¿Renacen las Convivir?
Al parecer, lo que resta del actual gobierno nacional,
del encargado por Uribe Vélez; señor Iván Duque, no cambiará mucho en lo que
tiene que ver con su visión y tratamiento militarista, a los problemas de
convivencia e inseguridad que padece la sociedad colombiana y que se han visto
exacerbados, por el pésimo manejo que les ha dado el uribismo a las relaciones
con el vecindario, la crisis de la pandemia, la economía y al Acuerdo de Paz.
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| Imagen tomada de cuenta Twitter @Diego_Molano |
Tal y como lo había hecho el jefe supremo de la
derecha colombiana, cuando gobernó en Antioquia; el discutidísimo ministro de
guerra, Diego Molano, anuncia que, ante la incapacidad, o más bien, la
reticencia del uribismo a buscar salidas estructurales al endémico problema de
delincuencia, de inobservancia de las normas e intolerancia que padece
Colombia; la única salida es la “alianza solidaria entre la @PoliciaColombia y
empresas de servicios de vigilancia privada para el intercambio de información
y capacidades que permita hacer frente al delito en las ciudades.”; palabras
más o menos; la nueva reedición de las tristemente célebres “Convivir”, que
dieron origen público al fenómeno del paramilitarismo, que tanto horror y dolor
sembraron y siembran en Colombia.
Llama mucho la atención que, a sabiendas de las
justificadas prevenciones que despierta este modelo de “seguridad democrática”,
en sectores mayoritarios de la sociedad colombiana, el discutido Mindefensa
Molano, no se haya tomado siquiera el trabajo de hacer una mejor paráfrasis del
discurso con el que Uribe defendió y defiende el engendro de las Convivir
cuando gobernó en Antioquia. Para la muestra; el botón: “Uribe Vélez precisa que: como
gobernador de Antioquia la apoyé y la promoví porque creo en la colaboración
ciudadana con la Fuerza Pública. Esta colaboración construye confianza
institucional en los ciudadanos, evita su postración ante el crimen o que
busquen salidas contrarias a la ley…”.
Este anuncio del ministro Molano, prende todas las
alertas, no solo de las víctimas del horror paramilitar, sino de organizaciones
defensoras de derechos humanos a nivel nacional e internacional, por lo que
parece ser; uno más de los terribles desaciertos, que, en cuestión de orden
público, ha cometido y sigue cometiendo el uribismo, en su afán de imponer su
política pública de armar a los civiles y crear “frentes de seguridad
ciudadana” que le permitan aplicar su estrategia de “mano dura” contra lo que
el uribismo y sus aliados, ahora posiblemente armados, o al menos con poder de
señalar, consideren o se imaginen es una amenaza o atente contra la integridad,
vida y honra de las personas de bien, tal y como ya pasó con los primeros
desbordes de las benditas Convivir.
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| Imagen tomada del portal Las 2 Orillas |
La percepción que se tiene es que este anuncio del ministro
Diego Molano, de reedición del modelo de seguridad democrática de los tiempos
del ex gobernador, ex presidente y ex senador Uribe Vélez, hace parte de una
estrategia mucho más amplia de control social, la cual, aprovechando el
desespero por el clima de inseguridad y de criminalidad que perciben y padecen
los colombianos; pretende instaurar vía decretos de excepción, un modelo de
gobierno policivo, en el que, tras la intención de brindar seguridad, se
esconde la criminalización de la oposición. Esta sospecha se soporta en la
constatación casi que diaria de el sesgo con el que los órganos de control y de
acusación, inician o no investigaciones, precluyen o apresuran procesos,
dependiendo de la cercanía que tenga el implicado o implicada, con el uribismo,
o su proximidad, así sea lejana, con lo que se vea o parezca oposición al
uribismo.
En este sentido, es urgente hacer un llamado a la
sindéresis, al aplomo y a la equidad, que en términos generales, siempre ha
demostrado la rama judicial de Colombia, para que no caiga en la trampa de las
presiones políticas y mediáticas del uribismo, que buscan que, por medio de
sentencias judiciales, se vaya sentando una jurisprudencia conveniente a la
visión de la derecha colombiana, según la cual, el derecho a ejercer las
libertades de opinión, expresión, reunión, disenso, movilización y
participación en política, sean considerados como actos terroristas o que “induzcan
al terrorismo”, como lo ha planteado el actual Fiscal General, frente a los
jóvenes participantes de las recientes jornadas de protesta o como,
peligrosamente, al menos para este humilde servidor; hizo el tribunal superior
de Bogotá, frente al caso de las señora Daneidy Barrera (“Epa Colombia”).
Lo cierto es que, anuncios como los del ministro Molano, las
controvertidas actuaciones del Fiscal Barbosa, el increíble mutismo de la
Procuradora Cabello, así como del Defensor del Pueblo y la anuencia de ciertos
operadores judiciales; permiten tener la impresión de que el actual gobierno
nacional esta tras la constitución de una sospechosa estrategia de persecución
política y judicial de la oposición, que junto con la degradación de la
seguridad ciudadana, quizás en manos de las nuevas Convivir; le permitan a la
derecha colombiana, tener las justificaciones necesarias, bien sea, para
convencer al colombiano desinformado y angustiado; de la necesidad de un
gobierno de mano dura que “limpie” la sociedad de la delincuencia y los
“vándalos” y/o la urgencia de un muy democrático golpe de Estado, tal y como ya
lo han intentado.
Ojalá que estos temores frente a las actuaciones y
declaraciones del gobierno de Uribe en el rostro de Duque, solo sean producto
del estrés ocasionado por la pandemia del SarsCov2; sería increíble que, a la
crisis sanitaria por culpa de la peste, lo mismo que al paulatino
empobrecimiento de más colombianos, el aterrador incremento de las masacres y
asesinatos selectivos de líderes y lideresas sociales, se le vaya a sumar el
renacimiento oficial del esperpento de las malhadadas Convivir.
