LA VITRINA DE LA CONVERSA

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martes, marzo 04, 2025

Con esos abogados…

 

En la imagen: lado izquierdo (arriba Álvaro Uribe, abajo Senador Iván Cepeda),
 lado derecho (abogados de Uribe: Granados y Lombana)

Por: Hernán Riaño

En el largo proceso judicial de Álvaro Uribe, sus abogados, reconocidos como los más destacados y caros del país, le han apostado al uso del recurso del "vencimiento de términos", una vergonzosa y habitual estrategia jurídica que se aprovecha de la ineficiencia y la lentitud del sistema judicial colombiano.

Colombia es un país que ha sido calificado de santanderista por su inclinación a hacer leyes para todo, reformar la constitución cuando a algún presidente, léase Uribe, Santos y Duque han querido perjudicar a los colombianos, porque hay que decirlo claramente, desde la promulgación de la Constitución del 91, con la que se quería que la nación diera un salto a la modernidad, convirtiendo a los colombianos en verdaderos ciudadanos basados en la democracia y capitalismo, estos personajes con su visión oscurantista y feudal han querido derogarla como sea. Tenemos leyes para cualquier situación y les exigimos a los congresistas, para medir su trabajo, que saquen leyes sin importar si se cumplen o no. Y esa es la conclusión, muchas normas y poca o ninguna eficiencia en este poder público.  

Una parte importante de ese entramado llamado justicia son los abogados, graduados hasta principios del 70 del siglo pasado con el flamante grado o nombre de “Doctores en Derecho” (1), y me imagino que, por eso, así se siguen haciendo llamar, como si fuera parte integral e inseparable de su nombre: Doctor tal o cual.  Unos son muy juiciosos, los menos, que hacen especializaciones, maestrías y doctorados para ser más eficientes, para profundizar e investigar todos los factores jurídicos y sociales que rodean esta carrera. 

Hace unos años, no se ahora, se decía que si un estudiante no pasaba en otras carreras decidía estudiar derecho sin vocación ni deseos, como si fuera un premio de consolación, para no defraudar a su familia, solo por obtener un título profesional para que sus padres se enorgullezcan.

Con el paso del tiempo, la justicia se ha convertido en una mercancía que se puede comprar o vender y su precio depende de la influencia de los afectados, la gravedad del proceso y de quien depende la decisión. Y en ese juego perverso han tenido que navegar los abogados tanto honestos como los que no lo son, a quienes los jueces, que también son abogados, sustanciadores, secretarios y hasta los mensajeros, presionan para poder ganarse, mínimo “lo del almuerzo”, aprovechando la cantidad de procesos y la ineficiencia judicial, que según muchos entendidos también depende el estado y la situación a la que se ha llevado a la justicia. Muy recordado el llamado cartel de la toga, en el que magistrados de la Corte Suprema de Justicia vendían sentencias al mejor postor.

Como consecuencia de la demanda de estudiantes que no podían encontrar un cupo para otra carreara y a la mediocridad de muchos, algunas universidades los acogieron y para que se pudieran graduar bajaron sus estándares de exigencia, llegando a acabar las tesis de grado, en su lugar supliéndolas por los “preparatorios” que son como unos exámenes “finales” integrales, que tienen unos valores en dinero y que según la fama de la universidad llegan a ser muy altos. Los abogados empezaron a salir con una preparación muy dudosa para garantizar, en el ejercicio de sus funciones, una sapiencia, experticia, imparcialidad y calidad de sus actos, que, para bien o para mal, afectan o no a los interesados. 

Esta situación es vox populi, como será, que el Doctor Germán Navas Talero, el mejor abogado penalista de este país, cuando fue representante a la cámara, propuso e hizo aprobar una ley que obliga a los graduados a hacer un examen que garantice su idoneidad para poder ejercer el derecho (2). A eso llegamos en este país. Esta ley se puso en vigencia en el segundo semestre del año 2.024 (3).

Con el juicio a Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y soborno en actuación penal, Colombia ha asistido a un espectáculo deplorable, de irrespeto e insulto total en contra de la justicia que hoy representan dignamente una juez, así como una fiscal delegada valientes y honorables, que no se han dejado intimidar por la imagen que representa el señor Uribe, que ha sido mencionado como protagonista directo y definidor, en episodios muy oscuros de la vida nacional, afectando a todo el país; ni por las presiones ejercidas en su contra con todo tipo de amenazas a ellas y sus familias; marrullas, “recursos”, “tutelas”, y usando lo más bajo de los procedimientos judiciales. Es una pelea muy desigual. 

Durante todo el proceso al señor “ex”, que lleva más de tres años, protagonistas indiscutibles han sido sus abogados, dizque los mejores del país y los más costosos, quienes han sido famosos por “sacar” libres a muchos de sus poderdantes, con una herramienta muy utilizada en Colombia debido a la ineficiencia y lentitud de la justicia: El “vencimiento de términos”, que consiste en que la justicia deja vencer el plazo máximo para hacer las actuaciones que definan cualquier proceso judicial. Ellos, con sus malas artes, logran que la justicia no actúe dentro de esos plazos y por favorecimiento al procesado sale libre, aunque no inocente.

El espectáculo deprimente de la actuación de los jurisconsultos, al que hemos asistido desde el comienzo del proceso y en estos pocos días de juicio, reveló una fotografía de lo que es la justicia en Colombia. Da pena propia y ajena estar en un país en el que el poder, el dinero, el nombre y otras circunstancias determinan quien sale o quien se queda en una cárcel, quien es inocente y quien culpable, quien debe pagar una condena y quien no, no importa lo que haya hecho, como en este caso que muchos delitos de los que es acusado en este y otros casos, puedan ser calificadas de lesa humanidad como las 6.402, mal llamados falsos positivos y que en realidad son ejecuciones extrajudiciales, aunque el “ex” dijo que: “no estaban cogiendo café” para justificar esos hechos. 

Esos señores abogados, ¿cómo se atreven a llamarse representantes de la justicia?, si a lo que hemos asistido es a una serie de actuaciones que, si bien podrían estar permitidas, lo que denotan es un afán de que la justica no actúe y el señor “ex” salga por el vencimiento de términos que se cumplirá el próximo octubre, a eso le están apostando y no a que la justicia brille. Han demostrado una falta de ética total con la utilización de esos recursos marrulleros para lograr sus fines.

La señora juez ha tenido que llamarles la atención, y lo último en la semana que termina es que le comprobó al señor abogado que no tenía otras audiencias (4), como el argumentó, para seguir pidiendo aplazamientos, y ni siquiera se pone colorado y les presenta disculpas a los colombianos. Ante la integridad de la funcionaria decidieron poner otra tutela con el argumento de “desequilibrio procesal (5), al no permitirle al imputado ausentarse del juicio para asistir a otro de mucho menos relevancia que solo pretendía seguir dilatando los tiempos, para lograr el cometido.

Como conclusión, podemos señalar, que así logren sacarlo por vencimiento de términos, el señor Uribe ya es culpable ante la opinión pública, pues, como el juicio ha estado plagado de todo menos de argumentos para defenderlo y pruebas de ellos, sino que se han dedicado a sus trampas y argucias, no han podido, y quien sabe si podrán probar la inocencia del señor Uribe con pruebas contundentes. 

De este episodio salen varias reflexiones, la primera: ¿Las universidades como están formando a sus estudiantes de derecho? ¿Aún enseñan ética? ¿Los abogados se han hecho un examen de conciencia de su forma de actuar? ¿Seguirá siendo el dinero y el poder el que defina a la justicia? Antes de este juicio esos señores abogados y otros vinculados a la extrema derecha colombiana, eran como el modelo a seguir para los nuevos abogados, por la cantidad de dinero que ganan con los casos que llevan; ¿Seguirán siéndolo o habrá un alto en el camino para analizar si el derecho hará parte del cambio en Colombia?

La justicia es la base de la democracia, sin ella solo existe la ley del más fuerte.

Las opiniones de los columnistas son de su exclusiva responsabilidad.  Les invitamos a leer, comentar, compartir y a debatir con respeto.

Esta nota fue publicada originalmente en SoNoticias y compartida con la comunidad de La Conversa de Fin de Semana, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño.


(1) https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=92330

(2) https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=87186

(3)https://sirna.ramajudicial.gov.co/SiteAssets/Paginas/LEY19052018/240207%20Diapositivas%20Ley%201905.pdf

(4) https://www.facebook.com/share/p/19MrU9rdrk/

(5) https://www.facebook.com/share/p/1C6ZYLXrMy/

martes, julio 09, 2024

¿La justicia, la madre de todos nuestros males?

Imagen tomada de: 
Colombia - Más autonomía e independencia del poder judicial (diariojuridico.com)
Por: Hernán Riaño

La democracia se caracteriza por las tres ramas del poder público: El ejecutivo, en nuestro caso, la presidencia de la república; el legislativo, para nosotros el congreso bicameral encargado del control político y la producción de las leyes que nos rigen y el poder judicial, encabezado por las altas cortes, tribunales superiores y los juzgados, básicamente, su misión básica y vital es la de ejercer la justicia para todo tipo de conflictos entre los colombianos.  

El poder ejecutivo, ha sido ejercido por las familias que históricamente han gobernado, como si el país fuera de ellos únicamente, al legislativo, un congreso que siempre ha trabajado en contubernio con las clases dirigentes produciendo leyes que favorecen exclusivamente a los poderes económicos, y al poder judicial que a través del tiempo y, en la mayoría de los casos, se ha plegado al poder político y económico del país; no en vano en Colombia ha hecho carrera el dicho: “la justicia es para los de ruana”, dando a entender que solo las leyes se las aplican a los pobres y muchas veces sin pruebas y solo obedeciendo a los intereses de los poderosos.

El actual panorama judicial de Colombia no da esperanzas de un avance democrático, ya que se nota toda una confabulación contra el pueblo colombiano; solo para defender y favorecer a los de siempre.

Así ha sido en nuestro país en este remedo de democracia que tenemos, que solo hasta la llegada de Gustavo Petro al gobierno ha tenido visos, no porque él no quiera sino porque no lo dejan los poderes feudales, de querer avanzar hacia una democracia real y participativa.

Pero, para poder dar ese paso, es básico un poder judicial justo y fuerte para garantizar que todas las decisiones beneficien a todo el pueblo colombiano y no a unos pocos como hasta ahora ha sucedido. Si la justicia no ejerce su papel, eficiente y honestamente no hay posibilidad de lograr una sociedad igualitaria, democrática y, valga la redundancia, justa. 

Pero, paradójicamente, es en este gobierno en el que el poder judicial, se ha ensañado en contra de esas decisiones que tanto añoran los colombianos, siendo muy rápida en tomarlas y perjudicando el accionar al primer gobierno que no tiene intereses personales ni de ayudar a los sectores más poderosos. Lo hemos visto en los decretos de emergencia social para la guajira, con las investiduras de los congresistas del Pacto Histórico, con la intervención en las tarifas de servicios públicos impagables por los colombianos, la posibilidad de hacer obras terciarias por la Juntas de acción comunal, entre otras.

Pero un país realmente democrático basa su poder en una justicia imparcial y fuerte, de hecho, de no existir un sistema con esas características, la democracia es inviable. La historia de Colombia está repleta de fallas de la justicia, por no calificarlos de otra cosa, en los que se ha sentenciado, cuando se llega a esa instancia, más por intereses económicos, políticos, conveniencia o de poder que ajustándose debidamente a las leyes y a los códigos. Al igual, nuestro país está lleno de leyes para todo, pero como no se cumplen ni por los agentes de la justicia, ni por los ciudadanos, ni por quien las debe hacer cumplir, se convierten en un saludo a la bandera. El congreso en gran cantidad de ocasiones produce leyes que son inocuas para nuestra sociedad, o solo satisfacen la vanidad de los mismos congresistas o sus jefes políticos o económicos, son consideradas gran trabajo por los que siempre han gobernado. 

Si bien es cierto, la justicia casi siempre ha tenido muy mal concepto de los colombianos por su actuar, empezó su deterioro máximo con la llegada del narcotráfico al país y el posterior ascenso de Álvaro Uribe Vélez al poder. Empezó a verse, lo que era impensable, que magistrados de las altas cortes se corrompieran (2), a tal punto que el caso más sonado fue el llamado como “cartel de la toga” en la que se juntaron la parapolítica y el sistema judicial para vender fallos y en últimas para ponerle precio a la justicia (3), fue una alianza en la que confluyeron la Corte Suprema de Justicia y la fiscalía (4).

La Corte Constitucional no ha sido ajena a los escándalos de corrupción, como es el caso del presidente de ese tribunal Jorge Pretelt y un supuesto soborno (5), y otra en el que un funcionario de la secretaría general exigía grandes sumas de dinero a abogados (6). El Consejo de Estado tampoco se escapó a estos hechos de corrupción en el país, allí funcionarios también cobraban millones por “arreglar” fallos de tutela (7). 

Si esto ocurría dentro de los más altos tribunales de Colombia, ¿qué podemos esperar de los demás que componen el sisma judicial? Es de conocimiento público que para que un proceso avance en muchos juzgados del país hay que “repartir” desde el mensajero, pasando por sustanciador, la secretaría y en muchos casos hasta el juez. A diario se ve en diferentes medios de comunicación las quejas de ciudadanos, de esos hechos (8).

Todo lo anterior se une a una consecuencia directa que es la  ineficiencia en la aplicación de la justicia que golpea fuertemente a los ciudadanos; en el año 2.019 el Indice Global de Impunidad (IGI) fue del 57%, según estudios de la Corporación Excelencia de la Justicia “estableció que para el año 2.019, había cerca de 1’800.000 que no avanzaban en los despachos judiciales”,  según el Consejo Superior de la Judicatura “para diciembre del 2017 había 2.280 procesos contra funcionarios judiciales” y para diciembre de 2.017, según encuesta de Gallup Poll, la Rama Judicial tenía una imagen negativa que llegaba al 79% (9). Lo grave es que en los años subsiguientes la situación no ha cambiado y por el contrario se ha agravado según quejas de los colombianos. Por este concepto negativo los ciudadanos cada vez denuncian menos pues consideran que es una pérdida de tiempo y en muchos casos se vuelven blanco de todo tipo de delincuentes.

Como si esto fuera poco, pareciera que la rama judicial se hubiera ensañado contra el presente gobierno, con sus fallos en contra de decisiones fundamentales o de la investidura de congresistas y con una persecución como la de la procuradora actual que se está abrogando funciones judiciales sin tener competencia y contrariando lo establecido por la CIDH (10), solo para perseguir a funcionarios elegidos por votación popular, dar conceptos en contra de miembros del Pacto Histórico y a favor de la ultraderecha colombiana, para defender los intereses del “ex” y sus aliados. 

Este panorama judicial no da esperanzas de un avance democrático, ya que se nota toda una confabulación como nunca antes, contra el pueblo colombiano y solo para defender y favorecer a los de siempre. 

Es tal la situación que en Colombia nadie respeta sus leyes, todo el mundo “hace lo que se le da la gana” e impone su “ley”, generalmente a sangre y fuego. Lo vemos desde una disputa familiar, que terminan en muertos y heridos porque alguien quiso imponer su criterio, hasta en conflictos a nivel nacional donde todo lo solucionan con sus ejércitos privados ocasionando desplazados, muertes, desaparecidos, falsos positivos entre otras cosas.

Queda la inquietud: ¿Es la justicia la responsable de todos nuestros males? Ya que sin justicia no hay una sociedad viable. 

Esta nota fue publicada originalmente en SoNoticias y compartida a la comunidad de La Conversa de Fin de Semana, gracias a la generosidad de su director; Hernán Riaño.

Las opiniones de los columnistas son de su exclusiva responsabilidad.

(1) https://www.elcolombiano.com/colombia/politica/corrupcion-en-las-cortes-expresidentes-del-consejo-de-estado-se-pronuncian-jk7518478

(2) https://www.comisiondelaverdad.co/el-cartel-de-la-toga

(3) https://insightcrime.org/es/noticias/cartel-toga-revela-corrupcion-colombia/https://www.elpais.com.co/politica/cartel-de-la-toga-camilo-tarquino-exmagistrado-es-condenado-como-protagonista-del-escandalo-de-corrupcion.html https://www.procuraduria.gov.co/Pages/cartel-toga-procuraduria-cargos-alejandro-lyons.aspx

(4) https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15321875

(5) https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/la-corrupcion-vuelve-a-llegar-en-la-corte-constitucional-esta-vez-con-favores-para-tutelas-219710

(6) https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/balance-de-los-peores-escandalos-de-corrupcion-en-la-politica-y-la-justicia-en-colombia-162344

(7) https://www.elespectador.com/judicial/carrusel-de-corrupcion-en-consejo-de-estado-cobraba-millones-por-tutelas-article-222058/

(8) https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/capturas-por-casos-de-corrupcion-judicial-en-colombia-hasta-agosto-122096 https://cej.org.co/publicaciones/corrupcion-judicial/la-corrupcion-judicial-en-colombia-una-aproximacion-al-mapa-de-riesgos/  https://bdigital.uexternado.edu.co/entities/publication/f6e98909-5532-4dcf-8a49-9c8bb3a13656 https://www.redalyc.org/journal/876/87663301007/html/

(9) https://razonpublica.com/los-retos-del-sistema-judicial-colombia/

(10) https://www.facebook.com/share/p/skRURedf4V8Wr5Ae/