LA VITRINA DE LA CONVERSA

Mostrando entradas con la etiqueta Paramilitarismo. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Paramilitarismo. Mostrar todas las entradas

martes, diciembre 12, 2023

De cóndores y carruseles*

Por: Germán Navas Talero y Pablo Ceballos Navas

Editor: Francisco Cristancho R.

Imaginen ustedes, si un decreto del gobierno que dio cumplimiento a una orden del Consejo de Estado armó semejante zaperoco entre los congresistas, ¿cómo recibirán la propuesta de despenalizar por completo el uso de la marihuana?

Un diario capitalino abre su edición sabatina con el titular “Cóndores no vuelan todos los días”, expresión que nos hizo recordar una obra de antaño llamada “Cóndores no entierran todos los días”. A diferencia de aquella, esta no se refería al pájaro majestuoso que surca los Andes, sino a los pajarracos; término que precedió a la apócope ‘paraco’, pero que se refería a lo mismo: sujetos que mataban por negocio y, para justificarse, decían tener alguna ideología retardataria. En Tuluá –municipio en donde se desarrolla la obra– Germán recuerda que los visitantes eran recibidos por un aviso que se leía “ha llegado usted a Tuluá, remanso de paz, corazón del Valle”, al que algún estudiante agregó “nido de pájaros”. Solo podemos imaginar la confusión que producía para la época la palabra pájaro, pues uno no sabría a ciencia cierta si debía cuidar de él o cuidarse de él.

Vemos con preocupación que este municipio, a noventa minutos en carro de Cali, no se ha librado del yugo de los delincuentes: durante la campaña electoral fue asesinado un parapentista que desde el cielo hacía proselitismo en favor de un candidato aparentemente odiado por los narcos, candidato que tampoco pudo hacer campaña pues –según cuenta la prensa– los criminales le tenían vedado abandonar su residencia. En el municipio pocos saben lo que ocurre y cada vez son menos quienes se atreven a reportar la escalada narcoparamilitar que se tomó el municipio: no queda ni una emisora local, puesto que sus directores y reporteros tuvieron que abandonar –con la mejor de las suertes– el oficio, mientras que otros con menos suerte se vieron forzados al desarraigo e incluso al exilio.

Las amenazas se entreveran y son tantos grupos delincuenciales –o al menos así se quieren presentar– que es difícil llevar registro de todas las intimidaciones y ataques a la población civil. Bien lo resume el periodista Robert Posada en entrevista con El País (de España, por supuesto, pues aunque el tema les sea más próximo seguro que no interesa a los editores y nuevos propietarios del homónimo de Cali): “casi que por cada alimento hay un cartel”.

Las cosas no están bien en Latinoamérica y advierten empeorar: una guerra en ciernes entre Venezuela y Guyana, y un golpe de Estado en curso en Guatemala. A buena hora el presidente Petro manifiesta su voz de protesta y convoca a los líderes de la región para rodear a Bernardo Arévalo, presidente electo del país centroamericano y a quien una muy corrupta e igualmente organizada clase política pretende cesar antes de jurar el cargo. Además de las reminiscencias que saltan a la vista, la ruptura del proceso democrático en Guatemala –unido al régimen autocrático de Bukele en el vecino Salvador– pone en grave riesgo la estabilidad de la región y nos retrotrae a la época de dictaduras, represiones y censuras. Ojalá el pueblo guatemalteco y el concierto internacional detengan este intento de subrogar la voluntad popular y dejen en evidencia a la camarilla que con el apoyo del narcotráfico gestó y ahora impulsa el golpe.

Volviendo al terruño, publica El Espectador en su edición del sábado un reportaje sobre el estado de la seguridad en Bogotá tras cuatro años de gobierno de Claudia López. Los entendidos en la materia coinciden en que se fue al traste, igual que la movilidad, la limpieza y el bienestar de los ciudadanos. Todo lo malo aumentó, incluso los negocios para los implicados en el carrusel de la contratación, que volvieron al ruedo –¿o al carrusel? – con la alcaldesa cuidadora, quien supo protegerlos con contratos por el orden de los 35.000 millones de pesos, según denuncia del concejal Diego Cancino. Nos unimos al mensaje de Daniel Coronell en su reporte de La W: hará falta la voz crítica de Cancino en el Concejo de Bogotá, pues se requiere coraje y convicción para enfrentarse a una integrante de su propio partido y máxime al considerar que su oposición a esta pudo costarle la reelección, pues como lo cuenta Carlos Carrillo, la alcaldesa tenía favoritos en el cabildo distrital e hizo de madrina para garantizarles la curul en el siguiente periodo. Para evitar fútiles indignaciones, por madrina nos referimos a la cuarta acepción del término en el diccionario general de la lengua española de la editorial Larousse, que se lee: “[m]ujer que protege o ayuda a una persona, en especial en su vida profesional, o que da su ayuda, apoyo o protección, especialmente económica, para el desarrollo de un proyecto o una actividad.”

Adenda: un amigo nos daba su definición de la depresión como el estado anímico de la mayoría un lunes a las diez de la mañana sin cinco en el bolsillo y con cuentas por pagar. Razón no le falta y su sapiencia deviene especialmente valiosa en estas semanas de excesos.

Adenda dos: el Congreso de la República, uno de los peores en las últimas décadas, aún no se pone de acuerdo en una fecha para dar trámite al proyecto de ley que busca la legalización del cannabis para uso adulto. Imaginen ustedes, si un decreto del gobierno que dio cumplimiento a una orden del Consejo de Estado armó semejante zaperoco entre los congresistas, ¿cómo recibirán la propuesta de despenalizar por completo el uso de la marihuana?

*Texto publicado originalmente en https://sonoticias0.wordpress.com/ y compartido a la comunidad de La Conversa de Fin de Semana, gracias a la generosidad de nuestro aliado, el periodista Hernán Riaño

Las opiniones de los columnistas son de su exclusiva responsabilidad.  Les invitamos a leer, comentar, compartir y a debatir con respeto.

 

martes, septiembre 20, 2022

SIMPLEMENTE PARAMILITARISMO

 La primera víctima fue Eduardo Novoa. Le mocharon una oreja y le pusieron una bolsa en la cabeza. Después lo pelaron con espino. Gritaba que no lo mataran, le pegaban patadas y puñetazos, toda la cara se la partieron y nos decían: Miren, para que aprendan y vean lo que les va a pasar a ustedes. Luego lo tiraron a la cancha y le dispararon se demoró en morir”. Estos hechos ocurrieron en febrero de 2000. (INDEPAZ, 2009)[1]

Tal y como lo afirma la Comisión Colombiana de Juristas[2] en su texto titulado: Organizaciones sucesoras del paramilitarismo: “se puede empezar por afirmar que el paramilitarismo, en cuanto fenómeno social no desapareció de la sociedad colombiana con la desmovilización”, de hecho, la constatación de su permanencia ha sido evidenciada con asombrosa asiduidad por parte de las organizaciones defensoras de derechos humanos, nacionales e internacionales. Esta presencia, de conveniente bajo perfil, ha sido denunciada por comunidades a atemorizadas por su presencia alrededor de la minería ilegal, sus amenazas en contra del liderazgo social y la reivindicación de muchos asesinatos y masacres a lo largo y ancho del país, en los últimos años.

Imagen tomada perfil Twitter de Carlos Caicedo

La presencia de estas camionetas blancas de alta gama, dizque para, hacer una protesta pacífica, también trae a la memoria, la misma protesta pacífica que llevaron a cabo algunos ciudadanos del sur de Cali...


Sin embargo, lo realmente preocupante, es la permanencia del fenómeno social de aceptación de su existencia, como una “supuesta necesidad” de seguridad, habida cuenta de la incapacidad demostrada de los gobiernos locales para enfrentar un fenómeno económico-militar que supera enormemente, su muy reducida capacidad de inteligencia militar y de recursos logísticos. De igual manera, la consumada política pública del gobierno uribista de Iván Duque, consistente en “Hacer trizas la Paz”, acabó por reforzar la justificación social del paramilitarismo.

Se puede afirmar entonces, que no es coincidencia el súbito interés de la llamada gran prensa colombiana, de dar cubrimiento exhaustivo a las notas sobre delincuencia que azotan a las ciudades y campos, alegando que tal despliegue informativo, obedece a un muy discutible incremento de la violencia y a las quejas de inseguridad que expresa la ciudadanía. Valdría la pena revisar minuciosamente las cifras, puesto que algunas de ellas, vienen señalando una disminución de los actos delictivos, tras el anuncio del gobierno del Pacto Histórico de la pronta implementación de su política pública de Paz Total, datos muy contrarios, a las alegadas estadísticas de los medios de comunicación, hábilmente utilizadas como sustento de la percepción de inseguridad, que la prensa en oposición esgrime como justificación para un retorno a la mano dura de la Seguridad Democrática.

Así mismo, las recientes declaraciones de José Félix LaFourie, líder del gremio ganadero de Colombia, de su esposa, la senadora uribista María Fernanda Cabal y de otras autodenominadas personas de bien, en torno a la organización de grupos de ciudadanos para defender el derecho a la propiedad privada y a prevenir el supuesto fenómeno masivo de la invasión de tierras; señalan la persistencia, al interior de un sector de la población, identificada ideológicamente con la derecha, de una estrategia para “ legitimar, justificar y defender tanto el paramilitarismo, como las relaciones de las fuerzas armadas con éste, pasando por el narcotráfico y la ola de crímenes en nombre de una cruzada anticomunista” ( Velásquez, 2007)[3].

La sola posibilidad de una re edición de las oscuras noches de terror paramilitar, deberían bastar para que la sociedad colombiana, se hubiera alzado en enérgico rechazo a las imágenes de hacendados reunidos en intimidantes caravanas de camionetas blancas de alta gama, con la presunta anuencia de autoridades civiles y militares del Plato, departamento de Magdalena, haciendo control territorial, desplazando, o mejor, suplantando a esas autoridades, constitucionalmente obligadas a hacerlo, y que sin embargo, parecieran haber preferido prevaricar, antes que exponerse al poder de estas gentes de bien.

La presencia de estas camionetas blancas de alta gama, dizque, para hacer una protesta pacífica, también trae a la memoria, la misma protesta pacífica que llevaron a cabo algunos ciudadanos del sur de Cali, cuando, pistolas en mano, también salieron a hacer patrullajes ciudadanos, para defender su derecho a no protestar y de su propiedad privada. Las víctimas de estos patrullajes, todavía siguen esperando por los fallos judiciales.

Imagen tomada de : La Nueva Prensa
Colombia no merece, ni se puede dar el lujo de permitir que los intereses económicos y políticos de un reducido grupo de personas, nos lleven de vuelta a oscuros momentos de nuestra historia, en los que el avance y el control militar, económico y político de las autodefensas estaban horriblemente presente en todas las actividades del país.

Los actuales llamamientos a la auto defensa ciudadana, que hacen los voceros de la derecha colombiana  y que un reducido grupo de sus seguidores se han apresurado a cumplir, prende todas las alarmas de la sociedad, en torno a un  regreso oficial e impune del paramilitarismo, con el que, nuevamente se busca imponer  “ (...) un “patrón criminal de apropiación de tierras y territorios”, con el objetivo de imponer un modelo de desarrollo rural basado en los megaproyectos, la ganadería extensiva y la agroindustria” (CNMH, 2018)[4]

Y cuando las muertes ocurrieron en el marco de masacres con posteriores órdenes de desalojo para los sobrevivientes, las personas tuvieron que huir y dejar abandonados a sus muertos.” (CEV, 2022)[5]



[3]Historia del paramilitarismo en Colombia. https://www.scielo.br/j/his/a/tg74msZHyzjy6BMnmVCfjhn/?lang=es

[4] Paramilitarismo Balance de la contribución del cnmh al esclarecimiento histórico. P. 130. https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/PARAMILITARISMO.pdf

[5]Sufrir la guerra y rehacer la vida. IMPACTOS, AFRONTAMIENTOS Y RESISTENCIAS. Págs. 27-28. https://www.comisiondelaverdad.co/sites/default/files/descargables/2022-07/Informe%20final%20Sufrir%20la%20guerra%20impactos.pdf

lunes, agosto 23, 2021

¿Renacen las Convivir?

 ¿Renacen las Convivir?

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

Al parecer, lo que resta del actual gobierno nacional, del encargado por Uribe Vélez; señor Iván Duque, no cambiará mucho en lo que tiene que ver con su visión y tratamiento militarista, a los problemas de convivencia e inseguridad que padece la sociedad colombiana y que se han visto exacerbados, por el pésimo manejo que les ha dado el uribismo a las relaciones con el vecindario, la crisis de la pandemia, la economía y al Acuerdo de Paz.

Imagen tomada de cuenta Twitter @Diego_Molano
Tal y como lo había hecho el jefe supremo de la derecha colombiana, cuando gobernó en Antioquia; el discutidísimo ministro de guerra, Diego Molano, anuncia que, ante la incapacidad, o más bien, la reticencia del uribismo a buscar salidas estructurales al endémico problema de delincuencia, de inobservancia de las normas e intolerancia que padece Colombia; la única salida es la “alianza solidaria entre la @PoliciaColombia y empresas de servicios de vigilancia privada para el intercambio de información y capacidades que permita hacer frente al delito en las ciudades.[1]; palabras más o menos; la nueva reedición de las tristemente célebres “Convivir”, que dieron origen público al fenómeno del paramilitarismo, que tanto horror y dolor sembraron y siembran en Colombia.

Llama mucho la atención que, a sabiendas de las justificadas prevenciones que despierta este modelo de “seguridad democrática”, en sectores mayoritarios de la sociedad colombiana, el discutido Mindefensa Molano, no se haya tomado siquiera el trabajo de hacer una mejor paráfrasis del discurso con el que Uribe defendió y defiende el engendro de las Convivir cuando gobernó en Antioquia. Para la muestra; el botón: “Uribe Vélez precisa que: como gobernador de Antioquia la apoyé y la promoví porque creo en la colaboración ciudadana con la Fuerza Pública. Esta colaboración construye confianza institucional en los ciudadanos, evita su postración ante el crimen o que busquen salidas contrarias a la ley…[2].

Este anuncio del ministro Molano, prende todas las alertas, no solo de las víctimas del horror paramilitar, sino de organizaciones defensoras de derechos humanos a nivel nacional e internacional, por lo que parece ser; uno más de los terribles desaciertos, que, en cuestión de orden público, ha cometido y sigue cometiendo el uribismo, en su afán de imponer su política pública de armar a los civiles y crear “frentes de seguridad ciudadana” que le permitan aplicar su estrategia de “mano dura” contra lo que el uribismo y sus aliados, ahora posiblemente armados, o al menos con poder de señalar, consideren o se imaginen es una amenaza o atente contra la integridad, vida y honra de las personas de bien, tal y como ya pasó con los primeros desbordes de las benditas Convivir.

Imagen tomada del portal Las 2 Orillas
La percepción que se tiene es que este anuncio del ministro Diego Molano, de reedición del modelo de seguridad democrática de los tiempos del ex gobernador, ex presidente y ex senador Uribe Vélez, hace parte de una estrategia mucho más amplia de control social, la cual, aprovechando el desespero por el clima de inseguridad y de criminalidad que perciben y padecen los colombianos; pretende instaurar vía decretos de excepción, un modelo de gobierno policivo, en el que, tras la intención de brindar seguridad, se esconde la criminalización de la oposición. Esta sospecha se soporta en la constatación casi que diaria de el sesgo con el que los órganos de control y de acusación, inician o no investigaciones, precluyen o apresuran procesos, dependiendo de la cercanía que tenga el implicado o implicada, con el uribismo, o su proximidad, así sea lejana, con lo que se vea o parezca oposición al uribismo.

En este sentido, es urgente hacer un llamado a la sindéresis, al aplomo y a la equidad, que en términos generales, siempre ha demostrado la rama judicial de Colombia, para que no caiga en la trampa de las presiones políticas y mediáticas del uribismo, que buscan que, por medio de sentencias judiciales, se vaya sentando una jurisprudencia conveniente a la visión de la derecha colombiana, según la cual, el derecho a ejercer las libertades de opinión, expresión, reunión, disenso, movilización y participación en política, sean considerados como actos terroristas o que “induzcan al terrorismo”, como lo ha planteado el actual Fiscal General, frente a los jóvenes participantes de las recientes jornadas de protesta o como, peligrosamente, al menos para este humilde servidor; hizo el tribunal superior de Bogotá, frente al caso de las señora Daneidy Barrera (“Epa Colombia”).

Lo cierto es que, anuncios como los del ministro Molano, las controvertidas actuaciones del Fiscal Barbosa, el increíble mutismo de la Procuradora Cabello, así como del Defensor del Pueblo y la anuencia de ciertos operadores judiciales; permiten tener la impresión de que el actual gobierno nacional esta tras la constitución de una sospechosa estrategia de persecución política y judicial de la oposición, que junto con la degradación de la seguridad ciudadana, quizás en manos de las nuevas Convivir; le permitan a la derecha colombiana, tener las justificaciones necesarias, bien sea, para convencer al colombiano desinformado y angustiado; de la necesidad de un gobierno de mano dura que “limpie” la sociedad de la delincuencia y los “vándalos” y/o la urgencia de un muy democrático golpe de Estado, tal y como ya lo han intentado.

Ojalá que estos temores frente a las actuaciones y declaraciones del gobierno de Uribe en el rostro de Duque, solo sean producto del estrés ocasionado por la pandemia del SarsCov2; sería increíble que, a la crisis sanitaria por culpa de la peste, lo mismo que al paulatino empobrecimiento de más colombianos, el aterrador incremento de las masacres y asesinatos selectivos de líderes y lideresas sociales, se le vaya a sumar el renacimiento oficial del esperpento de las malhadadas Convivir.

 

 

 



[2] Juan Diego Restrepo. (2013). Álvaro Uribe, entre las ‘Convivir’ y las AUC. Artículo, sección opinión, Revista Semana. Disponible en: https://www.semana.com/opinion/articulo/alvaro-uribe-entre-convivir-las-auc-opinion-juan-diego-restrepo/358144-3/