La Paz Territorial Indígena: Un mandato aún incumplido

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

La nación Nasa y todos los pueblos indígenas en resistencia, no son un tema antropológico; son sujetos políticos de derechos, comunidades dignas y valientes que han defendido su territorio y su cultura con un costo humano inmenso

El reciente y trascendental comunicado, suscrito por 209 autoridades tradicionales de la nación Nasa [1], no es solo un pronunciamiento más en el panorama de la conflictividad social y armada en Colombia; es el llamado colectivo de una resistencia milenaria que celebra, con cautelosa esperanza, un avance jurídico crucial: la tipificación formal como delitos de lesa humanidad de los crímenes cometidos por grupos armados contra las comunidades, sus sabedores y el propio territorio. Este hito legal, sin embargo, resuena sobre un suelo aún ensangrentado. Mientras la justicia ordinaria empieza a nombrar con la gravedad que merecen estos hechos, en los resguardos del Cauca la guerra sigue escribiendo su capítulo más cruel con tinta de presente continuo.

Es importante tener en cuenta que el comunicado no es un ejercicio de memoria histórica sobre un pasado superado, es una radiografía urgente del hoy. A pesar de los acuerdos de paz pactados y de la actual propuesta de “Paz Total”, las comunidades Nasa siguen reportando amenazas, confinamientos, desplazamientos forzados y, de manera particularmente atroz, el reclutamiento de sus niños, niñas y jóvenes por parte de actores armados ilegales, que no debe entenderse, ni mucho menos normalizarse como un daño colateral; sino como un etnocidio en cámara lenta, una herida profunda al corazón mismo de la continuidad cultural.

El comunicado, claramente reconoce que la justicia colombiana ha dado pasos significativos, ya que menciona el hecho de que las Altas Cortes colombianas han emitido sentencias emblemáticas que reconocen el abandono estatal histórico y ordenan su remediación. Sin embargo, estos mandatos judiciales, en su mayoría, yacen en el limbo de la implementación, toda vez que, la causa raíz de este “estado de cosas inconstitucional” (la ausencia crónica del Estado social de derecho y la perpetuación de las condiciones que alimentan el conflicto) sigue intacta. Los intentos de paz de los gobiernos de Santos y Petro, aunque distintos en su narrativa, han demostrado, hasta el momento, una ineficacia palpable en los territorios indígenas, en donde la lógica del fusil aún prevalece sobre la del diálogo.

En este contexto de promesas incumplidas y violencia renovada, cobra una importancia capital la Propuesta de Paz Territorial construida y presentada por las organizaciones indígenas del Cauca, como la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la que, tristemente desnuda una gran contradicción del actual gobierno del Pacto Histórico: mientras proclama una “Paz Total” que pretende ser incluyente, parece no otorgar el acompañamiento político decisivo que esta iniciativa originaria requiere y merece.

La propuesta de paz indígena no es un anexo; plantea un cambio de paradigma. Como señalan las autoridades Nasa en su comunicado, esta visión descentra las negociaciones del ámbito exclusivo de los actores armados y sitúa en el centro a las comunidades víctimas. Plantea un modelo de construcción de paz desde lo territorial, fundamentado en las particularidades geográficas, sociales, políticas y, sobre todo, espirituales de los pueblos. Se distancia así de los modelos tecnocráticos diseñados desde escritorios en Bogotá, que suelen operar con un centralismo urbano ajeno, tanto a la realidad territorial y a la cosmovisión de sus habitantes, como a la lógica meramente utilitarista y violenta de los ilegales.

El llamado final del comunicado es un testamento de dignidad y una hoja de ruta ignorada. Es imperativo que el gobierno de Gustavo Petro y toda la institucionalidad local y regional del Cauca, no solo “escuchen”, sino que arropen y materialicen esta propuesta. Se debe pasar de la retórica del reconocimiento multicultural, que a menudo reduce a los pueblos indígenas a un componente folclórico y pintoresco; a la acción concreta que respete su autonomía y, lo que es más revolucionario, permitir que su cosmovisión y sus formas propias de organización realmente primen en el diseño e implementación de cualquier política, plan o programa que les concierna.

La nación Nasa y todos los pueblos indígenas en resistencia, no son un tema antropológico; son sujetos políticos de derechos, comunidades dignas y valientes que han defendido su territorio y su cultura con un costo humano inmenso. Su propuesta de paz territorial no es una alternativa más; es, quizás, la única que puede sanar las raíces de la guerra en esos territorios. Ignorarla, una vez más, no sería solo un error político; sería una traición histórica a la posibilidad de una paz verdadera y con justicia social para Colombia.

El tiempo de los discursos ha pasado. La tierra, a través de sus autoridades, ha hablado. Ahora es el turno del Estado colombiano de actuar, antes de que la oportunidad se pierda en el mismo fuego cruzado que hoy consume a las semillas de vida del Cauca.

 

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[1] Ver documento completo en: https://drive.google.com/file/d/1YX3mTSYyudpa7wiL9JG6lZ5UhXOMYslt/view?usp=sharing

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La seguridad en Colombia: Más allá de la coyuntura

 

Por: Andrea B. Romero

Resulta cínico que algunos mandatarios regionales (todos ellos integrantes de partidos de derecha) carguen todas las responsabilidades sobre el gobierno nacional, evadiendo sus obligaciones constitucionales primarias.

La reciente escalada de violencia en varias regiones de Colombia ha motivado a numerosos mandatarios locales y departamentales a denunciar una supuesta “crisis de seguridad” y un abandono por parte del gobierno central. Si bien es innegable el impacto humanitario y el dolor que padecen las comunidades, es imperativo analizar esta situación no como un fenómeno aislado o exclusivamente atribuible al actual gobierno nacional, sino como la visibilización de males históricos como el abandono estatal, la corrupción sistémica y una arraigada politiquería que ha utilizado los territorios y sus poblaciones como moneda de cambio.

La ausencia de Estado, tras las firmas de acuerdos de paz creó el vacío que llenaron actores armados ilegales y economías criminales. Departamentos del suroccidente colombiano o el Catatumbo, estratégicos como corredores para el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas no se convirtieron en tales por casualidad reciente. Históricamente, en estas regiones, la institucionalidad fue cooptada o permeada por intereses oscuros.

La prensa nacional ha documentado por años la inquietante vinculación de figuras políticas tradicionales y de la fuerza pública con estas economías ilegales. Casos emblemáticos, como el de la llamada “parapolítica”, evidenciaron alianzas entre sectores políticos, narcotraficantes y grupos paramilitares. Más recientemente, se destaparon escándalos como el de la llamada “Construcciones El Cóndor”, que supuso investigaciones por presuntos vínculos entre el gobierno Uribe, contratistas y las desapariciones en la Comuna 13 y la Escombrera en Medellín [1]. Así mismo se han dado revelaciones sobre la vinculación de militares y el crimen organizado [2]. Estos son síntomas de una simbiosis histórica entre parte de la clase política tradicional, sectores de las fuerzas armadas y el crimen organizado.

Así las cosas, resulta cínico que algunos mandatarios regionales (todos ellos integrantes de partidos de derecha) carguen todas las responsabilidades sobre el gobierno nacional, evadiendo sus obligaciones constitucionales primarias. Un ejemplo claro es el de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Mientras realiza una campaña permanente de acusaciones al Gobierno del Pacto Histórico por un supuesto abandono de la región, omite mencionar los graves cuestionamientos sobre la gestión de los recursos a su disposición.

Se señala públicamente a la gobernadora del Valle de desviar el destino de fondos públicos de seguridad a actividades de proselitismo político a través de contratación de dudosa prioridad, mientras se niegan o diluyen transferencias críticas para el fortalecimiento de la fuerza pública local, intentando que se agudicen los problemas de seguridad para deslegitimar al adversario político en el nivel central.

La seguridad no se construye solo con operaciones militares; requiere una estrategia integral de paz y desarrollo territorial. Aquí, el fracaso de muchos mandatarios locales es aún más estrepitoso. El caso del Cauca, devastado por la violencia de disidencias, el ELN y bandas narcoterroristas es un referente apropiado. En este departamento existe una propuesta robusta y organizada de paz territorial emanada de las comunidades indígenas, un actor con legitimidad y arraigo. Sin embargo, esta iniciativa no ha sido abanderada, potenciada o articulada de manera decidida por la mayoría de los alcaldes ni por el gobierno departamental. Han optado por el rol cómodo de espectadores que culpan al centro, antes que el liderazgo complejo de constructores de soluciones desde lo local.

El gobierno nacional también tiene cuotas de responsabilidad. La estrategia de “Paz Total” del presidente Gustavo Petro, hasta ahora, brilla más por su desarticulación y opacidad que por su eficacia convocatoria. Si bien la discreción es esencial en las negociaciones, esta no puede confundirse con la falta de comunicación estratégica, la aparente descoordinación entre mesas, y la percepción de mediocridad o falta de peso político en algunos equipos negociadores. La paz exige grandeza táctica y estratégica, y hasta ahora se percibe más reactividad que un plan conductor sólido.

Ante este complejo entramado de responsabilidades históricas evadidas, politiquería local y desarticulación nacional, surge una pregunta de profunda gravedad política: ¿Cuál es la intencionalidad de los recientes y brutales ataques terroristas perpetrados por el ELN y las disidencias? Más allá del objetivo militar inmediato, es legítimo preguntarse si estos hechos de violencia extrema no le están allanando, de manera consciente o no, el camino a un discurso y una campaña electoral de una derecha guerrerista. Una derecha cuya narrativa se nutre del miedo y cuya solución histórica ha sido la fuerza bruta, acompañada de cortinas de humo para ocultar su propia ineficiencia y los nexos de corrupción de sus miembros con el crimen organizado.

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[1] https://corrupcionaldia.com/construcciones-condor-y-la-oscura-connivencia-contratistas-y-gobernantes-complices-de-desapariciones/

[2] La prensa colombiana dio cuenta de los nexos del ex general y el excandidato a la gobernación del Cauca por el Centro Democrático, Leonardo Barrero, con el Clan del Golfo. Ver: General (r) Leonardo Barrero, excomandante de FF.MM involucrado con alias ‘Matamba’

DIALÉCTICA DE LA ESTUPIDEZ*

 

Imagen tomada de Depositphotos

Por: Carlos Medina Gallego

Defender la paz, los derechos humanos y la dignidad de las comunidades y de los pueblos no es un acto de debilidad, sino el mayor signo de fortaleza y humanidad.

Una reflexión crítica sobre la violencia, la guerra y la urgencia de la transformación social

La historia de la humanidad está marcada por una constante pugna entre la razón y la sinrazón, entre la lucidez creadora y la estupidez destructiva. La guerra, como máxima expresión de esta última, representa no solo un fracaso ético, sino también un colapso racional. La violencia organizada, ejecutada con precisión técnica y justificada con discursos ideológicos, constituye una de las formas más brutales de estupidez colectiva: aquella que destruye lo que debería proteger, que mata en nombre de la vida y que oprime invocando la libertad. Aquella que se alegra con el fracaso de la paz y le otorga el triunfo a la estupidez de la guerra y la violencia. 

La dialéctica de la estupidez emerge cuando los actores sociales, políticos, económicos y armados sustituyen el diálogo por la imposición, la empatía por el odio, y la justicia por la venganza. Esta dialéctica no construye, sino que descompone el tejido de lo humano. Se sostiene en un conjunto de lógicas perversas que normalizan lo inaceptable: la desigualdad, la explotación, la marginación y la muerte de inocentes. A lo largo de la historia, imperios, estados y movimientos han sido arrastrados por esta inercia de la estupidez, repitiendo las mismas lógicas criminales bajo nuevas banderas, porque han hecho de la guerra un oficio y un negocio. 

La guerra no es —como algunos pretenden— una necesidad natural ni un destino inevitable. Es una construcción política y económica que responde a intereses de dominación y acumulación. Quienes la promueven suelen estar lejos del frente de batalla; sus beneficios son siempre desproporcionados frente a un elevadísimo costo humano en vidas y sufrimientos. En este sentido, la estupidez no radica únicamente en la violencia en sí, sino en su legitimación social cuando las comunidades y los pueblos aceptan la guerra como única salida, han sido ya vencidos en el terreno de la conciencia, son comunidades alienadas.

Por ello, repudiar la guerra no es una postura ingenua ni romántica, sino un imperativo ético, humano y revolucionario. Es preciso rechazar todo discurso que glorifique el conflicto armado como vía de solución o de redención histórica después de décadas de estruendosos fracasos y terribles desenlaces. La única victoria verdadera es la que preserva la vida, garantiza la dignidad y protege los derechos fundamentales de todas y cada una de las comunidades y de cada ser humano.

Frente a esta dialéctica perversa, saludamos y celebramos los esfuerzos de paz, diálogo y transformación social que surgen desde abajo, desde los márgenes, desde las comunidades que se niegan a ser carne de cañón. La paz no es solo la ausencia de balas; es la presencia de justicia, de pan, de salud, de educación, de tierra, de libertad. Es una construcción ardua, que exige valentía y compromiso, pero es el único camino digno de ser recorrido.

Las transformaciones sociales verdaderas —las que rompen con las estructuras de opresión y promueven una redistribución justa del poder y los recursos— no pueden imponerse por la fuerza, porque entonces reproducen la lógica que dicen combatir. Solo una sociedad que renuncia conscientemente a la violencia como instrumento político puede aspirar a una paz duradera y a una democracia real. Estos son otros tiempos que están movidos por nuevas fuerzas sociales y políticas, que han aprendido del fracaso de la vía armada y le están apostando a reinventar la política y la democracia sin renunciar a su agenda de cambios y transformaciones revolucionarias. 

En tiempos donde resurgen los discursos de odio, la militarización de la vida civil y la normalización del sufrimiento ajeno es urgente desenmascarar la dialéctica de la estupidez. No basta con denunciar sus efectos: hay que atacar sus raíces, combatir la indiferencia, rechazar la desinformación y desarticular las estructuras que la sostienen. La lucidez crítica es un acto de resistencia que construye y transforma.

Hoy más que nunca, defender la paz, los derechos humanos y la dignidad de las comunidades y de los pueblos no es un acto de debilidad, sino el mayor signo de fortaleza y humanidad. Porque en un mundo donde todo conspira contra el sentido común, pensar, amar y transformar son actos radicales y revolucionarios.

*Esta nota fue publicada originalmente en SoNoticias y es compartida con la comunidad de La Conversa de Fin de Semana, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño.

La guerrilla le carga ladrillo a la extrema derecha

 

En la imagen: Un miembro del frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc patrulla Cañón de Micay, bastión del EMC en el Cauca, el 24 de marzo de 2024. Foto de Raúl Arboleda en:https://www.france24.com/

Por: Hernán Riaño

Estas "guerrillas" que aún no quieren hacer la paz, no les interesa, o prefieren seguir delinquiendo con negocios ilícitos como el narcotráfico y secuestro ¿están aliadas con la extrema derecha?, ¿Siguen sus indicaciones? ¿Mantienen el nombre de insurgentes solo para tapar sus negocios ilegales? ¿Quiénes se benefician con estas acciones?

No es desconocido para ningún colombiano, que toda la política hecha en Colombia por Álvaro Uribe Vélez, desde que incursionó, se ha basado y lo sigue haciendo en una "pelea" contra las guerrillas colombianas y todo lo que a él le parezca a desarrollo social y democracia. No en vano ha tildado cualquier posibilidad de avance democrático con epítetos inventados por él, como “castrochavista”, que no se sabe qué quieren decir, pero que ha calado en sus estúpidos seguidores y que repiten como loros mojados en cualquier reunión pública o privada. 

Pero Uribe fue muy eficiente en la construcción de un enemigo interno: la guerrilla, y además intentó mostrarla como enemigo personal, al acusarlos de la muerte de su padre Alberto Uribe; hoy ya hay dudas al respecto, y las investigaciones han dado para conocer otros aspectos de esa muerte y de la vida del señor padre del “ex”. A partir de ese momento, y justificándolo con la muerte de su papá, declaró una guerra sin cuartel a la guerrilla. 

Con esta consigna llegó a la gobernación de Antioquia, al Congreso de la República, dos veces a la presidencia y hoy por hoy es un líder indiscutible de esa ultraderecha neoliberal corrupta. En su gobierno departamental creó la génesis de las autodefensas, las Convivir, para enfrentar a ese enemigo que, según él, era el causante de todos los males de Colombia. Es conocido hoy, gracias a la Comisión de la Verdad y a la JEP, para qué fue lo que sirvieron realmente esas autodefensas. 

Retrocediendo un poco en el tiempo, hay que recordar que la guerrilla decepcionó a los colombianos con el fracaso del proceso del Caguán y que esto fue aprovechado por la ultraderecha nacional para desacreditarlos completamente.

Pero volvamos, las guerrillas de todos los pelambres, que llevan más de 50 años como insurgentes, se quedaron en eso, solo en eso, sus propuestas se fueron diluyendo en el tiempo, y a los otros los fue consumiendo el narcotráfico y cambiando sus objetivos, y hoy más parecen bandas criminales dedicadas exclusivamente a ese negocio ilícito.

Ellos pregonaban los cambios del país, unos queriendo un gobierno democrático y otros un gobierno socialista, estos últimos no aceptan medias tintas. Con esos argumentos unos firmaron el proceso de paz de la Habana y las alas más radicales se quedaron en el monte. Hoy, esos que no lo hicieron antes, iniciaron un nuevo proceso con otras condiciones. 

Con este panorama, estas guerrillas que aún persisten en mantener la guerra, contrario a lo que se podría pensar, se dedicaron a hacerle la vida imposible a Gustavo Petro con acciones terroristas, paros armados y cuanta cosa se puedan imaginar para torpedear al gobierno y “sacarle” ventajas inesperadas y en muchos casos desleales. 

Uno no puede entender qué están pensando los líderes y militantes de esta extrema izquierda, que, en vez de pensar en el país, de analizar la situación tan delicada en la que lo dejaron los gobiernos derechistas, se comporten como ellos y se suman, en la práctica, a su “oposición inteligente”. Con sus acciones, lo único que hacen es sumársele a su símil, la extrema derecha, en el torpedeo que le hacen al gobierno y en últimas frenar las reformas sociales que tanto necesita el pueblo colombiano. 

Nunca habíamos tenido un presidente democrático, hoy reconocido líder mundial y que nos envidian en muchos países y en contraposición la extrema izquierda se porta como si fueran otra fase de la oposición al gobierno.

El dicho popular que dice que “las extremas se juntan”  se está viendo claramente, en vivo y en directo en nuestra nación. Dos facciones de la política colombiana que uno supondría enemigos, hoy abrazados en el objetivo de “tumbar” a Gustavo Petro de la presidencia.

Es necesario, oportuno y obligatorio recordar que el líder de esta guerrilla autodenominada EMC, Iván Mordisco fue declarado muerto por los señores Iván Duque y Diego Molano, presidente y ministro de defensa respectivamente, y que por su “muerte” pagaron ¡3 mil millones de pesos de recompensa! (1), ninguno de los dos ha aclarado a quien le pagaron ese dinero ni por qué lo hicieron, sabiendo hoy que está vivo pactando contra el gobierno Petro. A otro que habían declarado muerto fue a Iván Márquez que en los últimos días también apareció dando declaraciones.  

De lo que se concluye con este episodio, es que este EMC que aún está haciendo la guerra en Colombia es de la extrema derecha y actúa en concordancia con las otras derechas del país, la pregunta obligada (y no es afirmación) es: ¿La muerte de Iván Mordisco, el pago de esa cuantiosa recompensa, su reaparición y accionar contra el gobierno democrático, a qué obedecieron? Mutis por el foro, dicen los entendidos, pero sí es muy sospechoso. Con esas acciones también les colaboran a los corruptos para desviar la atención sobre las gravísimas denuncias en los últimos días sobre desfalcos y robos en muchas entidades en los gobiernos anteriores o realizados por funcionarios que vienen de esos gobiernos.

¿Estas guerrillas que aún no quieren hacer la paz, no les interesa o prefieren seguir delinquiendo con negocios ilícitos como el narcotráfico y secuestro ¿están aliadas con la extrema derecha?, ¿Siguen sus indicaciones? ¿Mantienen el nombre de insurgentes solo para tapar sus negocios ilegales? ¿Quiénes se benefician con estas acciones? O ¿Los autodenominados guerrilleros son idiotas útiles de la extrema derecha y el uribismo? Preguntas que no tienen respuesta después de muchos años de conflicto en Colombia y que, ojalá, más temprano que tarde las respondan al país.

Otro aspecto a analizar es, como se lo han preguntado en las redes sociales, ¿estos ataques terroristas de todos los sectores violentos, ¿Obedecen al llamado a juicio y posterior acusación por tres delitos a Álvaro Uribe Vélez? Si fuera cierto, sería muy grave que los autoproclamados guerrilleros, estuvieran defendiendo con sus acciones al “ex”.

Esas guerrillas serán las responsables si hay un golpe de Estado blando o duro contra el primer gobierno democrático, porque ellos con su accionar solo alimentan y justifican los deseos desestabilizadores de los empresarios y políticos neoliberales, además de las consecuencias sociales que tienen las regiones con estas acciones de bloqueos, paros, bombas y secuestros, ya que los únicos perjudicados son, en primera instancia los habitantes de esas zonas y en segunda la sociedad colombiana que ellos pregonan defender.

Es que la guerra es un negocio en los que unos actores, los que la impulsan y alimentan, ganan mucho dinero, casi que por todos los rubros que tienen que ver con los conflictos y no olvidemos que uno de los personajes a los que más le gusta es a Álvaro Uribe Vélez, por eso le gusta tanto.

Nota publicada originalmente en SoNoticias – Periodismo verídico para proporcionar elementos para la creación de conceptos propios (wordpress.com) y compartida con la comunidad de La Conversa de Fin de Semana, gracias a la generosidad de su director, el periodista HERNAN RIAÑO.

• https://www.kienyke.com/politica/que-paso-con-la-recompensa-que-pago-duque-por-la-muerte-de-ivan-mordisco 

Las opiniones de los columnistas son de su exclusiva responsabilidad.  Les invitamos a leer, comentar, compartir y a debatir con respeto. 

 

CARTA ABIERTA A LAS DISIDENCIAS DE LAS FARC-EP (BLOQUE SUROCCIDENTE)

"En realidad, cualquier ataque a la población civil está prohibido, haya cese al fuego o no, porque el DIH es muy claro, en la guerra solo hay dos categorías básicas: las hostilidades entre las partes armadas -que están permitidas- y los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Nosotros, los indígenas y toda la gente desarmada, no somos parte armada de la guerra; cualquier cosa que ustedes hagan y que nos afecte la vida o la integridad es un crimen." 

Autoridades Indígenas del norte del Cauca

En un escenario, como el del departamento del Cauca, en el que el Conflicto Armado Interno de Colombia pareciera degradarse a diario, a punto tal, que ya no son distinguibles los intereses de los actores armados en contienda; La Conversa de Fin de Semana comparte con sus amigos, seguidores y suscriptores, la CARTA ABIERTA que han dirigido las Autoridades Ancestrales Indígenas del norte del Cauca a los mandos de las disidencias de las antiguas FARC-EP, en la que ponen de manifiesto sus preocupaciones, sus denuncias y sus reclamos por el accionar de estos grupos armados ilegales en contra, no solo, de las comunidades étnicas, sino de toda la comunidad caucana. 

 

Puede descargar LA CARTA ABIERTA haciendo clic AQUI

Diálogos con disidencias

 

En la imagen el evento público en Caquetá el pasado 16 de abril, en el que disidencias hacen anuncio de inicio de diálogos con el gobierno del Pacto Histórico. Tomada de elespectador.com

Por: JUAN DAVID GARCIA*

El pasado 16 de abril, el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC, que encabeza alias “Iván Mordisco”, realizó un evento multitudinario en la Casa Roja, en el departamento del Caquetá, a la que asistieron miembros de organizaciones afro, indígenas y campesinas que tenía el propósito de anunciar la instalación oficial de la mesa de diálogos de paz con el Gobierno colombiano. Durante este evento, los cabecillas de esta disidencia comunicaron su deseo y voluntad de definir una línea de acción conjunta con el presidente Gustavo Petro y su objetivo de búsqueda de la paz entre las dos partes. 

Las disidencias comentaron en su discurso, sus diferentes intenciones respecto a la mesa de diálogos. En primera medida hicieron referencia a un acompañamiento y participación directa del pueblo afectado, puesto que, desde el punto de vista de esta disidencia de las FARC-EP, lo que se requiere es pensar en una construcción de la sociedad en la que se involucre a los diferentes grupos. En alusión a este primer punto, hay que añadir que, en el mismo evento, el EMC exteriorizó su posición de continuar la lucha, pero de un modo distinto, en donde no se contemple la movilización con armas, sino la transformación a un movimiento popular amplio. Por último, durante este acto político la vocera del EMC hizo alusión al cambio del país que se espera, haciendo referencia a un sueño colectivo de las disidencias, en el que visualizan un país que destaque por la vida digna de las personas, en lugar de los intereses. También hizo énfasis en ver crecer a las nuevas generaciones en un país sin violencia. 

Con respecto a esta presentación de las disidencias, los diferentes sectores del Congreso se pronunciaron. Por un lado, el senador Iván Cepeda apoyó los diálogos y se refirió a este evento como un avance para la paz, en el que la importancia recae en el cumplimiento de los objetivos de las dos partes y en sus deberes; tales como el cese al fuego por parte del Estado Mayor Central. Palabras parecidas pronunciaron los senadores del Pacto Histórico; Heráclito Landinez y del Partido Verde, Ariel Ávila. 

Es un punto de inicio para un cambio; una muestra de que en Colombia se puede traer paz a las nuevas generaciones.

Por los lados de la oposición se manifestó el senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, quien atacó directamente al presidente Gustavo Petro y a las disidencias. Ramírez, hizo alusión a la poca capacidad y voluntad de sometimiento que tiene el presidente en cuanto a las guerrillas, puesto que, este senador de la oposición considera que estos grupos solo generan violencia, tal como lo han demostrado en los últimos meses. Otra integrante del partido Centro Democrático que se pronunció fue la senadora María Fernanda Cabal, quien hizo mención de este acuerdo con el EMC como un proceso de destrucción, muerte y desplazamiento. Los dos senadores hicieron énfasis en la historia de Colombia, la cual, desde el punto de vista de esta colectividad, ha enseñado que la única forma de conciliar con estos grupos es por medio de la guerra. 

El evento público de anuncio del EMC de compromiso con los diálogos de paz, se espera que el acto político vaya acompañado de acciones concretas por parte del Gobierno y las disidencias de las FARC. Por un lado, hay que resaltar el gran paso que da el Estado Mayor Central de las disidencias en la búsqueda de la paz con el pueblo colombiano.

Es importante destacar la participación que le quieren dar a los campesinos, indígenas y personas pertenecientes a las comunidades afro, alrededor de una idea de construcción de paz que no solo mira la búsqueda de peticiones que quieren ellos, sino también, las de un pueblo que es víctima. Hasta el momento se sabe que más de 8000 personas han presentado solicitud de pertenecer a la mesa de diálogos de paz, esto es un camino de reconciliación relevante para el país. 

Ahora bien, no se pueden dejar de lado los puntos de diferencia por parte de la oposición y seguidores del Gobierno colombiano en torno a su propuesta de Paz Total. Las palabras de Cépeda y Ávila muestran una acción de relacionamiento con las disidencias, en el que el interés principal es la búsqueda de paz. Sin embargo, el comportamiento histórico que han presentado estas guerrillas en los últimos años y meses después del proceso de paz del 2016, dejan una opinión que no favorece a los diálogos de paz. Por este motivo, las sensaciones que tienen Ramírez y Cabal, parecerían como justas, puesto que en un momento ya se intentó la paz, pero estos grupos (las disidencias) desafiaron a la sociedad y se salieron de los posicionamientos que se acordaron. 

El Gobierno colombiano, en cabeza de Gustavo Petro, debe pensar muy bien los accionamientos y diálogos de paz con las disidencias. No es un tema fácil para un país que ha estado en guerra por años con diferentes grupos guerrilleros. No es sencillo cuando ya se realizó un proceso de paz que se cumplió a medias por ambas partes. Sin embargo, es un punto de inicio para un cambio; una muestra de que en Colombia se puede traer paz a las nuevas generaciones. No se puede realizar una paz que solo dependa del Gobierno y el presidente, existe una necesidad de la participación de las disidencias y de la oposición. El próximo 26 de abril es la primera reunión y se espera que se inicie una nueva etapa en la misión de la búsqueda de paz.

*Historiador de la Universidad Externado de Colombia

 

 

Los avances de La Paz Total. Otto H. Riaño: Periodista invitado

LA PAZ TOTAL

 

Presidente de Colombia junto a escultura de la paz de Fernando Botero
Imagen tomada de: www.dw.com

Por: Juan David García

El pasado 4 de noviembre del 2022, el presidente Gustavo Petro, confirmó la modificación, adición y prórroga de la ley 418 de la paz total ^[1]. Una ley que tiene como objetivo solucionar el conflicto armado en Colombia por medio de una política de Estado, garantizando la seguridad humana de todas las partes.

La paz total fue nuevamente tendencia en estas últimas semanas a causa de la liberación de Jorge Luis Alfonso López, hijo de La Gata ^[2], condenado por el asesinato de una periodista. Sin embargo, esta libertad para el denominado “El Gatico” fue efímera, puesto que, aunque fue elegido como un facilitador de paz por parte del Gobierno, al hacerse público su nombre, quedaría descartado para cumplir tal misión. 

Nombramientos como el de Alfonso López y algunas declaraciones del presidente, han creado descontentos en algunos sectores de la opinión (oposición y algunos aliados al gobierno nacional), quienes ponen en duda la credibilidad de la Paz total, señalando que las liberaciones de acusados políticos y por delitos comunes, con el fin de conseguir la paz, son una arbitrariedad. A este respecto es importante resaltar que la paz que propone Petro no se puede contemplar a través de los extremismos, sino que debe ser vista y asumida como una serie de matices necesarios para la búsqueda de un objetivo final, que es en este caso, la paz y el fin de los grupos armados en Colombia. 

Se debe entender que la paz es un proceso

 y para llevarlo a cabo, 

es necesario la labor y el interés 

tanto del Gobierno como de los diferentes grupos armados.

Lo mismo ocurre cuando se hace referencia a una paz que involucre a las disidencias de las FARC, grupo con el que anteriormente se hicieron charlas pero que al final no se concretaron. Se considera que este es uno de los puntos más cruciales en cuanto al desarrollo de la denominada “Paz total”. En este caso es entendible el inconformismo por parte de algunos sectores de la sociedad y del mismo Gobierno, puesto que en años anteriores ya se había negociado con este grupo armado, a través del Acuerdo de Paz Estable y Duradera; sin embargo, no todos los miembros de la extinta guerrilla estaban de acuerdo y hoy se presentan como sus disidencias.

Frente al incumplimiento del Acuerdo de paz con las FARC, la culpa no puede recaer solamente en los gobiernos anteriores, también les cabe una alta dosis de responsabilidad a las disidencias. No obstante, es significativo que para que exista paz, ésta se debe generar con todos los implicados. Esto quiere decir que, aunque la oposición u otros congresistas no apoyen la decisión del presidente de conformar una paz con las disidencias de las FARC; es claro que sin ellos no se puede realizar la paz que tanto busca Colombia. 

Por último, es necesario hacer mención de los puntos en los que más se especula sobre la Paz total. Hechos como la posible proliferación de grupos armados ilegales en Colombia, lo cual ya se vio después del tratado que se formalizó con las FARC, lo mismo que la masificación de cultivos de uso ilícito, por los que ahora mismo el gobierno de Estados Unidos está acusando a Colombia; son aspectos que los grupos de paz internacional y la oposición están a la espera de que se resuelvan por parte del presidente Petro. 

Al final, surge la siguiente incógnita, ¿Está tomando las decisiones correctas Petro en cuanto a un balance final de la búsqueda de la paz? Posiblemente ahora sea difícil de responder esta pregunta, sobre todo con las posibles liberaciones de algunos acusados; sin embargo, se debe entender que es un proceso y para llevarlo a cabo, es necesario la labor y el interés tanto del Gobierno como de los diferentes grupos armados.

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[1] Ministerio del Interior de Colombia. Presidente Gustavo Petro, sancionó la Ley de la Paz Total | Ministerio del Interior (mininterior.gov.co)

[2] Enilce López, ‘la Gata’, la poderosa empresaria del chance de la Costa, y en Sucre y Bolívar, fue condenada a nueve años de prisión por aliarse con paramilitares, pero por estar enferma pagará la condena en su domicilio. Tomado de: https://verdadabierta.com/

 

La doble moral en Colombia: De los héroes de Ralito a los vándalos de la...