De la “batalla cultural” a la “resistencia chiquita” *

 

En la imagen: Consuelo Ahumada / PhD en Ciencias Políticas con énfasis en estudios latinoamericanos

Por: Consuelo Ahumada

En medio de los estragos del terremoto, se producen nombramientos de funcionarias, que generan preocupación y rechazo

El presidente oficializa los nombramientos de algunas funcionarias para atender asuntos cruciales, tales como la cultura, la educación y la atención y cuidado de los niños y niñas. 

Miremos un breve contexto. Durante las últimas dos décadas, paralelamente a la agudización de la crisis generada por el neoliberalismo, emergieron y se fortalecieron organizaciones, partidos y gobiernos de ultraderecha, que intentan captar el respaldo de importantes sectores de la población.

Sus promotores actuales reivindican el colonialismo en todas sus expresiones, la supremacía racial, las estructuras patriarcales, la xenofobia y la homofobia, la guerra, el odio a la diversidad, la acumulación de la riqueza y la concentración del ingreso. Todo ello sobre la base de preservar una supuesta uniformidad entre poblaciones diversas.

Al respecto, adquiere una gran relevancia la llamada batalla cultural. Es parte de su estrategia. Ya no se trata solo de desacreditar al Estado y lo público y de glorificar lo privado, como se hacía en los ochentas y los noventas, cuando se impuso el pensamiento único.  

Ahora se trata de revertir los derechos sociales y políticos adquiridos durante luchas de décadas. Pero también de atentar contra las reivindicaciones de sectores específicos: la lucha de las mujeres por la vida y la igualdad, contra la violencia de género, por los derechos reproductivos; las luchas identitarias de minorías étnicas y sexuales.

Se trata también de pasar al ataque y emprender la contraofensiva, sin ninguna contemplación. De dar la batalla en el campo de la cultura, allí donde la izquierda y los sectores democráticos han logrado una mayor influencia, introduciendo reivindicaciones de género, raciales, étnicas, para “tratar de demoler la civilización occidental y cristiana”, señala el argentino Agustín Laje, asesor de Milei e inspirador de los gobiernos de ultraderecha. 

De eso se trata, en últimas, la batalla cultural. De tratar de legitimar las políticas excluyentes. De desacreditar a la izquierda y a quienes luchan por sus derechos. De generar incertidumbre, miedo y rabia, como señalaba el vocero de la Operación Júpiter, puesta en práctica en las elecciones pasadas en Colombia.   

Para lograr sus objetivos, recurren al enorme desarrollo tecnológico y de las comunicaciones alcanzado en los últimos años. La llamada guerra cognitiva. La reciente detención de Fernando Cerimedo y las denuncias de sus granjas de bots, en Bolivia, son ejemplo fehaciente de los intentos de manipulación de la voluntad de la gente en varios países, pero en particular en Latinoamérica

En este marco se entiende la batalla contra la llamada “ideología de género”, invocada como un mecanismo para oponerse a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, y a la existencia misma de las diversidades sexuales. Todo ello se presenta como una amenaza a la familia tradicional y al orden de la naturaleza. 

Miremos el primer nombramiento mencionado. Viviane Morales, cristiana fanática reconocida, es la nueva ministra de Educación. Anuncia que el Estado intervendrá en los contenidos de los cursos, con el fin de restaurar principios y valores y desideologizar el proceso educativo. “Sacar a Marx y meter a Dios”, “Devolverles la dignidad a las aulas de clase”, señaló Abelardo cuando anunció su nombramiento. 

Por supuesto, la ministra critica a fondo la educación sexual y reproductiva, con lo que se opone a derechos contemplados durante más de tres décadas. La Ley 115 de 1994, conocida como Ley General de Educación, establece que la enseñanza de esos asuntos es obligatoria, tanto en colegios públicos como privados, en todos sus niveles. 

La Corte Constitucional también ha intervenido al respecto. En su sentencia C-085 de 2016 confirmó que la educación sexual es componente obligatorio de la escuela. A raíz del suicidio del estudiante Sergio Urrego, discriminado por su orientación sexual, ordenó cambiar los manuales escolares represivos. 

Así, la legislación colombiana recoge la normatividad internacional, desarrollada por la ONU desde la década del 90, para preservar los derechos de la mujer y de las diversidades sexuales. Se le confirió carácter institucional al concepto de “género”, para diferenciarlo del concepto biológico de sexo. Se promovieron debates sobre los derechos reproductivos de las mujeres. 

 El término de “ideología de género” ha sido utilizado para manipular y movilizar sectores conservadores en eventos electorales. Recordemos el triunfo del NO en el plebiscito sobre el Acuerdo de paz en Colombia en el 2016. En aquella ocasión la hoy ministra tuvo un papel preponderante. Ella y sus fanáticos copartidarios insistieron en que en La Habana se había pactado una educación “homosexualizadora”. 

El segundo nombramiento es el de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, a cargo del cuidado de la infancia del país. Una vez posesionada, anunció que en adelante debía eliminarse el término Niña, en los documentos oficiales de la institución, por considerar que las palabras niño o niñez eran incluyentes. 

Sin embargo, nuevamente se controvierte la legislación colombiana. La Ley 1098 de 2006, o Código de infancia y adolescencia, utiliza explícitamente los términos niños, niñas y adolescentes. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Criminología, “Ignorar la condición particular de las niñas invisibiliza violencias estructurales que las afectan de forma diferenciada” 

“No nombrar a las niñas implica una nueva vulneración de sus derechos y corporeidad”, señala una antigua defensora delegada de infancia y mujeres.  

Se trata también de un reconocimiento de los riesgos que afectan de manera desigual a niñas y niños, en un país en donde la violación de las niñas alcanza cifras elevadísimas. Por eso, no tiene sentido el argumento de que se trata de no “ideologizar”, a la niñez, “cuya única preocupación debe ser la de jugar”. 

Pero la directora del ICBF también ordenó borrar un mural representativo de un colectivo de niñas denominado “Resistencia chiquita”. Se originó diez años atrás, a raíz de un caso que conmovió fuertemente a Colombia. Yuliana Samboní, una niña indígena muy pobre, que habitaba con su familia en Bogotá, fue violada y asesinada por un señor de apellidos ilustres. 

Algunas de las integrantes del colectivo aparecieron en un video oficial del ICBF. “Yo creía que a todas las niñas nos iba a pasar lo que le pasó a Yuliana”, afirmó Antonia, una de estas niñas.  

Por último, los conceptos de “batalla cultural” y de “ideología de género” tienen un peso adicional en Colombia. Un país donde persiste el conflicto armado que, de acuerdo con la Corte Constitucional, ha tenido un impacto desproporcionado sobre la mujer y la niñez, así como sobre los grupos étnicos diversos.

Por eso, cualquier amenaza de violencia debe tomarse en serio. 

* Nota original publicada en: SoNoticias y compartida con la Comunidad de La Conversa, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

Periodistas colombianas: atrapadas entre el poder, el miedo y el silencio *

 

Imagen tomada de perfil Instagram de Revista Activa

Por: Paula B. Romero

En medio de la actual crisis del periodismo, ser mujer periodista añade un nivel de violencia que rara vez se nombra con la misma contundencia con que se analiza la estructura de poder de los medios.

El ejercicio del periodismo en Colombia es, hoy más que nunca, sobre todo para las mujeres, un acto de resistencia que se parece peligrosamente a caminar sobre un campo minado. No me refiero únicamente a los riesgos físicos en regiones donde la violencia sigue dictando quién puede hablar y quién debe callar. Hablo de esa otra violencia, más sutil pero igual de asfixiante: la que viene desde las propias redacciones, desde los dueños que las poseen, desde los intereses que las atraviesan. Hablo de la manera en que los medios de comunicación han convertido en piezas de un tablero ajeno a los periodistas (hombres y mujeres), donde su voz ya no les pertenece y donde, para colmo, si se es mujer, se carga con la mochila extra del acoso, la discriminación y la exigencia de “vender” también su imagen.

Quienes creen que la crisis del periodismo comenzó con las redes sociales se equivocan. Esa crisis, que es mucho más antigua y estructural, es la crisis de una profesión que fue secuestrada hace décadas por los mismos conglomerados económicos a los que debería estar vigilando. En Colombia, como en tantos otros lugares, los medios de comunicación dejaron de ser veedores ciudadanos para convertirse en extensiones del poder empresarial. Y como lo documentaron de manera impecable Omar Rincón y Estefanía Avella[1] en su análisis sobre el poder mediático, aquí los medios invocan la libertad de expresión para defender la libertad de empresa, no para informar libremente. Son usados tácticamente por los conglomerados económicos nacionales y transnacionales para incidir en las decisiones del poder: en los gobiernos, en los legisladores, en los jueces.

No se trata de una teoría conspirativa. Es una realidad que viven los comunicadores cada vez que un editor les sugiere (sin decirlo explícitamente, porque ya se ha interiorizado la autocensura) cuáles temas se deben evitar. Un periodista del conglomerado de El Tiempo confesó en aquel mismo artículo lo que muchos periodistas callan: se autocensura en relación con el dueño, Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia, porque “no se le da patadas a la lonchera”. Esa frase, brutal en su honestidad, resume el estado de ánimo de una generación de periodistas que han aprendido a “interiorizar inhibiciones”, como lo describen Rincón y Avella, y a manifestarlas en la forma en que se aborda, o mejor, no se abordan las noticias. No hace falta que el dueño llame. Se sabe lo qué le incomoda, como también se sabe qué línea garantiza mantener el empleo. Y ahí está la trampa: las y los periodistas se convirtieron en guardianes de los intereses de quienes les contratan, traicionando sin quererlo, o queriéndolo a la fuerza, el mandato ético que un día creyeron que sería el norte de sus vidas.

Pero esta situación no es nueva, el periodismo ya lo ha venido padeciendo desde hace tiempo y con elementos, que complican el ejercicio honesto de la profesión, como la manipulación de la información para crear narrativas y/o vender noticias.  El periodismo amarillo de Hearst y Pulitzer no solo inventó un estilo narrativo que privilegiaba la emoción sobre el rigor; también demostró, como lo consigna la Oficina del Historiador de Estados Unidos[2], que la prensa tenía el poder de captar la atención del público y de influir en la reacción ante los acontecimientos internacionales. La famosa frase apócrifa de Hearst: “tú proporcionas las fotos, yo proporcionaré la guerra” sigue siendo el emblema de cómo los intereses económicos y geopolíticos se sirven de las redacciones para fabricar climas de opinión que justifiquen guerras, intervenciones y todo tipo de desmanes.

La prensa de Hearst y Pulitzer no creó el sentimiento antiespañol de la nada, pero sí lo exacerbó, lo moldeó y lo usó para impulsar la expansión imperial de Estados Unidos y de paso, vender más periódicos.  ¿Acaso no hacemos lo mismo hoy? ¿Acaso nuestros grandes medios no fabrican climas de opinión para justificar reformas laborales que benefician a los dueños, para deslegitimar procesos de paz que incomodan a los poderes económicos, para impulsar candidatos que seguirán protegiendo el statu quo?

Hoy, esa lógica se ha visto amplificada por la llegada de nuevos actores digitales que se presentan como la alternativa a los medios tradicionales. En teoría, debería ser una oportunidad para democratizar la palabra. En la práctica, hemos visto emerger un ecosistema fragmentado donde las bodegas humanas y los bots manipulan las tendencias, donde los youtubers y los influencers construyen relatos a la medida de quienes los financian, donde la desinformación circula con la misma velocidad que la verdad, y donde la línea entre el periodismo y la propaganda se ha vuelto casi imperceptible. La pelea por el predominio en el mercado de las noticias ya no es solo entre dos magnates de la prensa escrita; es una guerra de alcance global donde el big data permite vigilar, controlar y dominar a las audiencias como nunca antes.

En medio de este paisaje desolador, ser mujer periodista añade un nivel de violencia que rara vez se nombra con la misma contundencia con que se analiza la estructura de poder de los medios. El acoso sexual, como lo documentan las investigadoras Larrea, Guarderas y sus colegas[3], es un fenómeno complejo que hunde sus raíces en las desigualdades de género. Desde que un grupo de feministas en la Universidad de Cornell acuñó el término en 1974, hemos entendido que el acoso sexual es un ejercicio de poder que, aunque tenga apariencia sexual, lo que busca es mantener a las mujeres en un lugar de subordinación. En las redacciones colombianas y en las facultades de comunicación, en donde forman a las periodistas, esa violencia es moneda corriente. Desde los comentarios sobre el aspecto físico que condiciona las oportunidades laborales, hasta los tocamientos no consentidos en las salas de redacción, pasando por la exigencia implícita de “ser amables” con las fuentes poderosas, el mensaje es claro: no importa cuánto sepas, no importa qué tan buena periodista seas, tu cuerpo sigue siendo parte del negocio.

Esta triple opresión (la autocensura por los intereses de los dueños, la precarización laboral que nos hace vulnerables, y la violencia de género que nos atraviesa) está matando la profesión y sigue atacando a las mujeres. Y, sin embargo, el periodismo sigue siendo, a pesar de todo, una herramienta indispensable para la democracia. Porque sabemos que, sin medios independientes, sin periodistas que se atrevan a incomodar a los poderosos, no hay posibilidad de justicia ni de transformación social.

Pero es urgente que todas las mujeres nos miremos a nosotras mismas y reconozcamos que la crisis del periodismo no es solo una crisis económica o tecnológica, sino que es una crisis ética, política y profundamente estructural. Mientras los medios sigan siendo botines de guerra de los conglomerados económicos; mientras las periodistas tengan que elegir entre la dignidad y el salario; mientras las mujeres sigamos siendo objeto de acoso y discriminación en las redacciones; mientras la búsqueda de clics y de likes nos haga cómplices del amarillismo que denunciamos en otros; no se puede ejercer el oficio que alguna vez fue razón de ser.

Necesitamos una refundación del periodismo en este país. Una que ponga en el centro no los intereses de los anunciantes ni los réditos políticos de los dueños, sino el derecho de las ciudadanas y los ciudadanos a estar informados con verdad y dignidad. Necesitamos que las redacciones dejen de ser espacios de reproducción de las violencias patriarcales y se conviertan en territorios seguros donde las mujeres podamos ejercer sin miedo. Necesitamos, en fin, recuperar la palabra. Porque si no lo hacemos nosotras, ¿quién lo hará?

* La Conversa de Fin de semana valora el sagrado derecho de opinión de nuestros (as) colaboradores (as) por lo que invita a nuestra comunidad a opinar, criticar y/o sugerir con respeto, indicando que las reflexiones aquí publicadas, son responsabilidad de sus autores (as).

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[1] El poder mediático sobre el poder | Nueva Sociedad

[2] Hitos en la historia de las relaciones exteriores de EE. UU. - Oficina del Historiador

[3] larrea-9789978106211-03.pdf

Poder, violencia y silencio: La realidad global que padecen las mujeres *

 

Por: Andrea B. Romero

La mujer asesinada a tiros por un agente federal de inmigración en la ciudad estadounidense de Minneapolis ha sido identificada como Renee Nicole Good, una madre de tres hijos de 37 años que acababa de mudarse a la ciudad. https://www.bbc.com/news/articles/c1jepdjy256o 

La comunidad educativa del norte del Cauca está de luto tras el fallecimiento de Lucely Villegas Ipia, reconocida profesora indígena, quien murió luego de resultar gravemente herida en un hecho de fleteo ocurrido en Santander de Quilichao. https://proclamadelpacifico.com/tristeza-por-muerte-de-docente-tras-fleteo-en-quilichao/ 

El dolor es inmenso y la indignación desborda el cuerpo, pero los escribo con nombre de mujeres: Lucely y Renee. Y me niego a que se disuelvan en el anonimato de las estadísticas. 

Soy una mujer que escribe con las manos temblorosas, no de miedo, sino de una rabia fría y lúcida. Una rabia que nace de leer, en un mismo día, dos historias sepultadas en la inmensa cantidad de información de dos países distintos, dos mundos que se creen distantes. En Minneapolis, Renee Good, una activista que documentaba los excesos del ICE, es hallada muerta. En el norte del Cauca, Lucely Villegas Ipia, una maestra que sembraba conocimiento en tierra fértil es arrancada de la vida por asaltantes. Dos mujeres. Dos luchadoras. Dos muertes que, lejos de ser casualidades aisladas, son las puntas de un mismo iceberg de horror que está hundiendo a nuestra humanidad.

Renee y Lucely no se conocieron, pero compartieron una enemiga común: la naturalización de la violencia como herramienta. La violencia del estado que, a través de agencias como el ICE ejerce un poder brutal y deshumanizante y que ahora parece ensañarse con quienes alzan la voz para denunciarlo. La violencia del crimen común, que en territorios como el Cauca ve en una profesora, no a un pilar de la comunidad, sino a un “blanco fácil”, en un cálculo macabro de poder territorial. Ambas violencias, la legal y la ilegal, beben de la misma fuente envenenada: la creencia de que el cuerpo del otro, especialmente si es mujer, si es pobre, si es indígena, si es migrante; es un territorio conquistable, desechable o silenciable.

Al conectar estos puntos en el mapa global, el patrón es aterrador. No es coincidencia, por el contrario; es el síntoma de un mundo donde el machismo no es solo un problema de relaciones interpersonales, sino la columna vertebral de un sistema de poder. El mismo desprecio por la vida que permite a un agente del ICE abusar de su autoridad o a un ejército lanzar bombas sobre escuelas en Gaza, es el que alimenta la decisión de un hombre de asesinar a su pareja, de reclutar a una niña para la guerra o de silenciar a una líder social. Es la lógica perversa que convierte la fuerza física, económica y militar, en el argumento supremo y la empatía en una debilidad.

Señalo con el dedo, consciente de que me acusarán de politizar el dolor; pero no puedo callar el hecho de que esta epidemia de violencia encuentra un caldo de cultivo fértil en aquellas ideologías que priorizan la riqueza individual, la acumulación desmedida y la libertad sin responsabilidad social. En ese espectro político que llamamos derecha, en donde el mercado se erige como dios único; la vida humana y, sobre todo, la vida de las mujeres, suelen reducirse a una ecuación de costo-beneficio. Allí, la defensa a ultranza de la propiedad y el orden suele justificar la violencia para mantenerlos, cerrando los ojos ante los abusos que esa “defensa” genera.

Y sí, en ese lado del espectro ideológico hay mujeres. Mujeres que han ascendido en estructuras pensadas por y para el poder patriarcal. Mujeres que, en su búsqueda de éxito, riqueza o prestigio, aprenden a guardar un silencio cómodo. Un silencio que es también una forma de violencia. Miran para otro lado cuando se denuncian tropelías, porque el precio de romper filas es muy alto en un mundo que premia la lealtad al sistema por encima de la lealtad al género. Son víctimas que a veces se convierten, por inercia y miedo, en cómplices de un fascismo que, aunque las use como bandera ornamental, nunca las verá como verdaderas iguales.

Renee y Lucely nos gritan desde su silencio forzado. Su sangre, pero, sobre todo, sus vidas se rebelan contra la normalización del horror. Nos recuerdan que cada vez que aceptamos un abuso menor, cada vez que justificamos el exceso en nombre de la seguridad o el progreso, cada vez que una mujer en una posición de poder calla ante la injusticia que no la toca directamente, estamos nutriendo la misma sombra que las mató.

El desafío no es solo llorarlas, el verdadero reto es reconocer que la batalla contra la violencia que las segó es la misma batalla contra un sistema económico que depreda, una política que oprime y una cultura que desprecia lo femenino. Es entender que nuestra liberación como mujeres está atada a la liberación de todos aquellos cuerpos considerados desechables por la maquinaria del poder. Hasta que no desmantelemos colectivamente la idea de que la fuerza es poder y que la vida es negociable, seguiremos escribiendo columnas sobre mujeres asesinadas cuyo único pecado fue existir, resistir o enseñar en un mundo que ha olvidado cómo ser humano.

El dolor es inmenso y la indignación desborda el cuerpo, pero los escribo con nombre de mujeres: Lucely y Renee. Y me niego a que se disuelvan en el anonimato de las estadísticas. Su memoria es ahora nuestra brújula en esta oscuridad que nos cobija a todas.