La decisión cautelar y el modelo de desarrollo en disputa *

Por: Jhon Jaiver Flórez G.

Como en todas las recientes ceremonias del Consejo de Estado, quien termina en el centro del sacrificio no es el decreto ni la sentencia: es el trabajador que vive al día y con escasez

En Colombia el salario mínimo dejó de ser una cifra técnica para convertirse en un espejo moral. Cada año se repite el ritual con puntualidad litúrgica: mesas de concertación, comunicados solemnes, advertencias catastrofistas, celebraciones moderadas. El salario mínimo es nuestro altar laico. No es de mármol ni de oro; está hecho de tablas estadísticas y artículos constitucionales. Allí se sacrifican porcentajes, se invocan principios y se quema incienso macroeconómico en nombre de la estabilidad. Pero, como en toda ceremonia donde abundan sacerdotes y escasean testigos del hambre, quien termina en el centro del sacrificio no es el decreto ni la sentencia: es el trabajador que vive al día y con escasez.

La suspensión provisional del Decreto 1469 de 2025 por parte del Consejo de Estado —que fijaba para 2026 un salario de $1.750.905 más $249.095 de auxilio de transporte, con un incremento del 23,7%— reactivó la homilía nacional en tono de catecismo macroeconómico. La decisión no anuló el aumento ni lo declaró inconstitucional; lo dejó en pausa mientras se expide un nuevo decreto transitorio, esta vez revestido de “fundamentación técnica exhaustiva”, fórmula que en Colombia suele operar como agua bendita institucional.

Inflación, productividad, crecimiento del PIB, participación salarial en el ingreso nacional, función social de la empresa, protección especial al trabajo: todo debe ponderarse con rigor milimétrico, como si el salario fuera una pieza delicada del equilibrio cósmico. La aritmética —se nos dice— no admite improvisación. Y es verdad. Lo sugestivo es que esa severidad casi quirúrgica se invoca con fervor particular cuando se trata de mejorar el ingreso de quienes menos ganan. Para otras decisiones que favorecen a los sectores más acomodados, la técnica rara vez adquiere dramatismo pedagógico.

Así el país aprende una lección curiosa: el salario del trabajador es asunto de alta sensibilidad científica, mientras otros privilegios transitan con serenidad estadística. La técnica importa, sin duda. La fijación del salario no puede depender del entusiasmo político ni del pánico empresarial. Requiere sustento verificable. Pero tampoco flota en el vacío. Opera dentro de una estructura social atravesada por desigualdades persistentes. Pretender que el debate es un ejercicio neutral de matemáticas es olvidar que detrás de cada cifra hay cuerpos concretos, familias reales y biografías que no caben en una hoja de cálculo.

Colombia no discute su salario mínimo en un laboratorio escandinavo. Lo hace tras más de tres décadas de apertura y reformas laborales que prometieron eficiencia, competitividad y empleo. En el gobierno de César Gaviria se abrazó la flexibilización como dogma modernizador: abaratar costos laborales, promover la tercerización, reducir “rigideces”. La promesa era seductora: menos obstáculos para el capital significarían más oportunidades para el trabajo.

El balance, sin embargo, es menos luminoso. La informalidad continúa siendo estructural. La estabilidad laboral es privilegio. Las jornadas se extienden sin que el ingreso garantice plenamente salud, pensión o vivienda digna. La desigualdad permanece como cicatriz abierta. El progreso ha sido selectivo; la precariedad, masiva.

Aun así, el relato dominante logró una proeza retórica: convencer a buena parte del país de que el problema del empleo no radica en la concentración del ingreso ni en la baja productividad estructural, sino en el salario de quienes menos ganan. Se instaló un colonialismo psicológico de la dignidad: si no hay empleo suficiente, la culpa es del salario mínimo; si la empresa no compite, el obstáculo es el costo laboral; si la economía se desacelera, el trabajador “gana demasiado”. El ingreso básico se convirtió en chivo expiatorio macroeconómico.

El contraste es didáctico. Mientras el país debate con gravedad teológica si el trabajador puede ganar unos pesos adicionales sin que colapse la civilización occidental, altos dignatarios del Estado —magistrados de las altas cortes y congresistas siempre atentos a sus prerrogativas— devengan más de cincuenta millones de pesos mensuales con impecable naturalidad republicana. No hay mesas de concertación para examinar la “productividad marginal” de sus decisiones, ni urgencias metodológicas para ponderar el impacto inflacionario de sus emolumentos. La austeridad se predica hacia abajo y se relativiza hacia arriba. Esa direccionalidad no es técnica: es moral.

Desde una perspectiva progresista, el problema no es un porcentaje aislado sino el modelo que naturalizó que millones trabajen y sigan siendo pobres. El salario se presenta como costo a contener antes que como derecho a garantizar. Se olvida que no es solo gasto empresarial: es demanda efectiva, cohesión social y estabilidad democrática.

Las cifras oficiales estimaron que el incremento beneficiaría directamente a cerca de seis millones de trabajadores formales y, incluyendo sus hogares, a casi diez millones de personas. Se proyectó una inyección considerable a la demanda agregada y la inflación registrada no produjo el cataclismo anunciado. El keynesianismo clásico recordaría que elevar el ingreso de quienes tienen mayor propensión al consumo dinamiza la economía. Redistribuir no es sentimentalismo; es racionalidad macroeconómica.

El debate reciente incorporó además la noción de salario mínimo vital y móvil, en sintonía con estándares de la Organización Internacional del Trabajo. No es consigna coyuntural, sino referencia vinculada a derechos humanos: alimentación adecuada, vivienda digna, servicios básicos, educación y salud. Si un hogar promedio requiere cerca de tres millones de pesos para cubrir necesidades esenciales y el salario legal se ubica por debajo de ese umbral, la discusión deja de ser contable y se vuelve ética.

El salario mínimo tradicional ha funcionado con frecuencia como techo en lugar de piso. Lo que debía garantizar lo indispensable termina delimitando lo máximo pagable en sectores con débil negociación colectiva. El mensaje implícito es inquietante: esto es lo menos que podemos pagar y, en la práctica, lo más que estamos dispuestos a reconocer.

Aquí emerge la tensión constitucional: el principio de no regresividad en derechos sociales. Si una medida mejora el acceso a condiciones básicas de vida, cualquier retroceso exige justificación estricta. La suspensión cautelar abre interrogantes legítimos. ¿Es mera exigencia metodológica o riesgo de regresión material? La respuesta no cabe solo en un expediente; es política y cultural.

Reducir el conflicto a un pulso entre el Consejo de Estado y el Gobierno sería miope. Lo que está en juego es la concepción de desarrollo. Competir por salarios bajos perpetúa dependencia. Competir por productividad e innovación exige inversión pública, política industrial y redistribución inteligente. La desigualdad extrema no es solo problema moral; es obstáculo económico. Sociedades con brechas profundas registran mayor conflictividad y menor movilidad social.

Mientras tanto, el Estado declama orden con voz marcial, endurece penas y amplía catálogos delictivos como si el Código Penal fuera su política social más consistente. Resulta más sencillo inaugurar cupos carcelarios que reformar estructuras económicas. Se administra el síntoma con firmeza y se aplaza el diagnóstico con elegancia técnica. Una sociedad que distribuye con mezquindad y castiga con severidad termina perfeccionando su sistema penitenciario mientras posterga la construcción de ciudadanía.

El salario mínimo es apenas la punta visible de un iceberg mayor: tercerización que diluye responsabilidades, debilitamiento sindical, brecha de género persistente, concentración de riqueza celebrada como mérito. Se pide sacrificio a quienes menos tienen y se llama dinamismo a la acumulación en la cúspide.

Colombia vuelve a situarse en la encrucijada donde se cruzan justicia social, ética pública y dignidad humana —esa palabra abundante en campaña y escasa en la práctica. Es año electoral: se eligen Congreso y Presidente, esa arquitectura solemne que promete leyes para el bien común y rumbos históricos. En teoría, el Congreso traduce el clamor ciudadano en normas; en la práctica, a veces traduce el lobby en artículos y la conveniencia electoral en silencios. El Ejecutivo ofrece dirección; ojalá no la reduzca a eslogan. Lo esencial —aunque con frecuencia se diluya— es que cualquier proyecto político serio debe poner en el centro a las mayorías que sostienen el país sin aparecer en las fotografías del poder. Mejorar la vida de quienes menos tienen no es caridad: es estabilidad democrática. Cuando la base social se fortalece, el país avanza; cuando se la precariza, el desarrollo se convierte en estadística elegante y barrios fatigados.

En ese contexto, el ciudadano entra al cubículo de votación y se enfrenta a un espejo. En el tarjetón no hay ideas abstractas, sino logos, nombres, trayectorias y decisiones pasadas. La democracia no suele fallar por falta de discursos, sino por exceso de olvido. Si el votante ignora quién votó contra sus derechos, quién archivó reformas sociales o quién blindó privilegios, la papeleta se vuelve trámite y no elección. Votar no es liturgia: es responsabilidad. El sufragio no es un acto de fe, sino de memoria. Y la dignidad —tan proclamada en los mítines— comienza por no delegar el propio criterio.

Porque el altar del salario seguirá convocando técnicos, jueces y políticos con sus fórmulas y proyecciones. Se discutirán elasticidades con solemnidad contable. Pero detrás de cada ecuación hay una nevera que se abre, un arriendo que vence, un pasaje que sube. Ningún modelo económico puede llamarse exitoso si necesita llamar “mínimo” a lo que debería ser simplemente humano.

Y aquí el detalle semántico revela su carga política. “Salario mínimo” es una expresión que contiene una pedagogía silenciosa: sugiere que quien lo recibe merece lo mínimo, que su esfuerzo alcanza apenas para el umbral de la tolerancia social. Normaliza la escasez como destino y convierte la supervivencia en horizonte legítimo.

Hablar de salario mínimo vital desplaza el sentido. Vital no es lo soportable, sino lo necesario para vivir con dignidad. No es concesión reducida, sino reconocimiento de humanidad. No es un cambio cosmético de etiqueta: es una diferencia ética profunda. Las palabras no solo describen la realidad; la configuran.

Una república que aspira a ser democrática no puede conformarse con garantizar lo mínimo. Debe proponerse asegurar lo vital. Decir “mínimo” es admitir resignación. Decir “vital” es afirmar dignidad.

* La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

Libertarios colombianos: El declive cognitivo en la Colombia de 2026

Por: Omar Orlando Tovar Troches – ottroz69@gmail.com- 

El atractivo de Bukele, Trump, Milei, Uribe y los candidatos de centro y derecha; reside en que amplifican discursos que "proporcionan una solución rápida y simple a un problema muy complejo”. Esa es la esencia del facilismo cognitivo

Cuando Dietrich Bonhoeffer escribió, desde la prisión nazi, su teoría sobre la estupidez no podía imaginar que ochenta años después su diagnóstico se materializaría con exactitud quirúrgica en las democracias latinoamericanas del siglo XXI. 

El teólogo alemán definió la estupidez no como una deficiencia intelectual, sino como un fenómeno moral e histórico, caracterizado por la renuncia voluntaria al pensamiento autónomo a cambio de la seguridad que otorga el rebaño (Bonhoeffer, Cartas desde la prisión, 1944). Paralelamente, el Efecto Flynn Inverso, consistente en el decline gradual y sostenido de las capacidades cognitivas, documentado en las últimas tres décadas en países de alto desarrollo ha dejado de ser una hipótesis académica para convertirse en el sello distintivo de nuestras sociedades.

La evidencia empírica de estos fenómenos de retroceso intelectual ya no habita exclusivamente en revistas especializadas; se observa claramente en TikTok, en X, en los medios tradicionales de Comunicación, en las plazas públicas y, sobre todo, en las encuestas electorales. Colombia, a días de las elecciones presidenciales de 2026, ofrece un laboratorio perfecto para observar cómo el facilismo extremo y la obediencia ciega (síntomas claros de esta nueva estupidez histórica) encuentran en figuras como Abelardo de la Espriella su expresión política más acabada. Lo que resulta verdaderamente inquietante no es la existencia de candidatos ultraderechistas, sino la naturalidad con la que sectores que hasta ayer se reivindicaban centristas, liberales e incluso progresistas, hoy claman por mano dura y soluciones mágicas mientras abrazan a un abogado vinculado al mundillo judicial de paramilitares y testaferros del narcotráfico.

¿Cómo entender semejante panorama? El análisis de Elizabeth Dickinson para el International Crisis Group resulta iluminador, puesto que señala que el atractivo de líderes como Bukele, Trump, Milei, Uribe, e incluso, los actuales candidatos y candidatas de centro y derecha; reside en que amplifican discursos con mensajes en los que "proporcionan una solución rápida y simple a un problema muy complejo”. Esa es la esencia del facilismo cognitivo contemporáneo: la demanda social por respuestas que no requieran mediaciones institucionales, procesales ni deliberativas. El pensamiento crítico ha sido reemplazado por la inmediatez emocional de los reels, los shorts y por la recompensa dopamínica de confirmar prejuicios traducidos en “Me gusta”, suscripciones, reproducciones o vistas.

Pero sería ingenuo atribuir este fenómeno exclusivamente a una supuesta "estupidez natural" de las masas. Bonhoeffer advertía que la estupidez es, ante todo, un instrumento de poder: quienes gobiernan la alimentan porque saben que los estúpidos son dóciles, disciplinados y fácilmente movilizables contra enemigos imaginarios. En esta tarea, han sido fundamentales ciertos sectores que, paradójicamente, surgieron como resistencias legítimas. 

El ecologismo radical, la proliferación e institucionalización de sectas religiosas, ciertas expresiones del feminismo interseccional y los activismos identitarios han sido hábilmente instrumentalizados hasta convertirse en caricaturas de sí mismos. Lo que comenzó como crítica genuina a exclusiones históricas terminó, en sus versiones más degradadas, en un repertorio de supuestas verdades incuestionables, lenguaje homogeneizador y puritano. La corrección política se transformó en fetiche de un progresismo sin programa. El resultado: Al menos dos generaciones "embolatadas"; sin herramientas para entender la estructura económica que las explota, atrapadas entre la indignación casi actuada y la absoluta inutilidad política, que termina por naturalizar hasta la violencia.

Este escenario social del siglo XXI ha sido ocupado por una nueva derecha (o Derecha Alternativa, según Varoufakis, 2024) que ya ni siquiera se molesta en ocultar sus vínculos con lo más oscuro de nuestra historia. Abelardo de la Espriella fue abogado de las Autodefensas Unidas de Colombia en el proceso de paz. Su libro Muerte al tirano, donde justifica el asesinato de jefes de Estado como acto patriótico, no es la excentricidad de un provocador; es la declaración explícita de un programa que disfraza de libertarismo lo que en esencia es fascismo del siglo XXI que solo busca beneficiar exclusivamente a las élites.

La pregunta que debería estremecernos no es ¿cómo llegamos hasta aquí? sino ¿por qué seguimos cayendo en las mismas trampas? El uribismo, fuertemente acorralado jurídicamente, busca resucitar una vez más, ahora bajo el ropaje de DeLa Espriella, el Milei colombiano o a través de sectores del centro liderados por el  camaleónico Roy Barreras o por la nadería sideral que representa Sergio Fajardo, a quienes la derecha política, pero, sobre todo, las élites económicas pretenden imponer para que reinstalen desde la Casa de Nariño, el mismo orden institucional que ayer suscribió pactos con paramilitares y que mañana gobernaría para los mismos conglomerados económicos que han condenado a este país a una indignante desigualdad.

El psicólogo canadiense James Flynn, al documentar el decline cognitivo de las últimas décadas, señalaba que la inteligencia no es una entidad biológica fija sino una función del entorno cultural. Si las sociedades contemporáneas se vuelven más estúpidas no es porque hayamos involucionado genéticamente, sino porque los estímulos culturales que recibimos (redes sociales diseñadas para la adicción, sistemas educativos empobrecidos, medios que confunden información con entretenimiento, liderazgos que premian lo escandaloso sobre la sustentación racional) han degradado sistemáticamente nuestra capacidad de pensar críticamente. En este sentido, la estupidez no es un pecado original, sino que es un régimen de producción.

Colombia está a punto de elegir y la advertencia de Bonhoeffer resuena hoy con la urgencia de un electrocardiograma plano: Contra la estupidez no bastan los datos, porque los estúpidos son inmunes a la evidencia. Se necesita algo más difícil: reconstruir las condiciones materiales y espirituales que hicieron posible, alguna vez, ciudadanos capaces de sostener contradicciones sin sucumbir al vértigo del fanatismo. ¡Soñar todavía es gratis!

Imbéciles gobernando imbéciles*

Por: Germán Navas Talero

Editor: Francisco Cristancho R.

Si Uribe le permite ser candidato a Juan Carlos Pinzón por el partido uribista o conservador o del que quieran… ¡Acaba con el partido que represente! Porque él fue y sigue siendo un inepto. Si hay dos cosas que decepcionan son: la incapacidad mental de Donald Trump y la del exministro uribista.

La autoeliminación o suicidio es un acto voluntario mediante el cual un ser viviente, de forma consciente, resuelve quitarse la vida. Sin embargo, hay seres que no quisieran suicidarse, pero la situación los lleva a tal extremo que por desequilibrio lo hacen. ¿Por qué viene esto a colación? Pues porque me puse a pensar… ¿a qué estado de desequilibrio podría llegar una neurona de un ser humano al tener que soportar uno de los discursos del señor Juan Carlos Pinzón?

Juan Carlos Pinzón fue ministro de Defensa durante alguno de los regímenes conservadores de nuestro pasado reciente y, posteriormente, embajador de Colombia en Washington, Estados Unidos; aunque estando allí, parecía más un embajador de ese país que del nuestro. ¡Y qué tipo para hablar tan aburridoramente! Aburrido a morir -hablando de suicidios-. Ahora, cuando salen con que este sujeto aspira a ser presidente de la República, uno se pregunta… ¿será que las neuronas de los colombianos van a querer seguir viviendo luego de escuchar las palabras de este zoquete?

Si han de querer perder el tiempo, pónganse a buscar algunas de las intervenciones que balbuceó Pinzón Bueno siendo ministro malo. Eso sí que era una vaina -como dicen- bien mamona, y él, igual que la fruta: todo un mamoncillo. ¡Mamonsísimo! ¿Y ese sujeto aspira a ser presidente de la República cuando fue absolutamente inepto como ministro y como embajador? Así era Juan Carlos Pinzón en ese entonces, muy emperifollado, muy peinadito y todo, pero de una incapacidad mental impresionante. ¡Qué tal ese individuo presidente de la República! Si a ese tipo le permiten ser candidato por el partido uribista o conservador o del que quieran… ¡Acaba con el partido que represente! Porque, repito, él fue y sigue siendo un inepto. Si hay dos cosas que decepcionan son: la incapacidad mental de Donald Trump y la de Juan Carlos Pinzón.

Pinzón de presidente sería lo mismo que es Trump para la presidencia de los Estados Unidos, porque -según los entendidos en la materia- Trump ha sido el peor presidente que ha tenido EE. UU. en toda su historia, superando ampliamente incluso a Bush. Aquí, donde esa desgracia nos llegara a ocurrir, tendríamos que decir entonces que… “después de Andrés Pastrana, el peor presidente fue Juan Carlos Pinzón”. Yo, sería capaz de convertirme a cualquier religión y hacer cualquier promesa ‘sagrada’ para que ese sujeto no consiga más de dos votos: el de él y el de su esposa; porque no creo que alguien con sus neuronas en sano juicio, sea capaz de votar por ese individuo.

-Cambiando de tema- Hay actos políticos que merecen reproche y otros que merecen crítica. Pero hay actos que, más que actos, son groserías. Lo más grosero que yo he visto en los últimos años en materia política es el hecho de que los Estados Unidos -¡Primer consumidor de drogas en el mundo!-, venga a descertificar a Colombia, dizque porque este país no lucha contra el narcotráfico. Si Colombia pudiese suprimir de un plumazo la producción de cocaína o de las demás sustancias, no pasaría de ser algo chévere para el mundo. Pero se imaginan ustedes qué pasaría con los gringos si les quitaran la cocaína. Imaginen a los gringos sin morfina, cocaína, fentanilo o marihuana, ¿a qué se dedicarían? Ellos no saben hacer nada más. Cuando uno tiene la oportunidad de transitar por ciertos lugares de ese país ve que muchas cosas giran en torno a eso, a la droga. El único sueño del gringo es conseguir ‘de eso’, y cuando vienen aquí, vienen con la ilusión de poder conseguir eso aún más fácil que allá.

Pero no hace mucho me decía un gringo que allá, en las calles de su país, se conseguía más fácil la droga que acá en Colombia. “Es que aquí hay que hacer muchas vueltas”, decía. Allá uno sabe ya en qué esquina está. Estira la mano con el billete y le pasan el paquete. ¡Y si lo dicen ellos! Yo le pregunté por qué gustaba tanto la cocaína en ese país. Él decía que con el estrés que viven, es la única forma de escapar de una realidad que no quieren. Y los entiendo. Con un presidente de la calaña de Donald Trump, cualquiera prefiere un pase. Con razón el consumo está disparado.

Y es que es vergonzoso escuchar bestializar a Trump. Hace poco dijo qué, gracias a él, se evitó un conflicto entre Armenia y Camboya. Ahí uno se da cuenta de que ese tipo ni de geografía sabe, porque él cree que estos son países vecinos, pero resulta que está más cerca Armenia de Nueva York que de Camboya. Camboya está pegado a Vietnam, en tanto que Armenia es vecino de Turquía.

Finalmente, uno no se explica cómo los estadounidenses pudieron votar alguna vez por esa bestia, y mucho menos reelegirlo. Usted tiene derecho a ser patriota, pero no imbécil. Y si el presidente de un país es un imbécil, el mejor acto de patriotismo es criticarlo y decírselo. Bueno, entiendo que el poder presidencial de allá permite que el presidente haga lo que le da la gana. Las cortes se agachan y la democracia es una palabra que está en el diccionario, pero nunca en la realidad.

Se ha llegado al extremo de hacer botar a un periodista por haberlo criticado. Nadie, nadie puede hablar mal del presidente de la República, y si de pronto alguien en algún periódico llega a criticarlo, simplemente lo manda a cerrar. Esa es la libertad hoy en los Estados Unidos. Ese es el país que un día se proclamó como cuna de la democracia. ¡Qué vergüenza la democracia tan mal representada en países como ese!

Coletilla: Escuché unas palabras por ahí del reconocido actor Denzel Washington. El juicio con el cual hace sus críticas es para aplaudirlo. Está bien documentado. Él, a diferencia de muchos, no cree que criticar a Trump sea cuestión de apátridas; por el contrario, sus conceptos son precisos y sus críticas exactas. Sabe que cuando critica al gobierno de su país no está criticando a su país como tal. Me gustó ese Washington, porque dice verdades de a puño; obviamente, cuando hay tan buenos oradores como este y hablan para imbéciles -como Trump-, se pierde cualquier esfuerzo; porque no creo que Trump entienda ni la mitad de lo que este artista afirma.

Adenda: Las vías públicas se han vuelto un buen negocio para los vivos en este país. Ese sistemita de cobrar por parquear en vías sin que el dinero quede en poder del Estado viene enriqueciendo a muchos. Por eso considero justa la protesta de este fin de semana en La Mesa, Cundinamarca, en donde habitantes y comerciantes se manifestaron contra el negociazo de las Zonas Azules. La gente está cansada de que le cobren por parquear su carrito en la vía pública. Y es que hoy cualquier vivo, amigo del alcalde de turno o de cualquier concejal, está consiguiendo que le adjudiquen su propia calle; además de no pagar nada, se llena de plata; y el pobre ciudadano, que es el que paga con sus impuestos esa vía sí tiene que volverse a meter la mano al dril, y pagar por usar la calle que él mismo pagó por su construcción. ¡Rico, ¿no?!

Adenda internacional: Curioso el poder de la señora Karina Milei, la verdadera gobernante de Argentina. Su hermano Javier aparece como presidente, pero es ella quien manda. Allá se hace lo que ella diga. Tenemos entendido que, además de ser una buena fabricante de biscochos, no tiene ninguna experiencia. Con razón tienen a ese país en la ruina en que lo tienen. ¡Pobre país! ¿Pero, qué tipo de relación tienen Karina y Javier? Esa relación cuasi-incestuosa aquí no la analizaremos.

Apunte del editor: Generoso nos resultó el delincuente del norte. Trump ‘perdonó’ las sanciones a Colombia tras la descertificación; medida infame que desconoce lo que históricamente termina poniendo nuestro país en la inane lucha contra el narcotráfico: ¡Muertos!

Pero Estados Unidos nunca pierde. Está invirtiendo -abierta y descaradamente- en la campaña electoral de 2026. Y mientras tanto, a nuestro supuesto “errático” presidente, como lo llamó con desfachatez Marco Rubio, lo que le sobra es dignidad “Se acaba la dependencia del Ejército de Colombia y sus Fuerzas Militares del armamento de los Estados Unidos. No más limosnas ni regalos.” ¿Y todo esto para qué?, se preguntaría el colega José Antonio Samper Pupo. La respuesta, como en la película, siempre será la misma…

¡Hasta la próxima semana!

*Nota originalmente publicada en SoNoticias y compartida con la comunidad de La Conversa de Fin de Semana, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño

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