El 31 de mayo y el reflejo de una nación*

 

En la imagen: Jhon Jaiver Flórez / Economista - Analista político

Por: Jhon Jaiver Flórez G.

Cepeda es la continuidad del primer intento serio de transformación democrática en Colombia: memoria, negociación y un país posible sin odio como doctrina.

El 31 de mayo, Colombia no elegirá simplemente un presidente. Elegirá un espejo. Cada uno de los tres candidatos con mayores posibilidades de llegar a la Casa de Nariño refleja una versión distinta del país: lo que fue, lo que pudo ser y lo que todavía podría convertirse. Más que programas de gobierno, encarnan relatos históricos. Más que ideologías, condensan fracturas sociales acumuladas durante dos siglos. Y en esa escena —mitad tragedia republicana, mitad carnaval tropical de egos, privilegios y resentimientos— emergen tres figuras que resumen los conflictos más profundos de la nación. Mirarlos en conjunto resulta más revelador que analizarlos por separado, porque es en el contraste donde Colombia se contempla con mayor claridad y también con mayor vértigo.

Comencemos por el origen, que nunca es un simple dato biográfico, sino una declaración política involuntaria. Paloma Valencia nació en el linaje de los criollos que tomaron el poder tras la independencia de 1819 y jamás lo soltaron. Su apellido contiene un mapa de dos siglos de monopolio político: las guerras civiles del siglo XIX disputadas entre facciones de una misma élite; la Violencia de mediados del siglo XX, que dejó más de trescientas mil víctimas; el Frente Nacional, que clausuró el sistema político durante dieciséis años; y el paramilitarismo, que masacró comunidades enteras mientras esa clase administraba el Estado.

Valencia no inventó ese sistema. Lo heredó como se hereda una hacienda: con la serenidad de quien considera que el orden natural de las cosas no necesita explicación. No necesita levantar la voz porque pertenece a una tradición acostumbrada a hablar desde arriba. Su discurso se sostiene en la defensa de la institucionalidad, aunque esa institucionalidad haya sido diseñada históricamente para preservar los privilegios de su propia clase. Hay en ella una sofisticación intelectual preconcebida: justifica, grita, calcula. Pero ese engreimiento retórico encubre un vacío histórico persistente, porque la desigualdad colombiana no apareció por accidente: fue administrada durante generaciones por una élite que convirtió la concentración de la tierra y la exclusión social en principios de organización nacional. Valencia representa la continuidad refinada de quienes nunca tuvieron que conquistar el poder porque nacieron dentro de él.

Abelardo de la Espriella proviene de un lugar distinto: no del linaje aristocrático, sino del subsuelo oscuro y funcional que ese linaje necesita para operar. Ese territorio donde el derecho no limita al poder, sino que lo maquilla; donde la justicia administra el tiempo necesario para que todo prescriba, se negocie o se olvide. Su origen no está en la hacienda, sino en los rincones opacos de los pasillos judiciales, los clientes lóbregos, los contratos sospechosos…

Ochocientos mil dólares para un abogado joven e inexperto en la licitación del aeropuerto El Dorado: nadie pudo —ni puede hoy— justificar ese pago desde la lógica jurídica. Pero en la república del subsuelo los servicios se pagan no por lo que resuelven, sino por lo que conectan, desbloquean o silencian. De la Espriella simula el personaje del caudillo testosterónico: el fanfarrón mediático que comprende que, en una sociedad agotada por la inseguridad y el desencanto, la amenaza puede venderse como liderazgo.

No argumenta: vocifera. No persuade: amenaza. Su narrativa se apoya en la estética del fantoche —aviones privados, relojes lujosos, arrogancia convertida en espectáculo— elevada a doctrina de autoridad. Sus clientes lo describen con precisión devastadora. David Murcia aseguró haberle pagado cinco mil millones de pesos en honorarios que desaparecieron sin defenderlo, además de setecientos sesenta millones adicionales destinados, presuntamente, a corromper congresistas. Un investigador judicial rastreó esos movimientos hasta su oficina bajo juramento.

Mónica Mazzilli relató una historia similar: honorarios desproporcionados, promesas de defensa, garantías inexistentes y, finalmente, una captura inmediata apenas regresó al país. Cuando el abogado apareció en audiencia, lo hizo representando a la contraparte. Y mientras hoy grita contra la dictadura venezolana, los registros muestran que defendió a Álex Saab cuando ya era señalado públicamente como testaferro de Nicolás Maduro. Que Saab haya sido invitado de honor a su cumpleaños no constituye una anécdota social: funciona casi como una confesión involuntaria.

Iván Cepeda viene de un lugar radicalmente distinto. Su padre, Manuel Cepeda, senador de la Unión Patriótica, vivía en un apartamento de clase trabajadora, recibía un salario asignado por el partido. Lo asesinaron el 9 de agosto de 1994 cuando se dirigía al Congreso a debatir la adhesión de Colombia al Protocolo de Ginebra; es decir, cuando iba a hablar en nombre de quienes padecen la guerra.

El contraste con los otros dos candidatos resulta inevitable. Mientras Valencia hereda el poder y De la Espriella acumula fortuna sirviéndolo sin escrúpulos, Cepeda hereda una causa y una herida. Al día siguiente del magnicidio creó la Fundación Manuel Cepeda. Más tarde sufrió amenazas y debió exiliarse entre 1998 y 2004. No huyó para esconderse, sino para estudiar los instrumentos del derecho internacional que luego utilizaría contra el Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 2010 obtuvo la sentencia que declaró responsable al Estado por el asesinato de su padre en complicidad con estructuras paramilitares.

Llegó al Congreso sin maquinarias clientelistas y se convirtió en facilitador de los diálogos de paz con las FARC, el ELN y el Clan del Golfo. Toda su trayectoria está atravesada por una idea que en Colombia suele despertar sospechas: la paz entendida no como rendición del adversario, sino como transformación estructural de las condiciones que producen la guerra.

Sociológicamente, los tres representan proyectos irreconciliables de país. Valencia encarna la continuidad elegante de un orden excluyente y violento: dos siglos de un sistema que produjo uno de los índices de desigualdad más altos del continente, ocho millones de desplazados y niveles de impunidad incompatibles con cualquier democracia sólida. Su candidatura no ofrece una transformación, sino la versión soterrada de la continuidad: el establecimiento colombiano, con buena dicción y modales republicanos, presentándose como solución a los problemas que ellos produjeron.

De la Espriella representa la mutación del subsuelo en burdo caudillismo mediático prefabricado: el operador funcional al poder reciclado en promesa de orden violento, convirtiendo la intimidación en espectáculo y la impunidad propia en certificado de eficacia. Que semejante figura pueda consolidarse como alternativa política viable dice más sobre el deterioro democrático colombiano que muchos tratados de ciencia política.

Cepeda, en cambio, representa la continuidad del primer intento serio de transformación democrática que Colombia ha vivido en su historia: una apuesta construida sobre la memoria de las víctimas, la negociación política del conflicto y la convicción de que un país distinto es posible sin necesidad de convertir el odio en doctrina. Su principal dificultad quizás sea también su mayor virtud: en una época dominada por el espectáculo y el grito, la serenidad argumentativa suele perder audiencia frente a la promesa zafia de autoritarismo y venganza.

Las elecciones del 31 de mayo plantean, en el fondo, una pregunta que Colombia lleva doscientos años evitando responder con honestidad: ¿a quién pertenece realmente este país? ¿A los linajes que lo administraron como hacienda privada? ¿A los operadores del subsuelo tenebroso que transformaron la impunidad en negocio? ¿O a los millones de colombianos que pagaron con desplazamiento, pobreza y sangre el costo de un orden que siempre prometió estabilidad y terminó produciendo desigualdad?

Votar por Valencia significa elegir la certeza del pasado: un orden conocido, injusto y perfectamente funcional para quienes ocupan la cima. Votar por De la Espriella implica apostar por el caos del subsuelo mafioso disfrazado de autoridad: la fantasía de la mano dura ejercida por quien jamás ha rendido cuentas sobre sus propias ejecutorias. Votar por Cepeda supone aceptar la incomodidad del cambio real: más lento, más difícil y permanentemente amenazado por los poderes establecidos, pero también el único proyecto que no carga con el peso completo de dos siglos de deuda histórica.

Los tres candidatos son, en el fondo, hijos legítimos de Colombia. Valencia expresa la persistencia de una aristocracia que sabe reciclarse sin desaparecer. De la Espriella encarna la fascinación nacional por el patrón, por el capataz fuerte, violento, ventajoso y sin escrúpulos. Cepeda representa la obstinación ética de quienes sobreviven a la violencia sin renunciar a la posibilidad de justicia. Ninguno existe fuera del sistema: todos son producto de sus fracturas.

Colombia no necesita más espejos que le devuelvan la misma imagen de siempre. Necesita, por fin, uno capaz de decir la verdad. Y el próximo 31 de mayo, cada colombiano —con un lapicero en la mano, la mirada fija en el tarjetón y el peso de su conciencia latiendo en silencio— decidirá si continúa refugiándose en el espejo cómodo del miedo y la costumbre, o si se atreve a mirar ese otro reflejo donde aparece el país que todavía podría llegar a ser cuando deje, de una vez por todas, de temerle a sí mismo.

17 de mayo de 2026

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