El 31 de mayo y el reflejo de una nación*

 

En la imagen: Jhon Jaiver Flórez / Economista - Analista político

Por: Jhon Jaiver Flórez G.

Cepeda es la continuidad del primer intento serio de transformación democrática en Colombia: memoria, negociación y un país posible sin odio como doctrina.

El 31 de mayo, Colombia no elegirá simplemente un presidente. Elegirá un espejo. Cada uno de los tres candidatos con mayores posibilidades de llegar a la Casa de Nariño refleja una versión distinta del país: lo que fue, lo que pudo ser y lo que todavía podría convertirse. Más que programas de gobierno, encarnan relatos históricos. Más que ideologías, condensan fracturas sociales acumuladas durante dos siglos. Y en esa escena —mitad tragedia republicana, mitad carnaval tropical de egos, privilegios y resentimientos— emergen tres figuras que resumen los conflictos más profundos de la nación. Mirarlos en conjunto resulta más revelador que analizarlos por separado, porque es en el contraste donde Colombia se contempla con mayor claridad y también con mayor vértigo.

Comencemos por el origen, que nunca es un simple dato biográfico, sino una declaración política involuntaria. Paloma Valencia nació en el linaje de los criollos que tomaron el poder tras la independencia de 1819 y jamás lo soltaron. Su apellido contiene un mapa de dos siglos de monopolio político: las guerras civiles del siglo XIX disputadas entre facciones de una misma élite; la Violencia de mediados del siglo XX, que dejó más de trescientas mil víctimas; el Frente Nacional, que clausuró el sistema político durante dieciséis años; y el paramilitarismo, que masacró comunidades enteras mientras esa clase administraba el Estado.

Valencia no inventó ese sistema. Lo heredó como se hereda una hacienda: con la serenidad de quien considera que el orden natural de las cosas no necesita explicación. No necesita levantar la voz porque pertenece a una tradición acostumbrada a hablar desde arriba. Su discurso se sostiene en la defensa de la institucionalidad, aunque esa institucionalidad haya sido diseñada históricamente para preservar los privilegios de su propia clase. Hay en ella una sofisticación intelectual preconcebida: justifica, grita, calcula. Pero ese engreimiento retórico encubre un vacío histórico persistente, porque la desigualdad colombiana no apareció por accidente: fue administrada durante generaciones por una élite que convirtió la concentración de la tierra y la exclusión social en principios de organización nacional. Valencia representa la continuidad refinada de quienes nunca tuvieron que conquistar el poder porque nacieron dentro de él.

Abelardo de la Espriella proviene de un lugar distinto: no del linaje aristocrático, sino del subsuelo oscuro y funcional que ese linaje necesita para operar. Ese territorio donde el derecho no limita al poder, sino que lo maquilla; donde la justicia administra el tiempo necesario para que todo prescriba, se negocie o se olvide. Su origen no está en la hacienda, sino en los rincones opacos de los pasillos judiciales, los clientes lóbregos, los contratos sospechosos…

Ochocientos mil dólares para un abogado joven e inexperto en la licitación del aeropuerto El Dorado: nadie pudo —ni puede hoy— justificar ese pago desde la lógica jurídica. Pero en la república del subsuelo los servicios se pagan no por lo que resuelven, sino por lo que conectan, desbloquean o silencian. De la Espriella simula el personaje del caudillo testosterónico: el fanfarrón mediático que comprende que, en una sociedad agotada por la inseguridad y el desencanto, la amenaza puede venderse como liderazgo.

No argumenta: vocifera. No persuade: amenaza. Su narrativa se apoya en la estética del fantoche —aviones privados, relojes lujosos, arrogancia convertida en espectáculo— elevada a doctrina de autoridad. Sus clientes lo describen con precisión devastadora. David Murcia aseguró haberle pagado cinco mil millones de pesos en honorarios que desaparecieron sin defenderlo, además de setecientos sesenta millones adicionales destinados, presuntamente, a corromper congresistas. Un investigador judicial rastreó esos movimientos hasta su oficina bajo juramento.

Mónica Mazzilli relató una historia similar: honorarios desproporcionados, promesas de defensa, garantías inexistentes y, finalmente, una captura inmediata apenas regresó al país. Cuando el abogado apareció en audiencia, lo hizo representando a la contraparte. Y mientras hoy grita contra la dictadura venezolana, los registros muestran que defendió a Álex Saab cuando ya era señalado públicamente como testaferro de Nicolás Maduro. Que Saab haya sido invitado de honor a su cumpleaños no constituye una anécdota social: funciona casi como una confesión involuntaria.

Iván Cepeda viene de un lugar radicalmente distinto. Su padre, Manuel Cepeda, senador de la Unión Patriótica, vivía en un apartamento de clase trabajadora, recibía un salario asignado por el partido. Lo asesinaron el 9 de agosto de 1994 cuando se dirigía al Congreso a debatir la adhesión de Colombia al Protocolo de Ginebra; es decir, cuando iba a hablar en nombre de quienes padecen la guerra.

El contraste con los otros dos candidatos resulta inevitable. Mientras Valencia hereda el poder y De la Espriella acumula fortuna sirviéndolo sin escrúpulos, Cepeda hereda una causa y una herida. Al día siguiente del magnicidio creó la Fundación Manuel Cepeda. Más tarde sufrió amenazas y debió exiliarse entre 1998 y 2004. No huyó para esconderse, sino para estudiar los instrumentos del derecho internacional que luego utilizaría contra el Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 2010 obtuvo la sentencia que declaró responsable al Estado por el asesinato de su padre en complicidad con estructuras paramilitares.

Llegó al Congreso sin maquinarias clientelistas y se convirtió en facilitador de los diálogos de paz con las FARC, el ELN y el Clan del Golfo. Toda su trayectoria está atravesada por una idea que en Colombia suele despertar sospechas: la paz entendida no como rendición del adversario, sino como transformación estructural de las condiciones que producen la guerra.

Sociológicamente, los tres representan proyectos irreconciliables de país. Valencia encarna la continuidad elegante de un orden excluyente y violento: dos siglos de un sistema que produjo uno de los índices de desigualdad más altos del continente, ocho millones de desplazados y niveles de impunidad incompatibles con cualquier democracia sólida. Su candidatura no ofrece una transformación, sino la versión soterrada de la continuidad: el establecimiento colombiano, con buena dicción y modales republicanos, presentándose como solución a los problemas que ellos produjeron.

De la Espriella representa la mutación del subsuelo en burdo caudillismo mediático prefabricado: el operador funcional al poder reciclado en promesa de orden violento, convirtiendo la intimidación en espectáculo y la impunidad propia en certificado de eficacia. Que semejante figura pueda consolidarse como alternativa política viable dice más sobre el deterioro democrático colombiano que muchos tratados de ciencia política.

Cepeda, en cambio, representa la continuidad del primer intento serio de transformación democrática que Colombia ha vivido en su historia: una apuesta construida sobre la memoria de las víctimas, la negociación política del conflicto y la convicción de que un país distinto es posible sin necesidad de convertir el odio en doctrina. Su principal dificultad quizás sea también su mayor virtud: en una época dominada por el espectáculo y el grito, la serenidad argumentativa suele perder audiencia frente a la promesa zafia de autoritarismo y venganza.

Las elecciones del 31 de mayo plantean, en el fondo, una pregunta que Colombia lleva doscientos años evitando responder con honestidad: ¿a quién pertenece realmente este país? ¿A los linajes que lo administraron como hacienda privada? ¿A los operadores del subsuelo tenebroso que transformaron la impunidad en negocio? ¿O a los millones de colombianos que pagaron con desplazamiento, pobreza y sangre el costo de un orden que siempre prometió estabilidad y terminó produciendo desigualdad?

Votar por Valencia significa elegir la certeza del pasado: un orden conocido, injusto y perfectamente funcional para quienes ocupan la cima. Votar por De la Espriella implica apostar por el caos del subsuelo mafioso disfrazado de autoridad: la fantasía de la mano dura ejercida por quien jamás ha rendido cuentas sobre sus propias ejecutorias. Votar por Cepeda supone aceptar la incomodidad del cambio real: más lento, más difícil y permanentemente amenazado por los poderes establecidos, pero también el único proyecto que no carga con el peso completo de dos siglos de deuda histórica.

Los tres candidatos son, en el fondo, hijos legítimos de Colombia. Valencia expresa la persistencia de una aristocracia que sabe reciclarse sin desaparecer. De la Espriella encarna la fascinación nacional por el patrón, por el capataz fuerte, violento, ventajoso y sin escrúpulos. Cepeda representa la obstinación ética de quienes sobreviven a la violencia sin renunciar a la posibilidad de justicia. Ninguno existe fuera del sistema: todos son producto de sus fracturas.

Colombia no necesita más espejos que le devuelvan la misma imagen de siempre. Necesita, por fin, uno capaz de decir la verdad. Y el próximo 31 de mayo, cada colombiano —con un lapicero en la mano, la mirada fija en el tarjetón y el peso de su conciencia latiendo en silencio— decidirá si continúa refugiándose en el espejo cómodo del miedo y la costumbre, o si se atreve a mirar ese otro reflejo donde aparece el país que todavía podría llegar a ser cuando deje, de una vez por todas, de temerle a sí mismo.

17 de mayo de 2026

* La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

Colombia decide su futuro voto a voto

 Por: Jhon Jaiver Flórez G. 

La primera vuelta presidencial del 31 de mayo no será solo una contienda entre candidatos: será un plebiscito sobre el rumbo del país. La pregunta de fondo es clara: ¿continuará Colombia el proceso de reformas para reducir la pobreza y la exclusión, o regresará a las lógicas de concentración de poder y miedo?

El pasado domingo Colombia despertó bajo cielos grises y lluvias dispersas, como si el clima también quisiera participar en la jornada electoral. En ciudades, pueblos y veredas, los votantes se refugiaban bajo paraguas improvisados mientras jurados, estudiantes y observadores organizaban la votación en colegios y salones comunales convertidos, por un día, en templos de la democracia.

La escena era familiar: filas, tarjetones laberínticos, ciudadanos preguntando dónde marcar y testigos electorales discutiendo con solemnidad. En Colombia cada elección es a la vez ritual democrático y prueba de resistencia institucional: se vota, se cuentan los votos, se discuten los resultados y el país sigue adelante, a veces con entusiasmo, otras con resignación.

Las elecciones legislativas y las consultas dejaron una sensación ambivalente. Se eligió un nuevo Congreso y el país avanza hacia la primera vuelta presidencial del 31 de mayo. Pero el mensaje de fondo es otro: el sistema político colombiano, después de décadas de cambios, ya no es el que era.

Para entenderlo hay que mirar atrás. Durante gran parte del siglo XX, Colombia estuvo dominada por el bipartidismo liberal-conservador. Estos partidos no solo competían por el poder: organizaban la vida política y social del país. En muchas regiones se nacía liberal o conservador con la misma naturalidad con que se nace hincha de un equipo de fútbol.

Tras la violencia partidista de mediados del siglo pasado, las élites optaron por una solución muy colombiana: compartir el poder. Así nació el Frente Nacional (1958–1974), que alternó la presidencia entre liberales y conservadores para evitar nuevas guerras civiles. El acuerdo trajo estabilidad, pero también consolidó un sistema excluyente: durante décadas la democracia funcionó como un club de dos partidos, donde quienes estaban fuera tenían escaso acceso al poder.

Ese modelo empezó a resquebrajarse con la Constitución de 1991. La nueva carta abrió el sistema a otras fuerzas y transformó formalmente el bipartidismo en un escenario pluralista. Surgieron partidos y coaliciones nuevas, pero las prácticas siguieron intactas: clientelismo, poder regional y alianzas entre élites. Cambiaron los nombres; la lógica del poder, nunca.

Mientras tanto, otra historia política avanzaba con enormes dificultades: la de la izquierda democrática. Durante décadas su presencia institucional fue marginal, no tanto por debilidad electoral como por la violencia sistemática contra sus dirigentes. En 1985 surgió la Unión Patriótica, un intento de abrir espacios de representación para sectores populares dentro de la democracia. La respuesta fue brutal: miles de militantes y dirigentes —concejales, alcaldes, diputados, congresistas e incluso candidatos presidenciales— fueron asesinados, lo que hoy se reconoce como uno de los genocidios políticos más horrendos de América Latina. No fueron crímenes aislados, sino la convergencia de múltiples poderes —actores armados ilegales, sectores políticos tradicionales, organismos del Estado, estructuras paramilitares, redes del narcotráfico y algunos intereses empresariales— que coincidieron en eliminar a una fuerza política que comenzaba a cuestionar el orden establecido.

El mensaje fue contundente: hacer política desde la izquierda costaba la vida. Durante años ese miedo debilitó a la izquierda. Sin embargo, el siglo XXI trajo cambios graduales. Nuevos movimientos alternativos empezaron a ganar espacios en la política regional; alcaldías y gobernaciones comenzaron a ser ocupados por liderazgos distintos al tradicionalismo. Fue un proceso lento pero constante, que permitió a la izquierda ampliar su base social y disputar apoyo en sectores históricamente marginados.

El punto de inflexión llegó en 2022, cuando la coalición progresista alcanzó la presidencia con Gustavo Petro. Por primera vez, la izquierda logró el poder por vía electoral. El hecho fue histórico y profundamente incómodo para quienes durante generaciones habían administrado el país a su antojo.

Las elecciones del domingo marcaron una transición en la política colombiana, con más de veinte millones de votantes (49,6 % del censo electoral), una participación dentro de los promedios históricos. Sin embargo, lo más significativo es la reconfiguración del mapa político. La derecha y el centro están cada vez más fragmentados, con múltiples candidaturas en competencia, mientras que la izquierda muestra mayor cohesión y un crecimiento sostenido. El antiguo bipartidismo ha desaparecido, dando paso a un sistema plural y polarizado, donde la dispersión predomina en la derecha y el centro, y la izquierda avanza en consolidación.

En la ultraderecha persiste un electorado significativo, como lo evidencia la Gran Consulta por Colombia, que obtuvo más de cinco millones de votos. Sin embargo, este electorado está dividido: por un lado, la derecha radical y populista, representada por Abelardo de la Espriella, con un discurso confrontacional, nacionalista y promesas de mano dura frente a las reformas progresistas; por otro, la derecha institucional vinculada a Álvaro Uribe, que busca reconstruir un liderazgo competitivo con Paloma Valencia, proyectando una moderación calculada para atraer al centro político. La derecha se debate entre intensificar o suavizar su mensaje. 

En el centro, la situación es aún más incierta. Históricamente espacio de moderación y consenso hoy funciona más como puente entre polos que como fuerza propia. Las consultas recientes evidenciaron su fragilidad: liderazgos urbanos conservan presencia, pero no logran consolidar poder decisivo.

La izquierda progresista llega a este nuevo ciclo con su base social y parlamentaria más sólida que en cualquier momento reciente, aunque aún insuficiente para asegurar las mayorías necesarias para impulsar reformas de gran alcance. El desafío es considerable: ampliar apoyos de sectores moderados sin diluir el proyecto político, en medio de un debate público atravesado por temores y manipulación mediática. 

En varias regiones se observó un fenómeno llamativo: incluso donde los candidatos progresistas eran poco conocidos o generaban reservas, las listas obtuvieron un respaldo significativo. Fue el caso del Quindío —históricamente dominado por una clase política tradicional, clientelista y corrupta—, aquí el Pacto Histórico sorprendió con una votación considerable. Algunos analistas hablan de una “ola política”: la convergencia entre el impulso del liderazgo de Gustavo Petro y la creciente visibilidad de la aspiración presidencial de Iván Cepeda. Si esa ola se convierte en una corriente nacional o se diluye en las turbulencias de la campaña presidencial, será finalmente, una decisión ciudadana. Entre lluvias, tarjetones y murmullos en los puestos de votación, la democracia colombiana sigue haciendo lo que ha aprendido a lo largo de su historia: intentar decidir su futuro… voto a voto.

La primera vuelta presidencial del 31 de mayo no será solo una contienda entre candidatos: será un plebiscito sobre el rumbo del país. La pregunta de fondo es clara: ¿continuará Colombia el proceso de reformas que busca reducir desigualdad, pobreza y exclusión, o regresará a las lógicas tradicionales de concentración de poder y miedo?

El Congreso recién elegido define el escenario de esa disputa. La base política del progresismo sugiere una posibilidad real de triunfo, pero alcanzarlo exige más que entusiasmo: demanda trabajo sostenido, presencia en todas las regiones y una ciudadanía consciente del momento histórico que enfrenta.

Porque la democracia no es un regalo; es una responsabilidad. Y en Colombia, tras décadas de violencia, exclusión y manipulación, cada voto cuenta no solo para elegir un gobernante, sino para decidir si el país seguirá avanzando hacia una sociedad más justa o volverá a repetir los errores y horrores del pasado. La historia no espera, y el futuro de Colombia depende de la decisión colectiva de quienes hoy se paran frente a una urna.

* La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

La Izquierda como antídoto contra la estupidización del capitalismo

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

La izquierda colombiana debe entender que no caben alianzas con operadores políticos oportunistas y camaleónicos, el avance electoral debe ser hacia una sociedad ética. Lo contrario; es más de lo mismo, con los mismos

Vivimos en una época de paradojas letales. Mientras la humanidad alcanza niveles de conocimiento tecnológico sin precedentes, asistimos a un proceso acelerado y paulatino de estupidización social, donde la banalidad, el pensamiento inmediatista y la renuncia al sentido crítico se normalizan como nueva cotidianidad. Como lo plantea Inger Enkvist (2006); el estúpido (tristemente en mayorías) actúa como un agresor social, al usar palabras sin atender su sentido, rechazar las razones ajenas, ignorar la realidad e imponer un “terrorismo intelectual” basado en lo irrelevante, la auto celebración constante y el elogio de la vulgaridad.

Esta patología social no es accidental; es el caldo de cultivo perfecto para un capitalismo mutante que ha transitado de la explotación industrial clásica a una nueva y más peligrosa fase: el Tecno Feudalismo (Yanis Varoufakis, 2024). Un modelo en el que una oligarquía minúscula, no solo acumula riqueza material, sino que, mediante plataformas digitales, algoritmos y financiarización extrema, secuestra la capacidad laboral, intelectual y creativa de la humanidad, al tiempo que depreda los bienes comunes naturales, mientras impone un modelo de sociedad en el que se naturaliza la violencia estructural, económica y simbólica como único lenguaje posible para resolver conflictos y además se promueven, como únicos objetivos vitales; el consumo compulsivo, la satisfacción de instintos primarios y un individualismo feroz que rompe todo lazo solidario.

Frente a esta crisis civilizatoria, las respuestas políticas disponibles parecen insuficientes o cómplices. El Progresismo, tal como lo observa Pablo Heller (2023), ha mostrado entre muchos de sus impulsadores y militantes, una tendencia profunda a la adaptación al régimen capitalista, evidenciando una orientación predominantemente electoralista y “democratera”, que solo busca, mediante el ejercicio electoral caudillista, acomodarse dentro del orden vigente para medrar y conseguir escaños, a menudo mediante alianzas con las mismas fuerzas de derecha que dice combatir.

Esta izquierda diluida, autodenominada como Progresista ha aprendido las formas y objetivos de sus adversarios de derecha, vaciándose de todo horizonte transformador, echando mano, para aparentar diferencia, de los discursos, e incluso, de las plataformas de movimientos político-culturales al margen de los partidos, que han logrado politizar cruciales agendas sociales (étnicas, ecológicas, de género, decoloniales, etc.) al introducir nuevos significados de ciudadanía en contextos como el colombiano; sobre todo el de las grandes ciudades en donde los avances emancipatorios en el imaginario social son escasos. A este respecto, Lilian Celiberti (2016) constata con amargura que la reproducción de lógicas corruptas, incluso en gobiernos progresistas, demuestran que la bandera de la democracia liberal, hoy, es con frecuencia un acto de hipocresía que oculta un vacío de proyecto.

Por ello, es urgente abandonar los eufemismos y la llamada corrección política que solo sirven para ocultar lo que debe ser reivindicado con claridad y orgullo: el socialismo como la única alternativa política, económica y ética integral capaz de enfrentar esta decadencia. No un socialismo de caricatura o de estado burocrático, sino uno releído desde la urgencia del siglo XXI. Un socialismo que entienda que la estupidización social no es un defecto intelectual, sino un fracaso moral que surge cuando el poder corrompe, liberando al individuo de la necesidad de pensar críticamente, tal como lo sugiere la teoría de la estupidez de Dietrich Bonhoeffer. Esta izquierda, salida del closet, debe asumir que contra el mal no basta la inteligencia discursiva, sino una acción ética decidida que enfrente la irracionalidad organizada del sistema, precisamente allí, en lo que el capitalismo tecno feudal busca erosionar.

El desafío, entonces, no es ganar elecciones para “administrar lo existente”, si no la disputa por la creación de nuevas institucionalidades desde abajo, desde la raíz y, como plantea Isabel Rauber (2024); reformular el Estado y la comunidad. Se trata de un proyecto de nueva civilización cuyo eje sea la defensa de la vida en todas sus dimensiones: en la relación sociedad-naturaleza, en los modos de producción, en las relaciones sociales despatriarcalizadas y descolonizadas, en la salud integral y en una educación basada en valores éticos solidarios. Esto implica recuperar y radicalizar la lucha estratégica por una transformación social profunda, una revolución social que, en términos de Heller; ponga fin a la dictadura del capital.

El socialismo, por tanto, debe dejar de ser un fantasma que se esconde tras el término “Progresista”. Debe emerger como una opción real de poder: un proyecto que ofrezca un horizonte político, económico, administrativo y cultural en el que se prioricen la ética y la coherencia entre el discurso y la acción, una propuesta en la que se sustituya el individualismo depredador por la organización comunitaria y que defienda la propiedad social de los recursos, la tecnología y los medios de producción. Debe avanzar en su consolidación como única alternativa política que plantea, de raíz, la superación de la lógica del beneficio privado como motor de la historia a costa de la miseria y la muerte de millones de seres humanos.

La izquierda colombiana tiene la tarea de construir ese camino, sin complejos, con la claridad de que, en esta disyuntiva histórica, no hay neutralidad ni acomodo posible, tampoco caben las alianzas de conveniencia con operadores políticos oportunistas y camaleónicos, el avance electoral, debe ser el avance hacia una sociedad ética y humanista. Lo contrario; es más de lo mismo, con los mismos.

Fuentes consultadas para la elaboración de estas reflexiones:

Inger Enkvist. (2006). Sobre la estupidez y los estúpidos. En: https://www.nuevarevista.net/sobre-la-estupidez-y-los-estupidos/

Isabel Rauber (2024). Izquierda Teoría y praxis. En: https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2024/06/V1_Izquierda-teoria-y-praxis_N8.pdf

Lilian Celiberti. (2016). Rescatar la esperanza. Más allá del neoliberalismo y el progresismo. En: https://www.ocmal.org/wp-content/uploads/2017/05/RescatarEsperanza_web.pdf

Pablo Heller. (2023). La lucha por el socialismo en el siglo XXI. En: https://revistaedm.com/edm/60/la-lucha-por-el-socialismo-en-el-siglo-xxi/ 

Yanis Varoufakis. (2024). Tecnofeudalismo. El sigiloso sucesor del Capitalismo. Editorial Deusto.

Tres Curules para dos millones de indígenas: Una deuda democrática

 

Imagen tomada del portal de DeJusticia

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

Un millón de voces, si se articulan, no pueden seguir contentándose con solo tres escaños. La deuda no es solo con los pueblos indígenas, sino con la calidad misma de nuestra democracia

La Constitución de 1991 reconoció el carácter pluriétnico y multicultural de la Nación colombiana. En tal sentido, un pilar fundamental de ese reconocimiento fue la creación de circunscripciones electorales especiales, un mecanismo de acción afirmativa que permitió, por primera vez, que voces indígenas llegaran al Congreso de la República con sus propias banderas. Sin embargo, más de treinta años después, es imperativo señalar que este instrumento de inclusión étnica ha quedado estructuralmente obsoleto y es insuficiente para representar la realidad demográfica y política de los pueblos originarios colombianos.

El núcleo del problema es aritmético y demográfico, puesto que, mientras la población indígena en Colombia supera, según estimaciones conservadoras, los dos millones de personas (con un crecimiento más dinámico que el promedio nacional), su representación en el Capitolio Nacional se ha mantenido estática y minúscula: solamente Tres Curules (dos en el Senado, una en la Cámara). Esto significa que, demográficamente, cerca del 4% de la población nacional lucha por una representación que no llega ni al 1% de las sillas del legislativo.

Sumada a esta realidad demográfica-electoral, se tiene que la proyección del DANE y el subregistro reconocido por las organizaciones indígenas pintan una realidad en la que el potencial electoral indígena ronda el millón de votantes, un contingente que, de estar unificado, sería decisivo en cualquier contienda. No obstante, el actual sistema electoral colombiano los confina a disputarse migajas de representación.

Esta distorsión se traduce en vulnerabilidad política y manipulación ya que, por ejemplo, la misma arquitectura del sistema incentiva la fragmentación, tal y como puede advertirse para las elecciones de 2026, donde 14 organizaciones diferentes avalan listas para apenas tres curules, la dispersión es enorme: 24 candidatos para 2 senadores, 22 para un solo representante a la Cámara. En este orden de ideas, esta multiplicación de esfuerzos, lejos de reflejar una riqueza plural, diluye la fuerza electoral, debilita los programas unitarios y expone a las comunidades a las maquinarias políticas tradicionales. La pugna electoral entre AICO, MAIS, el CRIC, el Pueblo Zenú y otros, aunque legítima, termina jugando en favor de quienes ven en la división indígena una oportunidad para el clientelismo, el "trasteo" de votos y la cooptación de líderes. [1]

A esta fragilidad política se suma una desidia administrativa crónica, en la que la Registraduría Nacional, responsable de garantizar el derecho al voto, ha esgrimido históricamente el orden público como justificación para una presencia débil y una logística precaria en los territorios indígenas. Esta excusa se desmorona ante el hecho irrefutable de que son las guardias y autoridades indígenas quienes, con mayor frecuencia y eficacia, garantizan la seguridad y transparencia en sus propios territorios durante los comicios. La cifra oficial de la misma Registraduría de 974,563 votantes habilitados en circunscripciones especiales no es solo un número; es un síntoma de un Estado que no ha hecho lo suficiente para documentar, incluir y facilitar el ejercicio político de una parte vital de su ciudadanía. [2]

Esta falla del Estado y la sociedad colombiana ha sido advertida por la Corte Constitucional, al señalar, reiteradamente, el "Estado de Cosas Inconstitucional" que afecta a los pueblos indígenas. Parte de esa inconstitucionalidad radica, precisamente, en una participación política limitada, desproporcionada y llena de obstáculos. Los gobiernos posteriores a la entrada en vigor de la Constitución del año 1991 han sido miopes ante el dinamismo poblacional indígena y han carecido de la voluntad política para actualizar la representación.

Se requiere, por tanto, un gran acuerdo nacional, que tenga claro que no se trata de un regalo, sino de un ajuste democrático pendiente que posibilite el tránsito urgente y eficiente de dos caminos no excluyentes: primero, una reforma política que revise y amplíe el número de curules especiales con base en criterios demográficos reales y no en una fotografía de 1991. Segundo, un esfuerzo mayúsculo y autónomo al interior del pueblo indígena colombiano para construir una plataforma política unificada y estratégica.

Un millón de voces, si se articulan, no pueden seguir contentándose con solo tres escaños. La deuda no es solo con los pueblos indígenas, sino con la calidad misma de nuestra democracia, que no podrá llamarse plena mientras su representación en el Congreso siga siendo simbólica y no sustantiva. El avance normativo fue solo el primer paso; ahora toca la justicia electoral, pero, sobre todo; la unidad política del pueblo indígena colombiano.

 

---

[1] Ver información detallada en: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11thNGn7jtxKYiTQ8kAiU2dK9PlyR2Gbe/edit?usp=sharing&ouid=111874168460248519252&rtpof=true&sd=true  y   https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R4DjnEGwFipBMkJylJP-Lh_5wl1VPLSU/edit?usp=sharing&ouid=111874168460248519252&rtpof=true&sd=true

[2] Ver: Así ganó el voto indígena emberá en las pasadas elecciones - Dejusticia

 

¡Petro, venga a limpiar la caca del perro!

Por: Hernán Riaño

El gobierno de Duque llevó a Colombia al borde de una crisis económica, evidenciada por su endeudamiento desmedido durante la pandemia. El expresidente otorgó miles de millones a grupos económicos amigos, EPS y fondos de pensiones, beneficiando a sus allegados y aprovechándose de la confianza de los ciudadanos.

Para nadie decente es un secreto la situación en que la ultraderecha de la mano del uribismo y del gobierno de su pupilo más reciente, Iván Duque, dejaron al país. Poco a poco hemos ido conociendo los robos, desfalcos, desvíos de dineros, incumplimientos, demoras y bloqueos en el manejo de los dineros de los colombianos, de las obras del país y de la solución a los problemas de la ciudadanía, que con el ascenso al poder de esta élite ultraderechista se agravó y nos dimos cuenta de que no tienen límites ni escrúpulos. Todos unos expertos en desaparecer y embolsillarse la plata que no es de ellos. Casos como Chambacú, Foncolpuertos, Ferrocarriles Nacionales, Reficar, Odebretch, el desangre continuado de los dineros destinados a la salud por las EPS, fondos de pensiones, endeudamientos nacionales y extranjeros, SAE, y obras públicas de todo nivel, solo para nombrar muy pocas, pero que muestran la radiografía de cómo han saqueado a Colombia.

Petro asciende al gobierno, opino yo, sin saber plenamente las situaciones que debía afrontar fruto de años de abuso del país por estos sectores de las derechas colombianas y en muchos casos multinacionales. Además, porque, en el empalme, el gobierno Duque se cuidó en ocultar muchos de estos hechos. Con el coraje que lo ha caracterizado empezó a enfrentar y solucionar los problemas que le dejaron, pero con el agravante que cada que incursionaban en un sector encontraban corrupción y desfalco. Todos los días, Colombia empezó a conocer la realidad de la situación que el gobierno democrático de Gustavo Petro debía solucionar por cuenta de las manos largas de los partidos y empresarios de la ultraderecha. 

Pero no solamente habían desfalcado al país, sino que ahora como “oposición inteligente”, como se autodenominaron, y como estrategia para que no se averiguara toda la verdad, ayudados por sus medios de comunicación, calumnian, mienten, inventan y hacen toda clase de malabares para tapar los hechos de robo y corrupción. Y esto último ayudados por el cada vez más pequeño ejército de estúpidos que los sigue ciegamente. 

Pero, además de esa sucia estrategia, y ante los resultados positivos de nuestro gobierno en solucionar todos los entuertos, se dedicaron primero, a abrogarse las soluciones de Petro como propias, como lo mostré en la columna anterior, y luego se dedicaron a presionar al mandatario para que solucionara “de una vez” los desafueros que por más de 200 años han dejado los corruptos que nos han gobernado. 

Se inventaron la matriz informativa, de que, con ellos, nuestro país era el de las mil maravillas, que éramos una nación sin problemas, que antes que Petro vivíamos en Europa o Japón que todo era abundancia y felicidad, que aquí no había pobres ni miserables, que ese era un invento de los mamertos. Y lo más grave es que los estúpidos uribistas pobres están convencidos de eso, que ellos son ricos a pesar de que les quitaron todo: la salud, la comida, la vivienda, todo; muchos de ellos viven con un salario mínimo y la gran mayoría sobrellevan su existencia del rebusque, situación a la que los llevaron esos padres de la patria. El relato mediático incluye que todos los problemas del país fueron causados por los que hasta ahora llegaban al gobierno y que ellos, las derechas, son la solución a esos problemas que ellos mismos crearon. 

La situación de Colombia es muy grave. Las andanzas del gobierno Duque nos dejó al borde de una catástrofe económica. Lo ha demostrado el señor presidente con los datos sobre el endeudamiento sin medida y a escondidas realizado por el más aventajado de los alumnos de Uribe por cuenta de la pandemia. Billones de pesos que entregó a grupos económicos y empresarios, a las EPS, a los fondos de pensiones a sus amigotes y allegados aprovechándose de la buena fe de los colombianos.

No les importa haber dejado a Colombia en una de las situaciones más delicadas de nuestra historia. Su cinismo es tal que presionan para que esos desafueros sean solucionados, como decíamos antes, en el término de la distancia.  Incumplido le dicen, porque él prometió tal o cual cosa y lleva ¡dos años! Y no ha solucionado. Si arregla un problema de un sector, sale un “vocero” de otro sector a gritar: ¿A ellos porque sí y a nosotros por qué no? O ¿A nosotros para cuándo? 

Es cierto, hay muchas regiones de Colombia con graves dificultades, que por años el Estado ha olvidado, que, si alguna vez llegaba, era con el ejército para reprimir a sus habitantes por cuenta de la “seguridad democrática” inventada por el “ex”, pero que esos problemas fueron causados por los politiqueros corruptos adscritos a los partidos de las derechas colombianas y sus empresarios cómplices. Estos mismos personajes utilizan a su antojo a sus seguidores y estos como borregos, a ojo cerrado y sin cuestionar nada van repitiendo lo que su líder les ordena, convirtiéndose en cajas de resonancia de un inventado inconformismo en contra del gobierno. Gritan que todo debe solucionarlo Petro personalmente, que ¿por qué no viene?, que, ¿por qué no hace?, que, ¿por qué no dice? Como si fuera un ser celestial o extraterrestre con todos los poderes del universo. Además, con un irrespeto y una grosería que dan grima.

¿Por qué nunca les exigieron las soluciones a los gobiernos causantes de la debacle del país? ¿Por qué guardaron silencio ante el politiquero de turno que les compró su voto? ¿Por qué no le piden cuentas a su alcalde, concejal, diputado, gobernador, elegidos con promesas que incumplió? Estas y muchos otros interrogantes deberán ser esclarecidos si queremos que Colombia del salto a la democracia.

Esas voces de exigencia de soluciones tienen que ver con el llamado caudillismo que ha imperado en nuestra patria. Desde el siglo XIX, los ciudadanos de la reciente república empezaron a crear o creer en líderes que parecían ser más mesías bíblicos que políticos. La gente esperaba que estos líderes llamados “caudillos” tuvieran la solución a todos sus problemas y solo esperaban que actuara como si tuviera una barita mágica. Pero no se involucraban, en la mayoría de los casos, ni en una organización popular que coadyuvara en imponer un poder del pueblo ni en buscar solución a sus inconvenientes. A lo largo del siglo pasado conocimos muchos de estos como el Tribuno del pueblo, Jorge Eliecer Gaitán o como el general Gustavo Rojas Pinilla, a quien le robaron las elecciones en 1.970 Misael Pastrana con Carlos Lleras Restrepo quien fuera el presidente en ese año. Los caudillos nunca pudieron llegar al gobierno y menos al poder. 

A la gran mayoría los mataron, esa es la razón para que Petro insista en una organización popular, en una constituyente del pueblo a todo nivel y en todos los sectores, porque es la única forma de que los colombianos nos involucremos en la problemática de la patria y nos capacitemos en Democracia para poder avanzar al desarrollo que por tanto años nos ha negado la ultraderecha colombiana. 

Las opiniones de los columnistas son de su exclusiva responsabilidad.  Les invitamos a leer, comentar, compartir y a debatir con respeto.

Esta columna fue publicada originalmente en SoNoticias y compartida con la comunidad de La Conversa de Fin de Semana, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño.

VIDEO COLUMNA: 3 POR UNA