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| En la imagen: Edificio sede central de La Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, tomada de la página oficial de la RNEC. |
Días han pasado ya desde las elecciones. Mientras las ciudades principales tienen definidos sus electos, en la periferia pululan las quejas de reconteo de votos en alcaldías y concejos. La Registraduría dispone de un archivo por mesa a nivel nacional, pero no lo hace público y deja que la opinión pública gire alrededor de E-14’s tachados que validan discursos contra la transparencia electoral.
Desde las postrimerías de las elecciones a hoy, la atención nacional ha ocupado la mayoría de su tiempo en el secuestro de los padres de Lucho Díaz, y con total razón, era una situación - secuestro a figuras socialmente relevante y ajenas a la política - que no ocurrió hace más de veinte años.
La Registraduría y sus funcionarios no solamente optan por no difundir públicamente los avances a través de este archivo único, sino que se filtra de forma selecta a políticos, académicos y empresas del capricho de los funcionarios de turno.
En medio de dicho escándalo, ocurrieron las elecciones de autoridades territoriales en Colombia. La mayoría de nosotros acudió a las urnas con la esperanza de decidir que quienes conformen los nuevos gobiernos locales y regionales sean afines a nuestras ideas y que su declaración de victoria fuese más o menos transparente.
Lastimosamente, un manto de duda acaparó estas elecciones por dos temas específicos: primero, la falta de orden público. Pasamos de las elecciones más pacíficas en medio siglo (las de 2018) a volver al secuestro, la destrucción de urnas y mesas de votación en varios municipios del país.
Como segundo tema, al haber muchos nuevos partidos políticos; ¡35!, más los movimientos por firmas para corporaciones como juntas administradoras, concejos y asambleas; el umbral y su consecuente cifra repartidora fue bastante peleada (salvo sitios muy definidos como Medellín o Barranquilla). Esto hizo que muchos candidatos, partidos políticos y movimientos solicitaran preconteo, teniendo como casos de referencia tres casos relevantes: el candidato Jorge Bolívar en Ibagué, Gustavo Bolívar en Bogotá y el partido Fuerza de La Paz en Cali.
Más allá de qué tan válidos sean sus reclamaciones, todos guardan un mismo patrón: el reconteo de votos en escrutinio. ¿Por qué? Redes sociales están llenas de números corregidos, mal tachados, acomodados… en fin. Sin embargo, este tipo de situaciones son normales, pues quienes cuentan los votos deben hacerlo en tiempo récord para que, a la hora de terminar el límite para votar, se tengan unos resultados previos, lo que es conocido como el preconteo.
El preconteo tiene dos particularidades: tiene una labor informativa (por eso a la hora sabemos quiénes son más o menos los electos) y no tiene peso jurídico. La importancia se cobra a partir del conteo de escrutinio. En todo caso, desde la etapa de preconteo la Registraduría genera, entre varios archivos, dos muy importantes:
- Un
archivo de texto plano, es decir, un archivo de texto que sólo trae
números y que se actualiza de manera automática conforme va avanzando
preconteo y escrutinio. Este archivo es una lista de números que, por
ejemplo, pueden venir como “0101001001008001015”, en donde los dos
primeros corresponden al departamento, los siguientes tres al municipios,
los siguientes al puesto, la mesa… y así con varias particularidades a
nivel de cada mesa de los cerca de 13 mil puestos de votación. Fácilmente
puede pasar los siete millones de filas de información, pero en contraste
al ser un archivo de texto, pesa relativamente poco.
- Otro
archivo de texto plano, con secuencias similares, pero que indica los
votantes efectivos por edad y género según la mesa. Por poner un ejemplo,
en el puesto de votación de Unicentro, en Usaquén, Bogotá, sabemos que en
la mesa 2 el 75% de los votantes son mujeres entre los 55 a 60 años.
Estos documentos son esenciales porque demuestran el continuo avance tanto del preconteo como del escrutinio a nivel de mesa. Si estos datos estuvieran disponibles para el público, cualquier ciudadano podría analizar, georreferenciar, hacer veeduría y revisar cómo va su sector político, su territorio, sus intereses, en fin… todo lo que constituye el sentido de lo público y las oportunidades que ofrece en una democracia que tiene en lo electoral su herramienta principal.
Lamentablemente, la Registraduría y sus funcionarios no solamente optan por no difundir públicamente los avances a través de este archivo único, sino que se filtra de forma selecta a políticos, académicos y empresas del capricho de los funcionarios de turno. Es así como vemos notas de prensa, análisis y un montón de resultados que tienen como base la buena fe de quién las realiza, pues como se reitera, no es un documento público. Con suerte, las bases se encuentran a los tres o cuatro meses de pasada la elección, y probablemente a nivel municipal o de puesto, nunca por mesas.
*Texto originalmente publicado en el perfil de Linked In del Politólogo | Asesor Electoral | Analista de Datos y Columnista Invitado de La Conversa de Fin de Semana: Ricardo Esteban Ruiz
