LA GUERRA CULTURAL CONTRA EL PLURALISMO DEMOCRÁTICO *

En la imagen: Carlos Medina / Historiador - Analista Político

Por:  CARLOS MEDINA GALLEGO

Ningún presidente, ministro o partido político puede proclamarse propietario de la memoria nacional

La controversia provocada por el retiro de un conjunto de obras del Museo Nacional de Colombia trasciende ampliamente los límites de una discusión museográfica. Lo que está en juego no es solamente la permanencia de determinadas piezas en una exposición, sino el derecho de la sociedad colombiana a conocer, interpretar y debatir críticamente su propia historia.

En el fondo, asistimos a una disputa por el control de la memoria colectiva, la construcción de la identidad nacional y la legitimidad histórica de las luchas sociales y políticas que han transformado el país.

La llamada guerra cultural del gobierno de Abelardo de la Espriella encuentra en este episodio una de sus expresiones más preocupantes. Bajo el argumento de combatir el adoctrinamiento ideológico, el denominado wokismo y la supuesta exaltación de organizaciones insurgentes, se plantea una intervención sobre las instituciones culturales que puede terminar subordinando el conocimiento histórico a las preferencias políticas del poder ejecutivo.

La paradoja resulta evidente: un Gobierno que afirma combatir el adoctrinamiento corre el riesgo de instaurar su propia modalidad de adoctrinamiento institucional y político profundamente ideologizado.

1. LA MEMORIA HISTÓRICA como escenario de confrontación política

El retiro reportado de aproximadamente treinta piezas relacionadas con el feminismo, la diversidad sexual, los procesos de paz y la violencia política plantea un interrogante esencial: ¿quién tiene autoridad para decidir cuáles acontecimientos, protagonistas y experiencias merecen ocupar un lugar en la memoria pública?

Los museos nacionales no son simples depósitos de objetos antiguos. Son instituciones encargadas de preservar, investigar y comunicar las múltiples experiencias que constituyen la historia de una sociedad. Su responsabilidad no consiste en producir relatos complacientes con los gobiernos, sino en ofrecer interpretaciones rigurosas, críticas y plurales del pasado.

Cuando las decisiones curatoriales se subordinan a orientaciones ideológicas gubernamentales, aparece el peligro de convertir el patrimonio cultural en instrumento de legitimación política.

La Constitución de 1991 reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación, protege la libertad de expresión y establece obligaciones estatales relacionadas con el acceso a la cultura. Estos principios no son concesiones discrecionales del gobernante: constituyen límites constitucionales al ejercicio del poder.

2. UNA NACIÓN PLURAL que no puede reducirse a una sola identidad

La ofensiva contra determinadas expresiones culturales revela una concepción restrictiva de la identidad colombiana. Desde esa perspectiva, las luchas feministas, los movimientos de diversidad sexual, las organizaciones populares y determinadas experiencias políticas aparecen como elementos perturbadores de una supuesta tradición nacional homogénea.

Sin embargo, Colombia nunca ha sido una sociedad cultural ni políticamente uniforme. Su historia está atravesada por confrontaciones sociales, resistencias campesinas, movilizaciones estudiantiles, reivindicaciones de las mujeres, luchas indígenas y afrodescendientes, conflictos armados y esfuerzos persistentes por construir la paz.

Excluir estas experiencias de los relatos institucionales significa empobrecer la comprensión del país.

Particularmente delicada resulta la intervención sobre objetos relacionados con antiguos movimientos insurgentes y procesos de negociación política. La presencia de testimonios históricos vinculados con Carlos Pizarro o con organizaciones guerrilleras no constituye, por sí misma, una reivindicación de la violencia.

Explicar históricamente una organización armada no equivale a justificar sus acciones. Confundir conocimiento histórico con apología política desconoce los principios fundamentales de la investigación académica y de la pedagogía democrática.

La memoria del conflicto debe permitir comprender las responsabilidades de los actores armados, los sufrimientos de las víctimas, las condiciones sociales de la confrontación y las posibilidades de transformación política que abrieron los acuerdos de paz.

3 DEL CONTROL CULTURAL al riesgo autoritario

El aspecto más preocupante de esta controversia reside en sus posibles consecuencias institucionales. Si el poder ejecutivo establece que determinadas expresiones históricas resultan incompatibles con su proyecto político, ¿qué impediría extender esos criterios a bibliotecas, archivos, universidades y programas educativos?

La autonomía cultural no significa ausencia de responsabilidad pública. Significa que las decisiones sobre patrimonio, investigación y exhibición deben sustentarse en criterios profesionales, procedimientos transparentes y deliberación democrática.

Los gobiernos tienen legitimidad para orientar políticas culturales, pero no poseen un derecho ilimitado para imponer interpretaciones oficiales de la historia.

La diferencia entre una política cultural democrática y una política de censura radica precisamente en el respeto al pluralismo, la independencia intelectual y la posibilidad de controvertir las decisiones estatales.

Una democracia puede admitir diferentes interpretaciones del pasado. Lo que no debería admitir es que una autoridad gubernamental pretenda monopolizarlas.

4. LA RESISTENCIA DEMOCRÁTICA y los límites del poder

Las movilizaciones de artistas, estudiantes, organizaciones feministas y colectivos de derechos humanos demuestran que la memoria constituye también un territorio de resistencia ciudadana. No se trata únicamente de defender objetos, sino de proteger el derecho colectivo a reconocer las experiencias que han construido nuestra sociedad.

La controversia adquirió dimensión judicial cuando el Juzgado 24 de Familia de Bogotá ordenó, el 19 de octubre, preservar las piezas retiradas e impedir nuevas intervenciones por su contenido sin justificación administrativa. La medida es provisional y no equivale a una sentencia definitiva sobre la restitución de las exposiciones.

Un elemento adicional agrava las preocupaciones: según la respuesta ministerial conocida posteriormente, el retiro respondió a una instrucción presidencial, mientras persisten interrogantes sobre la documentación del procedimiento curatorial. El Ministerio sostiene que se trató de una evaluación y rediseño museográfico, no de censura. Esa defensa merece examen jurídico, pero no elimina la obligación de justificar técnicamente las decisiones.

5. LA MEMORIA NO TIENE DUEÑO

Colombia necesita instituciones culturales capaces de representar sus contradicciones, no museos convertidos en vitrinas ideológicas de los gobiernos.

La defensa del patrimonio histórico exige impedir tanto la glorificación acrítica de la violencia como la eliminación de testimonios incómodos. La historia debe investigarse, contextualizarse y debatirse, nunca someterse a una depuración política.

El desafío democrático consiste en garantizar que las futuras generaciones conozcan las violencias, las resistencias, las conquistas sociales y los esfuerzos de paz que configuraron la nación.

Ningún presidente, ministro o partido político puede proclamarse propietario de la memoria nacional.

Cuando el poder comienza a seleccionar qué debe recordar una sociedad, no solamente interviene sobre su pasado: pretende condicionar su capacidad de imaginar el futuro.

Y una democracia que renuncia a la pluralidad de su memoria empieza, inevitablemente, a debilitar la libertad sobre la cual descansa su propia existencia.

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

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