El país que diseñaron… y dicen no reconocer *

 

Por: Jhon Jaiver Flórez G.

La ultraderecha colombiana ya no solo recurre a maniobras turbias para desacreditar al progresismo, sino que se disputa a sí misma, se enfrenta a su propio reflejo, en una pugna por heredar el control del mismo libreto.

En Colombia hay un espectáculo político que merecería curaduría, boletería y temporada fija: la extraordinaria habilidad de ciertos sectores para incendiar la casa… y luego aparecer en los medios, con gesto solemne, preguntando quién fue el irresponsable. No es metáfora. Es método. Es tradición.

La arquitectura del país ha sido diseñada y resguardada por las élites políticas y económicas: impuesta con violencia y sostenida en el despojo. La concentración de la tierra no es un accidente, sino una práctica deliberada: despojo campesino, apropiación de baldíos y legalización de lo ilegítimo. La desigualdad no es una falla, sino el cimiento; la exclusión, la norma. Todo se ha cubierto con la retórica del orden, la estabilidad y un progreso selectivo —capturado desde el inicio por los mismos de siempre—. Para las mayorías no hubo desarrollo, sino desposesión; no estabilidad, sino subordinación; no progreso, sino una promesa incumplida.

El periodo asociado a Álvaro Uribe no solo consolidó ese modelo: lo blindó. No bastaba gobernar; había que naturalizarlo. Se moldeó el sentido común, se redefinieron la seguridad y el desarrollo y, sobre todo, se fijaron los límites de quién podía cuestionarlo sin ser señalado. Con Uribe, Colombia regresó a tiempos en los que disentir no era una opinión, sino una falta.

Hoy, sus herederos políticos actúan como recién llegados al país que moldearon. Se escandalizan —con indignación tan ensayada como útil— por las consecuencias de un sistema que no solo defendieron, sino que perfeccionaron. Descubren la desigualdad con sorpresa selectiva, justo cuando el progresismo intenta desmontarla.

Del otro lado aparece Gustavo Petro, una anomalía en la historia republicana: el primer intento serio de alterar, desde la institucionalidad, las reglas de siempre. No perfecto ni infalible, pero sí disruptivo. Y eso, en Colombia, basta para encender alarmas… en quienes han tenido el control del interruptor.

Porque cuando se tocan estructuras, estas crujen. Y ese crujido —inevitable en cualquier transformación— se convierte, con disciplina narrativa, en prueba de catástrofe.

Un libreto viejo, pero eficaz: se construye un sistema desigual, se normaliza durante décadas y, cuando alguien intenta modificarlo, se grita “¡crisis!”. La fricción del cambio se presenta entonces como evidencia de que todo estaba mejor antes.

Es el “yo no fui”, pero con traje, micrófono y pauta nacional.

En ese guion aparece Paloma Valencia, representante de una continuidad que ni se disfraza de novedad. Su defensa de un modelo de Estado violento, incluso en sus expresiones más sombrías, no es un desliz: es una postura. Porque en ese universo político, el problema no fue la injusticia ni el abuso del poder, sino la osadía de intentar democratizarlo. Y democratizar —conviene recordarlo— sigue siendo más ofensivo que concentrar.

A su lado, Abelardo de la Espriella encarna con disciplina al “rebelde” con libreto: un híbrido del sistema que recorre sus pasillos con soltura mientras simula patear sus puertas. Se proclama outsider, pero su paso por las entrañas del poder —visible e invisible— desmiente cada gesto de inconformidad. Su discurso es estridente, sí, pero calculado: sabe hasta dónde llegar sin incomodar el entorno que lo sostiene. Vocifera con vehemencia, pero muerde con precisión: nunca donde realmente despelleje, porque —en el fondo— no es más que una caricatura de lo que dice denunciar.

Porque, al final, la disputa no es por cambiar el modelo, sino por administrarlo.

Y ahí reside la ironía más afinada: la ultraderecha colombiana ya no solo recurre a maniobras turbias para desacreditar al progresismo, sino que se disputa a sí misma, se enfrenta a su propio reflejo, en una pugna por heredar el control del mismo libreto.

Una disputa de familia: todos comparten el álbum, pero se pelean por la portada.

Mientras tanto, Álvaro Uribe sigue siendo el eje gravitacional. El 8 de marzo no logró subir al escenario, pero su guion permanece. Su mesianismo delimita el campo, fija los márgenes y deja claro que, en su proceder político, la independencia no existe.

Pero si algo se ha perfeccionado es la herramienta predilecta del poder en tiempos de incertidumbre: la campaña de desprestigio.

Acusaciones espectaculares. Ruido mediático calculado. Titulares diseñados para impactar primero y sostenerse después —si acaso—. Denuncias que duran lo suficiente para instalarse… y lo justo para no resistir verificación.

Porque, en esa política, la mentira no necesita sostenerse. Solo necesita circular rápido.

En ese escenario, Iván Cepeda no es una víctima accidental, sino un objetivo lógico. Su trayectoria en derechos humanos y su insistencia en investigar lo incómodo lo convierten en un problema para quienes han hecho del silencio su método de estabilidad.

La respuesta no ha sido el debate argumentado, sino un libreto repetido: acusaciones, insinuaciones, reciclaje de señalamientos que reaparecen con cada temporada electoral, como promociones de fin de año.

Nada de esto se sustenta en tribunales con la misma fuerza con la que circula en los medios. Porque no se trata de probar, sino de insinuar. Dejar la duda flotando.

Cepeda llamado esto por su nombre: una “guerra sucia”. Una maquinaria que no busca verdad, sino percepción; que no construye pruebas, sino sospechas; y que encuentra en medios aliados eficacia para amplificar el ruido hasta que la verdad llegue tarde… o no llegue.   

Porque el daño no necesita sentencia. Le basta un titular.

Así, lo que no se sostiene en derecho se instala en la opinión. Se acusa, se viraliza, se repite. Y cuando todo se desvanece, no hay rectificación proporcional que repare daños. Solo queda el eco. Y el eco, en una sociedad fragmentada, termina siendo más fuerte que los hechos.

Mientras tanto, el libreto —ya explícito— sigue: el Congreso dejó de ser foro de deliberación para volverse un club de componendas, donde las “jugaditas” no legislan —inmovilizan— y empujan al Ejecutivo a gobernar por decreto, recurso luego esgrimido como prueba de su “extravío”. Pero la obra no termina en el hemiciclo; el siguiente acto se despliega en la rama judicial, donde irrumpe una celeridad casi milagrosa: fallos que más que resolver, clausuran. Y así, con precisión impecable, llega el veredicto: que el gobierno, para colmo, no gobierna.

Sabotaje convertido en evidencia. Las reformas se presentan como amenaza: reconocer derechos es peligroso y redistribuir, un salto al vacío. Cuando no hay propuesta, siempre queda el recurso más antiguo: el miedo.

Desde una lectura profunda —una que haría asentir a Antonio Gramsci— lo que está en disputa no es solo el poder, sino el sentido común: la capacidad de definir qué es normal, qué es peligroso y qué debe temerse.

Ahí radica el verdadero éxito de las élites tradicionales: haber logrado que amplios sectores defiendan un modelo que los excluye… pero sienten propio.

Cambiar eso no es solo gobernar distinto. Es pensar distinto.

Por eso la reacción es tan virulenta. Porque no se trata solo de Gustavo Petro o Iván Cepeda, sino de lo que representan: la posibilidad —todavía frágil, todavía incompleta— de romper la circulación cerrada del poder en Colombia.

Y eso, en este país, sigue siendo casi subversivo.

La ironía final es impecable: quienes gobernaron durante décadas hoy se presentan como víctimas del caos, defensores de la institucionalidad y críticos de un sistema que ellos diseñaron.

Pirómanos… con credencial de bomberos.

Lo inquietante no es el cinismo, sino su eficacia.

Porque ese relato sigue encontrando eco en quienes más han padecido el modelo: sectores populares que desconfían del cambio, temen la redistribución y terminan defendiendo las estructuras que los han mantenido al margen.

Ahí la sátira deja de ser graciosa.

El conflicto más complejo no es entre opuestos, sino entre iguales que no logran reconocerse. En Colombia, esa tragedia se repite: el de abajo contra el de abajo, mientras el de arriba observa… y administra.

El mayor logro de esa hegemonía: no solo ha sido administrar el poder, sino domesticar la imaginación. Convencer a medio país de que aspirar a mejorar es un exceso y que cambiar de rumbo es una amenaza. Gobernar ha sido secundario; lo verdaderamente eficaz ha sido sembrar desconfianza hacia cualquier alternativa, como si el miedo hiciera parte del contrato social.

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