LA VITRINA DE LA CONVERSA

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sábado, enero 03, 2026

Latinoamérica en la mira

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

Resulta patético y peligroso que sectores desinformados celebren una agresión que, aunque hoy afecte a Caracas, amenaza la soberanía de toda Latinoamérica. El peligro es regional.

La madrugada del 3 de enero de 2026 quedará marcada en la historia de América Latina como el día en que la doctrina imperialista de los Estados Unidos se despojó de su máscara de legalidad y civilidad para ejecutar su operación más descarada y criminal en el hemisferio: la intrusión ilegal de tropas especiales en territorio venezolano y el secuestro, ya que no hay otro término jurídico que lo defina, del Presidente constitucional, Nicolás Maduro, y la Primera Dama, Cilia Flórez.

Más allá de cualquier afinidad o rechazo legítimo hacia el gobierno del chavismo, este acto ordenado por Donald Trump constituye un crimen de proporciones históricas. Es una violación múltiple y flagrante de todo el ordenamiento jurídico que el propio occidente dice defender. Es ilegal bajo la Carta de la ONU, que prohíbe el uso de la fuerza y la violación de la soberanía e integridad territorial de los Estados (Art. 2.4). Es ilegal bajo el Derecho Internacional Humanitario, que califica el secuestro de autoridades civiles como un crimen de guerra. Es ilegal bajo la Carta de la OEA, y resulta una burla grotesca a la propia legislación estadounidense, como la Ley de Poderes de Guerra (War Powers Resolution), que restringe el despliegue militar sin autorización del Congreso. Este no es el “restablecimiento de la democracia”; es una agresión que el derecho internacional condenó después de 1945.

La narrativa con la que Trump y sus halcones intentan cubrir este atropello es tan cínica como transparentemente desprestigiada: la lucha antidrogas. Esta coartada, ya desmontada por académicos de seguridad y salud pública global por ser un instrumento de control geopolítico y represión racial, se desploma ante la evidencia de los motivos reales. Se trata, simple y llanamente, del robo a mano armada de los recursos naturales venezolanos, principalmente sus vastas reservas de petróleo, gas, oro y coltán. Es el paso final de una guerra híbrida de años, donde el cerco económico, el financiamiento de la violencia y la manipulación mediática no lograron su objetivo total. Cuando la presión indirecta falla, el imperio recurre a la fuerza directa y descarada, pasándose por alto todos los canales diplomáticos y multilaterales.

Esta operación violenta es, además, la cortina de humo definitiva para un Trump acorralado. En el plano doméstico, busca opacar los escándalos de corrupción, sus vínculos con organizaciones delictivas y los procesos judiciales que lo persiguen. En el internacional, es un acto de fuerza desesperado para compensar su pérdida de influencia ante el ascenso de China, la autonomía relativa de Europa y el fracaso de otras aventuras militares. Venezuela es el blanco elegido para mandar un mensaje de terror a todo el Sur Global: “la soberanía es un privilegio que nosotros concedemos, y podemos revocarla con un comando en la noche”.

Y aquí entra el otro pilar fundamental de esta agresión: la manipulación y el silencio de la prensa hegemónica internacional. Mientras el hecho ocurre, los grandes conglomerados mediáticos, aliados estructurales del poder imperial, no informan; fabrican un relato único. Reducen un secuestro a una “detención”, una invasión a una “intervención”, y un crimen de lesa humanidad a una “acción decisiva contra una dictadura”. Omiten el contexto del derecho internacional, invisibilizan las voces del pueblo venezolano y de la institucionalidad legítima que resiste, y presentan la versión de Trump como la única realidad posible. Este apagón y distorsión informativa no es un error; es un acto de guerra cognitiva que busca anestesiar la conciencia global, suprimir la indignación y dejar al mundo supeditado a la narrativa del agresor. Esta es la “libertad de prensa” al servicio de la dominación: un mundo que no sabe a ciencia cierta lo que sucede, solo puede reaccionar con confusión o pasividad.

Las reacciones internacionales y la resistencia del pueblo venezolano están por definirse. Pero este acto sienta un precedente monstruoso que amenaza a toda América Latina digna y soberana. Si hoy es Venezuela, ¿quién será mañana? Brasil, por sus recursos amazónicos? México, por su energía? ¿Cuba, por su desafío histórico? La alegría miope y las celebraciones de ciertos sectores desinformados, manipulados o con profundas deficiencias de análisis crítico, que festejan la violación de su propia soberanía potencial son tan patéticas como peligrosas. No ven que el cuchillo que hoy se clava en Caracas está afilado para toda la región. Latinoamérica está en la mira.

Por eso, hoy más que nunca, la solidaridad con Venezuela trasciende la ideología. Es una cuestión de principios básicos de convivencia internacional, de defensa de la soberanía como valor universal y de rechazo a la ley de la jungla que Trump pretende reinstaurar. Avergoncémonos de la complicidad mediática y de la ignorancia celebrante. Y alcemos la voz, con la certeza de que, en la defensa de la soberanía venezolana, se defiende el derecho de todos los pueblos a existir, a decidir y a vivir en paz, libres de los comandos de secuestro de las potencias decadentes, pero aún mortíferas.

La dignidad de Nuestra América está, una vez más, en la mira. Y solo la unidad y la claridad jurídica y moral podrán defenderla. ¡Larga vida al Bravo Pueblo venezolano!

 

viernes, noviembre 10, 2023

El secuestro del que nadie habla: el de la Registraduría*

 

En la imagen: Edificio sede central de La Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia,
tomada de la página oficial de la RNEC.

Por: 

Ricardo Esteban Ruiz

Días han pasado ya desde las elecciones. Mientras las ciudades principales tienen definidos sus electos, en la periferia pululan las quejas de reconteo de votos en alcaldías y concejos. La Registraduría dispone de un archivo por mesa a nivel nacional, pero no lo hace público y deja que la opinión pública gire alrededor de E-14’s tachados que validan discursos contra la transparencia electoral.

Desde las postrimerías de las elecciones a hoy, la atención nacional ha ocupado la mayoría de su tiempo en el secuestro de los padres de Lucho Díaz, y con total razón, era una situación - secuestro a figuras socialmente relevante y ajenas a la política - que no ocurrió hace más de veinte años.

La Registraduría y sus funcionarios no solamente optan por no difundir públicamente los avances a través de este archivo único, sino que se filtra de forma selecta a políticos, académicos y empresas del capricho de los funcionarios de turno.

En medio de dicho escándalo, ocurrieron las elecciones de autoridades territoriales en Colombia. La mayoría de nosotros acudió a las urnas con la esperanza de decidir que quienes conformen los nuevos gobiernos locales y regionales sean afines a nuestras ideas y que su declaración de victoria fuese más o menos transparente.

Lastimosamente, un manto de duda acaparó estas elecciones por dos temas específicos: primero, la falta de orden público. Pasamos de las elecciones más pacíficas en medio siglo (las de 2018) a volver al secuestro, la destrucción de urnas y mesas de votación en varios municipios del país.

Como segundo tema, al haber muchos nuevos partidos políticos; ¡35!, más los movimientos por firmas para corporaciones como juntas administradoras, concejos y asambleas; el umbral y su consecuente cifra repartidora fue bastante peleada (salvo sitios muy definidos como Medellín o Barranquilla). Esto hizo que muchos candidatos, partidos políticos y movimientos solicitaran preconteo, teniendo como casos de referencia tres casos relevantes: el candidato Jorge Bolívar en Ibagué, Gustavo Bolívar en Bogotá y el partido Fuerza de La Paz en Cali.

Más allá de qué tan válidos sean sus reclamaciones, todos guardan un mismo patrón: el reconteo de votos en escrutinio. ¿Por qué? Redes sociales están llenas de números corregidos, mal tachados, acomodados… en fin. Sin embargo, este tipo de situaciones son normales, pues quienes cuentan los votos deben hacerlo en tiempo récord para que, a la hora de terminar el límite para votar, se tengan unos resultados previos, lo que es conocido como el preconteo.

El preconteo tiene dos particularidades: tiene una labor informativa (por eso a la hora sabemos quiénes son más o menos los electos) y no tiene peso jurídico. La importancia se cobra a partir del conteo de escrutinio. En todo caso, desde la etapa de preconteo la Registraduría genera, entre varios archivos, dos muy importantes:

 

  • Un archivo de texto plano, es decir, un archivo de texto que sólo trae números y que se actualiza de manera automática conforme va avanzando preconteo y escrutinio. Este archivo es una lista de números que, por ejemplo, pueden venir como “0101001001008001015”, en donde los dos primeros corresponden al departamento, los siguientes tres al municipios, los siguientes al puesto, la mesa… y así con varias particularidades a nivel de cada mesa de los cerca de 13 mil puestos de votación. Fácilmente puede pasar los siete millones de filas de información, pero en contraste al ser un archivo de texto, pesa relativamente poco.

 

  • Otro archivo de texto plano, con secuencias similares, pero que indica los votantes efectivos por edad y género según la mesa. Por poner un ejemplo, en el puesto de votación de Unicentro, en Usaquén, Bogotá, sabemos que en la mesa 2 el 75% de los votantes son mujeres entre los 55 a 60 años.

Estos documentos son esenciales porque demuestran el continuo avance tanto del preconteo como del escrutinio a nivel de mesa. Si estos datos estuvieran disponibles para el público, cualquier ciudadano podría analizar, georreferenciar, hacer veeduría y revisar cómo va su sector político, su territorio, sus intereses, en fin… todo lo que constituye el sentido de lo público y las oportunidades que ofrece en una democracia que tiene en lo electoral su herramienta principal.

Lamentablemente, la Registraduría y sus funcionarios no solamente optan por no difundir públicamente los avances a través de este archivo único, sino que se filtra de forma selecta a políticos, académicos y empresas del capricho de los funcionarios de turno. Es así como vemos notas de prensa, análisis y un montón de resultados que tienen como base la buena fe de quién las realiza, pues como se reitera, no es un documento público. Con suerte, las bases se encuentran a los tres o cuatro meses de pasada la elección, y probablemente a nivel municipal o de puesto, nunca por mesas.

*Texto originalmente publicado en el perfil de Linked In del Politólogo | Asesor Electoral | Analista de Datos y Columnista Invitado de La Conversa de Fin de Semana: Ricardo Esteban Ruiz