El extraño mutismo de la MOE, la veeduría que ya poco ve

 

En la imagen: Alejandra Barrios - Misión de Observación Electoral de Colombia

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com- 

Frente a las suspicacias en el manejo de los E-14 la MOE guarda una posición anodina que no se compadece con su historial beligerante

Durante años, la Misión de Observación Electoral (MOE) se erigió como la conciencia crítica de la democracia colombiana. Desde el año 2007, en torno a los escándalos de la parapolítica, esta plataforma de organizaciones civiles como la Corporación Nuevo Arco Iris, Viva la Ciudadanía y Transparencia por Colombia construyó su prestigio sobre los escombros de un sistema electoral permeado por el fraude, la coerción armada y la financiación ilegal, con una presencia mediática casi siempre en tono de denuncia, que se convirtió en referencia obligada para entender las anomalías de las elecciones colombianas.

Luego de revisar el origen y las pasadas posiciones de la MOE resulta desconcertante el giro discursivo de su vocera y "perenne" directora, Alejandra Barrios Cabrera, quien, en declaraciones recientes, ha optado por exaltar la "probidad, excelencia y eficiencia" del sistema electoral colombiano, justo en momentos en que las dudas ciudadanas sobre la transparencia del proceso alcanzan niveles de termómetro político. ¿Qué explicación cabe para este repentino viraje? ¿Acaso la MOE ha decidido trocar su tradicional lente de aumento por unas gafas color de rosa?

La extrañeza crece cuando se contrasta esta posición con el origen mismo de una organización que surgió, precisamente, para combatir la opacidad de un sistema que, hoy por hoy, sigue presentando las mismas grietas estructurales de siempre, como los cuestionados formatos E-14, piezas clave del escrutinio, que siguen siendo motivo de queja, frente a los cuales, la MOE guarda una posición anodina, pasiva, que no se compadece con su historial beligerante.

Resulta particularmente llamativa la reacción de Barrios ante la exigencia del presidente Gustavo Petro a la Registraduría para que presente públicamente el software electoral a cargo de la firma Thomas Gregg and Sons. En lugar de respaldar la petición presidencial como un ejercicio legítimo de transparencia, la directora de la MOE optó por recriminar al mandatario, alineándose de facto con las posiciones de un registrador nacional cuyas orientaciones han sido ampliamente controversiales, reforzando las suspicacias y dejando en la opinión pública interrogantes como; ¿Desde cuándo exigir auditoría pública al software electoral es un acto de intromisión indebida? ¿No era esa, precisamente, la clase de batallas que la sociedad civil organizada debería aplaudir?

Pero el asunto no es solo de posiciones públicas. La inquietud de fondo apunta a la naturaleza misma de una organización que se presenta como "representante de la sociedad civil" sin someter a escrutinio público sus propios mecanismos de integración y designación. ¿Quién elige a los directivos de la MOE? ¿Cómo opera realmente ese Consejo Directivo conformado por un puñado de instituciones académicas y ONG? Resulta paradójico que una entidad dedicada a exigir transparencia electoral funcione bajo criterios tan cerrados, sin dar cuenta clara de sus procesos internos de toma de decisiones.

Tampoco ayuda a disipar las dudas el capítulo de la financiación. La MOE se sostiene fundamentalmente con recursos de cooperación internacional, destacándose entre sus principales donantes la agencia estadounidense USAID, que hoy enfrenta señalamientos, incluso desde el propio gobierno de Estados Unidos, sobre injerencia política en América Latina. No se trata, por supuesto, de satanizar la cooperación internacional, pero sí de preguntarse legítimamente hasta qué punto esa dependencia financiera puede llegar a modular las posiciones de una organización que alardea de independencia y rigor técnico. ¿Puede una entidad financiada por actores externos con agendas geopolíticas declaradas considerarse plenamente autónoma?

La inquietud se extiende en el campo nacional. Fuentes consultadas de regiones como el Cauca han denunciado la renuencia de la MOE a acompañar procesos electorales en territorios en donde las sombras del fraude han sido históricas. Precisamente en aquellos espacios puntuales donde más se necesita una veeduría rigurosa, la organización brilla por su ausencia. ¿A qué obedece esta selectividad geográfica? ¿Por qué desertar precisamente de los escenarios más complejos?

El contraste no podría ser más evidente: una MOE nacida para denunciar las artimañas del establecimiento electoral se ha convertido, con el paso de los años, en una defensora acérrima de dicho establecimiento. Sus posiciones recientes no solo distan diametralmente de la rigurosidad que pregona, sino que alimentan la sospecha de que la independencia puede ser, en el fondo, un lujo que no todos los financiadores están dispuestos a tolerar.

Mientras tanto, los colombianos seguimos esperando que alguien, con la autoridad moral que da la coherencia, vuelva a poner el dedo en la llaga de un sistema electoral que sigue produciendo más dudas que certezas. La pregunta incómoda queda flotando: ¿a quién le habla realmente hoy la Misión de Observación Electoral? Porque a la sociedad civil, francamente, hace rato que dejó de representarla.

Se robaron un país, a sangre y fuego y a la vista de todos, nadie dijo nada… *

¿Cuál será el próximo, Groenlandia, Cuba, Venezuela, Argentina o Colombia? 

Por Hernán Riaño

Diálogo Petro-Trump confirma que el diálogo es el único antídoto real para los conflictos. Sin embargo, la volubilidad impredecible de Trump obliga a mantener una cautela extrema.

La franja de Gaza de Palestina ha sido robada abiertamente, sin tapujos, con manifestaciones oficiales de Israel y con el apoyo irrestricto de los Estados Unidos, y lo grave, con el asesinato de más de 70.000 palestinos, según cálculos conservadores, muchísimos de ellos(as) niño(as), que suman, según esos mismos cálculos, aproximadamente 10.000. En este robo a mano armada, desplazaron a casi toda la población de la franja de gaza para entregarle el terreno a Donald Trump, a su yerno Jared Kusner (un sionista declarado), al ex-primer ministro inglés Tony Blair y a otros socios, para poner allí, en la muy bella playa del mediterráneo oriental, un Resort y unos negocios inmobiliarios del dictador norteamericano, lo que han llamado la Nueva Gaza (1).

Esta es la conclusión de muchos meses de ataques con muertos, heridos y lisiados en esa región de la histórica Palestina. La confesaron sin ambages ambos líderes, el sionista Netanyahu y el megalómano Trump. Tanto es así que, en una declaración, el mandatario gringo dijo que él le había proporcionado las armas a Israel, que este país les había dado un gran uso (2). Adicionalmente han atacado a otras tantas naciones de oriente medio, entre las que se encuentran Siria, Cisjordania e Irán. Los sionistas han declarado que quieren hacer una gran nación judía en esa región (3).  

Igualmente, Trump decidió proclamar la nueva doctrina Monroe, conocida como Doctrina Donroe o Corolario Trump, en la que se declara, en la práctica, dueño del hemisferio occidental, que va desde el polo norte al polo sur,  incluyendo desde Groenlandia con todas sus islas que la rodean, Canadá, obviamente Estados Unidos, el que sería el explotador absoluto de las riquezas de todo el continente, pasando por México, Centroamérica, Suramérica, la Patagonia llegando a la Antártida en la que han venido incursionando desde hace tiempo. Esta proclama la hizo después de haber declarado su interés abierto en Groenlandia (4), a la que le ha exigido que se anexe sí o sí, sin importar el método que usen los gringos, lo mismo hizo con Canadá, al mostrar su interés en ese país (5). 

Pero eso no se ha quedado en solo declaraciones, las incursiones en el Mar Caribe, apoderándose como vil pirata de buques cisterna cargados con petróleo (6) y la invasión a Venezuela con el subsiguiente secuestro de su presidente (7) para forzar la entrega del crudo de ese país a empresas norteamericanas y al propio Trump, con condiciones favorables, exigiendo que fuera regalado por un supuesto robo que le hizo el país vecino en 1.976. Se debe recordar que fue Carlos Andrés Pérez, quien nacionalizó este recurso, exigiendo mejor negociación con las empresas que lo explotaban y que hoy Trump culpa a Chávez o a Maduro de esa acción legítima de un Estado de proteger sus riquezas naturales. También amenazó con acciones similares contra Colombia y su presidente legítimo elegido democráticamente, Gustavo Petro Urrego, acusándolo falsamente de jefe de narcotráfico (8) y que veía bien una acción similar a la de Venezuela (9), amenazando de paso a Cuba (10). A principios de enero, el presidente norteamericano amenazó con bombardear a México y a la isla más grande del Caribe (11) y en los últimos días dijo que iba a intensificar el bloqueo contra la isla al impedir la llegada de petróleo y alimentos y que caería muy pronto (12), aplicando algo similar a lo que hizo el gobierno sionista con Palestina en Gaza. Al inicio de su mandato se volvió a apoderar del canal de Panamá por medio de un acuerdo de entendimiento con ese país (13).

También está usando el viejo pero confiable método, diría Bart Simpson, de los gobiernos títeres que le dicen a todo que sí y que hacen lo que les ordena su amo del norte, como son los casos de Argentina con Milei, Ecuador con Novoa, Perú con Jeri, Uruguay con Peña, Bolivia con Pax y, lo más degradante, con el nuevo gobierno de Chile, que eligió al nazi pinochetista Kast. También ha influido en las elecciones de Honduras, en favor de la extrema derecha e indultando a Juan Orlando Hernández, expresidente condenado a 48 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico en una clara injerencia en esas elecciones. Ese es el panorama que tenemos en el resto del continente americano en el que el dominio de Trump y la ultraderecha gringa se han tomado el poder en este continente para explotar a sus anchas y gratis, o casi gratis, todos los recursos naturales, pero principalmente el agua, la riqueza que tenemos con grandes ríos lagos, glaciares, lagunas y humedales, siendo la reserva más importante de este líquido en el mundo. 

Como podemos ver, ningún país está libre de ser víctima de la codicia del gobierno Republicano de Donald Trump por los recursos naturales de todos los países y en especial por el petróleo. Haciendo gala de su poderío militar, puede llegar a cualquier parte del mundo, como sucedió en costas de Irán (14), con cualquier excusa, válida para él, así no sea verdadera o real. El país persa le contestó, igualmente, de forma beligerante, y a Trump no le quedó más remedio que empezar conversaciones para llegar a acuerdos sobre la política nuclear iraní (15), diálogos que no llegaron a concretarse, según Marco Rubio... También está interviniendo en las elecciones de Irak, ya que hay un candidato “que no le gusta” (16). También dijo que había empezado a hablar con Cuba, tras impedir la llegada de petróleo y ayudas desde México (17). 

Pero en este escenario tan turbio y amenazante de guerras impulsadas por Trump y Netanyahu, han aparecido nuevos elementos para tratar de configurar un mapa de lo que pretenden ambos gobernantes. Primero hay que contar la denuncia que se hizo desde las redes sociales con un informe no clasificado (por confirmar), en el que dice que Trump fue cooptado por Israel (18) por su yerno sionista Jared Kusner esposo de Ivanka Trump desde 2009, quien dijo en 2024, durante la agresión en la Franja de Gaza, que Israel debería expulsar a los palestinos hacia Egipto o al desierto de Niger e igualmente se opuso a la creación del Estado Palestino (19).

Israel empezó una ofensiva en Argentina, con la complicidad y el impulso de Milei, para quedarse con el extremo sur del país austral y para ello, el presidente gaucho, intercambió el puerto de Ushuaia a cambio de membresía en la junta de paz de Gaza de Trump (20). También, Netanyahu, en el año 2.019, había demostrado su total interés en Groenlandia y hoy su hijo predilecto les quiere cumplir ese deseo expansionista (21). 

Todas las acciones en América Latina están encaminadas a impedir el libre comercio de nuestros países con otras potencias que no sea Norteamérica, como Rusia, China e Irán, especialmente con China a la que ha calificado como muy peligrosa para Estados Unidos, sin ninguna prueba, solo con el fin de que las compras y negocios que hagan estas naciones se enfoquen solo en la potencia del norte para que se reactive su maltrecha economía. Por eso amenaza con subirle los aranceles a cualquier país que quiera seguir comerciando con ellos. 

Pero lo que más aterra es el silencio de los gobernantes del mundo ante estas acciones. Nadie dice nada, casi todos los mandatarios de la UE y de la mayoría de los países brillan por su silencio. Pero en este maremágnum de cobardes y serviles al poder yanqui surgió la reunión Petro -Trump, algo no previsto. Diálogo sucedido el 3 de febrero con unos resultados que sorprendieron a todos por el lenguaje, la cordialidad y los posibles acuerdos a los que se llegó. Este encuentro demuestra, que el diálogo es la única forma de solucionar los conflictos, y abre una expectativa casi real de que los demás problemas en los que ha metido Trump al mundo puedan seguir este derrotero para bien de la humanidad.   Aunque con el gringo no se sabe, hoy dice una cosa y mañana otra… o lanza un misil.

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

https://youtu.be/MPIUXHdgP64?si=0yNYHsyqf5X05KV- https://www.bbc.com/mundo/articles/c5y33yv2ldjohttps://www.swissinfo.ch/spa/qu%C3%A9-es-la-%22nueva-gaza%22-llena-de-rascacielos-dise%C3%B1ada-por-trump%3F/90822801https://www.swissinfo.ch/spa/qu%C3%A9-es-la-%22nueva-gaza%22-llena-de-rascacielos-dise%C3%B1ada-por-trump%3F/90822801

https://youtu.be/HOvDs7JSTfk?si=WVGMlpx-Ms0NYaNC https://www.facebook.com/almayadeenenespanol/posts/-israel-recibi%C3%B3-las-mejores-armas-del-mundo-afirm%C3%B3-donald-trump-este-lunes-ante-/1648862033012124/

https://www.fairobserver.com/politics/the-greater-israel-plan-has-a-colossal-reach/ https://www.descifrandolaguerra.es/mapa-del-gran-israel-las-aspiraciones-expansionistas-del-sionismo/

https://www.bbc.com/news/articles/c74x4m71pmjo https://cnnespanol.cnn.com/2026/01/22/eeuu/por-que-trump-groenlandia-seguridad-trax https://periodismodeizquierda.com/groenlandia-en-la-mira-de-trump/

https://www.bbc.com/mundo/articles/c3dkp75p9dxo https://www.youtube.com/watch?v=xlKpCf0yCdE

https://www.bbc.com/mundo/articles/czx18kv9pq5o https://www.facebook.com/revistaproceso/posts/el-pent%C3%A1gono-anunci%C3%B3-la-interceptaci%C3%B3n-y-apoderamiento-de-otro-buque-petrolero-e/1294208319419724/

https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/1/6/live-un-security-council-members-slam-us-abduction-of-venezuelas-madurohttps://www.dw.com/es/juristas-la-intervenci%C3%B3n-de-ee-uu-en-venezuela-es-ilegal/a-75413629https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/01/03/mundo/estados-unidos-ocupara-el-lugar-que-deja-maduro-en-lo-que-se-da-una-transicion-trump

https://www.telemundo.com/noticias/noticias-telemundo/internacional/trump-llama-narcotraficante-al-presidente-de-colombia-y-dice-que-eeuu-rcna238436 https://elpais.com/internacional/2025-10-19/trump-acusa-a-petro-de-ser-un-lider-narcotraficante.html

https://www.rtvcnoticias.com/internacional/estados-unidos/trump-vuelve-amenazar-colombia-va-ser-el-siguiente

https://as.com/actualidad/politica/trump-amenaza-a-colombia-y-dice-que-cuba-esta-a-punto-de-caer-f202601-n/

https://estrategia.la/2026/01/09/trump-quiere-bombardear-mexico-y-tomar-cuba/  http://aljazeera.com/news/2026/1/5/trump-threatens-colombias-petro-says-cuba-looks-like-its-ready-to-fall https://www.instagram.com/reels/DTSubsbAOcI/

https://www.democracynow.org/es/2026/1/12/titulares/trump_threatens_cuba_to_make_a_deal_before_it_s_too_latehttps://www.lasexta.com/noticias/internacional/trump-intensifica-sus-amenazas-cuba-dice-que-habra-mas-petroleo-dinero-venezolano-llegan-acuerdo_202601116963d3f8ea66eb73532ce21c.html https://www.elnuevodia.com/noticias/estados-unidos/notas/donald-trump-asegura-que-cuba-esta-a-punto-de-caer-porque-ya-no-recibe-petroleo-de-venezuela/

https://www.facebook.com/watch/?v=1227348209400657

https://www.dw.com/es/trump-advierte-que-flota-que-se-dirige-a-ir%C3%A1n-es-incluso-m%C3%A1s-grande-que-la-de-venezuela/a-75736292

https://www.univision.com/noticias/estados-unidos/trump-confirma-conversaciones-con-iran-para-bajar-tensiones?utm_campaign=N%2B+UNIVISION&utm_content=sprout&utm_medium=social&utm_source=facebook

https://www.facebook.com/Xinhua9/posts/pfbid02Ls7T1xqadM87xdqwMjpRA7rNSriV5eru4HSQhZ9agWHVXBnxVfidLsKQC5LypACbl

https://www.telemundo.com/noticias/noticias-telemundo/internacional/estamos-empezando-a-hablar-con-cuba-dice-trump-sobre-la-isla-comunista-rcna256922?sss

https://www.instagram.com/p/DUNLoH3DKxC/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

https://es.wikipedia.org/wiki/Jared_Kushner

https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/01/25/mundo/milei-ofrece-a-trump-el-puerto-de-ushuaia-a-cambio-de-membresia-en-junta-de-paz-de-gaza

https://www.instagram.com/reel/DT8ByuglL8f/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

La Guerra mediática para sabotear el Cambio en Colombia

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com- 

La reciente y agresiva elevación de las tasas de interés por parte del Emisor, ante una inflación en claro descenso, es un acto de sabotaje económico con fines políticos

En Colombia se libra una guerra silenciosa pero decisiva para mantener el relato económico de la derecha. Mientras el gobierno del presidente Gustavo Petro implementa una política fiscal y social que, según cifras del DANE y el análisis de economistas de talla global de la línea académica de los premios Nobel de Economía, Paul Krugman y David Card;  ha mostrado resultados mesurados y prometedores, sustentados en un eficiente control de inflación, un crecimiento estable y la reducción de la pobreza monetaria; una poderosa maquinaria narrativa, amplificada por la llamada Gran Prensa Colombiana y sus “bots” (humanos y digitales) en redes sociales, se esfuerza por pintar un panorama apocalíptico. 

La maquinaria de desinformación y manipulación de la opinión pública no es espontánea; es orquestada por los grandes grupos económicos colombianos y sus aliados internacionales, quienes utilizan su influencia mediática para sostener un modelo neoliberal agotado y desacreditar cualquier alternativa que favorezca los intereses de las mayorías aún empobrecidas de Colombia y el mundo.

El mecanismo de manipulación informativa es sofisticado y transnacional. Mientras que la prensa hegemónica local, cuyos dueños son los mismos conglomerados con intereses en sectores financieros, extractivos y de servicios, por un lado amplifica y falsea la realidad  del actual contexto colombiano, por el otro lado, reproducen y amplifican el ruido generado por los editoriales y análisis del Financial Times, The Washington Post o The Economist, unas publicaciones que  no son neutrales, toda vez que, por ejemplo,  The Economist es controlado mayoritariamente por las familias Rotschild (Sector financiero internacional) y  Agnelli a través de su holding Exor, con vastos intereses en el capitalismo global. 

No es de extrañar que la línea editorial de este afamado medio de comunicación privilegie la ortodoxia financiera y la desregulación, en concordancia con el proyecto geopolítico y económico que apoya y promueve, que ve con recelo cualquier experimento progresista en el Sur Global. Así, se crea un eco mediático global que presenta la disciplina fiscal ortodoxa y la primacía del mercado como únicas verdades científicas, ignorando deliberadamente los avances en la ciencia económica que cuestionan esos dogmas y validan políticas de estímulo e inversión social en contextos como el colombiano.

Este asedio narrativo sería menos efectivo sin la complicidad de actores institucionales clave dentro de Colombia, los cuales, no obstante, el triunfo electoral de la izquierda a la cabeza del Pacto Histórico, siguen controlados por la derecha tradicional en enclaves de poder como el Banco de la República, ciertas salas de las altas cortes y un bloque significativo en el Congreso. 

La reciente y agresiva elevación de las tasas de interés por parte del Emisor, más allá de cualquier justificación técnica ante una inflación en claro descenso, es el ejemplo claro de un acto de sabotaje económico con fines políticos, cuyos objetivos son: el estrangulamiento del crédito, enfriar la economía, generar descontento por un menor crecimiento y, sobre todo, desfinanciar los programas sociales que son el corazón del programa del Pacto Histórico y su principal gancho electoral. Esta decisión de las mayorías en la Junta Directiva del Banco de la República es una jugada maquiavélica que prioriza el interés de las élites económicas y políticas de centro y centro derecha sobre el bienestar del pueblo colombiano.

Ahora, en plena coyuntura electoral, esta alianza entre el poder económico, los medios hegemónicos e instituciones capturadas entra en su fase más agresiva. Los tanques de pensamiento financiados por los gremios y los especialistas pagados por la mal llamada Gran Prensa Colombiana lanzarán, día tras día, relatos catastróficos sobre el futuro del país, dentro de una campaña de terror financiero diseñada para asustar a la clase media, desmovilizar a los sectores populares y, en última instancia, inflar las pálidas cifras de intención de voto de una derecha sin proyecto ni legitimidad. 

Frente a este poderío, la ciudadanía, pero, sobre todo, los opinadores y comunicadores independientes, tenemos una tarea crucial: Cuestionar la fuente de cada pronóstico nefasto, recordándole, de manera insistente a la sociedad colombiana, que quienes hoy claman por el "riesgo país" son los mismos que se beneficiaron de décadas de un modelo que nos dejó desigualdad y violencia. De igual manera, debemos replicar y amplificar información sustentada en los datos duros y proveniente de los académicos independientes por encima de los editoriales interesados de la prensa nacional e internacional. 

La defensa de la transformación social en Colombia pasa no solo por las urnas, sino por ganar la batalla cultural contra el discurso único, ese que se viste de técnica económica pero que solo vela por la perpetuación de los privilegios de unos pocos. El futuro del país depende de nuestra capacidad de ver más allá del relato del poder.

La arquitectura constitucional de 1991 y la crisis de la Justicia

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@Gmail.com-

La suspensión del decreto declaratorio del estado de emergencia impide al gobierno expedir nuevos decretos legislativos basados en esa figura. Sin embargo, los decretos legislativos ya dictados mantienen su validez y continúan produciendo efectos jurídicos. José G. Hernández – Ex magistrado de la C. Constitucional

Han transcurrido más de tres décadas desde que la Carta Política de 1991 ilusionó a una nación con un nuevo pacto social, fundado en la promesa de un Estado Social de Derecho, pluralista y con mecanismos robustos para proteger la democracia y los derechos fundamentales. Hoy, sin embargo, ese edificio constitucional muestra grietas estructurales profundas, evidenciando no solo inconveniencias, sino fallas sistémicas que comprometen su legitimidad y eficacia. El diagnóstico es claro: Colombia requiere, con urgencia, un profundo rediseño de la arquitectura de su Estado. Si bien, una Asamblea Nacional Constituyente es y debe ser objeto de un debate nacional serio y no exento de cautelas, la necesidad de una reforma estructural es cada día más ineludible.

El núcleo de la crisis actual reside en la perversión del esquema de pesos y contrapesos, específicamente en la cooptación política de las altas cortes y los órganos de control. El diseño de elección de magistrados para la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, basado en un sistema de listas y postulaciones en las que el Congreso colombiano tiene la última palabra, ha degenerado en la práctica nociva del “tú me eliges, yo te elijo”, una práctica política que, lejos de garantizar independencia, ha sembrado el clientelismo en el corazón del poder judicial. El resultado no es la selección de los más idóneos por su excelencia técnica o trayectoria intachable, sino la composición de cortes cuyos integrantes reflejan, con demasiada frecuencia, los pulsos y cuotas de poder de las coaliciones políticas dominantes en el legislativo.

Esta cooptación ha tenido un efecto corrosivo debido a que las decisiones de las altas cortes, que deberían ser faros de imparcialidad y rigor jurídico, están siendo observadas por la ciudadanía con una suspicacia creciente, al percibirse en ellas excesivos sesgos ideológicos, partidistas y clasistas. En este reiterado escenario, se ha diluido la línea entre la interpretación jurídica y la defensa de intereses políticos o económicos particulares. La independencia judicial, pilar fundamental de cualquier democracia, se ve así socavada desde su base, transformando a los máximos tribunales en arenas de disputa política por otros medios, desnaturalizando su función esencial en un Estado Social de Derecho.

Un ejemplo reciente y aleccionador de esta crisis es el manejo dado por la actual Corte Constitucional a los Decretos de Emergencia Económica, expedidos por el actual gobierno nacional de Gustavo Petro. Al abandonar una línea jurisprudencial de casi 30 años, que privilegiaba el examen de fondo sobre la constitucionalidad de las normas sometidas a su control, para enredarse en discusiones no tan indispensables, para ampliar, de manera cuestionable, la discusión exclusivamente constitucional de fondo; la Corte apareció ante la opinión pública no como el guardián abstracto de la Carta, sino como un actor político más. Esta actuación, interpretada por muchos como alineada con los intereses de la oposición política al gobierno nacional, erosiona la credibilidad de la institución.

A esta crítica funcional se suma una de carácter ético y moral relacionada con la sombra de desconfianza en la probidad de algunos magistrados. Casos como los de magistrados cuyos pasados están marcados por señalamientos de manejo clientelista, o aquellos envueltos en escándalos personales que comprometen su imagen de integridad [1], son una herida autoinfligida a una institución como la Corte Constitucional que debe estar compuesta por personas cuya vida pública y privada resista el escrutinio más severo.

Este panorama se agrava por las peculiaridades del modelo de justicia colombiano, que combina tradiciones del derecho continental con una enorme preponderancia de la jurisprudencia. Esta combinación puede generar inseguridad jurídica al favorecer interpretaciones volubles, debidas a que, el cambio de composición de una sala, a su vez, puede significar un giro abrupto en la jurisprudencia, generando escenarios más ligados a la correlación de fuerzas ideológicas al interior del tribunal que a una evolución doctrinal sólida y previsible.

La suma de estos factores (cooptación, sesgo, desconfianza en la probidad e inseguridad jurídica) configura una crisis de legitimidad de las altas cortes. Cuando estas dejan de ser vistas como instancias técnicas y se las percibe como apéndices del juego político, el sistema en su conjunto se resiente. El riesgo es que, ante esta debilidad, las cortes queden expuestas a nuevos y más graves ataques en el futuro, como los que ya padecieron en los periodos de gobierno uribista, en los que su independencia fue acosada y puesta en jaque.

Por todo lo anterior, el llamado a un rediseño profundo de la arquitectura estatal no es un capricho académico ni una maniobra política coyuntural. Es una necesidad imperiosa para salvar a las instituciones de sí mismas. Se requiere repensar, entre otros, los mecanismos de elección de magistrados para blindarlos de la cooptación partidista, fortalecer los criterios de mérito e idoneidad, establecer períodos que impidan la búsqueda de reelecciones politizadas y revisar el modelo de justicia para dotarlo de mayor coherencia y predictibilidad.

La Carta política de 1991 abrió puertas fundamentales en materia de derechos, pero falló en construir los diques suficientes para proteger la independencia judicial de la vorágine política. El momento es ahora, antes de que la erosión de la confianza en la justicia sea irreversible. Colombia merece unas instituciones que funcionen con armonía, independencia y, sobre todo, con una legitimidad inquebrantable. Lograrlo exige el coraje de reformar lo que, evidentemente, ya no funciona.

---

[1] Carlos Camargo, el cuestionado por clientelismo, llega a la Corte Constitucional - Cuestión Pública /

Magistrado Jorge E. Ibáñez acatará fallo que le ordena retractarse por afirmaciones sobre la madre de su hijo

La economía de la culpa: salario mínimo, poder y domesticación social *

 

Imagen tomada de: negociacion salarial - Buscar con Google

Por: Jhon Jaiver Flórez G. 

El asalariado que apenas sobrevive con el mínimo ha sido entrenado para temer su propio aumento, para sospechar de cualquier mejora material, para aceptar que su derecho a vivir con dignidad constituye una amenaza para la economía.

Durante más de tres décadas, Colombia escuchó la misma consigna repetida con solemnidad técnica y tono de verdad revelada: contener el salario mínimo es la vía más segura para crear empleo. Se dijo en consejos gremiales donde la palabra “equilibrio” siempre pesó más que la palabra “vida”; se escribió en editoriales económicas que confundieron estabilidad con resignación; se estampó en documentos del Banco de la República como si se tratara de una ley natural y no de una opción política; y se repitió, año tras año, en mesas de concertación salarial donde la correlación de fuerzas rara vez fue justa. El salario debía ser prudente, moderado, responsable. El trabajador, paciente. La pobreza, un daño colateral transitorio.

Han pasado más de treinta años. El empleo prometido no llegó. Lo que sí llegó —y se quedó— fue la precariedad. El mito fundacional del modelo tuvo lema y escenografía. Con el eslogan “Bienvenidos al futuro”, el gobierno de César Gaviria lanzó una modernidad de vitrina: privatizaciones rápidas, apertura económica sin red y reformas que entregaron salud, pensiones y servicios públicos al gran capital, todo bajo el optimismo tecnocrático de la eficiencia. Mientras la Constitución de 1991 prometía un Estado Social de Derecho, el trabajo dejó de ser derecho y pasó a ser costo, y la modernización comenzó a medirse no por el bienestar creado, sino por los derechos recortados en silencio.

El salario, antes concebido como mecanismo de integración social, fue rebautizado como “costo laboral” y sometido a la lógica de la reducción constante, en nombre de la inversión extranjera y la disciplina macroeconómica. El futuro llegó, sí, pero llegó cobrando peaje: derechos sociales en liquidación, trabajadores a precio mínimo y un Estado que aprendió a llamar modernización a la renuncia sistemática de sus obligaciones.

Desde entonces, cada aumento del salario mínimo se negoció bajo amenaza. Si sube demasiado —advierten— se destruye empleo. Si acompaña la inflación, se disparará la informalidad. Si se atreve a crecer por encima de la productividad, vendrán las catástrofes anunciadas con tono apocalíptico y gráficos alarmantes. El resultado fue un salario mínimo que, año tras año, alcanzó apenas para sobrevivir, últimamente ni siquiera para eso, mientras el costo de vida sube con paso firme. La teoría justificadora es clara y persistente: primero crecer, luego distribuir. Pero ese “luego” nunca llega.

Las cifras no respaldan el dogma neoliberal; lo desnudan. Durante las últimas tres décadas, Colombia mantuvo uno de los salarios mínimos más bajos de América Latina en relación con el costo real de la canasta básica, al tiempo que exhibió tasas de informalidad estructural superiores al 45%, desempleo crónico y una de las desigualdades más altas del continente. El salario precarizado no generó empleo masivo. Generó trabajadores empobrecidos.

Desde una perspectiva teórica, esta política se inscribe en lo que Karl Polanyi denominó la mercantilización del trabajo: tratar la fuerza laboral como una mercancía más, separada de las condiciones materiales de existencia. Cuando el salario deja de cumplir su función social —reproducir la vida— se transforma en frontera moral: señala hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado en su compromiso con la dignidad humana.

El empleo generado fue, en gran medida, informal, inestable y mal remunerado. El crecimiento económico, cuando ocurrió, no se tradujo en bienestar generalizado. La riqueza se concentró. La productividad no despegó. El modelo descansó más en la flexibilización laboral que en la innovación, más en el abaratamiento del trabajo que en la sofisticación productiva. La economía creció. La vida no.

En este contexto, el auxilio de transporte reveló su verdadera función: más que un derecho, un parche estructural. Concebido para cubrir la movilidad básica, terminó siendo la admisión silenciosa de que el salario mínimo no alcanza para vivir. Su incremento anual no amplía bienestar; administra carencias. No integra al trabajador a la ciudad ni a la vida digna: lo mantiene operativo, facilita llegar al trabajo, pero no sostenerse con él. Es un auxilio que garantiza presencia, no dignidad.

Durante décadas, los incrementos del salario mínimo fueron incipientes, casi siempre apenas por encima de la inflación. El argumento fue fiel al libreto heredado: proteger la competitividad, evitar presiones inflacionarias, preservar el empleo formal. En términos nominales, hubo aumentos. En términos reales, hubo retrocesos.

Salario mínimo más auxilio de transporte, medidos en dólares, el efecto es aún más revelador: la devaluación del peso diluyó buena parte de los incrementos. El ingreso mínimo colombiano perdió peso relativo en comparación internacional, reflejando no solo una política salarial incipiente, sino la fragilidad de una economía estructuralmente dependiente y vulnerable.

Los gobiernos antecesores al actual no rompieron nada: administraron la inercia. Ninguno cuestionó el modelo salarial heredado ni corrigió la estructura de desigualdad. El salario siguió siendo un instrumento de contención social, no de redistribución. El orden funcionó sin sobresaltos. La precariedad también.

El gobierno Petro no creo el conflicto salarial. Lo hizo visible. Al impulsar aumentos del salario mínimo de dos dígitos —especialmente en 2023, 2024 y 2025— rompió un consenso tácito que había operado como dogma durante décadas. El escándalo no provino solo del monto del aumento, sino del desplazamiento del eje moral del debate: ya no se discutía cuánto podía soportar la empresa, sino cuánto resistía la vida. Desde una lectura keynesiana y redistributiva, estos incrementos buscan recuperar poder adquisitivo, dinamizar la demanda interna y corregir, aunque de manera parcial, una injusticia histórica. 

Los detractores reaccionan con reflejos conocidos. Anuncian desempleo, inflación, fuga de capitales. Repiten un libreto que la historia ya ha puesto en evidencia. Porque si algo demuestran los últimos treinta años es que salarios sistemáticamente bajos no construyen economías fuertes, sino sociedades frágiles.

Desde la teoría del desarrollo humano —Amartya Sen— el ingreso no es solo un medio económico, sino una capacidad básica: permite elegir, participar y vivir con autonomía. Elevar el salario mínimo no garantiza por sí solo bienestar. Negarlo, en cambio, garantiza precariedad. 

El debate sobre el salario vital no es una extravagancia ideológica. Es la irrupción de una memoria histórica negada. Llamar vital al salario mínimo es cuestionar el corazón del modelo neoliberal colombiano: la idea de que la dignidad puede aplazarse indefinidamente en nombre de una competitividad que nunca llega a la mayoría. Las sociedades que pagan mal el trabajo pagan caro en otros frentes: violencia, inseguridad, deterioro institucional. Cada peso ahorrado en salarios reaparece como sobrecosto en salud pública, en seguridad, en fractura del tejido social. El salario precario no fue solo una política económica; fue una forma de administrar la exclusión.

Desde Marx hasta Polanyi, desde Sen hasta Piketty, la evidencia converge: la desigualdad no es un accidente del sistema, sino uno de sus productos cuando el trabajo se subvalora. Quizá el triunfo más profundo —y menos visible— de este modelo no haya sido económico, sino pedagógico. Durante décadas, el sistema no solo contuvo los salarios: educó la conciencia social. Enseñó que el trabajador debía sentirse culpable por existir y responsable, por anticipado, de cualquier fractura del orden económico. Si una empresa quiebra, no es por mala gestión o concentración del mercado, sino porque “el salario subió demasiado”. Si hay desempleo, no es por un modelo extractivo y desigual, sino porque alguien “pidió más de lo que merecía”.

Esta pedagogía de la culpa ha calado con especial crudeza en los sectores empobrecidos. El asalariado que apenas sobrevive con el mínimo ha sido entrenado para temer su propio aumento, para sospechar de cualquier mejora material, para aceptar que su derecho a vivir con dignidad constituye una amenaza para la economía. Se le ha convencido de que su salario no es una retribución justa, sino una concesión precaria; no un derecho social, sino un riesgo sistémico.

Desde la sociología crítica, esto no es accidental. Es lo que Pierre Bourdieu denominó violencia simbólica: una forma de dominación que no necesita imponerse por la fuerza porque logra que los dominados adopten como naturales las categorías del dominador. El trabajador internaliza el lenguaje de la escasez y la culpa, mientras los verdaderos centros de decisión —financieros, corporativos, rentistas— permanecen blindados frente al juicio moral y político.

Humanísticamente, el daño es aún más profundo. Cuando una sociedad consigue que quienes menos tienen se sientan responsables de la quiebra ajena, se rompe un principio elemental de justicia compartida. El salario deja de ser reconocimiento al trabajo y se convierte en carga moral. La dignidad se vuelve sospechosa. La vida, negociable.

Por eso, el debate sobre el salario mínimo no es una discusión técnica ni un pulso coyuntural entre gobiernos. Es una disputa por el sentido común, por la forma en que una sociedad decide quién merece qué, quién carga con las culpas y quién queda exento de responsabilidad. Mientras el asalariado pobre siga creyendo que su derecho a vivir mejor pone en riesgo al país, el sistema habrá ganado incluso cuando conceda aumentos.

Romper esta lógica exige algo más difícil que subir cifras: desaprender la culpa, recuperar la idea de que la economía existe para sostener la vida y no al revés, y comprender que ninguna sociedad es viable cuando pide a los más frágiles cargar con el peso de un modelo que nunca diseñaron ni se han beneficiado de él.

Treinta años después, la promesa neoliberal queda expuesta. No fue un error técnico: fue una elección política sostenida en el tiempo. La pregunta ya no es cuánto cuesta subir el salario, sino cuánto ha costado no hacerlo. Porque cuando la economía funciona sin dignidad, no produce desarrollo: produce supervivencia organizada. Y ninguna sociedad puede llamarse justa cuando condena a quienes la sostienen a vivir eternamente al borde de la vida.

* La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

Gobernaciones y alcaldías uribistas arrecian sabotaje político

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

Estas federaciones son el núcleo de un "gobierno paralelo" que busca mantener privilegios de un modelo agotado y defensa de intereses de la derecha colombiana. 

La llegada de la izquierda a la presidencia de Colombia no solo marcó un hito histórico, sino que también desató los mecanismos de contención más arraigados del establecimiento político de derecha. Más allá de la oposición en el Congreso y el ataque frontal desde los medios de comunicación de los grandes gremios de producción, se ha reactivado con ferocidad una herramienta gremial menos visible para el ciudadano común, pero profundamente poderosa, compuesta por: Fededepartamentos, Fedemunicipios y Asocapitales, entidades que lejos de su fachada técnica se han erigido, nuevamente, como el cuartel general operativo del uribismo para estrangular, desde las regiones, el proyecto de cambio.

Estas federaciones, que durante los gobiernos de Uribe, Santos y Duque funcionaron como una extensión burocrática del poder central y una eficiente red de pensamiento, propaganda y, según múltiples informes periodísticos y judiciales, financiación clientelista, hoy muestran su verdadero rostro: el de una oposición institucionalizada que raya en la sedición. Ante la imposibilidad de retener la Casa de Nariño, figuras clave de la centroderecha y la derecha se atrincheraron en gobernaciones y alcaldías de capitales estratégicas, respaldadas por un ejército de funcionarios de carrera o de confianza política enquistados en ministerios y entidades descentralizadas, para desarrollar una campaña sistemática de desprestigio, bloqueo y sabotaje que busca presentar al gobierno nacional como incompetente e ilegítimo.

La incoherencia es el sello distintivo de estos mandatarios, toda vez que, actuando como jefes políticos regionales del bloque opositor, ordenaron a sus tropas en el Congreso torpedear proyectos fundamentales para la sostenibilidad fiscal del Estado. Destacados afiliados de Fededepartamentos y Asocapitales lideraron una oposición sin argumentos sólidos y de manera casi automática, a iniciativas destinadas a crear recursos para programas sociales, seguridad y desarrollo para las regiones. La Ley de Presupuesto General de la Nación es el ejemplo más claro: su trámite fue obstruido por los mismos partidos que hoy, desde las gobernaciones y alcaldías, reclaman a voz en cuello más recursos para sus territorios. Gobernadores como el de Antioquia o las del Valle y Tolima, lo mismo que alcaldes como los de Bogotá, Medellín o Cali, prefirieron ahogar financieramente al Estado para dañar políticamente a Petro, antes que llegar a acuerdos consensuados en beneficio del país.

Ahora, la incoherencia de la derecha da un salto peligroso hacia la rebeldía institucional. Ante medidas legítimas del gobierno central, como la solicitud de aportes extraordinarios en un estado de emergencia económica, recursos que, se insiste, pudieron obtenerse por la vía ordinaria si la oposición no la hubiera bloqueado; estos mandatarios y sus federaciones han declarado abiertamente que no acatarán las normas. Es decir, se rebelan contra la obligación jurídica de cumplir las funciones que juraron ejercer. Victimizándose y apelando a la complejidad técnica de las finanzas públicas, manipulan la comprensión ciudadana para esconder su verdadero objetivo: desestabilizar.

En temporada electoral, la máquina se aceita con fines proselitistas. En este orden de ideas, Fededepartamentos y Asocapitales se convierten en plataformas de campaña. Sus declaraciones que aparentan ser técnicas; en realidad son consignas políticas que corean, al unísono con gremios económicos y grandes medios, insistiendo en un relato de caos y fracaso. Figuras polémicas como Dilian Francisca Toro, Andrés Julián Rendon, junto con candidatos con pobres índices de aceptación, utilizan estas agremiaciones para proyectarse nacionalmente, repitiendo falacias a pesar de que los indicadores macroeconómicos y sociales muestran resiliencia y avances en medio de una tormenta global y un sabotaje interno feroz.

El verdadero peligro no es la oposición política, vital en una democracia. El peligro es la utilización de estructuras estatales y seudogremiales, financiadas con los recursos de la ciudadanía, para hacer oposición desleal y sabotear al gobierno elegido popularmente. Estas federaciones son el núcleo de un "gobierno paralelo" que busca mantener los privilegios de un modelo agotado y la defensa de los intereses de la derecha colombiana por encima de la gobernabilidad, la institucionalidad y el bienestar general.

El país debe abrir los ojos: el conflicto político no se libra solo en el Capitolio o en los noticieros, sino en estas oficinas aparentemente grises donde se teje, con hilos institucionales, la estrategia del bloqueo que pretende hundir cualquier esperanza de cambio.

La Paz Territorial Indígena: Un mandato aún incumplido

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

La nación Nasa y todos los pueblos indígenas en resistencia, no son un tema antropológico; son sujetos políticos de derechos, comunidades dignas y valientes que han defendido su territorio y su cultura con un costo humano inmenso

El reciente y trascendental comunicado, suscrito por 209 autoridades tradicionales de la nación Nasa [1], no es solo un pronunciamiento más en el panorama de la conflictividad social y armada en Colombia; es el llamado colectivo de una resistencia milenaria que celebra, con cautelosa esperanza, un avance jurídico crucial: la tipificación formal como delitos de lesa humanidad de los crímenes cometidos por grupos armados contra las comunidades, sus sabedores y el propio territorio. Este hito legal, sin embargo, resuena sobre un suelo aún ensangrentado. Mientras la justicia ordinaria empieza a nombrar con la gravedad que merecen estos hechos, en los resguardos del Cauca la guerra sigue escribiendo su capítulo más cruel con tinta de presente continuo.

Es importante tener en cuenta que el comunicado no es un ejercicio de memoria histórica sobre un pasado superado, es una radiografía urgente del hoy. A pesar de los acuerdos de paz pactados y de la actual propuesta de “Paz Total”, las comunidades Nasa siguen reportando amenazas, confinamientos, desplazamientos forzados y, de manera particularmente atroz, el reclutamiento de sus niños, niñas y jóvenes por parte de actores armados ilegales, que no debe entenderse, ni mucho menos normalizarse como un daño colateral; sino como un etnocidio en cámara lenta, una herida profunda al corazón mismo de la continuidad cultural.

El comunicado, claramente reconoce que la justicia colombiana ha dado pasos significativos, ya que menciona el hecho de que las Altas Cortes colombianas han emitido sentencias emblemáticas que reconocen el abandono estatal histórico y ordenan su remediación. Sin embargo, estos mandatos judiciales, en su mayoría, yacen en el limbo de la implementación, toda vez que, la causa raíz de este “estado de cosas inconstitucional” (la ausencia crónica del Estado social de derecho y la perpetuación de las condiciones que alimentan el conflicto) sigue intacta. Los intentos de paz de los gobiernos de Santos y Petro, aunque distintos en su narrativa, han demostrado, hasta el momento, una ineficacia palpable en los territorios indígenas, en donde la lógica del fusil aún prevalece sobre la del diálogo.

En este contexto de promesas incumplidas y violencia renovada, cobra una importancia capital la Propuesta de Paz Territorial construida y presentada por las organizaciones indígenas del Cauca, como la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la que, tristemente desnuda una gran contradicción del actual gobierno del Pacto Histórico: mientras proclama una “Paz Total” que pretende ser incluyente, parece no otorgar el acompañamiento político decisivo que esta iniciativa originaria requiere y merece.

La propuesta de paz indígena no es un anexo; plantea un cambio de paradigma. Como señalan las autoridades Nasa en su comunicado, esta visión descentra las negociaciones del ámbito exclusivo de los actores armados y sitúa en el centro a las comunidades víctimas. Plantea un modelo de construcción de paz desde lo territorial, fundamentado en las particularidades geográficas, sociales, políticas y, sobre todo, espirituales de los pueblos. Se distancia así de los modelos tecnocráticos diseñados desde escritorios en Bogotá, que suelen operar con un centralismo urbano ajeno, tanto a la realidad territorial y a la cosmovisión de sus habitantes, como a la lógica meramente utilitarista y violenta de los ilegales.

El llamado final del comunicado es un testamento de dignidad y una hoja de ruta ignorada. Es imperativo que el gobierno de Gustavo Petro y toda la institucionalidad local y regional del Cauca, no solo “escuchen”, sino que arropen y materialicen esta propuesta. Se debe pasar de la retórica del reconocimiento multicultural, que a menudo reduce a los pueblos indígenas a un componente folclórico y pintoresco; a la acción concreta que respete su autonomía y, lo que es más revolucionario, permitir que su cosmovisión y sus formas propias de organización realmente primen en el diseño e implementación de cualquier política, plan o programa que les concierna.

La nación Nasa y todos los pueblos indígenas en resistencia, no son un tema antropológico; son sujetos políticos de derechos, comunidades dignas y valientes que han defendido su territorio y su cultura con un costo humano inmenso. Su propuesta de paz territorial no es una alternativa más; es, quizás, la única que puede sanar las raíces de la guerra en esos territorios. Ignorarla, una vez más, no sería solo un error político; sería una traición histórica a la posibilidad de una paz verdadera y con justicia social para Colombia.

El tiempo de los discursos ha pasado. La tierra, a través de sus autoridades, ha hablado. Ahora es el turno del Estado colombiano de actuar, antes de que la oportunidad se pierda en el mismo fuego cruzado que hoy consume a las semillas de vida del Cauca.

 

---

[1] Ver documento completo en: https://drive.google.com/file/d/1YX3mTSYyudpa7wiL9JG6lZ5UhXOMYslt/view?usp=sharing

Follow on LinkedIn

En el Cauca: Desencanto con el gobierno nacional vs respaldo a Petro*

 

Por: Andrea B. Romero

Clanes políticos tradicionales del Cauca, como los de Temístocles Ortega y Óscar Campo, el liberalismo gavirista y otros han consolidado alianzas que les permiten sobrevivir y obstruir las iniciativas del gobierno central. Su principal objetivo no es el desarrollo regional, sino preservar sus redes de influencia y clientelismo

El departamento del Cauca, bastión electoral del Pacto Histórico y símbolo de las luchas históricas por la tierra, la autonomía y la paz, vive una paradoja profunda y potencialmente explosiva, ya que, mientras aún se mantiene un apoyo mayoritario a la figura del presidente Gustavo Petro y a su proyecto de cambio; en sus territorios más golpeados por la violencia y el abandono (como la zona norte, cuna de la vicepresidenta Francia Márquez), crece un sentimiento tangible de frustración y desencanto. 

Este descontento, que comienza a articularse desde las organizaciones sociales de base: indígenas, afrodescendientes y campesinas; no es un rechazo al ideario del “vivir sabroso” o a la necesidad de una paz total (política en la que la organización Indígena ha presentado propuestas propias), sino un cuestionamiento agudo a la incapacidad del gobierno nacional para materializar sus promesas en el territorio y de erradicar la incompetencia activa de las viejas estructuras políticas locales y la inercia de una burocracia estatal mediocre.

Esta contradicción se evidencia en el hecho de que, a pesar de las numerosas visitas de ministros, de las expresiones de solidaridad y de contar con la segunda mandataria del país, oriunda de Suárez, el Cauca no experimenta la transformación prometida. La percepción entre las comunidades es que el gobierno nacional ha delegado su implementación en una capa de funcionarios de nivel medio, tanto en las carteras ministeriales como en las entidades descentralizadas, que actúan con lentitud, descoordinación y, en muchos casos, con una desobligación que raya en el sabotaje pasivo. El presidente Petro, concentrado en grandes batallas nacionales e internacionales, no ha priorizado la tarea de “poner en cintura” a este aparato administrativo, dejando que proyectos clave se pierdan en la maraña de los trámites, las licitaciones fallidas y la falta de voluntad política operativa. El resultado es un catálogo de promesas incumplidas y obras estancadas que alimentan el escepticismo.

Este fracaso en la implementación no ocurre en un vacío político, sino que se potencia por una situación electoral y de poder local profundamente contradictoria. Mientras el Cauca votó masivamente por Petro y eligió un significativo número de congresistas del Pacto Histórico, en el ámbito territorial el poder sigue estando capturado por los históricos cacicazgos de los partidos tradicionales de derecha. Clanes electorales como los del exgobernador y congresista Temístocles Ortega (Cambio Radical), el liberalismo de César Gaviria y Fernando Velasco, lo mismo que la maquinaria política del congresista y exgobernador Óscar Campo (también de Cambio Radical) han demostrado una habilidad magistral para la cooptación y la supervivencia. Estas nuevas alianzas electorales han logrado neutralizar, desviar o empantanar las iniciativas del gobierno central. Su objetivo no es el desarrollo del Cauca, sino mantener sus redes de influencia y clientela, actuando como un dique de contención contra el cambio.

En este escenario, el silencio y la ambigüedad de la vicepresidenta Francia Márquez resultan desconcertantes y son fuente de creciente malestar. Su imagen, esencial para la legitimidad étnica y popular del gobierno, parece diluirse en fotos protocolarias con la misma clase política tradicional que bloquea las transformaciones. Las comunidades perciben una figura distante, cuya capacidad para torcerle el brazo a los operadores políticos locales y a la burocracia ministerial parece ser nula. El “vivir sabroso” se convirtió en un eslogan vacío, mientras la violencia del ELN, las disidencias y los grupos narcotraficantes sigue diezmando a los líderes sociales y envenenando la vida comunitaria.

Un caso emblemático de este fracaso es el Hospital Regional del Norte del Cauca, una obra demandada por décadas y prometida de manera reiterada. El proyecto fue sistemáticamente empantanado por maniobras burocráticas locales, incluyendo las muy sospechosas dilaciones del actual alcalde de Santander de Quilichao con la complicidad de grupos políticos que hoy siguen ejerciendo poder. Este patrón se repite en otros proyectos de infraestructura y desarrollo social que, ante la falta de vehemencia en su gestión por parte del gobierno nacional y la obstrucción local, avanzan hacia un estatus de “elefantes blancos”. Paralelamente, los gobiernos locales (alcaldías y gobernación) muestran una notoria ausencia de gestión y solidaridad, puesto que hasta ahora no atinan en la articulación de proyectos propios, de real impacto que alivien la crisis social.

Ante esta situación, no sería extraño que se produjera una reactivación de la protesta social pacífica y masiva en el Cauca. Las organizaciones indígenas, afros y campesinas tienen un histórico acumulado de movilización y podrían dirigir su demanda, no ya contra un gobierno hostil de derecha, sino contra un gobierno propio al que consideran en deuda. La exigencia sería clara: que el presidente Petro ejerza su autoridad para desbloquear la implementación, que remueva los obstáculos burocráticos internos y que enfrente políticamente a los cacicazgos locales que traban el desarrollo. Entienden las limitaciones que imponen los gobiernos locales opositores, pero no perdonan la falta de fuerza y de estrategia territorial de su propio gobierno nacional.

La paz y el “vivir sabroso” no se construyen solo con discursos en Bogotá; exigen una presencia transformadora, obstinada y efectiva en el territorio. Allí, por ahora, la fuerza de Gustavo Petro brilla por su ausencia.

* Las opiniones expresadas en las columnas son responsabilidad de sus autores. La Conversa de Fin de Semana agradece los valiosos aportes de sus colaboradores e invita a opinar, criticar, sugerir y/o contestar con respeto.

El descaro imperial de Trump y la amenaza contra Colombia

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

La agresión a Venezuela es un ensayo de lo que podría esperar a Colombia. La administración Trump, en clara coordinación con sectores revanchistas de la derecha local que celebran la vulneración de la soberanía venezolana, a través de una retórica belicista amplificada por periodistas afines, prepara el terreno para justificar una intervención extranjera en suelo colombiano.

La justificación esbirra y gastada de la Lucha Antidrogas ha sido, por décadas, la excusa de legitimidad que Estados Unidos utiliza para maquillar sus agresiones más crudas contra América Latina. Desde que Richard Nixon lanzó esta guerra (un perfecto instrumento de control social interno y excusa para la injerencia [1]), cada intervención, cada embargo y cada golpe de Estado apoyado han sido endulzados para el consumo público con la narrativa del narcotráfico. Hoy, bajo la administración de Donald Trump, esa máscara ha sido arrojada al suelo y pisoteada con un cinismo sin precedentes.

La incoherencia discursiva es monumental y reveladora. Mientras las tropas estadounidenses secuestraban ilegalmente al presidente venezolano y su esposa, y mientras se preparan amenazas similares contra la soberanía colombiana; Trump ha abandonado por completo el guion. En más de veinte ocasiones, durante sus declaraciones públicas ha dejado claro, con una crudeza que asombra, que sus únicos intereses son:  el petróleo y de manera no tan velada; el oro, el coltán y la reafirmación del dominio absoluto sobre lo que él considera su “Patio Trasero”.

La lucha antidrogas es ahora lo que siempre fue para los círculos de análisis estratégico: una cortina de humo, un instrumento de presión geopolítica manejado por agencias como la CIA y la DEA para desestabilizar gobiernos incómodos. Los verdaderos objetivos quedan al descubierto: El control de recursos estratégicos y el mensaje amenazante de castigo a cualquier proyecto de autonomía regional, dirigido explícitamente a la presidenta mexicana Sheinbaum y al presidente colombiano Petro.

Esta doble moral alcanza niveles de obscenidad cuando se observa el comportamiento de operadores políticos de esta agresión, como Marcos Rubio, actual secretario de estado del gobierno Trump, arquitecto de la política exterior más agresiva hacia Latinoamérica que pontifica sobre el narcotráfico desde Washington, mientras investigaciones periodísticas han revelado los vínculos de familiares cercanos suyos con redes de tráfico de drogas [2]. Es el mismo patrón que se repite con congresistas como Bernie Moreno, de quien se asegura tener familiares suyos próximos a Andrés Pastrana[3], expresidente colombiano relacionado con redes de abuso y corrupción trasnacional conectadas con el entorno de Trump, lo que sitúa a la derecha en el centro de un entramado que mezcla política, narcotráfico y delincuencia de alto nivel, lo que resulta indignante de quienes hoy esgriman el estandarte de la guerra contra las drogas para justificar invasiones.

La agresión a Venezuela es un mensaje directo, un ensayo general para lo que podría venir contra Colombia. La administración Trump, en clara complicidad con sectores revanchistas del centro y la derecha colombiana, ha encontrado eco en voceros que, desde hace meses incitan abiertamente a la desestabilización y el golpe de Estado. Los alcaldes Alejandro Eder de Cali, Federico “Fico” Gutiérrez [4] de Medellín, la periodista y aspirante presidencial Vicky Dávila [5], el excanciller Álvaro Leyva han estado en EE. UU. reunidos con Rubio, Moreno, Salazar y otros políticos de derecha instigando junto al expresidente Álvaro Uribe [^6]un golpe en contra de Petro y hoy día no ocultan su júbilo por el atropello contra Venezuela. Su retórica, amplificada por la prensa a su servicio prepara el terreno social y político para justificar una intervención similar en Colombia bajo el mismo pretexto.

Por lo tanto, la alerta es máxima. La máscara antidrogas no convence. Lo que queda al descubierto es un proyecto de recolonización abierta, impulsado por una potencia en declive, pero mortalmente peligrosa, ejecutado por élites locales que prefieren vender la soberanía a cambio de un lugar en la mesa de los poderosos.

Defender la soberanía de Venezuela no es un acto de solidaridad lejana; es la trinchera inmediata para defender la integridad de Colombia y el derecho de toda América Latina a existir fuera del patio de juegos del imperio.

P.S.: Amica Admonitio. De cara a las próximas elecciones, el pueblo colombiano no debe olvidar que el Articulo 121 de la Constitución Política de 1991 menciona la Traición a la Patria como causal de indignidad para ejercer cargos públicos. De igual manera, a quienes aspiran a ser elegidos, no olvidar que; el delito de traición a la patria está plenamente vigente en Colombia bajo el Artículo 101 del Código Penal de 2000 y para su aplicación se requiere una clara colaboración con fuerzas extranjeras contra el Estado colombiano.

 

 

---

[1] DEA: 40 años de polémica lucha contra las drogas - BBC News Mundo

[2]Salen a la luz nuevos detalles de la investigación de narcotráfico que salpicó a la familia de Marco Rubio | Noticias Univision Política | Univision

Cómo Marco Rubio ayudó a cuñado a obtener una licencia de bienes raíces | El Nuevo Herald

[3]Archivos Epstein salpican al expresidente Andrés Pastrana; Ghislaine Maxwell piloteó un Blackhawk en un viaje a Colombia

[4] Así fue la captura del secretario de Seguridad de Fico Gutiérrez por nexos con la mafia - Voragine

[5] La relación de Vicky Dávila con el clan Gnecco

[6] Álvaro Uribe fue condenado por ocultar vínculos con el paramilitarismo

 

La seguridad en Colombia: Más allá de la coyuntura

 

Por: Andrea B. Romero

Resulta cínico que algunos mandatarios regionales (todos ellos integrantes de partidos de derecha) carguen todas las responsabilidades sobre el gobierno nacional, evadiendo sus obligaciones constitucionales primarias.

La reciente escalada de violencia en varias regiones de Colombia ha motivado a numerosos mandatarios locales y departamentales a denunciar una supuesta “crisis de seguridad” y un abandono por parte del gobierno central. Si bien es innegable el impacto humanitario y el dolor que padecen las comunidades, es imperativo analizar esta situación no como un fenómeno aislado o exclusivamente atribuible al actual gobierno nacional, sino como la visibilización de males históricos como el abandono estatal, la corrupción sistémica y una arraigada politiquería que ha utilizado los territorios y sus poblaciones como moneda de cambio.

La ausencia de Estado, tras las firmas de acuerdos de paz creó el vacío que llenaron actores armados ilegales y economías criminales. Departamentos del suroccidente colombiano o el Catatumbo, estratégicos como corredores para el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas no se convirtieron en tales por casualidad reciente. Históricamente, en estas regiones, la institucionalidad fue cooptada o permeada por intereses oscuros.

La prensa nacional ha documentado por años la inquietante vinculación de figuras políticas tradicionales y de la fuerza pública con estas economías ilegales. Casos emblemáticos, como el de la llamada “parapolítica”, evidenciaron alianzas entre sectores políticos, narcotraficantes y grupos paramilitares. Más recientemente, se destaparon escándalos como el de la llamada “Construcciones El Cóndor”, que supuso investigaciones por presuntos vínculos entre el gobierno Uribe, contratistas y las desapariciones en la Comuna 13 y la Escombrera en Medellín [1]. Así mismo se han dado revelaciones sobre la vinculación de militares y el crimen organizado [2]. Estos son síntomas de una simbiosis histórica entre parte de la clase política tradicional, sectores de las fuerzas armadas y el crimen organizado.

Así las cosas, resulta cínico que algunos mandatarios regionales (todos ellos integrantes de partidos de derecha) carguen todas las responsabilidades sobre el gobierno nacional, evadiendo sus obligaciones constitucionales primarias. Un ejemplo claro es el de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Mientras realiza una campaña permanente de acusaciones al Gobierno del Pacto Histórico por un supuesto abandono de la región, omite mencionar los graves cuestionamientos sobre la gestión de los recursos a su disposición.

Se señala públicamente a la gobernadora del Valle de desviar el destino de fondos públicos de seguridad a actividades de proselitismo político a través de contratación de dudosa prioridad, mientras se niegan o diluyen transferencias críticas para el fortalecimiento de la fuerza pública local, intentando que se agudicen los problemas de seguridad para deslegitimar al adversario político en el nivel central.

La seguridad no se construye solo con operaciones militares; requiere una estrategia integral de paz y desarrollo territorial. Aquí, el fracaso de muchos mandatarios locales es aún más estrepitoso. El caso del Cauca, devastado por la violencia de disidencias, el ELN y bandas narcoterroristas es un referente apropiado. En este departamento existe una propuesta robusta y organizada de paz territorial emanada de las comunidades indígenas, un actor con legitimidad y arraigo. Sin embargo, esta iniciativa no ha sido abanderada, potenciada o articulada de manera decidida por la mayoría de los alcaldes ni por el gobierno departamental. Han optado por el rol cómodo de espectadores que culpan al centro, antes que el liderazgo complejo de constructores de soluciones desde lo local.

El gobierno nacional también tiene cuotas de responsabilidad. La estrategia de “Paz Total” del presidente Gustavo Petro, hasta ahora, brilla más por su desarticulación y opacidad que por su eficacia convocatoria. Si bien la discreción es esencial en las negociaciones, esta no puede confundirse con la falta de comunicación estratégica, la aparente descoordinación entre mesas, y la percepción de mediocridad o falta de peso político en algunos equipos negociadores. La paz exige grandeza táctica y estratégica, y hasta ahora se percibe más reactividad que un plan conductor sólido.

Ante este complejo entramado de responsabilidades históricas evadidas, politiquería local y desarticulación nacional, surge una pregunta de profunda gravedad política: ¿Cuál es la intencionalidad de los recientes y brutales ataques terroristas perpetrados por el ELN y las disidencias? Más allá del objetivo militar inmediato, es legítimo preguntarse si estos hechos de violencia extrema no le están allanando, de manera consciente o no, el camino a un discurso y una campaña electoral de una derecha guerrerista. Una derecha cuya narrativa se nutre del miedo y cuya solución histórica ha sido la fuerza bruta, acompañada de cortinas de humo para ocultar su propia ineficiencia y los nexos de corrupción de sus miembros con el crimen organizado.

---

[1] https://corrupcionaldia.com/construcciones-condor-y-la-oscura-connivencia-contratistas-y-gobernantes-complices-de-desapariciones/

[2] La prensa colombiana dio cuenta de los nexos del ex general y el excandidato a la gobernación del Cauca por el Centro Democrático, Leonardo Barrero, con el Clan del Golfo. Ver: General (r) Leonardo Barrero, excomandante de FF.MM involucrado con alias ‘Matamba’