Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-
Estas federaciones son el núcleo de un "gobierno paralelo" que busca mantener privilegios de un modelo agotado y defensa de intereses de la derecha colombiana.
La llegada de la izquierda a la presidencia de Colombia no
solo marcó un hito histórico, sino que también desató los mecanismos de
contención más arraigados del establecimiento político de derecha. Más allá de
la oposición en el Congreso y el ataque frontal desde los medios de
comunicación de los grandes gremios de producción, se ha reactivado con
ferocidad una herramienta gremial menos visible para el ciudadano común, pero
profundamente poderosa, compuesta por: Fededepartamentos, Fedemunicipios y
Asocapitales, entidades que lejos de su fachada técnica se han erigido,
nuevamente, como el cuartel general operativo del uribismo para estrangular,
desde las regiones, el proyecto de cambio.
Estas federaciones, que durante los gobiernos de Uribe,
Santos y Duque funcionaron como una extensión burocrática del poder central y
una eficiente red de pensamiento, propaganda y, según múltiples informes
periodísticos y judiciales, financiación clientelista, hoy muestran su
verdadero rostro: el de una oposición institucionalizada que raya en la
sedición. Ante la imposibilidad de retener la Casa de Nariño, figuras clave de
la centroderecha y la derecha se atrincheraron en gobernaciones y alcaldías de
capitales estratégicas, respaldadas por un ejército de funcionarios de carrera
o de confianza política enquistados en ministerios y entidades
descentralizadas, para desarrollar una campaña sistemática de desprestigio,
bloqueo y sabotaje que busca presentar al gobierno nacional como incompetente e
ilegítimo.
La incoherencia es el sello distintivo de estos mandatarios,
toda vez que, actuando como jefes políticos regionales del bloque opositor,
ordenaron a sus tropas en el Congreso torpedear proyectos fundamentales para la
sostenibilidad fiscal del Estado. Destacados afiliados de Fededepartamentos y
Asocapitales lideraron una oposición sin argumentos sólidos y de manera casi
automática, a iniciativas destinadas a crear recursos para programas sociales,
seguridad y desarrollo para las regiones. La Ley de Presupuesto General de la
Nación es el ejemplo más claro: su trámite fue obstruido por los mismos
partidos que hoy, desde las gobernaciones y alcaldías, reclaman a voz en cuello
más recursos para sus territorios. Gobernadores como el de Antioquia o las del
Valle y Tolima, lo mismo que alcaldes como los de Bogotá, Medellín o Cali,
prefirieron ahogar financieramente al Estado para dañar políticamente a Petro,
antes que llegar a acuerdos consensuados en beneficio del país.
Ahora, la incoherencia de la derecha da un salto peligroso
hacia la rebeldía institucional. Ante medidas legítimas del gobierno central,
como la solicitud de aportes extraordinarios en un estado de emergencia
económica, recursos que, se insiste, pudieron obtenerse por la vía ordinaria si
la oposición no la hubiera bloqueado; estos mandatarios y sus federaciones han
declarado abiertamente que no acatarán las normas. Es decir, se rebelan contra
la obligación jurídica de cumplir las funciones que juraron ejercer.
Victimizándose y apelando a la complejidad técnica de las finanzas públicas,
manipulan la comprensión ciudadana para esconder su verdadero objetivo:
desestabilizar.
En temporada electoral, la máquina se aceita con fines
proselitistas. En este orden de ideas, Fededepartamentos y Asocapitales se
convierten en plataformas de campaña. Sus declaraciones que aparentan ser
técnicas; en realidad son consignas políticas que corean, al unísono con
gremios económicos y grandes medios, insistiendo en un relato de caos y
fracaso. Figuras polémicas como Dilian Francisca Toro, Andrés Julián Rendon, junto
con candidatos con pobres índices de aceptación, utilizan estas agremiaciones
para proyectarse nacionalmente, repitiendo falacias a pesar de que los
indicadores macroeconómicos y sociales muestran resiliencia y avances en medio
de una tormenta global y un sabotaje interno feroz.
El verdadero peligro no es la oposición política, vital en
una democracia. El peligro es la utilización de estructuras estatales y
seudogremiales, financiadas con los recursos de la ciudadanía, para hacer
oposición desleal y sabotear al gobierno elegido popularmente. Estas
federaciones son el núcleo de un "gobierno paralelo" que busca
mantener los privilegios de un modelo agotado y la defensa de los intereses de la
derecha colombiana por encima de la gobernabilidad, la institucionalidad y el
bienestar general.
El país debe abrir los ojos: el conflicto político no se
libra solo en el Capitolio o en los noticieros, sino en estas oficinas
aparentemente grises donde se teje, con hilos institucionales, la estrategia
del bloqueo que pretende hundir cualquier esperanza de cambio.
