Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-
De lo que se trata es de la construcción, desde los municipios, de una revolución ética que no necesita pedir permiso porque ya está ocurriendo en los territorios donde la comunidad decide su destino con honestidad
Las pasadas elecciones presidenciales de Colombia, en las que
se enfrentaron los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, además del
pulso entre dos candidaturas diametralmente diferentes, fue la manifestación
más evidente de la fractura que divide la sociedad colombiana.
Los resultados numéricos de cada una de las propuestas
políticas enfrentadas sirven para evidenciar la existencia de dos grandes
visiones de la realidad. Por un lado, una que entiende el bienestar social, la
colaboración comunitaria y la justicia como ejes irrenunciables del desarrollo;
por el otro, una cosmovisión que exalta el individualismo, la acumulación sin
límites y se acomoda sin rubor en todos los gobiernos que han concentrado la
riqueza en una minoría mientras siembran dificultades para las mayorías.
Al hacer un primer examen de los resultados finales alcanzados
por las candidaturas en competencia es posible afirmar que, el estrecho margen
que dio la victoria a la ultraderecha no puede leerse como una derrota
definitiva; debe interpretarse como la
confirmación de que en Colombia coexisten dos países, en apariencia
irreconciliables, que poderosas fuerzas (ahora ya no tan ocultas) se empeñan en
preservar en estado de enfrentamiento, para mantener el estado de cosas
anterior al arribo de la izquierda al poder. De igual manera, la cantidad de
votos alcanzada por la candidatura de Cepeda y Quilcué, se presenta como la
prueba de que el país de la solidaridad crece y está lejos de ser residual.
En este particular momento de la historia, en el que los
poderosos han demostrado cómo, la manipulación mediática y la profunda
infiltración de sus agentes políticos y judiciales en las instancias clave de
decisión administrativa, judicial y electoral pueden lograr que grandes
sectores de estratos medios y bajos de la sociedad se crean el relato de que
ellos y ellas también hacen parte de una élite que impuso el “Todo Vale” y del “enemigo
interno”, Colombia necesita más que nunca, una revolución ética, que tenga como
punto de partida a los municipios, en un
escenario político que esté lejos de las peligrosas alianzas que desdibujan el
alma del cambio y la justicia social.
Aung San Suu Kyi ya había señalado la anterior idea con una
lucidez que sirve para describir el momento que vive Colombia, al afirmar que: “La
auténtica revolución es la del espíritu, nacida del convencimiento de que es
necesario cambiar las actitudes mentales y los valores que dan forma al
progreso del desarrollo de una nación. [...] Se necesita la decisión unánime de
perseverar en la lucha, de sacrificarse en nombre de las virtudes permanentes,
de resistir las influencias corruptoras del deseo, la mala fe, la ignorancia y
el miedo”.
Esta cita, que el filósofo Francesc Torralba usó para
presentar su texto: La Revolución Ética, resulta precisa para señalar que, en las
actuales sociedades, la única forma de evitar el abismo es plantear la ética como
una brújula necesaria, demostrando, de paso, que el modelo que defiende De la
Espriella no necesita cambiar actitudes mentales; se alimenta de las
influencias corruptoras del deseo, la mala fe y el miedo. Sin embargo, frente a
un gobierno de ultraderecha, absolutamente amoral, no basta la indignación, ya
que, como Torralba lo advierte: la indignación, como respuesta natural a la
injusticia, es estéril si no deviene compromiso. Y es precisamente ese salto (de
la rabia a la construcción) lo que está en juego hoy en Colombia.
Frente a esta alternativa política – filosófica – vivencial,
Iván Cepeda, en su lúcido planteamiento sobre la revolución ética en Colombia ha
señalado que nuestra Constitución y los tratados internacionales consagran
principios que son, al mismo tiempo, un logro de la resistencia colectiva y una
deuda humillante. En tal sentido, Cepeda advierte que la vida debe defenderse
ante toda violencia y que la equidad social es un derecho fundamental, toda vez
que la desigualdad se ensaña con los mismos de siempre. De igual manera, Cepeda
continúa indicando que una propuesta de gobierno ético debe tener como
principios fundamentales: el hecho de que las mujeres deben ocupar espacios
decisorios y que la naturaleza es nuestra casa común.
Resulta claro que estos principios han sido verdaderamente
transformadores solo cuando activaron el poder constituyente de la sociedad,
cuando miles de organizaciones, lideresas, defensores del ambiente y del
trabajo digno los movilizaron con desobediencia civil y compromiso democrático.
Esa movilización ha sido la semilla de la revolución ética que se necesita en
Colombia: un cambio que no solo repudie la deshumanización, sino que
reencuentre el sentido profundo de nuestra humanidad compartida.
La Colombia que votó por Cepeda representa un acumulado
histórico de estos avances en la revolución ética que ya había hecho posible la
gesta del gobierno de Gustavo Petro, a pesar de los hierros y desaciertos
cometidos en este primer intento de Cambio. Para avanzar sobre lo avanzado se
requiere una estrategia distinta: dejar de mirar exclusivamente el escenario
nacional como campo de batalla inmediato y sembrar la revolución ética en el
territorio más concreto, el municipio, de modo que, las elecciones locales sean
la oportunidad de pasar de la resistencia a la construcción de pequeñas
comunidades morales que, como señala Torralba, actúan como “reducto y
salvaguarda de la ética en medio de los tiempos más convulsos”.
Desde esta perspectiva, la mejor manera de generalizar la
ética en la sociedad colombiana es multiplicar los ejemplos locales de gobierno
eficiente, pero, sobre todo decente, de administración comunitaria de lo
público, de ciudadanía activa que haga retroceder la corrupción.
Esta revolución ética que se propone para los municipios
debe partir de una premisa que es también una renuncia: la izquierda debe
abandonar la lógica de las alianzas con los sectores tradicionales, puesto que
estas alianzas no solo han sido electoralmente calculadas, sino que han
resultado éticamente suicidas. Las ciudadanías decentes han aprendido a
distinguir entre la ética discursiva de cara a las elecciones y la ética
coherente con todos los detalles, la que habla de derechos y deberes. Así, Una
izquierda que pacta con maquinarias corruptas para ganar alcaldías o
gobernaciones está cavando su propia tumba moral.
Lo que se necesita no es un simple recambio de caras en el
poder local, sino una transformación de la cultura política que, como dice
Torralba, requiere un cambio de paradigma. Eso implica que los movimientos
alternativos presenten candidaturas propias, orgánicamente vinculadas a las
luchas del territorio, con programas de gobierno que hagan de la transparencia,
la participación y la rendición de cuentas el centro de la vida ciudadana.
Esa autonomía no es fundamentalismo, es fidelidad al
principio más elemental de la revolución ética: el poder solo se transforma si
se ejerce con virtudes permanentes, como un primer paso para construir una red
de municipios en donde el poder del ciudadano, además de exigir transparencia,
sea capaz de castigar la corrupción con su decisión diaria. Esos municipios no
esperarían el permiso de Bogotá para construir paz territorial: serían
comunidades morales que demuestran, en la práctica, que otra Colombia es
posible.
Pero para que esto suceda, debemos superar el derrotismo que
ve en el ascenso de la ultraderecha una fatalidad. Los avances alcanzados bajo
el gobierno del Pacto Histórico han hecho emerger valores que estaban ocultos como
la solidaridad intrafamiliar, comunitaria, gremial, de género. Esa solidaridad,
que no es mera resistencia, es el material del que está hecha la revolución
ética. En este orden de ideas, no se parte de cero, se continúa con el acumulado
histórico del movimiento social que hizo posible el actual gobierno
progresista. No se trata de inventar la rueda, sino de articular lo disperso,
de dotarlo de un relato común y de una voluntad inclaudicable de no repetir los
errores del pasado.
La auténtica revolución, recordaba Suu Kyi, requiere una
decisión unánime de perseverar. La decisión está tomada, pero debe ser
comunicada con claridad: no se va a construir una Colombia gobernada por la
ultraderecha del individualismo depredador, pero tampoco se va a entregar la
dignidad de las fuerzas realmente progresista a las alianzas que negocian
principios por migajas de poder. De lo que se trata es de la construcción, desde los municipios, de una revolución ética que
no necesita pedir permiso porque ya está ocurriendo en los territorios donde la
comunidad decide su destino con honestidad, donde la juventud rechaza la
corrupción como forma de vida y donde las víctimas son restituidas en su
verdad.
