. Desde la «clásica y tradicional» compra vulgar de votos, pasando por la venta de paquetes de “sufragantes” por parte de un (¿o varios?) registrador(es), la presión al elector, las amenazas, el uso de un software programado, supuestamente, para alterar resultados, hasta la sofisticada empresa electoral que consiste en instalar jurados falsos (supuestamente vinculados a la registraduría), que ya tienen ganadores premeditados en las mesas de las que se apropian. 

Todo esto en un complot en el que concurren, supuestamente (siempre hay que decirlo), funcionarios o calanchines del CNE, la Registraduría, empresas privadas dedicadas a estas oscuras actividades y que han alterado los resultados electorales por años sin que la justicia haya investigado y condenado, uno de los delitos más graves; bien lo decía Roberto Gerlein con un cinismo descarado, refiriéndose a la compra d votos en Barranquilla: “Es cierto que en la costa se compran votos. Qué vamos a hacer, es un hecho. Si el elector no recibe un aliño, no vota. Eso es tradicional en todos los departamentos de la costa y se ha extendido ese mecanismo electoral a todo el país” (1), para tratar de demostrar que  ese delito era algo «normal» y no había nada que hacer y mucho menos debería perseguirse y castigarse. De hecho, su hermano Julio fue mencionado en este tipo de actividades junto con el clan Char y la utilización de Aida Merlano para lograr el triunfo de sus candidatos desde una sede conocida como la “casa blanca”. ¡Gerlein fue absuelto y Merlano condenada! (2) 

Bien lo había advertido el señor presidente desde el año 2.018, refiriéndose a los diferentes tipos de engaño para lograr unos delictuosos resultados en favor de la ultraderecha, pero con más fuerza con respecto al software de cómputo de votos, que es de una empresa privada, violando la sentencia del Consejo de Estado, que

obligaba a la entidad a adquirir uno propio para impedir el fraude y el manejo inadecuado de los datos de los colombianos por parte de extraños. El fallo demostró un fraude descarado en contra del partido MIRA en el 2.014 (3). 

El artículo décimo tercero del referido laudo dice: 

DÉCIMO TERCERO. - Conminar a la Organización Electoral para que adquiera el software requerido de escrutinios desde y para el Estado, es decir, que sea propio de dicha organización, y que permita una completa trazabilidad del escrutinio de mesa hasta la declaratoria de la elección, además realice los trámites para designar el personal idóneo para la prestación del servicio de soporte técnico especializado que se requiera, para la vigilancia y control del aplicativo a utilizar. 

Hoy estamos ante una realidad que nos quieren imponer los partidos de la ultraderecha junto con los medios de comunicación de propiedad de los grandes empresarios muy comprometidos en impedir que el cambio continúe con un segundo gobierno progresista. Una realidad que ha hecho que el señor presidente denuncie un fraude desde su única tribuna, la red social X, y que por una demanda del señor Ramiro Bejarano, le quiere poner una mordaza y censurarlo para que no siga con las acusaciones de fraude a la registraduría y los partidos políticos que la manejan (4). Aquí hay que aclarar que todos los medios televisivos, radiales (comerciales y comunitarios con licencia, ¿habrá alguna excepción?), periódicos y revistas y medios digitales creados por la ultraderecha, desde tempranas horas de la mañana hasta casi la media noche, atacan inmisericordemente al señor presidente y su gobierno, con mentiras, calumnia y falsedades, el único medio realmente imparcial es RTVC, al que también quieren censurar. 

En este complot también se han unido la procuraduría diciendo que todo es legal, empresarios de firmas encuestadoras, el registrador, y en general todo el poder que tiene secuestrado al Estado, todos afirmando al unísono que el fraude «no existe» negando la cantidad de pruebas que demuestran lo contrario.

Cabe destacar el papel casi nulo que hasta el momento ha mostrado la fiscalía, con un silencio tal que inquieta; por lo menos es la impresión de muchos ciudadanos que, ante las denuncias, ven como muy preocupante, la aparente inactividad del ente investigador que debiera, y es mi opinión de ciudadano, estar volcada en los puestos de escrutinio para evitar el fraude cantado y mostrado por los testigos electorales y los abogados que están allí. ¿Por qué ante tantas evidencias no actúa? Son centenares de denuncias en redes sociales, con videos, fotografías, audios y varios tipos de manifestaciones en la que muestran la verdadera dimensión de lo ocurrido, muchos de estos hechos ocurridos en flagrancia, pero perece que eso no le importa a la fiscal general de la nación que se ha caracterizado por su falta de comunicación con el país y su silencio permanente ante los graves hechos de violencia, corrupción y ahora de fraude que sacuden al país.

Es tan grave la cosa que en las últimas horas se filtró un audio en las redes en la que el senador, jefe de la banda antirreformas, como él mismo se denominó, Efraín Cepeda, supuestamente. “da órdenes a una persona, para quitarle 25 mil votos al Pacto Histórico y distribuirlos en los candidatos conservadores en la costa atlántica” (5). A eso han llegado, al descaro total. El interlocutor dice que va a hablar con los “registradores de confianza” y Efraín Cepeda que le enviará recursos “importantes” y dictamina la estrategia. ¿A quién le da la orden? ¿Qué tipo de funcionario o calanchín es? ¿Por qué tiene tanto poder? ¿Esto prueba la existencia de una registraduría paralela que vende resultados? ¿Cuáles son los registradores de confianza? (6). Estas son preguntas que deben resolver el registrador, el procurador y la fiscal. Obviamente el senador de marras negó todo, pero al parecer, este audio ya fue enviado a las autoridades para que confirmen su veracidad y las acciones a seguir. 

Como podemos darnos cuenta, el plan lo tenían muy bien estructurado y con las personas “clave” en cada sitio que ellos requerían. Sin embargo, fue el señor presidente que, con sus anuncios de fraude, su solicitud de testigos electorales y de abogados para que defendieran los resultados, como se ha logrado demostrar esta situación aberrante muy grave para la democracia. Todo el país se ha dado cuenta de la calaña de funcionarios que tienen nuestras instituciones, y que además ganan sueldos inmensos, pagados con nuestros impuestos, pero que solo les sirven a sus patrones.

Contrasta este accionar ruin y atrabiliario de la oligarquía, con el de una mayoría del pueblo colombiano que ha madurado tanto, que ya no reacciona violentamente, sino que lo hace por los canales democráticos; en este caso, ese pueblo consciente, se volcó a las urnas, en primera instancia, para intentar lograr un congreso de mayorías absolutas que permita al nuevo presidente tener gobernabilidad, y luego ante el evidente fraude, sin reparos se fue a proteger el voto y a colaborar con nuestra democracia, ante el atentado de las derechas y las mafias. 

Mientras el pueblo hace lo que le corresponde, apoyar al gobierno del cambio, muchos dirigentes progresistas se dedicaron a celebrar un triunfo “arrollador” con los datos del preconteo ilegal, como lo ha calificado Gustavo Petro, y que, para esos primeros días, resultaban 25 senadores y 39 representantes, lo que hacía que el progresismo quedara en las mismas condiciones que en el cuatrenio que termina. En el año 2.022 se eligieron 20 senadores más los 5 de comunes que generalmente votaban con el Pacto y 27 representantes, lo que hizo muy difícil y en la mayoría de los casos imposible aprobar las reformas propuestas por Petro. La meta era y sigue siendo, 52 senadores y 87 representantes para evitar los sabotajes de la derecha. Con el número que muy posiblemente se llegue a lograr, siendo optimista, de pronto 30 senadores y estar mas cerca de los 50 representantes, la labor legislativa podría ser un poquito más fácil, contando con parlamentarios de partidos que pudieran comulgar con las ideas progresistas y apoyar los cambios que requiere la sociedad colombiana, pero muy lejos de ser un “triunfo arrollador”. La realidad es tozuda, con estas elecciones se confirmó que los votos son de Petro, el fraude es una realidad, lo mismo que la desidia de muchos líderes, candidatos electos y de muchos parlamentarios que terminan su periodo todos ellos del progresismo, porque por esa falta de entrega no se pudo lograr la tan anhelada mayoría decisoria.  

¿De qué sirve ser la primera fuerza política en el país si no es la decisoria? ¿O es que los lideres del progresismo no aprendieron nada de nada en estos 4 años? 

El mensaje de las derechas con estos intentos y muy posibles fraudes que logren “coronar” es claro: “pueblo: ustedes no pueden gobernar, no pueden administrar a Colombia, ustedes no son nada ni nadie, son la “indiamenta” y por eso haremos hasta lo imposible, con las armas que sean necesarias para que no vuelvan”.

¿O es que no lo hemos entendido? 

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

https://x.com/wilsonariasc/status/2033188169810694340?s=20

https://www.lasillavacia.com/en-vivo/julio-gerlein-fue-absuelto-en-caso-de-compra-de-votos-para-aida-merlano/  

https://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/PDF/11001-03-28-000-2014-00117-00%20(1).pdf

https://www.facebook.com/RadioNacionalDeColombia/posts/%EF%B8%8Fla-primera-demanda-ante-el-tribunal-administrativo-de-cundinamarca-fue-instaura/1368423168659629/

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Colombia decide su futuro voto a voto

 Por: Jhon Jaiver Flórez G. 

La primera vuelta presidencial del 31 de mayo no será solo una contienda entre candidatos: será un plebiscito sobre el rumbo del país. La pregunta de fondo es clara: ¿continuará Colombia el proceso de reformas para reducir la pobreza y la exclusión, o regresará a las lógicas de concentración de poder y miedo?

El pasado domingo Colombia despertó bajo cielos grises y lluvias dispersas, como si el clima también quisiera participar en la jornada electoral. En ciudades, pueblos y veredas, los votantes se refugiaban bajo paraguas improvisados mientras jurados, estudiantes y observadores organizaban la votación en colegios y salones comunales convertidos, por un día, en templos de la democracia.

La escena era familiar: filas, tarjetones laberínticos, ciudadanos preguntando dónde marcar y testigos electorales discutiendo con solemnidad. En Colombia cada elección es a la vez ritual democrático y prueba de resistencia institucional: se vota, se cuentan los votos, se discuten los resultados y el país sigue adelante, a veces con entusiasmo, otras con resignación.

Las elecciones legislativas y las consultas dejaron una sensación ambivalente. Se eligió un nuevo Congreso y el país avanza hacia la primera vuelta presidencial del 31 de mayo. Pero el mensaje de fondo es otro: el sistema político colombiano, después de décadas de cambios, ya no es el que era.

Para entenderlo hay que mirar atrás. Durante gran parte del siglo XX, Colombia estuvo dominada por el bipartidismo liberal-conservador. Estos partidos no solo competían por el poder: organizaban la vida política y social del país. En muchas regiones se nacía liberal o conservador con la misma naturalidad con que se nace hincha de un equipo de fútbol.

Tras la violencia partidista de mediados del siglo pasado, las élites optaron por una solución muy colombiana: compartir el poder. Así nació el Frente Nacional (1958–1974), que alternó la presidencia entre liberales y conservadores para evitar nuevas guerras civiles. El acuerdo trajo estabilidad, pero también consolidó un sistema excluyente: durante décadas la democracia funcionó como un club de dos partidos, donde quienes estaban fuera tenían escaso acceso al poder.

Ese modelo empezó a resquebrajarse con la Constitución de 1991. La nueva carta abrió el sistema a otras fuerzas y transformó formalmente el bipartidismo en un escenario pluralista. Surgieron partidos y coaliciones nuevas, pero las prácticas siguieron intactas: clientelismo, poder regional y alianzas entre élites. Cambiaron los nombres; la lógica del poder, nunca.

Mientras tanto, otra historia política avanzaba con enormes dificultades: la de la izquierda democrática. Durante décadas su presencia institucional fue marginal, no tanto por debilidad electoral como por la violencia sistemática contra sus dirigentes. En 1985 surgió la Unión Patriótica, un intento de abrir espacios de representación para sectores populares dentro de la democracia. La respuesta fue brutal: miles de militantes y dirigentes —concejales, alcaldes, diputados, congresistas e incluso candidatos presidenciales— fueron asesinados, lo que hoy se reconoce como uno de los genocidios políticos más horrendos de América Latina. No fueron crímenes aislados, sino la convergencia de múltiples poderes —actores armados ilegales, sectores políticos tradicionales, organismos del Estado, estructuras paramilitares, redes del narcotráfico y algunos intereses empresariales— que coincidieron en eliminar a una fuerza política que comenzaba a cuestionar el orden establecido.

El mensaje fue contundente: hacer política desde la izquierda costaba la vida. Durante años ese miedo debilitó a la izquierda. Sin embargo, el siglo XXI trajo cambios graduales. Nuevos movimientos alternativos empezaron a ganar espacios en la política regional; alcaldías y gobernaciones comenzaron a ser ocupados por liderazgos distintos al tradicionalismo. Fue un proceso lento pero constante, que permitió a la izquierda ampliar su base social y disputar apoyo en sectores históricamente marginados.

El punto de inflexión llegó en 2022, cuando la coalición progresista alcanzó la presidencia con Gustavo Petro. Por primera vez, la izquierda logró el poder por vía electoral. El hecho fue histórico y profundamente incómodo para quienes durante generaciones habían administrado el país a su antojo.

Las elecciones del domingo marcaron una transición en la política colombiana, con más de veinte millones de votantes (49,6 % del censo electoral), una participación dentro de los promedios históricos. Sin embargo, lo más significativo es la reconfiguración del mapa político. La derecha y el centro están cada vez más fragmentados, con múltiples candidaturas en competencia, mientras que la izquierda muestra mayor cohesión y un crecimiento sostenido. El antiguo bipartidismo ha desaparecido, dando paso a un sistema plural y polarizado, donde la dispersión predomina en la derecha y el centro, y la izquierda avanza en consolidación.

En la ultraderecha persiste un electorado significativo, como lo evidencia la Gran Consulta por Colombia, que obtuvo más de cinco millones de votos. Sin embargo, este electorado está dividido: por un lado, la derecha radical y populista, representada por Abelardo de la Espriella, con un discurso confrontacional, nacionalista y promesas de mano dura frente a las reformas progresistas; por otro, la derecha institucional vinculada a Álvaro Uribe, que busca reconstruir un liderazgo competitivo con Paloma Valencia, proyectando una moderación calculada para atraer al centro político. La derecha se debate entre intensificar o suavizar su mensaje. 

En el centro, la situación es aún más incierta. Históricamente espacio de moderación y consenso hoy funciona más como puente entre polos que como fuerza propia. Las consultas recientes evidenciaron su fragilidad: liderazgos urbanos conservan presencia, pero no logran consolidar poder decisivo.

La izquierda progresista llega a este nuevo ciclo con su base social y parlamentaria más sólida que en cualquier momento reciente, aunque aún insuficiente para asegurar las mayorías necesarias para impulsar reformas de gran alcance. El desafío es considerable: ampliar apoyos de sectores moderados sin diluir el proyecto político, en medio de un debate público atravesado por temores y manipulación mediática. 

En varias regiones se observó un fenómeno llamativo: incluso donde los candidatos progresistas eran poco conocidos o generaban reservas, las listas obtuvieron un respaldo significativo. Fue el caso del Quindío —históricamente dominado por una clase política tradicional, clientelista y corrupta—, aquí el Pacto Histórico sorprendió con una votación considerable. Algunos analistas hablan de una “ola política”: la convergencia entre el impulso del liderazgo de Gustavo Petro y la creciente visibilidad de la aspiración presidencial de Iván Cepeda. Si esa ola se convierte en una corriente nacional o se diluye en las turbulencias de la campaña presidencial, será finalmente, una decisión ciudadana. Entre lluvias, tarjetones y murmullos en los puestos de votación, la democracia colombiana sigue haciendo lo que ha aprendido a lo largo de su historia: intentar decidir su futuro… voto a voto.

La primera vuelta presidencial del 31 de mayo no será solo una contienda entre candidatos: será un plebiscito sobre el rumbo del país. La pregunta de fondo es clara: ¿continuará Colombia el proceso de reformas que busca reducir desigualdad, pobreza y exclusión, o regresará a las lógicas tradicionales de concentración de poder y miedo?

El Congreso recién elegido define el escenario de esa disputa. La base política del progresismo sugiere una posibilidad real de triunfo, pero alcanzarlo exige más que entusiasmo: demanda trabajo sostenido, presencia en todas las regiones y una ciudadanía consciente del momento histórico que enfrenta.

Porque la democracia no es un regalo; es una responsabilidad. Y en Colombia, tras décadas de violencia, exclusión y manipulación, cada voto cuenta no solo para elegir un gobernante, sino para decidir si el país seguirá avanzando hacia una sociedad más justa o volverá a repetir los errores y horrores del pasado. La historia no espera, y el futuro de Colombia depende de la decisión colectiva de quienes hoy se paran frente a una urna.

* La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

Elecciones Colombia 2026 / 1er asalto. Reflexiones de un Grinch zurdo

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com- 

El principal obstáculo para el cambio en Colombia es ganar la batalla cultural por la descolonización de la mente del ciudadano, aún atrapada en imaginarios conservaduristas y mafiosos que benefician las élites y naturalizan la exclusión.

El reciente primer asalto electoral deja una lectura agridulce para algunes sectores alternativos (o de izquierda como sabiamente se les llamaba antes). Si bien es innegable y celebrable el incremento en la votación de las fuerzas del “progresismo”, este crecimiento numérico no debe ocultar una realidad sociológica profunda y preocupante, en la que se evidencia cómo, un amplio sector de la sociedad colombiana, sigue atrapado en una narrativa de dominación impuesta hace más de dos siglos, que ha creado un poderoso imaginario colectivo en el que se asume como "natural", "debido" y "conveniente" que el destino del país continúe en manos de un reducido grupo de apellidos y familias tradicionales.

Se trata de una élite cuya riqueza, de origen muchas veces discutible y sustentada en el despojo colonial, la apropiación de lo público, el clientelismo y la explotación laboral, pretende equipararse moralmente al esfuerzo de quienes nada tienen. A pesar de que su caudal se ha forjado con el sudor de los más pobres, persiste la creencia inculcada de que son los únicos capacitados para dirigir los rumbos de la nación, perpetuando un statu quo que beneficia a unos pocos en detrimento de las mayorías.

Este avance electoral de una izquierda aún en proceso de maduración institucional y programática es, sin duda, un síntoma de cambio. Sin embargo, esta propuesta política enfrenta la titánica tarea de consolidarse como un verdadero partido que haga tránsito definitivo hacia una plataforma transformadora, capaz de disputarle el poder a los actuales engendros de la derecha. Estos, disfrazados hábilmente de "centro", no proponen otra cosa que mantener intacto un modelo de capitalismo rancio, excluyente y moralmente cuestionado a nivel global, a través del regreso a la violencia institucional como única vía para solucionar la inequidad y los problemas de Colombia.

La gran deuda, y quizá la tarea más urgente y de más largo aliento que tienen por hacer las fuerzas políticas alternativas (o de izquierda como se llamaban hace años), no está únicamente en las urnas, sino en los territorios. Se trata de la lucha cotidiana por descolonizar la mente del ciudadano del común. Una mentalidad que aún permanece enjaulada en esquemas conservaduristas, reforzados por múltiples actores: la manipulación religiosa (tanto católica como evangélica), que dicta conductas y estigmatiza la disidencia; una academia frecuentemente aferrada al modelo cuadriculado y fordista de educación, que forma para la obediencia y no para el pensamiento crítico; y la promoción de falacias como el "emprendimiento autónomo" salvador, encarnado en sistemas multinivel (Herbalife, Yanbal, DMG) o en la ilusión de riqueza fácil a través de internet.

Este coctel de adoctrinamiento ha calado hondo, inculcando la máxima de que el fin (tener plata y darse lujos) justifica los medios, sin importar su procedencia. Se refuerza así, día a día, los estragos de la contracultura narco, que encuentra su máxima expresión política en candidaturas como la de Abelardo de la Espriella o en el culto irracional a un uribismo latifundista y pendenciero, personificado en figuras como Paloma Valencia.

Finalmente, pero no menos importante; mientras la ciudadanía siga eligiendo alcaldes, gobernadores, concejales y diputados que operan en las esferas del clientelismo, la corrupción descarada y la manipulación del hambre y el desempleo, será materialmente imposible construir un modelo alternativo de sociedad. La democracia, en estos contextos, se reduce a un ritual que legitima la exclusión.

Adenda. La sombra del fraude: Resulta imperativo señalar que todo este panorama se ve agravado por el papel de la prensa tradicional de derecha, que sigue empeñada en imponer el relato de la transparencia absoluta del sistema electoral y de la gestión del actual registrador, estos medios intentan blanquear un proceso que, en los territorios, sigue mostrando grietas profundas. A lo largo y ancho del país, ciudadanos y testigos electorales continúan denunciando y aportando pruebas de un posible fraude electoral que habría beneficiado, una vez más, a sectores de la derecha tradicional y a figuras como Paloma Valencia. Tal como lo han venido advirtiendo múltiples movimientos sociales y el propio presidente de Colombia. La distancia entre el relato mediático (Blu, Caracol, RCN, Semana, El Colombiano, etc.) de limpieza electoral y las irregularidades detectadas en las mesas de votación sigue siendo un abismo que alimenta la desconfianza y la ilegitimidad del sistema.

Y llegaron las elecciones, casi nada de propuestas y mucha corrupción *

Hernán Riaño / Periodista - Dir. SoNoticias

 Por: Hernán Riaño

Alcaldes, gobernadores y candidatos de la derecha han sido denunciados por el uso indebido de los auxilios que está dando el gobierno nacional para decir que son ellos quienes los dan y conquistar así a los electores.

La jornada electoral de 2.026 se inició en 2.025 con la consulta del Pacto Histórico en el que eligieron a Iván Cepeda como candidato a la presidencia y a Carolina Corcho como cabeza de lista al senado de la república. El tercero en discordia, Daniel quintero, renunció a esa competencia, anunciando que era una trampa del CNE, como en realidad sucedió y que participaría en la interpartidista del próximo 8 de marzo (1). 

Después de esa campaña, los seleccionados por el voto popular a las listas de congreso se sumieron en una modorra, en una resaca postelectoral en la que todos, pareciera, se hubieran ganado el cielo y que iban a ser, muy seguramente, según ellos, senadores o representantes solo con el capital electoral de nuestro señor presidente Gustavo Petro. Valga aclarar que es tan grande la popularidad de nuestro mandatario que según las últimas encuestas y después de tres años y medio de gobierno, con todas las trabas y trampas puestas por la derecha, supera el 50% de favorabilidad, y eso que las firmas encuestadoras no van a preguntarle a los campesinos, indígenas y negros directamente a sus regiones; de hacerlo, la sorpresa sería mayúscula.

Ellos volvieron a “trabajar” el 12 de enero, habiéndose perdido un tiempo precioso, que sí aprovechó la derecha para hacer sus trampas acostumbradas y tratar de bloquear las candidaturas de Iván Cepeda a la presidencia y las listas al senado y a la cámara. Algunos de esos obstáculos los pudo superar el partido, pero en otros casos aún a muy pocos días de realizarse las elecciones, la espada de Damocles pende sobre la lista al senado (aún no pude encontrar decisión definitiva) y por observaciones de personas estudiosas y acuciosas, se podría estar cocinado un impedimento a Cepeda para que fuera el candidato del Pacto histórico. Siguen “craneando” formas ilegales de sacar del camino al partido mayoritario de Colombia.

Entremos directo a lo que ha sido la campaña en sí. Por el lado del progresismo hay dos sectores, el del Pacto Histórico y el del Frente por la Vida. El primero tiene listas cerradas cremallera y el segundo, abierta preferente. Infortunadamente en Colombia, los sectores que se dicen cercanos al pueblo no han entendido lo de la lista cerrada cremallera. El fundamento de tener una lista de este tipo, además de lograr el máximo de curules posibles, es que tanto los candidatos como los votantes entiendan que lo importante no son tanto las personas como sí, el programa del partido, que en este caso es el programa de Gustavo Petro, como base. Las condiciones especiales de estos comicios han hecho que esos candidatos no hayan hecho campaña difundiendo y haciendo conocer el programa de gobierno y ni siquiera se hayan mostrado ante el electorado colombiano. Además, las luchas intestinas por querer ser el más popular o quedar en el mejor puesto estuvieron a la orden del día. En el sector del frente por la vida, cada candidato está haciendo su campaña, muchos sin experiencia por ser la primera vez que abordan estas luchas, pero haciendo propuestas de seguir implementado el programa del primer gobierno de izquierda. En ambos sectores, la falta de capital para la financiación de sus campañas ha sido evidente, contrastando con los miles de millones que ha gastado la ultraderecha.

Como es costumbre centenaria, las derechas de este país, hacían sus quehaceres electorales con mentiras, calumnias, falsedades y otras malas artes, también han usado la corrupción al elector, como la compra de votos, el clientelismo o las promesas que no cumplen. Ese ha sido su modus operandi y hasta las elecciones regionales les dio resultado, de hecho, los alcaldes de casi todas las ciudades de Colombia están gobernadas por personas que representan este nauseabundo sector político, así como la mayoría de los gobernadores. Como a estos ultraderechistas solo les interesa seguir depredando los recursos del Estado, no tienen propuestas, que hoy, gracias a lo que se ha conocido y al gobierno del cambio, el pueblo ya no les copia, solo algunos cómplices ignorantes aún son el soporte para llegar a las altas corporaciones. 

Están utilizando todas sus armas, con su mayor potencial, para tratar de llegar y de paso desacreditar a Gustavo Petro y a Iván Cepeda. Han desplegado una campaña de compra de votos como nunca antes se había visto, con unas cotizaciones del sufragio, que, según rumores e informaciones no oficiales, en algunos casos podría llegar al medio millón de pesos. Pero eso no es todo, lo más ruin es aprovecharse de las desgracias de los pobres para tratar de conseguir votos; es así como en los municipios donde el río Sinú afectó a los ciudadanos y la escasez se ha hecho latente, hacen proselitismo electoral con las ayudas estatales (2). O si no, se roban el agua de los hidrantes de los acueductos y se las llevan a los ciudadanos que carecen del líquido, también para exigirles el voto a cambio (3), pero lo más descarado es que están usando las políticas y auxilios que está dando el gobierno para decir que son ellos quienes las dan y conquistar así a los electores.  Alcaldes, gobernadores y candidatos de la ultraderecha han sido denunciados por el uso indebido de estas prácticas, hasta el señor presidente lo ha hecho. 

El “todo vale” parece ser la estrategia de estos personajes que tanto mal le han hecho al país y sus gentes, en esta contienda electoral para derrotar al progresismo y evitar que continúe el proyecto. En los últimos días las incautaciones de dinero para, supuestamente, usarlos en la compra de votos suman más de mil millones de pesos y esta cifra puede subir, ya que el día de las elecciones es cuando más se ve este fenómeno con muchos involucrados en todo el país. 

Han hecho un despliegue de mentiras y falacias en las que quieren imponer una narrativa de que todos los problemas del país nacieron con Petro, pero “prometen” que ellos los van a soluciona.  Tamaña mentira, llevan más de 200 años de espoliación del pueblo y ahora, estos descarados, quieren que el pueblo crea que la ultraderecha son un grupo de ángeles caídos del cielo que vienen a reparar los mismos problemas que causaron. 

La campaña de la oposición, tanto para consultas como para congreso se ha basado solo en hablar mal del presidente y del candidato Iván Cepeda, no pierden adjetivos denigrantes de todo tipo para referirse a ambos, al presidente que deja el cargo y al candidato que muy seguramente, según las encuestas y las manifestaciones, será el segundo presidente progresista de Colombia. Contra Cepeda están usando el mismo libreto que utilizaron en los años 2.018 y 2.022, calificándolo de guerrillero, castrochavista, candidato de la guerrilla comunista o socialista, demostrando una falta de creatividad, inteligencia y su verdadera estupidez. Mientras que las propuestas brillan por su ausencia, ¿alguien sabe que proponen realmente, aparte de apropiarse las realizaciones de Petro y copiar su programa, que han hecho? Valga decir que solo hablan de reivindicaciones sociales en época electoral, pero el verdadero propósito de estos personajes en querer recuperar el gobierno para seguir desangrándolo de todas las formas posibles. Su lenguaje en esta campaña es más compra de votos, más clientelismo, más amenazas, más atentados más violencia y ninguna propuesta en favor del pueblo. Muchos corruptos condenados o investigados están haciendo campaña para si o para sus protegidos sin ruborizarse, haciendo correrías, engañando parroquianos con el mismo discurso de siempre.

Aterra ver como los medios le ponen a su disposición los micrófonos para que digan todo tipo de sandeces que después esos mismos periodistas disfrazan como una verdad inobjetable, no importa que la realidad sea otra, solo quieren venderlos como lo que no son, como si fueran los salvadores del país. Es lo mismo que publicitar un producto como no dañino para la salud, pero que tiene componentes que afectan al ser humano de forma ostensible. Esos mal llamados medios de comunicación, que lo que les han hecho a los colombianos es sumirlos en una ignorancia y embrutecimiento tal, que han logrado el cometido de que los colombianos elijan a los causantes de sus males una y otra vez por varias décadas.

Los ciudadanos, este 8 de marzo, tienen en sus manos y conciencia el destino del país. Hay que salir a votar, lograr las mayorías absolutas en el congreso para que se puedan aprobar las reformas, citar a una constituyente, se pueda elegir buen fiscal, contralor, procurador y magistrados de las altas cortes, que se reforme la justicia que, en este momento, es la madre de todos nuestros males.

¡colombiano, usted tiene la palabra, de usted depende el futuro del país! 

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

https://caracol.com.co/2025/10/15/cne-y-la-registraduria-mataron-la-consulta-del-pacto-historico-por-eso-renuncio-daniel-quintero/ 

https://www.infobae.com/colombia/2026/02/10/petro-denuncia-uso-politico-de-ayudas-estatales-y-compra-de-votos-en-cordoba-eso-es-sinverguenzura-electoral/

https://www.facebook.com/GiroProgresista/posts/pol%C3%ADticos-usando-agua-potable-para-campa%C3%B1as-electorales-petro-ordena-investigaci/929559709595374/https://www.facebook.com/61566450327066/posts/atención-presidente-advierte-acciones-contra-uso-político-del-agua-en-aguachica-/122214470876548344/

https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2026-03-03/la-policia-captura-a-un-escolta-del-secretario-de-la-camara-con-145-millones-de-pesos-en-efectivo-y-propaganda-electoral.html

https://www.infobae.com/colombia/2026/03/04/quedo-en-libertad-el-escolta-del-secretario-general-de-la-camara-que-habia-sido-detenido-con-145-millones-y-publicidad-politica/

La mentira, patrimonio nacional de los periodistas *

En la imagen; Germán Navas Talero - Jurisconsulto y excongresista colombiano

Por: Germán Navas Talero

Editor: Francisco Cristancho R.

El periodista promedio en Colombia se sujeta a la línea editorial del medio en que trabaja, lo que le impide publicar libremente la información, debiendo adaptar o silenciar su contenido según las órdenes de sus patronos

Queda uno aterrado de todo lo que es capaz de inventar un periodista sin escrúpulos, especialmente en los grandes medios de comunicación colombianos. Estuve mirando los resultados de la investigación contra Nicolás Maduro, a quien los periodistas colombianos aún denominan dictador -cuando dictador sería el señor Donald Trump-, y resulta que encuentro que no hay una sola prueba en los Estados Unidos de que Maduro haya sido dictador o narco.

Todo eso fue un invento de la prensa gringa, acolitada por la de acá. Y cuando los colombianos se refieren al señor Maduro le dicen dizque dictador, ¿pero, cuál dictador? Me puse a mirar el récord y no tiene ningún proceso en contra. Estados Unidos no tiene nada contra él, y su abogado hace poco tuvo que salir a decir que realmente no existe nada, y que todo fue montado por los medios de comunicación al servicio del trumpismo.

Aquí en Colombia, cualquier currinche -como llamaban anteriormente a los periodistas malos o principiantes- dice cualquier cosa e inmediatamente la gente lo cree. Aquí los colombianos se tragaron el cuento -y se lo tragaron completito- de que Maduro es un dictador. Si hacen un análisis completo tendrían que reconocer que más dictadura fue la que tuvimos acá con el gran colombiano. Eso sí fue una dictadura que produjo más de 6.400 falsos positivos. Aquí mataron a un jurgo de gente durante ese gobierno, allá no.

A Nicolás Maduro se lo tiraron porque los gringos se lo querían tirar; porque Maduro no se les arrodilló, y como no se les arrodilló, se lo tiraron. Ya, en este momento, salieron a decir que no hay ninguna prueba de que Maduro haya sido un narcotraficante. No hay ninguna prueba de que haya cometido genocidio; no hay ninguna prueba de nada. Todo eso se lo inventaron los de allá, y los de aquí simplemente copiaron, porque el periodista colombiano es feliz copiando lo que el gringo diga. Si el gringo se inventa una palabreja, ahí tiene que haber algún colombiano listo a copiarla.

Yo recuerdo que antes se hablaba de versión: La versión que dio fulano de tal fue esta y esta, y así se empleaba; ahora, como los gringos improvisaron el término narrativa entonces ya no hablan de versión sino de narrativa. ¿Han visto cómo la usan hoy para todo? Porque el periodista colombiano tiene que copiar lo que el gringo haga, si no, no está bien dicho.

Algo similar les pasa con las personas de Rusia. ¿Se han fijado? Para los periodistas colombianos todos los rusos son malos. Y uno se pone a mirar a través de la historia y mucho más malos han sido los gringos. Y cuidado uno va a Rusia, porque si usted va a Rusia, peca; porque según estos bárbaros todos los rusos son ateos, y resulta que ellos son bien rezanderos. La mayoría son cristianos ortodoxos, respetan sus creencias, pero no son ateos, como dice acá nuestra ‘gran prensa’. Es cierto que el comunismo raizal es ateo, pero esa no es una imposición del Estado. Con razón prefieren a los gringos, esos sí que son rezanderos, ellos todo lo consultan con el párroco, con el cura, con su pastor, absolutamente todo, y es en la iglesia donde se maquinan toda clase de cosas. Los golpes de Estado se maquinan justo allí: en las iglesias de los Estados Unidos.

Antes de escribir, señores periodistas, documéntense, lean, no copien. La copialina se permitía en los colegios y en las universidades, pero la mayoría de ustedes ya está muy grandecito para que siga copiando todo. Y díganle a su editor en jefe que ustedes escriben lo que vieron, no lo que él quiere que ustedes vean. Porque eso es muchas veces lo que pasa: currinche o cuasi-periodista colombiano ve una información, pero no puede publicar lo que ha visto. Esa es la realidad. Si el jefe quiere que diga tal cosa, el periodista lo dice, o le da un ángulo distinto para que lo que se debía decir finalmente no se diga.

Así está el periodismo en este país. Quisieron desacreditar como fuese a Nicolás Maduro, y así lo hicieron. No lo bajaban de dictador, y ahora, cuando comienza a verse qué había en esa mazorca, resulta que no tenía granos, que era solo una tusa.

Yo les doy un consejo: no crean absolutamente nada de lo que publica nuestra ‘gran prensa’. Por principio, no crea nada de lo que dicen nuestros medios grandes. Todo es mentira. Todo es un cumplimiento de órdenes, o de los Estados Unidos o de la derecha. La realidad colombiana nunca se la mostrarán los medios porque son medios financiados por los dueños del capital.

Y para finalizar…

Todo indica que ahora la política la quieren hacer las bestias, porque antes uno entraba a la plenaria del congreso -ya fuese de Cámara o de Senado- y se preguntaba: “¿esto es un zoológico o una corporación de seres humanos?”; pero ahora sí que es peor, porque uno escucha en las calles: ¡Yo soy el tigre!, dice uno; ¡Yo sí soy el león!, dice el otro. ¡Y yo soy el perro!, dice uno más. Y el tal tigre creo que es uno que aspira a la presidencia…

Colombia debería entonces cambiarse el nombre por Animalandia, porque sus políticos son exactamente eso… ¡unos animales! 

Coletilla por Deisdre Constanza. Resulta preocupante que muchos periodistas y comunicadores, que por ignorancia sigan llamando “americanos” únicamente a los ciudadanos de Estado Unidos. No es un simple error de diccionario, es la evidencia de una formación deficiente y de una repetición de versiones impuestas. América no es un país, es un continente diverso y plural que va desde el sur de la Patagonia hasta el norte de Canadá. Sin embargo, se insiste en reducir su nombre a una sola nación, como si el resto fuéramos invisibles. El lenguaje no es inocente, este construye imaginarios, consolida poderes y normaliza jerarquías. Cuando un comunicador desconoce algo tan básico como la geografía política del continente, no solo desinforma, legitima una apropiación simbólica que invisibiliza a millones de latinoamericanos, centroamericanos y caribeños que también somos americanos. Llamar americanos exclusivamente a los ciudadanos de Estado Unidos no es precisión periodística, es concesión repetida que se convirtió en costumbre, a su vez en subordinación y sometimiento. Nombrar correctamente no es un capricho ideológico, es un acto mínimo de rigor y de dignidad continental. Y no podemos seguir sometidos a una potencia ni siquiera desde las palabras. La soberanía también empieza como nos identificamos y nombramos geopolíticamente.

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

La decisión cautelar y el modelo de desarrollo en disputa *

Por: Jhon Jaiver Flórez G.

Como en todas las recientes ceremonias del Consejo de Estado, quien termina en el centro del sacrificio no es el decreto ni la sentencia: es el trabajador que vive al día y con escasez

En Colombia el salario mínimo dejó de ser una cifra técnica para convertirse en un espejo moral. Cada año se repite el ritual con puntualidad litúrgica: mesas de concertación, comunicados solemnes, advertencias catastrofistas, celebraciones moderadas. El salario mínimo es nuestro altar laico. No es de mármol ni de oro; está hecho de tablas estadísticas y artículos constitucionales. Allí se sacrifican porcentajes, se invocan principios y se quema incienso macroeconómico en nombre de la estabilidad. Pero, como en toda ceremonia donde abundan sacerdotes y escasean testigos del hambre, quien termina en el centro del sacrificio no es el decreto ni la sentencia: es el trabajador que vive al día y con escasez.

La suspensión provisional del Decreto 1469 de 2025 por parte del Consejo de Estado —que fijaba para 2026 un salario de $1.750.905 más $249.095 de auxilio de transporte, con un incremento del 23,7%— reactivó la homilía nacional en tono de catecismo macroeconómico. La decisión no anuló el aumento ni lo declaró inconstitucional; lo dejó en pausa mientras se expide un nuevo decreto transitorio, esta vez revestido de “fundamentación técnica exhaustiva”, fórmula que en Colombia suele operar como agua bendita institucional.

Inflación, productividad, crecimiento del PIB, participación salarial en el ingreso nacional, función social de la empresa, protección especial al trabajo: todo debe ponderarse con rigor milimétrico, como si el salario fuera una pieza delicada del equilibrio cósmico. La aritmética —se nos dice— no admite improvisación. Y es verdad. Lo sugestivo es que esa severidad casi quirúrgica se invoca con fervor particular cuando se trata de mejorar el ingreso de quienes menos ganan. Para otras decisiones que favorecen a los sectores más acomodados, la técnica rara vez adquiere dramatismo pedagógico.

Así el país aprende una lección curiosa: el salario del trabajador es asunto de alta sensibilidad científica, mientras otros privilegios transitan con serenidad estadística. La técnica importa, sin duda. La fijación del salario no puede depender del entusiasmo político ni del pánico empresarial. Requiere sustento verificable. Pero tampoco flota en el vacío. Opera dentro de una estructura social atravesada por desigualdades persistentes. Pretender que el debate es un ejercicio neutral de matemáticas es olvidar que detrás de cada cifra hay cuerpos concretos, familias reales y biografías que no caben en una hoja de cálculo.

Colombia no discute su salario mínimo en un laboratorio escandinavo. Lo hace tras más de tres décadas de apertura y reformas laborales que prometieron eficiencia, competitividad y empleo. En el gobierno de César Gaviria se abrazó la flexibilización como dogma modernizador: abaratar costos laborales, promover la tercerización, reducir “rigideces”. La promesa era seductora: menos obstáculos para el capital significarían más oportunidades para el trabajo.

El balance, sin embargo, es menos luminoso. La informalidad continúa siendo estructural. La estabilidad laboral es privilegio. Las jornadas se extienden sin que el ingreso garantice plenamente salud, pensión o vivienda digna. La desigualdad permanece como cicatriz abierta. El progreso ha sido selectivo; la precariedad, masiva.

Aun así, el relato dominante logró una proeza retórica: convencer a buena parte del país de que el problema del empleo no radica en la concentración del ingreso ni en la baja productividad estructural, sino en el salario de quienes menos ganan. Se instaló un colonialismo psicológico de la dignidad: si no hay empleo suficiente, la culpa es del salario mínimo; si la empresa no compite, el obstáculo es el costo laboral; si la economía se desacelera, el trabajador “gana demasiado”. El ingreso básico se convirtió en chivo expiatorio macroeconómico.

El contraste es didáctico. Mientras el país debate con gravedad teológica si el trabajador puede ganar unos pesos adicionales sin que colapse la civilización occidental, altos dignatarios del Estado —magistrados de las altas cortes y congresistas siempre atentos a sus prerrogativas— devengan más de cincuenta millones de pesos mensuales con impecable naturalidad republicana. No hay mesas de concertación para examinar la “productividad marginal” de sus decisiones, ni urgencias metodológicas para ponderar el impacto inflacionario de sus emolumentos. La austeridad se predica hacia abajo y se relativiza hacia arriba. Esa direccionalidad no es técnica: es moral.

Desde una perspectiva progresista, el problema no es un porcentaje aislado sino el modelo que naturalizó que millones trabajen y sigan siendo pobres. El salario se presenta como costo a contener antes que como derecho a garantizar. Se olvida que no es solo gasto empresarial: es demanda efectiva, cohesión social y estabilidad democrática.

Las cifras oficiales estimaron que el incremento beneficiaría directamente a cerca de seis millones de trabajadores formales y, incluyendo sus hogares, a casi diez millones de personas. Se proyectó una inyección considerable a la demanda agregada y la inflación registrada no produjo el cataclismo anunciado. El keynesianismo clásico recordaría que elevar el ingreso de quienes tienen mayor propensión al consumo dinamiza la economía. Redistribuir no es sentimentalismo; es racionalidad macroeconómica.

El debate reciente incorporó además la noción de salario mínimo vital y móvil, en sintonía con estándares de la Organización Internacional del Trabajo. No es consigna coyuntural, sino referencia vinculada a derechos humanos: alimentación adecuada, vivienda digna, servicios básicos, educación y salud. Si un hogar promedio requiere cerca de tres millones de pesos para cubrir necesidades esenciales y el salario legal se ubica por debajo de ese umbral, la discusión deja de ser contable y se vuelve ética.

El salario mínimo tradicional ha funcionado con frecuencia como techo en lugar de piso. Lo que debía garantizar lo indispensable termina delimitando lo máximo pagable en sectores con débil negociación colectiva. El mensaje implícito es inquietante: esto es lo menos que podemos pagar y, en la práctica, lo más que estamos dispuestos a reconocer.

Aquí emerge la tensión constitucional: el principio de no regresividad en derechos sociales. Si una medida mejora el acceso a condiciones básicas de vida, cualquier retroceso exige justificación estricta. La suspensión cautelar abre interrogantes legítimos. ¿Es mera exigencia metodológica o riesgo de regresión material? La respuesta no cabe solo en un expediente; es política y cultural.

Reducir el conflicto a un pulso entre el Consejo de Estado y el Gobierno sería miope. Lo que está en juego es la concepción de desarrollo. Competir por salarios bajos perpetúa dependencia. Competir por productividad e innovación exige inversión pública, política industrial y redistribución inteligente. La desigualdad extrema no es solo problema moral; es obstáculo económico. Sociedades con brechas profundas registran mayor conflictividad y menor movilidad social.

Mientras tanto, el Estado declama orden con voz marcial, endurece penas y amplía catálogos delictivos como si el Código Penal fuera su política social más consistente. Resulta más sencillo inaugurar cupos carcelarios que reformar estructuras económicas. Se administra el síntoma con firmeza y se aplaza el diagnóstico con elegancia técnica. Una sociedad que distribuye con mezquindad y castiga con severidad termina perfeccionando su sistema penitenciario mientras posterga la construcción de ciudadanía.

El salario mínimo es apenas la punta visible de un iceberg mayor: tercerización que diluye responsabilidades, debilitamiento sindical, brecha de género persistente, concentración de riqueza celebrada como mérito. Se pide sacrificio a quienes menos tienen y se llama dinamismo a la acumulación en la cúspide.

Colombia vuelve a situarse en la encrucijada donde se cruzan justicia social, ética pública y dignidad humana —esa palabra abundante en campaña y escasa en la práctica. Es año electoral: se eligen Congreso y Presidente, esa arquitectura solemne que promete leyes para el bien común y rumbos históricos. En teoría, el Congreso traduce el clamor ciudadano en normas; en la práctica, a veces traduce el lobby en artículos y la conveniencia electoral en silencios. El Ejecutivo ofrece dirección; ojalá no la reduzca a eslogan. Lo esencial —aunque con frecuencia se diluya— es que cualquier proyecto político serio debe poner en el centro a las mayorías que sostienen el país sin aparecer en las fotografías del poder. Mejorar la vida de quienes menos tienen no es caridad: es estabilidad democrática. Cuando la base social se fortalece, el país avanza; cuando se la precariza, el desarrollo se convierte en estadística elegante y barrios fatigados.

En ese contexto, el ciudadano entra al cubículo de votación y se enfrenta a un espejo. En el tarjetón no hay ideas abstractas, sino logos, nombres, trayectorias y decisiones pasadas. La democracia no suele fallar por falta de discursos, sino por exceso de olvido. Si el votante ignora quién votó contra sus derechos, quién archivó reformas sociales o quién blindó privilegios, la papeleta se vuelve trámite y no elección. Votar no es liturgia: es responsabilidad. El sufragio no es un acto de fe, sino de memoria. Y la dignidad —tan proclamada en los mítines— comienza por no delegar el propio criterio.

Porque el altar del salario seguirá convocando técnicos, jueces y políticos con sus fórmulas y proyecciones. Se discutirán elasticidades con solemnidad contable. Pero detrás de cada ecuación hay una nevera que se abre, un arriendo que vence, un pasaje que sube. Ningún modelo económico puede llamarse exitoso si necesita llamar “mínimo” a lo que debería ser simplemente humano.

Y aquí el detalle semántico revela su carga política. “Salario mínimo” es una expresión que contiene una pedagogía silenciosa: sugiere que quien lo recibe merece lo mínimo, que su esfuerzo alcanza apenas para el umbral de la tolerancia social. Normaliza la escasez como destino y convierte la supervivencia en horizonte legítimo.

Hablar de salario mínimo vital desplaza el sentido. Vital no es lo soportable, sino lo necesario para vivir con dignidad. No es concesión reducida, sino reconocimiento de humanidad. No es un cambio cosmético de etiqueta: es una diferencia ética profunda. Las palabras no solo describen la realidad; la configuran.

Una república que aspira a ser democrática no puede conformarse con garantizar lo mínimo. Debe proponerse asegurar lo vital. Decir “mínimo” es admitir resignación. Decir “vital” es afirmar dignidad.

* La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

Libertarios colombianos: El declive cognitivo en la Colombia de 2026

Por: Omar Orlando Tovar Troches – ottroz69@gmail.com- 

El atractivo de Bukele, Trump, Milei, Uribe y los candidatos de centro y derecha; reside en que amplifican discursos que "proporcionan una solución rápida y simple a un problema muy complejo”. Esa es la esencia del facilismo cognitivo

Cuando Dietrich Bonhoeffer escribió, desde la prisión nazi, su teoría sobre la estupidez no podía imaginar que ochenta años después su diagnóstico se materializaría con exactitud quirúrgica en las democracias latinoamericanas del siglo XXI. 

El teólogo alemán definió la estupidez no como una deficiencia intelectual, sino como un fenómeno moral e histórico, caracterizado por la renuncia voluntaria al pensamiento autónomo a cambio de la seguridad que otorga el rebaño (Bonhoeffer, Cartas desde la prisión, 1944). Paralelamente, el Efecto Flynn Inverso, consistente en el decline gradual y sostenido de las capacidades cognitivas, documentado en las últimas tres décadas en países de alto desarrollo ha dejado de ser una hipótesis académica para convertirse en el sello distintivo de nuestras sociedades.

La evidencia empírica de estos fenómenos de retroceso intelectual ya no habita exclusivamente en revistas especializadas; se observa claramente en TikTok, en X, en los medios tradicionales de Comunicación, en las plazas públicas y, sobre todo, en las encuestas electorales. Colombia, a días de las elecciones presidenciales de 2026, ofrece un laboratorio perfecto para observar cómo el facilismo extremo y la obediencia ciega (síntomas claros de esta nueva estupidez histórica) encuentran en figuras como Abelardo de la Espriella su expresión política más acabada. Lo que resulta verdaderamente inquietante no es la existencia de candidatos ultraderechistas, sino la naturalidad con la que sectores que hasta ayer se reivindicaban centristas, liberales e incluso progresistas, hoy claman por mano dura y soluciones mágicas mientras abrazan a un abogado vinculado al mundillo judicial de paramilitares y testaferros del narcotráfico.

¿Cómo entender semejante panorama? El análisis de Elizabeth Dickinson para el International Crisis Group resulta iluminador, puesto que señala que el atractivo de líderes como Bukele, Trump, Milei, Uribe, e incluso, los actuales candidatos y candidatas de centro y derecha; reside en que amplifican discursos con mensajes en los que "proporcionan una solución rápida y simple a un problema muy complejo”. Esa es la esencia del facilismo cognitivo contemporáneo: la demanda social por respuestas que no requieran mediaciones institucionales, procesales ni deliberativas. El pensamiento crítico ha sido reemplazado por la inmediatez emocional de los reels, los shorts y por la recompensa dopamínica de confirmar prejuicios traducidos en “Me gusta”, suscripciones, reproducciones o vistas.

Pero sería ingenuo atribuir este fenómeno exclusivamente a una supuesta "estupidez natural" de las masas. Bonhoeffer advertía que la estupidez es, ante todo, un instrumento de poder: quienes gobiernan la alimentan porque saben que los estúpidos son dóciles, disciplinados y fácilmente movilizables contra enemigos imaginarios. En esta tarea, han sido fundamentales ciertos sectores que, paradójicamente, surgieron como resistencias legítimas. 

El ecologismo radical, la proliferación e institucionalización de sectas religiosas, ciertas expresiones del feminismo interseccional y los activismos identitarios han sido hábilmente instrumentalizados hasta convertirse en caricaturas de sí mismos. Lo que comenzó como crítica genuina a exclusiones históricas terminó, en sus versiones más degradadas, en un repertorio de supuestas verdades incuestionables, lenguaje homogeneizador y puritano. La corrección política se transformó en fetiche de un progresismo sin programa. El resultado: Al menos dos generaciones "embolatadas"; sin herramientas para entender la estructura económica que las explota, atrapadas entre la indignación casi actuada y la absoluta inutilidad política, que termina por naturalizar hasta la violencia.

Este escenario social del siglo XXI ha sido ocupado por una nueva derecha (o Derecha Alternativa, según Varoufakis, 2024) que ya ni siquiera se molesta en ocultar sus vínculos con lo más oscuro de nuestra historia. Abelardo de la Espriella fue abogado de las Autodefensas Unidas de Colombia en el proceso de paz. Su libro Muerte al tirano, donde justifica el asesinato de jefes de Estado como acto patriótico, no es la excentricidad de un provocador; es la declaración explícita de un programa que disfraza de libertarismo lo que en esencia es fascismo del siglo XXI que solo busca beneficiar exclusivamente a las élites.

La pregunta que debería estremecernos no es ¿cómo llegamos hasta aquí? sino ¿por qué seguimos cayendo en las mismas trampas? El uribismo, fuertemente acorralado jurídicamente, busca resucitar una vez más, ahora bajo el ropaje de DeLa Espriella, el Milei colombiano o a través de sectores del centro liderados por el  camaleónico Roy Barreras o por la nadería sideral que representa Sergio Fajardo, a quienes la derecha política, pero, sobre todo, las élites económicas pretenden imponer para que reinstalen desde la Casa de Nariño, el mismo orden institucional que ayer suscribió pactos con paramilitares y que mañana gobernaría para los mismos conglomerados económicos que han condenado a este país a una indignante desigualdad.

El psicólogo canadiense James Flynn, al documentar el decline cognitivo de las últimas décadas, señalaba que la inteligencia no es una entidad biológica fija sino una función del entorno cultural. Si las sociedades contemporáneas se vuelven más estúpidas no es porque hayamos involucionado genéticamente, sino porque los estímulos culturales que recibimos (redes sociales diseñadas para la adicción, sistemas educativos empobrecidos, medios que confunden información con entretenimiento, liderazgos que premian lo escandaloso sobre la sustentación racional) han degradado sistemáticamente nuestra capacidad de pensar críticamente. En este sentido, la estupidez no es un pecado original, sino que es un régimen de producción.

Colombia está a punto de elegir y la advertencia de Bonhoeffer resuena hoy con la urgencia de un electrocardiograma plano: Contra la estupidez no bastan los datos, porque los estúpidos son inmunes a la evidencia. Se necesita algo más difícil: reconstruir las condiciones materiales y espirituales que hicieron posible, alguna vez, ciudadanos capaces de sostener contradicciones sin sucumbir al vértigo del fanatismo. ¡Soñar todavía es gratis!

Democracia o simulacro: la cita decisiva del 8 de marzo *

 

Por: Jhon Flórez

Intento de elites colombianas de sacar a Cepeda y al Pacto Histórico del camino fue un error de cálculo que terminará empujando a ciudadanía a respaldar campaña del Pacto y su candidato presidencial

En Colombia, desafiar al poder no es una extravagancia intelectual ni un exceso retórico: es, muchas veces, una condena anticipada. Gustavo Petro lo aprendió desde joven y lo ha pagado con una carrera marcada por amenazas, procesos políticos y una campaña sostenida para deslegitimarlo. Su supuesto “pecado” no es simplemente “gobernar mal” —esa acusación se fue construyendo después, alimentada por columnas, encuestas y operaciones mediáticas—: su verdadero agravio fue atreverse a levantar la alfombra. Y bajo ella no halló sólo polvo, sino un entramado histórico de prácticas que, naturalizadas, configuran el funcionamiento real del Estado: corrupción sistemática, nexos con el narcotráfico, parapolítica que permeó instituciones, élites económicas con ética instrumental y una clase política experta en administrar impunidad simbólica. Petro no creo ese inventario: lo leyó en voz alta. Y en Colombia, nombrar lo prohibido suele ser una transgresión que no se perdona.

De esa transgresión brota un odio que no se explica sólo por el disenso democrático. Es un rechazo visceral de quien se siente desnudo ante el espejo. La historia registra que Petro fue señalado como enemigo mucho antes de ocupar la Casa de Nariño. Hay testimonios y hechos que dan cuenta de amenazas que trascendieron el rumor, y la manera en que la violencia política se ha presentado como método en nuestro pasado reciente hace que determinadas confesiones políticas tengan consecuencias fatales. Cuando supo que su vida estaba en riesgo, Petro tomó una decisión inesperada dentro de la lógica del miedo: no se escondió. Fue al campamento paramilitar, no a negociar su silencio sino a encararlo, armado únicamente de argumentos políticos y de la convicción de que la palabra puede enfrentar al fusil. Ese gesto —en un país donde el terror ha sido instrumento de gobierno— quedó inscrito como una anomalía intolerable para quienes necesitan que el miedo funcione como disciplina social.

La experiencia de Petro como alcalde de Bogotá refinó otra lección: el adversario se incrusta en las mismas estructuras del Estado. Órganos de control convertidos en trincheras partidistas, medios de comunicación actuando como tribunales permanentes, y opositores que vieron en la administración pública un terreno para la obstrucción sistemática. Cuando no pudieron derrotarlo en las urnas, intentaron destituirlo; cuando eso fracasó, aprendieron la lección para una escala mayor. Ese patrón de reacción —bloqueo, litigio político, desacreditación pública— no es casualidad, sino una estrategia que ha probado su eficacia para desactivar agendas de cambio.

La Presidencia, lejos de apaciguar el conflicto, lo hizo visible y más agudo. Llegar al poder por mandato popular desactivó la narrativa del triunfo anecdótico y transformó a Petro en una amenaza tangible para los intereses enquistados. Desde el primer día se activaron mecanismos que, en conjunto, configuran lo que analistas llaman un “golpe blando”: señalamientos sin pruebas concretas (narcotraficante, terrorista, autócrata), bloqueo legislativo sistemático, persecución judicial selectiva, infiltración administrativa, suspensión arbitraria de funcionarios, manipulación informativa y pánico económico inducido. Gobernar dejó de ser gestión para convertirse en una resistencia cotidiana frente a una maquinaria con capacidad de desacreditar y paralizar.

Dos episodios retratan con nitidez ese pulso. La suspensión de la consulta popular y el trámite de las reformas sociales dejaron al descubierto cómo las reglas del juego pueden ser forzadas mediante maniobras reglamentarias y mayorías estratégicas. Impedir que la ciudadanía se pronuncie sobre asuntos de fondo no fue una disfunción del sistema, sino una maniobra calculada para restringir la participación. Tumbar la consulta no fue fortuito: fue el resultado de procedimientos orquestados por fuerzas políticas que optaron por la exclusión antes que por la deliberación pública. A su vez, la reaparición de la reforma laboral, luego de haber sido hundida y bajo un nuevo diseño, no buscó ampliar derechos sino neutralizar el impulso ciudadano, confirmando el cálculo de fondo: adaptar la ley no para democratizarla, sino para vaciarla de su potencial transformador.

El atentado contra un senador opositor fue otro hito que reveló cómo la política violenta y la instrumentalización del dolor pueden converger. El país rechazó el crimen; sin embargo, sectores de la oposición aprovecharon el hecho para convertir la tragedia en proyectil político contra el presidente, buscando asignar culpas morales antes que pedir rigor investigativo. En medio de la conmoción, emergieron maniobras de poder: el desconocimiento explícito de la autoridad presidencial por parte del presidente del senado Efraín Cepeda, negándose a participar en reuniones oficiales de seguridad, para erigirse como cabeza de un poder paralelo. No se trató de un gesto aislado, sino de una estrategia con efectos concretos: despojar al jefe de Estado de su condición de comandante en jefe, degradar su autoridad y normalizar la desobediencia institucional.

La reacción no quedó ahí. Marchas con destinatario único, llamados a militares retirados, solicitudes a organismos internacionales sin pruebas contundentes, y un coro mediático que entonó una misma letanía —Petro divide, Petro provoca, Petro debe dejar de ser Petro— configuraron una ofensiva que buscaba erosionar legitimidad. Cuando las altas Cortes invocan la autonomía en formas selectivas, o cuando decisiones judiciales parecen responder más a la geopolítica interna que a la letra del derecho, la sensación de captura institucional se intensifica. La autonomía judicial es un principio vital; su invocación parcializada y coincidente con intereses políticos es, por el contrario, una forma de usura democrática.

No es improvisación ni simple crisis episódica: tiene nombre y método. “Golpe blando en cámara lenta” describe un proceso de erosión constante diseñado para bloquear transformaciones y preparar el retorno del orden anterior. La violencia de antaño —balas y muertos— ha sido en buena medida complementada por procedimientos, titulares y conspiraciones maquilladas. El resultado es el mismo: cerrar el acceso ciudadano a reformas que cuestionan privilegios. La historia colombiana ofrece ejemplos de intentos de apertura neutralizados —antes por la represión directa, hoy por procedimientos administrativos y mediáticos—. No es azar, es estrategia.

El viaje de Petro a Washington condensó la expectativa opositora. Se apostó a la humillación internacional, a la mueca del anfitrión que confirmara la narrativa local de incompetencia o ilegitimidad. Hubo esfuerzos para denunciar y desacreditar al presidente en el exterior, pero la diplomacia, por su naturaleza pragmática, terminó por neutralizar el guion opositor. Lo que se esperaba que fuese espectáculo fue, en términos básicos, conversación: reconocimiento de canales, discusión de asuntos bilaterales y una agenda donde la soberanía y la interlocución jugaron un papel central. La estrategia de denunciar al propio presidente en foros ajenos quedó expuesta como capítulo de una campaña más amplia: llevar la controversia interna al plano internacional con la esperanza de clausurar espacios políticos locales.

En este escenario, uno de los actores más incómodos para el cambio es Álvaro Uribe. Más allá de animosidades personales, lo que inquieta a sectores vinculados al uribismo es la posibilidad de que investigaciones y testimonios acumulados sobre parapolítica, nexos con estructuras ilegales (narcotráfico) y violaciones al Estado de Derecho cobren relevancia en la arena internacional. Cuando el relato que construyó una hegemonía política se ve acosado por la evidencia, la reacción no es solo política, sino defensiva: emplear todas las herramientas disponibles para desacreditar adversarios y preservar la narrativa de legitimidad.

Ese patrón aparece también en episodios como la intervención del Consejo Nacional Electoral respecto a la participación de Iván Cepeda en la consulta interpartidista. La exclusión, disfrazada de tecnicismo jurídico, actúa como mecanismo político para limitar la competencia. Un órgano que debe garantizar derechos actúa en sintonía con la vieja política cuando decide quién puede competir según la conveniencia. El mensaje es dañino: cuando tribunales electorales se convierten en filtros de conveniencia, la democracia deja de ser un derecho y pasa a ser una concesión. La erosión institucional, entonces, no es sólo teórica: produce efectos concretos sobre representación y opciones políticas.

 Pero la dinámica tiene límites. Cada intento por cerrar el juego ha encontrado, una respuesta social: la ciudadanía. Cuando el sistema falla o se muestra servil a intereses particulares, la sociedad civil se mueve. Hoy, el respaldo popular a figuras que desafían el statu quo no es ingenuidad: es reacción. La política colombiana registra momentos en que, frente a un cerrojo institucional, el pueblo decide abrir el camino por su cuenta. Ese impulso es la razón por la que la élite, desesperada, recurre a atajos: deslegitimación, judicialización selectiva, manipulación mediática. El error clamoroso de quienes buscan excluir a Cepeda y a otros aspirantes no es sólo de táctica: es de cálculo político. Al intentar atajarlos, los impulsan.

Petro y Cepeda comparten, en esencia, un rasgo que incomoda a los poderosos: no doblegarse. Ambos apelan a la ciudadanía como juez último. En países donde la justicia y la institucionalidad han sido capturadas, la legitimidad se desplaza hacia la arena pública: urnas, movilización y conciencia colectiva. Cuando la Constitución se administra como privilegio y la ley se contorsiona según apellidos, el veredicto deja de escribirse en fallos y comienza a pronunciarse en la plaza pública y en las urnas.

 El 8 de marzo se presenta, así como una cita con la historia. No es una jornada puramente táctica ni un plebiscito sobre nombres: es la ocasión para decidir si se acepta que el futuro continúe siendo arrebatado mediante fraudes maquillados, maniobras reglamentarias y silencios cómplices, o si se pone fin al miedo y a la simulación democrática. Votar no es un acto ritual: es un ejercicio de juicio colectivo. Que nadie vote desde el odio hereditario ni desde consignas prestadas; que se vote con memoria, libertad y responsabilidad social. Porque votar sin pensar es obedecer, y la obediencia ha sido desde siempre el negocio del poder.

 Reconocer que la democracia está en riesgo no es proclamar el apocalipsis: es una llamada a la responsabilidad. Cuando las instituciones abdican, cuando la ley se convierte en instrumento de ventaja, la ciudadanía tiene el derecho y el deber de recuperar el juicio. Y si la historia enseña algo es que los intentos por clausurar la participación terminan, en última instancia, abriendo espacios. El desafío, ahora, es sostener esa apertura con propuestas claras, con pedagogía cívica y con la convicción de que la democracia no se mendiga: se ejerce. En marzo la gente tendrá la palabra; que la use para dictar un veredicto que no quede sólo en actas manipulables, sino en la historia viva de un país que decide no regresar a los caminos de la desgracia.

* La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).