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| En la imagen: Jhon J Flórez/ Economista - Analista político |
Por: Jhon Jaiver Flórez G.
Grotesco que Trump indultara a un narcotraficante confeso para usarlo como ariete político; surrealista que Milei, el azote de la corrupción, financiara oculto una fábrica de mentiras; y kafkiano que Netanyahu, mientras arrasa Gaza, aparezca comprando un expresidente narco. El circo de los poderosos se viste de cinismo.
Hay una frase que los imperios nunca pronuncian en voz alta, pero practican con devoción casi religiosa: “Lo que es nuestro, lo es para siempre. Lo que es de ustedes, lo negociamos”. Estados Unidos lleva más de un siglo perfeccionando esa doctrina en América Latina, y Colombia ha sido, con dolorosa frecuencia, el laboratorio predilecto de ese experimento. Para entender el Hondurasgate —ese escándalo de audios filtrados que revela una conspiración entre Donald Trump, Javier Milei, el condenado narcotraficante Juan Orlando Hernández y Benjamin Netanyahu para fabricar desinformación y desestabilizar a los gobiernos de Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum— no hace falta ser politólogo. Basta con tener memoria. Y en Colombia, la memoria duele.
Corría el año 1903 cuando el Senado colombiano tuvo la osadía de rechazar el Tratado Herrán-Hay, ese documento que cedía a perpetuidad una franja de territorio nacional para que los estadounidenses construyeran su canal interoceánico. La respuesta de Washington fue fulminante: en pocas semanas, con buques de guerra norteamericanos bloqueando el paso a las tropas colombianas, Panamá se declaró “independiente”. Theodore Roosevelt comentó, sin rubor alguno, que había “tomado” el canal. Colombia perdió un departamento entero; el Imperio ganó una ruta que valdría billones. No hubo tribunal que condenara aquello, ni listas de sanciones, ni descertificación alguna de la democracia estadounidense.
Veinticinco años después, en diciembre de 1928, los trabajadores de la United Fruit Company se atrevieron a exigir condiciones laborales dignas. La respuesta fue la Masacre de las Bananeras: el ejército colombiano abrió fuego contra trabajadores y familias reunidos en la estación del tren de Ciénaga, actuando como brazo armado de una corporación extranjera. Gabriel García Márquez inmortalizó aquella tragedia en Cien años de soledad. La historia real fue todavía más brutal que la ficción. Ese es el manual. Tiene más de un siglo y apenas ha cambiado de tipografía.
Lo que revela el Hondurasgate no es una novedad geopolítica, sino una actualización tecnológica de prácticas antiguas. Ya no se necesitan marines desembarcando en Cartagena ni cañoneras bloqueando puertos. Ahora basta un apartamento en Miami, una cuenta de WhatsApp y trescientos cincuenta mil dólares aportados desde Buenos Aires. Según la investigación de Diario Red y del portal Hondurasgate, Juan Orlando Hernández —sentenciado a 45 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico y que debería estar confinado en una celda federal— negoció con el presidente Nasry Asfura la creación de una “unidad de periodismo digital”, financiada con dinero público hondureño y aportes del gobierno de Milei, con el objetivo explícito de fabricar noticias falsas contra los gobiernos de Colombia y México.
“Se vienen unos expedientes contra México, unos expedientes contra Colombia”, se le escucha decir en los audios, con la satisfacción burocrática de quien encarga una pizza. La ironía resulta asfixiante: un hombre condenado por narcotráfico, indultado por Trump, coordina una operación de desinformación para acusar de narcotráfico al presidente Petro. La acusación funciona aquí como disfraz del crimen ajeno. Washington descertificó a Colombia en su lucha antidrogas e incluyó a Petro en la infame Lista Clinton sin presentar una sola prueba concluyente. Incluso organismos estadounidenses han sostenido que el llamado Cartel de los Soles carece de existencia verificable. Pero eso, en la lógica imperial, es secundario. La acusación cumple la función de la condena; el proceso se convierte en castigo.
Habría que ser ingenuo —o cómplice— para creer que se trata de hechos aislados. La periodista Daniela Pastrana lo explica con la claridad de quien ya agotó la paciencia para los eufemismos: nada de esto es nuevo; responde, simplemente, al mismo patrón histórico. Antes había que esperar cuarenta años para que la CIA desclasificara sus archivos. Hoy observamos el mecanismo casi en tiempo real.
Ahí están Augusto Pinochet en Chile, Hugo Banzer en Bolivia, Rafael Videla en Argentina, la Operación Cóndor coordinando el terror con manuales redactados en Langley; el golpe contra Manuel Zelaya en Honduras, aplaudido en silencio por Washington; el lawfare contra Luiz Inácio Lula da Silva y contra Cristina Fernández de Kirchner; y ahora la embestida judicial contra Petro en Colombia, donde fiscales y cortes actúan —como llevan décadas haciéndolo— como arietes de las élites y cipayos locales articuladas con el poder norteamericano.
El patrón no miente: cuando un gobierno latinoamericano prioriza a su pueblo sobre las empresas transnacionales y se niega a ser simple base logística del Imperio, se activa el protocolo. Primero llega la campaña mediática; después, la presión económica; luego, el respaldo a la oposición ultraderechista más reaccionaria. Y, si todo eso falla, las opciones sobre la mesa incluyen siempre aquellas que nunca se pronuncian en público.
Hay algo grotescamente cómico —si la situación no fuera tan grave— en ver a Trump indultando a un narcotraficante confeso para utilizarlo como operador político contra un presidente acusado, sin pruebas, de narcotráfico. Hay algo profundamente surrealista en que Milei, ese campeón autoproclamado de la libertad que prometió destruir la casta y la corrupción, aparezca en audios aportando cientos de miles de dólares para financiar una fábrica de mentiras al servicio del poder más grande del planeta. Y hay algo kafkiano en que Netanyahu, mientras bombardea Gaza y asesina a miles de niños bajo la impunidad diplomática de Occidente, aparezca vinculado al financiamiento de la liberación de un expresidente hondureño condenado, a cambio de garantías de control estratégico sobre Centroamérica.
Todo esto ocurre, además, a pocos días de las elecciones presidenciales en Colombia, como si el calendario democrático fuese apenas un obstáculo administrativo dentro de la agenda imperial.
Colombia lleva doscientos años siendo el alumno más disciplinado de una escuela donde los maestros cambian, pero la lección permanece intacta: su soberanía tiene límites, y esos límites se dictan desde Washington. Las élites colombianas no solo aprendieron esa doctrina; la administraron con fervor, gobernando el país como una hacienda privada durante generaciones. Por eso, cuando en 2022 llegó por primera vez un gobierno dispuesto a cuestionar ese orden —impulsando reformas estructurales, entre ellas la de la salud, defendiendo una salida negociada al conflicto armado y denunciando el modelo extractivista—, la reacción de los poderes tradicionales fue tan inmediata como feroz.
El fiscal Francisco Barbosa convirtió su despacho en herramienta de desgaste político. Las altas Cortes bloquean decisiones presidenciales. Los grandes medios, propiedad de los grupos beneficiarios del viejo orden, construyen relatos de un gobierno caótico, omitiendo deliberadamente el contexto histórico que explica por qué transformar Colombia resulta tan difícil. Y desde afuera, el Imperio afina sus instrumentos: la Lista Clinton, la descertificación antidrogas, los audios de Honduras coordinando la guerra sucia y los republicanos de Washington colaborando con el proyecto de “extirpar el cáncer de la izquierda” en América Latina.
El cáncer —conviene aclararlo— no sería otro que la democracia cuando produce resultados que el Imperio no aprueba.
La diferencia entre la Operación Cóndor y el Hondurasgate no es de naturaleza, sino de visibilidad. Antes, el crimen se ejecutaba en las sombras y se conocía décadas después. Hoy existen audios, fechas que coinciden con los hechos y nombres que se repiten, apenas actualizados para el siglo XXI.
La pregunta que Colombia y América Latina deben hacerse no es si el Imperio interviene. Esa pregunta quedó respondida en 1903, en 1928 y en cada golpe de Estado u operación encubierta que la historia ha documentado con precisión quirúrgica. La verdadera pregunta es otra: si esta vez, con los mecanismos expuestos, las sociedades latinoamericanas serán capaces de nombrar lo que ven con el nombre que merece: una agresión sistemática contra la autodeterminación de los pueblos.
Los bananeros de Ciénaga murieron sin saber que su masacre terminaría convertida en literatura universal. Los colombianos de hoy tienen, al menos, la ventaja de saber —mientras ocurre— quiénes pagan para que la historia se repita. La pregunta es si eso bastará para impedir que vuelva a repetirse.
“Condenados a cien años de soledad no tendrán una segunda oportunidad sobre la tierra”. — Gabriel García Márquez, hijo de la tierra bananera.
La tragedia de Colombia ya no ocurre en silencio. Por primera vez, los pueblos pueden ver en tiempo real quiénes diseñan las campañas, financian la desinformación y administran el miedo. Pero la historia no cambia únicamente porque la verdad salga a la luz: cambia cuando los pueblos deciden que la memoria deje de ser una condena y se convierta, al fin, en una forma de defensa.
9 de mayo de 2026
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