El Salario Vital Familiar frente al dogma económico y la hipocresía de la derecha

Imagen tomada de: Crónica del Quindío

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

Por primera vez, en mucho tiempo, la discusión en Colombia se centra en cómo distribuir mejor la riqueza y apalancar el crecimiento desde la base y no en cómo sacrificar los derechos de los muchos en el altar de los privilegios de unos pocos.

El anuncio de entrada en vigor del decreto presidencial que materializa la figura del Salario Mínimo Vital Familiar, prescrita en la Constitución Política de Colombia, pero postergada durante décadas, ha desatado una tormenta predecible de críticas por parte de los representantes de los grandes gremios económicos, junto con sus voceros políticos y periodísticos. 

Haciendo de lado un verdadero y necesario debate técnico sustentado, la virulenta reacción de la derecha colombiana desnuda, tanto la histórica mezquindad de una élite acostumbrada a privatizar las ganancias y socializar las pérdidas y los costos entre los más vulnerables, como la obstinada adhesión de sus círculos académicos a un dogma económico fracasado, hoy repintado con nuevos nombres, pero con la misma esencia regresiva. En torno a las denuncias de un pretendido error técnico, amplificadas por la prensa orgánica de los gremios, se puede advertir la incomodidad que ocasiona la materialización de este derecho constitucional entre quienes se aferran a unos postulados teóricos ya desmentidos por la realidad y los indicadores socioeconómicos.

La crítica central de la derecha colombiana está sustentada en un mantra heredado directamente de la Escuela de Chicago de Milton Friedman, según el cual, cualquier aumento salarial, especialmente uno estructural como este, genera inflación incontrolable y destrucción de empleo, apelando al simplismo de la rígida "curva de Phillips"  y a la teoría del "derrame" o de los "vasos comunicantes", esa noción mágica en la que por obra y gracia del credo neoliberal, al enriquecer a los más ricos eventualmente se beneficiaría a los pobres. 

Sin embargo, no obstante los esfuerzos de los círculos académicos de derecha, pero sobre todo, de la prensa  a su servicio por mantener a flote los postulados de la Escuela de Chicago; la evidencia empírica acumulada en las últimas décadas ha demolido este credo, demostrando que el esperado "derrame" de las migas de riqueza de los vasos comunicantes de los ricos hacia los pobres no ha ocurrido y que, por el contrario, donde más se aplicaron estas recetas (con ajustes, privatizaciones y flexibilización laboral), las brechas de inequidad se ampliaron de manera escandalosa, como lo vienen demostrando los informes anuales de Oxfam y el Laboratorio sobre la Desigualdad Global, en los que Colombia misma es un caso de estudio: tras años de políticas inspiradas en ese consenso, se consolidó como uno de los países más desiguales del mundo.

Contra este dogma, se alzan voces de enorme peso académico. Varios premios Nobel de Economía de los últimos años han cuestionado la relación mecánica entre salarios e inflación. Joseph Stiglitz, por ejemplo, ha argumentado repetidamente que la inflación actual en contextos como el global es multifactorial (disrupciones en cadenas de suministro, crisis energéticas, especulación en mercados de commodities, ganancias corporativas extraordinarias) y que culpar a los salarios es un argumento forzado de conveniencia para proteger los altísimos márgenes de rentabilidad de un mínimo porcentaje de la población. 

El También premio Nobel de Economía, el estadounidense Paul Krugman ha señalado que, en economías con subutilización de capacidad, como muchas tras la pandemia, un aumento del poder adquisitivo de las familias puede estimular la demanda agregada, impulsando la producción y generando un círculo virtuoso de crecimiento. La teoría keynesiana, relegada por el fundamentalismo de mercado, resurge con fuerza ante la evidencia de los indicadores que demuestran que una masa salarial robusta no es un costo, sino que es la base de un mercado interno dinámico. El gobierno de Petro, al aumentar los ingresos de las familias está inyectando combustible directo a la demanda de bienes y servicios básicos y no básicos, lo que puede dinamizar a miles de pequeñas y medianas empresas que abastecen ese consumo.

Frente a la crítica hipócrita soportada en una supuesta preocupación por la supervivencia de las PyMEs, la historia reciente desnuda la doble moral de la oposición en Colombia. Durante décadas, los mecanismos de subsidio, apalancamiento y alivio fiscal establecidos en la ley colombiana fueron sistemáticamente desviados hacia los grandes emporios económicos, amigos y patrocinadores de los gobiernos de turno, durante la hegemonía de una derecha que se esforzó en construir y reforzar un sistema clientelista para proteger a los grandes capitales, no obstante que, de paso, se dejó desamparados a los verdaderos destinatarios de la protección estatal. 

El reto legítimo para el gobierno de Petro es, precisamente, romper ese histórico patrón de desvío y garantizar que los mecanismos de apoyo (subsidios a la nómina, líneas de crédito blandas, asistencia técnica) lleguen efectivamente a los pequeños y medianos productores, no para eliminarlos, sino para integrarlos a una economía de mayor demanda.

El crecimiento económico colombiano, pese a un panorama internacional adverso (estancamiento del precio del petróleo y la incertidumbre arancelaria generada por políticas de Donald Trump), ha mostrado una resiliencia notable, con un impulso creciente del consumo interno. Medios económicos especializados internacionales, como Bloomberg y Reuters, han reseñado en 2024 y 2025 la fortaleza de los indicadores laborales colombianos y su sorprendente recuperación macroeconómica. Por primera vez, en mucho tiempo, la discusión en Colombia se centra en cómo distribuir mejor la riqueza y apalancar el crecimiento desde la base y no en cómo sacrificar los derechos de los muchos en el altar de los privilegios de unos pocos.

COLFUTURO y la farsa aspiracional de la centroderecha colombiana

 

Por: Omar Orlando Tovar -ottroz69@gmail.com-

Según las propias cifras de COLFUTURO, entre 2007 y periodos recientes, sólo el 1% de sus beneficiarios provenía del estrato 1, el 5% del estrato 2 y el 20% del estrato 3. Es decir, el programa ha servido predominantemente a quienes ya contaban con capital económico, social y cultural significativo.

La reciente decisión del gobierno nacional de replantear la intermediación de COLFUTURO en la asignación de becas para estudios en el exterior ha dejado al descubierto las verdaderas prioridades y los métodos de una coalición política y mediática. Políticos como la congresista Catherine Juvinao del Partido Verde, junto con una sección de medios que fungen como altavoz orgánico de los grandes gremios, han montado un espectáculo de indignación en defensa de una entidad que, bajo un barniz de meritocracia, ha operado históricamente como un mecanismo de reproducción de privilegios. Su estrategia no es novedosa, pero sí profundamente eficaz: capitalizar el “síndrome de doña Florinda (síndrome de clase aspiracional)” de algunos integrantes de la pobrería y la clase media colombiana, junto con la desinformación estructural de amplios sectores de la población para defender a una minoría realmente privilegiada.

Los datos son elocuentes. Según las propias cifras de COLFUTURO, entre 2007 y periodos recientes, sólo el 1% de sus beneficiarios provenía del estrato 1, el 5% del estrato 2 y el 20% del estrato 3. Es decir, el programa ha servido predominantemente a quienes ya contaban con capital económico, social y cultural significativo. Esta no es una falla logística; es un patrón clasista institucionalizado. La intermediación de una junta directiva dominada por la ANDI, Fenalco y Asobancaria (los mismos actores que hoy se indignan en redes sociales y prensa tradicional) garantizaba que los criterios de “mérito” y “potencial de impacto” estuvieran filtrados por una lógica corporativa y una visión del desarrollo que rara vez prioriza a las comunidades más vulnerables.

Olvidando que el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la educación y  desmontar estos filtros que perpetúan la desigualdad; la congresista Juvinao y sus aliados mediáticos no defienden el acceso a la educación sino que defienden un modelo de subsidio público para la elite, similar en su esencia a los escandalosos auxilios de Agro Ingreso Seguro o al bochornoso caso del hijo de la senadora Fernanda Cabal, en los que, los recursos públicos terminaron financiando los privilegios de unos pocos. Este discurso apela de manera cínica al talante aspiracional de millones de colombianos con una movilidad social real estancada, para quienes la promesa de una beca en el exterior opera como un poderoso símbolo de ascenso.

La manipulación se sustenta en la “brecha de capital informacional” en la que muchos ciudadanos, abrumados por la saturación de noticias y la complejidad de los datos, no tienen herramientas cognitivas suficientes para contrastar la retórica emocional (“les quitan las becas a los jóvenes”) con la evidencia fría (el 74% de los beneficiarios son de estratos 4, 5 y 6). Los medios gremiales, a su vez, amplifican el relato de alarma presentando la defensa de los intereses de la ANDI, Fenalco y Asobancaria como si fuera la defensa del ciudadano común. Esta maquinaria corresponde a una campaña de desinformación preelectoral, que usa una cortina de humo fabricada con miedo y aspiración manipulada.

El patrón se extiende más allá de COLFUTURO. Programas como Ser Pilo Paga o iniciativas privadas conmovedoras como Vamos Pa’Lante de la W Radio, que ha recaudado miles de millones de pesos, tienen un sesgo estructural crucial: dirigen los recursos públicos y la filantropía ciudadana hacia el pago de matrículas en instituciones de educación superior privadas y de alto costo. Se crea así un círculo virtuoso para los dueños de estas universidades: el Estado o la caridad popular subsidian su clientela, mientras se consolida un modelo donde la “educación de calidad” sigue siendo un bien privatizado y muy costoso. Se abusa de la buena fe y el sentimentalismo del ciudadano y, en el caso de algunos los empresarios donantes, se facilita una elusión de impuestos socialmente aplaudida.

Lo que está en juego no es la educación de los jóvenes más talentosos, sino el control sobre un mecanismo clave de distribución de oportunidades y prestigio. La furia de la ANDI, Fenalco, Asobancaria y sus voceros políticos no es por la pérdida de becas, sino por la pérdida de un canal de influencia sobre la formación de las futuras élites técnicas y profesionales del país. El gobierno nacional, en cabeza del Pacto Histórico, al reclamar esta potestad para el Estado, busca reorientar el criterio hasta ahora mediado por la lógica del capital corporativo hacia la lógica del interés público y la justicia territorial. El debate, por tanto, es una pulseada entre una visión de la educación como bien común y otra que la ve como un instrumento de reproducción social y acumulación privada.

Desenmascarar esta farsa aspiracional es el primer paso para construir un sistema donde la verdadera excelencia, surgida de todos los rincones de la nación, sea apoyada sin filtros discriminatorios de clase social por parte de entidades estatales y no por los intereses capitalistas del sector privado.

 

Los uribistas tratan a los uribestias como lo que son: estúpidos e ignorantes*

 

Imagen tomada de La Silla Vacía.

Por: Hernán Riaño

Los uribestias, no contentos con no tener nada, tratan a sus compatriotas como enemigos, si pudieran, les darían bala, así lo han manifestado en muchos escenarios, hasta candidatos políticos y humoristas abogan por la desaparición física de quienes quieren que todos tengan una mejor calidad de vida.

Este juego de definiciones ha surgido en las redes sociales a propósito del papel de cada uno de ellos en nuestra sociedad. Veamos, Uribista es el narco ultraderechista, dueño de empresas, lavador de dinero, traficante de drogas, personas, armas, oro, o cualquier elemento que produzca dinero de forma ilegal, terrateniente, saqueador del Estado o miembro de partidos políticos que representen estas actividades. Tienen mucho dinero, y quieren muchísimo más, sobre todo, el dinero de todos los colombianos, el cual debería ser destinado a la salud, pensiones, educación, medicamentos, vivienda y en general cualquier cosa que beneficie a los pobres. 

En cambio, el uribestia, es aquel pobre estúpido, estrato 0, 1, 2 y 3 que no tiene empleo, salud, educación, vivienda ni, en general, lo que dignifica la vida del ser humano, porque el uribista se lo robó. Pero este miserable lo defiende a ojo cerrado, hasta con su vida, porque se siente rico como el primero.

En épocas de la esclavitud, los llamaron cipayos, hoy no se le conoce adjetivo destinado a esos seres que prefieren a sus verdugos que a sus pares. No dudan en atacar a quien levanta la voz para defender los derechos de todos, hasta los de esos mismos uribestias. Atacan hasta físicamente a quien protesta por el despojo de los derechos que ha hecho la oligarquía, antes conservadora-liberal y hoy unificada en torno a Álvaro Uribe Vélez como el gran mentor de los negocios ilícitos, del saqueo de los recursos públicos y de la violencia que, en los últimos 40 años, desde que él apadrinó las Convivir, madre de las autodefensas, hasta la fecha con todas sus secuelas. 

Estos personajes característicos, pero no exclusivos de la fauna colombiana son esclavos, sicarios y asesinos que cumplen los deseos sin chistar de quienes consideran sus líderes naturales, todos ellos reconocidos de la ultraderecha, el paramilitarismo y la corrupción.

Pero lo más llamativo es que los encopetados copartidarios del expresidente y él mismo no los respetan, solo los utilizan, tanto para que los elijan, como para les hagan el trabajo sucio de traficar, ser los mandaderos de la droga, asesinar, desaparecer, torturar, desplazar, violar, y hacer todo lo que las derechas no hacen directamente; para eso los tienen a ellos. Además, los tratan como lo peor, en sus caras les dicen que no tienen derecho a la salud, a pensionarse, o por lo menos a recibir una ayuda por parte del gobierno, a la educación, al acceso a los derechos que garantiza la Constitución Nacional ni a cualquier beneficio o subsidio que les otorgara el Estado. 

Lo hemos visto, primero, con el hundimiento de las reformas que pretendían solucionar muchas de estas falencias, luego con las demandas ante las altas cortes que esos mismos uribistas han interpuesto para que ningún, léase bien, ningún derecho llegue al pueblo colombiano, todo incluyéndolos a ellos, a los uribestias, los que le sirven de soporte al expresidente y sus socios. 

Y desde el “ex” Uribe hasta los funcionarios de más bajo nivel que profesan esa nefasta corriente, se lo dicen en su propia cara, que no tienen derecho a tener derechos, que son ciudadanos de quinta, que los únicos que pueden son ellos, los oligarcas. De todas las formas se lo hacen saber, esa es una de las banderas del Uribe, como campaña electoral, que les va a quitar todos los derechos recuperados por Petro y su gobierno, las horas extras, el pago completo de dominicales y festivos, la jornada nocturna vuelva a empezar a las 10 de la noche, que la salud siga en manos de las EPS, que los fondos de pensiones les sirvan para que ellos puedan hacer sus negociados, que se les devuelva la tierra a los despojadores o ladrones de baldíos de la nación, como es el caso de la misma familia de Uribe y demás yerbas, que se acabe el programa de salud a su casa, que no haya agua para los colombianos, que vuelvan los apagones y cobros abusivos a las comunidades que hoy tienen energías limpias, que vuelvan los empresarios que han explotado a los colombianos con muchos servicios que debiera prestar el Estado pero por el neoliberalismo de la ultraderecha se volvieron negocios muy lucrativos a costa de los colombianos. Ahora Uribe se destapó, no quiere aumentos en el salario mínimo con diferentes excusas, de que se van a quebrar los empresarios hasta que habrá desempleo masivo, falacias ya demostradas desde que asumió el gobierno Gustavo Petro.

Además, estos uribestias fanáticos son los que los han subido al poder para que nos exploten. Lo hemos visto en las elecciones regionales, por ejemplo, en la última atípica en Bucaramanga, en donde han padecido todo el cáncer producido por este sector político, ya no tienen ni transporte público, volvieron a elegir a un espécimen representante de este sector corrupto.  

Esos, los uribestias, no contentos con no tener nada, tratan a sus compatriotas como enemigos, si pudieran, les darían bala, así lo han manifestado en muchos escenarios, hasta candidatos políticos y humoristas abogan por la desaparición física de quienes quieren que todos tengan una mejor calidad de vida y unos derechos humanos y constitucionales para todos, ellos incluidos. 

Aquí es obligatorio preguntar nuevamente: ¿Cuál de las reformas que ha impulsado el gobierno del cambio no beneficia a los pobres, miserables y en general a todos los colombianos? Reto a algún uribestia a que me conteste, con argumentos, cual perjudica a la sociedad colombiana y el por qué. Obviamente, casi estoy seguro de ello, habrá un silencio muy incómodo para esos que quieren que vuelvan al gobierno Uribe y sus buenos muchachos.

Es muy embarazoso hacer este análisis de quiénes han perjudicado al país, pero es necesario ponerle cara a esos que tanto han perjudicado al país, los primeros, son multimillonarios y lo hacen para su beneficio, eso está muy claro y los otros, los que no tienen ni en qué caerse muertos, son los actores fundamentales, sin ellos, los mafiosos neoliberales nunca hubieran podido llegar al poder para poner en práctica sus políticas de saqueo y expoliación, han sido su soporte fundamental, pero pasan de agache y, peor, siguen alimentando a esa bestia de 7 cabezas que representa el uribismo con su violencia, despojo y saqueo del país.

Para terminar, destaco lo paradójico, entre peor los tratan sus patrones, entre más les quitan derechos, entre más les dicen que son unos brutos, ignorantes y estúpidos, más los ayudan, más están al servicio de ellos, más amenazan a quienes luchan por tener una sociedad más equitativa, más atentan contra sus conciudadanos y no quieren dejar de ser uribestias. Pero es necesario exigirles a los uribestias que asuman su responsabilidad histórica y su papel en la imposición del neoliberalismo en nuestro país, con el consecuente deterioro de la calidad de vida de los colombianos, la violencia, los asesinatos, desplazamientos, masacres y desapariciones que han representado cerca de 400 mil muertos, todo un genocidio a cuentagotas. No solo Uribe y sus cómplices directos son responsables, también los que lo apoyan y defienden a toda costa. No se trata de venganzas ni generar más violencia, solo que con el simple acto de que ellos asuman sus culpas avanzaremos en edificar una sociedad más justa y próspera. Claro que algunos me dirán que es una utopía y puede ser, pero soñar no cuesta nada.

*Las opiniones de los columnistas son de su exclusiva responsabilidad.  Les invitamos a leer, comentar, compartir y a debatir con respeto.

Esta columna fué publicada originalmente en SoNoticias y es compartida con la comunidad de La Conversa de Fin de Semana, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño.

Las revelaciones sobre Pastrana y el encarcelamiento de ministros de Petro. Avanza el Lawfare colombiano

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

Las revelaciones sobre Pastrana y el encarcelamiento de ministros de Petro no deben leerse como una coincidencia; evidencian un patrón en la historia política: cuando figuras clave de la derecha enfrentan escándalos monumentales, el aparato judicial acelera procesos de impacto simbólico contra el gobierno alternativo.

La confirmación, mediante evidencias judiciales reveladas en Estados Unidos, de los vínculos del prominente líder político colombiano de derecha, Andrés Pastrana, con la red del pederasta Jeffrey Epstein, ha sacudido la opinión pública. Esta revelación, históricamente sospechada y ahora documentada, expone la naturaleza transnacional de ciertas élites y sus afinidades morales. De forma casi sincrónica, pero, muy conveniente en tiempos electorales en Colombia, una jueza de la República dictaba medida de aseguramiento intramural contra dos exfuncionarios de alto nivel del gobierno del presidente Gustavo Petro, en un caso que, independientemente de su mérito jurídico, ha sido leído en clave política por amplios sectores del país.

Esta coincidencia temporal no puede pasar desapercibida ni leerse en clave de mera coincidencia, puesto que demuestra, una vez más, un patrón recurrente en la historia política nacional: cuando figuras clave del espectro del centro y derecha (políticos y/o grandes empresarios) enfrentan escándalos de proporciones éticas monumentales, el aparato judicial doméstico acelera procesos de alto impacto simbólico contra el gobierno alternativo, operando como un poderoso cortina de humo y un mecanismo de equiparación artificial. El mensaje que se envía a una sociedad manipulada mediáticamente es claro: "todos son iguales". Esta operación descansa sobre un pilar, tristemente discutible: la supuesta neutralidad e independencia del poder judicial colombiano.

Es un principio democrático incuestionable que la justicia debe ser autónoma del ejecutivo. No obstante, en Colombia, ha estado amenazada por el uribismo en contubernio con la presión constante y secular del narcotráfico, el paramilitarismo y las élites económicas y políticas regionales. Durante décadas, estos actores han ejecutado una estrategia de infiltración y cooptación del sistema de justicia, aprovechando las fallas estructurales de un Estado con arquitectura clientelista. El resultado es que, hoy, en cargos claves de la Fiscalía, las altas cortes y los tribunales, se encuentran funcionarios cuyo criterio ha sido moldeado por la ideología conservadora más rígida o, lo que es más grave, por la influencia del gran capital legal e ilegal. El sistema de "yo te elijo y tú me eliges" (visible en la elección de magistrados por cooptación de las propias cortes) ha creado una cloaca de endogamia y una muralla contra la renovación ideológica y jurisprudencial.

Para transitar hacia una paz estable y una verdadera democracia, es imperativo no solo reformar leyes, sino rediseñar y reedificar el edificio jurídico colombiano. Esto implica desmontar el fetichismo positivista inoculado por la tradición santanderista de la derecha, una visión formalista y estrecha de la ley que ignora su espíritu y su función social. Este formalismo ha sido el caballo de Troya para que operadores judiciales, algunos incompetentes y otros abiertamente comprometidos con intereses espurios, ejerzan una justicia a la medida. Sus sentencias, apegadas a interpretaciones literales y convenientes, rondan peligrosamente el terreno del lawfare: el uso estratégico de procedimientos legales con fines de desgaste político, persecución y anulación de proyectos alternativos.

Este comportamiento es particularmente grave en las altas cortes. La teleología de la Constitución de 1991 es diáfana: Colombia es un Estado Social de Derecho, en el que la dignidad humana, la vida digna y la realización material de los derechos son su eje. Sin embargo, recientes fallos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado parecen haber inclinado la balanza, de manera sistemática, hacia la protección absoluta de privilegios económicos y la paralización de reformas estructurales. Se interpreta la ley no como herramienta para materializar la justicia social, sino como dique de contención contra cualquier cambio que afecte el statu quo. Se entorpecen, así, las políticas de un gobierno que, con todos sus errores y limitaciones, ha intentado precisamente que el imperio de la ley deje de ser sinónimo del gobierno de una oligarquía.

La privación de libertad de los exfuncionarios petristas, en este contexto, no puede analizarse como un hecho aislado. Es un movimiento dentro de una partida de ajedrez institucional más amplia. Mientras una evidencia judicial en el norte global señala las afinidades aberrantes de uno de los líderes de la derecha colombiana, la maquinaria judicial doméstica se activa para presentar una narrativa de "caída en desgracia" bilateral, con el objetivo de deslegitimar cualquier proyecto político que dispute el poder histórico de las élites, usando para ello las propias herramientas del Estado que lograron capturar.

La verdadera independencia judicial comenzará el día en que un magistrado pueda fallar, con la misma contundencia y celeridad, contra un poderoso económico o político tradicional, que contra un funcionario de un gobierno progresista.

P.S.: Así las cosas, el supraescripto descree (tristemente) en la evaluación constitucional del decreto de Emergencia Económica que hará una Corte Constitucional que ya ha mostrado su talante ultraconservador y su afinidad hacia los grandes gremios empresariales. La tarea quedará hecha, negarle al gobierno nacional los recursos para que no pueda cumplir el mandato popular, desprestigiando sus candidaturas al Congreso y la Presidencia de Colombia. ¡Buen Provecho!

La seguridad en Colombia: Más allá de la coyuntura

 

Por: Andrea B. Romero

Resulta cínico que algunos mandatarios regionales (todos ellos integrantes de partidos de derecha) carguen todas las responsabilidades sobre el gobierno nacional, evadiendo sus obligaciones constitucionales primarias.

La reciente escalada de violencia en varias regiones de Colombia ha motivado a numerosos mandatarios locales y departamentales a denunciar una supuesta “crisis de seguridad” y un abandono por parte del gobierno central. Si bien es innegable el impacto humanitario y el dolor que padecen las comunidades, es imperativo analizar esta situación no como un fenómeno aislado o exclusivamente atribuible al actual gobierno nacional, sino como la visibilización de males históricos como el abandono estatal, la corrupción sistémica y una arraigada politiquería que ha utilizado los territorios y sus poblaciones como moneda de cambio.

La ausencia de Estado, tras las firmas de acuerdos de paz creó el vacío que llenaron actores armados ilegales y economías criminales. Departamentos del suroccidente colombiano o el Catatumbo, estratégicos como corredores para el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas no se convirtieron en tales por casualidad reciente. Históricamente, en estas regiones, la institucionalidad fue cooptada o permeada por intereses oscuros.

La prensa nacional ha documentado por años la inquietante vinculación de figuras políticas tradicionales y de la fuerza pública con estas economías ilegales. Casos emblemáticos, como el de la llamada “parapolítica”, evidenciaron alianzas entre sectores políticos, narcotraficantes y grupos paramilitares. Más recientemente, se destaparon escándalos como el de la llamada “Construcciones El Cóndor”, que supuso investigaciones por presuntos vínculos entre el gobierno Uribe, contratistas y las desapariciones en la Comuna 13 y la Escombrera en Medellín [1]. Así mismo se han dado revelaciones sobre la vinculación de militares y el crimen organizado [2]. Estos son síntomas de una simbiosis histórica entre parte de la clase política tradicional, sectores de las fuerzas armadas y el crimen organizado.

Así las cosas, resulta cínico que algunos mandatarios regionales (todos ellos integrantes de partidos de derecha) carguen todas las responsabilidades sobre el gobierno nacional, evadiendo sus obligaciones constitucionales primarias. Un ejemplo claro es el de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Mientras realiza una campaña permanente de acusaciones al Gobierno del Pacto Histórico por un supuesto abandono de la región, omite mencionar los graves cuestionamientos sobre la gestión de los recursos a su disposición.

Se señala públicamente a la gobernadora del Valle de desviar el destino de fondos públicos de seguridad a actividades de proselitismo político a través de contratación de dudosa prioridad, mientras se niegan o diluyen transferencias críticas para el fortalecimiento de la fuerza pública local, intentando que se agudicen los problemas de seguridad para deslegitimar al adversario político en el nivel central.

La seguridad no se construye solo con operaciones militares; requiere una estrategia integral de paz y desarrollo territorial. Aquí, el fracaso de muchos mandatarios locales es aún más estrepitoso. El caso del Cauca, devastado por la violencia de disidencias, el ELN y bandas narcoterroristas es un referente apropiado. En este departamento existe una propuesta robusta y organizada de paz territorial emanada de las comunidades indígenas, un actor con legitimidad y arraigo. Sin embargo, esta iniciativa no ha sido abanderada, potenciada o articulada de manera decidida por la mayoría de los alcaldes ni por el gobierno departamental. Han optado por el rol cómodo de espectadores que culpan al centro, antes que el liderazgo complejo de constructores de soluciones desde lo local.

El gobierno nacional también tiene cuotas de responsabilidad. La estrategia de “Paz Total” del presidente Gustavo Petro, hasta ahora, brilla más por su desarticulación y opacidad que por su eficacia convocatoria. Si bien la discreción es esencial en las negociaciones, esta no puede confundirse con la falta de comunicación estratégica, la aparente descoordinación entre mesas, y la percepción de mediocridad o falta de peso político en algunos equipos negociadores. La paz exige grandeza táctica y estratégica, y hasta ahora se percibe más reactividad que un plan conductor sólido.

Ante este complejo entramado de responsabilidades históricas evadidas, politiquería local y desarticulación nacional, surge una pregunta de profunda gravedad política: ¿Cuál es la intencionalidad de los recientes y brutales ataques terroristas perpetrados por el ELN y las disidencias? Más allá del objetivo militar inmediato, es legítimo preguntarse si estos hechos de violencia extrema no le están allanando, de manera consciente o no, el camino a un discurso y una campaña electoral de una derecha guerrerista. Una derecha cuya narrativa se nutre del miedo y cuya solución histórica ha sido la fuerza bruta, acompañada de cortinas de humo para ocultar su propia ineficiencia y los nexos de corrupción de sus miembros con el crimen organizado.

---

[1] https://corrupcionaldia.com/construcciones-condor-y-la-oscura-connivencia-contratistas-y-gobernantes-complices-de-desapariciones/

[2] La prensa colombiana dio cuenta de los nexos del ex general y el excandidato a la gobernación del Cauca por el Centro Democrático, Leonardo Barrero, con el Clan del Golfo. Ver: General (r) Leonardo Barrero, excomandante de FF.MM involucrado con alias ‘Matamba’

El falso dilema de la polarización*

 

Imagen tomada de: Polarización política y economía

Por: Hernán Riaño

“Que el país esta polarizado”, “que no hay que polarizar más”, “que hay que evitar la polarización”, son las frases que dicen las derechas por estos días, para sacarle el cuerpo al verdadero debate, que es la situación en que ellos dejaron el país

Desde hace algún tiempo, y sobre todo con este gobierno, la ultraderecha y los medios de comunicación empezaron a usar esta palabreja como si fuera la única en el diccionario y que definiera el estado real de nuestro país. 

Pero veamos la definición de polarización de varias fuentes: 

La RAE. 

f. Acción y efecto de polarizar o polarizarse.

1. Acción de polarizar o polarizarse. 

2. Efecto de polarizar o polarizarse.

El concepto en Wikipedia dice:

La polarización es un proceso por el cual en un conjunto se establecen características que determinan la aparición en él de dos o más zonas, los polos, que se consideran opuestos respecto a una cierta propiedad, quedando el conjunto en un estado llamado estado polarizado.

Lo amplía a la política:

En política, polarización es el fenómeno por el cual la opinión pública se divide en dos extremos opuestos. También se refiere a las facciones extremas de un partido político que ganan espacio o apoyo dentro del mismo. En cualquiera de los casos, como consecuencia de la polarización, las voces moderadas pierden poder e influencia.

La polarización, por lo tanto, puede ser estudiada tanto como un estado, como un proceso. La polarización como estado se refiere a la medida en que las opiniones sobre un tema se oponen en relación con una máxima teórica. La polarización como proceso se refiere al aumento de dicha oposición a lo largo del tiempo.

En la red hay muchas definiciones muy parecidas a la desacreditada Wikipedia, pero es un concepto unánime. 

Analicemos la situación de Colombia; desde hace más de 200 años la mayoría del pueblo había “pensado y actuado” con los conceptos que habían impuesto las derechas, esto quiere decir que solo se había tenido un punto de vista, salvo algunas excepciones muy valiosas que a lo largo de esos lustros no habían podido masificar los del pueblo, por culpa de la violencia que callaba a sangre y fuego a quien pensara diferente. La oligarquía con su ideología feudal con sus intereses explotadores y ladronas del erario no había dejado pensar por su cuenta al pueblo colombiano, con el apoyo de sus medios de comunicación, llegaron a falsear la realidad de tal forma que los ciudadanos (as) estaban convencidos que ser esclavos (as) por siempre, que nunca podrían llegar a pertenecer a la casta dominante, por más que trabajaran honradamente. Eso era una ley “de a puño”. Ellos, solo ellos y por un designio no sé de quién, podían tener negocios prósperos, legales o ilegales, ser los dueños de las tierras y de las vidas de sus vasallos (as), de los hijos (as) de estos a perpetuidad y que podían hacer lo que quisieran con ellos.

En la segunda mitad del siglo XX, en nuestro país, empezó un avance industrial, ciudades como Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, entre otras, empezaron a llenarse de factorías, que necesitaban trabajadores, que obviamente llegaron del campo, expulsados por la violencia generada por el partido conservador, para apoderarse de sus tierras.  Los trabajadores, gracias a sus luchas, lograron derechos como la jornada laboral de 8 horas, los recargos nocturnos y festivos, la salud, tener una cesantía, una pensión, así como el voto de las mujeres, y muchas otros que existieron en Colombia y aún persisten en otros países, aunque resistiendo los embates del neoliberalismo mundial. 

Con la llegada del trío diabólico, Pastrana, Gaviria y Uribe, empezaron los recortes de los pocos derechos conquistados, la “miserabilización” de los colombianos y el auge del narcotráfico, con el que muchos políticos llenaron sus bolsillos y algunos pobres del país, también, vieron una oportunidad de lograr alguna riqueza con ese negocio ilegal, así fuera a costa de su propia vida o la de sus familiares. 

Aquí hubo un quiebre histórico porque, primero Gaviria con Álvaro Uribe Vélez privatizaron la salud, los riesgos profesionales y las pensiones de los trabajadores para beneficiar a sus amigotes cómplices. Luego, en sus presidencias, este nefasto señor eliminó los otros pocos derechos laborales que quedaban, como los recargos nocturnos, las horas extras y disminuyó el pago de los dominicales y festivos a su mínima expresión. También vendieron, en esos tres gobiernos, una cantidad de empresas de los colombianos y eliminaron otras tantas entidades que les servían a la ciudadanía. No contentos con eso, regresaron a nuestra sociedad al siglo XIX, en la que imperó, como dije antes la esclavitud y el vasallaje, sin ningún derecho laboral o ciudadano. Hasta Duque (Uribe III), el país vivió humillado, esclavizado y subyugado a los deseos, planes, programas para solo satisfacer las necesidades de los ricos en detrimento de la calidad de vida de la mayoría de los colombianos y del saqueo de los recursos públicos.

Pero, con lo que no contó la ultraderecha fue que llegara un gobierno diferente, el del cambio, para que, por fin, le abriera los ojos a la mayoría de los colombianos, y darnos cuenta de las dos posiciones antagónicas que han existido desde siempre, pero que, por cuenta de la oligarquía y sus medios, volvieron “normal”, que solo se aceptara la posición oligarca como una verdad irrefutable caída del cielo.

Estos son los dos polos de la realidad del país. Uno, el de siempre, que defiende los intereses de la narco-parapolítica derechista y el otro que propende por los derechos de todos los colombianos que nunca los han tenido, esa es le verdadera polarización. Pero la oligarquía no quiere hacer este debate, le tiene miedo a que Colombia y el mundo sepan su actuar, cuál es su verdadera cara, que nos enteremos de todos los asesinatos, desapariciones, masacres, robos y saqueos del erario al que han tenido sometido al país. 

Por eso han planteado un falso debate sobre esta palabreja y sus implicaciones, para distraer la verdadera situación de Colombia. 

Decidieron que polarizar era:

Decir la verdad.

Hacer denuncias de corrupción.

Defender los derechos.

Permitir las opiniones de los que nunca habían hablado.

Exigir resultados a los funcionarios.

Hacer debates serios.

Contradecir una mentira.

Destapar una trampa.

Denunciar las amenazas.

Evitar que sigan saqueando las instituciones.

Entre otras muchas cosas.

“No polarice” es la frase que se oye por estos días, que eso es generar odio, dicen los politiqueros, parlamentarios traidores y corruptos, para evitar que se sepa cómo han manejado el país por más de 200 años, que nos enteremos de los verdaderos negociados con los que se han enriquecido algunos y cómo quieren seguir haciéndolo.

Hemos visto cómo parlamentarios  y magistrados han hundido las reformas que necesita el pueblo para mejorar su calidad de vida, la salud, las pensiones, la ley de financiamiento, la circunscripción especial agraria, los decretos de emergencia para la Guajira y Catatumbo, solo para mencionar algunos y que solo benefician a los más pobres, eso sí es polarizar, porque defiende los intereses de los más ricos y poderosos en detrimento del resto de la ciudadanía, se ponen al servicio de los que siempre han tenido el poder y lo han manejado a su arbitrio.  Además, anuncian que, de volver al gobierno, eliminarán de un tajo y sin anestesia, todas las reformas que ha impulsado el señor presidente Gustavo Petro Urrego.

Polarizar es insistir en gobiernos uribistas, que lo que han hecho es acabar con el estado social y de derecho, eliminar las libertades y la democracia con el pretexto de una falsa seguridad que hoy vemos juzgada en la JEP, polarizar es crear ejércitos privados para ejercerla, es volver a los miembros de la fuerza pública asesinos y salteadores, lo mismo que los miembros de comunidades milenarias, que antaño fueron creadores de música, filigranas de oro y formas de sembrar muy productivas entre otras formas de desarrollo. Polarizar es quitarle la salud a la mayoría de los colombianos, darle las pensiones de los fondos para que los hijitos del expresidente pudieran hacer sus centros comerciales o al hombre más rico de Colombia para que hiciera carreteras con los peajes más caros. En síntesis, polarizar es estar en contra del pueblo colombiano y querer seguir manteniendo el país como ellos lo tenían hasta el gobierno Duque. 

“Que el país esta polarizado”, “que no hay que polarizar más”, “que hay que evitar la polarización”, son las frases que dicen las derechas por estos días, para sacarle el cuerpo al verdadero debate, que es la situación en que ellos dejaron el país, que está haciendo el progresismo para corregirla y que nos espera si ellos vuelven a gobernar. Por otro lado, veo con extrañeza que algunos progresistas cayeron en la trampa de repetir ese discurso engañabobos de la derecha haciéndole el juego a lo que ellos quieren que sea la discusión. A los progresistas y demócratas nos queda centrarnos en defender lo conseguido y no permitir que vuelvan aquellos que nos quitaron todo en el pasado y que, de volver, lo harían nuevamente y esta vez, a sangre y fuego, como lo han anunciado públicamente, ¡bala es lo que hay!

*Esta nota fue publicada originalmente en SoNoticias y es compartida con la comunidad de La Conversa de fin de Semana, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño.

Las opiniones de los columnistas son de su exclusiva responsabilidad.  Les invitamos a leer, comentar, compartir y a debatir con respeto.

EMQUILICHAO: Una empresa pública en la encrucijada

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

Se espera que la gestión del nuevo gerente sea eficiente, transparente y comprometida con la defensa de lo público, para restaurar la salud financiera y operativa de Emquilichao, garantizando tarifas justas y un servicio digno a la ciudadanía.

En Santander de Quilichao, al norte del departamento del Cauca, se libra una batalla silenciosa pero decisiva por el control de uno de sus patrimonios colectivos más preciados: la Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, Emquilichao. Su historia reciente es un reflejo micro cósmico de un proceso nacional de desgaste y acecho a lo público, iniciado décadas atrás bajo el paradigma neoliberal del expresidente César Gaviria. 

Paradójicamente, es este legado político, del cual ha bebido el grupo hegemónico que ha dirigido el municipio por cerca de veinte años, el que ha sometido a la empresa a un paulatino marchitamiento. Administración tras administración, incluida la actual, se ha observado una gestión caracterizada más por la omisión, la falta de inversión en mantenimiento y la opacidad, que por un compromiso genuino con su fortalecimiento. Este escenario ha alimentado la sospecha fundada de un plan de ahogamiento financiero y técnico, preludio clásico de una privatización que transferiría un servicio vital a manos de intereses particulares, en detrimento de la soberanía municipal y los bolsillos de los quilichagüeños. (Ver: ¿Avanza la privatización de Emquilichao? - ¿Quién hundió a Emquilichao? Crisis fabricada, culpables y responsabilidades)

Frente a este panorama desalentador, el nombramiento de un nuevo gerente para Emquilichao se erige como un faro de expectativa colectiva. La comunidad, hastiada del incremento en las facturas por el servicio, falta de equipos, procesos internos ineficientes y del gravísimo problema ambiental del “basuro” a cielo abierto, deposita en esta decisión la esperanza de un giro radical. Los anhelos son concretos y urgentes: una gestión que priorice el oportuno mantenimiento de la infraestructura, que modernice los sistemas, implemente soluciones definitivas y ambientalmente sostenibles para la disposición final de residuos y optimice la eficiencia en todos sus frentes. 

El objetivo final de esta nueva gerencia debe ser claro: que esta mejora operativa y administrativa se traduzca en un beneficio directo para el usuario, reflejado en la disminución de tarifas injustamente elevadas para un servicio que no ha sido óptimo. Esta no puede ser una gestión de escritorio o confinada a los recintos opacos de una Junta Directiva que, en sus sucesivas versiones, ha demostrado una gris e ineficaz complicidad con la decadencia. Lamentablemente, el Concejo Municipal, órgano natural de vigilancia y control político, da la impresión de haberse convertido en un ente complaciente, reducido en la práctica a un mero comité de aplausos, con contadas y valiosas excepciones que, en el pasado, pusieron al descubierto las intenciones privatizadoras del grupo político que ha gobernado y gobierna a Quilichao.

Es en este contexto de desconfianza institucional donde recae una responsabilidad histórica sobre los hombros del nuevo gerente. Reconocemos públicamente su inexperiencia previa en la administración pública, lo cual, lejos de ser solo un desafío, puede ser también una oportunidad para abordar los problemas con frescura y libre de ataduras con los grupos de interés que han asfixiado a la empresa. 

De él se espera, ante todo, una gestión eficiente, eficaz y transparente. Su misión fundamental es retornar a Emquilichao a unas condiciones financieras y técnicas saludables, donde las tarifas sean justas y la atención al ciudadano, digna. Su compromiso debe ser inquebrantable con lo público. Por ello, es imperativo hacer un llamado explícito: si durante su gestión el actual Alcalde, o cualquier poder fáctico vinculado al Gavirismo local, sucumbe a la tentación de impulsar la privatización de la empresa para favorecer intereses particulares (siguiendo un guion ya visto en obras como el Hospital Regional), la ciudadanía espera que el gerente sea el primero en denunciarlo públicamente y, si es necesario, hacerse a un lado en un acto de coherencia suprema en defensa del patrimonio público.

Dada la evidente falta de disposición y capacidad de vigilancia por parte de una Junta Directiva desdibujada y un Concejo Municipal complaciente, el llamado final es a la acción ciudadana organizada. Los sindicatos de Emquilichao, como guardianes naturales del trabajo digno y del servicio público y toda la ciudadanía quilichagüeña, deben asumir el rol de veedores permanentes. La supervivencia de Emquilichao como empresa pública y eficiente no puede depender de la voluntad de unos pocos en cargos directivos. 

Exigir rendición de cuentas claras, asistir a los espacios de participación y vigilar cada decisión, es ahora un deber cívico. La empresa es de todos y solo la vigilancia colectiva y activa podrá defenderla de su peor enemigo: la indiferencia. El nuevo gerente tiene la palabra, pero la tarea de salvaguardar este bien común es, irrevocablemente, de toda la ciudadanía.

EL MANUAL DEL HEMBRO

Silencio asesino, o la no humanidad*

 

Por Hernán Riaño

“Estados Unidos es el mundo, Yo dirijo al país y al mundo, Yo soy el presidente y tengo derecho a hacer lo que yo quiera”. Donald Trump

Ante las agresiones cometidas en los últimos dos años en Palestina y desde hace algunas semanas en el caribe, en las que han muerto muchos seres humanos de todas las edades, en Gaza especialmente niños(as), a los que declaró enemigos el régimen de Netanyahu, solo por ser palestinos, a los que les ha aplicado todas las tácticas de muerte fascistas, desde las bombas, pasando por las balas y hasta, la más ruin, el hambre. Los ataques a la franja de Gaza hace muchos meses se convirtieron en un genocidio que debe ser condenado por toda la humanidad.

En el caribe, quien se cree el emperador del mundo, Donald I (primero), le ha aplicado la pena de muerte unilateralmente a decenas de personas que fueron acusadas de narcotraficantes sin el debido proceso, juicio justo, solo por la sospecha del señor emperador y la ejecución de sus militares lacayos, acostumbrados a matar, matar y matar. Salvo algunas excepciones, la mayoría de los gobiernos del mundo han mantenido un silencio cómplice, ¡dos años! por el genocidio de civiles desarmados en Gaza y unos meses, de los humildes pescadores en el caribe, digo pescadores porque nadie ha demostrado lo contrario, ni un juez ni alguna autoridad reconocida por Latinoamérica. 

Hay naciones que, después de manifestaciones multitudinarias en las principales ciudades del mundo denunciando el genocidio, decidieron apartarse un poquito del dúo maléfico, Israel- E.E. U.U. y hacer algunas acciones, muy tímidas, pero que han incidido en un “acuerdo de paz” entre ellos mismos, quiero decir el dúo maléfico, sin haber incluido a nadie de Palestina; tratado que Israel ha violado muchas veces con un saldo de cientos de muertos e instalaciones destruidas, como hospitales y escuelas. La presión de los pueblos ha hecho posible, primero que el mundo vuelva sus ojos al oriente medio, en el que Israel quiere apoderase no solo de Gaza, al que casi destruyó totalmente, sino que ha empezado una avanzada sobre Cisjordania, El Líbano, Siria y ha amenazado en llevarla hasta Irán y no se sabe cuántos países más: su sueño sionista en Asia menor.  Algunos gobiernos decidieron no enviarle más armas a Israel, o no prestar su espacio aéreo para el tránsito de naves de la misma nacionalidad, o no venderle carbón con el que se genera muertes de palestinos.

Ahora presentan un plan para Gaza en el que dejan por fuera a los palestinos, bombardean el Líbano, específicamente donde hay campamentos de refugiados de esa misma nacionalidad, atacan con drones a quien ellos quieran y a quien deseen, con la mayor impunidad y en medio del silencio de la mayoría de los gobiernos del mundo. Ese supuesto acuerdo de paz logró callar las protestas mundiales, ese era su objetivo y con ayuda de sus medios de comunicación pudieron lograrlo. Los sionistas han llegado al colmo de poner en la picota pública, encarcelar o inclusive matar a personas que los han denunciado, a periodistas que hacen preguntas incómodas los hacen despedir de sus trabajos, en general quieren imponer a la fuerza sus creencias y la imposición de su raza como pueblo elegido de dios, ¿Qué dios fue capaz de escoger a unos asesinos de niños como sus protegidos destinados a dominar al mundo?

En el Caribe, desde hace unos meses está sucediendo algo similar, Donald I, decidió sin ninguna fórmula de juicio, asesinar gente indefensa y que no es una amenaza para el imperio del norte, pero que él, al igual que lo hicieron en Irak, cuando dijeron, para justificar la intervención, que Sadam Husein tenía armas de destrucción masiva y que iba a acabar con el mundo, hoy apela a la misma táctica diciendo que esos pescadores van a acabar con Estados Unidos y por eso hay que matarlos, pero sus verdaderas intenciones son intervenir en toda América Latina para apoderarse de sus recursos naturales,  y sobre todo del petróleo venezolano y el agua de la Amazonía. 

En el desarrollo de su “emprendimiento”, ha dicho muchas cosas para justificar los asesinatos e intervencionismo, pero lo que más me ha llamado la atención son estas frases: “Estados Unidos es el mundo” (1), “Yo dirijo al país y al mundo” (2) y “Yo soy el presidente y tengo derecho a hacer lo que yo quiera” (3) las que implican muchas cosas, ninguna buena para nuestros países y sus habitantes. La primera frase implicaría, que ante el avance de otras naciones como China, Rusia o Irán en lo que él mismo llama su patio trasero, sería como una manifestación de que este continente es todo de él y no va a permitir que, de otras regiones, vengan a hacer negocios con nosotros; lo que llevaría a la segunda sentencia, que como él es el dueño puede hacer lo que quiera con estos países (4).

Todo esto ante nuestras narices, en vivo y en directo y ningún gobierno, salvo contadas excepciones, como Gustavo Petro, se han atrevido a levantarle la voz, ya que todos los que se han callado son impuestos por los gringos, de una forma u otra, y son cómplices de todas las acciones en contra de la humanidad que Donad I viene adelantando en complicidad de los sionistas israelíes. No olvidemos que estos mismos tienen mucha influencia en regiones del sur de nuestro continente donde están determinado elecciones y poniendo presidentes afines a sus ideas. Se han apoderado de medios de comunicación y de manipulación, como las redes sociales, con los que hacen que los ignorantes de cada nación se vuelvan sus borregos y terminen defendiéndolos, como es el caso de muchas sectas cristianas que, sintiéndose supuestos herederos de los judíos, salen en defensa de los sionistas, además esperando un juicio final que los haría pasar a los escogidos de una supuesta salvación, pero que aquí, para alcahuetearles todas las tropelías a los sionistas, no solo se quedan callados ante sus brutalidades y asesinatos sino que además los justifican y los aplauden. 

Como podemos ver, hay un silencio cómplice de la mayoría de los gobiernos del mundo, los pocos que san pronunciado lo hacen de forma tímida y sin la presión que lleve a parar el genocidio en Gaza y mucho menos la masacre en el Caribe. No hay medidas concretas, así sea diplomáticas o económicas contra Israel y Estados Unidos, nadie se atreve siquiera a contradecir, así sea mínimamente a Donald I y Netanyahu (5). En este maremágnum de silencio cómplice que se convirtió en asesino sobresale la voz de Gustavo Petro Urrego, presidente de Colombia, que, por sus posiciones radicales de defensa de la vida y la humanidad, se ha convertido en la piedra en el zapato para estos dos genocidas. Ha tomado medidas como el rompimiento de relaciones diplomáticas y la prohibición de exportación de Carbón para evitar que los sionistas lo utilicen para matar niños gazatíes y ha cortado la información de inteligencia, en lo referente a la situación del Caribe con la potencia del norte. 

Donald I, lo incluyó en la lista OFAC (6), conocida como Clinton, con unas consecuencias de bloqueo a su persona y sus finanzas, en esta sanción incluyeron a parte de su familia y a su ministro del anterior, también desertificaron a Colombia por una supuesta incompetencia en la lucha contra el narcotráfico, en una componenda entre la ultraderecha colombiana, el ministro gusano Marco Rubio y el senador republicano, nacido en Colombia, Bernardo Moreno alias Bernie Moreno. Todo lo ha aguantado el señor presidente, no se ha doblegado, muchas ONG lo han considerado un gran líder por la defensa de los palestinos (7), y otros sectores lo ven como un personaje mundial humanista, defensor de derechos y el cambio climático. Ha arrastrado a algunos sectores y pocos gobiernos a subir el tono de la defensa de la vida tanto en Gaza como en el caribe, tanto así que senadores de los Estados Unidos se han unido abiertamente a la lucha de Petro (8).

Pero eso no basta, el silencio sigue imponiéndose y mientras tanto, al sionismo israelí sigue asesinando palestinos de todas las edades, sobre todo niños, Donald I sigue financiándolos y armándolos, mandando misiles a matar pescadores al caribe y amenazando con una invasión a gran escala en el norte de Suramérica (9). Y ratifico, hasta tanto no se les pruebe en un juicio su responsabilidad y sea vencido en un juicio justo, dicen las leyes, nadie es culpable.  Los pueblos del mundo tienen la palabra ya que sus gobiernos se plegaron al silencio asesino que ha llevado al genocidio del pueblo palestino y al homicidio, que puede convertirse en otro igual o peor, de decenas de gentes humildes en el caribe.

*Esta columna fue publicada originalmente en el Portal SoNoticias y es compartida con la comunidad de La Conversa de Fin de Semana, gracias a la generosidad del periodista Hernán Riaño. Las opiniones de los columnistas son de su exclusiva responsabilidad.  Les invitamos a leer, comentar, compartir y a debatir con respeto. 

(1) https://www.youtube.com/watch?v=A4qaXdynsLc

(2) https://es-us.noticias.yahoo.com/donald-trump-dirijo-país-mundo-200000809.htmlhttps://www.msn.com/es-xl/política/gobierno/donald-trump-afirma-que-gobierna-estados-unidos-y-el-mundo-durante-una-nueva-entrevista/vi-AA1DUUWi

(3) https://www.elperiodico.com/es/internacional/20250830/trump-acelera-autoritarismo-eeuu-121070402

(4) https://www.nytimes.com/es/2025/11/17/espanol/america-latina/trump-doctrina-monroe-estados-unidos.html?utm_social_post_id=579249410&utm_social_handle_id=751965821517958&smid=fb-nytes&fbclid=IwY2xjawORRAJleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETFMSDg1QVNpT29yOWVUcndJc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHgy9L-80nzoYrZkUqvyq9CCMVgQ_x9RS-L8gYWBzbikUt8FzJfNQo63XVuuk_aem_9xOruI4VGBJ-e0pwkqvmFg

(5) https://www.facebook.com/reel/1362044025584700

(6) https://www.facebook.com/reel/1582522586447163

(7) https://www.rtvcnoticias.com/internacional/petro-con-respaldo-global-con-liderazgo-por-defensa-de-palestina?fbclid=IwY2xjawORRIxleHRuA2FlbQIxMABicmlkETF1QnNiOFAxbkdtNVdta3Fvc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHi7BwhvQEzn-WOtkv50F8ofgq3OhJAMxQEA1qDrv3sbwbNeYC5WKGlOvHkGu_aem_gB8hZXKZ7-x4sjLfMoxjjw

(8) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02vh91r3ifSFqxyLAJ2QqGvp7Dxxa5f6cAZRs9Y7hnLRGjhMmmMaDnit2xHK978t6fl&id=100063996369559&rdid=YzTDlepqh4p1XDZw

(9) https://www.facebook.com/groups/410645279333329/permalink/2467581430306360/?rdid=WUvzwUzBskiV1nX9

Bombardear o proteger la vida: La encrucijada de gobernar Colombia

 

Imagen tomada perfil X de Gustavo Petro

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com-

El gobierno de Gustavo Petro enfrenta un dilema desgarrador. Su principio rector, la protección de la vida como valor supremo, choca frontalmente con la compleja realidad del terrorismo recrudecido. El dilema se reduce a una pregunta angustiante: ¿bombardear o no bombardear?

Gobernar Colombia ha sido, históricamente, una tarea complicada. La misma gesta que le dio su acta de nacimiento republicano estuvo teñida de un conflicto armado insurgente, donde los ejércitos irregulares de Bolívar y Santander se enfrentaron a la potencia imperial española. 

Esta génesis violenta no fue una anomalía, sino el prólogo de una prolongada y compleja conflictividad que se ha reconfigurado a lo largo de dos siglos, adaptándose a los tiempos, pero manteniendo su núcleo de dolor e inequidad. He aquí la primera y más profunda dificultad: tomar decisiones de seguridad en un país que nació del fuego de la insurgencia y que lucha por sanar las heridas de una guerra interna no declarada pero largamente sufrida.

El desafío se multiplica ante un territorio tan heterogéneo en su topografía como en su injusticia social. Colombia no es un solo país, sino muchos simultáneos. La geografía quebrada de sus tres cordilleras, sus selvas impenetrables y sus costas extensas no solo dificultan la presencia integral del Estado, sino que reflejan y acentúan las abismales desigualdades que ostenta la nación, ubicada como la segunda más inequitativa del mundo. En regiones como el Cauca, el Catatumbo, el Guaviare o el Bajo Cauca Antioqueño, el Estado no ha sido sinónimo de bienestar, sino de abandono histórico. 

Durante décadas, gobiernos de derecha miraron para otro lado, permitiendo que niños, niñas, jóvenes, indígenas, afros y campesinos quedaran a merced de los grupos armados ilegales, quienes impusieron sus reglas de vida y de guerra, a veces incluso con la complicidad o el silencio cómplice de élites locales y nacionales.

En este escenario de fracturas estructurales, el gobierno del Pacto Histórico, liderado por Gustavo Petro, enfrenta un dilema axiológico desgarrador. Su principio rector, la protección de la vida como valor supremo, choca frontalmente con la compleja realidad del terrorismo recrudecido. El dilema se reduce a una pregunta angustiante: ¿bombardear o no bombardear? ¿Emplear toda la fuerza del Estado para neutralizar a los ilegales, con el riesgo de cobrar vidas de civiles atrapados en el fuego cruzado, o privilegiar la preservación de toda vida, asumiendo el riesgo de ser percibido como débil y de "entregar el país" a los violentos?

Esta encrucijada no se debate en un vacío, sino en medio de un feroz hostigamiento político y mediático. La derecha colombiana y los grupos ilegales, en una acción que, si bien no puede calificarse de concertada, tampoco parece una mera coincidencia, no le dan tregua al presidente. Si Petro insiste en su "Paz Total" y en la búsqueda de diálogos, inmediatamente es tildado de blando, de aliado de los terroristas, una crítica que ha traspasado fronteras y ha sido amplificada desde sectores de Estados Unidos, llegando al extremo de lanzar infundios sobre supuestos vínculos con el narcotráfico. Por otro lado, cuando, ante la persistencia de las acciones criminales, el gobierno ordena operaciones militares contundentes (como el reciente bombardeo a disidencias de las FARC en el sur del país que resultó en la trágica muerte de siete menores), la misma derecha y sus medios afines lo acusan de violar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de no medir las consecuencias.

Este impecable acoso, donde se mezclan y manipulan escenarios, confunde a una ciudadanía que, alejada de la cruda realidad de estos territorios, no logra comprender la disyuntiva. Se critica el error, con razón y dolor, pero se olvida con cinismo el eterno olvido que llevó a esos niños a vivir bajo el dominio de los armados. Frente a la tragedia, el presidente Petro asumió la responsabilidad como Comandante en Jefe, pidió perdón a las familias (un gesto inédito y profundamente simbólico) y abrió las investigaciones correspondientes. Este acto de rendición de cuentas contrasta con la actitud de los gobiernos uribistas de las últimas dos décadas, quienes no solo evadieron su responsabilidad en la guerra y no pidieron perdón a las víctimas del conflicto, sino que en muchos casos las estigmatizaron e insultaron.

P.S.: Da asco la manera en que la derecha colombiana, pero sobre todo algunos precandidatos y precandidatas a corporaciones caen como buitres sobre los despojos de la violencia para posar de empáticos o empáticas con las víctimas de la guerra para erigirse como quienes pueden arreglar eso que ellos y ellas desbarataron durante su ejercicio. Nuevamente se abrazan y se besan para la foto, aquellas personalidades que nada hicieron durante sus mandatos o, en el peor de los casos, avalaron el terror de la seguridad democrática, replicándolo localmente en épocas del estallido social.

¿Sirvió la Consulta Interna del Pacto Histórico?

 

Imagen tomada de Radio Nacional de Colombia

Por: Alberto Palomino

La victoria en las urnas dependerá de la capacidad de construir una unidad sólida, transparente y basada en las bases, reivindicando los ideales de izquierda, las reformas sociales y el cambio estructural.

El debate sobre los resultados de la consulta interna del Pacto Histórico del 26 de octubre ha generado interrogantes sobre la eficacia del mecanismo. Si bien algunos resultados han causado incomodidad, es fundamental analizar si el problema radica en el instrumento democrático en sí o en su implementación.

La consulta popular interna representó un avance democrático significativo. En contraste con el método anterior de selección de candidaturas por acuerdos internos y designación "a dedo" (el "bolígrafo"), la consulta trasladó la decisión a la voluntad popular. En este orden de ideas, este proceso confiere legitimidad, ya que el orden de las listas al Congreso (Senado y Cámara) resulta de la capacidad de movilización y arrastre de cada precandidatura, no de una correlación de fuerzas interna.

De igual manera, fomenta la unidad, puesto que buscaba que los votantes de la consulta se movilizaran unidos hacia la elección legislativa. Su impacto positivo se proyecta hacia la futura Consulta del Frente Amplio y las elecciones al Congreso de 2026. Por lo tanto, la decisión de realizar una consulta interna y abierta fue un acierto político que debe preservarse.

El problema no fue la consulta, sino las graves fallas en su preparación y ejecución, que permitieron el "entrismo" de precandidaturas ligadas a partidos de la derecha y sus maquinarias electorales. En términos generales, las coordinaciones territoriales del Pacto Histórico no fueron electas democráticamente, sino que se heredaron de cuando fue una coalición electoral, privilegiando la hegemonía de los partidos con personería jurídica y marginando a los movimientos sociales.

Las comisiones de ética y garantías electorales nacieron con un "pecado original" por la falta de democracia interna y transparencia en el proceso. No funcionaron como un filtro efectivo. El Comité Político Nacional Provisional inscribió las precandidaturas omitiendo los principios éticos y programáticos, sin considerar debidamente los informes de las Comisiones de Ética. Esto facilitó la infiltración.

Continuando con las grandes fallas del proceso previo a la Consulta Interna, se tiene que, se prohibió o estigmatizó la realización de Asambleas Territoriales, silenciando la voz de las bases y generando una pasividad que impidió una contraloría efectiva. Paralelamente, algunos congresistas actuaron como "bisagra" para meter precandidaturas ajenas al proyecto del Pacto Histórico a cambio de apoyo electoral para su reelección. Esto fue tolerado por una burocracia interna.

No obstante, los inconvenientes externos (Consejo Nacional Electoral, Registraduría Nacional del Estado Civil, Prensa orgánica de los gremios, etc.), la consulta interna sí sirvió como mecanismo democrático, pero su potencial fue saboteado por una estructura de dirección no democrática y por prácticas internas que permitieron la infiltración. La solución no es abandonar la consulta, sino corregir sus fallas para fortalecer el proyecto.

Para avanzar en la construcción de un sólido proyecto de izquierda democrática se requieren una serie de acciones urgentes, como, por ejemplo, identificar a quienes propiciaron o fueron cómplices de la infiltración. La unidad debe construirse sobre la participación real de las bases, no sobre la tolerancia a prácticas ajenas al proyecto de cambio.

Las direcciones a todo nivel deben ser electas democráticamente, integrando de manera real a los movimientos sociales, que han demostrado ser una fuerza electoral significativa. En los meses previos a las próximas elecciones, se debe fomentar la movilización y organización de las bases para consolidar la unidad popular.  Antes de la inscripción formal de las listas al Congreso, una auditoría de las precandidaturas seleccionadas podría ayudar a depurar las infiltradas y blindar al Pacto de posibles ataques legales.

En definitiva, el camino no es retroceder en la democracia interna, sino profundizarla. La victoria en las urnas dependerá de la capacidad de construir una unidad sólida, transparente y basada en las bases, reivindicando los ideales de izquierda, las reformas sociales y el cambio estructural.

¡A trabajar por la victoria!

ALPA

Santiago de Cali distrito, 3 de noviembre de 2025.

CEO en el Cauca: El apagón anunciado de la privatización

 

Por: Omar Orlando Tovar Troches -ottroz69@gmail.com- 

La lucha por un servicio de energía digno en el Cauca es más que una reivindicación por un bien básico; es una batalla por la dignidad de sus habitantes 

Durante décadas, los caucanos hemos sido víctimas de un servicio de energía eléctrica deficiente, intermitente y de baja calidad, prestado por la Compañía Energética de Occidente (CEO). Esta situación, que no corresponde a eventos aislados y, por lo tanto, no debe llamar a sorpresa; es el resultado previsible de un modelo económico y político impuesto en el país, que prioriza el lucro privado sobre el bienestar colectivo y los derechos fundamentales.

Las continuas fallas de la CEO, empresa controlada por el grupo financiero de Luis Carlos Sarmiento Angulo (ejemplo claro de la concentración de la riqueza en Colombia), son la manifestación concreta de un proyecto de despojo que comenzó con la apertura económica de los años 90 y fue profundizado con celo durante la hegemonía uribista.

La raíz del problema se remonta a la ola privatizadora implementada a raíz de los resquicios dejados en la Constitución de 1991 y acelerada bajo el gobierno de César Gaviria. Bajo el dogma neoliberal de que la empresa privada es más eficiente, se promovió la entrega en concesión de los servicios públicos domiciliarios a capitales privados. Este modelo, llevado al extremo durante los casi 20 años de influencia uribista, transformó derechos fundamentales, como la energía, el agua, las comunicaciones, la educación y la salud en simples mercancías sujetas a la lógica del mercado.

Desde un principio, las voces de la dirigencia social y, de manera destacada, la sindical (que no cayó en la tentación de los contratos sindicales ni la tercerización vía cooperativas), advirtieron sobre el peligro inminente. Se alertó que un sector privado, cuyo norte único es la maximización de ganancias para sus accionistas, no tendría interés real en garantizar una cobertura universal, una prestación eficiente o en invertir en el mantenimiento de la infraestructura en regiones complejas y con altos índices de pobreza como el Cauca. El objetivo no era servir, sino exprimir hasta el último peso de los bolsillos de una población ya de por sí empobrecida.

La historia les ha dado la razón. 30 años después de la "apertura Gavirista" y más de 20 de la "privatización Uribista", la evidencia es abrumadora. La CEO, como tantas otras empresas de servicios públicos privatizadas, ha demostrado que su prioridad es la rentabilidad financiera. En esa obsesión, la inversión en redes, la modernización tecnológica y la calidad del servicio pasan a un segundo plano. Los reiterados apagones, las fluctuaciones de voltaje y la lentitud en la respuesta a reclamos y a las emergencias no son "fallas" del sistema; son características estructurales de un modelo que concibe a los usuarios no como ciudadanos con derechos, sino como fuentes de ingreso. La privatización nunca fue la solución para el bienestar de la comunidad; fue la garantía de su postergación.

Ante este escenario de abandono, la ciudadanía caucana ha mirado tradicionalmente hacia su clase política regional en busca de soluciones y representación. No obstante, esta espera ha sido en vano. La clase política tradicional del Cauca, muchas veces disfrazada de un progresismo de conveniencia, ha demostrado una incapacidad e indolencia crónicas. Su labor no se ha orientado a la defensa férrea de los intereses de las comunidades, sino a perpetuar una red de favores y clientelismo que beneficia a quienes financian sus campañas.

La eternización de contratos de asesoría, la designación de funcionarios ineptos por compromisos políticos y la falta de una veeduría y control efectivos sobre la CEO han sido la constante. Esta complicidad, activa o pasiva, con el statu quo ha dejado a las comunidades urbanas y rurales en total desamparo. Confiar en que esta estructura política tradicional resolverá el problema es como pedirle al lobo que cuide las ovejas. Su silencio cómplice o sus acciones tibias e ineficaces son parte del mismo problema.

Es imperativo que las juntas de acción comunal, las organizaciones sociales, los sindicatos que resistieron, las comunidades indígenas, los consejos comunitarios afrodescendientes y la ciudadanía en general construyan un gran movimiento unitario que alce su voz de protesta de manera contundente. Se deben emprender acciones legales, como tutelas colectivas por la vulneración del derecho fundamental al mínimo vital; acciones de incidencia ante la Superintendencia de Servicios Públicos y la Comisión de Regulación de Energía y dado el caso, medidas de hecho pacíficas y organizadas que evidencien la magnitud del descontento.

Este movimiento debe dirigir sus reclamos de forma clara al Gobierno Nacional. El Cauca no puede seguir siendo la eterna olvidada de la agenda nacional. Se exige una intervención inmediata que obligue a la CEO a realizar las inversiones necesarias, a reparar la infraestructura y a compensar a los usuarios por los perjuicios causados. Se debe evaluar, incluso, la revocatoria de la concesión y la búsqueda de modelos alternativos de gestión comunitaria o pública que prioricen el servicio sobre el lucro.

La lucha por un servicio de energía digno en el Cauca es más que una reivindicación por un bien básico; es una batalla por la dignidad de sus habitantes y contra un modelo económico depredador. Ahora toca a la comunidad, unida y organizada, escribir el capítulo de su propia liberación.