Prensa tradicional colombiana y el oficio de salvar a la derecha

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com- 

La derecha, en su desesperación por frenar su derrota, recurre a la manipulación mediática, instalando el relato de las "chuzadas" para silenciar denuncias de fraude y torcer una elección que se está escapando.

Nuevamente se comprueba que la función de los grandes medios de comunicación tradicional en Colombia no es la de informar, sino la de despistar al ciudadano desprevenido. La constatación de su malintencionada actuación se presenta con claridad meridiana en estas semanas previas a las elecciones presidenciales del 31 de mayo. 

Mientras el presidente Gustavo Petro denuncia, con la presentación de documentos, actuaciones judiciales y evidencia empírica histórica, la posibilidad de un intento de fraude electoral que involucra a la empresa Thomas Greg & Sons y al candidato de derecha Abelardo de la Espriella, la prensa tradicional, fiel a su oficio de siempre, ha decidido mirar hacia otro lado. O, mejor dicho, ha decidido voltear las cámaras y micrófonos para enfocarse en una historia distinta.

El presidente colombiano ha sido insistente en señalar que la firma de los hermanos Bautista, encargada del software de preconteo y escrutinio, podría estar en el centro de una maniobra para manipular los resultados electorales. Según Petro, ese fraude no se limitaría a la manipulación de jurados de votación, tal y como ocurrió y se denunció en las elecciones parlamentarias del pasado 8 de marzo, sino que tendría una dimensión algorítmica asociada al software electoral. Es necesario indicar que no es un señalamiento improvisado, puesto que el presidente ha denunciado, en reiteradas ocasiones, que la Registraduría ha desobedecido desde 2018 una orden judicial que ordenaba cambiar ese software privado, demostrado como vulnerable. También ha advertido sobre la negativa de Thomas Greg & Sons a entregar el PKI (la clave de información pública) que hace parte de una base de datos que él calificó como "la base de datos de la colombianidad".

Pero la denuncia central, la que desató la tormenta política de los últimos días, fue el mensaje del presidente en redes sociales del pasado 4 de abril, en el que aseguró tener informes sobre conversaciones entre los hermanos Bautista y el candidato De la Espriella, en las que estarían "intercambiando la devolución del contrato de pasaportes a sus manos, y la promesa, a cambio, de ciertos algoritmos que le aseguren la presidencia".

Ante una denuncia de esta gravedad, que involucra a un candidato presidencial y a una empresa contratista del Estado en una supuesta maniobra para adulterar la voluntad popular, lo que cabría esperar de una prensa seria es una investigación a fondo. Que se pregunten: ¿qué hay de cierto en esos informes? ¿Por qué la empresa que hace el preconteo es la misma que ha sido señalada de irregularidades en el pasado? ¿Qué intereses están en juego? Pues no. La respuesta de los medios tradicionales ha sido, como siempre, el desvío. Y el desvío, en este caso, tiene nombre y apellido: "chuzadas".

La prensa tradicional, con una celeridad que sería encomiable si no fuera tan evidentemente orquestada, ha logrado imponer en la agenda mediática un relato paralelo: que el presidente Petro estaría reeditando el escándalo de interceptaciones ilegales del gobierno de Álvaro Uribe, las llamadas "chuzadas" que se hicieron desde el DAS contra opositores, periodistas y magistrados. Los medios, en un acto de reflejo condicionado, han instalado una narrativa sin mayores cuestionamientos. Medios tradicionales como el Tiempo, Caracol radio, RCN o Blu Radio abrieron sus análisis afirmando que, de confirmarse lo dicho por el jefe de Estado, se estaría repitiendo el escándalo de las chuzadas del que fue víctima el propio Gustavo Petro siendo líder de la oposición durante el gobierno de Álvaro Uribe.

Este tipo de insinuaciones conforman una analogía tramposa, ya que en el caso de las chuzadas del DAS, hubo interceptaciones ilegales documentadas, condenas judiciales en firme, como las de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado y de Bernardo Moreno Villegas, así como la comprobación sustentada de la existencia de un entramado de espionaje político desde el Estado contra la oposición. Por el contrario, para el caso de la empresa de los hermanos Bautista, la Registraduría y de La Espriella, Petro ha sustentado sus denuncias con actuaciones judiciales documentadas. 

Un periodista de El Tiempo, medio propiedad del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo (poderoso empresario de derecha), resumió a la perfección esta estrategia de neutralización cuando escribió en ese medio que "el presidente Gustavo Petro siguió en su línea de irse en contra de Thomas Greg & Sons por su participación en la organización de las elecciones del 2026, como apoyo logístico de la Registraduría. En esta ocasión llegó a sugerir, sin mayores soportes, un supuesto intento por beneficiar al candidato Abelardo de la Espriella por parte de los máximos accionistas de la empresa". Obsérvese la sutileza del uso de la frase del periodista empleado del grupo AVAL: "sin mayores soportes", puesta en la nota para hacer creer que  las denuncias públicas, los documentos judiciales y los señalamientos reiterados del presidente no merecieran siquiera la molestia de ser verificados.

Pero el colmo de la manipulación llega cuando los mismos medios que hoy se rasgan las vestiduras por unas supuestas "chuzadas" reproducen, sin ningún tipo de filtro ético, las declaraciones procaces del candidato De la Espriella. Su respuesta al presidente fue, en sus propias palabras: "Oye, Petro, revisa tu sistema de inteligencia, el que le entregaste a tus camaradas de la narcoguerrilla; si con esa información estás tomando decisiones, seguramente es la razón por la cual pareces fuera de tus cabales". Esa afirmación, que insiste de manera irresponsable en vincular al mandatario colombiano con grupos ilegales, junto con su acostumbrada grosería, han sido reproducidas incesantemente por decenas de medios sin el menor cuestionamiento. Se ha convertido en titular, en frase de cierre de noticiero, en meme de redes. Y mientras tanto, la pregunta de fondo: ¿hay o no hay un intento de fraude electoral orquestado desde una empresa privada en contubernio con un candidato presidencial? sigue sin respuesta, sepultada bajo una montaña de indignación fabricada.

Lo más paradójico de todo es que, según las encuestas que los mismos medios publican y financian, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, acompañado de su fórmula vicepresidencial Aída Quilcué, lidera con una amplia ventaja, tal como lo señala una reciente encuesta de Guarumo y Ecoanalítica, financiada por El Tiempo, le da a Cepeda un 37,5% de intención de voto, seguido por De la Espriella con un 20,2% y Paloma Valencia con un 19,9%. Resulta claro que  la derecha sabe que va perdiendo y que, por lo tanto, sus estrategias de manipulación mediática, dentro de las que se incluye el intento de instalar el relato de las "chuzadas" y de silenciar las denuncias de fraude, parecen ser el último recurso para cambiar el rumbo de una elección que se les escapa.

La ciudadanía debe estar alerta. La mal llamada prensa colombiana, propiedad de los mismos conglomerados que se benefician del statu quo, no va a investigar a sus propios dueños ni a los candidatos que representan sus intereses. Por eso es más urgente que nunca que la veeduría internacional, las misiones de observación electoral y la ciudadanía organizada pongan la lupa donde los medios no quieren mirar: en el software electoral, en los contratos de Thomas Greg & Sons y en las conversaciones que el presidente Petro ha denunciado. Porque si permitimos que el relato del desvío triunfe una vez más, la verdad seguirá siendo la primera víctima de esta guerra sucia. Y la democracia, la siguiente.

Libertarios colombianos: El declive cognitivo en la Colombia de 2026

Por: Omar Orlando Tovar Troches – ottroz69@gmail.com- 

El atractivo de Bukele, Trump, Milei, Uribe y los candidatos de centro y derecha; reside en que amplifican discursos que "proporcionan una solución rápida y simple a un problema muy complejo”. Esa es la esencia del facilismo cognitivo

Cuando Dietrich Bonhoeffer escribió, desde la prisión nazi, su teoría sobre la estupidez no podía imaginar que ochenta años después su diagnóstico se materializaría con exactitud quirúrgica en las democracias latinoamericanas del siglo XXI. 

El teólogo alemán definió la estupidez no como una deficiencia intelectual, sino como un fenómeno moral e histórico, caracterizado por la renuncia voluntaria al pensamiento autónomo a cambio de la seguridad que otorga el rebaño (Bonhoeffer, Cartas desde la prisión, 1944). Paralelamente, el Efecto Flynn Inverso, consistente en el decline gradual y sostenido de las capacidades cognitivas, documentado en las últimas tres décadas en países de alto desarrollo ha dejado de ser una hipótesis académica para convertirse en el sello distintivo de nuestras sociedades.

La evidencia empírica de estos fenómenos de retroceso intelectual ya no habita exclusivamente en revistas especializadas; se observa claramente en TikTok, en X, en los medios tradicionales de Comunicación, en las plazas públicas y, sobre todo, en las encuestas electorales. Colombia, a días de las elecciones presidenciales de 2026, ofrece un laboratorio perfecto para observar cómo el facilismo extremo y la obediencia ciega (síntomas claros de esta nueva estupidez histórica) encuentran en figuras como Abelardo de la Espriella su expresión política más acabada. Lo que resulta verdaderamente inquietante no es la existencia de candidatos ultraderechistas, sino la naturalidad con la que sectores que hasta ayer se reivindicaban centristas, liberales e incluso progresistas, hoy claman por mano dura y soluciones mágicas mientras abrazan a un abogado vinculado al mundillo judicial de paramilitares y testaferros del narcotráfico.

¿Cómo entender semejante panorama? El análisis de Elizabeth Dickinson para el International Crisis Group resulta iluminador, puesto que señala que el atractivo de líderes como Bukele, Trump, Milei, Uribe, e incluso, los actuales candidatos y candidatas de centro y derecha; reside en que amplifican discursos con mensajes en los que "proporcionan una solución rápida y simple a un problema muy complejo”. Esa es la esencia del facilismo cognitivo contemporáneo: la demanda social por respuestas que no requieran mediaciones institucionales, procesales ni deliberativas. El pensamiento crítico ha sido reemplazado por la inmediatez emocional de los reels, los shorts y por la recompensa dopamínica de confirmar prejuicios traducidos en “Me gusta”, suscripciones, reproducciones o vistas.

Pero sería ingenuo atribuir este fenómeno exclusivamente a una supuesta "estupidez natural" de las masas. Bonhoeffer advertía que la estupidez es, ante todo, un instrumento de poder: quienes gobiernan la alimentan porque saben que los estúpidos son dóciles, disciplinados y fácilmente movilizables contra enemigos imaginarios. En esta tarea, han sido fundamentales ciertos sectores que, paradójicamente, surgieron como resistencias legítimas. 

El ecologismo radical, la proliferación e institucionalización de sectas religiosas, ciertas expresiones del feminismo interseccional y los activismos identitarios han sido hábilmente instrumentalizados hasta convertirse en caricaturas de sí mismos. Lo que comenzó como crítica genuina a exclusiones históricas terminó, en sus versiones más degradadas, en un repertorio de supuestas verdades incuestionables, lenguaje homogeneizador y puritano. La corrección política se transformó en fetiche de un progresismo sin programa. El resultado: Al menos dos generaciones "embolatadas"; sin herramientas para entender la estructura económica que las explota, atrapadas entre la indignación casi actuada y la absoluta inutilidad política, que termina por naturalizar hasta la violencia.

Este escenario social del siglo XXI ha sido ocupado por una nueva derecha (o Derecha Alternativa, según Varoufakis, 2024) que ya ni siquiera se molesta en ocultar sus vínculos con lo más oscuro de nuestra historia. Abelardo de la Espriella fue abogado de las Autodefensas Unidas de Colombia en el proceso de paz. Su libro Muerte al tirano, donde justifica el asesinato de jefes de Estado como acto patriótico, no es la excentricidad de un provocador; es la declaración explícita de un programa que disfraza de libertarismo lo que en esencia es fascismo del siglo XXI que solo busca beneficiar exclusivamente a las élites.

La pregunta que debería estremecernos no es ¿cómo llegamos hasta aquí? sino ¿por qué seguimos cayendo en las mismas trampas? El uribismo, fuertemente acorralado jurídicamente, busca resucitar una vez más, ahora bajo el ropaje de DeLa Espriella, el Milei colombiano o a través de sectores del centro liderados por el  camaleónico Roy Barreras o por la nadería sideral que representa Sergio Fajardo, a quienes la derecha política, pero, sobre todo, las élites económicas pretenden imponer para que reinstalen desde la Casa de Nariño, el mismo orden institucional que ayer suscribió pactos con paramilitares y que mañana gobernaría para los mismos conglomerados económicos que han condenado a este país a una indignante desigualdad.

El psicólogo canadiense James Flynn, al documentar el decline cognitivo de las últimas décadas, señalaba que la inteligencia no es una entidad biológica fija sino una función del entorno cultural. Si las sociedades contemporáneas se vuelven más estúpidas no es porque hayamos involucionado genéticamente, sino porque los estímulos culturales que recibimos (redes sociales diseñadas para la adicción, sistemas educativos empobrecidos, medios que confunden información con entretenimiento, liderazgos que premian lo escandaloso sobre la sustentación racional) han degradado sistemáticamente nuestra capacidad de pensar críticamente. En este sentido, la estupidez no es un pecado original, sino que es un régimen de producción.

Colombia está a punto de elegir y la advertencia de Bonhoeffer resuena hoy con la urgencia de un electrocardiograma plano: Contra la estupidez no bastan los datos, porque los estúpidos son inmunes a la evidencia. Se necesita algo más difícil: reconstruir las condiciones materiales y espirituales que hicieron posible, alguna vez, ciudadanos capaces de sostener contradicciones sin sucumbir al vértigo del fanatismo. ¡Soñar todavía es gratis!

La normalización del engaño: artimañas jurídicas, crimen y política del ruido *

 

Imagen tomada de: Tertulias Defensor | Podcast on Spotify

Por: Jhon Jaiver Flórez G.

Abelardo De la Espriella no es una anomalía, sino un producto lógico del sistema de poder colombiano. Su ascenso refleja la normalización social del engaño y la desfachatez política. Su candidatura es la confesión de un régimen que, sin pudor, exige ser aplaudido y votado.

En Colombia, la política no corrige: recicla. No depura los residuos del poder, los reintroduce con nuevo empaque. Los procesos judiciales no expulsan a los protagonistas: los preparan. Los prontuarios no cierran carreras: las inauguran. Aquí el pasado no pesa como culpa, sino como experiencia; no funciona como límite moral, sino como capital simbólico. En ese ecosistema —donde la memoria estorba y la indignación se agota rápido— prospera Abelardo De la Espriella, figura que no irrumpe en la escena política como accidente ni como anomalía, sino como consecuencia lógica de un sistema que aprendió hace tiempo a gobernar desde el subsuelo.

De la Espriella no es simplemente un abogado cuestionado que decidió “dar el salto” a la política. Es un producto acabado de la gobernabilidad informal colombiana, ese régimen paralelo donde el derecho no regula el poder, sino que lo blinda; donde la ley no opera como límite ético, sino como lenguaje técnico de la impunidad; donde el expediente no busca verdad, sino desgaste; y donde el proceso judicial se convierte en una sofisticada administración del tiempo: tiempo para prescribir, negociar, fugarse o reciclarse. Su figura no nace en la plaza pública ni en el debate democrático, sino en el subsuelo: en los pasillos judiciales, las intermediaciones oscuras, los acuerdos invisibles y las defensas que no persiguen justicia, sino control del daño.

Por eso su entrada en la política electoral no constituye una ruptura, sino una continuidad natural. Cambia el estrado por la tarima, el alegato por la vociferación mediática, pero conserva intacto el método. Intimidar, saturar, confundir. Desplazar el conflicto desde el terreno de los hechos hacia la emocionalidad primaria. Convertir el grito en argumento y el enemigo en programa. Presentarse como encarnación del orden frente a un caos cuidadosamente exagerado. No es un outsider: es el insider perfecto de un sistema que siempre ha gobernado desde abajo, desde las cloacas que la institucionalidad se empeña en negar mientras se alimenta de ellas.

El caso de Diego Cadena no es, en este relato, un capítulo cerrado, sino una linterna. Su condena no clausura una historia: ilumina un ecosistema. Cadena fue el operador visible, el mensajero fanfarrón que visitaba cárceles y negociaba testimonios con la torpeza de quien actúa a plena luz. De la Espriella pertenece a otro nivel: el de los traductores, los legitimadores, los alquimistas que convierten el mundo criminal en lenguaje respetable, que hacen del delito un asunto técnico y del poder una cuestión de estilo. Cadena exhibe el método; De la Espriella encarna el modelo. No se trata de complicidades episódicas, sino de una identidad de campo, de trayectorias paralelas y clientelas compartidas, de una misma concepción del derecho como herramienta de administración de la impunidad.

Durante la desmovilización de las AUC, De la Espriella no fue un espectador ingenuo ni un asesor técnico marginal. Fue parte del engranaje simbólico que permitió al paramilitarismo reconvertirse discursivamente: lavar su historia con retórica jurídica, traducir crímenes masivos en causas defendibles y ensayar una respetabilidad de posguerra. La fundación FINPAZ no fue una anécdota juvenil ni un error de cálculo, sino una señal temprana de una constante: la moral como escenografía, intercambiable según la audiencia y la coyuntura. En ese teatro, la ética no es principio, sino utilería.

En Colombia, la biografía incómoda no estorba: habilita. No se asciende pese al pasado, sino gracias a él, cuando es lo bastante turbio para garantizar obediencia futura. El Espectador lo recordó el 6 de julio de 2009 al revelar que, durante el juicio contra David Murcia Guzmán, la Fiscalía presentó pruebas que vinculaban a Abelardo De La Espriella con la recepción de 760 millones de pesos para presunto lobby en el Congreso a favor de DMG. Las interceptaciones fueron directas: dinero urgente para “pisar a la gente”, con destino a la “oficina de Abelardo”, acompañadas de seguimiento oficial y registro fotográfico. El abogado admitió el ingreso, aunque lo rebautizó como honorarios. En el subsuelo del poder, cambian los nombres; las funciones, no.

Ese acceso no se exhibe: se ejerce. Colombia está llena de abogados ricos; pocos necesitan un jet privado para recordar quién manda. El Falcon 50 matriculado en Delaware —ese paraíso fiscal con modales jurídicos— no es un medio de transporte: es una declaración de jerarquía. El reloj Rolex, el maletín exclusivo, la pose calculada frente a la turbina no son extravagancias personales, sino una pedagogía brutal del privilegio. Cuando De la Espriella afirma que “no tiene que dar explicaciones”, no evade una pregunta: afirma una doctrina. Es la impunidad hablándose a sí misma, convertida en identidad política y ofrecida como modelo de éxito.

La licitación de El Dorado funciona como escena inaugural del mito. Una firma desconocida, honorarios obscenos, 800 mil dólares para un abogado joven con vestimenta y sin recorrido. Nadie pudo entonces —ni puede ahora— justificar ese pago desde la técnica jurídica. Pero en la república del subsuelo existen servicios que no figuran en los contratos: se pagan por lo que abren, por lo que conectan o por lo que silencian. Hay experticias que no se enseñan en las facultades, pero que se aprenden rápido allí donde la legalidad y la ilegalidad se separan por un hilo casi imperceptible. Es en ese territorio donde se aprende, con precisión cínica, cómo funciona realmente el poder.

La relación con Álex Saab termina de cerrar el círculo. Mientras hoy declama contra la dictadura venezolana con fervor impostado, los hechos muestran que asumió su defensa cuando ya era públicamente señalado como testaferro central del régimen de Maduro. No llegó tarde ni engañado: llegó sabiendo. Saab no fue un cliente incómodo descubierto a destiempo; fue un cliente estratégico. Defenderlo no fue un error, sino una toma de posición. Y cuando la estafa de los CLAP ya estaba documentada, De la Espriella eligió atacar periodistas antes que responder preguntas.

Su estrategia contemporánea es elemental y eficaz: saturar el espacio público. No refutar, sino ahogar. No explicar, sino intimidar. Convertir el ruido en cortina, el algoritmo en coartada y la indignación performativa en blindaje. Allí donde no hay argumentos, hay enemigos; donde no hay programa, hay venganza; donde no hay ideas, hay espectáculo.

Su candidatura no es solo un episodio electoral: es un síntoma histórico. La mutación final del abogado del subsuelo en caudillo lenguaraz de micrófono, alguien que convierte su pasado oscuro en promesa de ferocidad política y su falta de escrúpulos en oferta de orden. En un país atravesado por genocidios políticos, falsos positivos y violencias normalizadas, esa ligereza discursiva no es retórica: es advertencia.

Desde una mirada sociológica, Abelardo De la Espriella no es un desviado, sino un nodo funcional del campo de poder colombiano. Desde una mirada humanística, el verdadero drama no reside únicamente en su ascenso inflado, sino en la normalización del engaño social que lo hace posible y hasta deseable. Y desde una lectura política, su candidatura es la confesión involuntaria de un sistema que ya no disimula ni pide perdón: ahora exige aplausos y solicita el voto sin rubor.

El talante de De la Espriella no se presume ni se caricaturiza: se prueba. Basta escucharlo cuando, sin pudor ni rodeos, decide teorizar su propia ética en una entrevista radial, confiesa, con una franqueza que roza el cinismo: “Yo soy ateo, pero en Colombia hay muchos votantes creyentes, y si uno quiere esos votos, tiene que mentir. Nada más”. No fue un lapsus ni una torpeza verbal: fue la tesis de su política. La mentira erigida en herramienta electoral, la fe convertida en mercancía y el engaño asumido como método legítimo de poder. No un error moral, sino una estrategia explícita.

Su cercanía con el inframundo tampoco admite el refugio de la “invención periodística”. En un cara a cara radial con el narcotraficante conocido como el Mono Abello, ante la pregunta directa de Julio Sánchez Cristo sobre si alguno de sus bienes estaba en manos de políticos, la respuesta fue tan reveladora como impune: “Los bienes míos los maneja… detrás de bambalinas el señor Efraín Cepeda, el abogado Aniano Iglesias y el abogado orquesta Abelardo De la Espriella”. En la república del subsuelo los nombres no se esconden: se pronuncian. Lo escandaloso no es la red, sino la naturalidad con que se la administra.

Daniel Coronell terminó de afinar el bisturí. Contó cómo De la Espriella intentó perseguirlo judicialmente en Estados Unidos por una columna titulada El avión. El ímpetu judicial duró lo que tarda la justicia en hacer una pregunta incómoda: qué explicara el origen de su fortuna y nombrara a sus clientes. Ahí, el paladín del litigio descubrió los límites de su coraje procesal y se retiró en silencio. La justicia, cuando deja de servir para intimidar y empieza a exigir respuestas, suele volverse intolerable para quienes más la invocan.

Y entonces emerge su versión más reciente, tan simple como perturbadora: un gatico domesticado, enfundado en bandanas patrióticas, criado entre alfombras mullidas, aplausos comprados y sombras obedientes, se mira en un espejo deformado y se cree tigre. Eriza el lomo, ruge para las cámaras y promete selva donde apenas hay patio. No caza, no protege, no gobierna: imita.

El verdadero peligro no reside en quien ensaya rugidos sin haber salido del patio, sino en una sociedad que normaliza la impostura, tolera candidaturas sostenidas en artificios mediáticos y legitimaciones precarias, y que, entre encuestas funcionalmente arregladas y firmas infladas y dudosas, termina entregando el poder real, confundiendo la representación con liderazgo y la farsa con destino.

* Desde La Conversa de Fin de Semana, agradecemos las contribuciones de nuestros colaboradores. Cada opinión, que respetamos profundamente, es responsabilidad de su autor.