Periodismo tradicional en Colombia: Entre la libertad de prensa y la lealtad empresarial

Por: Omar Orlando Tovar Troches 

Los periodistas tienen el deber de mantener un nivel ético superior al del promedio de la sociedad, porque son a la vez líderes y educadores de los ciudadanos.  (Javier Darío Restrepo, en su Decálogo de ética periodística) (1) 

El debate sobre la ética periodística, la libertad de prensa y las complicadas relaciones de la prensa con los distintos círculos del poder económico y político en Colombia, nuevamente se ha puesto al orden del día en la opinión pública de base, a raíz de las denuncias sobre el uso del software de espionaje israelí conocido como Pegasus. 

Coincide este resurgimiento del viejo debate sobre el papel de la prensa en sociedades como la colombiana, con los recientes resultados de estudios sobre audiencias y credibilidad de los medios realizados por organizaciones como Invamer y el Instituto Reuters para el estudio del periodismo de la Universidad de Oxford, que dan cuenta de la manera en que la prensa tradicional colombiana ha venido perdiendo credibilidad. (2)  

Esta caída en los índices de credibilidad de la prensa colombiana, así como las denuncias sobre la presunta vinculación de algunos periodistas cercanos (as) al Uribismo con el uso indebido del software Pegasus; inmediatamente suscitaron las acaloradas reacciones por parte de quienes se han sentido aludidos, quienes, voz en cuello y a teclado ardiente afirman que todo el asunto (ya en manos de las autoridades judiciales colombianas) se trata de una retaliación por parte del gobierno nacional colombiano, en cabeza del Pacto Histórico, en contra de la llamada gran prensa colombiana. 

Por enésima vez, medios y periodistas en oposición al actual gobierno nacional de Colombia asumen la estrategia de la victimización y la manipulación de la información para intentar desprestigiar al presidente colombiano y a las autoridades judiciales. Arropándose en supuestas persecuciones políticas, en el abuso del poder del gobierno y una inexistente censura; quienes han venido labrando la caída en los índices de credibilidad en la prensa, ahora pretenden que una sociedad desconfiada les crea sus relatos; así, porque sí. 

Olvidan, convenientemente, estos trabajadores de los medios privados de comunicación, que ha sido su irresponsable, pero, sobre todo, mal intencionado ejercicio periodístico el que ha ocasionado este deterioro en la confianza de sus lectores y sus teleaudiencias.  

Era de esperarse que el recurrente desacato de medios y periodistas a la extensa jurisprudencia (3) sobre el ejercicio periodístico, en la que se ha venido reiterando la obligación que tienen medios y periodistas de abstenerse de difundir información que no corresponda a la verdad, o que presenta una visión parcializada o incompleta de los hechos, que afecten a una persona en su imagen o reputación, especialmente, la del actual presidente de Colombia; empezara a cobrarles factura, con la impresionante disminución de sus audiencias y la escasa credibilidad de la que ahora gozan. 

Esta constante y habilidosa negativa de la prensa en oposición política al gobierno nacional a reconocer el derecho que tiene la persona afectada con su campaña de desinformación (normalmente el presidente Petro) a que estas falacias y noticias tendenciosas sean actualizadas, aclaradas o corregidas; ha puesto en evidencia la existencia de una agenda, no tan oculta, en la que esta irresponsable actuación de medios y periodista obedece a intereses políticos y económicos de poderosos sectores de la sociedad colombiana. 

Más allá de la existencia de todo un plan político y económico de desestabilización y defenestración del gobierno de Gustavo Petro, gestado por poderosos lideres empresariales y políticos; se hace necesario el debate académico al interior de las instituciones educativas superiores que están formando a los comunicadores sobre unos mínimos principios éticos, e incluso; sobre unos mínimos de calidad para su ejercicio profesional. 

En ese mismo orden de ideas; las actuales sociedades del mundo están en mora de plantear una seria discusión sobre el derecho a la información, en la que se discuta sobre la conveniencia o no de mantener un esquema en el que los medios tradicionales de comunicación y las plataformas en internet (incluidas las poderosas redes sociales), en manos de una minoría; sigan dictando lo que se informa y como se hace. 

De igual manera, a nivel local, los profesionales de la comunicación, y en términos generales, quienes ostenten el privilegio de grandes audiencias y lectores, también deben plantearse la solución al dilema: Libertad de prensa o lealtad empresarial. 

1 las 100 mejores frases de Javier Darío Restrepo sobre ética periodística ver en: https://fundaciongabo.org/es/etica-periodistica/recursos/las-100-mejores-frases-de-javier-dario-restrepo-sobre-etica-periodistica  

2 según la encuesta Invamer Poll, la cual publica cada dos meses, la confianza en los medios de comunicación atraviesa un momento crítico en el país. Según los datos recientes de Invamer, el 78% de los ciudadanos desconfía de la prensa (https://www.rtvcnoticias.com/medios-desaprobacion-invamer-encuesta).

El consumo de las principales marcas sigue disminuyendo, en parte debido a la evasión de noticias (44%), los bajos niveles de confianza (35%), la desinformación online y la polarización. (https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/es/digital-news-report/2024/colombia) 

3 Sentencia C-453 de 2013 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-040 de 2013 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-229 de 2019 Corte Constitucional de Colombia.

 

GOLPE DE ESTADO DE LA DERECHA EN EL CONGRESO

GOLPE DE ESTADO DE LA DERECHA

EN EL CONGRESO

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

No es un juego de palabras, no es un vaticinio, no es una campaña de desprestigio; simplemente es la constatación del deseo de la derecha colombiana, de perpetuarse en el poder, cooptando para si los entes de control, por medio de una reforma a la Constitución Política de Colombia, agenciada a través de los proyectos de Actos legislativos: PAL 13-21; “Por medio del cual se establece la forma de elección del Contralor General de la República, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y el Fiscal General de la Nación”  y el PAL 320-2021C; “por medio del cual se reforma la justicia”.

Imagen tomada perfil facebook del autor

Mientras muchos de los colombianos del común, sobre todo, aquellos que siguen pensando que la política no les interesa, porque no sirve para nada o aquellos otros que hicieron campaña por el Referendo Anticorrupción, no obstante, seguir votando por los mismos; están por ahí entretenidos, viendo a los esfuerzos de adorables mayores, para alcanzar una última oportunidad de fama en un concurso de televisión, discuten si Ospina ha sido o no el mejor arquero de la selección Colombia de Futbol de todos los tiempos, o celebran alborozados, la obra y gracia de una nueva santa paisa; esa política que no les interesa, está a punto de asestarle un mortal golpe a la democracia y la vida civil de Colombia: Gol caracol ...¡Se metioooo!

De manera sigilosa, casi que, a escondidas, los emisarios de las élites económicas y políticas del país; han puesto en movimiento, al interior del congreso colombiano; toda una estrategia de derrumbamiento del sistema de contrapesos institucionales, propio de las democracias liberales de occidente. El primer paso consistió en la apropiación del congreso, a  punta de alianzas no santas, con grupos extremistas de derecha, de forma que, a punta de manipular el miedo de los ciudadanos, como consecuencia de una guerra iniciada por las mismas élites casi dos siglos atrás; lograron posicionar en el congreso, todo un conjunto de dilectos agentes políticos a su servicio, capaces de instaurar una especie de dictadura constitucional, disfrazada de democracia, durante los últimos veinte años de régimen uribista.

Apalancados en la llamativa arquitectura institucional del estado, plasmada en la Constitución Política de 1991, los políticos tradicionalistas, adscritos a los partidos de derecha en el Congreso de la República colombiana, en complacencia conveniente con el espíritu mesiánico de la ultraderecha colombiana, personalizada en Álvaro Uribe Vélez y vuelta ideología en el uribismo, se han dado a la tarea de nombrar, periodo tras periodo, en los entes de investigación y control, a personas afines a su línea política, o al menos, dispuestos a tranzar impunemente, favores políticos, por frondosas nóminas, en Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Defensoría y Registraduría. Así lo han hecho durante el tiempo, aunque no de manera oculta, sino a la vista de todos, en vivo y en directo por unos medios de comunicación, alguna vez el cuarto poder fiscalizador de la opinión pública, convertidos desde tiempo atrás, en tribunas propias de los poderosos. Gol, gol, gol...gol caracol ... ¡Se metiooo!, Una vez más.

Con la complicidad de una inmensa mayoría de colombianos, con serios problemas de educación política, mal informados, pero, sobre todo, manipulados; la derecha colombiana, ha venido dando los pasos necesarios para retener el poder del estado colombiano; así lo ha venido demostrando, con los múltiples intentos de reelección de su jefe supremo, el ex presidente, ex senador e imputado; Uribe Vélez. Contando con la venia de las federaciones de municipios, capitales y departamentos y con las organizaciones de juntas comunales; recientemente, el uribismo, intento una vez más, en medio de la peste del Covid19, prolongar el periodo del que dijo Uribe, hoy encargado de la presidencia de Colombia y por ahí derecho, el de alcaldes y gobernadores, agremiados en las mencionadas federaciones, dirigidas por controvertidos personajes, también afines al uribismo; intentando cambiar un articulito, a petición de Toro, Tavera y Ordosgoitia.

Ahora, envalentonados, o quizás, un tanto nerviosos, por los recientes levantamientos populares, iniciados en el 2018 y exacerbados por la ineptitud y la corrupción del actual gobierno nacional; los emisarios de la derecha en el congreso, después de haber nombrado en los entes de control, registro e investigación a fichas afines al uribismo, dedicados a torpedear el proceso de paz, pero sobre todo, a obstruir cuanta investigación se inicie en contra de los miembros del uribismo; pretenden completar su sutil estrategia de Golpe de Estado Institucional, intentando “flexibilizar”, aún más, algunos requerimientos para el nombramiento de personas idóneas, en la dirección de estas entidades, pero sobre todo, y he ahí el horror; intentando brindarle impunidad institucional, a los titulares de Fiscalía, Contraloría, Procuraduría y otros funcionarios de alto nivel, trasladando la competencia de su investigación y juzgamiento, de la Honorable Corte Suprema de Justicia, a la muy controvertida e inane Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Esta promesa de impunidad, ofrecida a quienes están encargados de investigar y sancionar la agobiante carga de violencia y de delincuencia que se cierne sobre todos los ciudadanos, de velar por el buen comportamiento de los funcionarios, sancionar sus abusos y ponerlos al recaudo de la justicia, o de dar fe del estado civil y de llevar a cabo y garantizar los procesos de elecciones; no permite creer en un buen futuro para uno de los países, con mayores índices de desigualdad económica, con serias sospechas de degradación del conflicto e irrespeto total por los derechos humanos y con una corrupción que asusta, como Colombia.

Esta intentona de asegurarse sí o sí, el poder político, pero sobre todo, el poder sancionatorio, ante un futuro político incierto, en el que la izquierda y los movimientos progresistas y alternativos a la derecha tradicional colombiana, tienen serias posibilidades de hacerse con el gobierno nacional y aumentar el número de curules en el congreso; es una apuesta muy riesgosa, en un ambiente de inseguridad y terror, que ya tiene agobiada a una sociedad cansada de la falta de acceso a la justicia y que ve, como este intento de cambio de la Constitución, nuevamente corroborará la percepción de que la sanción de la justicia es únicamente para los de ruana.

La promesa de impunidad para la actual clase dirigente, incluidos, sus amigos los contratistas (centros poblados, etc.), podría estar gestando escabrosos hechos de justicia propia, como el ocurrido con los niños de Tibú, mucho más,  si como ha venido aconteciendo en los dos últimos años, los excesos de la fuerza pública y los aberrantes casos de corrupción, han puesto en entredicho, la eficiencia de estos mismos entes de control, exacerbando aún más, los ánimos de una sociedad asustada y desesperada.