Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-
La lucha por un servicio de energía digno en el Cauca es más que una reivindicación por un bien básico; es una batalla por la dignidad de sus habitantes
Durante décadas, los caucanos hemos sido víctimas de un servicio de energía eléctrica deficiente, intermitente y de baja calidad, prestado por la Compañía Energética de Occidente (CEO). Esta situación, que no corresponde a eventos aislados y, por lo tanto, no debe llamar a sorpresa; es el resultado previsible de un modelo económico y político impuesto en el país, que prioriza el lucro privado sobre el bienestar colectivo y los derechos fundamentales.
Las continuas fallas de la CEO, empresa controlada por el grupo financiero de Luis Carlos Sarmiento Angulo (ejemplo claro de la concentración de la riqueza en Colombia), son la manifestación concreta de un proyecto de despojo que comenzó con la apertura económica de los años 90 y fue profundizado con celo durante la hegemonía uribista.
La raíz del problema se remonta a la ola privatizadora implementada a raíz de los resquicios dejados en la Constitución de 1991 y acelerada bajo el gobierno de César Gaviria. Bajo el dogma neoliberal de que la empresa privada es más eficiente, se promovió la entrega en concesión de los servicios públicos domiciliarios a capitales privados. Este modelo, llevado al extremo durante los casi 20 años de influencia uribista, transformó derechos fundamentales, como la energía, el agua, las comunicaciones, la educación y la salud en simples mercancías sujetas a la lógica del mercado.
Desde un principio, las voces de la dirigencia social y, de manera destacada, la sindical (que no cayó en la tentación de los contratos sindicales ni la tercerización vía cooperativas), advirtieron sobre el peligro inminente. Se alertó que un sector privado, cuyo norte único es la maximización de ganancias para sus accionistas, no tendría interés real en garantizar una cobertura universal, una prestación eficiente o en invertir en el mantenimiento de la infraestructura en regiones complejas y con altos índices de pobreza como el Cauca. El objetivo no era servir, sino exprimir hasta el último peso de los bolsillos de una población ya de por sí empobrecida.
La historia les ha dado la razón. 30 años después de la "apertura Gavirista" y más de 20 de la "privatización Uribista", la evidencia es abrumadora. La CEO, como tantas otras empresas de servicios públicos privatizadas, ha demostrado que su prioridad es la rentabilidad financiera. En esa obsesión, la inversión en redes, la modernización tecnológica y la calidad del servicio pasan a un segundo plano. Los reiterados apagones, las fluctuaciones de voltaje y la lentitud en la respuesta a reclamos y a las emergencias no son "fallas" del sistema; son características estructurales de un modelo que concibe a los usuarios no como ciudadanos con derechos, sino como fuentes de ingreso. La privatización nunca fue la solución para el bienestar de la comunidad; fue la garantía de su postergación.
Ante este escenario de abandono, la ciudadanía caucana ha mirado tradicionalmente hacia su clase política regional en busca de soluciones y representación. No obstante, esta espera ha sido en vano. La clase política tradicional del Cauca, muchas veces disfrazada de un progresismo de conveniencia, ha demostrado una incapacidad e indolencia crónicas. Su labor no se ha orientado a la defensa férrea de los intereses de las comunidades, sino a perpetuar una red de favores y clientelismo que beneficia a quienes financian sus campañas.
La eternización de contratos de asesoría, la designación de funcionarios ineptos por compromisos políticos y la falta de una veeduría y control efectivos sobre la CEO han sido la constante. Esta complicidad, activa o pasiva, con el statu quo ha dejado a las comunidades urbanas y rurales en total desamparo. Confiar en que esta estructura política tradicional resolverá el problema es como pedirle al lobo que cuide las ovejas. Su silencio cómplice o sus acciones tibias e ineficaces son parte del mismo problema.
Es imperativo que las juntas de acción comunal, las organizaciones sociales, los sindicatos que resistieron, las comunidades indígenas, los consejos comunitarios afrodescendientes y la ciudadanía en general construyan un gran movimiento unitario que alce su voz de protesta de manera contundente. Se deben emprender acciones legales, como tutelas colectivas por la vulneración del derecho fundamental al mínimo vital; acciones de incidencia ante la Superintendencia de Servicios Públicos y la Comisión de Regulación de Energía y dado el caso, medidas de hecho pacíficas y organizadas que evidencien la magnitud del descontento.
Este movimiento debe dirigir sus reclamos de forma clara al Gobierno Nacional. El Cauca no puede seguir siendo la eterna olvidada de la agenda nacional. Se exige una intervención inmediata que obligue a la CEO a realizar las inversiones necesarias, a reparar la infraestructura y a compensar a los usuarios por los perjuicios causados. Se debe evaluar, incluso, la revocatoria de la concesión y la búsqueda de modelos alternativos de gestión comunitaria o pública que prioricen el servicio sobre el lucro.
La lucha por un servicio de energía digno en el Cauca es más que una reivindicación por un bien básico; es una batalla por la dignidad de sus habitantes y contra un modelo económico depredador. Ahora toca a la comunidad, unida y organizada, escribir el capítulo de su propia liberación.
