La CEO de Sarmiento Angulo: un calvario para el Cauca

Imagen tomada de: periodicovirtual.com

 Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

El acceso a la energía no puede seguir siendo visto como un negocio más, sujeto a las leyes del mercado y al afán de lucro de unos pocos. Se trata de un derecho fundamental, y como tal, debe ser garantizado por el Estado

En el departamento del Cauca, la paciencia de las comunidades parece estar llegando a su límite y la Compañía Energética de Occidente (CEO) se ha encargado de llevarla a ese peligroso escenario. Esta empresa, que hace parte del gigantesco conglomerado económico de Luis Carlos Sarmiento Angulo (el banquero más poderoso de Colombia y uno de los hombres más ricos de Latinoamérica) opera en la región bajo una lógica empresarial que privilegia exclusivamente la ganancia económica, sin importarle vulnerar derechos fundamentales y la dignidad de los usuarios.

La histórica actuación de la CEO en el Cauca es la constatación de lo nocivo que puede ser un modelo de negocio que encaja perfectamente en la crítica más elemental al capitalismo salvaje: maximizar utilidades a cualquier costo, incluso a costa de la calidad del servicio, el trato digno al cliente y el mandato constitucional que define los servicios públicos como inherentes a la finalidad social del Estado. Desde que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez le entregó a Sarmiento Angulo la concesión para la distribución de energía en amplias zonas del Cauca, los habitantes de este territorio han soportado el viacrucis de tarifas abusivas, cortes injustificados, facturación arbitraria y una atención al usuario que oscila entre la indolencia y la humillación.

El poder de mercado que ostenta la CEO, al operar en condiciones de monopolio de facto, le ha permitido imponer no solo su pésima calidad en la prestación del servicio, sino también cláusulas contractuales leoninas y cobros que lesionan gravemente el bolsillo de familias que, en muchos casos, apenas logran sobrevivir con economías de subsistencia. Lo más grave de todo es que esta actuación cuenta con la complicidad silenciosa de entidades que deberían velar por los derechos de los ciudadanos. La Superintendencia de Servicios Públicos, lejos de ejercer su rol de garante, ha sido un actor recurrente en esta cadena de injusticias, parcializando sistemáticamente sus decisiones en favor de los intereses corporativos de la CEO y desestimando, una y otra vez, los reclamos de comunidades enteras que han visto vulnerados sus derechos.

Pero lo que resulta más indignante, y quizá más peligroso para la estabilidad social de la región, es la casi patética inacción de quienes tienen la responsabilidad política y administrativa de liderar la defensa de los caucanos. Gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y representantes a la Cámara han sido, durante años, espectadores de lujo de este saqueo silencioso. Las comunidades no entienden cómo es posible que aquellos que en época electoral recorren las plazas y veredas pidiendo el voto, no hayan sido capaces de articular una estrategia seria, unificada y contundente para enfrentar a esta empresa. Mientras la CEO sigue llenando las arcas del conglomerado de Sarmiento Angulo con el dinero producto de las altas tarifas que pagan familias caucanas, la dirigencia política local se ha dedicado, en el mejor de los casos, a emitir tímidos comunicados de prensa, o en el peor, a guardar un silencio cómplice que ya resulta insostenible.

Esta acumulación de descontento popular, alimentada por años de abusos y por la indiferencia de los poderes públicos, ya han mostrado algunas señales de alarma, materializadas en tímidas acciones de hecho en distintos puntos del departamento, con comunidades que han salido a decir "basta ya". Estas primeras movilizaciones no son otra cosa que la manifestación desesperada de un pueblo que ya ha agotado todas las instancias administrativas y judiciales, que ha visto cómo la Superintendencia les da la espalda, cómo sus alcaldes se lavan las manos y cómo el Congreso de la República (en gran parte dominado por las mismas fuerzas políticas que beneficiaron a Sarmiento Angulo) se hace el de la vista gorda.

Lo que está ocurriendo en el Cauca con la CEO demuestra, una vez más, el rotundo fracaso del modelo de privatización de los servicios públicos esenciales, impulsado con entusiasmo por los gobiernos del uribismo y defendido a capa y espada por los sectores más conservadores de este país. Le entregaron a un banquero, uno de los hombres más ricos de Latinoamérica, la concesión de un servicio público en una de las regiones más empobrecidas y golpeadas por la violencia y el resultado no podía ser otro: extracción de utilidades, desmejoramiento del servicio y abandono estatal.

Si algo nos enseña esta triste historia es que el acceso a la energía no puede seguir siendo visto como un negocio más, sujeto a las leyes del mercado y al afán de lucro de unos pocos. Se trata de un derecho fundamental, y como tal, debe ser garantizado por el Estado con calidad, equidad y dignidad. Mientras tanto, en el Cauca, la paciencia se agota y la indignación crece. Los líderes políticos harían bien en escuchar este clamor antes de que sea demasiado tarde, porque el descontento acumulado, cuando no encuentra cauces institucionales para expresarse, termina por estallar. Y cuando eso ocurra, no habrá comunicado de prensa ni foto electoral que alcance para contener la furia de un pueblo que solo pide lo que la Constitución promete: un trato digno y un servicio público a la altura de sus necesidades.

Negocios privados con dinero público*

 

Imagen tomada de www.semillas.org.co

Por Hernán Riaño

La propuesta de las diferentes reformas que necesita el país, además de demostrar la urgencia de esos cambios para lograr una mejor calidad de vida para los colombianos, ha dejado a la luz pública una forma de negocios inventada desde el ascenso al poder de Álvaro Uribe Vélez: los negocios privados con dinero público.

Les financian las campañas, invirtiendo miles de millones de pesos, para que, cuando llegue el momento hagan lo que los empresarios les exigen y saquen adelante las normas que a ellos les favorecen

Los corruptos y el “ex” implantaron el neoliberalismo, que es quitarle al Estado los servicios que debe prestar y entregárselos a los privados sin ninguna compensación para el país. Se dieron cuenta que volver negocios estos servicios es muy rentable, y aún más hacerlos con el dinero de los impuestos sin aportar un solo peso, pero eso sí, quedándose con el cien por ciento de las utilidades, y en caso de haber pérdidas, que las asuman los colombianos. Así las cosas, se fueron adueñando de todas estas actividades, la salud, las pensiones, las cesantías, el transporte, las carreteras, los peajes, las represas, las hidroeléctricas y todo lo que pudieran convertir en negocio. Esto lo lograron con una guerra sucia, desacreditando, calificando de inepto y corrupto al Estado con campañas llevadas a cabo por los medios de comunicación de su propiedad y con periodistas que sirvieron a este propósito. Todavía se escuchan voces en esos medios que dicen que los servicios inherentes al Estado no los debe prestar éste, porque no es eficiente, que hay un alto riesgo de corrupción y que mejor se los entreguen a los privados.

Pero esta imagen que presentaron y con la que convencieron a un alto número de colombianos, solamente la utilizaron para adueñarse más rápido de todo lo que implicaba manejo de dineros públicos. Como consecuencia, la ultraderecha se fue apoderando del país en asocio con varios empresarios a los que les entregaron todas estas actividades. Hasta la implantación de la “apertura económica” de su cómplice César Gaviria, los dineros de los impuestos de los colombianos eran administrados por el Estado para darle salud, administrar sus pensiones, prestar los servicios públicos de energía, acueducto, alcantarillado y aseo entre muchos.

Así comenzó la expropiación que le hicieron y siguen haciendo, la extrema derecha y sus negociantes, a los colombianos.

El abuso de los empresarios de los servicios públicos es total, desde que empezaron a ser “sus dueños” y los convirtieron en sus negocios. Se apoderaron de las comisiones reguladoras de tarifas y por ende las aumentan cuando “se les da la gana”. Hacen leyes, con parlamentarios a su servicio, a los que les financian las campañas, invirtiendo miles de millones de pesos, para que, cuando llegue el momento hagan lo que los empresarios les exigen y saquen adelante las normas que a ellos les favorecen. Además, no hay ente que se atreva a controlarlos porque es tanto su poder que amenazan o compran funcionarios; a los usuarios les hacen cobros injustificados y les expropian sus inmuebles o terrenos cuando ya no pueden pagar.

De otro lado, las pensiones, las han utilizado para enviarlos a fondos de inversión del extranjero corriendo un gran riesgo de pérdida. Con ellas financian obras como puentes que se caen y hasta los hijos del “ex” los usaron para expandir uno de sus negocios como los centros comerciales (dicho por ellos mismos (1)) y quien sabe cuántos más. Los dineros de la salud enriquecen a personas, vinculadas siempre a la extrema derecha, son dineros públicos con los que no les dan la salud a los colombianos y por el contrario no se sabe (o ¿sí?), a que bolsillo han ido a parar. Dejan deudas billonarias con los hospitales públicos, que generalmente nadie paga, pero eso sí, ellos reciben “su platica” por anticipado.

En todos los casos el “paganini” siempre es el pueblo, el usuario; y no hay poder humano que los defienda del espíritu depredador de estos empresarios que cartelizaron todas estas actividades para el enriquecimiento de sus propietarios y los políticos que los defienden.

El gobierno de Gustavo Petro, coherente con sus promesas de campaña, presentó las reformas pertinentes para todos estos sectores, ¿y quién dijo miedo?; saltaron al unísono los empresarios y políticos que se verán afectados al ver que no podrían seguir enriqueciéndose a costa de los impuestos de los colombianos.

La ultraderecha no tiene argumentos para atacar las reformas, ya que cuando les entregaron estas actividades, lo hicieron sin consultar, a espaldas del pueblo, sin enterarlo y, como dije antes, con una campaña de desprestigio al Estado, además con la “promesa” de que sí serían eficientes. El tiempo demostró lo contrario y ni eficiencia ni nada, solo el desvío del erario a los bolsillos de unos pocos.

Estas reformas y su debate para lo que han servido es para saber cómo fue que se apoderaron y convirtieron en “negocios” estas actividades inherentes a un Estado social. Hoy, ya muchos saben los que han hecho las EPS, los fondos de pensiones, los concesionarios de los servicios públicos, la construcción de vivienda de interés social con la que se lucran de los subsidios del Estado, los que construyen vías y cobran peajes, y todo con lo que se han enriquecido desde la apertura económica de Gaviria y Uribe. Descubrieron el negocio más lucrativo, apoderarse del país y sus finanzas. Y no solamente se adueñaron, sino que con el sofisma de que “son negocios privados”, no dan información, no permiten que se les controle, audite ni fiscalice, no le rinden cuantas a nadie. Son negocios que se rigen por el derecho privado, dicen, pero no aclaran que con dinero público.

Por eso no quieren las reformas, porque pierden la oportunidad del siglo, negociar con los dineros públicos para beneficio personal, en donde las utilidades son para los privados y que debieran ser para la nación. Si el dinero es del Estado…

(1) https://pluralidadz.com/economia/el-hijo-de-uribe-construyo-centro-comercial-con-las-pensiones-de-los-colombianos/ 

*Texto originalmente publicado en Negocios privados con dinero público – SoNoticias y compartido con la comunidad de La Conversa de Fin de Semana, gracias a la generosidad del periodista Otto Hernán Riaño.

Las opiniones de los columnistas son de su exclusiva responsabilidad.  Les invitamos a leer, comentar, compartir y a debatir con respeto.

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