La seguridad en Colombia: Más allá de la coyuntura

 

Por: Andrea B. Romero

Resulta cínico que algunos mandatarios regionales (todos ellos integrantes de partidos de derecha) carguen todas las responsabilidades sobre el gobierno nacional, evadiendo sus obligaciones constitucionales primarias.

La reciente escalada de violencia en varias regiones de Colombia ha motivado a numerosos mandatarios locales y departamentales a denunciar una supuesta “crisis de seguridad” y un abandono por parte del gobierno central. Si bien es innegable el impacto humanitario y el dolor que padecen las comunidades, es imperativo analizar esta situación no como un fenómeno aislado o exclusivamente atribuible al actual gobierno nacional, sino como la visibilización de males históricos como el abandono estatal, la corrupción sistémica y una arraigada politiquería que ha utilizado los territorios y sus poblaciones como moneda de cambio.

La ausencia de Estado, tras las firmas de acuerdos de paz creó el vacío que llenaron actores armados ilegales y economías criminales. Departamentos del suroccidente colombiano o el Catatumbo, estratégicos como corredores para el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas no se convirtieron en tales por casualidad reciente. Históricamente, en estas regiones, la institucionalidad fue cooptada o permeada por intereses oscuros.

La prensa nacional ha documentado por años la inquietante vinculación de figuras políticas tradicionales y de la fuerza pública con estas economías ilegales. Casos emblemáticos, como el de la llamada “parapolítica”, evidenciaron alianzas entre sectores políticos, narcotraficantes y grupos paramilitares. Más recientemente, se destaparon escándalos como el de la llamada “Construcciones El Cóndor”, que supuso investigaciones por presuntos vínculos entre el gobierno Uribe, contratistas y las desapariciones en la Comuna 13 y la Escombrera en Medellín [1]. Así mismo se han dado revelaciones sobre la vinculación de militares y el crimen organizado [2]. Estos son síntomas de una simbiosis histórica entre parte de la clase política tradicional, sectores de las fuerzas armadas y el crimen organizado.

Así las cosas, resulta cínico que algunos mandatarios regionales (todos ellos integrantes de partidos de derecha) carguen todas las responsabilidades sobre el gobierno nacional, evadiendo sus obligaciones constitucionales primarias. Un ejemplo claro es el de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Mientras realiza una campaña permanente de acusaciones al Gobierno del Pacto Histórico por un supuesto abandono de la región, omite mencionar los graves cuestionamientos sobre la gestión de los recursos a su disposición.

Se señala públicamente a la gobernadora del Valle de desviar el destino de fondos públicos de seguridad a actividades de proselitismo político a través de contratación de dudosa prioridad, mientras se niegan o diluyen transferencias críticas para el fortalecimiento de la fuerza pública local, intentando que se agudicen los problemas de seguridad para deslegitimar al adversario político en el nivel central.

La seguridad no se construye solo con operaciones militares; requiere una estrategia integral de paz y desarrollo territorial. Aquí, el fracaso de muchos mandatarios locales es aún más estrepitoso. El caso del Cauca, devastado por la violencia de disidencias, el ELN y bandas narcoterroristas es un referente apropiado. En este departamento existe una propuesta robusta y organizada de paz territorial emanada de las comunidades indígenas, un actor con legitimidad y arraigo. Sin embargo, esta iniciativa no ha sido abanderada, potenciada o articulada de manera decidida por la mayoría de los alcaldes ni por el gobierno departamental. Han optado por el rol cómodo de espectadores que culpan al centro, antes que el liderazgo complejo de constructores de soluciones desde lo local.

El gobierno nacional también tiene cuotas de responsabilidad. La estrategia de “Paz Total” del presidente Gustavo Petro, hasta ahora, brilla más por su desarticulación y opacidad que por su eficacia convocatoria. Si bien la discreción es esencial en las negociaciones, esta no puede confundirse con la falta de comunicación estratégica, la aparente descoordinación entre mesas, y la percepción de mediocridad o falta de peso político en algunos equipos negociadores. La paz exige grandeza táctica y estratégica, y hasta ahora se percibe más reactividad que un plan conductor sólido.

Ante este complejo entramado de responsabilidades históricas evadidas, politiquería local y desarticulación nacional, surge una pregunta de profunda gravedad política: ¿Cuál es la intencionalidad de los recientes y brutales ataques terroristas perpetrados por el ELN y las disidencias? Más allá del objetivo militar inmediato, es legítimo preguntarse si estos hechos de violencia extrema no le están allanando, de manera consciente o no, el camino a un discurso y una campaña electoral de una derecha guerrerista. Una derecha cuya narrativa se nutre del miedo y cuya solución histórica ha sido la fuerza bruta, acompañada de cortinas de humo para ocultar su propia ineficiencia y los nexos de corrupción de sus miembros con el crimen organizado.

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[1] https://corrupcionaldia.com/construcciones-condor-y-la-oscura-connivencia-contratistas-y-gobernantes-complices-de-desapariciones/

[2] La prensa colombiana dio cuenta de los nexos del ex general y el excandidato a la gobernación del Cauca por el Centro Democrático, Leonardo Barrero, con el Clan del Golfo. Ver: General (r) Leonardo Barrero, excomandante de FF.MM involucrado con alias ‘Matamba’

Video columna: Juntos, pero no revueltos

Juntos, pero no revueltos

 

Panorámica de CAM Santander de Quilichao. Tomada de: Radio 1040 A.M.

Por: Omar Orlando Tovar Troches – ottroz69@gmail.com-

Una de las características más sobresalientes de quienes han hecho política y se han hecho elegir por partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos, que representan la política tradicional colombiana, es su asombrosa capacidad de atribuir a los demás, la historia, la economía o a la misma naturaleza, la responsabilidad de sus desaciertos o de su ineptitud.

Este comportamiento, rayano a la impudicia, que ostenta la clase política tradicional, normalmente es exhibido cuando las circunstancias adversas, e incluso, las críticas a sus metidas de pata o a su inacción, se salen de control. En estos momentos de crisis, el cinismo se les sale, el oportunismo toma el control y en lugar de apelar a una actitud humilde de reconocimiento de los errores, la falta de tino para decidir o de la ignorancia sobre tal o cual asunto; asumen una actitud de superioridad moral y terminan acudiendo a la auto victimización y al ejercicio del espejo retrovisor, para endilgarle su ineficiencia e incapacidad a administraciones pasadas, sin importarles, siquiera, que éstas hayan sido sus aliadas o sus patrocinadoras.

Este escenario, tristemente naturalizado por las ciudadanías necesitadas, pero, sobre todo, desinformadas, es el que presenta la actual administración de Santander de Quilichao, en momentos en los que, los niveles de inseguridad y de violencia que azotan a este municipio norte caucano, han alcanzado niveles inimaginables.

Imagen tomada de: cuartodehora.com

La ciudadanía atemorizada por el clima de violencia que ha implantado la delincuencia en todas sus formas, ha empezado a manifestar su indignación por la total ineficacia de las medidas que ha tomado la administración municipal y siente que tanto la alcaldesa, como los altos mandos militares, no están cumpliendo con su obligación constitucional de preservar la vida, honra y bienes de quienes habitan en esta zona del norte del departamento del Cauca.

Ahora bien, una vez señaladas las características de la clase política que desde hace veinte años y hasta la fecha, ha tenido la responsabilidad de lo que en la actualidad acontece en el municipio más importante del norte del Cauca, se hace necesario plantear que, no es de extrañar el tibio llamado a la unidad, que desde el despacho de la alcaldía de Santander de Quilichao, se hace a algunos sectores de la sociedad civil de esta comarca, toda vez que, como se venía señalando, este es uno de los comportamientos típicos de la clase política tradicional, cuando se encuentra impotente ante el resultado de haber transitado la acostumbrada ruta del amiguismo clientelar y de la desconexión con la realidad política y social del territorio que supuestamente “administran”.

Contrario a lo que piensan algunos miembros de la oposición política quilichagüeña, quien estas líneas comparte, no considera que el llamado a la unidad que hace la mandataria local, pueda considerarse como incoherencia, todo lo contrario; tal y como se ha venido planteando en esta columna, esta actuación hace parte de la línea política de la derecha tradicional colombiana, que una vez abrumada por la efectividad de su incompetencia, acude a una especie de chovinismo local, aprovechando el desespero de la sociedad, para intentar “democratizar” su fracaso, echando mano de iniciativas ajenas para salir del paso y ¿por qué no?... ejecutar una maroma de re encauche, o de mimetización de su posible sucesor (a), así sea en el cuerpo de algún aliado.

No obstante que la confianza ciudadana hacia la mandataria municipal, se encuentre en muy malas condiciones, lo cierto es que, la sociedad quilichagüeña debe dar el paso de reclamar para sí, el poder constitucional que tiene (Artículo 3 de la Constitución Política de Colombia), con el propósito de buscar salidas consensuadas al gravísimo problema de inseguridad que padece el municipio. La Carta Política colombiana ofrece varias alternativas de participación ciudadana, dentro de la que está incluida la del Cabildo Abierto, o los diferentes espacios de coadministración que ofrece la arquitectura estatal (los consejos municipales de planeación, de juventud, entre otros espacios) ya que el ente de control político y de coadministración dominado por los aliados de la alcaldesa, se ha rehusado a cumplir con su obligación constitucional.

Debe quedar claro que el llamado no es para rodear a la actual alcaldesa o al Bonillo –Grijalbismo, sino al ejercicio de la búsqueda conjunta de soluciones que puedan restablecer la tranquilidad al municipio y que eviten brotes de justicia por mano propia.

Debe quedar claro que el llamado que hace este opinador, no es a rodear a la actual alcaldesa o al Bonillo –Grijalbismo en todas sus vertientes, sino al ejercicio de la participación democrática directa, a la búsqueda conjunta de soluciones, que no solo, puedan restablecer la armonía y la tranquilidad al municipio, sino que además, eviten brotes de justicia por mano propia, ocultos en convenientes nombres de grupos de seguridad ciudadana, grupos de reacción ciudadana, seguridad comunitaria, etc., ya intentados por el uribista ex secretario de gobierno de la actual administración municipal de Santander de Quilichao. La seguridad y la convivencia ciudadana no pueden quedar, como los cacareados Consejos de Seguridad, en un simple y muy utilizable llamado a la unidad, sino que debe ser un llamado a la civilidad y a la solidaridad ciudadana.

Ante crisis de extrema gravedad, como la que atraviesa Santander de Quilichao, es necesario estar juntos en torno a buscar soluciones, lo que no podemos permitir es una revoltura coyuntural para tapar veinte años de lo mismo. Quilichao no puede permitirse el lujo de seguir la misma senda. Ya fue suficiente de la alternancia de los de siempre, así sea con sus nuevas caras, ahora en trance de mimetismo y de ventajosa aproximación a sectores alternativos.

Juntos, pero no revueltos.