La Guerra mediática para sabotear el Cambio en Colombia

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com- 

La reciente y agresiva elevación de las tasas de interés por parte del Emisor, ante una inflación en claro descenso, es un acto de sabotaje económico con fines políticos

En Colombia se libra una guerra silenciosa pero decisiva para mantener el relato económico de la derecha. Mientras el gobierno del presidente Gustavo Petro implementa una política fiscal y social que, según cifras del DANE y el análisis de economistas de talla global de la línea académica de los premios Nobel de Economía, Paul Krugman y David Card;  ha mostrado resultados mesurados y prometedores, sustentados en un eficiente control de inflación, un crecimiento estable y la reducción de la pobreza monetaria; una poderosa maquinaria narrativa, amplificada por la llamada Gran Prensa Colombiana y sus “bots” (humanos y digitales) en redes sociales, se esfuerza por pintar un panorama apocalíptico. 

La maquinaria de desinformación y manipulación de la opinión pública no es espontánea; es orquestada por los grandes grupos económicos colombianos y sus aliados internacionales, quienes utilizan su influencia mediática para sostener un modelo neoliberal agotado y desacreditar cualquier alternativa que favorezca los intereses de las mayorías aún empobrecidas de Colombia y el mundo.

El mecanismo de manipulación informativa es sofisticado y transnacional. Mientras que la prensa hegemónica local, cuyos dueños son los mismos conglomerados con intereses en sectores financieros, extractivos y de servicios, por un lado amplifica y falsea la realidad  del actual contexto colombiano, por el otro lado, reproducen y amplifican el ruido generado por los editoriales y análisis del Financial Times, The Washington Post o The Economist, unas publicaciones que  no son neutrales, toda vez que, por ejemplo,  The Economist es controlado mayoritariamente por las familias Rotschild (Sector financiero internacional) y  Agnelli a través de su holding Exor, con vastos intereses en el capitalismo global. 

No es de extrañar que la línea editorial de este afamado medio de comunicación privilegie la ortodoxia financiera y la desregulación, en concordancia con el proyecto geopolítico y económico que apoya y promueve, que ve con recelo cualquier experimento progresista en el Sur Global. Así, se crea un eco mediático global que presenta la disciplina fiscal ortodoxa y la primacía del mercado como únicas verdades científicas, ignorando deliberadamente los avances en la ciencia económica que cuestionan esos dogmas y validan políticas de estímulo e inversión social en contextos como el colombiano.

Este asedio narrativo sería menos efectivo sin la complicidad de actores institucionales clave dentro de Colombia, los cuales, no obstante, el triunfo electoral de la izquierda a la cabeza del Pacto Histórico, siguen controlados por la derecha tradicional en enclaves de poder como el Banco de la República, ciertas salas de las altas cortes y un bloque significativo en el Congreso. 

La reciente y agresiva elevación de las tasas de interés por parte del Emisor, más allá de cualquier justificación técnica ante una inflación en claro descenso, es el ejemplo claro de un acto de sabotaje económico con fines políticos, cuyos objetivos son: el estrangulamiento del crédito, enfriar la economía, generar descontento por un menor crecimiento y, sobre todo, desfinanciar los programas sociales que son el corazón del programa del Pacto Histórico y su principal gancho electoral. Esta decisión de las mayorías en la Junta Directiva del Banco de la República es una jugada maquiavélica que prioriza el interés de las élites económicas y políticas de centro y centro derecha sobre el bienestar del pueblo colombiano.

Ahora, en plena coyuntura electoral, esta alianza entre el poder económico, los medios hegemónicos e instituciones capturadas entra en su fase más agresiva. Los tanques de pensamiento financiados por los gremios y los especialistas pagados por la mal llamada Gran Prensa Colombiana lanzarán, día tras día, relatos catastróficos sobre el futuro del país, dentro de una campaña de terror financiero diseñada para asustar a la clase media, desmovilizar a los sectores populares y, en última instancia, inflar las pálidas cifras de intención de voto de una derecha sin proyecto ni legitimidad. 

Frente a este poderío, la ciudadanía, pero, sobre todo, los opinadores y comunicadores independientes, tenemos una tarea crucial: Cuestionar la fuente de cada pronóstico nefasto, recordándole, de manera insistente a la sociedad colombiana, que quienes hoy claman por el "riesgo país" son los mismos que se beneficiaron de décadas de un modelo que nos dejó desigualdad y violencia. De igual manera, debemos replicar y amplificar información sustentada en los datos duros y proveniente de los académicos independientes por encima de los editoriales interesados de la prensa nacional e internacional. 

La defensa de la transformación social en Colombia pasa no solo por las urnas, sino por ganar la batalla cultural contra el discurso único, ese que se viste de técnica económica pero que solo vela por la perpetuación de los privilegios de unos pocos. El futuro del país depende de nuestra capacidad de ver más allá del relato del poder.

La arquitectura constitucional de 1991 y la crisis de la Justicia

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@Gmail.com-

La suspensión del decreto declaratorio del estado de emergencia impide al gobierno expedir nuevos decretos legislativos basados en esa figura. Sin embargo, los decretos legislativos ya dictados mantienen su validez y continúan produciendo efectos jurídicos. José G. Hernández – Ex magistrado de la C. Constitucional

Han transcurrido más de tres décadas desde que la Carta Política de 1991 ilusionó a una nación con un nuevo pacto social, fundado en la promesa de un Estado Social de Derecho, pluralista y con mecanismos robustos para proteger la democracia y los derechos fundamentales. Hoy, sin embargo, ese edificio constitucional muestra grietas estructurales profundas, evidenciando no solo inconveniencias, sino fallas sistémicas que comprometen su legitimidad y eficacia. El diagnóstico es claro: Colombia requiere, con urgencia, un profundo rediseño de la arquitectura de su Estado. Si bien, una Asamblea Nacional Constituyente es y debe ser objeto de un debate nacional serio y no exento de cautelas, la necesidad de una reforma estructural es cada día más ineludible.

El núcleo de la crisis actual reside en la perversión del esquema de pesos y contrapesos, específicamente en la cooptación política de las altas cortes y los órganos de control. El diseño de elección de magistrados para la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, basado en un sistema de listas y postulaciones en las que el Congreso colombiano tiene la última palabra, ha degenerado en la práctica nociva del “tú me eliges, yo te elijo”, una práctica política que, lejos de garantizar independencia, ha sembrado el clientelismo en el corazón del poder judicial. El resultado no es la selección de los más idóneos por su excelencia técnica o trayectoria intachable, sino la composición de cortes cuyos integrantes reflejan, con demasiada frecuencia, los pulsos y cuotas de poder de las coaliciones políticas dominantes en el legislativo.

Esta cooptación ha tenido un efecto corrosivo debido a que las decisiones de las altas cortes, que deberían ser faros de imparcialidad y rigor jurídico, están siendo observadas por la ciudadanía con una suspicacia creciente, al percibirse en ellas excesivos sesgos ideológicos, partidistas y clasistas. En este reiterado escenario, se ha diluido la línea entre la interpretación jurídica y la defensa de intereses políticos o económicos particulares. La independencia judicial, pilar fundamental de cualquier democracia, se ve así socavada desde su base, transformando a los máximos tribunales en arenas de disputa política por otros medios, desnaturalizando su función esencial en un Estado Social de Derecho.

Un ejemplo reciente y aleccionador de esta crisis es el manejo dado por la actual Corte Constitucional a los Decretos de Emergencia Económica, expedidos por el actual gobierno nacional de Gustavo Petro. Al abandonar una línea jurisprudencial de casi 30 años, que privilegiaba el examen de fondo sobre la constitucionalidad de las normas sometidas a su control, para enredarse en discusiones no tan indispensables, para ampliar, de manera cuestionable, la discusión exclusivamente constitucional de fondo; la Corte apareció ante la opinión pública no como el guardián abstracto de la Carta, sino como un actor político más. Esta actuación, interpretada por muchos como alineada con los intereses de la oposición política al gobierno nacional, erosiona la credibilidad de la institución.

A esta crítica funcional se suma una de carácter ético y moral relacionada con la sombra de desconfianza en la probidad de algunos magistrados. Casos como los de magistrados cuyos pasados están marcados por señalamientos de manejo clientelista, o aquellos envueltos en escándalos personales que comprometen su imagen de integridad [1], son una herida autoinfligida a una institución como la Corte Constitucional que debe estar compuesta por personas cuya vida pública y privada resista el escrutinio más severo.

Este panorama se agrava por las peculiaridades del modelo de justicia colombiano, que combina tradiciones del derecho continental con una enorme preponderancia de la jurisprudencia. Esta combinación puede generar inseguridad jurídica al favorecer interpretaciones volubles, debidas a que, el cambio de composición de una sala, a su vez, puede significar un giro abrupto en la jurisprudencia, generando escenarios más ligados a la correlación de fuerzas ideológicas al interior del tribunal que a una evolución doctrinal sólida y previsible.

La suma de estos factores (cooptación, sesgo, desconfianza en la probidad e inseguridad jurídica) configura una crisis de legitimidad de las altas cortes. Cuando estas dejan de ser vistas como instancias técnicas y se las percibe como apéndices del juego político, el sistema en su conjunto se resiente. El riesgo es que, ante esta debilidad, las cortes queden expuestas a nuevos y más graves ataques en el futuro, como los que ya padecieron en los periodos de gobierno uribista, en los que su independencia fue acosada y puesta en jaque.

Por todo lo anterior, el llamado a un rediseño profundo de la arquitectura estatal no es un capricho académico ni una maniobra política coyuntural. Es una necesidad imperiosa para salvar a las instituciones de sí mismas. Se requiere repensar, entre otros, los mecanismos de elección de magistrados para blindarlos de la cooptación partidista, fortalecer los criterios de mérito e idoneidad, establecer períodos que impidan la búsqueda de reelecciones politizadas y revisar el modelo de justicia para dotarlo de mayor coherencia y predictibilidad.

La Carta política de 1991 abrió puertas fundamentales en materia de derechos, pero falló en construir los diques suficientes para proteger la independencia judicial de la vorágine política. El momento es ahora, antes de que la erosión de la confianza en la justicia sea irreversible. Colombia merece unas instituciones que funcionen con armonía, independencia y, sobre todo, con una legitimidad inquebrantable. Lograrlo exige el coraje de reformar lo que, evidentemente, ya no funciona.

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[1] Carlos Camargo, el cuestionado por clientelismo, llega a la Corte Constitucional - Cuestión Pública /

Magistrado Jorge E. Ibáñez acatará fallo que le ordena retractarse por afirmaciones sobre la madre de su hijo

La economía de la culpa: salario mínimo, poder y domesticación social *

 

Imagen tomada de: negociacion salarial - Buscar con Google

Por: Jhon Jaiver Flórez G. 

El asalariado que apenas sobrevive con el mínimo ha sido entrenado para temer su propio aumento, para sospechar de cualquier mejora material, para aceptar que su derecho a vivir con dignidad constituye una amenaza para la economía.

Durante más de tres décadas, Colombia escuchó la misma consigna repetida con solemnidad técnica y tono de verdad revelada: contener el salario mínimo es la vía más segura para crear empleo. Se dijo en consejos gremiales donde la palabra “equilibrio” siempre pesó más que la palabra “vida”; se escribió en editoriales económicas que confundieron estabilidad con resignación; se estampó en documentos del Banco de la República como si se tratara de una ley natural y no de una opción política; y se repitió, año tras año, en mesas de concertación salarial donde la correlación de fuerzas rara vez fue justa. El salario debía ser prudente, moderado, responsable. El trabajador, paciente. La pobreza, un daño colateral transitorio.

Han pasado más de treinta años. El empleo prometido no llegó. Lo que sí llegó —y se quedó— fue la precariedad. El mito fundacional del modelo tuvo lema y escenografía. Con el eslogan “Bienvenidos al futuro”, el gobierno de César Gaviria lanzó una modernidad de vitrina: privatizaciones rápidas, apertura económica sin red y reformas que entregaron salud, pensiones y servicios públicos al gran capital, todo bajo el optimismo tecnocrático de la eficiencia. Mientras la Constitución de 1991 prometía un Estado Social de Derecho, el trabajo dejó de ser derecho y pasó a ser costo, y la modernización comenzó a medirse no por el bienestar creado, sino por los derechos recortados en silencio.

El salario, antes concebido como mecanismo de integración social, fue rebautizado como “costo laboral” y sometido a la lógica de la reducción constante, en nombre de la inversión extranjera y la disciplina macroeconómica. El futuro llegó, sí, pero llegó cobrando peaje: derechos sociales en liquidación, trabajadores a precio mínimo y un Estado que aprendió a llamar modernización a la renuncia sistemática de sus obligaciones.

Desde entonces, cada aumento del salario mínimo se negoció bajo amenaza. Si sube demasiado —advierten— se destruye empleo. Si acompaña la inflación, se disparará la informalidad. Si se atreve a crecer por encima de la productividad, vendrán las catástrofes anunciadas con tono apocalíptico y gráficos alarmantes. El resultado fue un salario mínimo que, año tras año, alcanzó apenas para sobrevivir, últimamente ni siquiera para eso, mientras el costo de vida sube con paso firme. La teoría justificadora es clara y persistente: primero crecer, luego distribuir. Pero ese “luego” nunca llega.

Las cifras no respaldan el dogma neoliberal; lo desnudan. Durante las últimas tres décadas, Colombia mantuvo uno de los salarios mínimos más bajos de América Latina en relación con el costo real de la canasta básica, al tiempo que exhibió tasas de informalidad estructural superiores al 45%, desempleo crónico y una de las desigualdades más altas del continente. El salario precarizado no generó empleo masivo. Generó trabajadores empobrecidos.

Desde una perspectiva teórica, esta política se inscribe en lo que Karl Polanyi denominó la mercantilización del trabajo: tratar la fuerza laboral como una mercancía más, separada de las condiciones materiales de existencia. Cuando el salario deja de cumplir su función social —reproducir la vida— se transforma en frontera moral: señala hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado en su compromiso con la dignidad humana.

El empleo generado fue, en gran medida, informal, inestable y mal remunerado. El crecimiento económico, cuando ocurrió, no se tradujo en bienestar generalizado. La riqueza se concentró. La productividad no despegó. El modelo descansó más en la flexibilización laboral que en la innovación, más en el abaratamiento del trabajo que en la sofisticación productiva. La economía creció. La vida no.

En este contexto, el auxilio de transporte reveló su verdadera función: más que un derecho, un parche estructural. Concebido para cubrir la movilidad básica, terminó siendo la admisión silenciosa de que el salario mínimo no alcanza para vivir. Su incremento anual no amplía bienestar; administra carencias. No integra al trabajador a la ciudad ni a la vida digna: lo mantiene operativo, facilita llegar al trabajo, pero no sostenerse con él. Es un auxilio que garantiza presencia, no dignidad.

Durante décadas, los incrementos del salario mínimo fueron incipientes, casi siempre apenas por encima de la inflación. El argumento fue fiel al libreto heredado: proteger la competitividad, evitar presiones inflacionarias, preservar el empleo formal. En términos nominales, hubo aumentos. En términos reales, hubo retrocesos.

Salario mínimo más auxilio de transporte, medidos en dólares, el efecto es aún más revelador: la devaluación del peso diluyó buena parte de los incrementos. El ingreso mínimo colombiano perdió peso relativo en comparación internacional, reflejando no solo una política salarial incipiente, sino la fragilidad de una economía estructuralmente dependiente y vulnerable.

Los gobiernos antecesores al actual no rompieron nada: administraron la inercia. Ninguno cuestionó el modelo salarial heredado ni corrigió la estructura de desigualdad. El salario siguió siendo un instrumento de contención social, no de redistribución. El orden funcionó sin sobresaltos. La precariedad también.

El gobierno Petro no creo el conflicto salarial. Lo hizo visible. Al impulsar aumentos del salario mínimo de dos dígitos —especialmente en 2023, 2024 y 2025— rompió un consenso tácito que había operado como dogma durante décadas. El escándalo no provino solo del monto del aumento, sino del desplazamiento del eje moral del debate: ya no se discutía cuánto podía soportar la empresa, sino cuánto resistía la vida. Desde una lectura keynesiana y redistributiva, estos incrementos buscan recuperar poder adquisitivo, dinamizar la demanda interna y corregir, aunque de manera parcial, una injusticia histórica. 

Los detractores reaccionan con reflejos conocidos. Anuncian desempleo, inflación, fuga de capitales. Repiten un libreto que la historia ya ha puesto en evidencia. Porque si algo demuestran los últimos treinta años es que salarios sistemáticamente bajos no construyen economías fuertes, sino sociedades frágiles.

Desde la teoría del desarrollo humano —Amartya Sen— el ingreso no es solo un medio económico, sino una capacidad básica: permite elegir, participar y vivir con autonomía. Elevar el salario mínimo no garantiza por sí solo bienestar. Negarlo, en cambio, garantiza precariedad. 

El debate sobre el salario vital no es una extravagancia ideológica. Es la irrupción de una memoria histórica negada. Llamar vital al salario mínimo es cuestionar el corazón del modelo neoliberal colombiano: la idea de que la dignidad puede aplazarse indefinidamente en nombre de una competitividad que nunca llega a la mayoría. Las sociedades que pagan mal el trabajo pagan caro en otros frentes: violencia, inseguridad, deterioro institucional. Cada peso ahorrado en salarios reaparece como sobrecosto en salud pública, en seguridad, en fractura del tejido social. El salario precario no fue solo una política económica; fue una forma de administrar la exclusión.

Desde Marx hasta Polanyi, desde Sen hasta Piketty, la evidencia converge: la desigualdad no es un accidente del sistema, sino uno de sus productos cuando el trabajo se subvalora. Quizá el triunfo más profundo —y menos visible— de este modelo no haya sido económico, sino pedagógico. Durante décadas, el sistema no solo contuvo los salarios: educó la conciencia social. Enseñó que el trabajador debía sentirse culpable por existir y responsable, por anticipado, de cualquier fractura del orden económico. Si una empresa quiebra, no es por mala gestión o concentración del mercado, sino porque “el salario subió demasiado”. Si hay desempleo, no es por un modelo extractivo y desigual, sino porque alguien “pidió más de lo que merecía”.

Esta pedagogía de la culpa ha calado con especial crudeza en los sectores empobrecidos. El asalariado que apenas sobrevive con el mínimo ha sido entrenado para temer su propio aumento, para sospechar de cualquier mejora material, para aceptar que su derecho a vivir con dignidad constituye una amenaza para la economía. Se le ha convencido de que su salario no es una retribución justa, sino una concesión precaria; no un derecho social, sino un riesgo sistémico.

Desde la sociología crítica, esto no es accidental. Es lo que Pierre Bourdieu denominó violencia simbólica: una forma de dominación que no necesita imponerse por la fuerza porque logra que los dominados adopten como naturales las categorías del dominador. El trabajador internaliza el lenguaje de la escasez y la culpa, mientras los verdaderos centros de decisión —financieros, corporativos, rentistas— permanecen blindados frente al juicio moral y político.

Humanísticamente, el daño es aún más profundo. Cuando una sociedad consigue que quienes menos tienen se sientan responsables de la quiebra ajena, se rompe un principio elemental de justicia compartida. El salario deja de ser reconocimiento al trabajo y se convierte en carga moral. La dignidad se vuelve sospechosa. La vida, negociable.

Por eso, el debate sobre el salario mínimo no es una discusión técnica ni un pulso coyuntural entre gobiernos. Es una disputa por el sentido común, por la forma en que una sociedad decide quién merece qué, quién carga con las culpas y quién queda exento de responsabilidad. Mientras el asalariado pobre siga creyendo que su derecho a vivir mejor pone en riesgo al país, el sistema habrá ganado incluso cuando conceda aumentos.

Romper esta lógica exige algo más difícil que subir cifras: desaprender la culpa, recuperar la idea de que la economía existe para sostener la vida y no al revés, y comprender que ninguna sociedad es viable cuando pide a los más frágiles cargar con el peso de un modelo que nunca diseñaron ni se han beneficiado de él.

Treinta años después, la promesa neoliberal queda expuesta. No fue un error técnico: fue una elección política sostenida en el tiempo. La pregunta ya no es cuánto cuesta subir el salario, sino cuánto ha costado no hacerlo. Porque cuando la economía funciona sin dignidad, no produce desarrollo: produce supervivencia organizada. Y ninguna sociedad puede llamarse justa cuando condena a quienes la sostienen a vivir eternamente al borde de la vida.

* La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

Gobernaciones y alcaldías uribistas arrecian sabotaje político

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

Estas federaciones son el núcleo de un "gobierno paralelo" que busca mantener privilegios de un modelo agotado y defensa de intereses de la derecha colombiana. 

La llegada de la izquierda a la presidencia de Colombia no solo marcó un hito histórico, sino que también desató los mecanismos de contención más arraigados del establecimiento político de derecha. Más allá de la oposición en el Congreso y el ataque frontal desde los medios de comunicación de los grandes gremios de producción, se ha reactivado con ferocidad una herramienta gremial menos visible para el ciudadano común, pero profundamente poderosa, compuesta por: Fededepartamentos, Fedemunicipios y Asocapitales, entidades que lejos de su fachada técnica se han erigido, nuevamente, como el cuartel general operativo del uribismo para estrangular, desde las regiones, el proyecto de cambio.

Estas federaciones, que durante los gobiernos de Uribe, Santos y Duque funcionaron como una extensión burocrática del poder central y una eficiente red de pensamiento, propaganda y, según múltiples informes periodísticos y judiciales, financiación clientelista, hoy muestran su verdadero rostro: el de una oposición institucionalizada que raya en la sedición. Ante la imposibilidad de retener la Casa de Nariño, figuras clave de la centroderecha y la derecha se atrincheraron en gobernaciones y alcaldías de capitales estratégicas, respaldadas por un ejército de funcionarios de carrera o de confianza política enquistados en ministerios y entidades descentralizadas, para desarrollar una campaña sistemática de desprestigio, bloqueo y sabotaje que busca presentar al gobierno nacional como incompetente e ilegítimo.

La incoherencia es el sello distintivo de estos mandatarios, toda vez que, actuando como jefes políticos regionales del bloque opositor, ordenaron a sus tropas en el Congreso torpedear proyectos fundamentales para la sostenibilidad fiscal del Estado. Destacados afiliados de Fededepartamentos y Asocapitales lideraron una oposición sin argumentos sólidos y de manera casi automática, a iniciativas destinadas a crear recursos para programas sociales, seguridad y desarrollo para las regiones. La Ley de Presupuesto General de la Nación es el ejemplo más claro: su trámite fue obstruido por los mismos partidos que hoy, desde las gobernaciones y alcaldías, reclaman a voz en cuello más recursos para sus territorios. Gobernadores como el de Antioquia o las del Valle y Tolima, lo mismo que alcaldes como los de Bogotá, Medellín o Cali, prefirieron ahogar financieramente al Estado para dañar políticamente a Petro, antes que llegar a acuerdos consensuados en beneficio del país.

Ahora, la incoherencia de la derecha da un salto peligroso hacia la rebeldía institucional. Ante medidas legítimas del gobierno central, como la solicitud de aportes extraordinarios en un estado de emergencia económica, recursos que, se insiste, pudieron obtenerse por la vía ordinaria si la oposición no la hubiera bloqueado; estos mandatarios y sus federaciones han declarado abiertamente que no acatarán las normas. Es decir, se rebelan contra la obligación jurídica de cumplir las funciones que juraron ejercer. Victimizándose y apelando a la complejidad técnica de las finanzas públicas, manipulan la comprensión ciudadana para esconder su verdadero objetivo: desestabilizar.

En temporada electoral, la máquina se aceita con fines proselitistas. En este orden de ideas, Fededepartamentos y Asocapitales se convierten en plataformas de campaña. Sus declaraciones que aparentan ser técnicas; en realidad son consignas políticas que corean, al unísono con gremios económicos y grandes medios, insistiendo en un relato de caos y fracaso. Figuras polémicas como Dilian Francisca Toro, Andrés Julián Rendon, junto con candidatos con pobres índices de aceptación, utilizan estas agremiaciones para proyectarse nacionalmente, repitiendo falacias a pesar de que los indicadores macroeconómicos y sociales muestran resiliencia y avances en medio de una tormenta global y un sabotaje interno feroz.

El verdadero peligro no es la oposición política, vital en una democracia. El peligro es la utilización de estructuras estatales y seudogremiales, financiadas con los recursos de la ciudadanía, para hacer oposición desleal y sabotear al gobierno elegido popularmente. Estas federaciones son el núcleo de un "gobierno paralelo" que busca mantener los privilegios de un modelo agotado y la defensa de los intereses de la derecha colombiana por encima de la gobernabilidad, la institucionalidad y el bienestar general.

El país debe abrir los ojos: el conflicto político no se libra solo en el Capitolio o en los noticieros, sino en estas oficinas aparentemente grises donde se teje, con hilos institucionales, la estrategia del bloqueo que pretende hundir cualquier esperanza de cambio.

La Paz Territorial Indígena: Un mandato aún incumplido

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

La nación Nasa y todos los pueblos indígenas en resistencia, no son un tema antropológico; son sujetos políticos de derechos, comunidades dignas y valientes que han defendido su territorio y su cultura con un costo humano inmenso

El reciente y trascendental comunicado, suscrito por 209 autoridades tradicionales de la nación Nasa [1], no es solo un pronunciamiento más en el panorama de la conflictividad social y armada en Colombia; es el llamado colectivo de una resistencia milenaria que celebra, con cautelosa esperanza, un avance jurídico crucial: la tipificación formal como delitos de lesa humanidad de los crímenes cometidos por grupos armados contra las comunidades, sus sabedores y el propio territorio. Este hito legal, sin embargo, resuena sobre un suelo aún ensangrentado. Mientras la justicia ordinaria empieza a nombrar con la gravedad que merecen estos hechos, en los resguardos del Cauca la guerra sigue escribiendo su capítulo más cruel con tinta de presente continuo.

Es importante tener en cuenta que el comunicado no es un ejercicio de memoria histórica sobre un pasado superado, es una radiografía urgente del hoy. A pesar de los acuerdos de paz pactados y de la actual propuesta de “Paz Total”, las comunidades Nasa siguen reportando amenazas, confinamientos, desplazamientos forzados y, de manera particularmente atroz, el reclutamiento de sus niños, niñas y jóvenes por parte de actores armados ilegales, que no debe entenderse, ni mucho menos normalizarse como un daño colateral; sino como un etnocidio en cámara lenta, una herida profunda al corazón mismo de la continuidad cultural.

El comunicado, claramente reconoce que la justicia colombiana ha dado pasos significativos, ya que menciona el hecho de que las Altas Cortes colombianas han emitido sentencias emblemáticas que reconocen el abandono estatal histórico y ordenan su remediación. Sin embargo, estos mandatos judiciales, en su mayoría, yacen en el limbo de la implementación, toda vez que, la causa raíz de este “estado de cosas inconstitucional” (la ausencia crónica del Estado social de derecho y la perpetuación de las condiciones que alimentan el conflicto) sigue intacta. Los intentos de paz de los gobiernos de Santos y Petro, aunque distintos en su narrativa, han demostrado, hasta el momento, una ineficacia palpable en los territorios indígenas, en donde la lógica del fusil aún prevalece sobre la del diálogo.

En este contexto de promesas incumplidas y violencia renovada, cobra una importancia capital la Propuesta de Paz Territorial construida y presentada por las organizaciones indígenas del Cauca, como la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la que, tristemente desnuda una gran contradicción del actual gobierno del Pacto Histórico: mientras proclama una “Paz Total” que pretende ser incluyente, parece no otorgar el acompañamiento político decisivo que esta iniciativa originaria requiere y merece.

La propuesta de paz indígena no es un anexo; plantea un cambio de paradigma. Como señalan las autoridades Nasa en su comunicado, esta visión descentra las negociaciones del ámbito exclusivo de los actores armados y sitúa en el centro a las comunidades víctimas. Plantea un modelo de construcción de paz desde lo territorial, fundamentado en las particularidades geográficas, sociales, políticas y, sobre todo, espirituales de los pueblos. Se distancia así de los modelos tecnocráticos diseñados desde escritorios en Bogotá, que suelen operar con un centralismo urbano ajeno, tanto a la realidad territorial y a la cosmovisión de sus habitantes, como a la lógica meramente utilitarista y violenta de los ilegales.

El llamado final del comunicado es un testamento de dignidad y una hoja de ruta ignorada. Es imperativo que el gobierno de Gustavo Petro y toda la institucionalidad local y regional del Cauca, no solo “escuchen”, sino que arropen y materialicen esta propuesta. Se debe pasar de la retórica del reconocimiento multicultural, que a menudo reduce a los pueblos indígenas a un componente folclórico y pintoresco; a la acción concreta que respete su autonomía y, lo que es más revolucionario, permitir que su cosmovisión y sus formas propias de organización realmente primen en el diseño e implementación de cualquier política, plan o programa que les concierna.

La nación Nasa y todos los pueblos indígenas en resistencia, no son un tema antropológico; son sujetos políticos de derechos, comunidades dignas y valientes que han defendido su territorio y su cultura con un costo humano inmenso. Su propuesta de paz territorial no es una alternativa más; es, quizás, la única que puede sanar las raíces de la guerra en esos territorios. Ignorarla, una vez más, no sería solo un error político; sería una traición histórica a la posibilidad de una paz verdadera y con justicia social para Colombia.

El tiempo de los discursos ha pasado. La tierra, a través de sus autoridades, ha hablado. Ahora es el turno del Estado colombiano de actuar, antes de que la oportunidad se pierda en el mismo fuego cruzado que hoy consume a las semillas de vida del Cauca.

 

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[1] Ver documento completo en: https://drive.google.com/file/d/1YX3mTSYyudpa7wiL9JG6lZ5UhXOMYslt/view?usp=sharing

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En el Cauca: Desencanto con el gobierno nacional vs respaldo a Petro*

 

Por: Andrea B. Romero

Clanes políticos tradicionales del Cauca, como los de Temístocles Ortega y Óscar Campo, el liberalismo gavirista y otros han consolidado alianzas que les permiten sobrevivir y obstruir las iniciativas del gobierno central. Su principal objetivo no es el desarrollo regional, sino preservar sus redes de influencia y clientelismo

El departamento del Cauca, bastión electoral del Pacto Histórico y símbolo de las luchas históricas por la tierra, la autonomía y la paz, vive una paradoja profunda y potencialmente explosiva, ya que, mientras aún se mantiene un apoyo mayoritario a la figura del presidente Gustavo Petro y a su proyecto de cambio; en sus territorios más golpeados por la violencia y el abandono (como la zona norte, cuna de la vicepresidenta Francia Márquez), crece un sentimiento tangible de frustración y desencanto. 

Este descontento, que comienza a articularse desde las organizaciones sociales de base: indígenas, afrodescendientes y campesinas; no es un rechazo al ideario del “vivir sabroso” o a la necesidad de una paz total (política en la que la organización Indígena ha presentado propuestas propias), sino un cuestionamiento agudo a la incapacidad del gobierno nacional para materializar sus promesas en el territorio y de erradicar la incompetencia activa de las viejas estructuras políticas locales y la inercia de una burocracia estatal mediocre.

Esta contradicción se evidencia en el hecho de que, a pesar de las numerosas visitas de ministros, de las expresiones de solidaridad y de contar con la segunda mandataria del país, oriunda de Suárez, el Cauca no experimenta la transformación prometida. La percepción entre las comunidades es que el gobierno nacional ha delegado su implementación en una capa de funcionarios de nivel medio, tanto en las carteras ministeriales como en las entidades descentralizadas, que actúan con lentitud, descoordinación y, en muchos casos, con una desobligación que raya en el sabotaje pasivo. El presidente Petro, concentrado en grandes batallas nacionales e internacionales, no ha priorizado la tarea de “poner en cintura” a este aparato administrativo, dejando que proyectos clave se pierdan en la maraña de los trámites, las licitaciones fallidas y la falta de voluntad política operativa. El resultado es un catálogo de promesas incumplidas y obras estancadas que alimentan el escepticismo.

Este fracaso en la implementación no ocurre en un vacío político, sino que se potencia por una situación electoral y de poder local profundamente contradictoria. Mientras el Cauca votó masivamente por Petro y eligió un significativo número de congresistas del Pacto Histórico, en el ámbito territorial el poder sigue estando capturado por los históricos cacicazgos de los partidos tradicionales de derecha. Clanes electorales como los del exgobernador y congresista Temístocles Ortega (Cambio Radical), el liberalismo de César Gaviria y Fernando Velasco, lo mismo que la maquinaria política del congresista y exgobernador Óscar Campo (también de Cambio Radical) han demostrado una habilidad magistral para la cooptación y la supervivencia. Estas nuevas alianzas electorales han logrado neutralizar, desviar o empantanar las iniciativas del gobierno central. Su objetivo no es el desarrollo del Cauca, sino mantener sus redes de influencia y clientela, actuando como un dique de contención contra el cambio.

En este escenario, el silencio y la ambigüedad de la vicepresidenta Francia Márquez resultan desconcertantes y son fuente de creciente malestar. Su imagen, esencial para la legitimidad étnica y popular del gobierno, parece diluirse en fotos protocolarias con la misma clase política tradicional que bloquea las transformaciones. Las comunidades perciben una figura distante, cuya capacidad para torcerle el brazo a los operadores políticos locales y a la burocracia ministerial parece ser nula. El “vivir sabroso” se convirtió en un eslogan vacío, mientras la violencia del ELN, las disidencias y los grupos narcotraficantes sigue diezmando a los líderes sociales y envenenando la vida comunitaria.

Un caso emblemático de este fracaso es el Hospital Regional del Norte del Cauca, una obra demandada por décadas y prometida de manera reiterada. El proyecto fue sistemáticamente empantanado por maniobras burocráticas locales, incluyendo las muy sospechosas dilaciones del actual alcalde de Santander de Quilichao con la complicidad de grupos políticos que hoy siguen ejerciendo poder. Este patrón se repite en otros proyectos de infraestructura y desarrollo social que, ante la falta de vehemencia en su gestión por parte del gobierno nacional y la obstrucción local, avanzan hacia un estatus de “elefantes blancos”. Paralelamente, los gobiernos locales (alcaldías y gobernación) muestran una notoria ausencia de gestión y solidaridad, puesto que hasta ahora no atinan en la articulación de proyectos propios, de real impacto que alivien la crisis social.

Ante esta situación, no sería extraño que se produjera una reactivación de la protesta social pacífica y masiva en el Cauca. Las organizaciones indígenas, afros y campesinas tienen un histórico acumulado de movilización y podrían dirigir su demanda, no ya contra un gobierno hostil de derecha, sino contra un gobierno propio al que consideran en deuda. La exigencia sería clara: que el presidente Petro ejerza su autoridad para desbloquear la implementación, que remueva los obstáculos burocráticos internos y que enfrente políticamente a los cacicazgos locales que traban el desarrollo. Entienden las limitaciones que imponen los gobiernos locales opositores, pero no perdonan la falta de fuerza y de estrategia territorial de su propio gobierno nacional.

La paz y el “vivir sabroso” no se construyen solo con discursos en Bogotá; exigen una presencia transformadora, obstinada y efectiva en el territorio. Allí, por ahora, la fuerza de Gustavo Petro brilla por su ausencia.

* Las opiniones expresadas en las columnas son responsabilidad de sus autores. La Conversa de Fin de Semana agradece los valiosos aportes de sus colaboradores e invita a opinar, criticar, sugerir y/o contestar con respeto.

El descaro imperial de Trump y la amenaza contra Colombia

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

La agresión a Venezuela es un ensayo de lo que podría esperar a Colombia. La administración Trump, en clara coordinación con sectores revanchistas de la derecha local que celebran la vulneración de la soberanía venezolana, a través de una retórica belicista amplificada por periodistas afines, prepara el terreno para justificar una intervención extranjera en suelo colombiano.

La justificación esbirra y gastada de la Lucha Antidrogas ha sido, por décadas, la excusa de legitimidad que Estados Unidos utiliza para maquillar sus agresiones más crudas contra América Latina. Desde que Richard Nixon lanzó esta guerra (un perfecto instrumento de control social interno y excusa para la injerencia [1]), cada intervención, cada embargo y cada golpe de Estado apoyado han sido endulzados para el consumo público con la narrativa del narcotráfico. Hoy, bajo la administración de Donald Trump, esa máscara ha sido arrojada al suelo y pisoteada con un cinismo sin precedentes.

La incoherencia discursiva es monumental y reveladora. Mientras las tropas estadounidenses secuestraban ilegalmente al presidente venezolano y su esposa, y mientras se preparan amenazas similares contra la soberanía colombiana; Trump ha abandonado por completo el guion. En más de veinte ocasiones, durante sus declaraciones públicas ha dejado claro, con una crudeza que asombra, que sus únicos intereses son:  el petróleo y de manera no tan velada; el oro, el coltán y la reafirmación del dominio absoluto sobre lo que él considera su “Patio Trasero”.

La lucha antidrogas es ahora lo que siempre fue para los círculos de análisis estratégico: una cortina de humo, un instrumento de presión geopolítica manejado por agencias como la CIA y la DEA para desestabilizar gobiernos incómodos. Los verdaderos objetivos quedan al descubierto: El control de recursos estratégicos y el mensaje amenazante de castigo a cualquier proyecto de autonomía regional, dirigido explícitamente a la presidenta mexicana Sheinbaum y al presidente colombiano Petro.

Esta doble moral alcanza niveles de obscenidad cuando se observa el comportamiento de operadores políticos de esta agresión, como Marcos Rubio, actual secretario de estado del gobierno Trump, arquitecto de la política exterior más agresiva hacia Latinoamérica que pontifica sobre el narcotráfico desde Washington, mientras investigaciones periodísticas han revelado los vínculos de familiares cercanos suyos con redes de tráfico de drogas [2]. Es el mismo patrón que se repite con congresistas como Bernie Moreno, de quien se asegura tener familiares suyos próximos a Andrés Pastrana[3], expresidente colombiano relacionado con redes de abuso y corrupción trasnacional conectadas con el entorno de Trump, lo que sitúa a la derecha en el centro de un entramado que mezcla política, narcotráfico y delincuencia de alto nivel, lo que resulta indignante de quienes hoy esgriman el estandarte de la guerra contra las drogas para justificar invasiones.

La agresión a Venezuela es un mensaje directo, un ensayo general para lo que podría venir contra Colombia. La administración Trump, en clara complicidad con sectores revanchistas del centro y la derecha colombiana, ha encontrado eco en voceros que, desde hace meses incitan abiertamente a la desestabilización y el golpe de Estado. Los alcaldes Alejandro Eder de Cali, Federico “Fico” Gutiérrez [4] de Medellín, la periodista y aspirante presidencial Vicky Dávila [5], el excanciller Álvaro Leyva han estado en EE. UU. reunidos con Rubio, Moreno, Salazar y otros políticos de derecha instigando junto al expresidente Álvaro Uribe [^6]un golpe en contra de Petro y hoy día no ocultan su júbilo por el atropello contra Venezuela. Su retórica, amplificada por la prensa a su servicio prepara el terreno social y político para justificar una intervención similar en Colombia bajo el mismo pretexto.

Por lo tanto, la alerta es máxima. La máscara antidrogas no convence. Lo que queda al descubierto es un proyecto de recolonización abierta, impulsado por una potencia en declive, pero mortalmente peligrosa, ejecutado por élites locales que prefieren vender la soberanía a cambio de un lugar en la mesa de los poderosos.

Defender la soberanía de Venezuela no es un acto de solidaridad lejana; es la trinchera inmediata para defender la integridad de Colombia y el derecho de toda América Latina a existir fuera del patio de juegos del imperio.

P.S.: Amica Admonitio. De cara a las próximas elecciones, el pueblo colombiano no debe olvidar que el Articulo 121 de la Constitución Política de 1991 menciona la Traición a la Patria como causal de indignidad para ejercer cargos públicos. De igual manera, a quienes aspiran a ser elegidos, no olvidar que; el delito de traición a la patria está plenamente vigente en Colombia bajo el Artículo 101 del Código Penal de 2000 y para su aplicación se requiere una clara colaboración con fuerzas extranjeras contra el Estado colombiano.

 

 

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[1] DEA: 40 años de polémica lucha contra las drogas - BBC News Mundo

[2]Salen a la luz nuevos detalles de la investigación de narcotráfico que salpicó a la familia de Marco Rubio | Noticias Univision Política | Univision

Cómo Marco Rubio ayudó a cuñado a obtener una licencia de bienes raíces | El Nuevo Herald

[3]Archivos Epstein salpican al expresidente Andrés Pastrana; Ghislaine Maxwell piloteó un Blackhawk en un viaje a Colombia

[4] Así fue la captura del secretario de Seguridad de Fico Gutiérrez por nexos con la mafia - Voragine

[5] La relación de Vicky Dávila con el clan Gnecco

[6] Álvaro Uribe fue condenado por ocultar vínculos con el paramilitarismo

 

La seguridad en Colombia: Más allá de la coyuntura

 

Por: Andrea B. Romero

Resulta cínico que algunos mandatarios regionales (todos ellos integrantes de partidos de derecha) carguen todas las responsabilidades sobre el gobierno nacional, evadiendo sus obligaciones constitucionales primarias.

La reciente escalada de violencia en varias regiones de Colombia ha motivado a numerosos mandatarios locales y departamentales a denunciar una supuesta “crisis de seguridad” y un abandono por parte del gobierno central. Si bien es innegable el impacto humanitario y el dolor que padecen las comunidades, es imperativo analizar esta situación no como un fenómeno aislado o exclusivamente atribuible al actual gobierno nacional, sino como la visibilización de males históricos como el abandono estatal, la corrupción sistémica y una arraigada politiquería que ha utilizado los territorios y sus poblaciones como moneda de cambio.

La ausencia de Estado, tras las firmas de acuerdos de paz creó el vacío que llenaron actores armados ilegales y economías criminales. Departamentos del suroccidente colombiano o el Catatumbo, estratégicos como corredores para el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas no se convirtieron en tales por casualidad reciente. Históricamente, en estas regiones, la institucionalidad fue cooptada o permeada por intereses oscuros.

La prensa nacional ha documentado por años la inquietante vinculación de figuras políticas tradicionales y de la fuerza pública con estas economías ilegales. Casos emblemáticos, como el de la llamada “parapolítica”, evidenciaron alianzas entre sectores políticos, narcotraficantes y grupos paramilitares. Más recientemente, se destaparon escándalos como el de la llamada “Construcciones El Cóndor”, que supuso investigaciones por presuntos vínculos entre el gobierno Uribe, contratistas y las desapariciones en la Comuna 13 y la Escombrera en Medellín [1]. Así mismo se han dado revelaciones sobre la vinculación de militares y el crimen organizado [2]. Estos son síntomas de una simbiosis histórica entre parte de la clase política tradicional, sectores de las fuerzas armadas y el crimen organizado.

Así las cosas, resulta cínico que algunos mandatarios regionales (todos ellos integrantes de partidos de derecha) carguen todas las responsabilidades sobre el gobierno nacional, evadiendo sus obligaciones constitucionales primarias. Un ejemplo claro es el de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Mientras realiza una campaña permanente de acusaciones al Gobierno del Pacto Histórico por un supuesto abandono de la región, omite mencionar los graves cuestionamientos sobre la gestión de los recursos a su disposición.

Se señala públicamente a la gobernadora del Valle de desviar el destino de fondos públicos de seguridad a actividades de proselitismo político a través de contratación de dudosa prioridad, mientras se niegan o diluyen transferencias críticas para el fortalecimiento de la fuerza pública local, intentando que se agudicen los problemas de seguridad para deslegitimar al adversario político en el nivel central.

La seguridad no se construye solo con operaciones militares; requiere una estrategia integral de paz y desarrollo territorial. Aquí, el fracaso de muchos mandatarios locales es aún más estrepitoso. El caso del Cauca, devastado por la violencia de disidencias, el ELN y bandas narcoterroristas es un referente apropiado. En este departamento existe una propuesta robusta y organizada de paz territorial emanada de las comunidades indígenas, un actor con legitimidad y arraigo. Sin embargo, esta iniciativa no ha sido abanderada, potenciada o articulada de manera decidida por la mayoría de los alcaldes ni por el gobierno departamental. Han optado por el rol cómodo de espectadores que culpan al centro, antes que el liderazgo complejo de constructores de soluciones desde lo local.

El gobierno nacional también tiene cuotas de responsabilidad. La estrategia de “Paz Total” del presidente Gustavo Petro, hasta ahora, brilla más por su desarticulación y opacidad que por su eficacia convocatoria. Si bien la discreción es esencial en las negociaciones, esta no puede confundirse con la falta de comunicación estratégica, la aparente descoordinación entre mesas, y la percepción de mediocridad o falta de peso político en algunos equipos negociadores. La paz exige grandeza táctica y estratégica, y hasta ahora se percibe más reactividad que un plan conductor sólido.

Ante este complejo entramado de responsabilidades históricas evadidas, politiquería local y desarticulación nacional, surge una pregunta de profunda gravedad política: ¿Cuál es la intencionalidad de los recientes y brutales ataques terroristas perpetrados por el ELN y las disidencias? Más allá del objetivo militar inmediato, es legítimo preguntarse si estos hechos de violencia extrema no le están allanando, de manera consciente o no, el camino a un discurso y una campaña electoral de una derecha guerrerista. Una derecha cuya narrativa se nutre del miedo y cuya solución histórica ha sido la fuerza bruta, acompañada de cortinas de humo para ocultar su propia ineficiencia y los nexos de corrupción de sus miembros con el crimen organizado.

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[1] https://corrupcionaldia.com/construcciones-condor-y-la-oscura-connivencia-contratistas-y-gobernantes-complices-de-desapariciones/

[2] La prensa colombiana dio cuenta de los nexos del ex general y el excandidato a la gobernación del Cauca por el Centro Democrático, Leonardo Barrero, con el Clan del Golfo. Ver: General (r) Leonardo Barrero, excomandante de FF.MM involucrado con alias ‘Matamba’

Silencio asesino, o la no humanidad*

 

Por Hernán Riaño

“Estados Unidos es el mundo, Yo dirijo al país y al mundo, Yo soy el presidente y tengo derecho a hacer lo que yo quiera”. Donald Trump

Ante las agresiones cometidas en los últimos dos años en Palestina y desde hace algunas semanas en el caribe, en las que han muerto muchos seres humanos de todas las edades, en Gaza especialmente niños(as), a los que declaró enemigos el régimen de Netanyahu, solo por ser palestinos, a los que les ha aplicado todas las tácticas de muerte fascistas, desde las bombas, pasando por las balas y hasta, la más ruin, el hambre. Los ataques a la franja de Gaza hace muchos meses se convirtieron en un genocidio que debe ser condenado por toda la humanidad.

En el caribe, quien se cree el emperador del mundo, Donald I (primero), le ha aplicado la pena de muerte unilateralmente a decenas de personas que fueron acusadas de narcotraficantes sin el debido proceso, juicio justo, solo por la sospecha del señor emperador y la ejecución de sus militares lacayos, acostumbrados a matar, matar y matar. Salvo algunas excepciones, la mayoría de los gobiernos del mundo han mantenido un silencio cómplice, ¡dos años! por el genocidio de civiles desarmados en Gaza y unos meses, de los humildes pescadores en el caribe, digo pescadores porque nadie ha demostrado lo contrario, ni un juez ni alguna autoridad reconocida por Latinoamérica. 

Hay naciones que, después de manifestaciones multitudinarias en las principales ciudades del mundo denunciando el genocidio, decidieron apartarse un poquito del dúo maléfico, Israel- E.E. U.U. y hacer algunas acciones, muy tímidas, pero que han incidido en un “acuerdo de paz” entre ellos mismos, quiero decir el dúo maléfico, sin haber incluido a nadie de Palestina; tratado que Israel ha violado muchas veces con un saldo de cientos de muertos e instalaciones destruidas, como hospitales y escuelas. La presión de los pueblos ha hecho posible, primero que el mundo vuelva sus ojos al oriente medio, en el que Israel quiere apoderase no solo de Gaza, al que casi destruyó totalmente, sino que ha empezado una avanzada sobre Cisjordania, El Líbano, Siria y ha amenazado en llevarla hasta Irán y no se sabe cuántos países más: su sueño sionista en Asia menor.  Algunos gobiernos decidieron no enviarle más armas a Israel, o no prestar su espacio aéreo para el tránsito de naves de la misma nacionalidad, o no venderle carbón con el que se genera muertes de palestinos.

Ahora presentan un plan para Gaza en el que dejan por fuera a los palestinos, bombardean el Líbano, específicamente donde hay campamentos de refugiados de esa misma nacionalidad, atacan con drones a quien ellos quieran y a quien deseen, con la mayor impunidad y en medio del silencio de la mayoría de los gobiernos del mundo. Ese supuesto acuerdo de paz logró callar las protestas mundiales, ese era su objetivo y con ayuda de sus medios de comunicación pudieron lograrlo. Los sionistas han llegado al colmo de poner en la picota pública, encarcelar o inclusive matar a personas que los han denunciado, a periodistas que hacen preguntas incómodas los hacen despedir de sus trabajos, en general quieren imponer a la fuerza sus creencias y la imposición de su raza como pueblo elegido de dios, ¿Qué dios fue capaz de escoger a unos asesinos de niños como sus protegidos destinados a dominar al mundo?

En el Caribe, desde hace unos meses está sucediendo algo similar, Donald I, decidió sin ninguna fórmula de juicio, asesinar gente indefensa y que no es una amenaza para el imperio del norte, pero que él, al igual que lo hicieron en Irak, cuando dijeron, para justificar la intervención, que Sadam Husein tenía armas de destrucción masiva y que iba a acabar con el mundo, hoy apela a la misma táctica diciendo que esos pescadores van a acabar con Estados Unidos y por eso hay que matarlos, pero sus verdaderas intenciones son intervenir en toda América Latina para apoderarse de sus recursos naturales,  y sobre todo del petróleo venezolano y el agua de la Amazonía. 

En el desarrollo de su “emprendimiento”, ha dicho muchas cosas para justificar los asesinatos e intervencionismo, pero lo que más me ha llamado la atención son estas frases: “Estados Unidos es el mundo” (1), “Yo dirijo al país y al mundo” (2) y “Yo soy el presidente y tengo derecho a hacer lo que yo quiera” (3) las que implican muchas cosas, ninguna buena para nuestros países y sus habitantes. La primera frase implicaría, que ante el avance de otras naciones como China, Rusia o Irán en lo que él mismo llama su patio trasero, sería como una manifestación de que este continente es todo de él y no va a permitir que, de otras regiones, vengan a hacer negocios con nosotros; lo que llevaría a la segunda sentencia, que como él es el dueño puede hacer lo que quiera con estos países (4).

Todo esto ante nuestras narices, en vivo y en directo y ningún gobierno, salvo contadas excepciones, como Gustavo Petro, se han atrevido a levantarle la voz, ya que todos los que se han callado son impuestos por los gringos, de una forma u otra, y son cómplices de todas las acciones en contra de la humanidad que Donad I viene adelantando en complicidad de los sionistas israelíes. No olvidemos que estos mismos tienen mucha influencia en regiones del sur de nuestro continente donde están determinado elecciones y poniendo presidentes afines a sus ideas. Se han apoderado de medios de comunicación y de manipulación, como las redes sociales, con los que hacen que los ignorantes de cada nación se vuelvan sus borregos y terminen defendiéndolos, como es el caso de muchas sectas cristianas que, sintiéndose supuestos herederos de los judíos, salen en defensa de los sionistas, además esperando un juicio final que los haría pasar a los escogidos de una supuesta salvación, pero que aquí, para alcahuetearles todas las tropelías a los sionistas, no solo se quedan callados ante sus brutalidades y asesinatos sino que además los justifican y los aplauden. 

Como podemos ver, hay un silencio cómplice de la mayoría de los gobiernos del mundo, los pocos que san pronunciado lo hacen de forma tímida y sin la presión que lleve a parar el genocidio en Gaza y mucho menos la masacre en el Caribe. No hay medidas concretas, así sea diplomáticas o económicas contra Israel y Estados Unidos, nadie se atreve siquiera a contradecir, así sea mínimamente a Donald I y Netanyahu (5). En este maremágnum de silencio cómplice que se convirtió en asesino sobresale la voz de Gustavo Petro Urrego, presidente de Colombia, que, por sus posiciones radicales de defensa de la vida y la humanidad, se ha convertido en la piedra en el zapato para estos dos genocidas. Ha tomado medidas como el rompimiento de relaciones diplomáticas y la prohibición de exportación de Carbón para evitar que los sionistas lo utilicen para matar niños gazatíes y ha cortado la información de inteligencia, en lo referente a la situación del Caribe con la potencia del norte. 

Donald I, lo incluyó en la lista OFAC (6), conocida como Clinton, con unas consecuencias de bloqueo a su persona y sus finanzas, en esta sanción incluyeron a parte de su familia y a su ministro del anterior, también desertificaron a Colombia por una supuesta incompetencia en la lucha contra el narcotráfico, en una componenda entre la ultraderecha colombiana, el ministro gusano Marco Rubio y el senador republicano, nacido en Colombia, Bernardo Moreno alias Bernie Moreno. Todo lo ha aguantado el señor presidente, no se ha doblegado, muchas ONG lo han considerado un gran líder por la defensa de los palestinos (7), y otros sectores lo ven como un personaje mundial humanista, defensor de derechos y el cambio climático. Ha arrastrado a algunos sectores y pocos gobiernos a subir el tono de la defensa de la vida tanto en Gaza como en el caribe, tanto así que senadores de los Estados Unidos se han unido abiertamente a la lucha de Petro (8).

Pero eso no basta, el silencio sigue imponiéndose y mientras tanto, al sionismo israelí sigue asesinando palestinos de todas las edades, sobre todo niños, Donald I sigue financiándolos y armándolos, mandando misiles a matar pescadores al caribe y amenazando con una invasión a gran escala en el norte de Suramérica (9). Y ratifico, hasta tanto no se les pruebe en un juicio su responsabilidad y sea vencido en un juicio justo, dicen las leyes, nadie es culpable.  Los pueblos del mundo tienen la palabra ya que sus gobiernos se plegaron al silencio asesino que ha llevado al genocidio del pueblo palestino y al homicidio, que puede convertirse en otro igual o peor, de decenas de gentes humildes en el caribe.

*Esta columna fue publicada originalmente en el Portal SoNoticias y es compartida con la comunidad de La Conversa de Fin de Semana, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. Las opiniones de los columnistas son de su exclusiva responsabilidad.  Les invitamos a leer, comentar, compartir y a debatir con respeto. 

(1) https://www.youtube.com/watch?v=A4qaXdynsLc

(2) https://es-us.noticias.yahoo.com/donald-trump-dirijo-país-mundo-200000809.htmlhttps://www.msn.com/es-xl/política/gobierno/donald-trump-afirma-que-gobierna-estados-unidos-y-el-mundo-durante-una-nueva-entrevista/vi-AA1DUUWi

(3) https://www.elperiodico.com/es/internacional/20250830/trump-acelera-autoritarismo-eeuu-121070402

(4) https://www.nytimes.com/es/2025/11/17/espanol/america-latina/trump-doctrina-monroe-estados-unidos.html?utm_social_post_id=579249410&utm_social_handle_id=751965821517958&smid=fb-nytes&fbclid=IwY2xjawORRAJleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETFMSDg1QVNpT29yOWVUcndJc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHgy9L-80nzoYrZkUqvyq9CCMVgQ_x9RS-L8gYWBzbikUt8FzJfNQo63XVuuk_aem_9xOruI4VGBJ-e0pwkqvmFg

(5) https://www.facebook.com/reel/1362044025584700

(6) https://www.facebook.com/reel/1582522586447163

(7) https://www.rtvcnoticias.com/internacional/petro-con-respaldo-global-con-liderazgo-por-defensa-de-palestina?fbclid=IwY2xjawORRIxleHRuA2FlbQIxMABicmlkETF1QnNiOFAxbkdtNVdta3Fvc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHi7BwhvQEzn-WOtkv50F8ofgq3OhJAMxQEA1qDrv3sbwbNeYC5WKGlOvHkGu_aem_gB8hZXKZ7-x4sjLfMoxjjw

(8) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02vh91r3ifSFqxyLAJ2QqGvp7Dxxa5f6cAZRs9Y7hnLRGjhMmmMaDnit2xHK978t6fl&id=100063996369559&rdid=YzTDlepqh4p1XDZw

(9) https://www.facebook.com/groups/410645279333329/permalink/2467581430306360/?rdid=WUvzwUzBskiV1nX9

Bombardear o proteger la vida: La encrucijada de gobernar Colombia

 

Imagen tomada perfil X de Gustavo Petro

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

El gobierno de Gustavo Petro enfrenta un dilema desgarrador. Su principio rector, la protección de la vida como valor supremo, choca frontalmente con la compleja realidad del terrorismo recrudecido. El dilema se reduce a una pregunta angustiante: ¿bombardear o no bombardear?

Gobernar Colombia ha sido, históricamente, una tarea complicada. La misma gesta que le dio su acta de nacimiento republicano estuvo teñida de un conflicto armado insurgente, donde los ejércitos irregulares de Bolívar y Santander se enfrentaron a la potencia imperial española. 

Esta génesis violenta no fue una anomalía, sino el prólogo de una prolongada y compleja conflictividad que se ha reconfigurado a lo largo de dos siglos, adaptándose a los tiempos, pero manteniendo su núcleo de dolor e inequidad. He aquí la primera y más profunda dificultad: tomar decisiones de seguridad en un país que nació del fuego de la insurgencia y que lucha por sanar las heridas de una guerra interna no declarada pero largamente sufrida.

El desafío se multiplica ante un territorio tan heterogéneo en su topografía como en su injusticia social. Colombia no es un solo país, sino muchos simultáneos. La geografía quebrada de sus tres cordilleras, sus selvas impenetrables y sus costas extensas no solo dificultan la presencia integral del Estado, sino que reflejan y acentúan las abismales desigualdades que ostenta la nación, ubicada como la segunda más inequitativa del mundo. En regiones como el Cauca, el Catatumbo, el Guaviare o el Bajo Cauca Antioqueño, el Estado no ha sido sinónimo de bienestar, sino de abandono histórico. 

Durante décadas, gobiernos de derecha miraron para otro lado, permitiendo que niños, niñas, jóvenes, indígenas, afros y campesinos quedaran a merced de los grupos armados ilegales, quienes impusieron sus reglas de vida y de guerra, a veces incluso con la complicidad o el silencio cómplice de élites locales y nacionales.

En este escenario de fracturas estructurales, el gobierno del Pacto Histórico, liderado por Gustavo Petro, enfrenta un dilema axiológico desgarrador. Su principio rector, la protección de la vida como valor supremo, choca frontalmente con la compleja realidad del terrorismo recrudecido. El dilema se reduce a una pregunta angustiante: ¿bombardear o no bombardear? ¿Emplear toda la fuerza del Estado para neutralizar a los ilegales, con el riesgo de cobrar vidas de civiles atrapados en el fuego cruzado, o privilegiar la preservación de toda vida, asumiendo el riesgo de ser percibido como débil y de "entregar el país" a los violentos?

Esta encrucijada no se debate en un vacío, sino en medio de un feroz hostigamiento político y mediático. La derecha colombiana y los grupos ilegales, en una acción que, si bien no puede calificarse de concertada, tampoco parece una mera coincidencia, no le dan tregua al presidente. Si Petro insiste en su "Paz Total" y en la búsqueda de diálogos, inmediatamente es tildado de blando, de aliado de los terroristas, una crítica que ha traspasado fronteras y ha sido amplificada desde sectores de Estados Unidos, llegando al extremo de lanzar infundios sobre supuestos vínculos con el narcotráfico. Por otro lado, cuando, ante la persistencia de las acciones criminales, el gobierno ordena operaciones militares contundentes (como el reciente bombardeo a disidencias de las FARC en el sur del país que resultó en la trágica muerte de siete menores), la misma derecha y sus medios afines lo acusan de violar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de no medir las consecuencias.

Este impecable acoso, donde se mezclan y manipulan escenarios, confunde a una ciudadanía que, alejada de la cruda realidad de estos territorios, no logra comprender la disyuntiva. Se critica el error, con razón y dolor, pero se olvida con cinismo el eterno olvido que llevó a esos niños a vivir bajo el dominio de los armados. Frente a la tragedia, el presidente Petro asumió la responsabilidad como Comandante en Jefe, pidió perdón a las familias (un gesto inédito y profundamente simbólico) y abrió las investigaciones correspondientes. Este acto de rendición de cuentas contrasta con la actitud de los gobiernos uribistas de las últimas dos décadas, quienes no solo evadieron su responsabilidad en la guerra y no pidieron perdón a las víctimas del conflicto, sino que en muchos casos las estigmatizaron e insultaron.

P.S.: Da asco la manera en que la derecha colombiana, pero sobre todo algunos precandidatos y precandidatas a corporaciones caen como buitres sobre los despojos de la violencia para posar de empáticos o empáticas con las víctimas de la guerra para erigirse como quienes pueden arreglar eso que ellos y ellas desbarataron durante su ejercicio. Nuevamente se abrazan y se besan para la foto, aquellas personalidades que nada hicieron durante sus mandatos o, en el peor de los casos, avalaron el terror de la seguridad democrática, replicándolo localmente en épocas del estallido social.