La decisión cautelar y el modelo de desarrollo en disputa *

Por: Jhon Jaiver Flórez G.

Como en todas las recientes ceremonias del Consejo de Estado, quien termina en el centro del sacrificio no es el decreto ni la sentencia: es el trabajador que vive al día y con escasez

En Colombia el salario mínimo dejó de ser una cifra técnica para convertirse en un espejo moral. Cada año se repite el ritual con puntualidad litúrgica: mesas de concertación, comunicados solemnes, advertencias catastrofistas, celebraciones moderadas. El salario mínimo es nuestro altar laico. No es de mármol ni de oro; está hecho de tablas estadísticas y artículos constitucionales. Allí se sacrifican porcentajes, se invocan principios y se quema incienso macroeconómico en nombre de la estabilidad. Pero, como en toda ceremonia donde abundan sacerdotes y escasean testigos del hambre, quien termina en el centro del sacrificio no es el decreto ni la sentencia: es el trabajador que vive al día y con escasez.

La suspensión provisional del Decreto 1469 de 2025 por parte del Consejo de Estado —que fijaba para 2026 un salario de $1.750.905 más $249.095 de auxilio de transporte, con un incremento del 23,7%— reactivó la homilía nacional en tono de catecismo macroeconómico. La decisión no anuló el aumento ni lo declaró inconstitucional; lo dejó en pausa mientras se expide un nuevo decreto transitorio, esta vez revestido de “fundamentación técnica exhaustiva”, fórmula que en Colombia suele operar como agua bendita institucional.

Inflación, productividad, crecimiento del PIB, participación salarial en el ingreso nacional, función social de la empresa, protección especial al trabajo: todo debe ponderarse con rigor milimétrico, como si el salario fuera una pieza delicada del equilibrio cósmico. La aritmética —se nos dice— no admite improvisación. Y es verdad. Lo sugestivo es que esa severidad casi quirúrgica se invoca con fervor particular cuando se trata de mejorar el ingreso de quienes menos ganan. Para otras decisiones que favorecen a los sectores más acomodados, la técnica rara vez adquiere dramatismo pedagógico.

Así el país aprende una lección curiosa: el salario del trabajador es asunto de alta sensibilidad científica, mientras otros privilegios transitan con serenidad estadística. La técnica importa, sin duda. La fijación del salario no puede depender del entusiasmo político ni del pánico empresarial. Requiere sustento verificable. Pero tampoco flota en el vacío. Opera dentro de una estructura social atravesada por desigualdades persistentes. Pretender que el debate es un ejercicio neutral de matemáticas es olvidar que detrás de cada cifra hay cuerpos concretos, familias reales y biografías que no caben en una hoja de cálculo.

Colombia no discute su salario mínimo en un laboratorio escandinavo. Lo hace tras más de tres décadas de apertura y reformas laborales que prometieron eficiencia, competitividad y empleo. En el gobierno de César Gaviria se abrazó la flexibilización como dogma modernizador: abaratar costos laborales, promover la tercerización, reducir “rigideces”. La promesa era seductora: menos obstáculos para el capital significarían más oportunidades para el trabajo.

El balance, sin embargo, es menos luminoso. La informalidad continúa siendo estructural. La estabilidad laboral es privilegio. Las jornadas se extienden sin que el ingreso garantice plenamente salud, pensión o vivienda digna. La desigualdad permanece como cicatriz abierta. El progreso ha sido selectivo; la precariedad, masiva.

Aun así, el relato dominante logró una proeza retórica: convencer a buena parte del país de que el problema del empleo no radica en la concentración del ingreso ni en la baja productividad estructural, sino en el salario de quienes menos ganan. Se instaló un colonialismo psicológico de la dignidad: si no hay empleo suficiente, la culpa es del salario mínimo; si la empresa no compite, el obstáculo es el costo laboral; si la economía se desacelera, el trabajador “gana demasiado”. El ingreso básico se convirtió en chivo expiatorio macroeconómico.

El contraste es didáctico. Mientras el país debate con gravedad teológica si el trabajador puede ganar unos pesos adicionales sin que colapse la civilización occidental, altos dignatarios del Estado —magistrados de las altas cortes y congresistas siempre atentos a sus prerrogativas— devengan más de cincuenta millones de pesos mensuales con impecable naturalidad republicana. No hay mesas de concertación para examinar la “productividad marginal” de sus decisiones, ni urgencias metodológicas para ponderar el impacto inflacionario de sus emolumentos. La austeridad se predica hacia abajo y se relativiza hacia arriba. Esa direccionalidad no es técnica: es moral.

Desde una perspectiva progresista, el problema no es un porcentaje aislado sino el modelo que naturalizó que millones trabajen y sigan siendo pobres. El salario se presenta como costo a contener antes que como derecho a garantizar. Se olvida que no es solo gasto empresarial: es demanda efectiva, cohesión social y estabilidad democrática.

Las cifras oficiales estimaron que el incremento beneficiaría directamente a cerca de seis millones de trabajadores formales y, incluyendo sus hogares, a casi diez millones de personas. Se proyectó una inyección considerable a la demanda agregada y la inflación registrada no produjo el cataclismo anunciado. El keynesianismo clásico recordaría que elevar el ingreso de quienes tienen mayor propensión al consumo dinamiza la economía. Redistribuir no es sentimentalismo; es racionalidad macroeconómica.

El debate reciente incorporó además la noción de salario mínimo vital y móvil, en sintonía con estándares de la Organización Internacional del Trabajo. No es consigna coyuntural, sino referencia vinculada a derechos humanos: alimentación adecuada, vivienda digna, servicios básicos, educación y salud. Si un hogar promedio requiere cerca de tres millones de pesos para cubrir necesidades esenciales y el salario legal se ubica por debajo de ese umbral, la discusión deja de ser contable y se vuelve ética.

El salario mínimo tradicional ha funcionado con frecuencia como techo en lugar de piso. Lo que debía garantizar lo indispensable termina delimitando lo máximo pagable en sectores con débil negociación colectiva. El mensaje implícito es inquietante: esto es lo menos que podemos pagar y, en la práctica, lo más que estamos dispuestos a reconocer.

Aquí emerge la tensión constitucional: el principio de no regresividad en derechos sociales. Si una medida mejora el acceso a condiciones básicas de vida, cualquier retroceso exige justificación estricta. La suspensión cautelar abre interrogantes legítimos. ¿Es mera exigencia metodológica o riesgo de regresión material? La respuesta no cabe solo en un expediente; es política y cultural.

Reducir el conflicto a un pulso entre el Consejo de Estado y el Gobierno sería miope. Lo que está en juego es la concepción de desarrollo. Competir por salarios bajos perpetúa dependencia. Competir por productividad e innovación exige inversión pública, política industrial y redistribución inteligente. La desigualdad extrema no es solo problema moral; es obstáculo económico. Sociedades con brechas profundas registran mayor conflictividad y menor movilidad social.

Mientras tanto, el Estado declama orden con voz marcial, endurece penas y amplía catálogos delictivos como si el Código Penal fuera su política social más consistente. Resulta más sencillo inaugurar cupos carcelarios que reformar estructuras económicas. Se administra el síntoma con firmeza y se aplaza el diagnóstico con elegancia técnica. Una sociedad que distribuye con mezquindad y castiga con severidad termina perfeccionando su sistema penitenciario mientras posterga la construcción de ciudadanía.

El salario mínimo es apenas la punta visible de un iceberg mayor: tercerización que diluye responsabilidades, debilitamiento sindical, brecha de género persistente, concentración de riqueza celebrada como mérito. Se pide sacrificio a quienes menos tienen y se llama dinamismo a la acumulación en la cúspide.

Colombia vuelve a situarse en la encrucijada donde se cruzan justicia social, ética pública y dignidad humana —esa palabra abundante en campaña y escasa en la práctica. Es año electoral: se eligen Congreso y Presidente, esa arquitectura solemne que promete leyes para el bien común y rumbos históricos. En teoría, el Congreso traduce el clamor ciudadano en normas; en la práctica, a veces traduce el lobby en artículos y la conveniencia electoral en silencios. El Ejecutivo ofrece dirección; ojalá no la reduzca a eslogan. Lo esencial —aunque con frecuencia se diluya— es que cualquier proyecto político serio debe poner en el centro a las mayorías que sostienen el país sin aparecer en las fotografías del poder. Mejorar la vida de quienes menos tienen no es caridad: es estabilidad democrática. Cuando la base social se fortalece, el país avanza; cuando se la precariza, el desarrollo se convierte en estadística elegante y barrios fatigados.

En ese contexto, el ciudadano entra al cubículo de votación y se enfrenta a un espejo. En el tarjetón no hay ideas abstractas, sino logos, nombres, trayectorias y decisiones pasadas. La democracia no suele fallar por falta de discursos, sino por exceso de olvido. Si el votante ignora quién votó contra sus derechos, quién archivó reformas sociales o quién blindó privilegios, la papeleta se vuelve trámite y no elección. Votar no es liturgia: es responsabilidad. El sufragio no es un acto de fe, sino de memoria. Y la dignidad —tan proclamada en los mítines— comienza por no delegar el propio criterio.

Porque el altar del salario seguirá convocando técnicos, jueces y políticos con sus fórmulas y proyecciones. Se discutirán elasticidades con solemnidad contable. Pero detrás de cada ecuación hay una nevera que se abre, un arriendo que vence, un pasaje que sube. Ningún modelo económico puede llamarse exitoso si necesita llamar “mínimo” a lo que debería ser simplemente humano.

Y aquí el detalle semántico revela su carga política. “Salario mínimo” es una expresión que contiene una pedagogía silenciosa: sugiere que quien lo recibe merece lo mínimo, que su esfuerzo alcanza apenas para el umbral de la tolerancia social. Normaliza la escasez como destino y convierte la supervivencia en horizonte legítimo.

Hablar de salario mínimo vital desplaza el sentido. Vital no es lo soportable, sino lo necesario para vivir con dignidad. No es concesión reducida, sino reconocimiento de humanidad. No es un cambio cosmético de etiqueta: es una diferencia ética profunda. Las palabras no solo describen la realidad; la configuran.

Una república que aspira a ser democrática no puede conformarse con garantizar lo mínimo. Debe proponerse asegurar lo vital. Decir “mínimo” es admitir resignación. Decir “vital” es afirmar dignidad.

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